23/10/2026 - LA DERECHA YA NO SABE NI INSULTAR

 

Comentario: Sánchez en “La Revuelta”: “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”.

Quienes somos de izquierdas tenemos asumido que nos pueden llamar de todo. Rojos, por supuesto, aunque a estas alturas suena casi a comentario de época

JUAN TORRES LÓPEZ

Cuenta Borges, en su “Arte de injuriar”, una anécdota tomada de Thomas de Quincey sobre un caballero que, en una discusión teológica o literaria, recibió un vaso de vino en la cara y respondió sin inmutarse: “Esto, señor, es una digresión; espero su argumento”. Lo recordé al ver la pintada que alguien de derechas ha dejado en la puerta de la sede de un partido de izquierdas en Huelva, queriendo insultar a sus militantes y dirigentes: “Comegambas”. Quienes somos de izquierdas tenemos asumido que nos pueden llamar de todo. Rojos, por supuesto, aunque a estas alturas suena casi a comentario de época; sucios, como si el jabón tuviera carné de partido; ignorantes, casi siempre en boca de quien no ha terminado de leer un libro en su vida; ineptos, violentos... Y, si eres mujer, fea o puta, que es el insulto que queda cuando en la cabeza ya no queda nada. El repertorio es amplio y conocido, pero tiene un rasgo característico: mengua día a día el ingenio que lo sostiene. Y, sin embargo, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la derecha insultaba a la izquierda con talento. Cuando la diputada laborista Bessie Braddock le espetó a Churchill: “Winston, estás borracho, y lo que es peor, asquerosamente borracho”, el premier le respondió sobre la marcha: “Bessie, querida, tú eres fea, y lo que es peor, asquerosamente fea. Pero mañana yo estaré sobrio y tú seguirás siendo asquerosamente fea”. Y cuando, en el debate presidencial de 1984, le preguntaron a Ronald Reagan si su edad le restaba facultades frente al demócrata Walter Mondale, contestó enseguida: “No voy a explotar con fines políticos la juventud y la inexperiencia de mi adversario”. El propio Mondale se rio, y años después admitió que en ese instante supo que había perdido. Eran otros tiempos y otros lugares. En nuestra España de ahora, la siempre encopetada derecha que tanto presume de linaje, colegio y apellido compuesto, no ha encontrado nada más elaborado que llamar “hijo de puta” a Pedro Sánchez en cualquier momento y circunstancia, venga o no a cuento: en el Congreso, en el estadio, en la cola de la panadería o en cualquier conversación familiar. Demasiado colegio privado y estudios en el extranjero para terminar así, y por seguir a personajes tan mal educados, bocas sucias y groseros como Trump o Milei. Por eso, lo confieso, el “comegambas” me pareció al principio un salto cualitativo. Al menos hay en él un amago de concepto, casi una tesis: la izquierda es impostora, pues predica el pan para todos y toma, sin embargo, marisco. Aunque, en realidad, tiendo a pensar que detrás de eso está el abismo de la estulticia. Porque cabe preguntarse qué tipo de circuito neuronal lleva a alguien a concluir que las personas de izquierdas somos despreciables porque nos gusten las gambas y las comamos de vez en cuando. Y, sobre todo, que se insulte a alguien porque coma gambas ¡en Huelva! Sembrar odio adobado con ignorancia conduce a esto: a creer que la izquierda tiene prohibido el disfrute, que el socialismo es un régimen de pan duro, sopa rancia y agua sucia y que todo militante que pide una ración de algo traiciona a la clase obrera. Es justo al revés. Quienes somos de izquierdas nunca hemos querido que nadie deje de comer gambas, sino que las coma todo el mundo. Lo que nos preocupa es cuántos y quiénes se pueden sentar a la mesa.   La historia está llena de insultos que merecían no olvidarse. Quevedo despachó a Góngora con un soneto que empieza “Érase un hombre a una nariz pegado”, y cuatro siglos después lo seguimos recitando de memoria. Y el conservador Disraeli explicaba la diferencia entre una desgracia y una catástrofe poniendo a su rival liberal como ejemplo: que Gladstone cayera al Támesis -decía- es una desgracia; la catástrofe sería que alguien lo sacara. Son frases crueles, como la de Churchill, pero detrás de ellas hay ingenio; es decir, la inteligencia de alguien que pensó para poder decirla. Justo lo que no hay detrás del “comegambas” ni del "Pedro Sánchez hijo de puta". Las primeras son memorables; los insultos de la derecha española de Feijóo, Ayuso o Abascal se los llevará pronto el viento y no los recordará nadie. Son pura disgresión. Schopenhauer lo dejó claro en El Arte de tener razón cuando señaló la última de las estratagemas que recomendaba: "Cuando se advierte que el adversario es superior y que uno no conseguirá llevar razón, personalícese, séase ofensivo, grosero". Ese es el único consejo filosófico que la derecha española sigue al pie de la letra. Seguramente, sin haberlo leído; o quizá creyendo que Schopenhauer fue un famoso futbolista alemán.

