Wikipedia

Resultados de la búsqueda

miércoles, 22 de abril de 2026

22/04/2026 - GARCÍA-PAGE SE PONE EN PIE DE GUERRA CONTRA EL NUEVO RUMBO DE LA PAC EN BRUSELAS

Comentario: Muy bien Sr. García-Page, pero lo que los españoles tenemos muy claro es que “nuestros dineros” no deben ir a parar –mediante esa PAC- mayoritariamente a los “cuatro” latifundistas ricos de siempre.

La intención declarada de García-Page de “torcerle el brazo” a la propuesta inicial de la Comisión Europea no es solo un gesto de firmeza autonómica, sino una estrategia para blindar los sectores afectados por la crisis de costes y la emergencia climática

Martha Golfín

Europa se enfrenta a una de sus mayores pruebas de cohesión interna tras la irrupción de una propuesta que amenaza con desmantelar los pilares de la soberanía agraria comunitaria. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alzado la voz en Bruselas para denunciar lo que califica como una "convulsión" en la estructura financiera de la Política Agraria Común (PAC). En un análisis que trasciende lo meramente administrativo, el dirigente socialista advierte que los planes de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 no solo contemplan recortes drásticos, sino que suponen una traición al espíritu con el que se celebraron las últimas elecciones comunitarias.

La preocupación central de este conflicto reside en el giro estratégico hacia la centralización de fondos. Según el análisis de García-Page, la propuesta de crear un gran fondo gestionado por los Estados miembros representa un retroceso peligroso hacia el denominado "cheque nacional". Este modelo implicaría que la Unión Europea dejaría de supervisar directamente el destino de las ayudas agrícolas, delegando en las capitales nacionales la administración de unas cuentas que podrían perder su carácter finalista. Para el presidente castellanomanchego, este cambio de coordenadas es inasumible, ya que "no se trata de que cada estado reciba un dinero y que ya se administren las cuentas como quiera", rompiendo así con la cohesión que ha definido al campo europeo durante décadas.

El calado político de esta denuncia es profundo, especialmente al señalar la desconexión entre las promesas electorales y la realidad burocrática de la Comisión. García-Page ha subrayado la paradoja de que los agricultores y ganaderos, sectores clave en la estabilidad social y territorial, estén siendo “los principales perjudicados” tras la renovación de los órganos de poder en la UE. El análisis del dirigente autonómico apunta a que se están produciendo “matizaciones y reinterpretaciones” financieras que chocan frontalmente con el mandato de junio de 2024, sugiriendo que la estructura de la anterior PAC, basada en pilares sólidos de desarrollo rural y ayudas directas, no debe diluirse bajo ninguna circunstancia.

En el horizonte de esta batalla política se encuentra la supervivencia del relevo generacional y la competitividad del sector primario español. La intención declarada de García-Page de “torcerle el brazo” a la propuesta inicial de la Comisión Europea no es solo un gesto de firmeza autonómica, sino una estrategia para blindar los sectores afectados por la crisis de costes y la emergencia climática. A pesar de la gravedad del diagnóstico, el líder regional se muestra optimista respecto a la posibilidad de revertir esta estructura de reparto, insistiendo en que “no conviene bajar el presupuesto” en un momento donde la seguridad alimentaria y el equilibrio ambiental dependen más que nunca de la estabilidad de las rentas agrarias.

Este escenario sitúa a las regiones en la primera línea de la resistencia contra una renacionalización encubierta de las políticas europeas. La batalla por la PAC de la próxima década no es solo una cuestión de cifras o de ingeniería financiera, sino un debate de fondo sobre qué modelo de Unión Europea se quiere construir: una federación de intereses comunes con reglas claras para el campo, o un conjunto de estados que compiten entre sí por la administración de fondos mermados. La firmeza de voces como la de García-Page en el Comité Europeo de las Regiones será determinante para asegurar que los giros de Bruselas no terminen por expulsar a los agricultores de un sistema que ellos mismos ayudaron a edificar.

 

22/04/2026 - IRPH: EL ESCÁNDALO DE LOS CAMBIOS DE OPINIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA

De defender el diferencial negativo a sembrar dudas: el cambio de postura del Banco de España en el caso IRPH genera un terremoto legal sin precedentes

José Antonio Gómez

Tal y como publicamos en Diario Sabemos, ha sido presentada una denuncia ante el Defensor del Pueblo sobre el IRPH que incorpora un informe muy completo sobre uno de los escándalos más grandes de la historia financiera del país. Las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han introducido un elemento de claridad que, sin embargo, choca frontalmente con décadas de ambigüedad normativa y posicionamientos cambiantes por parte del Banco de España.

En el centro del conflicto se encuentra una cuestión aparentemente sencilla, pero con profundas implicaciones económicas: la naturaleza del índice y su correcta aplicación. El IRPH, a diferencia del Euríbor, incorpora en su cálculo comisiones y gastos asociados a las hipotecas. Esto genera un efecto de “dilatación” del tipo de interés que, según el tribunal europeo, debe corregirse mediante la aplicación de un diferencial negativo. No se trata de un matiz técnico menor, sino de un principio básico de equilibrio contractual. Si no se aplica esa corrección, el cliente paga dos veces por un mismo concepto.

La lógica financiera es difícilmente discutible. El prestatario abona, en primer lugar, una comisión de apertura por su propio contrato. Sin embargo, al calcularse el IRPH como una media que incluye comisiones de todas las operaciones del sistema, ese mismo cliente termina soportando de forma indirecta las comisiones de otros contratos. El resultado es una retribución duplicada para la entidad financiera, algo que el propio diseño de la normativa de los años noventa ya advertía que debía evitarse.

Es aquí donde la sentencia europea introduce un punto de inflexión. El tribunal no solo valida la necesidad de transparencia en la comercialización de hipotecas referenciadas al IRPH, sino que otorga carácter prácticamente normativo a la interpretación de la Circular 5/94, subrayando que el diferencial negativo no es una opción interpretativa, sino una exigencia para equiparar este índice con las condiciones reales del mercado. La consecuencia jurídica es clara: la ausencia de ese ajuste es un indicio evidente de cláusula abusiva.

