· Público analiza los tiempos judiciales de 15 grandes causas de corrupción de las dos últimas décadas y la conclusión más llamativa es la lentitud en asuntos como Púnica, Lezo, Montoro o Kitchen.
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Fuentes jurídicas alegan que la Audiencia Nacional está colapsada para
justificar que tarde hasta una década en juzgar causas contra dirigentes del
PP. Sin embargo, ese órgano instruyó y juzgó el caso de las ‘tarjetas black’ en
dos años.
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Ninguno de los procedimientos que afectan al PSOE ha sufrido una dilación
similar.
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Podemos ha tenido abiertas hasta siete piezas en el 'caso Neurona' durante
más de tres años y todas terminaron archivadas.
Varias encuestas difundidas el pasado 6 de julio ahondan en la desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial. El
estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incide en que el 76,9%
de los ciudadanos cree que en los procesos judiciales que afectan a los partidos políticos la Justicia no siempre es
"imparcial". Un estudio del Instituto 40dB, publicado por El País, constató que más del 65% de los españoles
considera que existe lawfare en
España y solo el 40% piensa que los jueces son imparciales. Y un sondeo de Ipsos para La Vanguardia concluyó que el 60% de los
encuestados percibe que hay jueces haciendo política.
Una de las cuestiones más controvertidas es el supuesto doble rasero en la
duración de los procesos. Público ha analizado los tiempos judiciales de 15 grandes
procedimientos por corrupción de las dos últimas décadas y la
conclusión más llamativa es la lentitud en algunos asuntos que afectan al PP:
– En el caso Púnica, tres piezas están pendientes de que
se fije fecha para el juicio once años después de que se iniciase la
instrucción y en otras dos la instrucción no está aún concluida.
– En el caso Lezo, nueve años después del inicio de la
instrucción aún no se ha celebrado ningún juicio.
– En el caso Kitchen, pasaron cinco años desde el
cierre de la instrucción hasta la celebración del juicio.
– En el caso Montoro, la instrucción lleva ocho años y
sigue abierta.
Fuentes jurídicas alegan que la Audiencia Nacional está
colapsada para justificar que tarde hasta una década en juzgar causas contra
determinados dirigentes del PP. Sin embargo, en su momento, ese órgano instruyó
y juzgó en dos años el asunto de las tarjetas black,
donde se investigó el uso de tarjetas de crédito opacas al fisco por
parte 86 directivos de Caja Madrid.
El análisis de los principales casos que afectan al PSOE muestra, en cambio, que ninguno de los procedimientos ha sufrido una dilación llamativa.
En el caso de Podemos, el
principal problema ha sido la apertura de procedimientos judiciales que
terminaban en nada. Un exponente claro han sido las siete piezas abiertas
durante tres años y cinco meses en el caso Neurona, todas
finalmente archivadas.
A continuación, se detallan los tiempos judiciales de esos 15
procedimientos abiertos por corrupción que ha analizado Público.
LAS CAUSAS DEL PP
Este periódico ha analizado seis de las principales causas judiciales que
han acorralado al PP y a sus principales dirigentes en los últimos años.
'Caso Gürtel': 18 años después sin sentencia en la pieza principal
El caso Gürtel, uno de los principales vinculados al PP,
se trataba de una red de empresas dirigidas por Francisco Correa que había
conseguido contratos y adjudicaciones de comunidades y ayuntamientos gobernados
por los populares a través de sobornos. El entonces juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón fue el encargado de abrir la instrucción el 6 de
agosto de 2008 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción,
basada en las grabaciones aportadas por el exconcejal del PP de
Majadahonda José Luis Peñas. En marzo
de 2009, el magistrado se inhibió en favor de los Tribunales Superiores
de Justicia de Madrid y País Valencià para que continuaran instruyendo parte de
la macrocausa, al encontrar indicios de delito en cinco aforados del PP en las
dos comunidades autónomas.
El 8 de junio de 2010, el TSJM remitió de nuevo la causa a la Audiencia
Nacional después de que los tres diputados autonómicos que figuraban como
imputados en la causa (Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso
Bosh) renunciaran a su escaño. Para entonces, la instrucción de la mayor
trama de corrupción vinculada al PP ya estaba en manos del juez Pablo Ruz, después de que Garzón fuera inhabilitado por
autorizar escuchas desde prisión a los cabecillas de la Gürtel.