 

23/10/2026 - ASÍ FABRICARON LAS ÉLITES LA BOMBA SOCIAL QUE HOY ESTALLA EN LA CALLES

La crisis de 2008, la revolución digital y la vivienda como activo especulativo explican por qué la rabia se ha convertido en el único lenguaje disponible para millones de ciudadanos

José Antonio Gómez

La actual marea de violencia callejera que asola varios países occidentales, el auge imparable de los extremos ideológicos y el envenenamiento de la convivencia democrática suele explicarse como si fueran epidemias espontáneas, brotes irracionales nacidos del capricho de las redes sociales o del cinismo de unos cuantos oportunistas demagogos. Nada más falso. Lo que hoy arde en los barrios de las ciudades europeas y fractura en dos a las sociedades occidentales no es un fenómeno fortuito ni una repentina locura colectiva, sino el resultado matemático, previsible y largamente incubado de dos décadas de desposesión económica. La violencia política de estos días es la hija directa de las cicatrices no cerradas de la crisis financiera de 2008 y del vendaval tecnológico que aceleró la transferencia de riqueza más salvaje de la historia hacia una minoría privilegiada.

La crisis bancaria de 2008 dinamitó los cimientos del crédito y destruyó millones de puestos de trabajo. Sin embargo, las élites políticas no acudieron al rescate de las familias, sino que acudieron a blindar las cuentas de los responsables del desastre. La doctrina de la austeridad impuesta a machete devaluó los salarios, desmanteló servicios públicos y convirtió la precariedad en la norma rectora de la vida cotidiana. Durante años se exigió un sacrificio épico a las clases trabajadoras bajo la promesa de que la bonanza macroeconómica regresaría. Pero el crecimiento volvió solo para los balances de las grandes corporaciones. No hay más que ver los beneficios récord logrados a costa de millones de despidos, de millones de vidas rotas. Mientras, el ascensor social quedaba definitivamente atascado en el sótano.

La cicatriz imborrable de 2008

Para comprender el nivel de crispación que hoy atenaza a las sociedades democráticas es imprescindible retroceder hasta la gran fractura de 2008. Aquella crisis financiera no representó una simple perturbación pasajera del ciclo económico. Fue el punto de ruptura del pacto de convivencia firmado tras la Segunda Guerra Mundial. El estallido de la burbuja especulativa dejó al descubierto la fragilidad de un modelo que había sustituido los salarios dignos por el endeudamiento masivo de los hogares.

La respuesta institucional ante el naufragio fue una herida sangrante en la credibilidad del sistema. Mientras los bancos centrales e instituciones multilaterales inyectaban liquidez astronómica para salvar de la quiebra a las entidades financieras culpables de la intoxicación crediticia, las familias trabajadoras sufrían la ejecución implacable de sus hipotecas y el cierre en cadena de pequeños negocios. Las reformas laborales aprobadas bajo el rodillo de la austeridad abarataron el despido, pulverizaron los convenios colectivos y consagraron la devaluación salarial sistemática como única vía para recuperar la competitividad exterior.

Esta ingeniería de la austeridad no solo vació las carteras de la clase trabajadora. Minó su dignidad. La narrativa oficial pretendió hacer recaer la culpa del colapso sobre los propios ciudadanos, acusándolos de haber vivido por encima de sus posibilidades reales. Se recortaron las partidas de sanidad pública, se recortaron las plantillas docentes en las escuelas de los barrios trabajadores y se paralizó la atención a la dependencia. Aquella devaluación estructural instaló una certidumbre amarga en el subconsciente colectivo: que el Estado había decidido abdicar de su función protectora para actuar como garante exclusivo del gran capital.

La tecnología al servicio de la oligarquía

Sobre este terreno fértil en cicatrices y resentimiento se solapó la revolución digital y la eclosión de la inteligencia artificial. Lejos de democratizar las oportunidades, automatizar las tareas más duras o repartir los dividendos del incremento de la productividad, las tecnologías de última generación y el capitalismo de plataformas actuaron como un acelerador de la desigualdad. La denominada "uberización" de las relaciones laborales despojó al trabajo de sus derechos más elementales y convirtió a millones de ciudadanos en autónomos precarios pendientes del veredicto caprichoso de un algoritmo opaco.

Bajo la narrativa bucólica y falsa del emprendimiento individual y la flexibilidad horaria, la economía digital ha consagrado una estructura neofeudal. Un puñado de gigantes tecnológicos y fondos de capital riesgo ha acaparado cuotas de mercado insólitas, eludiendo impuestos en los países donde operan y desmantelando la capacidad de negociación colectiva de la clase trabajadora. Mientras los ejecutivos de Silicon Valley y los especuladores financieros multiplicaban sus fortunas a ritmos estratosféricos, la masa asalariada comprobaba cómo el coste de la vida, la inflación de los alimentos y el precio de la energía devoraban hasta el último céntimo de sus nóminas. Tener un empleo formal dejó de ser un escudo contra la pobreza para convertirse en una condena de inestabilidad permanente.

La figura del repartidor digital que recorre las calles en invierno para entregar comida a domicilio o del conductor atado catorce horas diarias al volante de un vehículo financiado a crédito ilustran la contradicción de esta era digital. Formalmente independientes, estos trabajadores dependen por completo de aplicaciones móviles cuyas líneas de código deciden las tarifas, asignan las rutas y sancionan cualquier indicio de protesta con la desconexión fulminante de la plataforma. Sin vacaciones pagadas, sin indemnización por despido, sin cobertura sanitaria y sin centro de trabajo donde encontrarse con sus iguales, la fuerza laboral digital se enfrenta a una atomización que impide cualquier forma de resistencia colectiva tradicional.

