Comentario: Es
más que curioso que una persona que está demostrado que sí mantuvo relaciones
con un narco declarado (y quizás sigue manteniendo) se atreva a señalar a
alguien que no está demostrado que haya tenido o se haya aprovechado del
narcotráfico. Este sinvergüenza del PP (al igual que los que le acompañaron en
el acto) se vale de eso que dijo Orwell de que “no hay delito, absolutamente
ninguno, que no pueda ser tolerado cuando “nuestro” lado lo comete”, refiriéndose
a que los suyos se tragan todas las mentiras sin rechistar. Me pregunto: ¿Qué
pensarían estos mandilandingas -y que dirían- si Pedro Sánchez soltara algún
insulto así indemostrable?
Los tres dirigentes del PP
utilizaron la presentación de las candidaturas madrileñas para acusar a Pedro
Sánchez de financiarse con dinero de la prostitución
Agustín Millán
La presentación de las candidaturas del Partido Popular por Madrid para las
elecciones generales del 29 de noviembre terminó convirtiéndose en una sucesión
de acusaciones contra Pedro Sánchez que, en algunos casos, fueron mucho más
lejos de lo que permiten afirmar las investigaciones judiciales. Alberto Núñez Feijóo, ayusoIsabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo
compartieron escenario este martes para defender su proyecto político, pero
dedicaron una parte sustancial de sus intervenciones a vincular al presidente
del Gobierno con la prostitución, el narcotráfico, las amenazas a jueces, la
violencia callejera y una supuesta manipulación electoral.
La contundencia de las intervenciones contrastó con la precisión necesaria
para sostener imputaciones de semejante gravedad. La comprobación de sus
palabras revela errores jurídicos, acusaciones todavía no acreditadas y una
utilización de hechos reales como punto de partida para conclusiones mucho más
amplias. En otros asuntos, sin embargo, sí existen resoluciones y datos que
respaldan parte de sus afirmaciones. Precisamente por eso, el contraste
documental resulta imprescindible.
La prostitución vuelve al discurso de
Feijóo sin pruebas de financiación ilegal
Uno de los momentos más graves del acto llegó cuando Feijóo quiso marcar
distancias personales con Sánchez. Después de afirmar que él no roba ni miente,
añadió que tampoco había llegado al Partido Popular con dinero procedente de la
prostitución. El sentido de la comparación era inequívoco: insinuaba que su
adversario sí se había financiado de esa manera.
La acusación remite a los negocios de saunas que gestionó Sabiniano Gómez,
suegro del presidente del Gobierno, junto a otros familiares. La existencia de esos
establecimientos ha sido objeto de informaciones periodísticas, pero no
acredita que Pedro Sánchez utilizara ingresos procedentes de la prostitución
para financiar su carrera política o sus campañas internas.
La Audiencia Nacional examinó en 2024 unas grabaciones relacionadas con
esos negocios y, según la documentación revisada por Newtral, consideró lícitas
las actividades comerciales a las que se referían. La resolución incluso
cuestionó la utilización partidista de información privada sobre familiares de
responsables políticos.
La diferencia es esencial. La existencia de negocios gestionados por un
familiar no demuestra financiación irregular de un dirigente político. Para
sostener esa imputación harían falta movimientos económicos, pruebas documentales
o resoluciones judiciales que Feijóo no aportó durante su intervención.
Ayuso recurrió al mismo asunto al hablar de «saunas mafiosas», dentro de
una enumeración de insultos y referencias a la familia de Sánchez. El tono
empleado no añadió ningún elemento probatorio nuevo.
Una investigación real sobre amenazas a
una jueza no demuestra una orden de Sánchez
Cayetana Álvarez de Toledo fue todavía más lejos cuando preguntó si era
decente intentar contratar a un clan de narcotraficantes para eliminar a la jueza
que investigó al hermano del presidente del Gobierno.
El asunto tiene una base judicial real y especialmente grave, que no debe
minimizarse. Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil
recoge el testimonio de Cintia Rocho, vinculada a un clan de Badajoz, quien
declaró que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada le había hablado de causar daño
físico a la magistrada Beatriz Biedma. Según ese testimonio, habría utilizado
expresiones que apuntaban a la intención de «eliminarla».
