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martes, 28 de abril de 2026

28/04/2026 - ¿SÁNCHEZ UNA MIERDA? ¿MARLASKA UNA RATA? EL LENGUAJE QUE ANTICIPA LA BARBARIE



Cuando un dirigente político utiliza esas expresiones no se está limitando a comportarse como un grosero

JUAN TORRES LÓPEZ

El líder de Vox, Santiago Abascal, acaba de referirse al presidente del gobierno llamándole "mierda" y ha calificado al ministro del Interior como "rata".

No es poca cosa.

Cuando un dirigente político utiliza esas expresiones no se está limitando a comportarse como un grosero. No es simplemente un malhablado que carece de educación. Es alguien que está cruzando una línea para indicar a sus seguidores que todo vale contra el otro, que el diferente no merece respeto y que puede ser despreciado y vejado sin límite alguno.https://adserver3.bigapis.net/www/delivery/lg.php?bannerid=26281&campaignid=12879&zoneid=27603&loc=https%3A%2F%2Fwww.diariosigloxxi.com%2Ftexto-diario%2Fmostrar%2F5860601%2Fsanchez-mierda-marlaska-rata-lenguaje-anticipa-barbarie&cb=fa42dd0164

Si algo nos enseñó el siglo XX es que no hay que hacer explotar bombas nucleares para que la convivencia se destruya y las sociedades se destrocen a sí mismas. La historia nos mostró que las grandes catástrofes no empiezan con hornos ni con fosas comunes, sino mucho antes, en el terreno aparentemente inofensivo del lenguaje. Antes de la maquinaria de exterminio nazi hubo algo más sencillo y peligroso: discursos transformando al adversario en amenaza, al diferente en plaga, y a seres humanos en problema. La maquinaria de muerte sólo se puso en marcha cuando antes se habían hecho cotidianas y banales las palabras que deshumanizan sistemáticamente al otro.

Lo que está ocurriendo hoy en el mundo es bastante diferente, por muchas razones, de aquel desastre, pero el mecanismo que produce la barbarie es el mismo: extender la idea de que hay seres y vidas humanas que valen menos que otros.

No hace falta construir cámaras de gas ni disparar cañones para entrar en el territorio peligroso de la barbarie. Basta con aceptar que hay personas a las que se puede insultar como animales, tratar como simples números, o borrar del mapa cuando convenga.

Eso es lo que ahora ya estamos viviendo. Abascal llama mierda a Pedro Sánchez (ya lo llamó en su día "hijo de puta") o rata a un ministro; Trump considera que sus adversarios políticos son "alimañas" a las que hay que "erradicar"; dirigentes israelíes afirman que los palestinos son "animales horribles e inhumanos"; Milei dijo en el Foro Económico de Madrid que había que acabar con "los socialistas de mierda", mientras los 700 liberales allí reunidos gritaban "Pedro Sánchez, hijo de puta, Pedro Sánchez, hijo de puta, Pedro Sánchez, hijo de puta".

Son sólo algunos ejemplos, pero lo importante es lo que hay detrás, porque sabemos que el problema no es la violencia y la guerra cuando ya se han desatado. Es su justificación previa. Es el lenguaje que la hace digerible, que la convierte en coloquial, necesaria e incluso en virtuosa y natural. Es la comodidad y la impunidad con la que se difunden palabras, insultos y amenazas que tendrían que helarnos la sangre y el corazón, pero que ya empezamos a asumir como normales.

Hay que decirlo. Cuando al adversario político se le llama "alimaña" o “rata”, cuando individuos o colectivos de personas son descritos como “basura” o "mierda", o señalados como una amenaza existencial ("los nacionales primero"), lo que se pone en juego y se degrada no es solo el tono del debate público. Es algo más profundo, la idea de que formamos parte de una humanidad compartida y que no todo puede estar permitido para que unos se impongan sobre otros.

La diferencia entre una sociedad sana y la que se desliza hacia la barbarie, la destrucción y la muerte no se encuentra en los grandes gestos, sino en esos términos que ya casi nos empiezan a pasar desapercibidos, en esos desplazamientos hacia el mal, tan aparentemente pequeños, que incluso se hacen pasar por una gracieta ("me gusta la fruta", para llamar hijo de puta al presidente democrático de un país).

Las sociedades no se rompen de golpe. Se deslizan poco a poco, palabra a palabra, insulto a insulto. Primero se tolera, luego se aplaude, después se vota. Y, cuando nos queremos dar cuenta, ya es demasiado tarde para decir que no sabíamos hacia dónde nos llevaba todo lo que estábamos oyendo.

 

 

lunes, 27 de abril de 2026

27/04/2026 - ESOS CHEFS QUE HEMOS TENIDO EN LA KITCHEN ESTATAL (II)

 

ÁNGEL MORILLO TRIVIÑO

Bien, a continuación, voy a hacer una pequeña reseña de cada uno de los personajes - “chefs”- que más han influido en que este país esté a la cabeza de la mayoría de las calamidades que soportan los países más desarrollados (OCDE y UE), pues de los otros, los del tercer mundo, mejor no hablar: “Demasiado fango sin ninguna solución”.

Pero, antes de seguir, quiero que nadie olvide que estoy hablando de unos escritos del año 2021, y entonces Pedro Sánchez no había dicho eso de “no a la guerra” que lo ha lanzado y encaminado a la renovación de su mandato presidencial, y que ha dado lugar a que servidor haya publicado su escrito “El mejor Presidente de la Democracia”. Simplemente para que nadie me tache de nada ni me ponga etiquetas de ningún tipo. No soy ni de izquierdas ni de derechas (intentando darle la razón a José Ortega y Gasset cuando dijo que ser de izquierdas es, como ser de derechas, una de las infinitas formas que el hombre puede elegir para ser un imbécil), soy de la razón.

El primero del top (palabro con el que se hacen ahora las clasificaciones y que traducido al castellano significa “cima”), es sin duda el “chef” D. Felipe González Márquez, socialista -que dice él- Ex Presidente de Gobierno. Seguro que nadie tiene tantas “estrellas michelín” como él, o cuando menos no tan grandes. Según la prensa independiente (poca por desgracia) este “chef” -en la actualidad neoliberal, ¡quién nos lo iba a decir! - fichó por Gas Natural (hoy Naturgy) en el año 2010 -en lo peor de la crisis económica- como consejero con un sueldo anual de 126.500 €. Cinco años y casi medio millón de euros después el que fuera presidente del Gobierno durante 14 años dejó el Consejo de la compañía ya que el trabajo le resultaba muy “aburrido”. En la actualidad, tiene negocios en varios países e incluso se le relaciona con el dinero de los cárteles colombianos de la droga (tiene la doble nacionalidad española-colombiana) y es “amigo” de más de un milmillonario del mundo occidental…, que se sepa, pues igual también lo es de alguno del mundo oriental. Todo un “chef” excepcional con el que podríamos llenar no sólo este escrito sino un cartapacio de esos que aparecen en los Juzgados, de los que, por cierto, se pierden hojas en muchas ocasiones y no hay dios que los enderece luego.

