11/02/2026 - LA CESTA DEL IPC Y LA VIVIENDA

¿La economía va bien y tú no llegas a fin de mes? Así nos engañan con la inflación

Nos dicen que la economía va como un cohete, que la inflación está controlada... Pero tú no llegas a fin de mes. El problema no es que gestiones mal tus gastos domésticos, es que las autoridades no te dicen toda la verdad cuando te cuentan las estadísticas. Los datos que manejan tienen un agujero, más bien un socavón, por donde se te cuela la vivienda. Te lo contamos.

CARLOS MANUEL SÁNCHEZ 26/01/2026

Algo no te cuadra. Vale que nos acordamos de la inflación, sobre todo por Navidad y en la cuesta de enero, o cuando suben los huevos, como en 2024 subió el aceite de oliva. Pero hay algo que no terminas de creerte. El índice de precios de consumo (IPC) está en el 2,9 por ciento. Tu sueldo o tu pensión, con suerte, han subido ese 2,9 por ciento. Y, sin embargo, a final de mes no te llega. No es que seas mal gestor de tu economía doméstica. Es que hay un agujero en las estadísticas oficiales. O más bien un socavón, por el que se cuela el mayor gasto de tu vida: la vivienda.

Cualquier persona que pague una hipoteca o intente comprar un piso sabe que esa cifra del 2,9 por ciento es una broma. La Unión Europea publica cada trimestre un índice específico para medir los precios de la vivienda en propiedad –se llama OOHPI (por sus siglas en inglés)– y Eurostat lo calcula para todos los países. En España, ese índice marcó un 10,3 por ciento de subida anual en el segundo trimestre de 2025. Cuatro veces más que la inflación oficial. Pero ese 'gastazo' no cuenta para el IPC. ¿La razón? Para Bruselas, y por tanto para el Gobierno, tu vivienda no es un gasto. Es una inversión. Como si no pagaras hipoteca cada mes. Como si, aunque ya la tengas pagada, no tuvieras que afrontar el IBI, la comunidad de vecinos, las derramas cuando hay que arreglar algo, el seguro del hogar… Como si vivieras gratis.

El 'gastazo' de la compra de una vivienda no cuenta para calcular el IPC. La razón: es una inversión. Como si no pagaras el IBI, las derramas, la comunidad de vecinos, el seguro de hogar...

Esta es la trampa: el IPC mide la inflación, es decir, el mordisco que se le da al valor de tu dinero, a tu poder adquisitivo. Eso ya lo sabías. Pero lo que quizá no asocias inmediatamente es que ese índice no es solo una referencia técnica. Es la herramienta que determina cosas muy concretas de tu vida: cuánto suben las pensiones; el punto de partida en las negociaciones salariales; si el Banco Central Europeo (BCE) sube o baja los tipos de interés (y, por tanto, si tu hipoteca se encarece o se abarata). En España, muchos contratos de alquiler se actualizan automáticamente según esta cifra. Los salarios de los funcionarios también. Y las ayudas y prestaciones sociales.

Y ese índice tan importante no incluye el mayor gasto de las familias españolas. El 80 por ciento de los hogares está representado por propietarios o gente que está pagando una hipoteca. Pero para las estadísticas oficiales solo cuentan los inquilinos, que son el 20 por ciento. Y ni siquiera ese 20 por ciento está bien representado. En el IPC español, el grupo «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» representa entre el 12 y el 15 por ciento de la cesta. Pero dentro de ese bloque, el «alquiler efectivo de la vivienda» tiene un peso mucho menor que la energía y los suministros: no llega al 10 por ciento sobre el total del gasto mensual. Mientras tanto, según la Encuesta de presupuestos familiares, del propio INE, los hogares que alquilan gastan de media entre el 30 y el 40 por ciento de sus ingresos en vivienda. Más en Madrid o Barcelona, donde hay quien se deja la mitad del sueldo. El resultado: cuando los alquileres se disparan, el IPC apenas se mueve. Y cuando el IPC apenas se mueve, los salarios no suben, las pensiones no se ajustan, y el Banco Central Europeo no ve motivo para actuar. Mientras, millones de personas ven cómo su mayor gasto les devora el sueldo.

Para calcular la inflación, solo se tiene en cuenta el coste del alquiler, que solo paga el 20 por ciento de los españoles. Y ni eso está bien representado. Pesa menos que la energía, cuando es el 40 por ciento de tus gastos

Pero el asunto (y el mosqueo) va más allá de España y Europa. En febrero de 2024, un equipo de economistas liderado por Larry Summers –exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, probablemente el economista con más influencia política de las últimas décadas– publicó un estudio en el Fondo Monetario Internacional con un título sugerente: El verdadero coste de vivir. Su hallazgo es demoledor: si Estados Unidos midiera la inflación como lo hacía antes de 1983 –es decir, incluyendo los precios de la vivienda y los costes de los préstamos hipotecarios–, la inflación de 2022 no habría sido del 9 por ciento. Habría sido del 18 por ciento. El doble. Y eso explica, según Summers, por qué la gente piensa que la están estafando mientras los datos oficiales dicen que todo va bien.

¿Cómo se mide la inflación y por qué lo hacemos mal?