Sin embargo, el recorrido institucional del caso revela una contradicción persistente. Durante años, el Banco de España sostuvo, tanto en la génesis de la normativa en 1994 como en respuestas oficiales posteriores, que era necesario aplicar ese ajuste a la baja. Esta posición parecía alineada con una interpretación coherente del funcionamiento del índice y con la necesidad de evitar distorsiones en el coste real del crédito.

El giro se produce cuando el conflicto escala al ámbito judicial europeo. A partir de ese momento, tal y como se muestra con documentación en la denuncia ante el Defensor del Pueblo, el regulador adopta una postura más ambigua, limitándose a describir el problema sin entrar en valoraciones. Esta neutralidad, lejos de aportar claridad, alimenta la incertidumbre en los tribunales nacionales y entre los afectados por el IRPH. Posteriormente, el discurso institucional evoluciona aún más, hasta sostener que el diferencial negativo no forma parte de la aplicación del índice, sino que responde a una mera explicación teórica para comparaciones hipotéticas.

Este cambio de criterio no es menor. Supone trasladar el debate desde el terreno operativo (cómo se calcula y aplica el IRPH en una hipoteca concreta) a un plano abstracto que diluye las responsabilidades. En términos prácticos, equivale a negar que exista una obligación de corrección, pese a que el propio diseño del índice sugiere lo contrario.

El escándalo alcanza su punto más crítico cuando se cuestiona la base técnica de esta reinterpretación. La ausencia de procedimientos estadísticos documentados que respalden la tesis más reciente del regulador abre un problema de credibilidad institucional. En un sistema donde los métodos de cálculo deben estar normativamente definidos y ser verificables, la inexistencia de tales procedimientos no es una cuestión menor, sino un vacío que afecta directamente a la seguridad jurídica.

Desde el punto de vista judicial, este escenario plantea un desafío complejo. Los tribunales deben decidir no solo sobre la transparencia de las cláusulas, sino sobre la coherencia del propio marco regulatorio. Las resoluciones de audiencias provinciales que han analizado el IRPH ya han apuntado a estas inconsistencias, señalando que la normativa no contempla de forma explícita la aplicación práctica del diferencial negativo, a pesar de que su necesidad se desprende de la lógica financiera del índice.

El caso del IRPH se convierte así en un ejemplo paradigmático de cómo una cuestión técnica puede derivar en un conflicto estructural entre instituciones. Por un lado, el TJUE fija un estándar basado en la protección del consumidor y la coherencia económica. Por otro, el regulador nacional oscila entre interpretaciones que, lejos de consolidar un criterio uniforme, generan nuevas dudas.

Más allá de las consecuencias para los cientos miles de afectados, el debate tiene implicaciones de mayor alcance. Pone en cuestión la capacidad del sistema para garantizar que los instrumentos financieros se apliquen conforme a su finalidad original y con plena transparencia. También evidencia la tensión entre la estabilidad del sistema bancario y la necesidad de corregir prácticas que, aunque normalizadas durante años, son perjudiciales para los consumidores.

 

martes, 21 de abril de 2026

21/04/2026 - EL PP LACAYO DE VOX

Vicente Mateos Sainz de Medrano

El líder de Vox rechaza cada propuesta del gallego

Oponerse a la regularización de los inmigrantes que viven y trabajan en España sin papeles, al margen de la legalidad y, por tanto, susceptibles de ser explotados en la economía sumergida, expresa una inhumanidad y un desconocimiento de la realidad, que solo puede anidar en las mentes que viven con temor por las intenciones aviesas que la derecha radical y la ultraderecha atribuyen, con mensajes falaces, a los que son y piensan de manera diferente. Mentiras que necesitan para inocular un miedo irracional al inmigrante, en genérico, con calificativos mendaces y afirmaciones denigrantes de todo tipo: vienen a delinquir y a quitarnos lo que es nuestro, a violentar a nuestras mujeres o, el más inverosímil de todos, a suplantar nuestro modelo cultural por el suyo.

Como siempre, el PP olvida su pasado cuando no le viene bien recordarlo. Aznar desarrollo tres procesos de regulación, en 1996, 2000 y 2001, a los que se acogieron más de 500.000 inmigrantes. Si en esa época nadie rechistó, ¿por qué ahora Feijóo monta una escandalera sin sentido por una regularización como las que aprobaron los Gobierno de Aznar? ¿Por qué entonces fueron medidas positivas y ahora no? ¿Por qué juega a la contra de la CEOE y la Iglesia que consideran la regularización necesaria?

No se pueden subordinar las ideas propias aplicadas en el pasado por el propio PP, a una estrategia cortoplacista, de vuelo gallináceo, por meras cábalas electorales, porque de este modo confirma ante la ciudadanía la ausencia de un plan, de un proyecto ideológico propio para la sociedad española, demostrando que todo está condicionado por la obsesión de derribar al gobierno progresista como sea y cuanto antes, y acabar con Sánchez y su gestión que desprecian: el Sanchismo.

Obsesión que lleva a Feijóo a desmantelar los principios ideológicos de la derecha moderada, dialogante y constructiva, a la europea, sustituidos por una suerte de devenir táctico al albur de los acontecimientos. La obsesión nubla el pensamiento y la reflexión necesarias para hilar una estrategia propia que presentar a la ciudadanía española para poder gobernar España. Al no existir tales mimbres en la mente de Feijóo ni de sus acólitos, el PP navega contra el viento de la historia, incapaz para desbrozar el grano de la paja: las tendencias de fondo que apuntan al principio del fin del ciclo del populismo disruptivo cuyo epítome es el errático Trump.

