Ninguno de
los dos ofrece a la ciudadanía lo que necesita para votar con conocimiento de
causa: cuánto cuesta lo que promete, quién lo pagará y a quién beneficiará
JUAN TORRES LÓPEZ
Antes de entrar en el análisis de las propuestas económicas del PP y Vox en
la presente campaña electoral es interesante comprobar lo que ha cambiado
respecto a sus programas de 2023. A mi juicio, tres cuestiones principales:
– Los dos partidos se han acercado, pero no hacia el centro ni hacia un
mayor rigor. El PP ha incorporado buena parte del lenguaje de Vox sobre
inmigración, ocupación y “gasto ideológico”, y Vox, por su parte, ha renunciado
a las cifras, presentando ahora sus propuestas con mucha más indefinición.
– Lo que hoy los separa no es tanto la política económica en sentido
estricto como una frontera muy delicada que casi nunca se reconoce como tal, la
que determina quién tiene derecho a qué.
– Ambos mantienen un rasgo común: ninguno de los dos nuevos programas
incluye una memoria económica, ni cuantifica el coste de lo que promete, ni
explica cómo se financiará.
El PP: del “alivio fiscal” al Estado de los incentivos
El programa electoral del PP de 2023 ofrecía pocas medidas fiscales y
bastante genéricas: deflactar el IRPF, rebajar temporalmente el IVA de algunos
productos, suprimir el impuesto temporal sobre las grandes fortunas y una
“reforma integral” que no se concretaba. Su programa de 2026 es otra cosa, pues
propone decenas de medidas con números. Quien cobre el salario mínimo no pagará
IRPF y el umbral subirá por ley con el SMI; los jóvenes de 18 a 35 años verán
reducido su IRPF un 100%, 75%, 50% y 25% en sus cuatro primeros años de
tributación; el IVA de los alimentos básicos será del 0% “mientras persista” la
crisis de precios; el de la primera vivienda bajará del 10% al 4% para menores
de 40 años los autónomos que facturen menos de 85.000 euros no tendrán que declarar
IVA y no pagarán cuota el primer año (ni el segundo si no llegan al SMI); y
desaparecerá el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica.
Pero lo significativo no es sólo mencionar números, sino el instrumento que
se propone utilizar. El PP de 2026 recurre de forma predominante al gasto
fiscal: deducciones, bonificaciones, exenciones, avales públicos y cuentas de
ahorro desgravables, como la “Hucha Hogar Joven”, que deduce el 20% de
aportaciones de hasta 2.000 euros anuales. Es un modelo políticamente rentable,
porque cada medida tiene un destinatario visible, pero con dos defectos bien
conocidos: su coste es opaco, porque no figura como gasto en los presupuestos
sino como recaudación que no se produce, y tiende a beneficiar a quien tiene
más base imponible. La libertad de amortización, por ejemplo, sólo la
aprovechan empresas con beneficios suficientes.
El PP no se propone retirar al Estado de la economía, como suelen decir sus
líderes, presumiendo de liberalismo. Lo que se proponen es cambiar la forma de
intervenir
Está claro, pues, que el PP no se propone retirar al Estado de la economía,
como suelen decir sus líderes, presumiendo de liberalismo. Lo que se proponen
es cambiar la forma de intervenir: menos provisión directa y más financiación,
garantías, incentivos y compra pública. Se ve con claridad en sus propuestas de
política industrial: compra pública para que las empresas tecnológicas tengan
en el Estado un primer cliente y zonas de innovación estratégica con suelo,
conexiones y siete años de trato fiscal favorable para proyectos de
inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología o baterías. Es una
política industrial selectiva en la que el Estado actúa como financiador,
incentivador y cliente. Aunque, eso sí, el programa electoral deja como
cuestiones abiertas con qué criterios elegirá a los beneficiarios, qué
condiciones sociales y laborales les exigirá y qué retorno público obtendrá.
