Mientras los grandes medios se empeñan en alimentar una psicosis colectiva
sobre la «okupación» —curiosamente patrocinada por empresas de alarmas y fondos
de inversión—, la realidad golpea con dureza las puertas de la clase
trabajadora: el acceso a un techo digno se ha convertido en un lujo
inalcanzable.
Hay que decirlo claro y sin complejos: la vivienda debe ser un derecho, no
un vulgar negocio. El sistema actual no busca alojar personas, sino
rentabilizar ladrillos, y hemos permitido que los fondos buitre y los
especuladores profesionales decidan quién tiene derecho a un hogar y quién debe
vivir con la angustia de un desahucio o de un alquiler asfixiante.
La trampa del miedo y la Constitución
olvidada
Es indignante ver cómo se retuerce la realidad: se criminaliza al
vulnerable para proteger al acaparador. La verdadera inseguridad ciudadana no
es el miedo a que alguien entre en tu casa mientras vas a comprar el pan —un
relato ficticio inflado por tertulianos a sueldo—; la verdadera inseguridad es
no saber si podrás pagar el alquiler el mes que viene o si tus hijos podrán
independizarse algún día en su propia ciudad.
Los mismos que se llenan la boca hablando de la «unidad de España» y del
respeto a la ley olvidan sistemáticamente el artículo 47 de la Constitución: un
mandato, no una sugerencia poética, que obliga a los poderes públicos a impedir
la especulación.
Lo que vemos, sin embargo, es una alfombra roja para los fondos de
inversión, mientras el parque público de vivienda sigue siendo una broma de mal
gusto frente al de nuestros vecinos europeos.
Lucha de clases en el mercado inmobiliario
No estamos ante un problema técnico de oferta y demanda: estamos ante una
lucha de clases. El mercado inmobiliario es hoy uno de los principales
mecanismos de transferencia de rentas desde el bolsillo del trabajador hacia el
capital financiero.
Cuando un joven dedica más de la mitad de su salario a pagar un alquiler,
no está «dinamizando la economía»: está siendo saqueado.
La izquierda progre debe dejar de mirar hacia otro lado con medidas
cosméticas que no tocan el nervio del problema. No bastan los parches; hace
falta un control real de los precios del alquiler, la expropiación del uso de
las viviendas en manos de grandes tenedores y bancos rescatados con dinero
público, y la prohibición por ley de los desahucios sin alternativa
habitacional.
El botín de 2008: cómo se regaló la
vivienda social
El desembarco masivo de los fondos buitre se cimentó tras la crisis de
2008. El Estado utilizó el dinero de toda la ciudadanía para rescatar a la
banca privada y crear el banco malo, la Sareb.
En lugar de utilizar ese gigantesco parque de viviendas recuperadas para
levantar una red de alquiler social, los gobiernos prefirieron vender paquetes
enteros de miles de viviendas y bloques de protección oficial a fondos
internacionales a precios de saldo.
El patrimonio que debió proteger a la clase obrera fue entregado como botín
de guerra a los fondos de inversión neoyorquinos: Blackstone, Cerberus y
compañía, operando con total impunidad gracias a la alfombra roja de los
sucesivos gobiernos del régimen.
El desahucio invisible
La operativa de estos fondos en nuestros barrios sigue un patrón de
violencia económica sistemática: compran edificios enteros habitados por
familias trabajadoras, esperan a que venzan los contratos e imponen subidas
abusivas del 50 %, el 70 % o el 100 %.
El objetivo es el llamado «desahucio invisible»: expulsar a los vecinos de
toda la vida para reformar los pisos, encarecer el barrio mediante la
gentrificación o destinarlos al lucrativo negocio del alquiler turístico.
Quienes se resisten sufren acoso inmobiliario o el desahucio exprés, ejecutado
por las fuerzas del Estado al servicio de intereses privados.
SOCIMI: el privilegio fiscal de los amos
del ladrillo
Este expolio cuenta con un blindaje legal y fiscal insultante. Los fondos
buitre operan sobre todo a través de las SOCIMI, sociedades creadas a medida
que disfrutan de un tipo del 0 % en el Impuesto sobre Sociedades.
Mientras una familia obrera paga impuestos por cada producto de la cesta de
la compra, los mayores terratenientes del país apenas tributan por los millones
que ganan exprimiendo el salario de sus inquilinos.
Las tímidas regulaciones de precios vigentes son meros parches que estos
fondos esquivan con triquiñuelas legales, como los falsos alquileres de
temporada.
Lo que ya funciona en Europa
No se trata de ningún experimento radical: se trata de copiar lo que ya
funciona en los países que siempre ponemos como ejemplo de éxito.
Países Bajos o Suecia no son sospechosos de comunismo, y allí el Estado no
deja que el mercado inmobiliario se rija por la ley de la selva. Alemania y
Austria llevan décadas regulando el alquiler y les va bastante mejor que a
nosotros.
Si crees que regular el alquiler es cosa de países pobres, la realidad te
desmiente: la ley del más fuerte es la que resulta tercermundista.
Nuestras propuestas
No basta con construir más ni con avalar con dinero público las hipotecas
de la banca. La única salida justa es una ofensiva legislativa contra los
especuladores:
- Expropiación sin indemnización de las viviendas en manos de fondos buitre
y grandes tenedores.
- Prohibición absoluta de los desahucios sin una alternativa habitacional
real.
- Creación de un parque público de alquiler que cubra las necesidades
reales de la población.
- Control efectivo de los precios del alquiler que reduzca las rentas de
forma drástica.
La vivienda es el centro sobre el que se construyen una vida digna, la
salud mental y la estabilidad de cualquier familia.
Si no somos capaces de garantizar un techo a nuestra gente, nuestra
democracia no es más que una cáscara vacía al servicio del mercado.
Es hora de elegir: o el derecho a la vida o el derecho al beneficio de los
especuladores.
La vivienda debe ser para vivir, no para especular.
¡Até á vitoria sempre!