Le sigue, el “chef” D. José María Aznar (Presidente del país desde 1996 a 2004). Impulsó la privatización definitiva del sector eléctrico y fue contratado como Asesor del Consejo de Administración de Endesa en 2014 con un sueldo de 200.000 € anuales, ampliable a 300.000 en función de determinados objetivos que es fácil imaginar. Este “chef” es capaz de “recocinar” (“overcook”) un pollo con piedras de arroyo. Anda dando “tumbos” por los círculos políticos del país como si fuera el Sah de Persia, sin que ni tan siquiera los suyos le hagan el menor caso, ya que, lo consideran un caso puro de inutilidad pública (aunque nadie se atreva a decírselo en la cara) al estar considerado dentro de la política mundial como uno de los tres peores presidentes de toda la historia democrática y dictatorial por una revista de prestigio internacional. Maneja la fundación FAES (que recibe ayudas públicas muy cuantiosas), imagínense de qué manera. Abdicó (sí, en España los políticos -como los reyes- abdican), si mal no recuerdo, en D. Mariano Rajoy que, pudiera ser que esté mezclado en varios “asuntos sucios” del PP en manos del Sr. Bárcenas. Veremos en qué queda todo, a pesar de que pinta mal para más de un Alto Cargo del Partido Popular sino lo arreglan las famosas prescripciones judiciales. No olvidar que este “chef”, para hacerse una foto con el presidente americano, nos metió en una guerra que no hace falta explicar cuáles han sido más tarde sus consecuencias y, que yo sepa, nunca se ha arrepentido como hizo su colega el “chef” inglés Toni Blair, que por lo menos reconoció su error. Es conocido como el Presidente de las “armas de destrucción masiva”, que no han sido otras que las por él empleadas para empobrecer a los ciudadanos de su país o con las que, según parece, “trafica” su yerno. Su esposa, que fue alcaldesa de Madrid (nada más y nada menos para una, previsible, analfabeta funcional), se merece un capitulo completo aparte. Ahí están sus famosas ventas inmobiliarias a unos fondos buitre, lo cual ha estado a punto de dar con sus huesos entre rejas de no ser gracias a que se “movió” la venda de la justicia. Política desastrosa (“disastrous politics” que dirían en Oxford), salvada gracias a una Judicatura que deja, en muchos casos (ver el de Cristina Cifuentes, por ejemplo), bastante que desear.

En el siguiente top está D. Leopoldo Calvo Sotelo (ex Presidente del Gobierno con UCD de 1981 a 1982, poquito tiempo, pero suficiente). El segundo Presidente de la democracia fue fichado por Unión Fenosa en 1998 y ejerció el cargo en el Consejo de Administración de la Compañía hasta 2002. Como Presidente del Gobierno no tuvo tiempo de hacer “el huevo”, pero le sirvió para unos cuantos años más en Unión Fenosa y ahí seguro que sí lo hizo. Es fácil que a medida que vayan saliendo “chefs” pase del top señalado a puestos más retrasados, a todo hay quien gane dice el dicho. Revisaremos..., si es necesario.

No digo nada de los ex Presidentes Zapatero y Rajoy porque no han utilizado las “puertas giratorias”. Cuando menos, que se sepa, directamente; pero seguro que huelen también a “chamusquina”. Sin balón hay también grandes futbolistas (Di Stéfano y Raúl lo fueron; por supuesto, también con balón), no lo olviden.

Dice Martín Cúneo (escrito del 16/01/21): “Desde los inicios de la privatización del sector, cientos de Altos Cargos Públicos han acabado en los Consejos de Administración de las pocas empresas que controlan la generación, la distribución y la comercialización de la energía. El resultado del experimento, el esperable: una política energética a medida de los intereses del oligopolio que domina el mercado eléctrico. Más de 20 ministros, tanto del PSOE como del PP, y muchos más secretarios de Estado, pasaron de diseñar e impulsar las normas que rigen el mercado eléctrico a cobrar sueldos millonarios gracias a estas “puertas giratorias”. Todos los grandes timoneles de la economía española han terminado trabajando para los intereses de las eléctricas en detrimento de los del Estado: Miguel Boyer, Pedro Solbes, Luis de Guindos, Rodrigo Rato (que no lo hizo en plantilla, pero facturó a Endesa 25,8 millones de euros de forma ilegal, actualmente libre por arte de “birlibirloque”) y Elena Salgado. Sin olvidar a Beatriz Corredor (ex ministra de Vivienda con el PSOE) que ha sido nombrada en el 2020 presidenta de Red Eléctrica de España con un sueldo de 546.000 € anuales. En septiembre de 2020, Iberdrola fichaba a la ex ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y a la antigua titular de Empleo, Fátima Báñez, para dos de sus filiales en Brasil y México”.

Hay historias personales que explican muy bien cómo funcionan las “puertas giratorias”. Fijémonos por un momento en la trayectoria personal de Carmen Becerril que pueden leer en el escrito antes citado de Martín Cúneo del 16/01/2021. Yo, voy a seguir con los “chef” más destacados empezando por los del PSOE y el PP, y con algunos de otras formaciones que también tienen “estrellas michelín”. Pero les recomiendo encarecidamente que lean al completo ese escrito que acabo de citar de Martín Cúneo para entender bien lo que constituye el expolio al pueblo español de las “puertas giratorias”.

Siguiente “chef” del top “socialista” (las comillas se las pueden imaginar): D. Miguel Boyer, ex ministro de Economía y Hacienda (1982-1985). En sus tres años como “superministro” inició la liberación de la economía con el decreto que lleva su nombre. Partidario dela privatización del sector público, en las elecciones de 1996 apoyó al “chef” José María Aznar (ahí queda eso). Fichó como consejero de Red Eléctrica y dejó su cargo en 2014, después de agotar el número máximo de mandatos.

Le sigue el “chef” “socialista” D. Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas (2004-2007). Al igual que su sucesora en la presidencia de Red Eléctrica Española, la “cook” Dña. Beatriz Corredor, recibía un sueldo de cerca de medio millón de euros anuales. Duró en la presidencia de red Eléctrica de España sólo 19 meses. Renunció a finales de enero de 2020 por desavenencias con la ministra de Transición Ecológica, Dña. Teresa Ribera.

A continuación, va el “chef”, “cook” en este caso, Dña. Ángeles Amador Millán, ministra de Sanidad (1993-1996). Ministra en los últimos años del Gobierno del “chef” de los “chef”, Felipe González, se transformó en consejera independiente del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España el 26 de mayo de 2005, cargo que ocupó más de una década.

Le sigue en el top “socialista” el “chef” D. Luis María Atienza Serna, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (1994-1996). Miembro del Parlamento Vasco desde 1990 y consejero de Economía y Planificación del Gobierno Vasco entre 1989 y 1990, el “chef” Atienza asumió la cartera de Agricultura en el último Gobierno del “chef” de los “chef”. Desde julio de 2004 hasta marzo de 2012 fue presiente de Red Eléctrica de España (REE).

Siguiente “cook” “socialista”: Dña. Elena Salgado, ministra de Economía (2009-2011). Vicepresidenta para Asuntos Económicos durante los últimos años de Zapatero, también ejerció como ministra de Sanidad y Consumo entre 2004 y 2007. En marzo de 2012, pocos meses después de dejar el Gobierno, Endesa anunció que fichaba a Salgado como consejera de Chilectra, su filial en Chile. Con esta operación, la multinacional eludía el régimen de incompatibilidades al tratarse de una empresa radicada en el extranjero.

Vamos con otro “chef” “socialista” excepcional: D. Pedro Solbes, ministro de Economía (2004-2009). El cerebro económico de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero fichó en abril de 2011 por Enel, propietaria de Endesa. Según El Plural (prensa “socialista”), en tres años como consejero independiente se embolsó 400.000 €. Años atrás fue el encargado en el Gobierno español de gestionar la autorización de la venta de Endesa a la multinacional italiana. Es uno de los “chef” con más “estrellas michelín”.

Y otro destacado “chef” (son tantos) del socialismo español es: Joan Majó i Cruzate, ministro de Industria y Energía entre 1985 y 1986, que sustituyó a Carlos Solchaga en ese Ministerio durante la primera presidencia del “chef” de los “chef” D. Felipe González. Fue nombrado parte del consejo asesor de Endesa en 2011.

Le sigue en el amplio listado, Narcís Serra i Serra, Vicepresidente del Gobierno de 1991 a 1995. Ministro de Defensa entre 1982 y 1991, cuando se convirtió en vicepresidente del Gobierno del “chef” de los “chef”. Serra se incorporó al consejo de administración de Gas Natural en 2008 en representación de Catalunya Caixa, entidad de la que era presidente desde 2005. Su gestión de la caja terminó enterrada en juicios.

Otro que mejor baile -otra en este caso, también hay grandes “cook”- del socialismo engañoso español: Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación del 2008 al 2011. La ministra de Ciencia de Rodríguez Zapatero, que ya venía de la empresa privada y de la directiva de la CEOE, se incorporó al consejo de administración de Gas Natural en 2015, coincidiendo con la salida del “chef” de los “chef” de la compañía. Su incorporación también coincidió con la de la ex comisaria de Exteriores Benita Ferrero.

