Comentario:
Muy bueno el artículo
de José Antonio Gómez, pero no hay que olvidar que gente que vive sola, no
trabaja, tiene vivienda sin hipoteca y gana más de mil euros consta como “persona
en riesgo de exclusión social”, y otras gentes que están cobrando el subsidio de
desempleo y sí los llamas para un trabajo te dicen que hasta octubre no pueden
atenderte. En España ocurren cosas que no son fáciles de entender ni en el
trabajo, la política o la justicia. Y algo aún mucho peor: los que quieren sólo
el poder para forrarse, los que, según parece, son los que vienen (PP y VOX),
no van a arreglar absolutamente nada de nada como ya hicieron cuando tuvieron
la ocasión. Extremadura, Andalucía, Aragón y Castilla-León son claros ejemplos
de lo que nos aguarda: caza, toros, latifundios y empresarios propensos al
esclavismo sin la mínima conciencia cívica. ¡Una mayor desvergüenza al caer ya
mismo!
Del 2018 al 2026, los indicadores del
INE, el SEPE y Eurostat confirman un deterioro persistente de la renta, del
empleo de calidad y de la cohesión social que desmonta el relato triunfal del
sanchismo sobre el legado de Sánchez
José Antonio Gómez
Desde junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó
a La Moncloa tras una moción de censura histórica, España ha vivido uno de los
periodos más intensos y políticamente polarizados de su democracia reciente,
pero también uno de los más decepcionantes en términos de cohesión social,
desigualdad y pobreza económica. Los datos oficiales del Instituto Nacional de
Estadística (INE), del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de Eurostat muestran,
con una frialdad demoledora, que la realidad social se ha ido alejando del
discurso de un gobierno que se proclamaba adalid de la justicia social. No se
trata de informaciones de la fachosfera, son datos oficiales, salvo que el
sanchismo, en su devenir ultrasectario, afirme que los organismos del Estado
dependientes del Gobierno y las agencias de la Unión Europea también están
metidos en la conspiración para derribar al Ejecutivo sanchista.
Al margen de los eslóganes y de la propaganda monclovita, la fotografía
estadística que arranca en 2018 y se proyecta hasta los últimos registros
disponibles deja una conclusión incómoda: la etapa del sanchismo no ha logrado corregir los problemas
estructurales de la economía española y, en varios frentes clave (riesgo de
pobreza, precariedad laboral, brecha de renta), los ha cronificado o agravado.
La promesa fundacional de aquel Gobierno, “no dejar a nadie atrás”, se
enfrenta hoy a una realidad incómoda: en España se vive más pendiente del
umbral de pobreza que del de bienestar, y más cerca de los indicadores de
vulnerabilidad del sur de Europa que de los estándares de igualdad y
estabilidad social que marcan los países del norte.
Un país vulnerable antes de la tormenta
Cuando Sánchez accede al poder en junio de 2018, España no es precisamente
un país igualitario, pero sí una economía en recuperación tras el golpe de la
crisis financiera de 2008 y los años del austericidio. Los indicadores de
pobreza y exclusión social ya eran elevados en términos comparados, aunque la
inercia del ciclo económico apuntaba a una cierta mejora gradual.
La tasa de riesgo de pobreza, medida por el INE a través
de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), se situaba entonces en niveles altos,
pero relativamente estabilizados, con una población vulnerable que se mantenía
en torno a ese 60% de la mediana de ingresos que define el umbral de pobreza.
España seguía atrapada en el patrón de bajos salarios, mercado laboral dual y
fuerte dependencia de los ciclos turísticos, pero la expectativa era que el
crecimiento y un empleo en lenta recuperación avanzaran hacia una reducción del
número de hogares al borde del precipicio social.
Ese era el terreno de juego cuando el nuevo Gobierno se presentó como la
alternativa progresista que “corregiría los recortes”, “reforzaría el Estado
del bienestar” y “combatiría frontalmente la desigualdad”. El marco narrativo
era potente y estaba bien construido: España como país maltrecho por la derecha
y enfilado ahora hacia una nueva etapa de prosperidad compartida. Sin embargo,
los años siguientes mostrarían una brecha creciente entre relato y realidad.
