ÁNGEL MORILLO TRIVIÑO
Antes de seguir con esta tercera y última parte,
quiero ponerles un par de frases famosas que dejan bien claro el “color” (PP-PSOE)
de esta tierra que llamamos España: “La razón es una olla de dos asas: lo mismo
puede cogerse por la derecha que por la izquierda” de Michel de Montaigne; y
esta otra de Otto von Bismarck: “España es el país más fuerte del mundo. Lleva
siglos queriendo destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido”. Veremos
si PP y PSOE no lo consiguen. Pero a lo que íbamos: La Ley del Embudo deja
claro la diferencia a la hora de juzgar entre el PP y OTROS y el PSOE como se
puede ver a continuación.
LAS CAUSAS DEL PSOE
En
lo que respecta al partido de Pedro Sánchez, el medio ha analizado el
desarrollo de las cinco causas judiciales que han afectado al PSOE y al
Gobierno en los últimos años, siendo el principal caballo de batalla de la
derecha contra el presidente del Ejecutivo. Además de la causa de los ERE.
'Caso ERE': dos años desde la instrucción hasta el
juicio de la 'pieza política'
El
19 de enero de 2011 nació en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla
el caso sobre el fraude de los ERE de Andalucía, que investigó el uso de
fondos públicos para beneficiar a afines al PSOE. No fue hasta julio de
2014 cuando la entonces jueza instructora, Mercedes Alaya, elevó una exposición
razonada al Supremo para investigar a varios aforados, entre los que se
encontraban los expresidentes andaluces Manuel
Chaves y José Antonio Griñán. En febrero de 2015, el Alto
Tribunal les citó a declarar como imputados, pero su renuncia en junio como
diputado y como senador autonómico, respectivamente, obligó a devolver el
asunto al juzgado de instrucción sevillano.
El 17 de noviembre de 2015, la entonces titular del
juzgado, María Núñez Bolaños, decidió abrir la pieza separada del conocido
"procedimiento específico" de los ERE, también llamada pieza política. El 31 de mayo de
2016 se acordó el procesamiento de Chaves
y Griñán, y el 3 de noviembre del mismo año se les abrió juicio oral.
La
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla sentó en banquillo, entre
otros dirigentes, a los dos expresidentes desde el 13 de diciembre de
2017 hasta el 17 de diciembre del año siguiente. La sentencia condenatoria
llegó casi un año después de que el juicio quedara visto para sentencia, el 19
de noviembre de 2019. El 26 de julio de 2022, el Supremo confirmó las condenas.
Si bien, el 16 de julio de 2024, el Tribunal Constitucional las anuló.
Otra
cuestión son los tiempos de las decenas de piezas que no afectaban a Chaves y Griñán. Según informan fuentes
del TSJA al medio, a fecha 24 de abril de 2026 había un total de 57 piezas
separadas del caso ERE en trámite en el Juzgado de Instrucción número 6 de
Sevilla, de los que 36 se encuentran en fase de instrucción de diligencias
previas y los 21 restantes en fase intermedia tras haberse dictado el auto de
transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Además,
hay un total de 76 piezas separadas del caso terminados por elevación a la
Audiencia Provincial de Sevilla para enjuiciamiento. De estas piezas, hasta
ahora, se han juzgado y cuentan ya con sentencia 31 piezas en total.
'Caso Begoña Gómez': apertura del juicio oral en poco
más de dos años
El
16 de abril de 2024, el juez Juan Carlos Peinado inició la investigación
judicial contra Begoña Gómez, la
mujer del presidente del Gobierno, a raíz de una denuncia del pseudosindicato
ultra Manos Limpias, basada en recortes de prensa.
Tras
una excéntrica instrucción,
cargada de correcciones por parte de órganos superiores, el titular
del Juzgado de Instrucción 41 Madrid propuso el pasado 11 de abril de 2026
llevar a juicio a la mujer del líder del Ejecutivo; a su asesora, Cristina
Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Poco más de dos
meses después, en un polémico auto fechado el 20 de junio de este año, el
instructor les envió a un juicio con jurado.
Salvo
que lo impida la Audiencia de Madrid, Gómez
y Álvarez se sentarán en el banquillo por los delitos de tráfico de
influencias, corrupción en los negocios en
el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de
caudales públicos. Al empresario Juan Carlos Barrabés, a
quién Peinado imputó en el marco de una pieza separada –abierta el 18 de junio
de 2026–, se le acusa de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en
los negocios en el sector privado entre particulares. En un reciente escrito,
la Fiscalía ha pedido la absolución de los acusados.
'Caso David Sánchez': juzgado en dos años
El
juicio contra David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, por las presuntas
irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, quedó visto para sentencia el pasado 9 de junio. La causa, abierta el 30 de mayo
de 2024 por el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, también partió de una
denuncia de Manos Limpias. Se fundamentó en recortes de
prensa y en una acusación falsa sobre un presunto enriquecimiento, al
atribuirle un incremento patrimonial de un millón y medio de euros. La UCO
desmintió este extremo al constatar que en sus cuentas bancarias no existía esa
cantidad, sino 71.000 euros en acciones.