Ahora viene un “chef” que a servidor le parece quizás uno de los pocos “chef” respetable del PSOE, aunque al final también haya pasado por una “puerta giratoria”: Javier Solana, ministro de Asuntos Exteriores de 1992 a 1995. Fue también ministro de Educación y de Cultura, portavoz del Gobierno, Diputado, Secretario General de la OTAN… En 2010 se incorporó a Acciona como asesor de asuntos internacionales.

Hasta aquí, la segunda parte de este escrito que, reitero, he dividido para no dejar a “nadie” sin nombrar, pues los españoles se merecen conocer a los buenos “chefs” del país en el que mejor se come del mundo..., y donde más “cuchipandas” hay.

27/04/2026 - "LOS QUE ME SULIBELLAN"

 

ÁNGEL MORILLO TRIVIÑO

Por diversos motivos, he asistido a unos cuantos juicios. Recuerdo uno en el que fui denunciado por decir públicamente que el Alcalde había ordenado en un erial el trazado de un carril bici que además de estar cuesta arriba y cuesta abajo (sólo apto para ciclistas como Bahamontes y un cuñado mío que en su juventud fue un ciclista aficionado muy bueno) pasaba por la puerta de un taller mecánico, con la consiguiente peligrosidad para los “atrevidos” que fueran capaces de usarlo. Me costó decirlo 800 € por injurias. Pero el carril sigue ahí, y, como no podía ser de otra forma, no lo utiliza ningún ciclista y sí algunas señoras para intentar adelgazar o rebajar el colesterol. Es decir, la justicia estuvo más que acertada, ¿cómo se iba a condenar a todo un Sr. Alcalde porque alguien dejara entrever que, previsiblemente, con la obra pudiera haberse dado el caso de una mordida como dicen en Cataluña del “tres por cent”? 

En otra ocasión -si ánimo de aburrirles con mis asuntos- presencié un juicio en el que el denunciante fue vilmente tratado por una fiscala (presuntamente, “fiscalilla”) y por una jueza (incluso ignorando que había un testigo) para absolver a dos policías municipales sicarios del Alcalde que habían entrado en el domicilio del denunciante y lo habían amenazado, al parecer, con frases como “te vamos a coger mientras estas por el campo y te vamos a dar un paseo” para que recibiera una documentación que no era para él y prescribía ese día. Al denunciante se le negó la palabra y sólo fue autorizado a contestar las preguntas de jueza y fiscala y del abogado de los acusados, en un flagrante desprecio de la ley, ya que todo el mundo sabe que la última palabra en un juicio la tiene el denunciante o su abogado si está asistido, que no era el caso puesto que estaba solo dado lo claro que estaba el caso. Lástima que el padre del denunciante se encontraba en un hospital acompañando a su esposa recién intervenida de una operación quirúrgica importante, pues de haber estado en casa, esos policías municipales saben cómo habrían salido de la vivienda y hubieran sido ellos lo que habrían tenido que poner la denuncia. En fin… sólo quiero decir con esta introducción que hay juicios que dejan bastante que desear, aunque no se puede afirmar que sean todos, pues hay jueces que sí respetan la ley con todas sus consecuencias, ciertamente, como se está viendo a diario, los menos.

En estos días estamos siendo informados del juicio de la Kitchen (lo de la policía patriótica y lo de Sherlock Holmes y su querido Watson del Ministerio del Interior) y de lo que van contando los imputados y los testigos en la Audiencia Nacional. Pero, ese juicio, lo diga quien lo diga y diga la justicia lo que diga, se ha iniciado “cojo”. Tres personas deberían estar entre los imputados (o como se dice ahora, investigados), la Sra. Soraya Sáenz de Santamaría, la Sra. María dolores Cospedal, y Don Mariano Rajoy Brey, el ultra-famoso M. Rajoy de los papeles de Bárcenas (un desconocido para los más afamados cerebros de la investigación), y quién sabe si algunas personas más. Hay quienes -para quitar hierro al asunto- después de la comparecencia de D. Mariano Rajoy y Dña. María Dolores de Cospedal dicen que se puede abrir otra pieza, lo cual, después de ver el tiempo que ha pasado para iniciar ésta (¡13 años!), nos lleva a pensar que se puede hacer eterno el caso, que para cuando pueda haber un veredicto hayan fallecido la mayoría de los que pudieran ser condenados.

A un servidor, por supuesto, con todos los respetos, lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional le recuerda esa canción que cantaban en los años 70 Carlos Mejía Godoy y su grupo “son tus pérjumenes -perfumes- mujer”, de ahí el título de este escrito. Pues pienso -siempre con el correspondiente presuntamente- que tanto al Sr. Rajoy como a la Sra. Cospedal sólo les ha faltado durante su comparecencia cantarle a la Sra. jueza o Sra. magistrada la canción y muy entonadamente el estribillo “los que me sulibellan”. Ya que, el vocablo “sulibellan”, aparte de significar “levantarse”, “emerger” o “salir a flote”, también significa “fascinar”, “encantar” “soliviar”, “sentir goce y placer” …  en fin, que con música el juicio estaría siendo, con perdón si es necesario, más ameno. 

Por favor, que nos pongan la balanza, sólo para que los españoles sepamos cuánto más pesa la corrupción que la dignidad.

27/04/2026 - LECCIONES DE LA HECATOMBE DE IRAK

 

Eduardo Luis Junquera Cubiles

La experiencia de Irak en 2003 ofrece una advertencia histórica. Se llamó Operación Libertad Iraquí, pero costó cientos de miles de vidas, generó el Estado Islámico y entregó Irak a la influencia de Irán, el país que supuestamente había que contener. Veintitrés años después, parecidos argumentos y el mismo lenguaje apuntan al régimen iraní. Washington no ha extraído lección alguna de aquella catástrofe.

La invasión liderada por Estados Unidos en 2003 fue una operación militar basada en premisas falsas —como la existencia de armas de destrucción masiva—, con el objetivo de reconfigurar la economía de Irak en favor de intereses externos. Bajo la autoridad de la Coalition Provisional Authority (CPA) y el liderazgo de Paul Bremer, el país fue sometido a una transformación neoliberal acelerada. Amparadas en la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de la ONU, las autoridades de ocupación implementaron más de un centenar de órdenes ejecutivas que rediseñaron Irak como una economía abierta y subordinada. La Orden 39 permitió la propiedad extranjera total de empresas iraquíes y la repatriación inmediata de beneficios. La Orden 17, por su parte, otorgó inmunidad legal a contratistas no iraquíes y redujo los impuestos y aranceles de forma drástica, dejando a la economía local sin mecanismos de defensa.

La Orden 1 prohibió a los miembros del Partido Baaz ocupar cargos públicos. Esto provocó que, de la noche a la mañana, el Estado se quedara sin directores de hospitales, médicos y enfermeros, jueces, ingenieros eléctricos, gestores de agua, profesores de universidad, primaria y secundaria, y burócratas experimentados que hacían funcionar el país, lo que contribuyó a su colapso. La disolución del aparato estatal y las privatizaciones masivas generaron un desempleo que alcanzó niveles cercanos al 70%. Servicios básicos como el agua potable, la electricidad o la sanidad dejaron de funcionar en amplias zonas del país. Mientras tanto, la violencia se disparó, alimentada por el desmantelamiento del tejido social y económico y por el resentimiento contra la potencia invasora. En contraste, grandes corporaciones estadounidenses como Halliburton, Blackwater o Bechtel obtuvieron contratos multimillonarios en condiciones opacas y sin competencia real. La reconstrucción se convirtió en un negocio obsceno en el que fondos públicos y recursos iraquíes fueron canalizados hacia empresas con estrechos vínculos con la Administración estadounidense. El resultado fue una transferencia masiva de riqueza en medio del caos.