Qué es el IPC y cómo funciona

El índice de precios de consumo (IPC) es una medida de cuánto suben los precios de las cosas. Cada mes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) envía a sus encuestadores a tiendas, super-mercados y gasolineras para anotar los precios de una cesta de la compra representativa que incluye cientos de productos: pan, leche, carburante, ropa, cortes de pelo, facturas de luz. En teoría, cada producto tiene un peso en la cesta según lo importante que sea en el gasto medio de las familias. Luego se compara el precio total de esa cesta con el del mes anterior y se calcula el porcentaje de variación.

El agujero del 80 por ciento

El problema está en qué se incluye en la cesta y qué no. El IPC español, como el de casi toda la Unión Europea (hay excepciones, como Chequia), solo incluye los alquileres. Pero si eres propietario de tu vivienda o estás pagando una hipoteca, eso no cuenta para nada. ¿Por qué? Porque, según la metodología oficial, comprar una casa es una inversión, no un consumo. Estás comprando un activo que luego podrás vender. Esto sería defendible si la mayoría de la gente alquilara. Pero, en España, el 80 por ciento de los hogares son propietarios o están pagando hipotecas. Solo el 20 por ciento alquila.

El coste de la oportunidad

Supongamos que ya pagaste tu hipoteca. Tu piso está libre de cargas. ¿Tu coste de vivienda es cero entonces? Pues no. Imagina que tu piso vale ahora 300.000 euros. Ese dinero está atrapado en ladrillos. Podrías vender el piso, meterte en un alquiler de 800 euros al mes y meter esos 300.000 euros en bonos del Estado al 3 por ciento anual, que te darían 9000 euros de intereses. Pagarías 9600 euros de alquiler, pero casi lo compensarías. Y tendrías 300.000 euros líquidos para emergencias. Pero no lo haces. Prefieres quedarte en tu casa. Tiene todo el sentido: es tu hogar, tienes tus recuerdos, conoces a los vecinos. Nadie te está diciendo que deberías venderla. Pero el hecho de no venderla tiene un coste: esos 9000 euros al año que podrías estar ganando y no ganas. Eso es el coste de oportunidad. No es dinero que salga de tu cartera, pero es dinero que deja de entrar.

Un ejemplo con números

Tienes un piso en Madrid que compraste hace unos años. Estás pagando una hipoteca de 1200 euros al mes. Además, pagas 600 euros al año de IBI, 100 euros al mes de comunidad, 300 euros de seguro del hogar y, digamos, unos 800 euros anuales de media en mantenimiento cuando se rompe algo o hay que pintar. Total: 16.500 al año. Eso es lo que realmente te cuesta vivir en tu casa. Pero, según el IPC oficial, tu coste de vivienda es cero euros. Ahora imagina que el BCE sube los tipos de interés y tu hipoteca pasa de 1200 a 1600 euros al mes. Tu coste de vida acaba de subir 4800 euros al año. Un 30 por ciento más solo en vivienda. Pero el IPC oficial no lo ve. Porque tú no cuentas.

Porque, además, el agujero del calcetín no es solo la vivienda. Hay otro que está relacionado: cuando te suben la hipoteca o los intereses del préstamo del coche, o cuando la tarjeta de crédito te sangra, tu coste de vida también sube. Pero tampoco se refleja en el IPC. Porque el coste del dinero –los intereses que pagas– no se considera parte del coste de vida. En fin, es otro de esos pequeños trucos contables que hacen que la realidad y las estadísticas vivan en universos paralelos.

¿Y por qué cambió Estados Unidos su metodología en 1983? Ah, esa es una pregunta interesante. Porque en los años setenta y principios de los ochenta, con la vivienda incluida, la inflación oficial era tan alta que el Gobierno se veía obligado a subir las pensiones constantemente. Demasiado caro. Así que encontraron una solución de prestidigitador que ríete del mago David Copperfield, que ese mismo año hizo desaparecer la Estatua de la Libertad: cambiaron la forma de medir. Sacaron los precios de compra de vivienda y los sustituyeron por un concepto abstracto llamado 'alquiler equivalente', básicamente lo que pagarías por alquilar tu propia casa si no fuera tuya. Nadie hace eso, claro. Solo es un ejercicio de imaginación estadística. Pero, mágicamente, la inflación bajó.

Desde 2003, el Banco Central Europeo y Eurostat llevan diciendo que sería deseable incluir el coste de la vivienda en propiedad en el IPC, pero nada se mueve. A cambio, sus estadísticas nos dicen que la inflación está controlada

Europa, fiel a su tradición de ir veinte años por detrás de Estados Unidos incluso en las malas ideas, ni siquiera ha llegado a ese punto, aunque va por el mismo camino. El Banco Central Europeo y Eurostat, la oficina estadística de la UE, llevan diciendo desde 2003 que sería «deseable» incluir el coste de la vivienda en propiedad en el índice armonizado de precios de consumo. ¡Más de veinte años! En 2021, Christine Lagarde prometió que lo harían. En 2023, Eurostat publicó una hoja de ruta la cual decía que «quizá en 2026» estaría listo. Bueno, pues ya estamos en 2026 y nada se mueve. Porque, claro, las estadísticas dicen que la inflación está controlada.

Para más inri, como la vivienda se considera una inversión, cuando los precios suben, eso no es una inflación problemática. Es creación de riqueza. Tu casa vale más, eres más rico, todo genial. Pero si mides la vivienda como coste de vida, cuando los precios suben, lo que tienes es gente que no puede acceder a un techo. Es lo que está pasando ahora.