La rama de la causa en el TSJ valenciano, conocida como la de "los
trajes", dio lugar a las primeras sentencias del caso. Un jurado popular
declaró no culpables a Francisco Camps y
al ex secretario regional del PP Ricardo Costa. La
sentencia absolutoria, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, se
dictó el 30 de enero de 2012, fue respaldada por el Supremo el 9 de abril
de 2013.
Además de esta línea de investigación, la macrocausa ha contado con otras
12 piezas separadas. Solo una, la relativa a los papeles de
Bárcenas, que investigaba las adjudicaciones de obra pública a
cambio de donaciones, fue archivada al no quedar debidamente justificada
la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de esta
causa.
Sin duda, la causa que supuso un antes y un después fue la relativa a la primera época de la trama, que abarca el
periodo 1999-2005. La sentencia de la Audiencia Nacional –condenó al PP como
partícipe a título lucrativo–, emitida en mayo 2018, motivó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy,
siendo la primera de la historia en prosperar.
El último juicio celebrado quedó visto para sentencia el 12 de noviembre de
2025. Corresponde a la llamada pieza principal,
cuya instrucción concluyó el 9 de marzo de 2020, ya con el juez José de la Mata
al frente de la investigación. La esperada sentencia dará la puntilla a esta
causa 18 años después de que se iniciara la investigación judicial.
'Caso Púnica': tres juicios pendientes de señalar
El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional abrió la
investigación judicial el 18 de junio de 2014, aunque la operación saltó a la
palestra después, en octubre del mismo año, con la detención de Francisco Granados, ex secretario general del PP
madrileño, junto a otras 50 personas, entre ellas varios
alcaldes del PP en la Comunidad.
Desgajada en 13 piezas separadas el 16 de septiembre de 2015 (dos han
sido archivadas), la causa está lejos de ver el final pese a que la Sección 1º
de la Sala de lo Penal Audiencia Nacional ha dictado cinco condenas –dos contra Francisco Granados– (la
primera fue el 1 de diciembre de 2017 y la última, el pasado 1 de julio). Dos piezas siguen en
fase de instrucción: la relativa a la gestión de varios colegios gestionados
por Alfedel y los hechos referentes al
blanqueo de capitales). Otra, la correspondiente al urbanismo de Valdemoro,
está pendiente de pasar a la fase de juicio tras cerrarse la instrucción, según
fuentes del caso. Y otras tres están pendientes de que se fije la fecha de la
vista oral.
Una de las que aguardan a la celebración del juicio es la relativa a
la financiación irregular del PP madrileño a cambio
de la adjudicación a empresarios de contratos
públicos. Tras figurar inicialmente como investigados, de esta pieza quedaron
fuera los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González. Además de
Granados, el proceso, cuya instrucción acabó el 25 de enero de 2022, se dirige
entre otras personas contra el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.
'Caso Lezo': sin un juicio celebrado nueve años después
El día 15 de julio de 2016, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la
Audiencia Nacional abrió diligencias como consecuencia de una querella de la
Fiscalía Anticorrupción. Desde el 11 de mayo de 2017, se han llegado a abrir
hasta ocho piezas separadas (en dos de ellas, la de la financiación irregular
del PP madrileño y la relativa a Mercasa, se ha inhibido a favor de otros
casos), pero todavía no se ha celebrado ningún juicio. Ignacio González figura como uno de los
principales imputados de la causa, que investiga el presunto pago de mordidas a
través de la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II.
Hay tres juicios fijados, que coinciden con las principales piezas. Son las
relativas a la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa por el Canal con un sobreprecio cercano a
los 30 millones de euros (la vista será del 7 de septiembre de 2026 al 10 de
octubre de 2026); la que se refiere a la adquisición de la empresa brasileña
Emissao por parte del Canal (del 12 de enero de 2027 al 4 de febrero de 2027);
y la que versa sobre la adjudicación y gestión del campo de golf del Canal Isabel II (fijado para
septiembre de 2027). González se sentará en el banquillo por el primero y el
tercero.
Otras dos piezas están pendientes de que se fije la fecha del juicio: la
relativa a la adjudicación en 2007 del proyecto de cercanías
Móstoles-Navalcarnero (en la que también está procesado
González) y otra relativa al blanqueo de capitales.