Las reformas de la CPA entraban en conflicto con el marco jurídico internacional que regula las ocupaciones militares. Tanto las Convenciones de La Haya de 1907 como el IV Convenio de Ginebra establecen que una potencia ocupante debe administrar el territorio sin alterar de forma estructural su orden económico y social. La ocupación estadounidense fue mucho más allá de la mera administración provisional, para terminar imponiendo cambios de carácter profundo y permanente. El país pasó de ser una tiranía con ciertas concesiones sociales a un sistema fragmentado, subordinado a intereses externos. La promesa de una “economía de mercado” no trajo prosperidad general, sino desigualdad, precariedad y desestructuración. La caída del régimen alteró el equilibrio regional y abrió la puerta a una mayor influencia iraní por medio del apoyo político y financiero a las milicias chiíes, lo que provocó la extensión de la inestabilidad en Oriente Medio.

Con todo, el error de cálculo estratégico más grave de la ocupación fue la Orden 2 de la CPA, que disolvió el ejército iraquí y dejó a entre 400.000 y 500.000 militares armados sin salario ni pensiones, con un profundo sentimiento de humillación. Este vacío de poder fue aprovechado por Al Qaeda en Irak, liderada por Abu Musab al Zarqawi, que desde 2003 empezó a reclutar yihadistas y oficiales del disuelto ejército. En 2006, ambos grupos se fusionaron, proclamando el Estado Islámico de Irak. La guerra civil siria abrió un nuevo espacio de expansión, y entre 2012 y 2013 el grupo se extendió a Siria, adoptando el nombre de Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS). El resultado fue el aumento del terrorismo sectario entre chiíes y suníes que agravó la fractura de la sociedad iraquí.

No importa qué eufemismos se utilicen con el fin de moldear nuestra percepción de la realidad, el caso iraquí revela una incómoda evidencia: la guerra no solo destruye países, también puede reconfigurarlos para servir a intereses económicos ajenos. Lo ocurrido en Irak tras la invasión ha sido interpretado por diversos analistas como un proyecto de expolio sistemático, donde la ocupación facilitó la colonización económica en beneficio de empresas vinculadas a la Administración Bush. Las lecciones son claras: sin legitimidad, sin protección del tejido local y sin control democrático, las políticas de “libre mercado” impuestas desde el exterior no generan desarrollo. Irak no fue reconstruido: fue rediseñado por un conjunto de halcones neoconservadores como Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz, que actuaron con total impunidad. La misma lógica, con distintos nombres, opera hoy desde Washington.

Las similitudes estructurales entre Irak e Irán son inquietantes. Irán es una potencia regional con un ejército de más de medio millón de efectivos, una red de milicias aliadas extendida por Irak, Siria, Líbano y Yemen, y una economía que, pese a las sanciones, mantiene una clase media urbana nacionalista con importante formación técnica. Si la disolución del ejército iraquí bastó para generar el ISIS, la desintegración del aparato militar y revolucionario iraní generaría un vacío de poder de proporciones incalculables, con milicias armadas, tecnología de misiles y una red regional de alianzas que ninguna fuerza de ocupación podría controlar. La experiencia de Irak fue el resultado predecible de ignorar la complejidad de una sociedad. Con Irán, el riesgo es aún mayor.

La caída del régimen de Saddam Hussein desestabilizó Oriente Medio durante dos décadas y entregó Irak a la influencia iraní. Un colapso del Estado iraní no produciría una democracia liberal, sino una implosión con efectos impredecibles desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, arrastrando consigo los mercados energéticos globales y abriendo nuevos frentes para el yihadismo. Europa no tiene ninguna razón para seguir de forma acrítica las políticas de enfrentamiento de Estados Unidos e Israel con Irán, más aún cuando las consecuencias económicas de un nuevo conflicto en la región serían devastadoras para Occidente. La historia reciente no nos permite ser optimistas. ¿Qué podemos esperar de la pretendida liberación de Irán por parte de quienes, como Trump y Netanyahu, ya demostraron en Gaza que el coste humano no figura entre sus prioridades?

 

27/04/2026 - LAS VIDAS ROTAS DEL CASO BEGOÑA GÓMEZ

esión


Las asociaciones ultraderechistas piden penas desproporcionadas para los actores secundarios del caso que persigue a la esposa del presidente

José Antequera

El caso Begoña Gómez ha terminado con la vida profesional de un puñado de actores secundarios que tuvieron contacto con la esposa del presidente del Gobierno y su famoso máster para la Universidad Complutense de Madrid. Gente que hasta hoy llevaba una vida anónima y tranquila con su trabajo y su familia y que, de la noche a la mañana, ha pasado a las portadas de los periódicos y a ser la comidilla en las embrutecidas y deshumanizadas redes sociales.

Es el caso de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que le llevaba la agenda pública y privada a la primera dama. Hasta el día de hoy, y durante décadas, todas las esposas de los presidentes del Gobierno, desde Suárez hasta Rajoy, pasando por Felipe GonzálezAznar y Zapatero, habían contado con la colaboración de una ayudante para llevar el día a día de un cargo que no es precisamente fácil de desempeñar. Esta norma no escrita se ha roto con la llegada de Pedro Sánchez al poder. O más bien la ha roto el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, que ha decidido investigar hasta las últimas consecuencias, y hasta el último correo electrónico, a las personas del entorno de Begoña Gómez.  

A Cristina Álvarez se la acusa de cómplice de un delito de malversación por haber ayudado a la esposa del presidente con su máster universitario, un calendario de clases sin ánimo de beneficio empresarial (más allá del salario mínimo interprofesional) autorizado por los protocolos oficiales educativos de la Complutense. De buenas a primeras, ha empezado a ser tratada por la Justicia española poco menos que como una peligrosa delincuente, casi como una sanguinaria terrorista. Solo cabe esa conclusión si nos atenemos a las penas solicitadas por la acusación popular, representada por la asociación ultraderechista Hazte Oír, que pide para ella 22 años de cárcel y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés. Nadie que haya llevado una vida recta y honrada sale indemne de un ensañamiento o linchamiento social de tal calibre. Los imputados del caso Begoña Gómez ya no serán las mismas personas con independencia de si son condenadas por el jurado popular (ese es el procedimiento ordenado por el juez Peinado) o absueltas. Habrá un antes y un después. El calvario personal que están sufriendo estos extras o figurantes de la causa por un asunto en el que, no lo olvidemos, no han aparecido pruebas contundentes de corrupción (así al menos lo atestiguan los informes de la UCO de la Guardia Civil y de la Fiscalía), daría para el argumento de una película de terror.

No debe ser plato de buen gusto que una asociación ultraderechista le pida a uno más de veinte años de prisión. Y no solo porque el panorama de poder acabar entre rejas de por vida termina afectando física y psicológicamente (en forma de trastornos como insomnio, ansiedad y depresión), sino porque los imputados quedan marcados para siempre con una especie de lacra o estigma imposible de limpiar. Ni Cristina Álvarez ni Barrabés serán vistos de la misma manera por su comunidad, por sus compañeros o su entorno profesional. El oficio de consultor se basa en una solvente relación de confianza entre cliente y asesor. Y el de empresario vive también de una imagen, de un prestigio de marca, de una reputación labrada con el buen hacer de su corporación o compañía. Después del caso Begoña Gómez, un monumental embrollo judicial que según no pocos juristas adolece de decisiones polémicas, ambos están condenados a la muerte civil. No habrá sentencia absolutoria que puede quitarles de encima el sambenito. No habrá resolución del Constitucional que les restituya su vida anónima y tranquila de antes. Y aunque tendrán derecho a una reparación moral por daños y perjuicios en el caso de que salgan absueltos, no habrá indemnización ni dinero suficiente que pueda compensar tantos desvelos y agravios, tanta angustia y preocupación, tantas horas sin dormir por el miedo a terminar a la sombra.

Ni Álvarez ni Barrabés han matado a nadie, ni han robado, ni se han llevado dinero al extranjero. Hasta la fecha nadie puede decir que no hayan sido honrados ciudadanos. Pagan sus impuestos religiosamente, no como otros. Sin comerlo ni beberlo se vieron envueltos en un trivial episodio universitario que ha sido convertido, por efecto de los ecos de la prensa de la caverna y los bulos de las redes sociales, en una trampa mortal. La asesora hacía lo que le pedía Moncloa, cumplía con sus obligaciones asistenciales; el empresario no vio maldad alguna en colaborar con un máster cuyo objetivo era mejorar un mundo, el empresarial, donde apenas se concede importancia al impacto medioambiental y al cambio climático. Poco delito se aprecia en ambas conductas.