Las democracias occidentales han ido degradando sistemáticamente su voluntad de medir de forma honesta el coste de la vida de sus ciudadanos desde los años ochenta

Las consecuencias de esta trampa estadística son brutales. Durante la última década, los bancos centrales han mantenido los tipos de interés en mínimos históricos, muchas veces en territorio negativo, para «estimular la economía». El resultado: los precios de los activos –vivienda, bienes, acciones…– se han disparado. La inflación oficial baja beneficia a una minoría: los que ya tienen activos. Grandes propietarios, herederos, arrendadores... Y perjudica a la mayoría: los que viven de su trabajo.

Y por si la situación europea no fuera suficientemente preocupante, en Estados Unidos el sistema estadístico está cayéndose a pedazos. En octubre de 2025, el Gobierno federal sufrió un cierre parcial que duró semanas. Consecuencia: el índice de precios de consumo de ese mes nunca se publicó. Un mes entero de inflación, desaparecido. Y, para rematar, el Congreso aprobó recortes presupuestarios que están reduciendo la calidad de la recopilación de datos.

Hay un patrón aquí, y no es sutil. Desde los años ochenta, las democracias occidentales han ido degradando sistemáticamente su capacidad –o su voluntad– de medir de forma honesta el coste de vida de sus ciudadanos. Cada cambio metodológico ha ido en la misma dirección: hacer que la inflación parezca más baja de lo que la gente experimenta. Y eso no es neutral. Determina quién gana y quién pierde.

Como explica el sociólogo Simon Bienstman, de la Universidad Goethe de Fráncfort, que ha estudiado cómo la desigualdad persistente mina la confianza democrática: «Cuando la promesa de progreso compartido se rompe, muchos ciudadanos dejan de ver a las instituciones como garantes de sus derechos y empiezan a percibirlas como parte del problema». No es casualidad que el auge de los populismos en Europa y Estados Unidos haya coincidido con la década en la que más se ha ensanchado esta brecha entre la realidad vivida y las estadísticas oficiales.

Reporta un error

 

11/02/2026 - IRPH: "TENEMOS UN SUPREMO QUE DA LA ESPALDA A LA CIENCIA, ES DECIR, UN TRIBUNAL TERRAPLANISTA"

Entrevista a Guillem Bou que analiza la situación actual del IRPH tras las sentencias del Supremo

José Antonio Gómez 23/12/2025

Las irregularidades en los contratos hipotecarios fueron descubiertas hace años por, entre otros, Guillem Bou, un tipo sencillo y, como tal, ha conseguido que mucha gente entienda cosas que se diseñaron para que nadie lo comprendiera. Este matemático catalán ha logrado, a través de un trabajo implacable de análisis, que los entresijos de las cláusulas abusivas sean desentrañados, incluso para los jueces. Pero, sobre todo, Bou ha dado esperanzas y armas para que los ciudadanos venzan a los bancos españoles, ha entregado la honda y la piedra a David para derribar a Goliat.

Puntos importantes de su trabajo han sido sus informes como el Estudio sobre desequilibrio financiero en la contratación IRPH de la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares y de los cálculos financieros en el informe La protección de los afectados por el índice de referencia de préstamos hipotecarios del Síndic de Greuges de Catalunya.

También ha formado parte de la comisión de estudio sobre el problema de la vivienda del Síndic de Greuges de Catalunya, y ha comparecido en el Parlament de Catalunya y en el Parlament de les Illes Balears para explicar la problemática del índice IRPH.

Por otro lado, fue consultor de diversos grupos parlamentarios para la presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Hoy hablamos con él para que nos analice la situación del IRPH tras las sentencias del Supremo. 

Desde su experiencia como matemático, ¿el IRPH fue un índice adecuado para hipotecas minoristas?

Si se hubiera aplicado según la Circular 5/94 entonces sí hubiera sido adecuado. Eso sólo se entiende si se examina la documentación sobre la construcción de la circular donde, ante el desconcierto de las nuevas hipotecas variables, el Banco de España pretendía sacar una referencia objetiva para los ciudadanos, acostumbrados hasta entonces a tipos fijos.

O sea, ¿se pensó como un índice sin diferencial?

Eso es lo que se deduce de la documentación del Banco de España. Era como decir “el precio justo, ahora que los tipos son variables, es este, un promedio”. Eso era el IRPH.

¿Y qué pasó entonces?

Pues que algunas entidades, por lo visto, añadían el diferencial y alguien en el Banco de España se encargó de advertir que, precisamente, por su construcción, debía ir con un diferencial negativo.

¿Eso está claramente documentado?

Sí, claro, es lo que se comunicó al Tribunal Supremo en el escrito de alegaciones de la Sentencia 1591/2025 del pasado mes de noviembre. Pero no hicieron caso. Sospecho que los magistrados no entienden qué es el IRPH.

En los casos que usted ha analizado, ¿los bancos explicaron el funcionamiento real del IRPH y su impacto económico a largo plazo?

No he encontrado ni un solo caso donde se explique esto. Sólo alguna vez he visto una hipoteca de los años noventa donde sí se aplica el diferencial negativo. Es decir, la entidad sabía lo que debía hacer.

¿Cómo valora las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre el IRPH desde una perspectiva técnica y pericial?