El PP propone también como novedad refundir en una sola las deducciones
familiares que hoy existen en el IRPF, como la de maternidad (hasta 1.200 euros
anuales por cada hijo menor de tres años) o las de familia numerosa y por
descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo. Sería una nueva
deducción reembolsable que se cobraría cada mes, de modo que llegaría también a
quienes no pagan IRPF por tener ingresos bajos. En la práctica, un crédito
fiscal por hijo, de efecto progresivo, que la izquierda europea viene
defendiendo desde hace años.
Los demás cambios van en la misma dirección de mayor concreción, aunque sin
referencia a su efecto presupuestario y económico. En pensiones, el PP pasa de
garantizar la revalorización “en el marco del Pacto de Toledo” a prometer que
subirán cada año con el IPC; se compromete, por tanto, a mantener la regla que
ya está en vigor, pese a sus anteriores posiciones parlamentarias sobre la
reforma que la estableció. En el terreno laboral, desaparecen las cuentas
individuales portables que proponía en 2023, financiadas con parte de las
cotizaciones que ya pagan las empresas (la llamada “mochila austriaca”),
sustituidas por un cheque de formación en inteligencia artificial pagado con
las cuotas de formación, y se propone rebajar las cotizaciones por desempleo a
las empresas con plantillas estables. En vivienda, de una apuesta genérica por
la oferta pasa a un objetivo de un millón de viviendas más, la derogación de la
Ley de Vivienda y de sus zonas tensionadas, avales públicos para la compra y el
desalojo de ocupantes en 48 horas. En energía, suprimirá en cien días el
calendario de cierre nuclear, aunque sigue calificando la descarbonización de
objetivo “irrenunciable”; y en el campo y la sanidad promete, al menos, 4.500
médicos más en Atención Primaria e inversión pública, sin estimar tampoco su
coste.
Hay, además, una novedad que merece atención. El PP propone dar prioridad
en el acceso a determinadas ayudas y recursos públicos a quienes mantengan “un
arraigo real, duradero y verificable con España”, teniendo en cuenta el
empadronamiento, la trayectoria de cotización y la permanencia. Advierte que
esos criterios respetarán los límites constitucionales y europeos y que no
podrán basarse exclusivamente en la nacionalidad. No es, por tanto, la
prioridad nacional de Vox, pero sí una versión atenuada de la misma idea:
jerarquizar el acceso a los recursos públicos en función del vínculo con el
país.
Y hay un silencio elocuente. La supresión del impuesto sobre las grandes
fortunas, explícita en 2023, ya no aparece con ese nombre. En su lugar, una
fórmula genérica: “eliminaremos los impuestos que frenan la inversión”. El
propósito parece el mismo; la exposición, menor.
Vox: menos cifras, más frontera
En 2023, el programa fiscal de Vox era el más concreto de todos: un IRPF
con dos tipos, del 15% y del 25%, rebajados cuatro puntos por hijo; IVA al 8% y
al 18%; Sociedades al 15%; supresión de los impuestos sobre el Patrimonio y
sobre Sucesiones y Donaciones, y pensiones exentas de IRPF...
En 2026, todo eso ha desaparecido. Queda una “rebaja masiva de impuestos”
sin tipos, una reducción del IRPF según el número de hijos, una rebaja del IVA
“atendiendo prioritariamente a productos esenciales” y una bajada de Sociedades
sin cifra. Las únicas cantidades que sobreviven son la cuota de autónomos (cero
por debajo del SMI y progresiva desde 50 euros por encima), el IVA del 0% para
la primera vivienda nueva y la bonificación del 100% del ITP para la usada. No
parece moderación ideológica, sino táctica: un partido que aspira a entrar en
un gobierno no puede llevar en su programa un tipo único cuyo coste cualquier
servicio de estudios calcula en una tarde y lo desmonta. Las cifras son
munición letal en su contra y su ausencia le da margen de maniobra preelectoral.