La Guardia Civil investiga estas declaraciones y las posibles actuaciones
de una presunta trama relacionada con Leire Díez, pero el salto desde esos
indicios hasta atribuir institucionalmente la operación al PSOE, y mucho más a
Pedro Sánchez, exige pruebas adicionales.
De hecho, el juez Santiago Pedraz rechazó el 9 de octubre imputar al
Partido Socialista porque no encontró entonces un principio de prueba
suficiente para hacerlo. La resolución no cerró definitivamente esa posibilidad
si aparecieran nuevos indicios, y posteriormente continuó investigando
actuaciones de personas concretas.
La verificación explica esta distinción y recoge las decisiones
judiciales. La investigación sobre eventuales amenazas contra una magistrada
debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Pero utilizarla para sugerir una
responsabilidad criminal del presidente del Gobierno que no ha quedado
judicialmente establecida supone anticipar conclusiones que todavía corresponde
determinar a los tribunales.
Cayetana pregunta si existen precedentes
de amnistía mientras olvida la de 1977
La número dos de la candidatura madrileña también cuestionó la amnistía del
procés con una pregunta retórica: si existía algún precedente semejante en una
democracia.
La respuesta está en la propia historia constitucional española. El 15 de
octubre de 1977, las Cortes aprobaron la Ley 46/1977, de Amnistía, publicada
dos días después en el Boletín Oficial del Estado. Su contenido, alcance y
contexto fueron diferentes de los de la norma aprobada en 2024, pero constituye
un precedente inequívoco de una decisión legislativa de amnistía durante la
Transición democrática.
Además, el Tribunal Constitucional ha examinado la Ley Orgánica 1/2024 y ha
declarado compatible la institución de la amnistía con la Constitución, aunque
corrigió parcialmente aspectos de la delimitación legal de su ámbito de
aplicación. Entre otras resoluciones, la sentencia 43/2026 reiteró esa
doctrina.
Álvarez de Toledo puede defender su oposición política a la amnistía,
cuestionar sus efectos o criticar las negociaciones que permitieron aprobarla.
Lo que no se sostiene es presentar la figura jurídica como si careciera de
antecedentes democráticos o estuviera prohibida por la Constitución.
Bildu, ETA y la atribución colectiva de
los disturbios
El terrorismo de ETA volvió a ocupar una posición central en el discurso.
Cayetana acusó al Gobierno de legitimar la violencia al pactar con EH Bildu y
estableció una relación entre esa colaboración parlamentaria y los altercados
registrados en diferentes ciudades.
Existen críticas legítimas a la trayectoria de dirigentes de la izquierda
abertzale y a la forma en que han abordado la memoria de ETA. También existen
declaraciones controvertidas, como las de Pello Otxandiano en 2024, cuando
evitó inicialmente calificar expresamente a ETA como organización terrorista.
Pero afirmar que EH Bildu nunca ha reconocido el sufrimiento injusto
causado por ETA omite pronunciamientos públicos documentados. En octubre de
2021, Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez expresaron su pesar por el dolor de las
víctimas y afirmaron que aquel sufrimiento nunca debería haberse producido.
Esas declaraciones no equivalen necesariamente a todas las exigencias de
condena que plantean las asociaciones de víctimas, pero tampoco pueden borrarse
del relato.
Más delicada resulta la atribución de los disturbios recientes a Sánchez y
a sus socios parlamentarios. Los episodios violentos son reales. En Barcelona
hubo 130 detenidos tras los altercados del 24 de octubre, según RTVE, mientras
que en Bilbao la Ertzaintza practicó al menos 19 detenciones después de los
enfrentamientos vinculados a una protesta contra un acto del comunicador Vito
Quiles.
En Barcelona, las convocatorias se difundieron principalmente mediante
cuentas anónimas de redes sociales, con especial presencia de jóvenes y
menores. No existe en la documentación examinada una prueba que permita
establecer que Pedro Sánchez organizó esos disturbios o que EH Bildu dirigió
los episodios registrados en las distintas ciudades.
Confundir la responsabilidad penal de quienes participan en actos violentos
con la responsabilidad política de partidos enteros requiere un vínculo causal
que los tres dirigentes no acreditaron.
El censo electoral: hubo una intervención
del Supremo, pero no una prueba de fraude
Feijóo y Ayuso también insinuaron que el Gobierno había tratado de alterar
las reglas electorales mediante cambios en el censo. En este caso existe
un hecho judicial cierto: el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente
determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes
correspondientes a personas nacionalizadas por la conocida como Ley de Nietos.