Son sentencias propias de quien desconoce lo que está juzgando. Si, por ejemplo, tenemos que la gráfica del Euribor y del IRPH no son paralelas, pero el Supremo se empeña en que sí lo son (y por eso cree que con un diferencial menor se arregla el abuso) yo no sé qué decir… Lamento ser tan claro: tenemos un Tribunal Supremo que da la espalda a la ciencia, es decir, un tribunal terraplanista.

¿Eso del paralelismo de las gráficas, donde se estudia?

En tercero de ESO y se repasa en cuarto. Cualquier afectado con hijos en estos cursos de la ESO puede preguntar y los chavales le dirán que no son paralelas. Por tanto, un diferencial menor no compensa la diferencia entre Euribor e IRPH.

El Alto Tribunal sostiene que no basta con demostrar que el IRPH es más caro, sino que hay que probar falta de información relevante. ¿Es esto razonable desde el punto de vista financiero?

No soy jurista, pero he sido profesor durante casi cuarenta años. Si yo hubiera examinado a un alumno de algo que no hubiera explicado, me hubiera caído un expediente.

Para que los lectores lo entiendan. En un procedimiento sobre IRPH, ¿qué elementos son clave en un informe pericial financiero?

Los valores de las series temporales anteriores al momento de la firma, porque de este modo se puede calcular lo que el banco sabía que iba a cobrar de más. Esto es lo que se explica, con diferentes métodos, en las alegaciones de la Sentencia 1591/2025, pero el Tribunal Supremo no ha hecho caso, ni siquiera menciona en la Sentencia la “cláusula freno” a pesar de tener toda la argumentación que prueba la mala fe financiera y la abusividad.

¿Qué peso tienen los cuadros comparativos entre IRPH y Euríbor en la valoración judicial?

El Euribor constituía, por lo general, el 80% o más de los contratos hipotecarios. Obviamente, si tengo que comparar una hipoteca IRPH con la mayoría de préstamos contratados en este momento, tengo que remitirme a los cuadros comparativos, los pocos que el Banco de España elaboró. A pesar de ser pocos, se demostró en las alegaciones a la Sentencia 1591/2025 el abuso del IRPH, por métodos de acotación.

¿Cree que el Tribunal Supremo entendió estos “métodos de acotación”?

Los métodos de acotación se explican en segundo bachillerato o en primeros cursos de titulaciones de ciencias (matemáticas, físicas, económicas, ingenierías…). Si el Supremo no entiende el paralelismo de funciones de tercero ESO, tengo mis dudas que pueda entender qué es una función acotada por otra, que es la base de la demostración que se presentó en las alegaciones de la Sentencia 1591/2025.

¿Cómo se demuestra pericialmente si un consumidor pudo comprender o no las consecuencias económicas del IRPH?

No las podía comprender porque la información que se le dio era incompleta (ocultaba, precisamente, todo lo que se pagaba de más con el IRPH). Y, por otra parte, la Circular 5/94 no sólo es incomprensible para un consumidor, sino que, además, tiene elementos de redacción extraños para un experto, como expuse en el informe IRPH para el Gobierno de las Islas Baleares.

¿Qué errores frecuentes detecta en las periciales presentadas por las entidades bancarias?

Según las periciales bancarias que he visto, el consumidor medio español es licenciado en económicas, eso para empezar. Lo demás, son contradicciones sobre contradicciones, como decir, a la vez, que la banca no podía prever la evolución de tipos y, al mismo tiempo, podía emitir publicidad asegurando que el IRPH era estable.

En términos medios, ¿cuánto dinero puede haber pagado de más un hipotecado con IRPH frente a uno con Euríbor? ¿Se puede hablar de un perjuicio económico estructural?

Es, precisamente, un perjuicio económico estructural, eso es lo que tanto le cuesta entender al Tribunal Supremo. Y no hay más que estudiar el funcionamiento del IRPH para detectar que estamos ante algo similar al “cartel de coches” o a los trucajes de los surtidores de gasolina de hace años.

Las cantidades dependen de cada caso, pero es mucho lo cobrado de más, mucho más que en las cláusulas suelo, porque estas sólo se aplican durante unos años y, en cambio, el IRPH abusa durante toda la vida del préstamo.

¿Qué consecuencias tendría para las familias una eventual nulidad del IRPH con devolución de cantidades?

Tanto la nulidad de contrato como la nulidad de intereses son favorables financieramente para las familias. Les salvan de la bancarrota. Tendría que ser un caso rarísimo, que todavía no he encontrado, donde la nulidad fuera un mal negocio financiero para una familia con IRPH.

Desde un punto de vista estrictamente financiero, ¿considera que las sentencias del Supremo analizan correctamente la naturaleza económica del IRPH?

Ya expuse en el informe IRPH para el Ministerio de Consumo (el segundo informe que hice) que las sentencias del Supremo revelaban que no se entendía la naturaleza económica del IRPH. En el informe están los párrafos clave de estas sentencias que prueban el desconocimiento financiero por parte de los magistrados.

¿Existe, a su juicio, una desconexión entre la lógica financiera del producto y la interpretación jurídica que hace el Alto Tribunal?

Sí, el Tribunal Supremo está juzgando otra cosa, una entelequia de índice que no existe en la realidad, no el IRPH. De entrada, el IRPH, como la propia banca reconoce, es un índice basado en riesgos globales, no en el precio del dinero en Europa, como es el Euribor. Eso significa que, sin saberlo, los hipotecados IRPH pagan más porque cubren el riesgo financiero de otros clientes. Por eso el IRPH sube en 2011-2013 cuando el Euribor se desploma. Esto, a juicio del Tribunal Supremo, no es engañoso ni abusivo, por lo que creo que no acaban de entender lo que juzgan.

