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domingo, 13 de marzo de 2022

13/03/2022 - EL EQUILIBRIO (Y II)

 EL EQUILIBRIO (Y II)

Ya sé que de lo que escribe hoy todo el mundo es de la guerra de Ucrania y Rusia, pero no conviene olvidar que cuando se habla de patrimonio y de renta también se está librando una guerra en la que millones de personas se empobrecen –en muchos casos, más de lo que aún están- y sufren las desigualdades sociales de todo tipo. Millones de niños mueren a diario -más que en la guerra de rusos y ucranianos- por falta de alimentación y de atención médica. Y millones de ancianos han sucumbido a la pandemia por falta de atención médica sin que ello haya importado mucho a esas grandes potencias económicas (EEUU, Reino Unido, Francia, China, Italia e incluso España y alguna que otra más como, por ejemplo Corea del Sur y Japón), al revés, pues se han quitado de encima parte del problema de cubrir las pensiones debido al gran envejecimiento de la población mundial (con España a la cabeza donde el 44% de su población tienen más de 50 años). La guerra, como todas las guerras, tiene un motivo económico por encima de lo que pueda significar que el armamento de unos y otros haga peligrar su integridad territorial. Con motivo de esta entre rusos y ucranianos, estamos pagando ya el pato países como España donde pronto no habrá que hacer mucho caso a ese Borrell (borreguil) ni a esa Sra. del Banco Santander que gana casi un millón de euros mensuales con la usura de su Banco (uno de los de mayor rapiña del mundo) porque no podremos permitirnos encender la calefacción ni uno ni ningún grado menos (los que la tengan, porque más de media España carecemos de la misma), ni encender la luz, ni desplazarnos a ver a nuestros familiares (personalmente tendré que hacer los 320 Kilómetro que hay de Castuera a Badajoz -ida y vuelta- a pie para poder ver a mi nietas y a sus padres), ni disfrutar de una fruta para el postre de un simple cocido o unas judías estofadas o lentejas lavadas como decían en la guerra incivil española. Me dan más miedo el representante máximo de la UE, el Sr. Borrell (y la Sra. Botín), que los propios rusos o ucranianos, porque Borrell siendo el más alto cargo de la diplomacia se dedica a pedir que se envíen más armas para que la gente se siga matando (los que han tenido las agallas de quedarse allí para combatir y los “chavales” rusos que se han visto involucrados en una guerra que no le hace mucha gana aunque su máximo exponente de la oligarquía se lo quiera vender como algo esencial para la patria, que es, en realidad, algo para duplicar sus dividendos y los de los otros oligarcas que lo secundan a pie juntillo). Lo de Borrell es de juzgado de guardia, cómo no le importa en absoluto que muera la gente con tal de favorecer al gringo que con el gas licuado se está poniendo las botas y le importan un bledo, no sólo los muertos, sino los millones de personas que se está viendo obligadas dejarlo todo (familia, esposos, enseres, sus ahorros de toda una vida sacrificada para tener algo, etc., etc.) para sobrevivir en un país lejano de acogida. Como dijo Anguita: “malditas las guerras y quienes las crean”, y para colmo, con individuos que con 30.000 € al mes, piden a la población sacrificios económicos para poderlas financiar en lugar de luchar a muerte por un arreglo diplomático que, lo diga quien lo diga, es factible incluso en las peores condiciones, que, por cierto, no es el caso, puesto que rusos y ucranianos (aunque entre estos no esté claro quiénes forman su gobierno, con, al parecer, nazis en el mismo) incluso hablan la misma lengua en su mayoría y sólo tienen unas “pequeñas” diferencias en cuanto a zonas territoriales se refiere, en casos prorrusas y en caso proucranianas que han deparado desde el año 2014, según se dice, más de 8.000 muertos y miles de sufridores del conflicto. En fin…

Aquí estamos de nuevo para seguir -ya como final- con el equilibrio que debe haber entre empresas y trabajadores para una salida honrosa de todos en el devenir de cada día y que no se generen esas abrumadoras diferencias actuales a la hora de valorar lo que hacen unos y otros, especialmente, en lo que a medios de vida con dignidad se merecen los segundos. Siempre en la creencia de que sin empresas no hay trabajo, pero que en el sentido inverso -sin trabajadores no hay empresas- tampoco puede haber la producción necesaria para la vida de todos. Y, antes de seguir con las excepcionales explicaciones de Thomas Piketty, quisiera decir simplemente que no se puede hacer una sociedad medianamente justa con los “parámetros” que la empresa española (igual me da la pequeña, la mediana o la grande) tiene por religión y que, por desgracia, debido a un sindicalismo convertido en displicente por un político que, para colmo, es muy valorado por la sociedad, D. Felipe González Márquez, es aceptada por las nuevas generaciones como único baluarte para su desigual vivir. Dicho en pocas palabras, como único refugio para no caer en la pobreza más severa y mantenerse en la pobreza relativa como principio del “menos es nada” que ciertos grupos políticos propugnan.