La vivienda y la estafa de la acumulación

El ámbito donde esta acumulación de riqueza en una minoría ha mostrado su cara más implacable es el mercado residencial. Los fondos de inversión multinacionales, las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria y los grandes tenedores financieros desembarcaron en las ciudades tras el colapso de 2008 para acaparar parcelas enteras del parque inmobiliario a precios de saldo. La vivienda, concebida en las constituciones democráticas como un derecho fundamental para garantizar la dignidad humana, fue mutada de forma radical en un activo financiero especulativo de alta rentabilidad.

El resultado en las grandes ciudades europeas es una trampa de pobreza residencial perfecta. Los precios del alquiler han subido a ritmos que triplican la evolución de los salarios, obligando a los hogares trabajadores a destinar más del 60% de su renta disponible a pagar el techo. Esta sangría económica impide el ahorro, liquida el consumo de proximidad y condena a las generaciones jóvenes a una imposibilidad radical de emancipación. La concentración de la propiedad en pocas manos ha transformado las ciudades en escenarios de expulsión silenciosa. Las familias trabajadoras son desplazadas hacia periferias desarticuladas y desprovistas de servicios públicos básicos.

Cuando la población comprueba que ni trabajando cuarenta horas semanales se puede garantizar un hogar estable para los hijos, la fe en las reglas del juego democrático se destruye por completo. La acumulación desmedida de inmuebles y activos en manos de fondos opacos contrasta de manera sangrienta con la angustia de miles de familias amenazadas por desahucios o atrapadas en contratos de alquiler abusivos y renovaciones leoninas. Ese contraste cotidiano es la gasolina que alimenta el incendio de la paz social.

La privatización de la vida

A la precariedad laboral y la emergencia residencial se suma el deterioro programado de la red de protección social pública. Dos décadas de recortes presupuestarios y de infrafinanciación han dejado a la sanidad universal, la educación pública y el sistema de atención a la dependencia en una situación de colapso operativo estructural. Las listas de espera kilométricas en la atención primaria y especializada han empujado a millones de familias con recursos mínimos a contratar seguros médicos privados para amortiguar el desamparo institucional.

Esta privatización encubierta de las necesidades vitales actúa como un multiplicador letal de la desigualdad. Quienes no pueden permitirse el copago de servicios privados quedan atrapados en un sistema público saturado y perciben que las instituciones por las que pagan impuestos han dejado de responder a sus urgencias materiales. La brecha social se ensancha de este modo no solo en los ingresos, sino en la expectativa misma de salud, esperanza de vida y nivel educativo. La sensación de que el Estado es un gigante administrativo que recauda a los débiles mientras concede facilidades fiscales al gran capital destruye la cohesión cívica desde sus cimientos.

La rabia como única ideología

La polarización extrema, la violencia política y los disturbios que hoy amenazan la gobernabilidad de Occidente no son causas, son consecuencias directas, son la manifestación sintomática de un dolor social acumulado durante más de quince años sin canalización ni respuesta política efectiva. Las algaradas en las calles, el enfrentamiento tribal entre vecinos, el rechazo a las instituciones representativas y el auge de formaciones de extrema derecha son los únicos canales de desahogo que el sistema ha dejado a una población exhausta.

La demagogia radical prospera ofreciendo respuestas sencillas y buscando enemigos de paja a familias que viven atenazadas por la incertidumbre económica. Los discursos de odio contra el inmigrante, la minoría o el oponente político funcionan como chivos expiatorios perfectos para canalizar la rabia de quienes han visto cómo su esfuerzo carece de recompensa. La ultraderecha no crea la desesperación, se limita a rentabilizar electoralmente la devastación social provocada por dos décadas de libre mercado sin contrapesos y de rescates financieros pagados con recortes sociales.

Los extremismos ideológicos alimentan la quimera de una identidad fuerte y combativa frente a un sistema que ha convertido a los ciudadanos en números de un balance o en usuarios de una aplicación. Cuando la política socialdemócrata o de centro derecha tradicional se limita a gestionar la escasez y a pedir paciencia mediante un lenguaje tecnocrático y distante, la indignación popular encuentra acomodo en las consignas de ruptura total. La violencia verbal en el debate público y los estallidos de rabia en las calles son el lenguaje de quienes se sienten acorralados en una trampa económica sin salida.

 

23/10/2026 - ULTIMATÚM DEL SUPREMO AL GOBIERNO POR LA LEY DE NIETOS

Comentario: Está más que claro que el Tribunal Supremo está -en lugar de mantenerse al margen que debería ser su obligación- a favor de esos que promueven “el que pueda hacer que haga” según el dicho del “muñeco Luciano” del PP. Pero, lo van a tener crudo, porque EL PUEBLO está con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, como se está viendo en las calles y plazas de toda España, al igual que como reciben a los ultras, en especial a su gran Jefe trumpista Abascal. El futuro de mucha gente (y de una pensión decente para los que levantaron este país) está en juego, y ni las dos extremas derechas insultantes ni los Tribunales de Justicia van a poder expoliar a los españoles de cualquier sitio que no han olvidado la represión franquista que pretende instaurarse de nuevo.