Sin ningún plan propio ni a corto ni a medio plazo, Feijóo se agarra al discurso de la ultraderecha, de Vox, por el miedo que siente en las canillas de que le coma la tostada electoral y dé el sorpasso al PP. De ahí el aumento en la radicalidad de su discurso que, por su confusión mental, le impide ver el beneficio que obtiene la ultraderecha al normalizar su mensaje. Por eso hablar de acuerdo para gobernar en Extremadura es un oxímoron, porque de lo que se trata es de una rendición ante Vox y sus postulados filo fascistas focalizados en la inmigración. Resulta absurdo que se vanaglorie de haber llegado a un acuerdo que se ha producido cuándo y cómo Vox ha querido, según afirmó el día anterior a la rúbrica su líder regional y futuro Vicepresidente de la Junta: somos nosotros los que decidimos si María Guardiola será presidenta. Solo había que ver el rostro de la interfecta, el propio de quien debe tragarse el sapo de saber que será una Presidenta sin poder para llevar la manija del ejecutivo.

En lugar de vanagloriase de un acuerdo que, en el fondo y en la práctica, verifica la conversión del PP en lacayo de los designios que determine Vox, como sucederá en Aragón, Castilla y León, y veremos en Andalucía; Feijóo debería aprender lo que no sabe hacer, pensar y reflexionar: ¿por qué no puede pactar con ninguna formación de su ámbito ideológico? Claro está que para los desnortados como él eso es como pedir peras al olmo a quien es incapaz de reconocer ningún fallo: yo en el error, pero firme que es ley para quienes necesitan sublimar su nula autoestima.

 

21/04/2026 - LOS INDICADORES FINANCIEROS ESTÁN OCULTANDO EL PELIGRO QUE AMENAZA A LA ECONOMÍA REAL


 

Entender por qué ocurre la crisis del Golfo Pérsico es crucial para percibir el daño que se está acumulando mientras se mira a otro lado

JUAN TORRES LÓPEZ

En la historia económica reciente se produce reiteradamente un mismo fenómeno: quienes marcan las directrices de la política económica reaccionan tarde o con error. No porque sean incompetentes, sino porque actúan con sesgos ideológicos, utilizan modelos equivocados y se fijan en indicadores equivocados.

 

Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con la crisis del Golfo Pérsico y entender por qué ocurre es crucial para percibir el daño que se está acumulando mientras se mira a otro lado.

 

Dos fuentes de error

 

 

A mi juicio, hay dos causas que explican la ceguera con que se enfrentan a los problemas económicas quienes diseñan y orientan la política económica.

 

La primera tiene que ver con los modelos económicos que utilizan. Como acaba de mostrar Steve Keen para el caso que nos ocupa, no incorporan con realismo el efecto que tienen los choques energéticos sobre la producción y eso les lleva a subestimar las consecuencias que tienen sobre la economía real.

 

Es una limitación muy grave y merece un análisis propio, pero no la voy a abordar en este artículo.

Aquí voy a explicar una segunda causa de ceguera y error: leer la realidad tomando excesivamente en consideración los indicadores financieros. Unos indicadores que generalmente producen (por las razones que voy a explicar enseguida) una imagen de la situación sistemáticamente más tranquilizadora que la que realmente existe.

 

Una metáfora para entendernos

 

Imaginemos que se produce un accidente que bloquea el acceso de bienes y servicios a nuestro pueblo o ciudad y que sólo se dispone del 40 % de los que habitualmente consumen las viviendas y empresas. Los vecinos tratarán de aprovisionarse, racionan su consumo, los bienes escasean y es muy posible que muchas tiendas y empresas paralicen su actividad.

 

Imaginemos que, para saber cuál es la situación real en la que nos encontramos y tomar medidas, en lugar de fijarnos en las cantidades y en los precios del momento presente, miramos un tablero en donde aparecen los que se espera que tengan los bienes dentro de tres meses, cuando nos dicen los técnicos que ya se habrá arreglado el problema y recuperado el acceso.

 

Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el Estrecho de Ormuz. El grifo de energía que abastece a la economía mundial lleva semanas fuertemente alterado, con caídas muy significativas en el tráfico marítimo. Sin embargo, los mercados financieros —el tablero donde nos dicen que miremos— fijan precios no en función de la gravedad de lo que ocurre ahora, sino considerando que el problema es manejable y temporal.

 

Un ejemplo simple y claro para que lo entiendas: el 13 de abril, el precio del crudo físico (el que se podía comprar en nuestro pueblo tras el bloqueo en la metáfora que te acabo de poner) era de 132,74 dólares por barril. El precio del contrato de futuros para junio (el que los mercados pensaban que tendría en ese mes) era de 99,36. Una divergencia que refleja expectativas de una muy rápida normalización.

 

Qué es el Estrecho de Ormuz y qué está pasando allí

 

El Estrecho de Ormuz tiene apenas 33 kilómetros de anchura en su punto más estrecho y por allí pasa normalmente una cuarta parte de todo el petróleo que se comercia en el mundo, una quinta parte del gas natural licuado global, y volúmenes enormes de otros productos y materias primas fundamentales para la alimentación y la industria mundial.

 

Como sabemos, desde finales de febrero quedó prácticamente cerrado, las grandes navieras suspendieron sus tránsitos y el tráfico de barcos cayó hasta niveles casi puramente testimoniales.

 

Semejante bloqueo en el suministro de fuentes de energía y materias primas esenciales producirá un impacto prácticamente proporcional en la capacidad de producir bienes y servicios de todo tipo en todo el planeta. Sin embargo, los indicadores financieros no señalan que el efecto vaya a ser demasiado grande o peligroso y la pregunta, por tanto, es cómo puede ser eso posible.

 

Es cierto que podría argumentarse que estos precios financieros reflejan factores como la existencia de reservas estratégicas, la capacidad de otros productores para aumentar la oferta o la experiencia histórica de interrupciones breves en el suministro. Pero estas interpretaciones descansan en supuestos que no parece que se estén cumpliendo en la situación actual: que los ajustes serán rápidos, que los cuellos de botella serán limitados y que los efectos sobre la producción serán lineales y reversibles.

 

La desnaturalización de los mercados de futuros

 

El indicador financiero que más pesa en la lectura de esta crisis es el precio en los mercados de futuros de los recursos que se han bloqueado en Ormuz. Y para entender por qué este indicador está fallando hay que entender, primero, qué es un mercado de futuros, para qué fue creado y qué ha pasado con él.