La
instrucción culminó un año después de abrirse, el 28 de abril de 2025, y a
pesar de que la denuncia inicial de Manos
Limpias fue perdiendo fuelle a medida que avanzaban las pesquisas de la UCO. Si bien, la jueza ordenó hasta
tres registros en la Diputación de Badajoz para requisar correos
electrónicos relacionados con la convocatoria de la plaza en cuestión (la UCO
analizó 56.000 mails).
El 22 de mayo del año pasado, la magistrada, en contra del criterio de la
Fiscalía, dictó el auto de apertura del juicio oral, aunque la causa llegó a
juicio por unos hechos distintos a los que motivaron el inicio de las
pesquisas: la sospecha de que su puesto fue creado "con la finalidad de
ser adjudicado" a David Sánchez.
Caso del fiscal general: juicio en poco más de un año
La
causa que acabó en la condena inédita al ya ex fiscal general del Estado Álvaro
García Ortiz se remonta al 7 de mayo de 2024, cuando el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptó investigar la querella presentada por Alberto González
Amador contra los fiscales Pilar
Rodríguez y Julián Salto por presuntas filtraciones a la prensa de su causa
por fraude fiscal.
Pero,
sin duda, dio un salto cualitativo cuando el Alto Tribunal
abrió causa contra Álvaro García Ortiz
por un presunto delito de revelación de secretos el 16 de octubre del mismo año
a raíz de la exposición razonada enviada por el instructor del TSJM, y de las
querellas y denuncias presentadas por el novio de Ayuso y el Colegio de Abogados de Madrid.
Al
tratarse del Supremo, órgano que principalmente resuelve en casación y apenas
instruye causas judiciales (solo las relacionadas con aforados), la causa
corrió como la pólvora: el 9 de junio de 2025 se dictó auto de procesamiento y
el 9 de septiembre se abrió juicio oral, que se celebró en noviembre del mismo
año. El fallo condenatorio se avanzó el 20 de noviembre y no fue hasta el 9 de
diciembre, 19 días después, cuando la Sala Segunda del Supremo hizo pública la sentencia, que contó con el voto
particular de dos magistradas.
'Caso Koldo': juicio a Ábalos en menos de un año y
medio
Algo
similar ocurrió con una de las piezas del caso Koldo, la
llamada causa especial por la compra de mascarillas durante la pandemia. El
caso, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia
Nacional, se abrió el 8 de septiembre de 2023. Si bien, la Sala de lo
Penal del Supremo abrió una pieza separada el 5 de noviembre del año
siguiente contra el exministro José Luis Ábalos, por entonces
diputado (y aforado), su exasesor Koldo
García y el empresario Víctor de
Aldama.
Prácticamente
un año después, el 3 noviembre del 2025, el juez instructor, Leopoldo Puente,
les dejó a un paso del banquillo y casi un mes después (11 de
diciembre), abrió juicio oral contra los ahora condenados, que se celebró desde abril
hasta junio del presente año.
La
sentencia del caso mascarillas,
dada a conocer el pasado 22 de junio, ha convertido a José Luis Ábalos en
el exministro con la mayor condena por corrupción de la democracia. La Sala Segunda del Tribunal
Supremo condenó al exdirigente socialista a 24 años y tres meses de prisión.
Muy cerca se sitúa su exasesor ministerial Koldo García, condenado
a 19 años y ocho meses. Y, muy por detrás, el empresario Víctor de
Aldama, condenado a cuatro años y medio, pero que no ingresará en prisión ni devolverá los 3,7 millones de las comisiones por el
pelotazo de las mascarillas.
El
resto de la investigación continúa en el citado juzgado de la Audiencia
Nacional, donde el juez Ismael Moreno investiga en piezas separadas el presunto
amaño de obras públicas, los pagos en metálico del PSOE y la compra de
material sanitario en Canarias y Balears.
OTRAS CAUSAS
'Caso Neurona': todo archivado después de tres años y
cinco meses
El
12 de diciembre de 2023, el magistrado Juan José Escalonilla archivó
de manera definitiva el caso Neurona contra Podemos.
El titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid abrió la investigación el 16
de julio de 2020 a raíz de la denuncia del abogado despedido de formación
morada José Manuel Calvente.
Aunque
el letrado declaró ante el juez que su conocimiento de parte de los hechos que
denunciaba procedía de "rumores a nivel de militancia", el magistrado
no cejó en su empeño para investigarlos, desplegando una amplia cartera de
diligencias.
