Comentario:
Todos los problemas
políticos y de entre políticos vienen desde que alguien decidió que la
Dirección de la Guardia Civil pasara a ser a cargo de un paisano. Si ese listo
no hubiera sido tan listo, ahora no estaríamos hablando de cloacas que trata de
desentrañar la UCO de la Guardia Civil, un cuerpo policial, que no lo olvide
nadie, claramente de derechas y muy derechas, aunque sus agentes estén dando un
gran ejemplo de servicio en todos los ámbitos sociales. Sí, los agentes, pero
no los mandos, que, previsiblemente, se ve claro a quienes -como la judicatura-
tratan de servir.
La supuesta trama de Leire Díez fue tan
chapucera que dejó un rastro documental tan minucioso que ahora amenaza con
convertirse en el mayor escándalo político de la historia reciente
José Antonio Gómez
Hay una incongruencia cruel en el centro de esta historia: la misma obsesión por proteger a Pedro Sánchez fue la que dejó el
rastro que hoy compromete al presidente del Gobierno y al propio PSOE. Leire Díez, conocida en los círculos del PSOE como
"la fontanera", llevaba una agenda. Y en esa agenda anotaba todo:
reuniones, siglas, nombres en clave, instrucciones. Al estilo del comisario
Villarejo, como han señalado los investigadores, Díez documentaba sus movimientos
con una meticulosidad que, en lugar de protegerla, terminó entregando a los
investigadores un mapa casi perfecto de la organización que la empleaba.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene
ahora sobre su mesa lo que fuentes de la investigación describen como una
confirmación casi total de las sospechas que motivaron el caso: la trama presuntamente corrupta supuestamente liderada por el
exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán no actuaba en el vacío,
sino con acceso directo a las más altas instancias del Estado,
incluyendo la Fiscalía General del Estado.
El núcleo más explosivo de las últimas revelaciones es la confirmación de
que Diego Villafañe, mano derecha del entonces fiscal general Álvaro
García Ortiz y hombre fuerte de la Secretaría Técnica de Fortuny, se
reunió en dos ocasiones con Jacobo Teijelo, abogado investigado por la
Audiencia Nacional como presunto integrante de las cloacas de Ferraz, y con la
propia Leire Díez.
La primera reunión tuvo lugar el 6 de marzo de 2025. La segunda, en fecha
imprecisa de finales de marzo o principios de abril del mismo año. De ninguna
de las dos hay constancia documental en los registros oficiales de la Fiscalía
General del Estado: no figuran en el libro de visitas de Fortuny, no se levantó
acta y no se incorporaron a ningún expediente administrativo. Solo las agendas
incautadas a Díez por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil permiten
reconstruir lo sucedido, incluida una localización de la aplicación Waze en el
número 4 de la calle Fortuny de Madrid, registrada en el teléfono de la
investigada el mismo mes de la primera cita.
La Fiscalía Anticorrupción tampoco fue informada en
ningún momento de esos encuentros, un oscurantismo que resulta especialmente grave
si se tiene en cuenta que uno de los objetivos explícitos de la trama era
precisamente conseguir material comprometedor sobre el fiscal jefe
Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el fiscal José Grinda. Es decir, la cúpula de Fortuny se reunía
en secreto con personas investigadas que trataban de destruir a los fiscales
encargados de perseguir la corrupción que afectaba al Gobierno.
"Te va a recibir el FGE": el
pacto que ofrece Díez a Villarejo
Los mensajes intervenidos por la UCO arrojan una imagen aún más
perturbadora. En febrero de 2025, Díez le escribe al abogado del comisario
jubilado José Manuel Villarejo, Antonio Cabrera: "Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me
ha dicho". La fontanera llegó a ofrecer a Villarejo un pacto
con la Fiscalía a cambio de material comprometedor sobre el expresidente del
Gobierno Mariano Rajoy.
Días después, Díez le comunica a Teijelo que va a recibir una llamada de la
Fiscalía General para concertar una reunión y le dice, de forma inequívoca:
"Te llamarán de la FGE. Iré yo contigo". La cronología encaja con las
reuniones que la propia Fiscalía ha confirmado al juez Pedraz. La fontanera no
solo tenía acceso al número dos de Fortuny; lo organizaba, lo anticipaba y lo
instrumentalizaba.
Tras la primera reunión, Díez informa a Vicente Fernández,
expresidente de la SEPI e imputado también en la Audiencia Nacional, del
resultado del encuentro: "Jacobo dice que debería
ir a todas las reuniones de Fiscalía porque complemento bien la parte jurídica.
Si ahora hacen rápido lo que han dicho, las cosas se precipitarán".
Fernández le pregunta si va a ver al presidente. Díez responde que no, pero
añade: "La reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente
directamente me adore".
Esa frase resume de forma brutal la lógica que movía a toda la trama: la proximidad al poder como moneda de cambio, el acceso
a las instituciones del Estado como favor que se presta a quien manda y que se
espera sea reconocido en consecuencia.
Las siglas "P.S." y el rastro
que lleva a Moncloa
La agenda personal incautada a Díez contiene cuatro referencias a las
siglas "P.S.". La más llamativa es una anotación que dice simplemente
"reunión con P.S.", datada el 3 de febrero de 2025. Moncloa se
apresuró a negar que las iniciales hagan referencia a Pedro Sánchez, y el
propio presidente negó tener conocimiento alguno de las actividades de la
trama.
Pero el contexto de otras anotaciones complica esa negación. En la misma
agenda, Díez escribe: "Consultas sobre Ábalos.