La década perdida de los hogares
trabajadores
La ECV del INE, que cada año radiografía ingresos, condiciones de vida y
riesgo de exclusión, se ha convertido en el espejo más incómodo del
“sanchismo”. Sus ediciones más recientes confirman que, lejos de reducirse de
forma clara, la tasa de riesgo de pobreza se
ha mantenido elevada e incluso se ha disparado en algunos ejercicios,
especialmente en los años de sacudida inflacionaria.
Mientras el Gobierno presume de una economía que “crece por encima de
la media europea”, las cifras revelan que una parte significativa de la
población sigue atrapada en rentas muy bajas, con dificultades para llegar a
fin de mes y con un riesgo sostenido de exclusión social. La mejora coyuntural
del PIB no se traduce en un descenso estructural de la pobreza, lo que
indica que el crecimiento se distribuye de forma desigual y apenas
permea hacia las capas más vulnerables.
A ello se suma el impacto del encarecimiento de la vida: la inflación
en energía y alimentos golpea especialmente a los hogares de menor renta,
erosionando su capacidad de consumo y neutralizando los modestos avances
nominales en salarios y prestaciones. El resultado ha sido un empobrecimiento
silencioso, menos visible que el desempleo masivo de la anterior crisis, pero
igualmente corrosivo para la cohesión social: más familias que trabajan, pero
siguen rozando la pobreza, más hogares que dependen de ayudas públicas para
cubrir necesidades básicas, más niños creciendo en entornos económicos
asfixiantes.
Los indicadores agregados lo resumen con rotundidad: España mantiene una de
las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social más elevadas de la Unión
Europea, especialmente si se observa a la población infantil y a determinados
territorios. El “escudo social” proclamado una y otra vez por el Ejecutivo ha
sido más eficaz como consigna comunicativa que como mecanismo real de
igualación de oportunidades.
Más empleo, pero menos seguro y peor
repartido
Uno de los grandes argumentos del “sanchismo” ha sido la evolución
del paro registrado y de la afiliación a la Seguridad
Social. El Gobierno ha insistido en que España ha alcanzado cifras récord de
empleo y ha celebrado una caída del desempleo respecto a los peores años de la
crisis anterior. Sin embargo, los datos detallados del SEPE y las estadísticas
de empleo evidencian una contradicción inquietante: se crea más empleo, pero no
necesariamente se reduce de forma significativa la precariedad, ni se corrige
la dualidad laboral ni se garantiza un salario suficiente para sacar a los
hogares del riesgo de pobreza.
La reforma laboral impulsada en este periodo, que ha reducido el peso de
los contratos temporales y ha fomentado la figura del contrato indefinido, ha
sido presentada como una revolución histórica. Y, efectivamente, sobre el papel
ha cambiado la tipología contractual, disminuyendo la temporalidad estadística
y aumentando la proporción de indefinidos. Pero una parte importante de esos
nuevos contratos indefinidos se concentran en modalidades de jornada parcial o
en sectores con bajos salarios, lo que mantiene vivo el fenómeno del trabajador pobre: personas con empleo estable, al menos
en apariencia, pero con ingresos insuficientes para superar el umbral de
pobreza. Datos.
El SEPE recoge, año tras año, una evolución del paro que, aunque mejora
respecto a los picos de la crisis, sigue situando a España sistemáticamente
entre los países con mayores tasas de desempleo de la UE, en especial en el
caso del paro juvenil. Esta cronificación de un alto desempleo estructural,
combinada con una fuerte rotación laboral y una precariedad de base en amplios
segmentos del mercado, impide que el descenso en las cifras globales de paro se
traduzca en una reducción equivalente de la pobreza y la desigualdad.