Por último, la instrucción de la pieza sobre el presunto pago de mordidas
de directivos de OHL a funcionarios públicos para
obtener adjudicaciones está finalizada. Según la compañía, en
dicho auto, que cierra la instrucción y que abre la fase de juicio oral,
"no se dirigen actuaciones frente a la sociedad dominante".
'Operación Kitchen': casi cinco años de espera para el juicio
El 7
de noviembre de 2018, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº
6, Manuel García Castellón, abrió la llamada pieza siete en el marco del caso
Tándem a instancias de la Fiscalía. Es la conocida Operación
Kitchen, la presunta trama de espionaje urdida
en el seno del Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano
Rajoy para arrebatar pruebas comprometedoras para el PP tras el
estallido de los papeles de Bárcenas.
El 21 de julio de 2021, el juez procesó al exministro
Jorge Fernández Díaz y su cúpula por el espionaje a Bárcenas y archivó la causa contra María Dolores de Cospedal, la
ex secretaria general del PP. No obstante, el auto de apertura del juicio oral
no se dictó hasta el 13 de octubre de 2023. El juicio comenzó el pasado mes de
abril y está previsto que termine a lo largo de este mes.
En un reciente auto, el juez Antonio Piña ha acordado, en el marco de la
pieza 34 de esta causa, requerir a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía
Nacional que "identifique si entre el material
incautado" a Villarejo hay grabaciones "con contenido que pueda
aportar indicios de criminalidad en las conversaciones sostenidas" por el
comisario jubilado "con la Sra. Cospedal o el Sr. López", en
referencia a su exmarido, Ignacio López del Hierro. En ellas se evidencia que
la exdirigente popular conocía la Operación Kitchen y
apunta a Rajoy.
En cuanto a la macrocausa de la que dimana esta pieza, el conocido
como caso Villarejo, la investigación judicial comenzó el 26
de octubre de 2017. Dividida en al menos 47 piezas, hasta la fecha, la
Sección 4 Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado nueve
sentencias, que corresponden a 11 piezas. La primera (24 de julio de 2023),
correspondiente a las piezas Iron-Land-Pintor, acabó con la condena a Villarejo
a 13 años de prisión. En la última, el pasado 5 de mayo, el excomisario ha sido
condenado a tres años y medio de cárcel por el robo del móvil a Dina
Bouselham en noviembre de 2015, que por entonces era asesora del ex secretario
general de Podemos, Pablo Iglesias.
Caso del novio de Ayuso: a la espera del juicio tras 10 meses
El 22 de marzo de 2024, el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid abrió
causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador,
por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros y
servirse para ello de una trama de facturas falsas.
La instrucción finalizó el 29 de mayo de 2025, apenas unos días antes de
que el Tribunal Supremo dejara al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a un paso del banquillo. El
motivo bebía de la investigación a la pareja de la expresidenta madrileña: la
emisión de una nota de prensa con la que quiso desmentir el bulo de que era la
Fiscalía la que pedía un pacto al novio de Ayuso y que después por órdenes de
arriba lo tumbó.
El pasado 22 de septiembre, la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción
19 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, abrió juicio oral contra el empresario. Casi diez
meses después, la causa está a la espera de que se fije la fecha de la vista
oral (se prevé que sea después de las elecciones autonómicas previstas para
mayo de 2027). Amador será juzgado por dos delitos contra la Hacienda pública,
falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a
grupo criminal.
Por otro lado, el 23 de octubre de 2024, este mismo juzgado abrió una pieza separada para investigar la
relación de González Amador con el Grupo Quirón. La causa, "paralizada" –según denuncian las acusaciones populares– versa
sobre el presunto soborno de la pareja de Ayuso a un directivo del Grupo Quirón en el contexto de la comisión de dos
millones de euros obtenidos por la intermediación en la compraventa de
mascarillas durante la pandemia.
'Caso Montoro': más de ocho años de instrucción
La presunta trama de favores fiscales a empresas, sobre todo
gasísticas, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda con Mariano
Rajoy, comenzó a investigarse por el Juzgado de Instrucción 2 de
Tarragona el 2 de junio de 2018. Sin embargo, no se supo de su existencia hasta
el 19 de junio de 2025, cuando se levantó el secreto de sumario.
El pasado mes de enero, el juez Rubén Rus acordó ampliar
la investigación hasta el 26 de julio de este año, sin perjuicio de que haya
nuevas prórrogas, a la espera de recibir nueva documentación solicitada por
la Fiscalía Anticorrupción, como las "hojas
registrales completas, memorias y las cuentas anuales entre 2008 y
2025" de Equipo Económico, el despacho protagonista de la presunta
trama, y de las sociedades Global Afteli SL, la actual propietaria de
Equipo Económico, y de Montoro y Asociados.