Los medios de comunicación reaccionarios han convertido el caso Begoña Gómez en el símbolo de la supuesta corrupción del sanchismo, pero es evidente que la causa, estirada como un chicle, no da para más. No es la Kitchen, cuyo juicio televisado escandaliza a la opinión pública. Sonroja ver cómo se pide la perpetua para un grupo de personas que no ha hecho nada malo mientras Rajoy y Cospedal se pasean por la Audiencia Nacional sin que les pidan explicaciones por la cloaquera Policía Patriótica, el peor caso de corrupción (este sí) de los últimos años.

A Begoña Gómez y sus compañeros de fatigas judiciales les persigue el bulo; a la cúpula del Gobierno popular les ampara la bula. Los primeros tienen que soportar la pena de telediario, las calumnias, las injurias y el machaque constante de los inquisidores influencers y carroñeros youtubers del fascismo posmoderno. Los segundos juegan con red. Y luego dicen que no hay caza de brujas en nuestra maltrecha democracia. Miedo.

 

viernes, 24 de abril de 2026

24/04/2026 - BENDODO, ESE SEÑORITO ANDALUZ

El portavoz del PP asegura que el socialismo era "cobrar mucho y trabajar poco", una humillación a la clase obrera y una muestra de ignorancia de la historia de Andalucía

Marcos López

Elías Bendodo ha acusado al socialismo de “cobrar mucho y trabajar poco”. Es un ataque directo, además de una humillación, a la clase trabajadora. Las palabras del dirigente popular malagueño han generado indignación en muchos andaluces como Javier Aroca, el tertuliano de Malas lenguas que ayer estalló en televisión contra quienes tienen la manía de colgarle a los andaluces el sambenito de vagos y perezosos. En Andalucíala memoria histórica del campesinado, del jornalero y del obrero agrícola está profundamente marcada por décadas (incluso siglos) de desigualdad estructural, de sangre, sudor y lágrimas. Por eso, cuando un dirigente político recurre a este tipo de afirmaciones, se activa de inmediato un imaginario colectivo: el del señorito andaluz, figura asociada al poder económico tradicional, a la propiedad de la tierra y a la explotación de quienes la trabajaban. 

Para entender por qué Bendodo recurre a un discurso carroñero contra el socialismo conviene recordar la situación del campo andaluz durante siglos, especialmente durante los años anteriores a la llegada de la Segunda República. El 2 por ciento de los propietarios controlaba más del 50 por ciento de la tierra cultivable en regiones como Andalucía y Extremadura. Los trabajadores doblaban el espinazo de sol a sol por un sueldo de miseria mientras los terratenientes llevaban una vida de lujos. En provincias como Jaén, Sevilla o Córdoba, la estructura latifundista era dominante, con fincas que superaban con frecuencia las quinientas hectáreas. Miles de jornaleros vivían en condiciones de extrema precariedad: trabajo estacional, salarios de miseria y ausencia de derechos laborales consolidados. Nacían en la chabola y morían en la chabola. Entre medias, el sol castigador bajo el olivo, el dolor, la injusticia y el sufrimiento. Y todo ello con el consentimiento de las clases altas, la aristocracia, los partidos de derechas y la Iglesia católica, que trataban a las personas como bestias de carga. No hay más que leer Los santos inocentes, de Miguel Delibes. Bendodo se merecería una vida como la que llevaron los abuelos de muchos que hoy le votan de forma imprudente. 

La Ley de Reforma Agraria de 1932 fue un intento de corregir esta desigualdad. Su objetivo era expropiar tierras infrautilizadas y entregarlas a campesinos sin recursos. Aunque su aplicación fue lenta y encontró una fuerte resistencia de los grandes propietarios, los historiadores coinciden en que representó uno de los esfuerzos más ambiciosos de modernización social en el campo español. En este contexto, la figura del cacique y del señorito no es una caricatura, sino una realidad documentada por los historiadores. Muchos terratenientes ejercían un control político y económico sobre los jornaleros, condicionando su acceso al trabajo según su obediencia electoral. La literatura sociológica y los informes de la época describen prácticas como listas negras de trabajadores que apoyaban a sindicatos; contrataciones selectivas según la orientación política; y amenazas de despido y expulsión de cortijos para quienes participaban en huelgas. Por eso, cuando se acusa al socialismo de fomentar la vagancia, numerosos historiadores señalan que este tipo de discursos ignoran (o minimizan) la historia de explotación que vivió la clase trabajadora andaluza.

Analistas políticos han descrito declaraciones como las mencionadas como ejemplos de demagogia, entendida como el uso de mensajes simplificados, emocionales y polarizantes para movilizar a un sector del electorado. Este tipo de discursos suele funcionar porque apelan a estereotipos arraigados, construyen un relato entre “ellos” y “nosotros”; y desvían la atención de debates estructurales, como la desigualdad o la precariedad laboral.

En Andalucía, algunos expertos señalan que la narrativa utilizada por Bendodo, que presenta al socialismo como responsable de todos los males de la región, ha sido utilizada durante años por sectores conservadores para erosionar el apoyo al PSOE, que gobernó la comunidad durante décadas. Esta estrategia ha incluido la repetición de mensajes que asocian al socialismo con el atraso económico. Además, la difusión de bulos sobre políticas sociales, presentándolas como “paguitas” o incentivos a la inactividad, suele ser una humillación a la clase trabajadora, que curiosamente ha decidido dar la espalda a la izquierda para votar al PP o a Vox.

Diversos estudios de comunicación política muestran que los bulos y los mensajes emocionales deshumanizadores como los vertidos por Bendodo tienen un impacto mayor que los datos en la opinión pública, especialmente cuando se repiten de forma sistemática. A lo largo de los últimos años, ciertos discursos de la derecha andaluza han buscado construir una imagen de la región basada en dos ideas principales: el PSOE habría mantenido a Andalucía en la pobreza para conservar el poder; y las políticas sociales serían un mecanismo de dependencia y no de protección. Todo es mentira; fue exactamente el revés. Fue la derecha la que históricamente cultivó hambre y miseria en los campos andaluces. Las investigaciones académicas sobre desarrollo regional muestran que la realidad es mucho más compleja. Andalucía arrastra desde el siglo XIX un modelo económico basado en latifundismo y baja industrialización. Atribuir los problemas de Andalucía exclusivamente a un partido político como el PSOE ignora factores estructurales e históricos que siguen condicionando el presente. Aquí, si ha habido un vago de verdad, ha sido el señorito. Bendodo, como representante de la casta de la derecha, lo sabe muy bien.

 

miércoles, 22 de abril de 2026

22/04/2026 - GARCÍA-PAGE SE PONE EN PIE DE GUERRA CONTRA EL NUEVO RUMBO DE LA PAC EN BRUSELAS

Comentario: Muy bien Sr. García-Page, pero lo que los españoles tenemos muy claro es que “nuestros dineros” no deben ir a parar –mediante esa PAC- mayoritariamente a los “cuatro” latifundistas ricos de siempre.

La intención declarada de García-Page de “torcerle el brazo” a la propuesta inicial de la Comisión Europea no es solo un gesto de firmeza autonómica, sino una estrategia para blindar los sectores afectados por la crisis de costes y la emergencia climática

Martha Golfín

Europa se enfrenta a una de sus mayores pruebas de cohesión interna tras la irrupción de una propuesta que amenaza con desmantelar los pilares de la soberanía agraria comunitaria. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alzado la voz en Bruselas para denunciar lo que califica como una "convulsión" en la estructura financiera de la Política Agraria Común (PAC). En un análisis que trasciende lo meramente administrativo, el dirigente socialista advierte que los planes de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 no solo contemplan recortes drásticos, sino que suponen una traición al espíritu con el que se celebraron las últimas elecciones comunitarias.