El Supremo sostiene que el IRPH no es abusivo per se. ¿Es técnicamente defendible afirmar esto cuando el índice incorpora márgenes bancarios implícitos?

Es un hecho matemático-financiero, es decir, objetivo, que sin diferencial negativo hay doble retribución. Por tanto, es masivamente abusivo de entrada.

Por otra parte, todo el histórico de IRPH se ha confeccionado con cláusulas suelo, clausulas 360 y comisiones de apertura nulas, por no hablar de los numerosos contratos con TAEs equivocadas. Es decir, es índice dilatado, pero es el Ministerio de Economía quién debería actuar al respecto en este caso.

Desde la práctica pericial, ¿es razonable exigir al consumidor medio que entienda un índice calculado a partir de la media de TAEs?

En la documentación de la Circular 5/94 son las propias entidades, es decir, la propia banca, quien sostiene por escrito que los clientes no entienden qué es la TAE. El Tribunal Supremo sólo tiene que leerla, está publicada en la web de la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares.

El Alto Tribunal rechaza que la comparación con el Euríbor sea suficiente para probar abusividad. ¿Puede hablarse de una infravaloración del perjuicio económico sufrido por los hipotecados en la doctrina del Supremo?

En los métodos de cálculo que se incluyen en las alegaciones a la Sentencia 1591/2025 no se compara el IRPH con el Euribor, se compara el IRPH con el conjunto de préstamos.

Este escrito de alegaciones explica algo que los ingenieros informáticos (y otros) conocen sobradamente: las relaciones “uno a uno” y “uno a muchos” en las bases de datos. Ahora bien, si como he dicho, el Supremo ha mostrado deficiencias de comprensión del IRPH en aspectos elementales, entiendo que pueda tener dificultades cuando se trata de cómo se compara siguiendo métodos científicos.

¿Las sentencias aportan seguridad jurídica, o generan inseguridad al exigir pruebas financieras casi imposibles para el consumidor?

El problema de las sentencias no es que exijan pruebas imposibles para el consumidor, es que son imposibles por sí mismas. No se puede realizar la prueba financiera que el Supremo propone en la Sentencia 1591/2025 porque usa datos que no existían en el momento de la firma.

¿Observa incoherencias entre el razonamiento financiero del Supremo y la doctrina del TJUE sobre cláusulas abusivas?

Para mí no es tanto un tema de incoherencia como de ignorancia. He sido profesor de matemáticas toda la vida, y le puedo decir cuando alguien no entiende los conceptos matemático-financieros. El Supremo no puede ser financieramente coherente con el TJUE porque no entiende, simplemente, los aspectos financieros de las sentencias TJUE.

Sin ir más lejos, el TJUE detecta enseguida que está juzgando un caso de doble retribución. En otras palabras: una estafa masiva (digo “estafa” hablando vulgarmente). Y, por otra parte, el TJUE detecta enseguida que, si se omite que el IRPH se construye con tipos TAE en vez de TIN, se está vendiendo gato por liebre.

Por eso, no encuentro otra explicación educativa, como profesor, que el Tribunal Supremo no entiende lo que dice el TJUE.

¿Es financieramente consistente que el Supremo exija prueba de comprensión individual sin valorar el diseño del producto?

Eso ya se explica en los métodos de comparación “uno a uno” y “uno a muchos” que se exponen en el escrito de alegaciones de la Sentencia 1591/2025.

La ciencia no funciona como cree el Supremo. En una sentencia, no recuerdo cuál, el Supremo sostiene que el IRPH no es abusivo porque no sabemos qué diferencial se hubiera aplicado si se hubiera contratado Euribor. Si razonáramos de este modo, estaríamos todavía en el paleolítico.

Que fumar perjudica los pulmones y conlleva, por tanto, riesgo de cáncer es un hecho científico. Y lo es aunque un tipo con suerte no contraiga el cáncer o a otro tipo le afecte menos que a otro. La ciencia ya controla las leyes y las desviaciones. El IRPH es financieramente abusivo independientemente que, a un cliente particular, el banco le hubiera ofrecido una alternativa Euribor con otro diferencial.  

Desde su experiencia, ¿diría que las sentencias del Supremo presentan deficiencias técnicas financieras, más que jurídicas?

No soy jurista, por lo que no puedo opinar sobre las deficiencias jurídicas. En cambio, que las sentencias del Supremo son técnicamente erróneas o defectuosas, es un hecho demostrable (y demostrado). Es normal que esto suceda, nadie es experto en todo. Lo que no es normal es que no se corrija.

 

11/02/2026 - IRPH: EMPIEZA LA DESBANDADA

Los afectados consideran un bulo la interpretación que hace el Tribunal Supremo del diferencial negativo. El INE ha sido el primero en desmarcarse del Alto Tribunal.

José Antonio Gómez 11/02/2026

Tal como publicamos y analizamos en exclusiva en Diario Sabemos, los afectados por el IRPH llevaron las manos a la cabeza por las contradicciones de la Sentencia 1591/25 sobre abusividad del IRPH, la que juzga la buena fe del profesional con datos futuros que el profesional desconoce y la que contradice las Sentencias previas del Supremo sobre comparación con el mismo tipo de producto.