LAS CAUSAS DEL PSOE
En lo que respecta al partido de Pedro Sánchez, Público ha analizado el desarrollo de las cinco
causas judiciales que han afectado al PSOE y al Gobierno en los últimos años,
siendo el principal caballo de batalla de la derecha contra el presidente del
Ejecutivo. Además de la causa de los ERE.
'Caso ERE': dos años desde la instrucción hasta el juicio de la 'pieza política'
El 19 de enero de 2011 nació en el Juzgado de Instrucción número 6 de
Sevilla el caso sobre el fraude de los ERE de Andalucía, que investigó el
uso de fondos públicos para beneficiar a afines al PSOE. No fue hasta
julio de 2014 cuando la entonces jueza instructora, Mercedes Alaya, elevó una
exposición razonada al Supremo para investigar a varios aforados, entre los que
se encontraban los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En febrero de 2015, el Alto
Tribunal les citó a declarar como imputados, pero su renuncia en junio como
diputado y como senador autonómico, respectivamente, obligó a devolver el
asunto al juzgado de instrucción sevillano.
El 17 de noviembre de 2015,
la entonces titular del juzgado, María Núñez Bolaños, decidió abrir la pieza
separada del conocido "procedimiento específico" de los ERE, también
llamada pieza política. El 31 de mayo de 2016 se acordó el
procesamiento de Chaves y Griñán, y el 3 de noviembre del mismo año se les
abrió juicio oral.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla sentó en
banquillo, entre otros dirigentes, a los dos expresidentes desde el 13 de diciembre de 2017 hasta el 17 de diciembre del año
siguiente. La sentencia condenatoria llegó casi un año después de que el juicio
quedara visto para sentencia, el 19 de noviembre de 2019. El 26 de julio de
2022, el Supremo confirmó las condenas. Si bien, el 16 de julio de 2024, el
Tribunal Constitucional las anuló.
Otra cuestión son los tiempos de las decenas de piezas que no afectaban a
Chaves y Griñán. Según informan fuentes del TSJA a Público, a fecha 24 de abril de 2026 había un total de
57 piezas separadas del caso ERE en trámite en el Juzgado de Instrucción número
6 de Sevilla, de los que 36 se encuentran en fase de instrucción de diligencias
previas y los 21 restantes en fase intermedia tras haberse dictado el auto de
transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Además,
hay un total de 76 piezas separadas del caso terminados por elevación a la
Audiencia Provincial de Sevilla para enjuiciamiento. De estas piezas, hasta
ahora, se han juzgado y cuentan ya con sentencia 31 piezas en total.
'Caso Begoña Gómez': apertura del juicio oral en poco más de dos años
El 16 de abril de 2024, el juez Juan Carlos Peinado inició la investigación
judicial contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, a raíz de
una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias,
basada en recortes de prensa.
Tras una excéntrica instrucción, cargada de correcciones por
parte de órganos superiores, el titular del Juzgado de Instrucción 41
Madrid propuso el pasado 11 de abril de 2026 llevar a juicio a la mujer del
líder del Ejecutivo; a su asesora, Cristina Álvarez,
y al empresario Juan Carlos Barrabés. Poco más
de dos meses después, en un polémico auto fechado el 20 de junio de este año,
el instructor les envió a un juicio con jurado.
Salvo que lo impida la Audiencia de Madrid, Gómez y Álvarez se sentarán en
el banquillo por los delitos de tráfico de
influencias, corrupción en los negocios en el sector privado
entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales
públicos. Al empresario Juan Carlos Barrabés,
a quién Peinado imputó en el marco de una pieza separada –abierta el 18 de
junio de 2026–, se le acusa de los delitos de tráfico de influencias y
corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares. En un
reciente escrito, la Fiscalía ha pedido la absolución de los acusados.
'Caso David Sánchez': juzgado en dos años
El juicio contra David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, por las
presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz en
2017, quedó visto para sentencia el pasado 9 de junio. La
causa, abierta el 30 de mayo de 2024 por el Juzgado de Instrucción 3 de
Badajoz, también partió de una denuncia de Manos Limpias. Se
fundamentó en recortes de prensa y en una acusación falsa sobre un
presunto enriquecimiento, al atribuirle un incremento patrimonial de un millón
y medio de euros. La UCO desmintió este extremo al constatar que en sus cuentas
bancarias no existía esa cantidad, sino 71.000 euros en acciones.