La Sala de lo Contencioso da 5 días a los ministros Bolaños y Albares para que entreguen la lista completa con los nombres de más de 160.000 nuevos nacionalizados. Si no lo hacen antes del 28 de octubre, se enfrentan a responsabilidades penales

Martha Golfín

El poder judicial no suele hablar con gritos, sino con susurros de papel oficial. Sin embargo, lo que se ha firmado en la Sala Tercera no es un murmullo burocrático más, es un cañonazo en toda regla, un golpe sobre la mesa de la alta magistratura que retumba directamente en los despachos de la Moncloa y del Palacio de Santa Cruz. A veces la política se reduce a una fecha y a una hora concreta en la que alguien tiene que sudar frío. Anoten este dato: las tres de la tarde del próximo 28 de octubre de 2026.

Ese es el minuto exacto en el que vence el plazo perentorio concedido por el Alto Tribunal para que dos de los hombres más poderosos del Gabinete de Pedro Sánchez cumplan la ley. Hablamos de Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, y de José Manuel Albares, titular de Asuntos Exteriores.

La orden no admite pausas, dilaciones ni excusas de ventanilla: la Abogacía del Estado tiene que entregar inmediatamente una lista con nombres y apellidos. La relación nominal y completa de las 163.020 personas nacionalizadas mediante la célebre Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática. O lo que es lo mismo: los beneficiarios de la popularmente bautizada como Ley de Nietos.

Un ultimátum con nombres, apellidos y amenaza de cárcel

Si uno lee con detenimiento los dos autos notificados por la Sección de medidas cautelares de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, descubre que los jueces han perdido la paciencia. Ya no hay espacio para las buenas palabras entre instituciones. El texto es de un rigor helado.

Los magistrados exigen que ese padrón de más de 160.000 nuevos ciudadanos sea enviado de forma simultánea a tres ventanillas clave: a la propia Sala del Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral. ¿Y qué pasa si el Gobierno vuelve a dar largas?

Pues bien, ahí es donde el escrito judicial deja de ser una mera petición administrativa y se viste con el traje de la investigación penal. La Sala apercibe de forma explícita a los ministros echando mano del artículo 112 de la Ley Jurisdiccional. Eso significa dos cosas muy concretas y nada agradables para un servidor público. Primero, la imposición de multas coercitivas que salen del bolsillo personal del sancionado, no de las arcas del Estado. Y segundo, algo mucho peor: deducir testimonio de particulares y enviar el expediente a la vía penal para exigir responsabilidades por desobediencia.

Imaginemos por un segundo la escena en los servicios jurídicos del Estado. Un fin de semana de llamadas cruzadas, abogados revisando cada coma y secretarios de Estado buscando carpetas a contrarreloj. Porque el tiempo en la justicia vuela, pero cuando hay una amenaza de querella rondando los despachos de la Moncloa, el reloj corre el doble de rápido.

La batalla por los votos del exilio

Para entender la enorme marejada que se esconde detrás de este pleito hay que alejarse un poco de la jerga procesal y mirar el mapa de la política real. Todo esto arranca cuando la Ley de Memoria Democrática abrió la puerta para que miles de descendientes de españoles que huyeron durante la Guerra Civil o la dictadura —y también sus familias en América Latina— pudieran solicitar la nacionalidad.

La intención original de la norma buscaba reparar una deuda histórica. Nadie lo discute. Pero en la trastienda de los partidos políticos, la matemática electoral es un animal muy distinto y mucho más calculador.

En cuestión de meses, miles de nuevos electores han entrado de golpe en las listas del Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA). Un caudal de votos masivo que, en provincias pequeñas y medias de España donde un diputado se decide por apenas quinientas o mil papeletas, tiene la capacidad real de volcar el resultado de unas elecciones generales.

Ahí es donde saltaron todas las alarmas en la oposición y en varios organismos independientes. Fue precisamente la Junta Electoral Central la que, desbordada por las dudas operativas para aplicar las medidas cautelares fijadas con anterioridad por el propio Supremo, acudió al Alto Tribunal pidiendo instrucciones precisas. La respuesta de los jueces ha sido esta embestida frontal: ni una excusa más, entreguen el listado de inmediato.

La jueza que no quiso firmar el hachazo

Sin embargo, en esta historia de alta tensión constitucional nada es completamente blanco o negro. La Sala del Supremo que ha firmado estos dos autos no es un bloque sin fisuras, y ese es un detalle que en el Palacio de la Moncloa han anotado en rojo.

La Sección está compuesta por seis magistrados. Cinco de ellos votaron a favor de acorralar al Ejecutivo con la amenaza de las sanciones penales. Pero hubo una voz disonante. El auto incluye el voto particular de una magistrada que decidió marcar distancias con sus compañeros de bancada.

Esta jueza discrepa de la dureza de las medidas. En su voto particular deja entrever que apretar de esa manera las tuercas a dos ministros de Estado, amenazándolos casi por la vía rápida con el código penal en la mano por un problema de tramitación de datos masivos, supone traspasar una línea de prudencia institucional en el equilibrio de poderes.

Esa pequeña grieta en el frente judicial demuestra hasta qué punto el asunto es delicado. No es un simple papeleo entre ministerios; es una discusión profunda sobre dónde acaba la facultad de dirección del Gobierno y dónde empieza el control implacable de los tribunales sobre el proceso electoral.