Copia, pen, cadena custodia, consultas datos bases Ábalos y P.S.".
En otro pasaje, refiriéndose al presidente del Grupo Prisa, anota que
"cuando Joseph desembarca en Prisa llega a un acuerdo con P.S." y que
"la línea editorial la marca P.S. y la estrategia Joseph". Hay
también frases que no dejan lugar a muchas interpretaciones: "UCO tiene
todos los WhatsApp entre el presidente y Ábalos" o "Pedro no se fía
del DAO".
La UCO, a su vez, ya había concluido en anteriores
informes que las referencias al "one" que aparecen en las
comunicaciones de Díez con otros investigados "solo podrían estar
efectuadas al presidente del Gobierno y secretario general del partido". Según uno de esos
mensajes, por "orden del one", Santos Cerdán habría transmitido que
el objetivo era lograr la nulidad de causas judiciales vinculadas al sector de los
hidrocarburos y el caso Koldo.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños,
intentó desactivar el impacto de estas revelaciones argumentando que Díez
utilizaba el nombre del presidente para darse importancia. Es posible. Pero
hasta ahora esa era una hipótesis aplicable a las conversaciones con terceros.
Las anotaciones personales de una agenda son otro tipo de documento: nadie se
da importancia ante sí mismo.
"Exterminar socialmente a
Alaya": la maquinaria del partido al servicio de la trama
La investigación no se limita a las conexiones con la Fiscalía. La UCO ha documentado al menos 39 reuniones entre Leire Díez y
Santos Cerdán, aproximadamente la mitad de ellas celebradas en la
propia sede del PSOE en Ferraz. El partido no solo habría prestado sus instalaciones
a la trama; también habría sufragado gastos de transporte y alojamiento de las
personas involucradas.
Un ejemplo especialmente revelador es el viaje a Zaragoza en julio de 2024.
Díez contactó con Covadonga San Pedro, empleada del PSOE con funciones administrativas,
para solicitarle dos billetes de tren. San Pedro los gestionó y confirmó los
horarios en cuestión de minutos. El objetivo del viaje era una reunión con
abogados en el marco de la estrategia para, en palabras de la propia
Díez, "exterminar socialmente" a la juez Mercedes Alaya,
que instruía el caso de los ERE de Andalucía.
"Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no
puede ser gratis", escribió Díez a Fernández. La UCO ve en este tipo de
gestiones la prueba de que "el PSOE sufragó y dio
soporte a la actividad delictiva de la trama". No se trataría
de iniciativas individuales de militantes díscolos, sino de la
instrumentalización de la estructura orgánica del partido para financiar y
facilitar operaciones de acoso a jueces y fiscales.
En la agenda de Díez también aparece otra anotación significativa:
"Antonio Balas, peligroso". Balas es el teniente coronel jefe del
Departamento de Investigación Económica de la UCO, es decir, uno de los
investigadores más importantes en los casos que afectan al entorno del
Gobierno. La fontanera le preguntó en una conversación grabada: "¿Qué
carnet ideológico tiene Balas?". La agenda añade otro apunte que resume la
ambición de la trama: "DGP investigará a la UCO".
La directora de la Guardia Civil y el
eslabón institucional
La red de contactos de Díez alcanzaba también a Mercedes González, directora general de la Guardia
Civil. Según el comunicado emitido por la institución, ambas se conocieron
cuando Díez dirigía las Relaciones Institucionales de Correos y González era
Delegada del Gobierno en Madrid, inicialmente solo a través de WhatsApp. Ya
como directora de la Guardia Civil, González recibió a Díez en una cafetería
cercana a su sede en lo que describió como un encuentro de apenas 15 minutos y
"una mera toma de contacto".
En un segundo encuentro, Díez le planteó a González si existía alguna
posibilidad de que el comandante Rubén Villalba, apartado de su destino por su
implicación en el caso Koldo e investigado en la causa, pudiera regresar a su
puesto. González rechazó de plano la petición y dio la reunión por
concluida de inmediato. La institución asegura que no hubo más
encuentros y que la directora "jamás ha interferido en ninguna
investigación".
Sin embargo, el mero hecho de que la fontanera de una trama criminal
investigada por la Audiencia Nacional tuviera acceso directo a la directora de
la Guardia Civil para intentar reinsertar a un mando investigado habla de los
tentáculos que había desarrollado esta red en el aparato del Estado.
Rastro documental: proteger a Sánchez para
destruirle
Hay algo casi literario en la forma en que esta historia puede
terminar. La trama que pretendía blindar a Pedro Sánchez
de las investigaciones judiciales construyó, sin saberlo, el expediente más
devastador contra él. Cada reunión anotada, cada mensaje
interceptado, cada billete de tren gestionado desde Ferraz, cada visita no
registrada en Fortuny suma a un sumario que hoy tiene nombre propio: las
cloacas de Ferraz.
Díez documentaba sus actividades con una minuciosidad casi compulsiva, al
estilo de Villarejo, según han señalado investigadores del caso. Esa costumbre,
que seguramente respondía a la lógica de quien necesita acreditar sus servicios
ante quienes le pagan, es hoy la fuente principal de evidencias. Las libretas
no mienten. Los teléfonos intervenidos tampoco.
El Gobierno niega. Bolaños argumenta. Moncloa desvincula. Pero la investigación judicial avanza sobre documentos, no sobre
declaraciones políticas. Y los documentos apuntan a una conclusión
que ningún comunicado de prensa puede desactivar: la maquinaria construida para
salvar a Pedro Sánchez amenaza con ser lo que finalmente le entierre