La instrucción culminó un año después de abrirse, el 28 de abril de 2025, y
a pesar de que la denuncia inicial de Manos Limpias fue perdiendo fuelle a medida que avanzaban las pesquisas de
la UCO. Si bien, la jueza ordenó hasta tres registros en
la Diputación de Badajoz para requisar correos electrónicos
relacionados con la convocatoria de la plaza en cuestión (la UCO analizó
56.000 mails). El 22 de mayo del año pasado, la
magistrada, en contra del criterio de la Fiscalía, dictó el auto de apertura
del juicio oral, aunque la causa llegó a juicio por unos hechos distintos a los
que motivaron el inicio de las pesquisas: la sospecha de que su puesto fue
creado "con la finalidad de ser adjudicado" a David Sánchez.
Caso del fiscal general: juicio en poco más de un año
La causa que acabó en la condena inédita al ya ex fiscal general del
Estado Álvaro García Ortiz se remonta al 7 de mayo de
2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptó investigar la querella presentada por Alberto González Amador contra los fiscales Pilar
Rodríguez y Julián Salto por presuntas filtraciones a la prensa de su causa por
fraude fiscal.
Pero, sin duda, dio un salto cualitativo cuando
el Alto Tribunal abrió causa contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito
de revelación de secretos el 16 de octubre del mismo año a raíz de la
exposición razonada enviada por el instructor del TSJM, y de las querellas y
denuncias presentadas por el novio de Ayuso y el Colegio de Abogados de Madrid.
Al tratarse del Supremo, órgano que principalmente resuelve en casación y
apenas instruye causas judiciales (solo las relacionadas con aforados), la
causa corrió como la pólvora: el 9 de junio de 2025 se dictó auto de
procesamiento y el 9 de septiembre se abrió juicio oral, que se celebró en
noviembre del mismo año. El fallo condenatorio se avanzó el 20 de noviembre y
no fue hasta el 9 de diciembre, 19 días después, cuando la Sala Segunda del Supremo hizo pública la sentencia,
que contó con el voto particular de dos magistradas.
'Caso Koldo': juicio a Ábalos en menos de un año y medio
Algo similar ocurrió con una de las piezas del caso Koldo, la llamada causa especial por la compra de
mascarillas durante la pandemia. El caso, que se sigue en el Juzgado Central de
Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, se abrió el 8 de septiembre de
2023. Si bien, la Sala de lo Penal del Supremo abrió una pieza separada
el 5 de noviembre del año siguiente contra el exministro José Luis Ábalos, por entonces diputado (y aforado), su
exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Prácticamente un año después, el 3 noviembre del 2025, el juez instructor,
Leopoldo Puente, les dejó a un paso del banquillo y casi un mes
después (11 de diciembre), abrió juicio oral contra los ahora condenados, que se
celebró desde abril hasta junio del presente año.
La sentencia del caso mascarillas,
dada a conocer el pasado 22 de junio, ha convertido a José Luis Ábalos en el exministro con la mayor condena por corrupción de la democracia. La
Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó al exdirigente socialista a 24 años y
tres meses de prisión. Muy cerca se sitúa su exasesor ministerial Koldo García, condenado a 19 años y ocho meses. Y, muy
por detrás, el empresario Víctor de Aldama,
condenado a cuatro años y medio, pero que no ingresará en prisión ni devolverá los 3,7 millones de
las comisiones por el pelotazo de las mascarillas.
El resto de la investigación continúa en el citado juzgado de la Audiencia
Nacional, donde el juez Ismael Moreno investiga en piezas separadas el presunto
amaño de obras públicas, los pagos en metálico del PSOE y la compra de
material sanitario en Canarias y Balears.
OTRAS CAUSAS
'Caso Neurona': todo archivado después de tres años y cinco meses
El 12 de diciembre de 2023, el magistrado Juan José
Escalonilla archivó de manera definitiva el caso Neurona contra Podemos. El titular del Juzgado de Instrucción 42 de
Madrid abrió la investigación el 16 de julio de 2020 a raíz de la denuncia del
abogado despedido de formación morada José Manuel Calvente.
