Antes de abordar el último y actual presidente hasta
la fecha de la Democracia, Pedro Sánchez, y explicar ampliamente lo del término
“lawfare” y sus consecuencias para la ciudadanía, quiero hacer un poquito de
pedagogía sobre ese vocablo inglés para los que no saben muy bien su
significado: “lawfare” viene de “IAW” (ley) y “WARFARE” (guerra), en español
“guerra judicial”. Hoy en día describe la utilización abusiva o
instrumentalización de la justicia (jueces, tribunales y procesos penales) para
desacreditar, perseguir o inhabilitar a adversarios políticos. La RAE señala
que, al ser un anglicismo, se recomienda usar en español expresiones
equivalentes como “guerra jurídica”, “persecución judicial” o “judicialización
de la política”.
Pedro Sánchez Pérez-Castejón (2018 hasta la fecha, PSOE) es, obviamente, el actual presidente del
Gobierno al que llegó mediante una moción de censura a su antecesor Mariano
Rajoy Brey del Partido Popular y tras las elecciones generales del 2023 a
base de fórmulas de coalición y acuerdos parlamentarios complejos.
Nació un 29 de febrero de 1972 (54 años) en Madrid y
tiene dos hijas (Ainhoa y Carlota de 21 y 19 años) en común con su esposa
Begoña Gómez. Es un economista presidente del Gobierno de España desde el 2 de
junio de 2018 y reelegido dos veces, el 7 de enero de 2020 y nuevamente el 16
de noviembre de 2023. Es secretario general del PSOE desde 2017, cargo que ya
había desempeñado entre 2014 y 2016. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial y doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela, su carrera política la comenzó
como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, entre 2004 y 2009. Luego fue
diputado en el Congreso en la ix y x legislaturas. En 2014
sucedió a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de la secretaría
general del PSOE, y en 2015 y 2016 fue el candidato propuesto por su partido a
la presidencia del Gobierno. Su segundo mandato estuvo marcado por el confinamiento y la gestión de la pandemia de COVID-19, el incidente fronterizo entre España y Marruecos de 2021, la erupción
volcánica de La Palma,
el cambio histórico de la posición de
España ante el conflicto del Sáhara Occidental, el apoyo militar a Ucrania tras
la invasión rusa, la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la ley trans, la reforma laboral, la Ley de Memoria Democrática, y la ley sobre Libertad Sexual. El 25 de noviembre de 2022 fue
elegido presidente de la Internacional Socialista, sucediendo al griego Giórgos Papandréou.
Tras las elecciones generales de julio de 2023 y
la posterior investidura fallida de Alberto
Núñez Feijóo, el monarca encargó
a Sánchez la conformación de un Gobierno. Fue reelegido presidente el 16
de noviembre de 2023 con 179 votos a favor, 12 más que en 2020, tras cerrar
acuerdos de investidura con Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Su tercer
gobierno se caracterizó por el crecimiento
macroeconómico, la Ley de Amnistía, la inestabilidad
parlamentaria y un aumento de la visibilidad
diplomática internacional a raíz de su apoyo al Estado
palestino y choques con el Gobierno
de Donald Trump, así como el estallido de una
serie de casos de corrupción. Además de español, Sánchez
habla francés e inglés.
Ni que decir tiene,
que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España más “perseguido
judicialmente”, el que está sufriendo más eso del “lawfare”, hasta el punto de
haber imputado a su esposa y a su hermano, presumiblemente, sin ningún motivo
ni razón que se sostenga, sobre todo la de su esposa por un juez que tiene, al
parecer, a su señora trabajando para el PP y a una hija como concejala del
mismo partido con sueldos que superan los 50.000 € anuales. Un tal Peinado (un
“trefe” cualquiera) que hace justicia sin el más mínimo decoro y,
evidentemente, sin despeinarse, un auténtico “carcamal” de la judicatura, que
como la mayoría de ésta trata de que Pedro Sánchez se vaya antes de que se
convoquen las próximas elecciones del 2027 a base de elucubraciones. A ningún
presiente anterior se había acosado judicialmente al modo de traílla.
Posiblemente, porque es el mejor que hemos tenido y el que más ha luchado por
una España más progresista y menos “bandolera”, con una justicia, solamente, un
poquito más justa y más acorde con los tiempos que corren. Lástima que esté
“contradiciendo” a Antonio Machado cuando dijo eso de: “En política solo
triunfa quien pone la vela donde sopla el aire; jamás quien pretende que sople
el aire donde pone la vela”.
Bien. Vamos ya con el artículo de Jordi Nieva Fenoll,
un destacado jurista y catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de
Barcelona y miembro de prestigiosas asociaciones científicas internacionales
como la International Association of Procedural Law y el Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal, que tiene por título [“Lawfare”: así se
hunden los sistemas políticos”].