Lo que crece en el programa electoral de Vox es otra cosa. La prioridad
nacional, que en 2023 ocupaba una sola línea del programa, se convierte en 2026
en un capítulo que lo estructura todo: acceso preferente de los españoles a la
vivienda pública, las guarderías, los comedores, el transporte, las ayudas y
los servicios sociales; un Ingreso Mínimo Vital sólo para españoles; un
gravamen sobre las remesas; exclusión de la sanidad a los extranjeros en
situación irregular salvo urgencia grave; un plan de “remigración”, y la
prohibición de alquilar viviendas a inmigrantes sin residencia legal.
Y crece también el “soberanismo económico”: un plan nacional de
reindustrialización contra las deslocalizaciones, el fin de las restricciones a
la minería, menor dependencia de materias primas y tecnologías críticas, la
reversión de la prohibición de los motores de combustión y de los impuestos
sobre el CO₂, la suspensión de acuerdos internacionales “que impiden nuestro
desarrollo productivo”, el rechazo del acuerdo con Mercosur y la vuelta a la
preferencia comunitaria.
Y, sorprendentemente, crece también el gasto. Vox promete más inversión
pública en vivienda protegida, defensa, policía, sanidad, infraestructuras y un
Plan Nacional del Agua; más presupuesto para dependencia; educación de 0 a 3
años gratuita y cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por el Estado a
quienes se dediquen al cuidado de sus hijos. Para el campo propone un fondo de
compensación frente a las imposiciones de Bruselas, cláusulas espejo y controles
en frontera. Y en vivienda introduce elementos de intervención que no estaban
en 2023: fiscalidad “agravada y disuasoria” para compradores no comunitarios y
operaciones especulativas de fondos, y regulación de las viviendas turísticas.
Nada de esto puede calificarse de liberalismo económico sin matices. Aunque
será otra cosa, como ocurre con todo programa electoral, lo que finalmente se
lleve a cabo.
Vox no propone menos Estado social, sino un Estado social reservado
preferentemente a los nacionales
El resultado dibuja con bastante nitidez lo que se está denominando como
chovinismo del bienestar: no menos Estado social, sino un Estado social
reservado preferentemente a los nacionales; liberal hacia arriba, en impuestos
y regulación; protector hacia dentro; y excluyente hacia fuera y hacia abajo.
Porque la llamada prioridad nacional no es sólo lo que se dice, una forma de
protección a los españoles, sino una estrategia de reorganización del mercado
de trabajo: al restringir derechos y protección a los trabajadores inmigrantes,
se establece una jerarquía en el conjunto de la clase trabajadora que debilita
su capacidad de negociación y convierte la nacionalidad en un factor de
desigualdad laboral y social que termina empobreciendo a todos los compatriotas
que se dice defender.
No cambia, sin embargo, su posición laboral, porque ya en 2023 pedía
derogar la reforma laboral de Yolanda Díaz y lo repite ahora. Tampoco hay en
ninguno de sus dos programas una propuesta precisa de capitalización de las
pensiones, en contra de lo declarado públicamente por sus dirigentes (salvo por
Abascal, que reconoció que no sabe de eso porque “no soy economista”): en 2023
confiaba su sostenibilidad a desmontar el Estado autonómico y a la natalidad;
en 2026, al crecimiento económico y a la natalidad. Eso sí, la exención de las
pensiones en el IRPF ha desaparecido.
No estamos, pues, ante un programa de simple reducción del Estado, sino
ante un proyecto de Estado nacional-proteccionista y socialmente selectivo. La
pregunta económica decisiva a la que no se responde en el programa es quién
financia ese Estado, quién tiene derecho a utilizarlo y qué sectores reciben su
protección.
Lo que comparten
Por debajo de las diferencias, en los programas económicos del PP y Vox hay
una concepción común de la economía: la empresa privada como principal motor
del crecimiento, los impuestos como un freno, la regulación como un obstáculo y
la deuda como la principal amenaza. Ambos derogarían la Ley de Vivienda,
eliminarían el calendario de cierre nuclear y prometen auditorías del gasto
“superfluo” (por supuesto, olvidando las “auditorías de infarto” que el PP
realizó en la Junta de Andalucía, para destapar el despilfarro y la corrupción
de docenas de “chiringuitos” y cuyos resultados tuvo que presentar a escondidas
a mitad de un mes de agosto porque no encontraron nada de eso, como analicé con
detalle aquí y aquí).