 

Estos mercados nacieron con una función muy útil, permitir que los productores y empresas pudieran hacer frente con cierta seguridad a la incertidumbre que siempre lleva consigo la variación de los precios a lo largo del tiempo. Permitían que una empresa, un agricultor o un transportista, por ejemplo, fijaran hoy el precio de lo que iban a necesitar dentro de un determinado periodo de tiempo. Así podían planificar con seguridad y enfrentarse al riesgo de cambios en el precio.

 

Sin embargo, esos mercados fueron siendo dominados por operadores que, en realidad, no necesitaban petróleo, ni azufre, ni gas, ni café, ni ningún producto real. Son fondos de inversión, bancos y especuladores que compran y venden esos contratos exclusivamente para ganar dinero con la diferencia de precio entre el momento de la compra y el de la venta. Sin ningún interés en la materia prima en sí, y sin necesidad de protegerse de nada.

 

El resultado ha sido que los mercados de futuros han dejado de ser lo que eran, es decir, instrumentos para que la economía real gestione el riesgo futuro. Se han ido convertido, por el contrario, en instrumentos especulativos, en donde los precios son el resultado de las apuestas que realizan (hoy día mediante algoritmos y a velocidad vertiginosa) quienes solamente buscan ganar dinero con el movimiento siguiente (que a veces ellos mismos pueden provocar).

 

Estos especuladores no ganan dinero analizando lo que va a pasar en la economía real dentro de seis meses, sino anticipándose al próximo titular, al próximo anuncio político, al próximo tuit presidencial, es decir, en función casi exclusiva de lo que ocurre en el muy corto plazo.

 

Por qué los mercados futuros están infravalorando el peligro

 

Cuando los mercados de futuros se convierten en máquinas de apostar al próximo anuncio político, o sobre cualquier otra que permita ganar más dinero en el menor tiempo posible, sus señales sobre lo que puede estar ocurriendo en la economía real se vuelven imprecisas y sistemáticamente engañosas.

 

En estos momentos, hay al menos tres razones concretas que explican por qué están proporcionando señales equivocadas e infravalorando el peligro que realmente amenaza a la economía global.

 

La primera es que estos mercados no funcionan como un mercado normal donde mucha gente compra y vende en igualdad de condiciones. Están dominados por un puñado de grandes bancos y fondos de inversión o incluso por algoritmos que manejan cantidades de dinero tan enormes que cuando apuestan en una dirección, el precio se mueve hacia donde hayan indicado. Son ellos quienes marcan la señal.

 

Y a esos grandes operadores les interesa apostar a que el conflicto se resolverá pronto por una razón muy concreta: si apostaran a la catástrofe y acertaran, ellos también perderían. Una crisis energética prolongada hundiría la economía global, y con ella todas sus otras inversiones —acciones, bonos, préstamos...

 

Apostar a la resolución rápida, en cambio, es apostar a que el juego continúa. A que los mercados siguen funcionando. A que habrá oportunidad de comprar barato ahora y vender caro después. Por eso, cuanto más dinero entra apostando a la normalización, más tranquilizadora es la señal que emiten los futuros. Y esa señal es la que acaba en los telediarios, en los análisis de los gobiernos y en la opinión pública.

 

La segunda razón es que los modelos que usan estos mercados para fijar precios están construidos sobre datos históricos. Y en la historia, todos los cierres del Estrecho de Ormuz han sido breves. El mercado aplica esa experiencia pasada como probabilidad futura, como si lo ocurrido antes fuera una guía fiable para lo que ocurrirá ahora. Pero esta situación no tiene precedente histórico comparable. La escala del cierre, su duración, la combinación de factores que lo rodean son nuevos. El modelo mira al retrovisor para conducir hacia adelante.

 

Finalmente, la tercera razón es que el cierre del Estrecho no solo produce el corte de una determinada cantidad de suministro de productos —petróleo, gas, azufre, helio...— cuyos precios se pueden registrar en el momento presente o estimar en el futuro, y sobre los que, por tanto, se pueden realizar las apuestas en las que se basan los indicadores financieros. Además, produce efectos sobre la economía real que esos indicadores sencillamente no pueden percibir ni transformar en contratos que se compren y vendan: el agricultor que no puede sembrar porque no llega el fertilizante, la fábrica que para porque no tiene insumos, el país que raciona electricidad porque no llega el gas... Esos daños no tienen precio en ningún mercado. No cotizan en ningún sitio. No existen para el sistema financiero.

 

El mercado construye su imagen del futuro solo con las piezas que puede ver. Y deja fuera, sistemáticamente, todos los demás daños. Su señal no es falsa, pero es estructuralmente incompleta. Y una señal incompleta sobre una crisis de esta magnitud es tan peligrosa como una señal falsa.

 

Finanzas que hacen negocio si el peligro no se ve

 

A esto que ocurre en el (desnaturalizado) mercado de futuros hay que añadir algo más. Al sistema financiero en su conjunto le interesa que la guerra sea percibida como un riesgo manejable y temporal, y no como algo que pude dar lugar a una catástrofe sistémica si no se detiene pronto.

 

Los fondos de cobertura son fondos de inversión que ganan dinero con los cambios a muy corto plazo de los precios o, en general, con las variaciones inmediatas en las condiciones de los mercados. Hay plataformas que mueven miles de millones de dólares apostando sobre eventos geopolíticos —si habrá o no un alto el fuego, si se atacará tal o cual infraestructura, si asesinarán a un determinado líder...—. Y quienes tienen en sus carteras las acciones de las grandes empresas petroleras y armamentísticas —en gran medida esos mismos grandes fondos que dominan los mercados de futuros— ganan dinero con cada nuevo cambio de situación.

 

Pues bien, lo que necesitan todos esos operadores es que el juego especulativo no se detenga. Y eso sólo puede ocurrir si la guerra -en este caso- es percibida como algo manejable. Si se procesara correctamente la gravedad de lo que está ocurriendo en el Golfo, los precios se dispararían de forma caótica, las posiciones basadas en deuda se liquidarían en cascada y el negocio especulativo colapsaría junto con todo lo demás.