La preocupación central de este conflicto reside en el giro estratégico hacia la centralización de fondos. Según el análisis de García-Page, la propuesta de crear un gran fondo gestionado por los Estados miembros representa un retroceso peligroso hacia el denominado "cheque nacional". Este modelo implicaría que la Unión Europea dejaría de supervisar directamente el destino de las ayudas agrícolas, delegando en las capitales nacionales la administración de unas cuentas que podrían perder su carácter finalista. Para el presidente castellanomanchego, este cambio de coordenadas es inasumible, ya que "no se trata de que cada estado reciba un dinero y que ya se administren las cuentas como quiera", rompiendo así con la cohesión que ha definido al campo europeo durante décadas.

El calado político de esta denuncia es profundo, especialmente al señalar la desconexión entre las promesas electorales y la realidad burocrática de la Comisión. García-Page ha subrayado la paradoja de que los agricultores y ganaderos, sectores clave en la estabilidad social y territorial, estén siendo “los principales perjudicados” tras la renovación de los órganos de poder en la UE. El análisis del dirigente autonómico apunta a que se están produciendo “matizaciones y reinterpretaciones” financieras que chocan frontalmente con el mandato de junio de 2024, sugiriendo que la estructura de la anterior PAC, basada en pilares sólidos de desarrollo rural y ayudas directas, no debe diluirse bajo ninguna circunstancia.

En el horizonte de esta batalla política se encuentra la supervivencia del relevo generacional y la competitividad del sector primario español. La intención declarada de García-Page de “torcerle el brazo” a la propuesta inicial de la Comisión Europea no es solo un gesto de firmeza autonómica, sino una estrategia para blindar los sectores afectados por la crisis de costes y la emergencia climática. A pesar de la gravedad del diagnóstico, el líder regional se muestra optimista respecto a la posibilidad de revertir esta estructura de reparto, insistiendo en que “no conviene bajar el presupuesto” en un momento donde la seguridad alimentaria y el equilibrio ambiental dependen más que nunca de la estabilidad de las rentas agrarias.

Este escenario sitúa a las regiones en la primera línea de la resistencia contra una renacionalización encubierta de las políticas europeas. La batalla por la PAC de la próxima década no es solo una cuestión de cifras o de ingeniería financiera, sino un debate de fondo sobre qué modelo de Unión Europea se quiere construir: una federación de intereses comunes con reglas claras para el campo, o un conjunto de estados que compiten entre sí por la administración de fondos mermados. La firmeza de voces como la de García-Page en el Comité Europeo de las Regiones será determinante para asegurar que los giros de Bruselas no terminen por expulsar a los agricultores de un sistema que ellos mismos ayudaron a edificar.

 

22/04/2026 - IRPH: EL ESCÁNDALO DE LOS CAMBIOS DE OPINIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA

De defender el diferencial negativo a sembrar dudas: el cambio de postura del Banco de España en el caso IRPH genera un terremoto legal sin precedentes

José Antonio Gómez

Tal y como publicamos en Diario Sabemos, ha sido presentada una denuncia ante el Defensor del Pueblo sobre el IRPH que incorpora un informe muy completo sobre uno de los escándalos más grandes de la historia financiera del país. Las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han introducido un elemento de claridad que, sin embargo, choca frontalmente con décadas de ambigüedad normativa y posicionamientos cambiantes por parte del Banco de España.

En el centro del conflicto se encuentra una cuestión aparentemente sencilla, pero con profundas implicaciones económicas: la naturaleza del índice y su correcta aplicación. El IRPH, a diferencia del Euríbor, incorpora en su cálculo comisiones y gastos asociados a las hipotecas. Esto genera un efecto de “dilatación” del tipo de interés que, según el tribunal europeo, debe corregirse mediante la aplicación de un diferencial negativo. No se trata de un matiz técnico menor, sino de un principio básico de equilibrio contractual. Si no se aplica esa corrección, el cliente paga dos veces por un mismo concepto.

La lógica financiera es difícilmente discutible. El prestatario abona, en primer lugar, una comisión de apertura por su propio contrato. Sin embargo, al calcularse el IRPH como una media que incluye comisiones de todas las operaciones del sistema, ese mismo cliente termina soportando de forma indirecta las comisiones de otros contratos. El resultado es una retribución duplicada para la entidad financiera, algo que el propio diseño de la normativa de los años noventa ya advertía que debía evitarse.

Es aquí donde la sentencia europea introduce un punto de inflexión. El tribunal no solo valida la necesidad de transparencia en la comercialización de hipotecas referenciadas al IRPH, sino que otorga carácter prácticamente normativo a la interpretación de la Circular 5/94, subrayando que el diferencial negativo no es una opción interpretativa, sino una exigencia para equiparar este índice con las condiciones reales del mercado. La consecuencia jurídica es clara: la ausencia de ese ajuste es un indicio evidente de cláusula abusiva.

Sin embargo, el recorrido institucional del caso revela una contradicción persistente. Durante años, el Banco de España sostuvo, tanto en la génesis de la normativa en 1994 como en respuestas oficiales posteriores, que era necesario aplicar ese ajuste a la baja. Esta posición parecía alineada con una interpretación coherente del funcionamiento del índice y con la necesidad de evitar distorsiones en el coste real del crédito.

El giro se produce cuando el conflicto escala al ámbito judicial europeo. A partir de ese momento, tal y como se muestra con documentación en la denuncia ante el Defensor del Pueblo, el regulador adopta una postura más ambigua, limitándose a describir el problema sin entrar en valoraciones. Esta neutralidad, lejos de aportar claridad, alimenta la incertidumbre en los tribunales nacionales y entre los afectados por el IRPH. Posteriormente, el discurso institucional evoluciona aún más, hasta sostener que el diferencial negativo no forma parte de la aplicación del índice, sino que responde a una mera explicación teórica para comparaciones hipotéticas.

Este cambio de criterio no es menor. Supone trasladar el debate desde el terreno operativo (cómo se calcula y aplica el IRPH en una hipoteca concreta) a un plano abstracto que diluye las responsabilidades. En términos prácticos, equivale a negar que exista una obligación de corrección, pese a que el propio diseño del índice sugiere lo contrario.

El escándalo alcanza su punto más crítico cuando se cuestiona la base técnica de esta reinterpretación. La ausencia de procedimientos estadísticos documentados que respalden la tesis más reciente del regulador abre un problema de credibilidad institucional. En un sistema donde los métodos de cálculo deben estar normativamente definidos y ser verificables, la inexistencia de tales procedimientos no es una cuestión menor, sino un vacío que afecta directamente a la seguridad jurídica.

Desde el punto de vista judicial, este escenario plantea un desafío complejo. Los tribunales deben decidir no solo sobre la transparencia de las cláusulas, sino sobre la coherencia del propio marco regulatorio. Las resoluciones de audiencias provinciales que han analizado el IRPH ya han apuntado a estas inconsistencias, señalando que la normativa no contempla de forma explícita la aplicación práctica del diferencial negativo, a pesar de que su necesidad se desprende de la lógica financiera del índice.

El caso del IRPH se convierte así en un ejemplo paradigmático de cómo una cuestión técnica puede derivar en un conflicto estructural entre instituciones. Por un lado, el TJUE fija un estándar basado en la protección del consumidor y la coherencia económica. Por otro, el regulador nacional oscila entre interpretaciones que, lejos de consolidar un criterio uniforme, generan nuevas dudas.

Más allá de las consecuencias para los cientos miles de afectados, el debate tiene implicaciones de mayor alcance. Pone en cuestión la capacidad del sistema para garantizar que los instrumentos financieros se apliquen conforme a su finalidad original y con plena transparencia. También evidencia la tensión entre la estabilidad del sistema bancario y la necesidad de corregir prácticas que, aunque normalizadas durante años, son perjudiciales para los consumidores.