Sin embargo, nada de todo ello les lleva a renunciar a un uso constante de
la maquinaria estatal para reajustar los mecanismos distributivos y
redistributivos, una intervención que, en la práctica, puede terminar
incrementando el gasto en favor de los sectores más poderosos y aumentar aún
más la deuda, que es lo que le conviene al sector financiero.
Y ambos comparten también un mismo vacío. Ninguno dice nada sustantivo
sobre los salarios más allá de la retórica, sobre el reparto entre rentas del
trabajo y del capital, sobre quién se apropia de los aumentos de productividad
o sobre el poder de mercado de las grandes empresas y su capacidad para fijar
precios. El PP propone incluso someter cada norma económica a un “test de
productividad”, como si la productividad dependiera sobre todo de retirar
obstáculos y no de la inversión, la demanda, la organización del trabajo o la
calidad del empleo. Una manera de convertir la productividad en una cortina de
humo que justifica de antemano cualquier desregulación.
Lo que los separa
La primera diferencia está en los instrumentos y en los destinatarios de la
intervención pública. El PP utiliza el Estado para movilizar inversión privada
mediante incentivos fiscales. Vox prefiere rebajas generales y una
desregulación más amplia (“derogar tres normas por cada una que se apruebe”, un
principio tan mecánico que se descalifica por sí solo), combinadas con
protección nacional de los sectores productivos y un acceso excluyente a
prestaciones y servicios.
La segunda es Europa. El PP se mueve formalmente dentro del marco europeo:
reducirá la deuda “conforme a las reglas europeas”, defenderá la PAC en el
nuevo marco financiero y acepta el mercado de emisiones. Vox quiere suspender
la aplicación de acuerdos internacionales, acabar con “todas las imposiciones
climáticas como el Pacto Verde”, rechaza el acuerdo con Mercosur y defiende
recuperar la preferencia comunitaria.
De ahí la tercera diferencia, la energética. Los dos apuestan por la
nuclear, pero el PP la combina con renovables, almacenamiento y refuerzo de
redes, mientras que Vox se opone además a las grandes plantas solares y
eólicas, lo que resulta difícil de conciliar con su promesa de electricidad
abundante y barata.
La cuarta es la más reveladora: el trabajo y la inmigración. El PP mantiene
el diálogo social y propone cupos anuales de inmigración laboral ajustados al
paro y a las vacantes, hasta el punto de prever la contratación en origen para
la construcción. Vox proclama “ni uno más” tras “cinco millones de personas en
5 años” y suprime el arraigo. Pero su programa también quiere “volver a ver
grúas en los cielos” sin explicar quién va a utilizarlas en un sector que hoy
no encuentra trabajadores, ni quién va a cubrir los empleos de la agricultura,
los cuidados o la hostelería.
Y en la concepción de la ciudadanía social, la distancia es ciertamente
real entre ambos partidos, aunque el PP haya empezado a recorrer el mismo
camino con sus criterios de arraigo.
Una aritmética que no cuadra
Ambos programas prometen menos impuestos, más gasto en defensa, seguridad,
vivienda, familias e infraestructuras, y menos deuda
Donde los dos programas coinciden por igual es a la hora de no señalar cómo
se financia lo que proponen ni qué efectos concretos tendrán sus medidas si se
llevaran a cabo. Ambos prometen menos impuestos, más gasto en defensa,
seguridad, vivienda, familias e infraestructuras, y menos deuda. Tres cosas a
la vez que sólo serían posibles con un crecimiento bastante mayor que el ya de
por sí elevado actual que generase ingresos adicionales suficientes, si las
rebajas fiscales se autofinanciasen (algo que la evidencia empírica no avala
con los tipos impositivos españoles) o si se recortase gasto en otras partidas.