Pero, es más, indignados con el Supremo, según ha podido saber Diario Sabemos, los afectados IRPH han bombardeado a consultas a abogados y expertos en el tema sobre qué hace en esta situación. Anteriormente entrevistamos al matemático Guillem Bou, quien señaló los errores de concepto (en matemáticas financieras) de los razonamientos del Tribunal Supremo. Eso provocó que algunos afectados se dirigieran a él solicitando aclaraciones sobre la interpretación del Tribunal Supremo.

“Les dije que, obviamente, si el Tribunal Supremo” recuerda Guillem Bou” sostiene que el diferencial negativo se aplica a unas “estadísticas” o “comunicaciones” que las entidades remiten a la administración, hay que solicitar que se aclare qué estadísticas son esas, tan importantes que hacía falta hacer una Circular para ejecutarlas”.  El mismo Bou les indicó qué preguntar y qué aportar a los sistemas de Inteligencia Artificial para conseguir la instancia que debía enviarse a la administración.

 

El INE se desmarca del Tribunal Supremo

Varios afectados (los primeros, se prevé, de una larga lista) han enviado consultas al Banco de España y al Instituto Nacional de Estadística (INE) explicando la situación y solicitando el detalle de estas “comunicaciones” y “estadísticas” tan importantes en las que se aplica el diferencial negativo cuando el contrato es IRPH.

Pues bien, en el caso de JF la respuesta del INE a su consulta tardó la friolera de… ¡Veinticuatro horas! La instancia, a la que ha tenido acceso este medio, fue remitida día 9 de febrero y la respuesta del INE lleva fecha el día 10.

IRPH CONSULTA INE

Sí, le bastó un día al Director del Gabinete de la Presidencia del INE, don Miguel Ángel De Castro Puente, para escribir que “… si bien siento comunicarle que el INE no tiene competencias en el tema al que se refiere su escrito…”.

Así pues, de entrada, el INE no sabe nada de estas supuestas “comunicaciones” o “estadísticas” a los que se refieren los magistrados (no sólo del Supremo, sino también de Audiencias Provinciales).

Segunda página de la consulta al INE

Se ha escrito solicitando las mismas cuestiones al Banco de España. Estamos a la espera del largo listado de procedimientos importantes en que el controlador aplica este diferencial negativo. No puede ser que, para incumplir las dos últimas sentencias del TJUE, alguien de la administración se haya inventado un bulo.

Dada la importancia que va a tener esta consulta para el futuro del IRPH, este medio ha puesto la versión anónima de uno de estos escritos para su descarga. 

Respuesta del INE al afectado por IRPH

 

 

11/02/2026 - LA CIEGA IZQUIERDA ESPAÑOLA DA LA ESPALDA A LAS MATEMÁTICAS

Comentario: Lo tengo más que claro: el egocentrismo y la lucha por un sillón de 4.000 € al mes se carga la izquierda. Cómo puede haber tanto “modorro” que no es capaz de interpretar la Ley de D´Hondt. “Typical Spanish”.

Los partidos progresistas siguen instalados en el nacionalismo estéril cuando el momento histórico requiere altura de miras, generosidad y buenas dosis de valentía

José Antequera

Lo ha dicho el analista Antón Losada: “La izquierda española tiene un problema de egos”. Y no de egos ideológicos. De egos, egos, de ambiciones personales, de cuotas de poder, de particularismos. Hoy mismo, Yolanda Díaz ha asegurado que hablar en estos momentos de marcas, siglas y personas o líderes es un “enorme error”. “No va de eso, va de ganar el país, va de ensanchar la esperanza”.

Por lo visto, la vicepresidenta está más por reflexionar que por hacer coaliciones, listas y programas conjuntos. “Ensanchar la esperanza...” Sin embargo, el problema de la izquierda española es fácil de entender: se trata de ensanchar números, ensanchar cantidades, ensanchar escaños, diputados, votantes. Las matemáticas pesan como una losa sobre todos los partidos del espacio progresista. La fragmentación, atomización o división se traduce en pérdida de votos y de poder por el sistema electoral que tenemos. Un interminable ramillete de partidos de izquierdas, en lugar de uno solo, se traduce en menos representantes en los ayuntamientos, asambleas regionales y parlamento nacional. ¿Y qué piensan hacer los diferentes dirigentes políticos para corregir el dilema aritmético, ese dos más dos que no suman cuatro? Por lo visto nada.

La propuesta de Gabriel Rufián, su llamada desesperada a hacer “algo” porque la extrema derecha “nos come”, parece haber caído en saco roto. Esquerra ya le ha enseñado la puerta de salida si se atreve a dar el salto para liderar una gran alianza o coalición, pasando de la política catalana a la española, de lo particular a lo general. Y las demás formaciones también han acogido su idea de forma más bien fría. Cada cual sigue a sus intereses provincianos, sectarios, egoístas, mientras Abascal va llenando el zurrón de votos entra las clases obreras y humildes, ya indignadas y desafectas. Es un auténtico drama para la histórica lucha de los trabajadores en la conquista de sus derechos.