 

La trampa

 

Durante décadas nos han querido convencer de que el estado de la economía se deduce de los indicadores financieros. Si la bolsa sube, es que las cosas van bien. Si el precio del petróleo no se dispara, es que la crisis energética no es tan grave. Si los índices se mantienen, es que los fundamentales aguantan.

 

Ahí está la ceguera y, por qué no decirlo, la trampa: los indicadores financieros sirven para conocer las expectativas de quienes tienen capital para apostar, pero engañan cuando se trata de percibir lo que ocurre en la producción real, en los ciclos agrícolas, en las cadenas de fabricación o con el día a día de las personas y empresas que no participan en los mercados financieros.

 

Se trata de un error que, en esta ocasión, puede dar lugar a consecuencias muy peligrosas. Si la guerra continua y no se pone fin al bloqueo rápidamente, la cuerda que sostiene a la economía global no se va a romper, como en otras ocasiones, por el lado de las finanzas, sino por el de la economía real. Si es así, si llega un momento en que los agricultores no puedan cultivar, los transportistas se paralizan y las fábricas no tienen insumos, las herramientas habituales de política fiscal y monetaria serían claramente insuficientes para hacer frente a la situación. No habrá banco central que pueda arreglar el desaguisado dando cientos de miles de millones a los bancos o modificando los tipos de interés, ni gobiernos con recursos para frenar la hecatombe.

 

21/04/2026 - ESOS CHEFS QUE HEMOS TENIDO EN LA KITCHEN ESTATAL (I)

Viendo estos días lo que está pasando con el tardío juicio de la Kitchen sobre las martingalas del PP para “allanar” su terreno capitalino y cómo la justicia, una vez más, se quita la venda con la presumible parcialidad que, cuando se trata de la derecha de este país, siempre acomete (lo de acometer es, paradójicamente, por la rapidez con que actúa, ya que la cosa viene, según parece del años 2013, o sea, trece años después de ocurrir los hechos), me ha venido a la memoria que hace cinco años hice unos escritos que titulé “Kitchens and Chefs”.

Ahora, los voy a reeditar. Dado que se ha iniciado el juicio y me parece oportuno que se sepa, una vez más, bastante sobre la “cocina” española y sobre los “cocineros” que hemos tenido a lo largo de la mal llamada Democracia, puesto que, a mi modo de ver, reitero una vez más, es una vulgar Plutocracia encubierta que nos está arruchando (“desparruchando” decíamos de pequeño) a la mayoría.

Voy a tratar de que, en esta ocasión, sean más, pero un poquito más cortos los capítulos de mis escritos, sin dejar fuera algunas frases que incluí “copia y pega” de diversas opiniones y un largo artículo titulado “Dinero caído del cielo y otros milagros” de Yago Álvarez Barba publicado en un diario digital, porque lo importante es que se conozca a los Chefs, a los “cocineros”.

Entonces, 30 de marzo de 2021, servidor comenzaba así el primer capítulo, que ahora he dividido en dos para no fatigar en exceso con su lectura:

Mi objetivo en este escrito es que no aparezca la pandemia por ningún sitio; con motivo de que, de alguna manera, podamos abstraernos por unos minutos de lo terrible que es lo que está ocurriendo en el mundo -en parte- por la mala gestión de ciertos personajes que han abrazado sin rubor el funesto neoliberalismo que ha logrado hundir todo lo bueno de lo público para hacer de lo privado una especie de coto de caza que no tiene ya donde meter lo cazado, y que sólo la “aporofobia del capital” (título de otro escrito mío) puede poner en riesgo sus inmensos capitales logrados con las inestimables ayudas de unos gobiernos corruptos y propensos al desfalco institucional a favor de unas minorías que cada día que pasa, relativamente, van dejando de serlo, pues los milmillonarios aumentan casi diariamente de forma increíble, a un ritmo vertiginoso (incluso en China, ¡quién nos lo iba a decir!), aunque no tan elevado al de la pobreza mundial, consecuentemente. Pero, eso sí, que no olvide nadie que los “chefs”, los grandes “chefs”, que voy a relacionar en estos capítulos, son en una gran medida los responsables de que -caso de no haber abrazado la ignominia estatal- ahora tuviéramos más hospitales, más UCIS y muchos más sanitarios de todas las categorías; por lo menos, para acercarnos a la media de la UE más desarrollada, ya que, para eso estamos en ella ¿no?

Antes de seguir, quiero pedir disculpas por la utilización del inglés (que a mí me importa un bledo), pero ocurre que si no lo hago me tacharán de antigualla en las redes sociales y pasarán de leer nada y mucho más de algún recalcar. Y, por supuesto, con el consiguiente mosqueo de la Junta de Andalucía y de la Junta de Extremadura, que da la impresión de que todos sus “mercachifles” y toda la “canonjía” (que no es poca, un enjambre) han estudiado en Oxford o Cambridge a pesar de ser en su mayoría analfabetos funcionales y laborales que se jubilarán (en gran parte con la pensión máxima o…) en su mayor parte sin haber realizado otro trabajo en su vida que el político, y, ni que decir tiene, generalmente, de manera funesta como es de dominio público.

Dicho lo dicho, vamos a centrarnos en unos de los grandes expolios del Estado llevado a cabo por un amplio grupo de políticos sin escrúpulos para hacerse, por decirlo de alguna manera, “socios de un club del calibre del Bilderberg”. En sentido figurado, hablamos de las “Coronas del Estado” que se vendieron por una menudencia para más tarde dar lugar a las famosas “puertas giratorias”. Su idealista, o sus idealistas si fueron más de uno, se merecen la misma calificación de los inventores de Facebook, Amazon, Tesla o cualquiera de esas “empresas” que han hecho milmillonarios a sus creadores, auténticos genios de la “creación”; aunque, en el caso español, “creación zascandil institucional”.