Decía Piketty en su apartado sobre “La fiscalidad progresiva sobre la propiedad y la circulación de capital”, siguiendo donde nos habíamos quedado en la primera parte: Para evitar una concentración excesiva del capital, los impuestos progresivos sobre las sucesiones y la renta deben seguir desempeñando en el futuro el papel que desempeñaron durante el siglo XX, con tasas que durante décadas alcanzaron o superaron el 70-90 por ciento en la parte más alta de la distribución de la renta y la riqueza (particularmente en Estados Unidos y el Reino Unido). Con la perspectiva que da el tiempo, aquellas décadas se presentan hoy ante nosotros como el período de mayor crecimiento jamás observado. Sin embargo, la experiencia histórica indica que estos dos impuestos no son suficientes y que deben complementarse con un impuesto progresivo sobre el patrimonio, herramienta central para garantizar una verdadera circulación del capital.

Existen varios motivos para ello. Por una parte, en comparación con el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio es menos manipulable, especialmente en el caso de las grandes fortunas, cuyas rentas en sentido fiscal representan a menudo una insignificante fracción del patrimonio, mientras que la mayor parte de las rentas en sentido económico se acumulan en holdings familiares y otras estructuras específicas. Si nos limitamos a aplicar un impuesto progresivo sobre la renta, entonces, de forma casi automática, los grandes patrimonios pagan impuestos minúsculos en proporción a su riqueza.

Por otra parte, el patrimonio constituye en sí mismo un indicador de la capacidad de pago del contribuyente. En este sentido, es tan pertinente, o más, que la renta anual, que puede variar por todo tipo de razones que no tienen necesariamente un impacto en el importe de un impuesto que se diga justo (o que no son las únicas que deben tenerse en cuenta). Si un propietario posee importantes activos, en forma de casas, edificios, almacenes, y fábricas, de los cuales no obtiene ningún ingreso significativo, por ejemplo porque los reserva para su propio uso, esto no debería bastar para eximirlo de todo impuesto, al contrario. De hecho, en todos los países en los que existe un impuesto sobre el patrimonio inmobiliario (ya sean viviendas, oficinas o bienes profesionales de cualquier tipo), como sucede con la property tax en Estados Unidos o con la taxe foncière en Francia, nadie consideraría  la posibilidad de eximir del impuesto a los grandes propietarios (personas físicas o jurídicas) sólo porque no perciban rentas algunas de los mismos.

Conviene añadir que, en comparación con el impuesto progresivo de sucesiones, que también es una forma de impuesto a la propiedad, la ventaja del impuesto sobre el patrimonio es que se adapta mucho más rápido a la evolución de la riqueza y de la capacidad de pago del contribuyente. Por ejemplo, no vamos a esperar a que Mark Zuckerberg o Jeff Bezos cumplan noventa años y transfieran su riqueza para empezar a cobrarle impuestos.  Por construcción, el impuesto de sucesiones no es una buena herramienta para someter a contribución a las fortunas d reciente creación. Para eso se requiere el uso de un impuesto anual sobre el patrimonio, especialmente en un mundo en el que la esperanza de vida aumenta considerablemente. Nótese también que los impuestos sobre bienes inmuebles que se aplican actualmente (la property tax o la taxe foncière), a pesar de todas sus limitaciones, siempre han permitido recaudar ingresos mucho más importantes que el impuesto de sucesiones. Han sido, además, mucho menos impopulares que este último. Resulta sorprendente observar cómo, en general, el impuesto sobre sucesiones aparece en todas las encuestas como uno de los más impopulares, mientras que los impuestos sobre el patrimonio y la renta son relativamente bien aceptados, y el impuesto progresivo sobre la fortuna (el ISF en Francia o la milionaire tax en Estados Unidos) es acogido con éxito. En otras palabras, los contribuyentes prefieren pagar un impuesto en torno al 1 o 2 por ciento anual sobre el valor de sus propiedades durante décadas, en lugar de tener que pagar el 20 o 30 por ciento en el momento en que el patrimonio se transfiere.