La instrumentalización de la justicia
anuncia cambios sociales relevantes porque pone en evidencia la existencia de
un poder acorralado.
Hay
una constante histórica de la que nadie parece ser demasiado consciente. Cuando
en un Estado algunos de sus jueces se han dedicado a hacer lawfare, es decir, a prevaricar para
defender una opción política, y lo practican con inusitada frecuencia o al menos
en casos relevantes, se ha producido, tarde o temprano, una reacción popular
que, de un modo u otro y con más o menos sinsabores, ha provocado un cambio de
régimen, e incluso a veces un cambio de época. La degradación de la confianza
ciudadana en una Justicia que, incluso, se había llegado a admirar, no parece
ser irrelevante para el devenir histórico.
Ha
ocurrido demasiadas veces como para no prestarle atención al fenómeno. Dejando
al margen la represión judicial propia de las dictaduras, en las que el juez
sólo es una pieza sumisa del sistema autoritario, tal vez el ejemplo
científicamente más evidente es el acaecido en el siglo XVII en Inglaterra.
Muy
resumido, dice así: La persecución judicial ejercida por monarcas como Carlos I
derivó en su decapitación, el periodo republicano y, posteriormente, la
Revolución Gloriosa de 1688. Esto culminó en la creación del Bill of Rights y
el nacimiento de la monarquía parlamentaria.
Lo
mismo sucedió con otro asunto algo más conocido: el caso Dreyfus en la Francia
del siglo XIX. Resumido, dice lo siguiente: La condena injusta del militar
judío y la persecución a sus defensores (como Émile Zola) por parte de sectores
militares monárquicos terminaron consolidando los valores democráticos de la
Tercera República.
Se
podrían poner ejemplos todavía más conocidos, como el proceso a Jesús, que
también fue puro lawfare y
que propició el nacimiento de una religión masiva que persiste dos mil años
después. O la condena a un Fidel Castro, entonces libertario, que afirmó al
final de su proceso que la historia le absolvería, lo que no ha sido cierto,
pero sí que se produjo un innegable cambio de época en Cuba cuyas repercusiones
han llegado hasta nuestros días.
La
clave que explica por qué el lawfare acaba
–casi– siempre mal para sus promotores es relativamente sencilla, y quizás nada
la ilustre mejor que aquel Gadafi acorralado que, poco antes de su
linchamiento, pronunció un discurso televisado blandiendo ridículamente el
código penal en una mano, amenazando con la persecución judicial a los que se
rebelaran a su criminal autoridad. El lawfare es aquello a lo que los poderosos recurren
prioritariamente cuando se sienten amenazados. Y acaba mal porque aquellos que
utilizan la represión para mantener su poder, se han alejado tanto de la noción
de justicia percibida mayoritariamente, de un modo u otro, por el pueblo, que
acaban siendo engullidos por él, en las urnas o en revoluciones. Si esos
farsantes no consiguen legitimar propagandísticamente su poder, el lawfare fracasa. La sociedad,
ese conjunto de seres humanos, necesita confiar en la justicia para aceptar que
otro ser humano, el juez, pueda tener la última palabra en un conflicto. Si esa
confianza se rompe, cae el poder ilegítimo que trató de defenderse
desesperadamente a través del lawfare.
Y no es fácil que los jueces ganen una batalla propagandística. A diferencia de
otros resortes de poder, están obligados a motivar detalladamente sus
resoluciones, lo que les pone en evidencia cuando se descubre la pobreza de los
argumentos que siempre adorna cualquier sentencia injusta, por muchos esfuerzos
retóricos que haga su lamentable redactor.
En
todo caso, no es conveniente hacer de profetas. El lawfare anuncia cambios sociales relevantes porque hace
evidente la existencia de un poder acorralado. Pero esos cambios suelen
demorarse en el tiempo. El proceso a Jesús no acabó, ciertamente, con las
jerarquías judías en Israel, sino en Roma unos cuarenta años después. Pero la
desproporcionada forma de reaccionar de aquellas jerarquías frente a alguien
cuya única arma era la palabra, sí que anunció la crisis de su poder, que se
extinguió décadas después. Sería positivo tenerlo en cuenta, sobre todo cuando
se utiliza políticamente el tremendo poder de los jueces e incluso se banalizan
algunas de sus condenas injustas.
Voy
a cerrar este escrito con una frase de Hanna Arendt: “Las mentiras resultan a
menudo mucho más verosímiles que la realidad, porque quien miente tiene la gran
ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia espera oír”.
No
dejen de consultar mi blog “La Demagogia del Alacrán” (angelmorblogspot.blogspot.com) que tiene un sinfín de
artículos, aparte de los míos, de grandes articulistas que no se muerden la
lengua.