Choque final entre poderes

A medida que pasan las horas, la presión se traslada al área de trabajo de la Abogacía del Estado. ¿Tienen listos esos 163.020 nombres? ¿Se pueden filtrar datos personales protegidos por leyes de privacidad sin vulnerar otros derechos, o prima la transparencia del censo público dictada por el Tribunal Supremo?

El choque entre el Gobierno y la magistratura ha dejado de ser un debate soterrado para convertirse en una crisis institucional abierta. Si el ministro Félix Bolaños y el ministro José Manuel Albares ceden y entregan el documento antes del miércoles 28 de octubre a las tres de la tarde, la justicia habrá ganado el pulso y el censo de la 'Ley de Nietos' quedará expuesto a la lupa de los partidos y de los jueces.

Si por el contrario el Ejecutivo busca una nueva argucia procesal para ganar tiempo o se niega a enviar la relación nominal alegando dificultades técnicas, el Supremo estará ante el abismo de cumplir su promesa: abrir las diligencias penales contra los miembros del Gabinete.

 

23/10/2026 - LAS 266 EMPRESAS QUE FACTURAN MÁS DE 1.000 MILLONES TRIBUTAN SÓLO UN 8,9% SOBRE SUS BENEFICIOS

Comentario: La cosa está muy fácil: si llegasen el PP y VOX al gobierno (cosa poco improbable si la izquierda real no hace el idiota) todas estas empresas que facturan más de 1.000 millones no PAGARÍAN NADA.

 En 2024, Hacienda recaudó 43.296 millones en el Impuesto de Sociedades con un tipo medio efectivo del 13,11%. La banca es el sector que menos tributa sobre sus ganancias, con un tipo del 7,97%.

·       Las cuentas consolidadas del tributo reflejan que las grandes empresas pagan proporcionalmente menos a Hacienda que las pymes, al beneficiarse de las exenciones y bonificaciones que incluye la ley.

·       JORGE OTERO

La recaudación del Impuesto de Sociedades sigue dejando grandes agujeros en las arcas del Estado, pero va mejorando, aunque muy lentamente. Las cuentas anuales consolidadas del Impuesto correspondientes al año 2024 —una exhaustiva estadística que disecciona de forma minuciosa esta figura tributaria— certifican que este tributo aún no ha recuperado el nivel de ingresos que alcanzó en el año 2007 pese a que los beneficios empresariales se han duplicado desde entonces. Aquel año, el impuesto recaudó 44.823 millones de euros. En 2024, 43.296 millones, la cifra más alta desde entonces. Esta cantidad, además, es superior a los 35.198 que se recaudaron en 2023.

Los datos de la Agencia Tributaria demuestran que, cuanto más grande es la empresa o más factura, menos paga sobre sus beneficios. En 2024, las grandes empresas —aquellas que cuentan con más de 5.000 empleados— tributaron por el Impuesto sobre Sociedades a un tipo medio del 19,71% sobre la base imponible, frente al 25% del gravamen general del impuesto que marca la ley, o del 30% para la banca y las eléctricas. Pero eso es antes de restar las bonificaciones, exenciones y deducciones que se aplican antes de la liquidación final del impuesto. Tras esa resta, las empresas con más de 5.000 empleados que tuvieron que pagar el Impuesto de Sociedades —de forma efectiva y real— aportaron solo el 7,08% sobre sus beneficios en 2024. Ninguna otra empresa de menor tamaño paga un tipo tan bajo por sus ganancias. 

La estadística también refleja que los tipos efectivos del Impuesto de Sociedades no solo varían según el tamaño. También intervienen otras variables como la facturación o el sector. 

Si nos fijamos en la facturación de las empresas, hay otro dato  igualmente llamativo: cuanto más factura una empresa, menos paga en el Impuesto de Sociedades. Al mismo tiempo, la estadística refleja que según disminuye el tamaño de la empresa, los tipos que pagan son más elevados. Según la Agencia Tributaria, 300 compañías facturaron más de 1.000 millones de euros al año en 2024, pero solo 266 tuvieron que pagar el Impuesto de Sociedades: 34 no tuvieron que pagar nada por imputarse pérdidas y beneficiarse de bonificaciones y exenciones fiscales. Y lo hicieron a un tipo efectivo del 20,64% sobre la base imponible, pero solo del 8,91% sobre sus beneficios. Estas 266 grandes compañías concentraron el 25% de la recaudación de Sociedades en 2024. De hecho, estas empresas obtuvieron 132.205 millones de beneficios en 2024 y pagaron solo 11.780 millones a la Agencia Tributaria.  

Son las pequeñas empresas las que, según la estadística de Hacienda, pagan más por el impuesto sobre sociedades, con un tipo efectivo sobre la base imponible que supera el 22,8% y del 18,78% sobre sus beneficios. En este caso, solo las empresas con una cifra inferior a 50.000 euros al año presentan un tipo menor que las que facturan 2.000 veces más, pero solo ligeramente: pagan el 8,69% de sus beneficios en impuestos, en realidad casi lo mismo. Todo ello ocurre a pesar de que ya está en vigor la tasa mínima global del 15% impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2021. 