A la izquierda española le impide avanzar el nacionalismo identitario. Lo periférico puede más que la unidad. En realidad, es una traición a los valores tradicionales de la izquierda, que siempre fue internacionalista, no localista. Una traición a la clase obrera, cuyos intereses quedan supeditados a los de la bandera de cada pueblo. Mientras los actuales dirigentes progresistas no acepten esa realidad, todo seguirá yendo a peor. Elección tras elección, la extrema derecha come terreno no ya al PP, sino a las fuerzas progresistas. Y se suceden situaciones sangrantes, como el hecho de que algunos partidos se queden sin poder entrar en las instituciones porque no superan el implacable techo del 5 por ciento. La dispersión del voto penaliza especialmente en provincias pequeñas y medianas, donde la ley D’Hondt castiga con dureza la falta de concentración. De esta manera, miles de votos terminan en la papelera, como le ha pasado a Podemos en las pasadas elecciones aragonesas. El granero está medio vacío y ellos queman lo poco que queda. El despilfarro electoral resulta tan intolerable como inmoral e irresponsable. Los morados, también Pablo Iglesias, tendrían que hacérselo mirar. ¿Qué ha sido de aquel líder generoso y desprendido que anteponía la defensa de la gente a los intereses del aparato del partido de turno? Se han convertido en la nueva casta demasiado pronto. 

Mientras a los partidillos regionalistas les va bien en sus respectivas circunscripciones, el fiasco es cada vez mayor a nivel general. Bildu saca pecho de sus buenos resultados, el BNG tres cuartos de lo mismo, la Chunta se muestra exultante con sus migajas. Pero todo eso es una victoria pírrica, engordar para morir. Aunque ellos se crean los putos amos del terruño, siguen siendo ineficaces a la hora de acometer las reformas de calado para transformar la sociedad. Se contentan con ser los flamantes segundones en su aldea, renunciando a las grandes mayorías en un mundo interconectado donde lo que hace y dice Elon Musk influye en Amurrio, Badalona o Mondoñedo. Todo es un espejismo: las derechas ganan y seguirán ganando de calle. El PNV ha estado instalado en el País Vasco durante lustros; el pujolismo convergente, aunque ahora de capa caída con Puigdemont, sigue siendo una especie de tótem en Cataluña (volverá más pronto que tarde); y el PP mantiene intacto su poder en Galicia. La situación se repite en todas partes del país, salvo en algunos islotes aislados donde el PSOE resiste como puede. Así ha sido y así será, salvo que Rufián tenga éxito con su iniciativa a la desesperada para lograr la unidad y cambien las tornas. 

Si comparamos los programas políticos de cada fuerza, convendremos en que no hay grandes diferencias. Coinciden en casi todo, en sostenimiento del Estado de bienestar, en el escudo social, en vivienda, en impuesto a los ricos, en derechos de las minorías, en igualdad, feminismo, política exterior y en tantas cosas. Difieren, eso sí, en el mayor o menor autogobierno: el tabú de la independencia. La izquierda española no es soberanista; las fuerzas periféricas a menudo lo son. Pero deben aparcar ese escollo, dejarlo para el final, y empezar a trabajar en lo que les une, que es todo. Lo dijo Julio Anguita no hace tanto tiempo: la izquierda tiene que ponerse de acuerdo y si no puede ir unida sí al menos cohesionada. Lo que no puede ser es que cada gurú, intelectual o sindicalista de su pueblo quiera fundar su propio partido para dar charlas en la universidad y vender muchos libros. En la ambición personal está la auténtica traición a la izquierda. Señores de las confluencias, pónganse de acuerdo, siéntense y hagan números. No sean negacionistas de las matemáticas. La democracia es aritmética. Lo demás son castillos en el aire, discusiones bizantinas y marear la perdiz mientras el señorito sale con la escopeta y la caza.

 

10/02/2026 - EL GOBIERNO APRUEBA UN BLINDAJE HISTÓRICO DE LA SANIDAD PÚBLICA

La ministra de Sanidad, Mónica García, insistió en que el objetivo de Sanidad no es eliminar la colaboración con el sector privado sin ánimo de lucro, sino erradicar aquellos modelos que detraen recursos para engrosar las cuentas de fondos buitre

José Antonio Gómez

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el anuncio del anteproyecto de Ley que blinda la sanidad pública de privatizaciones y externalizaciones

El Ministerio de Sanidad ha marcado un antes y un después en la política social española con la aprobación del anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). En una comparecencia cargada de simbolismo y datos contundentes, la ministra Mónica García ha presentado una norma que aspira a ser el "escudo definitivo" contra el lucro en la asistencia sanitaria, derogando la controvertida Ley 15/1997 y estableciendo la gestión pública directa como la forma preferente de cuidar a los ciudadanos.

Este paquete legislativo no llega solo. Junto a la ley de gestión, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la ley de las organizaciones de pacientes y a un nuevo real decreto de productos sanitarios. Sin embargo, es la primera la que ha captado toda la atención por su potencial para reconfigurar el mapa sanitario español.

"La sanidad no se vende, se defiende"

Para la ministra García, esta ley no es un mero trámite administrativo, sino una respuesta directa a una década de movilizaciones en las calles. "Esta ley es un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas de muchísimos años, que va a proteger y a blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras", afirmó con contundencia durante la rueda de presentación.

El texto legal nace con el objetivo de revertir lo que el actual equipo de Sanidad considera un "problema estructural": un marco normativo que ha permitido que la gestión de la sanidad pública se orientara hacia el beneficio económico. García recordó que la ley responde al lema que ha resonado en las mareas blancas de todo el país: “la sanidad no se vende, la sanidad se defiende”.