La conclusión es incómoda para el relato oficial: más empleo no ha significado automáticamente menos pobreza,
porque la calidad de ese empleo y su distribución por sectores y territorios no
ha corregido los desequilibrios preexistentes. El Gobierno se ha apoyado en el
volumen de afiliados y en los titulares sobre “récord de empleo”, pero ha
eludido sistemáticamente la discusión sobre salarios reales, coste de la vida y
productividad, que son las variables que, al final, determinan si un contrato
se convierte o no en un salvavidas frente a la pobreza.
Eurostat: la España del sanchismo es el
alumno crónicamente retrasado
Para calibrar en su justa medida el alcance del problema, basta con situar
a España en el mapa europeo. Eurostat, la oficina
estadística de la Unión, ofrece una batería de indicadores comparados sobre
renta, desigualdad y condiciones de vida que permiten despejar cualquier duda:
España se mantiene durante estos años en el grupo de países con peores registros
en materia de pobreza relativa, riesgo de exclusión y desigualdad de ingresos,
particularmente cuando se observa la evolución a partir de 2018.
Los datos europeos muestran que, pese al crecimiento económico, las
políticas aplicadas no han logrado que el país converja hacia los estándares de
igualdad de las economías europeas más avanzadas. El indicador de personas en
riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), que combina pobreza de renta,
carencia material severa e intensidad laboral muy baja en el hogar, refleja una
persistencia preocupante de la vulnerabilidad social en España, con porcentajes
que la sitúan por encima de la media de la UE y próximos a otros países del sur
europeo que arrastran problemas estructurales similares.
En términos de distribución de la renta,
los datos de Eurostat sobre desigualdad de ingresos confirman que el país no ha
avanzado de forma sustantiva hacia una mayor equidad, a pesar del fuerte
incremento del gasto público y de múltiples medidas presentadas como
progresistas. La brecha entre los hogares de mayor y menor renta sigue siendo
significativa, y la movilidad social ascendente continúa siendo limitada,
especialmente para las generaciones más jóvenes que han vivido encadenadas a
sucesivas crisis.
Este contraste con la media europea desmonta otra de las columnas retóricas
del “sanchismo”: la idea de que España se estaba convirtiendo en una referencia
social en la UE gracias a su “nuevo modelo” de políticas públicas. La realidad
comparada, medida con criterios homogéneos, indica exactamente lo contrario: el
país llega a 2026 con un retraso persistente en materia de cohesión social, sin
haber conseguido transformar su crecimiento económico en una reducción
consistente de la desigualdad.
El “escudo social” fracasado
Uno de los conceptos más repetidos por el Gobierno durante estos años ha
sido el de “escudo social”, presentado como
una red de protección sin precedentes frente a la crisis sanitaria, la crisis
energética y la escalada de precios. Es innegable que se desplegaron mecanismos
de emergencia —ERTE, ayudas directas, bonos y subsidios varios— que evitaron un
desplome aún mayor de la renta de muchos hogares en los momentos más críticos.
Sin embargo, cuando se examina el impacto global de estas medidas en
términos de reducción efectiva de la pobreza y la desigualdad, el balance es
mucho menos triunfante. La propia ECV del INE y los indicadores recogidos en
informes oficiales sobre evolución de pobreza y exclusión muestran que buena
parte de estas políticas han funcionado como parches coyunturales,
más eficaces para contener la caída inmediata que para construir un suelo de
bienestar estable.
El diseño fragmentado y, en ocasiones, burocráticamente complejo de ayudas
clave como el Ingreso Mínimo Vital ha provocado que una parte de las personas
que más lo necesitaban quedasen fuera o llegasen tarde al sistema. A esto se
suman los problemas de coordinación entre administraciones, la disparidad
territorial en la gestión de prestaciones y la dificultad de muchas familias
para navegar por un entramado institucional poco amigable.