El PP confía en la auditoría, la eficiencia, la lucha contra el fraude y el
crecimiento. Al menos, asume formalmente que ningún gasto nuevo se aprobará sin
financiación, pero no dice qué programas reducirá ni cuánto espera recaudar del
fraude, ni cuantifica el coste de sus numerosas deducciones, bonificaciones y
avales. Y el gasto fiscal que propone también compromete recursos públicos:
cada euro que se deja de ingresar para favorecer una inversión o una compra es
un euro que ya no puede destinarse a otros fines.
Vox es más explícito y más inverosímil: “Para compensar la bajada masiva de
impuestos, se recortarán todos los gastos superfluos”, y señala como tales las
subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, ONG y “organismos
ideológicos”. Una propuesta puramente demagógica, pues son el chocolate del
loro, una fracción ínfima de lo que dejaría de ingresarse con la rebaja general
del IRPF, del IVA y de Sociedades que propone.
Tampoco cuadran las cuentas de su prioridad nacional. Excluir a una parte
de la población de determinadas prestaciones produce ahorros muy limitados
frente al coste de las rebajas tributarias generales que propone. Y su gravamen
sobre las remesas podría plantear serias dudas de compatibilidad con la libre
circulación de capitales del Derecho europeo, especialmente si se articula de
forma discriminatoria.
Si las cuentas no cuadran por el lado del gasto superfluo, sólo quedan dos
salidas: más deuda, que ambos dicen querer reducir, o recortes en las grandes
partidas (pensiones, sanidad y educación), que ninguno menciona. Justamente, lo
que la experiencia muestra que suele ocurrir cuando se aplican programas de
este tipo.
¿Quién gana?
Sin microsimulaciones no es posible cuantificar los efectos distributivos,
pero la estructura de las propuestas es suficientemente elocuente. En el caso
del PP, el grueso de los beneficios se concentra en quienes tienen base
imponible, capital que amortizar o capacidad de ahorro para acogerse a avales,
huchas y deducciones por vivienda. Las excepciones, ya señaladas, son la
exención para quien cobra el SMI y el crédito fiscal por hijo, que sí puede
llegar a hogares con rentas bajas.
Por otro lado, subvencionar la demanda de vivienda en un mercado con oferta
rígida, mientras se elimina toda regulación del alquiler, tiende a trasladarse
a los precios: el aval del 20% o el IVA reducido pueden acabar en buena parte
en el bolsillo del vendedor.
En el caso de Vox, las rebajas generales del IRPF y de Sociedades
benefician más, en términos absolutos, a quienes más ganan, y la desregulación
laboral debilita la posición negociadora de los trabajadores. Como he apuntado,
la prioridad nacional, al dejar sin protección a los inmigrantes, los empuja a
aceptar cualquier condición y crea un mercado de trabajo segmentado que acaba
presionando a la baja los salarios de los españoles que compiten con ellos en
los empleos peor pagados. Proteger a los nacionales debilitando a los
extranjeros suele acabar debilitando a las clases trabajadoras en su conjunto.
Conclusión
Entre 2023 y 2026, el PP ha pasado de un programa genérico a otro
minucioso, construido a base de incentivos fiscales, que endurece su discurso
sobre la inmigración y la ocupación sin abandonar el marco europeo ni el
diálogo social. Vox ha hecho el camino inverso en lo fiscal, sustituyendo las
cifras por consignas, mientras convierte la prioridad nacional en el eje de un
Estado de bienestar excluyente. Se parecen más que en 2023, pero lo que los
distingue ya no es cuánto Estado quieren, sino para quién.
Lo que ninguno ofrece es lo que la ciudadanía necesita para votar con
conocimiento de causa: cuánto cuesta lo que promete, quién lo pagará y quién se
beneficiará.
Coda: lo que tus ojos no van a leer
Queda, por último, algo que no salta a la vista porque no está escrito: lo
que los programas no dicen.