 

martes, 21 de abril de 2026

21/04/2026 - EL PP LACAYO DE VOX

Vicente Mateos Sainz de Medrano

El líder de Vox rechaza cada propuesta del gallego

Oponerse a la regularización de los inmigrantes que viven y trabajan en España sin papeles, al margen de la legalidad y, por tanto, susceptibles de ser explotados en la economía sumergida, expresa una inhumanidad y un desconocimiento de la realidad, que solo puede anidar en las mentes que viven con temor por las intenciones aviesas que la derecha radical y la ultraderecha atribuyen, con mensajes falaces, a los que son y piensan de manera diferente. Mentiras que necesitan para inocular un miedo irracional al inmigrante, en genérico, con calificativos mendaces y afirmaciones denigrantes de todo tipo: vienen a delinquir y a quitarnos lo que es nuestro, a violentar a nuestras mujeres o, el más inverosímil de todos, a suplantar nuestro modelo cultural por el suyo.

Como siempre, el PP olvida su pasado cuando no le viene bien recordarlo. Aznar desarrollo tres procesos de regulación, en 1996, 2000 y 2001, a los que se acogieron más de 500.000 inmigrantes. Si en esa época nadie rechistó, ¿por qué ahora Feijóo monta una escandalera sin sentido por una regularización como las que aprobaron los Gobierno de Aznar? ¿Por qué entonces fueron medidas positivas y ahora no? ¿Por qué juega a la contra de la CEOE y la Iglesia que consideran la regularización necesaria?

No se pueden subordinar las ideas propias aplicadas en el pasado por el propio PP, a una estrategia cortoplacista, de vuelo gallináceo, por meras cábalas electorales, porque de este modo confirma ante la ciudadanía la ausencia de un plan, de un proyecto ideológico propio para la sociedad española, demostrando que todo está condicionado por la obsesión de derribar al gobierno progresista como sea y cuanto antes, y acabar con Sánchez y su gestión que desprecian: el Sanchismo.

Obsesión que lleva a Feijóo a desmantelar los principios ideológicos de la derecha moderada, dialogante y constructiva, a la europea, sustituidos por una suerte de devenir táctico al albur de los acontecimientos. La obsesión nubla el pensamiento y la reflexión necesarias para hilar una estrategia propia que presentar a la ciudadanía española para poder gobernar España. Al no existir tales mimbres en la mente de Feijóo ni de sus acólitos, el PP navega contra el viento de la historia, incapaz para desbrozar el grano de la paja: las tendencias de fondo que apuntan al principio del fin del ciclo del populismo disruptivo cuyo epítome es el errático Trump.

Sin ningún plan propio ni a corto ni a medio plazo, Feijóo se agarra al discurso de la ultraderecha, de Vox, por el miedo que siente en las canillas de que le coma la tostada electoral y dé el sorpasso al PP. De ahí el aumento en la radicalidad de su discurso que, por su confusión mental, le impide ver el beneficio que obtiene la ultraderecha al normalizar su mensaje. Por eso hablar de acuerdo para gobernar en Extremadura es un oxímoron, porque de lo que se trata es de una rendición ante Vox y sus postulados filo fascistas focalizados en la inmigración. Resulta absurdo que se vanaglorie de haber llegado a un acuerdo que se ha producido cuándo y cómo Vox ha querido, según afirmó el día anterior a la rúbrica su líder regional y futuro Vicepresidente de la Junta: somos nosotros los que decidimos si María Guardiola será presidenta. Solo había que ver el rostro de la interfecta, el propio de quien debe tragarse el sapo de saber que será una Presidenta sin poder para llevar la manija del ejecutivo.

En lugar de vanagloriase de un acuerdo que, en el fondo y en la práctica, verifica la conversión del PP en lacayo de los designios que determine Vox, como sucederá en Aragón, Castilla y León, y veremos en Andalucía; Feijóo debería aprender lo que no sabe hacer, pensar y reflexionar: ¿por qué no puede pactar con ninguna formación de su ámbito ideológico? Claro está que para los desnortados como él eso es como pedir peras al olmo a quien es incapaz de reconocer ningún fallo: yo en el error, pero firme que es ley para quienes necesitan sublimar su nula autoestima.

 

21/04/2026 - LOS INDICADORES FINANCIEROS ESTÁN OCULTANDO EL PELIGRO QUE AMENAZA A LA ECONOMÍA REAL


 

Entender por qué ocurre la crisis del Golfo Pérsico es crucial para percibir el daño que se está acumulando mientras se mira a otro lado

JUAN TORRES LÓPEZ

En la historia económica reciente se produce reiteradamente un mismo fenómeno: quienes marcan las directrices de la política económica reaccionan tarde o con error. No porque sean incompetentes, sino porque actúan con sesgos ideológicos, utilizan modelos equivocados y se fijan en indicadores equivocados.

 

Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con la crisis del Golfo Pérsico y entender por qué ocurre es crucial para percibir el daño que se está acumulando mientras se mira a otro lado.

 

Dos fuentes de error

 

 

A mi juicio, hay dos causas que explican la ceguera con que se enfrentan a los problemas económicas quienes diseñan y orientan la política económica.

 

La primera tiene que ver con los modelos económicos que utilizan. Como acaba de mostrar Steve Keen para el caso que nos ocupa, no incorporan con realismo el efecto que tienen los choques energéticos sobre la producción y eso les lleva a subestimar las consecuencias que tienen sobre la economía real.

 

Es una limitación muy grave y merece un análisis propio, pero no la voy a abordar en este artículo.

Aquí voy a explicar una segunda causa de ceguera y error: leer la realidad tomando excesivamente en consideración los indicadores financieros. Unos indicadores que generalmente producen (por las razones que voy a explicar enseguida) una imagen de la situación sistemáticamente más tranquilizadora que la que realmente existe.

 

Una metáfora para entendernos

 

Imaginemos que se produce un accidente que bloquea el acceso de bienes y servicios a nuestro pueblo o ciudad y que sólo se dispone del 40 % de los que habitualmente consumen las viviendas y empresas. Los vecinos tratarán de aprovisionarse, racionan su consumo, los bienes escasean y es muy posible que muchas tiendas y empresas paralicen su actividad.

 

Imaginemos que, para saber cuál es la situación real en la que nos encontramos y tomar medidas, en lugar de fijarnos en las cantidades y en los precios del momento presente, miramos un tablero en donde aparecen los que se espera que tengan los bienes dentro de tres meses, cuando nos dicen los técnicos que ya se habrá arreglado el problema y recuperado el acceso.

 

Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el Estrecho de Ormuz. El grifo de energía que abastece a la economía mundial lleva semanas fuertemente alterado, con caídas muy significativas en el tráfico marítimo. Sin embargo, los mercados financieros —el tablero donde nos dicen que miremos— fijan precios no en función de la gravedad de lo que ocurre ahora, sino considerando que el problema es manejable y temporal.

 

Un ejemplo simple y claro para que lo entiendas: el 13 de abril, el precio del crudo físico (el que se podía comprar en nuestro pueblo tras el bloqueo en la metáfora que te acabo de poner) era de 132,74 dólares por barril. El precio del contrato de futuros para junio (el que los mercados pensaban que tendría en ese mes) era de 99,36. Una divergencia que refleja expectativas de una muy rápida normalización.

 

Qué es el Estrecho de Ormuz y qué está pasando allí

 

El Estrecho de Ormuz tiene apenas 33 kilómetros de anchura en su punto más estrecho y por allí pasa normalmente una cuarta parte de todo el petróleo que se comercia en el mundo, una quinta parte del gas natural licuado global, y volúmenes enormes de otros productos y materias primas fundamentales para la alimentación y la industria mundial.

 

Como sabemos, desde finales de febrero quedó prácticamente cerrado, las grandes navieras suspendieron sus tránsitos y el tráfico de barcos cayó hasta niveles casi puramente testimoniales.

 

Semejante bloqueo en el suministro de fuentes de energía y materias primas esenciales producirá un impacto prácticamente proporcional en la capacidad de producir bienes y servicios de todo tipo en todo el planeta. Sin embargo, los indicadores financieros no señalan que el efecto vaya a ser demasiado grande o peligroso y la pregunta, por tanto, es cómo puede ser eso posible.