Así pues, en las “kitchens” de Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica y Naturgy (antigua Gas natural), entre otras, trabajan los mejores “chefs” del mundo. Y, como no podía ser de otra forma, son españoles. Todos tienen “estrellas michelín” (han sido Altos Cargos en algún Gobierno), y como grandes “chefs” que son, cobran unas cantidades astronómicas al año. Pero, eso sí, sus “menús” son auténticamente exquisitos. Todos incluyen “jamón de pata negra”. Tanto es así que los españoles nos los tragamos tras una larga masticación para mejor saborearlos, aunque en ocasiones podrían ser engullidos al estilo de esas enormes hamburguesas a las que sólo pueden dar mordiscos lo que tengan la boca igual de grande que esa actriz americana tan famosa, ¿cómo se llama?,¿Angelina Jolie, puede ser? Bueno, la que sea, lo mismo da. Además, en España también tenemos más de una “televisiva” a las que le caben en la boca de un solo golpe la hamburguesa entera.

En fin, después de este pobre monólogo que, evidentemente, no pasaría el corte (“casting” lo llaman en las TVs) de ese programa televisivo, “El Club de la Comedia”, donde los hay que tienen menos gracia que cualquier político, y mira que en la política hay cada uno que… ¡res mes! Vamos a hablar en serio del tan traído y llevado tema de “las puertas giratorias”, algo que se ha convertido en el axioma del famoso “Typical Spanish”. Pero, eso sí, llamando “chef” en lugar de “político” a cada uno de los personajes que, “cocinando” (perdón, “cooking”) en estas empresas -y otras-, se han puesto las botas dicho vulgarmente. Y que, como no puede ser de otra manera, nos han traído al pueblo trabajador y llano las consabidas desigualdades y penurias económicas -cuando no la pobreza extrema y, por supuesto, la pobreza energética- junto al engaño ignominioso de que íbamos a vivir en el “Estado de bienestar” sin ningún tipo de carencias elementales y con una justicia, una educación y una sanidad (¡risas por esto último!) dignas de todas las personas que formamos este país.

Los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) se han convertido en una especie de oligopolio que, nadie lo pone en duda, no es otra cosa que un grupo de “sicarios” bien pagados por el establishment financiero, los milmillonarios y una prensa de desinformación comprada por estos para hacer un pueblo analfabeto funcional que en su mayoría no se entera de lo mínimo más importante que le concierne. Todos estos “chefs” que voy a nombrar, gracias a esa Transición tan modélica para algunos, nos han vendido haciendo gala de eso que dijo Caballero de Bruix: “Para amasar una fortuna no se requiere ingenio, lo preciso es carecer de delicadeza”.

Han vendido, sin el más elemental escrúpulo, el Estado por unas monedas sabiendo que más tarde les supondría riqueza y poder a costa de los demás. Sólo se merecen el desprecio de la sociedad y en muchos casos pasar por los Tribunales para dar cuenta de sus “tropelías” aprovechando cualquier cargo público. Aunque me da que mientras la política no cambie -cosa harto difícil sino cambia la famosa Ley de D'Hont, que no lleva tintes de hacerlo por el momento- los Tribunales seguirán siendo “marionetas” de esos poderes que antes hemos citado, con la Banca (preferentemente, el Banco Santander) a la cabeza, y ya saben lo que eso significa: “Que los derechos fundamentales son vulnerados por las Instituciones Públicas a diario en absoluta impunidad, donde el Estado de Derecho es una broma”, según una denuncia de alguien que he leído por ahí.

Continuará… en unos días. Y con el inicio del Top -la cima- de los chefs.

21/04/2026 - IRPH: EXISTE UNA ACTUACIÓN DELIBERADA DEL ESTADO PARA NEUTRALIZAR LOS EFECTOS DE LA JURISPRUDENCIA EUROPEA

La batalla jurídica que podría destapar uno de los mayores fraudes financieros en España, el IRPH

José Antonio Gómez

Tal y como publicamos la semana pasada en Diario Sabemos, la Asociación de Hipotecarios Activos (AHA) presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo en el que, entre otras cosas, acusan de corrupción al Banco de España, una presunta corrupción que podría alcanzar los 44.000 millones de euros. En los próximos días analizaremos en profundidad dicha denuncia y, sobre todo, el informe que se adjunta a la misma que lleva documentos oficiales anexos absolutamente demoledores. 

La controversia en torno al índice hipotecario IRPH ha escalado desde un conflicto técnico-financiero a un asunto de alto voltaje político e institucional en España. Tras casi dos décadas de litigios, el foco ya no se limita a la transparencia bancaria, sino que se desplaza hacia la posible actuación irregular de organismos públicos. La carta dirigida al Defensor del Pueblo sitúa el debate en un terreno especialmente sensible al denunciar una presunta manipulación informativa desde el propio aparato administrativo.

El documento se inicia con una advertencia clara sobre la gravedad del caso y la urgencia de intervención institucional: “Ante una situación grave de actuación de la administración, le remitimos [al Defensor del Pueblo] esta comunicación junto con nuestra solicitud de actuaciones a la mayor brevedad”. Esta afirmación no solo busca activar mecanismos de supervisión, sino que revela la pérdida de confianza en los canales ordinarios de resolución de conflictos, un elemento clave en cualquier análisis político de fondo.

En el plano económico, el núcleo del problema reside en la naturaleza del IRPH, un índice que durante años ha sido objeto de polémica por su opacidad y por sus nefastas consecuencias para las familias trabajadoras españolas. Según se recoge en la denuncia, la cuestión quedó jurídicamente delimitada tras la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al señalar que “dicho índice se elabora mediante una estructura compleja que, en definitiva, hace que en el valor que se publica mensualmente esté dilatado por el efecto de las comisiones”. Este reconocimiento introduce una dimensión estructural: no se trataría de errores puntuales, sino de un diseño que habría perjudicado sistemáticamente a los consumidores.