La
causa, que se llegó a desgajar en siete piezas separadas, fue perdiendo
fuelle a medida que iban llegando los archivos. Los más sonados se produjeron
el 12 de enero del 2022, con la línea relativa a la presunta caja B de Podemos, mientras que
el del caso niñera llegó
el 22 de julio de 2022. La pieza principal fue la última en cerrarse tres años y cinco meses
después del inicio de la investigación. Era la relativa al contrato con
la consultora mexicana Neurona, en la que estuvieron imputados por
presunto delito electoral Podemos;
su responsable de finanzas, Daniel de Frutos; su director de comunicación, Juan
Manuel del Olmo; y el cofundador del partido Juan Carlos Monedero.
'Tarjetas black': dos años hasta el juicio
Tras
dos años de diligencias, el juicio por el uso de tarjetas opacas de Caja Madrid
comenzó el 26 de septiembre de 2016. Esta causa dimanó del caso Bankia, que se judicializó el 4
de julio de 2012. El 8 de octubre de 2014, a raíz de un informe de la Fiscalía
Anticorrupción remitido días antes, el juez de la Audiencia Nacional Fernando
Andreu abrió una pieza separada para investigar el uso de
tarjetas de crédito, opacas al fisco, por parte 86 directivos de Caja
Madrid, que las utilizaron sin control alguno hasta gastar 12 millones de euros
en nueve años.
La
sentencia llegó el 23 de febrero de 2017, condenando por delito continuado de
apropiación indebida a los 65 acusados que utilizaron las tarjetas. La Sección
Cuarta fijó las penas más elevadas para los dos expresidentes ejecutivos Miguel
Blesa (seis años) –ya fallecido–, de Caja Madrid, y Rodrigo
Rato (cuatro años y seis meses), de Bankia.
En el caso de este último, el 10
de octubre de 2018, el Tribunal Supremo confirmó la
condena de quien fuera
vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda con José María Aznar.
'Caso Pujol': 13 años entre el inicio de la
instrucción y el juicio
Las
diligencias que dieron lugar al caso
Pujol se abrieron el 28 de diciembre de 2012 a raíz de la denuncia presentada por
María Victoria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola,
el primogénito de la familia. El 29 de julio de 2014, el juez Pablo
Ruz citó como imputado al primogénito de la familia y a su esposa, Mercé
Gironés Riera.
La
imputación del expresident de
la Generalitat Jordi Pujol Soley y de su esposa, Marta
Ferrusola, no llegó hasta diciembre de 2015. Cinco años después, el
magistrado de la Audiencia Nacional José de La Mata dictó el auto de
procedimiento abreviado, en el que propuso juzgar a los miembros de la
familia Pujol Ferrusola por delitos de organización criminal o asociación
ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad
documental.
Desde
que se emitió el auto de apertura de juicio oral (16 de junio de 2021) hasta el
inicio de la vista oral, en noviembre de 2025, transcurrieron casi cuatro años
y medio. El juicio, en el que el expresident quedó eximido por demencia,
quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo.
Es
decir, en este procedimiento también se produjo una enorme dilación,
igual que con algunas causas contra dirigentes del PP.
'Caso Nóos': cinco años y medio hasta el juicio
El caso Nóos pasó a la historia por
ser la causa que sentó en el banquillo a una infanta. Proviene del caso Palma Arena, iniciado en agosto de 2008. Esta pieza
separada número 25 se abrió el 22 de julio de 2010. Casi cuatro años después,
el juez José Castro, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 3 de
Palma, dio el paso previo para llevar a la infanta Cristina a juicio (25 de
junio de 2014), una pretensión que se materializó el 22 de diciembre de
2014, dos días antes de que el rey Felipe VI pronunciara su primer discurso de
Navidad.
La
vista oral arrancó en enero de 2016 y finalizó en junio del mismo año. La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma fue
dictada en fecha 17 de febrero de 2017. La hermana del rey fue
absuelta de la acusación de cooperadora en delitos fiscales que pesaba
sobre ella, mientras que su entonces marido, Iñaki Urdangarin, fue
condenado a seis años y tres meses de prisión. El 12 de junio de 2018, el
Supremo confirmó su condena.
En
fin, como ya he dicho en otras ocasiones, está a la vista que, presumiblemente,
la justicia se ha quitado la venda. Pero no ahora, ayer, no, hace ya mucho
tiempo. He vivido cómo se actuaba con cierta rapidez contra una persona (con
abogado de justicia gratuita que incluso, en una ocasión, ni siquiera se
presentó al juicio y la persona fue condenada a pesar de tener razón) para
lograr que “tirara la toalla” y dejara el camino libre a la competencia ilegal
protegida por un individuo de la JPT de Badajoz y por el político mandamás de
la localidad. Presuntamente, con la colaboración de un oficial del juzgado -ya
jubilado- que dicen (cuidado con lo que significa el vocablo “dicen”) tenía sin
dar trámite más de 100 procedimientos, entre ellos alguno de posible condena de
cárcel en el que pudiera, también presuntamente, estar él mismo implicado, a
pesar de estar condecorado con la “Orden de Peñafort” por sus servicios como
funcionario de justicia.
¿Está
o no está meridianamente claro eso de “La Ley del embudo: lo ancho pa´ellos; y
lo angosto pa´uno?