La Agencia Tributaria discrimina entre las empresas individuales y los grupos empresariales consolidados. En este caso, el agravio comparativo es mayor: los grupos empresariales tributaron por un tipo del 20,79% sobre la base imponible y el 9,01% sobre sus beneficios. Las empresas individuales no integradas en grupos lo hicieron al 22,42% sobre la base imponible y al 18,13% sobre lo que ganaron ese año, casi el doble que los grupos.

Lo cierto es que esas deducciones en forma de beneficios fiscales y bonificaciones se extienden a todo el tejido empresarial. De media, las empresas españolas pagaron en 2024 un tipo efectivo del 21,78% sobre la base imponible, pero ese porcentaje se redujo al 13,11% al extrapolarlo al beneficio. En cualquier caso, este último tipo es un punto superior al registrado en 2023, pero aún muy inferior al que había en 2007, cuando superó el 16%. En este sentido, el economista Nacho Álvarez, profesor de Economía Aplicada en la Universidad publicó a principios de semana un tuit con un dato muy revelador: si a día de hoy, el tipo efectivo fuese el de 2007, el Impuesto de Sociedades recaudaría 40.000 millones de euros más. 

Por sectores, la estadística es especialmente sangrante: la banca española solo aporta a las arcas públicas el 7,97% de sus ingentes ganancias, pese a que el tipo sobre la base imponible es del 21,15%. Las 161 entidades de crédito que pagaron Sociedades obtuvieron un beneficio de 43.267 millones de euros en 2024 —solo los seis grandes bancos españoles ganaron 31.768 millones— pero a Hacienda solo le pagaron 3.448 millones. El dato esperanzador es que el tipo real que pagan las entidades de crédito ha subido sensiblemente respecto al año 2023, cuando éste quedó fijado en el 4,26%. 

En cuanto a otras ramas de actividad, las aseguradoras tuvieron un tipo sobre la base imponible del 21,59% y del 14,55% sobre el beneficio. Las más de millón y medio de empresas no financieras existentes en España pagaron un tipo sobre la base imponible del 21,84% y del 13,86% sobre el beneficio. Las empresas industriales y las energéticas tributan un 21,48% sobre la base imponible y un 13,18% sobre sus beneficios. En el caso de las constructoras y las inmobiliarias, estos porcentajes se quedan en el 21,58% sobre la base imponible y en el 15,38% real.

Todos estos sectores presentan tipos sobre la base imponible muy similares, ya que se mueven entre el 21% y el 22%, pero las deducciones y las bonificaciones fiscales contempladas por la ley favorecen más a determinados sectores que a otros, como se puede comprobar en el caso de la banca.

Deducciones y bonificaciones

El Impuesto de Sociedades está trufado de beneficios fiscales, bonificaciones y deducciones para las empresa. La principal deducción es la denominada "compensación de bases imponibles", en forma de créditos fiscales, exenciones, bonificaciones y deducciones. En este aspecto también se ha mejorado: en 2024 esta exención sumó 22.565  millones de euros frente a los 27.752 millones del año anterior. 

José María Mollinedo, portavoz del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), explica el motivo por el que estas exenciones y deducciones benefician más a las grandes empresas que a las pequeñas: "La clave está en la exención fiscal de los dividendos que estas reparten a sus accionistas. Ese es el beneficio fiscal máximo: tributan al 0%".

Todos estos datos explican por qué hace ya tiempo los fiscalistas acuñaron un término para describir la esencia y las características del Impuesto de Sociedades: el queso gruyère. La metáfora alimentaria resulta  evidente: el tributo está lleno de agujeros por los que se va el dinero que no pagan los que deberían hacerlo. 

 

23/10/2026 - SALVAR AL SOLDADO ESPAÑOL

ANA PARDO DE VERA

Es imposible abstraerse en esta precampaña electoral de la violencia verbal que destilan la extrema derecha y sus satélites, presidente de Argentina incluido, contra quienes no piensan como ellos. Pero más difícil resulta aun -y no solo para esta plumilla, sino para cualquier persona decente- correr un tupido velo, por un lado, sobre la indisimulada escalada de brutalidad policial con la que se están controlando las manifestaciones antifascistas (A Coruña) o reivindicativas de derechos constitucionales (Madrid) y, por otro, sobre las denuncias contra soldados españoles en Ceuta por presuntas torturas, acoso o maltrato a inmigrantes. Las imágenes de unos y otros no nos dan mucha opción para la comprensión, el atenuante o la justificación de tales comportamientos violentos contra personas muy mayoritariamente pacíficas en las concentraciones y muy vulnerables en el caso de los extranjeros/as. 

Precisamente porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen legitimado el uso de la violencia y van armadas, el empleo de esta debería ser exquisito, muy excepcional y como último recurso, pero también investigado rigurosamente cuando se denuncian abusos. La realidad, no obstante, nos muestra que de las investigaciones que se anuncian tras abusos documentados, nada se sabe después, salvo en casos muy excepcionales y salvajes, cuando se dan a conocer para que veamos lo bien que funciona nuestra "democracia plena". Hagan la prueba: busquen casos de abusos policiales contra manifestantes y a ver qué encuentran sobre investigaciones en curso, en caso de que se abran, que ésa es otra.