El PP presenta su proyecto como una “reconstrucción nacional”, una
expresión que suele reservarse para países que salen de una guerra o de una
catástrofe. Habla del “empobrecimiento de los españoles” y del “declive de la
clase media”. Pero en sus páginas no hay ni una sola cifra sobre la evolución
reciente del PIB, del empleo o del déficit, y no parece casual. La economía
española lleva varios años creciendo muy por encima de la media europea (la
OCDE calcula un crecimiento acumulado del 10% desde finales de 2019), The
Economist la consideró la economía rica con mejor desempeño de 2024 y el Financial
Times la ha calificado como la más destacada de Europa. El PP no discute
esos datos: los esquiva y, cuando alude a ellos, es para afirmar que “los datos
oficiales se han puesto al servicio de la propaganda partidista”. Promete, eso
sí, “conservar lo que funciona”, sin decir qué es.
Hay un fondo de verdad en su diagnóstico: los frutos del crecimiento no han
llegado por igual a todos los hogares y la vivienda se ha vuelto inaccesible
para muchos jóvenes. Pero lo que se deduce de ahí es la necesidad de distribuir
mejor, justo lo contrario de a donde se llega con sus rebajas fiscales.
Vox carga todavía más las tintas (“infierno fiscal”, “desempleo,
precariedad laboral y bajos salarios”), pero calla que buena parte de los
análisis internacionales atribuyen ese crecimiento, en gran medida, a la
llegada de trabajadores inmigrantes, justo lo que su programa quiere frenar con
un “ni uno más”. Y calla también sobre la motosierra. A principios de 2025, en
un vídeo grabado junto a José María Figaredo, Jorge Buxadé aseguraba que la
motosierra de Milei “se va a quedar en nada cuando lleguemos y tengamos una
puñetera mayoría absoluta”. En junio de este año, Vox presentó un programa de
desregulación que la prensa bautizó como su “motosierra” y que proponía, entre
otras cosas, eliminar de las empresas los planes de igualdad o el registro
horario. Y el 21 de octubre, ya en precampaña, Abascal afirmó que los recortes
del presidente argentino “probablemente se quedan cortos” en algunos ámbitos.
Sin embargo, en el programa del 29N no aparecen ni el registro horario ni
los planes de igualdad, ni hay rastro de un ajuste del gasto como el argentino.
Al contrario: promete gastar más en casi todo, salvo en subvenciones a
partidos, sindicatos y ONG. O en los mítines exageran, o el programa
disimula.
El PP disimula de otra forma: con el impuesto sobre las grandes fortunas
que ya no se atreve a nombrar y con un catálogo de rebajas cuyo coste nunca se
suma.
Es lógico que un programa electoral sea más prudente que un mitin. Pero
cuando la distancia entre lo que se proclama y lo que se escribe es tan grande,
ya no estamos ante un problema de estilo, sino ante la ocultación de lo que se
piensa hacer.
Y hay otro silencio, quizá el más llamativo. El PP gobierna hoy la mayoría
de las comunidades autónomas y, tras el último ciclo electoral, el 44% de la
población española vive bajo gobiernos sostenidos por un pacto entre ambos
partidos. Vox ha vuelto a los ejecutivos de Extremadura, Aragón, Castilla y
León y Andalucía, y ya aplica en ellos su prioridad nacional. Sin embargo,
ninguno de los dos programas electorales dice una palabra sobre lo que han
hecho allí ni sobre sus resultados. Si las rebajas de los impuestos sobre el
Patrimonio y sobre Sucesiones aplicadas en Madrid, Andalucía o la Comunidad
Valenciana hubieran traído la inversión y el crecimiento que prometen, o si su
gestión de la sanidad, la vivienda o la dependencia fuera un modelo, sería lo
primero que exhibirían. Valencia solo aparece en el programa del PP para
reclamar un trato financiero específico en caso de catástrofe, sin una palabra
sobre cómo gestionó la suya el gobierno popular. Es muy sintomático que no sólo
disimulen lo que piensan hacer, sino que también oculten lo que ya han hecho.