La implicación económica es profunda. La misma denuncia subraya que la doctrina europea exigía mecanismos correctores: “el contrato debía incluir el descuento correspondiente para contrarrestar la dilatación (es decir, un diferencial negativo)”. La ausencia de esta compensación habría generado un sobrecoste masivo para los hipotecados, trasladando recursos desde las economías domésticas hacia el sistema financiero. En términos macroeconómicos, el impacto potencial, cifrado en más de 40.000 millones de euros, convierte el caso en uno de los mayores conflictos de redistribución económica en la España reciente.

Sin embargo, el elemento más explosivo del texto no es técnico, sino político. Los denunciantes sostienen que existe una actuación deliberada desde dentro del Estado para neutralizar los efectos de la jurisprudencia europea. La acusación es directa: “todo indica que personas concretas del Banco de España han creado y difundido un bulo financiero que ha servido para esquivar la doctrina europea de protección de los consumidores”. De confirmarse, esto supondría un choque frontal entre el derecho comunitario y la actuación de una institución nacional, con implicaciones tanto jurídicas como reputacionales para España en el ámbito europeo.

El alcance social del conflicto refuerza su dimensión política. La carta advierte de consecuencias dramáticas para los afectados, señalando que estas prácticas habrían “frustrado reclamaciones legítimas de importes significativos, que han conllevado en muchos casos la pérdida de la vivienda habitual”. En un país donde la crisis inmobiliaria dejó una profunda huella, la reaparición de este tipo de situaciones reabre heridas sociales y cuestiona la eficacia de los mecanismos de protección al consumidor.

Desde una perspectiva institucional, la denuncia va más allá al sugerir posibles prácticas de corrupción. El texto apunta a una desproporción entre los intereses en juego y los actores implicados, al afirmar que existe “un grupo reducido de empleados públicos del Banco de España que, posiblemente, hayan obtenido una prebenda por el hecho de salvar a la banca de pagar los 44.000 millones de euros que conlleva el IRPH”. Esta afirmación introduce un elemento crítico en el análisis: la posible captura regulatoria, donde el supervisor actuaría en beneficio del sector supervisado.

El caso también plantea interrogantes sobre la coherencia del Estado en su relación con la Unión Europea. Si, como se sostiene, se han emitido resoluciones contradictorias para evitar la aplicación de sentencias europeas, se estaría ante un problema de cumplimiento normativo con potenciales sanciones. No es casual que el texto subraye la dimensión internacional del conflicto, al mencionar la afectación a ciudadanos comunitarios, lo que podría amplificar la presión sobre las instituciones españolas.

En este contexto, la petición final adquiere un significado estratégico. No se trata solo de una solicitud administrativa, sino de un intento de elevar el conflicto al máximo nivel de supervisión democrática: “solicitamos de manera urgente que el Defensor del Pueblo analice la exposición de hechos”. La insistencia en la urgencia y en la necesidad de una reunión técnica refleja la complejidad del caso, pero también la percepción de que el tiempo juega en contra de los afectados.

 

viernes, 17 de abril de 2026

17/04/2026 - AYUSO INSULTA A MEDIO MUNDO DESDE BRUSELAS Y CONVIERTE MADRID EN UN FOCO DE BOCHORNO DIPLOMÁTICO

Comentario: Menos mal que tanto Brasil como México, Colombia, Sudáfrica, Uruguay y Lituania saben sobradamente que la Sra. Ayuso es idiota, que esta “ida”, que es una retrasada mental y una analfabeta funcional al servicio de cuatro imbéciles de la ultra derecha trumpista.

Llamar “narcoestados” a países como México o Brasil no es una ocurrencia: es una descalificación gravísima contra socios de España y un nuevo gesto de sumisión al trumpismo más desquiciado

§  Ayuso premia a María Corina Machado y convierte la Puerta del Sol en escaparate del trumpismo más peligroso

Agustín Millán

Las palabras de Isabel Díaz Ayuso ya no pueden despacharse como una simple sobreactuación política. Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que en Barcelona habrá “una reunión de narcoestados en torno al presidente Sánchez”, no está solo atacando al Gobierno central: está insultando a países soberanos, dinamitando la imagen exterior de España y colocando a una institución autonómica en una posición de abierta agresión diplomática.

La gravedad de una acusación sin pruebas

No hay eufemismo que valga. No hay matiz que la salve. Llamar “narcoestados” a países que van a participar en una reunión internacional con Pedro Sánchez es una afrenta de enorme calado. Y lo es todavía más cuando entre los asistentes figuran mandatarios y representantes de países como México, Brasil, Colombia, Uruguay, Sudáfrica o Lituania, en una cita que medios de referencia sitúan como una gran reunión internacional en defensa de la democracia y de articulación del espacio progresista frente al auge de la ultraderecha global. 

Ayuso dijo literalmente que había “dos fotos”“la de esa reunión del mundo libre” en Madrid y “una reunión de narcoestados en torno al presidente Sánchez”. La frase no es una metáfora inocente. Es una acusación de extrema gravedad. Porque el término “narcoestado” no describe una discrepancia ideológica ni una diferencia de modelo político: implica que las estructuras de un país están penetradas o dominadas por el narcotráfico. Es, por tanto, una imputación política y moral demoledora. Y Ayuso la lanza sin pruebas, sin informes, sin base diplomática y sin ninguna competencia institucional para hacerlo.

España no es una comunidad autónoma en política exterior

Ese es uno de los aspectos más graves del episodio. La política exterior corresponde al Estado, no a una comunidad autónoma. La presidenta madrileña no habla en nombre de España en foros diplomáticos, no fija la posición exterior del país y no debería dinamitar las relaciones con gobiernos extranjeros a golpe de consigna partidista. Pero eso es exactamente lo que hace cuando desde Bruselas decide presentar como “narcoestados” a países con los que España mantiene relaciones estratégicas, económicas, culturales y multilaterales de primer orden. 

Basta ver quiénes están realmente en Barcelona para medir la magnitud del disparate. La cita ha reunido o movilizado a líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, junto a dirigentes europeos, sindicales y sociales, dentro de una agenda que gira en torno a la democracia, la cooperación internacional, la tecnología, la desigualdad y el freno al nacionalismo autoritario. Presentar ese encuentro como una concentración de “narcoestados” no es análisis político: es propaganda zafia, impropia de una representante pública.