El resultado final es un modelo de protección social que ha logrado
amortiguar el golpe en plena tormenta, pero que no ha conseguido revertir las
tendencias estructurales de desigualdad. Las estadísticas lo confirman: la
pobreza relativa persiste, la carencia material no desaparece y la exclusión
social sigue acechando a millones de personas. El “escudo social”, en
definitiva, ha sido más eficaz en la retórica gubernamental que en la
experiencia cotidiana de los hogares que viven al límite.
Relato político agotado frente a la
realidad
La etapa del “sanchismo” ha sido, también, un laboratorio de comunicación
política avanzada: control del marco narrativo, proliferación de anuncios,
énfasis constante en la comparación con gobiernos anteriores y uso intensivo de
la palabra “progreso” como eje legitimador. Pero la política, incluso en
tiempos de hipercomunicación, acaba chocando con el test empírico de los datos
y con la percepción íntima de los ciudadanos sobre su propia vida material.
En este sentido, el progresivo divorcio entre el relato oficial —España
como modelo de protección social y recuperación justa— y las estadísticas sobre
pobreza, desigualdad y precariedad laboral ha alimentado una desconfianza
creciente hacia la clase política y hacia las instituciones en su conjunto. La
tesis repetida de que “nunca hubo tanta protección social” pierde fuerza cuando
se contrasta con la persistencia del riesgo de pobreza, con la brecha
territorial en indicadores clave y con la sensación de estancamiento de amplias
capas de la sociedad.
No se trata solo de un fracaso técnico en el diseño de políticas públicas,
sino de un fracaso político más profundo: el
de un gobierno que hizo de la bandera de la igualdad su seña de identidad y
que, sin embargo, entrega al país con un paisaje social donde la vulnerabilidad
económica sigue siendo la experiencia cotidiana de millones de personas. Esa
contradicción entre lo prometido y lo conseguido erosiona no solo al proyecto
político concreto, sino también la credibilidad de cualquier futuro programa
que intente construir un consenso en torno a la justicia social.
Más allá del sanchismo
En 2026, España afronta un escenario social marcado por la fatiga, la
desconfianza y una desigualdad que se ha vuelto demasiado familiar. Las series
del INE, el SEPE y Eurostat permiten reconstruir la trayectoria de estos ocho
años como una curva de oportunidades desaprovechadas: se dispuso de
crecimiento, de margen presupuestario y de un contexto europeo favorable a
políticas expansivas, pero el resultado final no ha sido una reducción nítida
de la pobreza ni una democratización de la prosperidad.
El legado del sanchismo en materia social no se agota
en el número de leyes aprobadas ni en el volumen de gasto público movilizado.
Se mide, sobre todo, en la realidad de los barrios donde el trabajo no
garantiza una vida digna, en las estadísticas que muestran una pobreza infantil
que no cede, en la brecha entre comunidades autónomas que no se cierra y en la
sensación generalizada de que el ascensor social se ha quedado atascado entre
plantas.
La próxima etapa política tendrá que partir de un reconocimiento honesto de
ese fracaso: no basta con proclamar titular tras titular sobre avances sociales
si los indicadores oficiales, año tras año, apuntan en la dirección
contraria. Combatir la desigualdad exige
algo más que retórica y medidas de urgencia: requiere reformas profundas en el
mercado laboral, una estrategia sostenida de mejora salarial ligada a
productividad, una política fiscal verdaderamente redistributiva y un rediseño
del Estado del bienestar que deje de ser un mosaico de parches y se convierta
en un auténtico sistema de garantías.
Porque, al final, la gran paradoja de estos años es que un gobierno que se
presentó como el más social de la democracia española deja tras de sí una
sociedad que sigue sintiéndose profundamente insegura en términos materiales. Y
en esa brecha entre promesa y realidad se juega no solo el juicio histórico
sobre el sanchismo, sino también la confianza de una ciudadanía
que ya no se conforma con discursos sobre igualdad, sino que exige algo mucho
más simple y a la vez más difícil: poder vivir con dignidad en un país que no
convierta la pobreza en costumbre estadística.