Aunque el letrado declaró ante el juez que su conocimiento de parte de los
hechos que denunciaba procedía de "rumores a nivel de militancia", el
magistrado no cejó en su empeño para investigarlos, desplegando una amplia
cartera de diligencias.
La causa, que se llegó a desgajar en siete piezas separadas, fue
perdiendo fuelle a medida que iban llegando los archivos. Los más sonados se
produjeron el 12 de enero del 2022, con la línea relativa a la
presunta caja B de Podemos, mientras
que el del caso niñera llegó el 22 de
julio de 2022. La pieza principal fue la última en cerrarse tres
años y cinco meses después del inicio de la investigación. Era la relativa al
contrato con la consultora mexicana Neurona, en
la que estuvieron imputados por presunto delito electoral Podemos;
su responsable de finanzas, Daniel de Frutos; su director de comunicación, Juan
Manuel del Olmo; y el cofundador del partido Juan Carlos Monedero.
'Tarjetas black': dos años hasta el juicio
Tras dos años de diligencias, el juicio por el uso de tarjetas opacas de
Caja Madrid comenzó el 26 de septiembre de 2016. Esta causa dimanó del caso Bankia, que se judicializó el 4 de julio de 2012.
El 8 de octubre de 2014, a raíz de un informe de la Fiscalía Anticorrupción
remitido días antes, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abrió una pieza separada para
investigar el uso de tarjetas de crédito, opacas al fisco, por parte 86
directivos de Caja Madrid, que las utilizaron sin control alguno hasta
gastar 12 millones de euros en nueve años.
La sentencia llegó el 23 de febrero de 2017, condenando por delito
continuado de apropiación indebida a los 65 acusados que utilizaron las
tarjetas. La Sección Cuarta fijó las penas más elevadas para los dos
expresidentes ejecutivos Miguel Blesa (seis
años) –ya fallecido–, de Caja Madrid, y Rodrigo Rato (cuatro
años y seis meses), de Bankia.
En el caso de este último, el 10 de octubre de 2018, el Tribunal
Supremo confirmó la condena de
quien fuera vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda con José María
Aznar.
'Caso Pujol': 13 años entre el inicio de la instrucción y el juicio
Las diligencias que dieron lugar al caso Pujol se
abrieron el 28 de diciembre de 2012 a raíz de la denuncia presentada por María Victoria
Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola,
el primogénito de la familia. El 29 de julio de 2014, el juez Pablo
Ruz citó como imputado al primogénito de la familia y a su esposa, Mercé
Gironés Riera.
La imputación del expresident de
la Generalitat Jodi Pujol Soley y de su
esposa, Marta Ferrusola, no llegó hasta diciembre de 2015.
Cinco años después, el magistrado de la Audiencia Nacional José
de La Mata dictó el auto de procedimiento abreviado, en
el que propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por delitos
de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito
contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Desde que se emitió el auto de apertura de juicio oral (16 de junio de
2021) hasta el inicio de la vista oral, en noviembre de 2025, transcurrieron
casi cuatro años y medio. El juicio, en el que el expresident quedó eximido por demencia, quedó visto para sentencia el
pasado mes de mayo.
Es decir, en este procedimiento también se produjo una enorme dilación, igual que con algunas causas contra
dirigentes del PP.
'Caso Nóos': cinco años y medio hasta el juicio
El caso Nóos pasó a la historia por ser la causa
que sentó en el banquillo a una infanta. Proviene del caso Palma Arena, iniciado en agosto de 2008. Esta
pieza separada número 25 se abrió el 22 de julio de 2010. Casi cuatro años
después, el juez José Castro, entonces titular del Juzgado de Instrucción
número 3 de Palma, dio el paso previo para llevar a la infanta Cristina a
juicio (25 de junio de 2014), una pretensión que se materializó el 22 de
diciembre de 2014, dos días antes de que el rey Felipe VI pronunciara su primer
discurso de Navidad.
La vista oral arrancó en enero de 2016 y finalizó en junio del mismo año. La sentencia de la
Audiencia Provincial de Palma fue dictada en fecha 17 de febrero de
2017. La hermana del rey fue absuelta de
la acusación de cooperadora en delitos fiscales que pesaba sobre ella, mientras
que su entonces marido, Iñaki Urdangarin,
fue condenado a seis años y tres meses de prisión. El 12 de junio de 2018, el
Supremo confirmó su condena.