Fin de los "casos obscenos"

Uno de los puntos más críticos del discurso de la ministra fue la denuncia de prácticas empresariales que calificó de "absolutamente obscenas". García citó declaraciones de altos ejecutivos de grupos sanitarios privados para ilustrar cómo el modelo anterior incentivaba la búsqueda de beneficios a costa de la calidad asistencial.

“Hemos estado escuchando casos que no deberían formar parte de la vida cotidiana. Declaraciones como 'los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado' o audios donde se hablaba de inflar las listas de espera para obtener mayor rentabilidad. Eso es a lo que venimos hoy a poner coto”, señaló la ministra.

Entre las irregularidades mencionadas, destacó la realización de pruebas diagnósticas a horas intempestivas (como las cuatro de la mañana) para "hacer caja" con las listas de espera, o la reutilización de material sanitario para reducir costes, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes. Según García, el modelo de concesiones ha permitido que empresas ligadas a entornos políticos multipliquen por seis sus ingresos a través de la captación de pacientes derivados de la pública.

Privatización y mortalidad evitable

La reforma no solo se apoya en una voluntad política, sino en datos académicos. La ministra hizo referencia a estudios publicados en revistas de prestigio internacional como The Lancet, que vinculan la privatización con un aumento de la mortalidad evitable.

“La evidencia científica señala que estos modelos dejan a los hospitales públicos sin recursos para tratar a los pacientes complejos, en aras de destinar el presupuesto a los llamados pacientes ‘rentables’”, explicó García. Según el informe de la Universidad de Oxford citado, la fragmentación del sistema provoca una pérdida de control por parte de las administraciones, resultando en un aumento de las infecciones y una disminución general de la calidad de la atención.

Claves de la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS

La nueva norma introduce cambios profundos en la gobernanza sanitaria para evitar que el lucro cese la gestión pública. Estos son los pilares fundamentales:

Derogación de la Ley 15/1997

La ley da carpetazo al modelo impulsado durante la etapa de José María Aznar, que abrió las puertas a la gestión privada de centros públicos. “Cerramos una etapa y damos portazo a un modelo que durante décadas ha permitido que el lucro entrara en la gestión pública”, sentenció la ministra.

Gestión pública directa como preferencia

Por primera vez, una ley estatal establece de forma inequívoca que la gestión directa es la fórmula prioritaria. La gestión indirecta (externalizaciones) quedará limitada exclusivamente a casos excepcionales donde se demuestre que la pública no tiene capacidad, que la opción es financieramente viable y que no perjudica el interés social.

Prohibición de las concesiones de obra y servicio

Se prohíben las fórmulas en las que una constructora edifica un hospital a cambio de un canon durante décadas y la gestión de la prestación sanitaria. Según Sanidad, estos modelos han generado sobrecostes inaceptables para los presupuestos públicos.

Evaluación rigurosa y transparencia

Toda externalización deberá ser evaluada por un comité de profesionales y expertos. Además, todos los centros, independientemente de quién los gestione, deberán rendir cuentas bajo las mismas exigencias de información. “Cada euro público debe explicarse en términos de salud”, subrayó García.

Facilidad para la reversión de servicios

La ley busca que recuperar la gestión directa no sea una "carrera de obstáculos" legales. Se establecen procedimientos claros para garantizar la seguridad jurídica en procesos de recuperación de servicios, inspirándose en casos como el de Alzira en la Comunidad Valenciana.

Homenaje a los defensores de la Sanidad Pública

En un momento emotivo de su intervención, Mónica García dedicó la ley a quienes lucharon contra la privatización cuando era una postura minoritaria. Mencionó nombres clave del activismo sanitario como Juan Luis Ruiz Jiménez, Luis Montes y Carmen San José.

Asimismo, agradeció la "valentía" de políticas como Carmen Montón y Mónica Oltra, quienes, según la ministra, sufrieron acoso político por intentar revertir modelos dañinos en sus respectivos territorios.

Participación ciudadana

Además del blindaje contra la privatización, el Ministerio ha impulsado la Ley de las organizaciones de pacientes. El objetivo es que la voz de los afectados deje de ser una consulta informal y pase a tener un reconocimiento jurídico en los procesos de toma de decisiones del sistema.

Por otro lado, el Real Decreto de productos sanitarios actualiza una normativa con 30 años de antigüedad. Esta medida es vital para regular la financiación de productos esenciales, desde bolsas de orina hasta material de curas, garantizando que no haya desabastecimientos y que los precios sean sostenibles para el sistema.

Contra los "chiringuitos" y los fondos buitre

El mensaje final de Mónica García fue un ataque frontal a lo que denominó la "economía de la salud basada en el negocio". La ministra insistió en que el objetivo de Sanidad no es eliminar la colaboración con el sector privado sin ánimo de lucro, sino erradicar aquellos modelos que detraen recursos para engrosar las cuentas de fondos buitre.

“Frente a quienes dicen que queremos acabar con la sanidad, no: queremos acabar con su chiringuito, con un negocio que ha costado miles de millones de euros a la ciudadanía. Es tan necesaria esta ley que dudo que haya quien anteponga beneficios económicos a la salud propia y a la de sus seres queridos”, concluyó.

Con la aprobación de este anteproyecto, el Gobierno inicia ahora el trámite parlamentario de una ley que promete ser una de las más debatidas de la legislatura, pero que, para el Ministerio de Sanidad, representa la recuperación del alma pública de nuestro sistema sanitario.