 

Es cierto que podría argumentarse que estos precios financieros reflejan factores como la existencia de reservas estratégicas, la capacidad de otros productores para aumentar la oferta o la experiencia histórica de interrupciones breves en el suministro. Pero estas interpretaciones descansan en supuestos que no parece que se estén cumpliendo en la situación actual: que los ajustes serán rápidos, que los cuellos de botella serán limitados y que los efectos sobre la producción serán lineales y reversibles.

 

La desnaturalización de los mercados de futuros

 

El indicador financiero que más pesa en la lectura de esta crisis es el precio en los mercados de futuros de los recursos que se han bloqueado en Ormuz. Y para entender por qué este indicador está fallando hay que entender, primero, qué es un mercado de futuros, para qué fue creado y qué ha pasado con él.

 

Estos mercados nacieron con una función muy útil, permitir que los productores y empresas pudieran hacer frente con cierta seguridad a la incertidumbre que siempre lleva consigo la variación de los precios a lo largo del tiempo. Permitían que una empresa, un agricultor o un transportista, por ejemplo, fijaran hoy el precio de lo que iban a necesitar dentro de un determinado periodo de tiempo. Así podían planificar con seguridad y enfrentarse al riesgo de cambios en el precio.

 

Sin embargo, esos mercados fueron siendo dominados por operadores que, en realidad, no necesitaban petróleo, ni azufre, ni gas, ni café, ni ningún producto real. Son fondos de inversión, bancos y especuladores que compran y venden esos contratos exclusivamente para ganar dinero con la diferencia de precio entre el momento de la compra y el de la venta. Sin ningún interés en la materia prima en sí, y sin necesidad de protegerse de nada.

 

El resultado ha sido que los mercados de futuros han dejado de ser lo que eran, es decir, instrumentos para que la economía real gestione el riesgo futuro. Se han ido convertido, por el contrario, en instrumentos especulativos, en donde los precios son el resultado de las apuestas que realizan (hoy día mediante algoritmos y a velocidad vertiginosa) quienes solamente buscan ganar dinero con el movimiento siguiente (que a veces ellos mismos pueden provocar).

 

Estos especuladores no ganan dinero analizando lo que va a pasar en la economía real dentro de seis meses, sino anticipándose al próximo titular, al próximo anuncio político, al próximo tuit presidencial, es decir, en función casi exclusiva de lo que ocurre en el muy corto plazo.

 

Por qué los mercados futuros están infravalorando el peligro

 

Cuando los mercados de futuros se convierten en máquinas de apostar al próximo anuncio político, o sobre cualquier otra que permita ganar más dinero en el menor tiempo posible, sus señales sobre lo que puede estar ocurriendo en la economía real se vuelven imprecisas y sistemáticamente engañosas.

 

En estos momentos, hay al menos tres razones concretas que explican por qué están proporcionando señales equivocadas e infravalorando el peligro que realmente amenaza a la economía global.

 

La primera es que estos mercados no funcionan como un mercado normal donde mucha gente compra y vende en igualdad de condiciones. Están dominados por un puñado de grandes bancos y fondos de inversión o incluso por algoritmos que manejan cantidades de dinero tan enormes que cuando apuestan en una dirección, el precio se mueve hacia donde hayan indicado. Son ellos quienes marcan la señal.

 

Y a esos grandes operadores les interesa apostar a que el conflicto se resolverá pronto por una razón muy concreta: si apostaran a la catástrofe y acertaran, ellos también perderían. Una crisis energética prolongada hundiría la economía global, y con ella todas sus otras inversiones —acciones, bonos, préstamos...

 

Apostar a la resolución rápida, en cambio, es apostar a que el juego continúa. A que los mercados siguen funcionando. A que habrá oportunidad de comprar barato ahora y vender caro después. Por eso, cuanto más dinero entra apostando a la normalización, más tranquilizadora es la señal que emiten los futuros. Y esa señal es la que acaba en los telediarios, en los análisis de los gobiernos y en la opinión pública.

 

La segunda razón es que los modelos que usan estos mercados para fijar precios están construidos sobre datos históricos. Y en la historia, todos los cierres del Estrecho de Ormuz han sido breves. El mercado aplica esa experiencia pasada como probabilidad futura, como si lo ocurrido antes fuera una guía fiable para lo que ocurrirá ahora. Pero esta situación no tiene precedente histórico comparable. La escala del cierre, su duración, la combinación de factores que lo rodean son nuevos. El modelo mira al retrovisor para conducir hacia adelante.

 

Finalmente, la tercera razón es que el cierre del Estrecho no solo produce el corte de una determinada cantidad de suministro de productos —petróleo, gas, azufre, helio...— cuyos precios se pueden registrar en el momento presente o estimar en el futuro, y sobre los que, por tanto, se pueden realizar las apuestas en las que se basan los indicadores financieros. Además, produce efectos sobre la economía real que esos indicadores sencillamente no pueden percibir ni transformar en contratos que se compren y vendan: el agricultor que no puede sembrar porque no llega el fertilizante, la fábrica que para porque no tiene insumos, el país que raciona electricidad porque no llega el gas... Esos daños no tienen precio en ningún mercado. No cotizan en ningún sitio. No existen para el sistema financiero.

 

El mercado construye su imagen del futuro solo con las piezas que puede ver. Y deja fuera, sistemáticamente, todos los demás daños. Su señal no es falsa, pero es estructuralmente incompleta. Y una señal incompleta sobre una crisis de esta magnitud es tan peligrosa como una señal falsa.

 

Finanzas que hacen negocio si el peligro no se ve

 

A esto que ocurre en el (desnaturalizado) mercado de futuros hay que añadir algo más. Al sistema financiero en su conjunto le interesa que la guerra sea percibida como un riesgo manejable y temporal, y no como algo que pude dar lugar a una catástrofe sistémica si no se detiene pronto.

 

Los fondos de cobertura son fondos de inversión que ganan dinero con los cambios a muy corto plazo de los precios o, en general, con las variaciones inmediatas en las condiciones de los mercados. Hay plataformas que mueven miles de millones de dólares apostando sobre eventos geopolíticos —si habrá o no un alto el fuego, si se atacará tal o cual infraestructura, si asesinarán a un determinado líder...—. Y quienes tienen en sus carteras las acciones de las grandes empresas petroleras y armamentísticas —en gran medida esos mismos grandes fondos que dominan los mercados de futuros— ganan dinero con cada nuevo cambio de situación.

 

Pues bien, lo que necesitan todos esos operadores es que el juego especulativo no se detenga. Y eso sólo puede ocurrir si la guerra -en este caso- es percibida como algo manejable. Si se procesara correctamente la gravedad de lo que está ocurriendo en el Golfo, los precios se dispararían de forma caótica, las posiciones basadas en deuda se liquidarían en cascada y el negocio especulativo colapsaría junto con todo lo demás.

 

La trampa

 

Durante décadas nos han querido convencer de que el estado de la economía se deduce de los indicadores financieros. Si la bolsa sube, es que las cosas van bien. Si el precio del petróleo no se dispara, es que la crisis energética no es tan grave. Si los índices se mantienen, es que los fundamentales aguantan.

 

Ahí está la ceguera y, por qué no decirlo, la trampa: los indicadores financieros sirven para conocer las expectativas de quienes tienen capital para apostar, pero engañan cuando se trata de percibir lo que ocurre en la producción real, en los ciclos agrícolas, en las cadenas de fabricación o con el día a día de las personas y empresas que no participan en los mercados financieros.

 

Se trata de un error que, en esta ocasión, puede dar lugar a consecuencias muy peligrosas. Si la guerra continua y no se pone fin al bloqueo rápidamente, la cuerda que sostiene a la economía global no se va a romper, como en otras ocasiones, por el lado de las finanzas, sino por el de la economía real. Si es así, si llega un momento en que los agricultores no puedan cultivar, los transportistas se paralizan y las fábricas no tienen insumos, las herramientas habituales de política fiscal y monetaria serían claramente insuficientes para hacer frente a la situación. No habrá banco central que pueda arreglar el desaguisado dando cientos de miles de millones a los bancos o modificando los tipos de interés, ni gobiernos con recursos para frenar la hecatombe.