La decisión, mantenida el 12 de octubre, afecta a 163.020 personas, con la
posibilidad de acreditar determinadas circunstancias para recuperar su derecho
de voto.
El Supremo invocó la necesidad de garantizar la exactitud, veracidad y
transparencia del censo. La Abogacía del Estado y la Fiscalía defendieron
levantar la suspensión, mientras que la medida había sido solicitada por Vox e
Iustitia Europa.
Pero una resolución cautelar sobre la revisión de inscripciones no equivale
a una sentencia que declare demostrado un plan del Gobierno para cometer fraude
electoral. Presentar ambos extremos como idénticos lleva mucho más lejos la
conclusión judicial.
Tampoco debe olvidarse que las personas afectadas están ejerciendo o
intentando ejercer derechos vinculados a su nacionalidad española. La
protección de la integridad electoral y la garantía de esos derechos forman
parte del mismo debate jurídico.
Ayuso y Feijóo mezclan el encarecimiento
de la vida con la corrupción
En materia económica, Feijóo volvió a destacar el encarecimiento de la
cesta de la compra y la vivienda y prometió rebajas fiscales para trabajadores,
familias, jóvenes y autónomos.
El incremento de los precios es real. Según las series del INE, entre junio
de 2018 y septiembre de 2026 el índice general de precios aumentó
aproximadamente un 27,8 %, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas
se encarecieron alrededor de un 41,2 %. Por tanto, su referencia a una cesta de
la compra un 44 % más cara se aproxima al incremento acumulado, aunque no
coincide exactamente con el indicador oficial citado.
El problema de su intervención no fue denunciar ese encarecimiento, sino
añadir que el dinero recaudado desaparece, en parte, por las investigaciones
judiciales sobre corrupción, sin cuantificar ni demostrar esa supuesta
relación.
La corrupción acreditada tiene costes económicos y políticos, pero no puede
atribuirse una parte indeterminada de la recaudación fiscal a procedimientos
penales sin presentar cálculos y hechos específicos.
Feijóo tampoco detalló cuánto costarían sus nuevas rebajas fiscales, qué
reducción de ingresos producirían ni cómo financiaría simultáneamente las
inversiones y mejoras de servicios que prometió.
Una promesa institucional concreta:
elecciones si no aprueba presupuestos
Entre las declaraciones del candidato hubo también un compromiso político
verificable y relevante. Feijóo aseguró que presentaría nuevos Presupuestos
Generales del Estado cada año y que, si no lograba aprobarlos después de agotar
una primera prórroga, convocaría elecciones.
La Constitución permite la prórroga presupuestaria y regula la facultad de
disolución de las Cortes. Por tanto, Feijóo no describió una obligación
jurídica automática, sino que anunció una decisión política que asumiría
voluntariamente si se encontrara en esa situación.
Es una propuesta que podrá exigírsele si llega a gobernar, aunque el acto
dejó sin aclarar otras decisiones programáticas: el coste de su millón de
viviendas, la financiación de los servicios públicos, el futuro de determinadas
políticas sociales y los límites de una posible coalición con Vox.
La contradicción entre la apelación a la
convivencia y el contenido de los discursos
Los tres dirigentes reivindicaron repetidamente la convivencia, la paz
social, la libertad y la necesidad de superar la polarización. Sin embargo, en
el mismo acto se escucharon expresiones como «radical inmoral», «populista
patético», «guapito tramposo» y acusaciones sobre prostitución, mafias y
amenazas criminales vinculadas al presidente del Gobierno.
Las expresiones insultantes son hechos verificables porque aparecen en los
discursos. Las imputaciones de delitos, en cambio, requieren una comprobación independiente.
La distinción no es menor en una campaña electoral. Un dirigente puede
formular críticas muy severas, exigir responsabilidades por casos de corrupción
o discrepar radicalmente de las leyes aprobadas por sus adversarios. Pero debe
diferenciar una condena de una investigación, una declaración de un testigo de
una conclusión judicial, una medida cautelar de una sentencia de fondo y una
sospecha de una prueba.
En una democracia, la dureza del enfrentamiento político no exime de la
obligación de distinguir entre lo demostrado y lo que todavía está por
demostrar.