El eco del trumpismo en Madrid

Además, la acusación de Ayuso golpea de forma especialmente obscena a México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ya había tenido que responder hace apenas unas semanas a otra ofensiva verbal de la dirigente madrileña. Su contestación fue inequívoca: “Es absolutamente falso lo que dice”. Sheinbaum denunció así unas declaraciones previas de Ayuso en las que equiparaba a México con regímenes autoritarios, dejando en evidencia que la presidenta madrileña reincide en un patrón de descalificación sin sustento real. 

Y resulta todavía más revelador que, en vísperas de la reunión de Barcelona, Sheinbaum haya querido subrayar que “no es una reunión antiTrump”, sino una cita orientada a la cooperación internacional y a la paz. Es decir, mientras una jefa de Estado rebaja el tono, busca encajar diplomáticamente el encuentro y evita convertirlo en una provocación, Ayuso hace exactamente lo contrario: incendia, caricaturiza e insulta. 

Con Brasil ocurre algo parecido. Lula y Sánchez han impulsado en Barcelona la primera cumbre bilateral España-Brasil, con una agenda de acuerdos económicos, tecnológicos y sociales, además de una voluntad política expresa de reforzar el multilateralismo y la cooperación entre ambos países. Llamar “narcoestado” al entorno diplomático en el que se produce ese acercamiento no solo es ofensivo para Brasil: es una patada contra los propios intereses internacionales de España. 

¿Por qué en Madrid “no pasa nada”?

Lo que subyace en estas palabras es algo ya muy reconocible: la importación a Madrid del lenguaje político trumpista. Ayuso vuelve a utilizar la retórica de bloques absolutos, del “mundo libre” frente a una supuesta conjura de enemigos, de la simplificación brutal que divide el planeta entre los buenos que ella bendice y los malos que ella demoniza. No hay diplomacia, no hay prudencia, no hay respeto institucional. Solo hay polarización, bronca y un uso irresponsable de la tribuna pública.

Y ahí aparece otra pregunta incómoda: ¿por qué una parte de la sociedad madrileña parece haberse vuelto inmune a estos excesos? Probablemente porque el escándalo permanente anestesia. Cuando cada declaración busca ser más estridente que la anterior, el insulto se normaliza. Pero que una barbaridad se repita no la convierte en aceptable. Que Ayuso haya hecho del agravio una forma de comunicación no significa que el resto del país, ni mucho menos los países aludidos, tengan obligación alguna de soportarlo.

De hecho, conviene plantear con seriedad qué respuesta diplomática deberían estudiar los Estados insultados. México, Brasil y cualquier otro país que se considere aludido tienen motivos más que suficientes para exigir explicaciones. Podrían hacerlo mediante protestas formales, notas verbales a la embajada de España, solicitudes públicas de rectificación o peticiones al Gobierno español para que se desmarque de esas palabras. Nada de eso sería exagerado. Exagerado fue llamar “narcoestados” a países soberanos sin aportar una sola prueba.

Y aquí la pelota también está en el tejado del Estado. Porque si una presidenta autonómica injuria a socios internacionales de España y no ocurre nada, el mensaje exterior es desastroso. La sensación que se transmite es que cualquier cargo institucional puede deteriorar relaciones diplomáticas por interés partidista sin pagar ningún precio político. Eso erosiona la imagen de España como socio serio, previsible y respetuoso.

Meloni 

La comparación con Giorgia Meloni resulta, además, muy elocuente. Incluso una dirigente europea situada en la derecha dura y considerada durante mucho tiempo una de las más cercanas a Donald Trump ha marcado distancias en los últimos meses. Reuters ha informado de críticas de Meloni a decisiones de Trump, calificando de “error” algunos de sus movimientos, y también de su condena por “inaceptables” a determinados ataques verbales del líder estadounidense. Es decir, incluso quienes habían cultivado esa cercanía empiezan a entender que el coste político y diplomático del trumpismo puede resultar insoportable. (Reuters)

En Madrid, sin embargo, el PP de Ayuso parece optar por el camino inverso: cuanto más desquiciado es Trump, más se copia su método. Más hipérbole, más insulto, más enemigo absoluto, más degradación del lenguaje público. El resultado no es fortaleza política, sino degradación institucional.

Porque conviene decirlo claro: Ayuso no ha insultado solo a Sánchez. Ha insultado a países enteros. Ha faltado al respeto a gobiernos legítimos. Ha proyectado una imagen frívola y agresiva de una institución española. Y ha vuelto a demostrar que para una parte de la derecha madrileña la política exterior no es una cuestión de Estado, sino una sucursal de la agitación ultra.

La pregunta final, por tanto, no es solo qué pretende ganar Ayuso con esta escalada verbal. La cuestión de verdad importante es otra: ¿hasta cuándo van a tolerar México, Brasil y el resto de países agraviados que una dirigente autonómica española los difame como si fueran caricaturas al servicio de su guerra partidista? Y junto a esa, otra todavía más incómoda para España: ¿cuánto bochorno diplomático está dispuesto a asumir el país antes de exigir que alguien ponga freno a esta deriva?

La pregunta clave: ¿qué deberían hacer los países afectados?

Si se toma en serio el contenido de las declaraciones, la cuestión no es retórica. Es jurídica y diplomática.

Los países aludidos —México, Brasil y otros que puedan sentirse incluidos— tienen varias vías de respuesta:

1.   Solicitud formal de aclaraciones al Gobierno español
No a la Comunidad de Madrid, sino al Estado, que es el responsable de la política exterior.

2.   Protesta diplomática
A través de sus embajadas, exigiendo una rectificación o desmarque oficial.

3.   Revisión del tono en relaciones bilaterales
Sin romper vínculos, pero marcando límites claros.

4.   Pronunciamientos públicos
Como ya ha hecho México, desmontando la acusación y evidenciando su falta de rigor.

Estas acciones no serían desproporcionadas. Serían proporcionales a la gravedad del insulto.