Con los militares de Ceuta y sus presuntas torturas y vejaciones a inmigrantes está pasando lo mismo: la evidencia tuvo que ser escandalosa y a la vista de todos, presentada públicamente por Amnistía Internacional, para que el Ministerio de Defensa accediera a acudir a la Fiscalía arrastrando los pies y se abriera una investigación a los soldados perpetradores de esa presunta violencia xenófoba. Del acoso de patrullas militares denunciado por voluntarias de las ONGs No Name Kitchen y Brigadas de Apoyo Mutuo, constatado in situ por la periodista Gabriela Sánchez de El Diario.es, no obstante, ya nadie hablaba... hasta este jueves, cuando la Guardia Civil irrumpió con violencia avalada judicialmente para el registro de las instalaciones buscando a varios/as de sus voluntarias por supuesta incitación a la violencia y desórdenes públicos. Qué casualidad, oigan, y qué puntería.

No Name Kitchen lo ha negado todo, incluidas las dos detenciones de activistas a las que ha hecho referencia la Guardia Civil. La ONG habla de "graves irregularidades" y "criminalización" por dar de comer y prestar ayuda humanitaria y legal a los inmigrantes de Ceuta. No sería nada nuevo: desde hace siete años, en Público estamos denunciando el incremento escandaloso de campañas contra activistas y ONGs pro derechos humanos, particularmente, aquellas dedicadas a la atención y/o el rescate a migrantes, en frontera terrestre o en alta mar. Ni siquiera es exclusivo de España y el ascenso de la ultraderecha, su llegada a los gobiernos europeos y americanos, su infiltración constatada en los cuerpos policiales y el Ejército, ha convertido la intimidación contra quienes ejercen la labor que corresponde a los Estados democráticos en algo normalizado y cada vez más feroz. Ser compasivo y solidario cotiza a la baja y puede dar con tus huesos en la cárcel, por eso cuestionar las turbias acusaciones policiales y judiciales contra las ONGs es hoy un ejercicio de decencia. A esto hemos llegado.

 

22/10/2026 - EL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADAS QUE PROPONE LA DERECHA EN ESPAÑA ARRUINÓ A MILLONES DE CHILENOS

De los 30 países que privatizaron total o parcialmente sus jubilaciones entre 1981 y 2014, 18 tuvieron que revertir la reforma, entre ellos Argentina, Hungría, Polonia y Bolivia

JUAN TORRES LÓPEZ

En plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre, la derecha española ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja receta: sustituir, en todo o en parte, el sistema público de pensiones basado en la solidaridad por la capacidad que cada persona tenga de ahorrar a lo largo de su vida laboral.

El responsable económico de Vox, José María Figaredo, ha afirmado que el sistema público de pensiones, que paga cada mes a unos diez millones de personas, “es un zombi” y “está quebrado”. Su receta es la reforma hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual. No es solo una propuesta. El Partido Popular lleva años preparando el terreno para que se lleve a cabo. En 2014, Esperanza Aguirre defendió ante la convención nacional del PP que las cotizaciones se considerasen un capital que pertenece a cada trabajador, compatible con los criterios de capitalización de las compañías de seguros. El Gobierno de Rajoy optó por el camino gradual de estimular los planes privados con ventajas fiscales y facilidades de rescate. Formas distintas, más bruscas o más suaves, de ir en la misma dirección, la de trasladar la jubilación desde un derecho colectivo hacia el ahorro individual invertido en los mercados financieros. Aunque hay que señalar por pura honestidad que esta idea no es patrimonio exclusivo del PP y de Vox. Es, en realidad, el programa de la derecha económica, de la banca y de sus centros de estudio y, a veces, ha encontrado acomodo en el propio PSOE. Fue un Gobierno de Felipe González el que reguló en 1987 los planes y fondos de pensiones privados y el ministro José Luis Escrivá, ya con Pedro Sánchez de presidente, fomentó en 2022 una ley para impulsar los planes de pensiones de empleo con fondos de promoción pública.

En un sistema de capitalización, la pensión que reciba cuando se jubile no está asegurada

Por eso es muy importante entender que, detrás de esa expresión amable de “modelo mixto”, hay un cambio radical que pone en peligro el bienestar de las personas que se jubilan sin disponer de grandes patrimonios.

En un sistema de reparto, como el español, las cotizaciones de quienes trabajan hoy pagan las pensiones de quienes están jubilados. La pensión es un derecho reconocido por ley y garantizado por el Estado y su cuantía se conoce de antemano porque depende de lo cotizado y de los años trabajados, no de lo que pase en la Bolsa. En un sistema de capitalización, por el contrario, cada trabajador ahorra en una cuenta individual y una gestora privada invierte ese dinero en los mercados financieros. La pensión que reciba cuando se jubile no está asegurada, sino que será lo que haya en la cuenta el día de la jubilación, sea mucho o poco, según la evolución de la inflación y los mercados financieros.

Quienes defienden la capitalización para evitar, según dicen, la insostenibilidad de las pensiones públicas, siempre omiten lo fundamental: es un sistema mucho más inseguro, menos rentable, más peligroso y, sobre todo, perjudicial para las rentas más bajas.

No es verdad que la capitalización resuelva el problema que dice resolver, el de la insostenibilidad de las pensiones públicas por razones demográficas, porque “en el futuro habrá muchos viejos y pocos trabajadores cotizando”.