Y sigue Thomas Piketty con otro punto del capítulo 17 denominado: “El tríptico de la fiscalidad progresiva: propiedad, herencia, renta”. El sistema tributario de una sociedad justa debería estar basado en tres grandes impuestos progresivos: un impuesto anual progresivo sobre la propiedad, un impuesto progresivo sobre las herencias y un impuesto progresivo sobre la renta. El impuesto anual sobre la propiedad y el impuesto sobre sucesiones aportarían (conjuntamente) ingresos equivalentes al 5 por ciento de la renta nacional aproximadamente (en donde cerca del 4 por ciento corresponde al impuesto anual sobre la propiedad y el 1 por ciento restante al impuesto de sucesiones), que se utilizaría en su totalidad para financiar la dotación de capital. El impuesto progresivo sobe la renta, en el que también hemos incluido las cotizaciones sociales y un impuesto progresivo sobre las emisiones de carbono, aportaría en torno al 45 por ciento de la renta nacional y permitiría financiar el resto del gasto público, en particular la renta básica y, sobre todo, el Estado social (incluido el sistema sanitario y educativo, los regímenes de pensiones, etc. sin tocar los impuestos indirectos -como el IVA- que son extremadamente regresivos y deben ser reemplazados por impuestos progresivos sobre la propiedad, la herencia y la renta). En concreto, con unos ingresos  en torno al 5 por ciento de la renta nacional procedente de los impuestos sobre la propiedad y las herencias, sería posible financiar una dotación a cada persona de 25 años de edad equivalente al 60 por ciento del patrimonio medio por adulto.

Después habla Piketty en su libro, “Capital e Ideología”, sobre la Transparencia patrimonial en un solo país, pero no voy a cansarles nada más que con un último punto sobre “Renta básica y salario justo: el papel del impuesto progresivo sobre la renta”, aunque, eso sí, recomendándoles que lean su libro que es muy interesante desde principio al final. Y dice en este punto: Una versión relativamente ambiciosa de la renta básica podría consistir en la introducción de una renta mínima equivalente al 60 por ciento de la renta media después de impuestos para quienes carezcan de otros recursos. El importe de esta renta mínima sería decreciente con respecto al nivel de ingresos del perceptor y cubriría alrededor del 30 por ciento de la población, con un coste total aproximado equivalente al 5 por ciento de la renta nacional. Añadiendo (sin olvidar que son resúmenes de todos los puntos tratados del capítulo de un servidor) que una sociedad justa debe basarse en una lógica de acceso universal a los bienes fundamentales: la salud, la educación, el empleo, las relaciones salariales y los salarios diferidos (para las personas mayores -en forma de pensiones de jubilación- y para los que no tienen trabajo -en forma de prestaciones de desempleo-). La ambición debe  ser la de una sociedad basada en una remuneración justa del trabajo. Y la renta básica puede contribuir a ello, mejorando ingresos de la personas con salarios demasiado bajos. Se trata, sobre todo, del sistema educativo. Para que todo el mundo tenga la oportunidad de acceder a un trabajo bien remunerado, debemos dejar atrás la hipocresía de invertir más recursos en los itinerarios elitistas que en los itinerarios de estudios que más frecuentan los estudiantes socialmente desfavorecidos. También se trata del derecho laboral y, en general, del sistema jurídico. Las negociaciones salariales, el salario mínimo, las escalas salariales y el reparto de los derechos de voto entre los representantes de los trabajadores y los accionistas pueden contribuir al establecimiento de salarios más justos, así como a una mejor distribución del poder económico  y a una mayor implicación de los trabajadores en la estrategia empresarial. Se trata también del sistema fiscal. Además del impuesto progresivo sobre la propiedad y de la dotación de capital, que promueve la participación de los trabajadores, conviene no olvidar que el impuesto progresivo sobre la renta contribuye al establecimiento de salarios más justos mediante la reducción de las diferencias de renta propias de una sociedad justa. En concreto, la experiencia histórica muestra que los tipos marginales del orden del 70-90 por ciento sobre las rentas más altas han permitido poner fin a remuneraciones astronómicas e innecesarias, en beneficio, sobre todo, de los salarios más bajos y de la eficiencia económica y social del conjunto. Cabe recordar que, en ausencia de estos sistemas públicos, los trabajadores en cuestión tendrían que afrontar importantes pagos a fondos de pensiones y seguros médicos privados que, en la práctica, pueden resultar mucho más costosos que los sistemas públicos.

Y termina Piketty este punto diciendo lo importante que es pensar en la renta básica como parte de un paquete más ambicioso que incluye la fiscalidad progresiva sobre la propiedad y la renta, la dotación de capital y el Estado social. Algo muy importante, sumamente importante diría un servidor, aunque en España sólo lo sea para Unidas-Podemos…, y no para todos sus líderes, o “lideras”.

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