Las pensiones, se financien como se financien, siempre se pagan con lo que se produce cada año. Un fondo privado no guarda pan ni medicinas para dentro de cuarenta años: guarda acciones y bonos que habrá que vender cuando llegue la jubilación. Y, si de verdad hubiera menos trabajadores produciendo y menos ahorro, también habría menos compradores para esos activos que quienes se vayan jubilando tendrán que vender para obtener dinero líquido. Si las pensiones públicas estuvieran amenazadas por un problema demográfico exactamente igual lo estarían los fondos privados.

Además, los fondos privados de pensiones rinden mucho menos de lo que prometen. Según los datos de INVERCO que analiza el catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri, los fondos españoles con 25 años de antigüedad apenas han logrado una rentabilidad real del 0,42% anual. Como ha señalado Zubiri, “bajo supuestos razonables, ahorrando durante 20 años el 10% de su salario, el trabajador obtendría una pensión que no llegaría al 10% de su último salario. Y con 30 años, su pensión no llegaría al 15% de su último salario”.

Los fondos de pensiones privados también son extraordinariamente inseguros. Si los mercados caen, como en 2008 y en otras muchas ocasiones, la pensión privada se hunde. Se volatiliza total o parcialmente. Aunque la gestora, eso sí, cobra siempre.

Tampoco dicen quienes defienden el tránsito a la capitalización que el cambio que habría que hacer desde el sistema actual es carísimo. Tanto, que se puede decir que es inviable hacerlo. Habría que seguir pagando las pensiones de reparto mientras las cotizaciones se iban desviando a cuentas privadas, de modo que una generación tendría que pagar dos veces.

Por supuesto, se omite también que los sistemas de capitalización multiplican la desigualdad. Las personas con salarios bajos, en situación de precariedad, quienes hayan tenido carreras interrumpidas y, sobre todo, las mujeres arrastran esa desventaja hasta la vejez sin ningún mecanismo solidario que las compense.

Transferir al sector financiero la gestión de la enorme masa de ahorro y dinero que suponen las pensiones públicas es un negocio gigantesco

¿Por qué entonces se defiende que se pase a un sistema de pensiones privado que tiene muchos más defectos objetivos, peligros financieros e inconvenientes que el sistema público?

La respuesta es sencilla: transferir al sector financiero la gestión de la enorme masa de ahorro y dinero que suponen las pensiones públicas es un negocio gigantesco.

Nada de lo anterior es teoría. En Chile hicieron todo esto y lo que allí ha ocurrido es lo que debe tomarse como referencia y aviso a navegantes.

La dictadura de Pinochet impuso en Chile, en 1980, la capitalización individual a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Aunque, significativamente, hubo dos colectivos a los que dejó fuera del experimento y que conservaron el viejo sistema público: los militares y los policías. Los arquitectos del modelo sabían bien cuál de los dos sistemas era mejor.

Los resultados después de varias décadas confirman el diagnóstico y lo ocurrido justo este año lo resume todo. Las siete AFP, que controlan activos por unos 229.000 millones de dólares y son la única fuente de ahorro para la jubilación de la mayoría de los chilenos, se lanzaron en los dos últimos años a comprar productos financieros que les darían beneficios si los tipos de interés estadounidenses seguían bajando. Pero ocurrió lo contrario y han registrado pérdidas que rondan los 7.700 millones de dólares. El golpe más duro lo recibió el fondo más conservador, el que se recomienda a quienes están a punto de jubilarse, y lo que perdieron no se evaporó: lo ganaron bancos como Société Générale, Bank of America o BNP Paribas.

La reacción de los responsables del fiasco tampoco tiene desperdicio. El presidente de la patronal de las AFP se negó a hablar de pérdida y la llamó “valorización económica del fondo”, y un consejero técnico de la propia Superintendencia propuso como remedio que quienes estén a punto de jubilarse aplacen su retiro hasta que el mercado se recupere.

Y Chile no es una excepción desafortunada. La Organización Internacional del Trabajo ha documentado que, de los treinta países que privatizaron total o parcialmente sus pensiones entre 1981 y 2014, dieciocho tuvieron que revertir la reforma, entre ellos Argentina, Hungría, Polonia y Bolivia.

Es mentira que el sistema público de pensiones esté quebrado. Su sostenibilidad depende de decisiones políticas que determinan la distribución de la renta, de la evolución de la productividad, del empleo, de los salarios y de cómo se financie. Lo que hay que hacer es blindarlo frente a quienes, como en Chile, quieren convertir nuestras pensiones en un negocio privado.

El 29 de noviembre también se decide eso. Vox lo ha dicho sin rodeos, y el PP lleva años abonando el terreno con incentivos fiscales a los planes privados, con discursos sobre la quiebra del sistema y con la idea de que las cotizaciones son un capital individual.

Y si alguien tenía dudas, las ha despejado uno de los grandes altavoces mediáticos de la derecha. El director de OkDiario, Eduardo Inda, comentaba en el programa Milenio las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, que había puesto en duda el futuro del sistema público, y pidió silencio: “Cállate con las pensiones, que es un tema sensible”. “Que hablen –dijo– el 30N o cuando ya estén formando gobierno”. No le pidió al PP que garantizara las pensiones, sino que no hablara de ellas hasta que los votantes ya no pudieran tenerlo en cuenta.

Esto es lo que está en juego en las próximas elecciones.