13/06/2026 "FRIJOLITO" NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA

Ángel Lozano Heras

Como al coronel de la novela corta de García Márquez. Pero diríamos mejor que tampoco tiene nadie que le quiera. A "Frijolito" ningún partido le apoya para la moción de censura (excepto VOX). Es más, Aznar le dijo que estaba equivocado, que moción, no, y que no alimente "la frustración" ciudadana con una moción de censura que no prosperaría. Y así dejaríamos de hablar de lo mal que lo está haciendo Pésanchez y su Gobierno de coalición... Aznar le ha recordado también que en este momento "no hay materiales" para una moción de censura. Y le susurra a "Frijolito" que "alimentar el debate político con una hipotética moción de censura solo generaría más desasosiego e impaciencia y alimentaría posiciones extremistas".

Entonces qué hace Núñez Feijóo desesperado, ¿ir a ver a Carles Puigdemont a Waterloo para negociar e impulsar una moción de censura? ¿Insultar al PNV, y a sus dirigentes, acusándoles de sumisión al Gobierno socialista? ¿O pactar con los independentistas y separatistas?

Feijóo vuelve a decepcionar a los empresarios catalanes reunidos en el Cercle: "Otra oportunidad perdida" de llegar a un acuerdo de legislatura.

Quién le mandaría, dicen sus críticos en el PP, gestionar las elecciones de las autonomías con pactos con VOX, que le tienen atrapado. Además, con esa aberrante estrategia suya, no ha tenido mayoría absoluta en ninguna comunidad autónoma.

Y mira que se lo pone fácil toda la derecha radical y la ultraderecha, muchos jueces y fiscales, la Audiencia Nacional, el T. Supremo, el CGPJ. Todos ellos le echan una mano de vez en cuando, judicial y mediáticamente, pero ya no pueden hacer más por él.

Feijóo está solo porque los bocazas de sus portavoces no hacen más que enredarle y complicarle la gestiones. Por ejemplo, echando exabruptos sobre Pésanchez, menospreciándole, e intentándole imputar como sea, pero nada, no cae.

¿Llegará Feijóo a las elecciones del 27, tal como quiere Pésanchez? Me temo que le pasará lo mismo que a su antecesor Pablo Casado, "el becario fracasado."

Y es que tiene mucho que aclarar aún en sus filas, atado por temas como la Kitchen, etc. Y ahora le salen, como le salieron a Pésanchez, asuntos muy escabrosos, por ejemplo, la amistad con el narco Marcial Dorado, o temas familiares, con extraños privilegios, etc.

El PP y Feijóo se enfurruñan exageradamente hasta extremos insospechados porque, además del cabreo por "no haber ganado en las últimas elecciones europeas", con suficiencia y para derrocar a Pésanchez tiene que aguantar que, en la UE, España crece mucho y las perspectivas económicas futuras son espectacularmente buenas...

Y para rematar el tema de aislamiento de su liderazgo, el Papa León XIV apenas le ha saludado; no ha tenido Feijoo, el pobre, ni el Papa que le escriba, no le han dejado espacio, ni protagonismo. Pésanchez y Ayuso y los reyes, sí, pero él nada de nada. Encima el Papa retrata a PP y Vox en plena ofensiva de las derechas contra la inmigración. Porque León XIV defiende vías seguras, integración y dignidad universal frente al discurso de la "invasión" y la "prioridad nacional" de Abascal y Feijóo.

El mensaje del Papa sobre la migración destroza la contradicción de Feijóo: una frase bastó para dejar al descubierto el choque entre sus aplausos públicos, sus pactos incómodos y el discurso que ahora muchos en el PP preferirían borrar cuanto antes.

Y para más inri, a Feijóo le pasa con León XIV lo peor que te puede pasar en un cumpleaños: repetir regalo. Y seguro que no tiene ticket regalo. Tuvo bien regalarle al Papa, como gran aficionado al tenis, una camiseta firmada por Rafa Nadal como "referente de la España que nunca se rinde ante la adversidad". Lo que probablemente no sabría ni Feijóo ni sus asesores es que León XIV ya tiene una camiseta firmada por el deportista español. ¡Jajajaaa, lo que le faltaba al político gallego!

De todas maneras, con los padrinos predecesores que tiene, Aznar y m. rajoy, va "apañao". Uno, con más de 12 de sus ministros enjuiciados o condenados en la cárcel. Y lo de m. rajoy es de risa: no se enteró de nada de la Kitchen, y eso que aparece por todos lados. Este lastre pepero a Núñez Feijóo le trae loco...

Si Aznar se libró de la Gürtel, Aguirre de la Púnica, Ayuso de las residencias, Rajoy de la Kitchen y Zaplana, el moribundo, lleva diez años disfrutando de la playa, ¿será que al final en este país la "toga nostra" sí que existe?

Y es más, "hay algunos jueces que prevarican, y si no son ellos, es alguien de su entorno", y les ha recordado al PP que "la Justicia no gobierna; quien gobierna es el Gobierno", ha remachado el ministro Oscar López.

"Frijolito" tiene en su grupo más de 20 dirigentes que formaban parte del poder pepero en tiempos de la operación Kitchen.

El PP no renueva el CGPJ porque si no lo manejan por la puerta de atrás, entraría en la cárcel hasta el portero de Génova 13, que, por cierto, fue pagada con dinero en negro. 

Ante esto, le vuelve a aconsejar su jefe Aznar, insistiendo: "Frente a un Gobierno que está acabando con el Estado y la Constitución, el que pueda hacer lo haga". Este "bocazas" de Aznar ha sido el político que más ha mentido a los españoles, recordémoslo.

Pero Salvador Illa: "Creo que Alberto Núñez Feijóo no será presidente: No ha entendido España. Y es el gran acelerador de votos de Vox. Lo hemos visto en las elecciones de Extremadura y de Aragón, de Castilla y León, y ahora en Andalucía".

Pésanchez a Feijóo: "No voy aceptar lecciones del PP y de usted, porque usted no tiene voz propia, es la voz de sus "amos". Mientras Sánchez rechazó marcharse del Gobierno y acusó al PP de hipocresía por sus propios casos de corrupción.

Y Pésanchez añade muy socarrón: "Es usted el peor jefe de la Oposición de la democracia española".

EL PP aplaudió las palabras del Papa Benedicto XIV en nuestro Congreso sobre la acogida de emigrantes, pero hipócritamente defiende la "prioridad nacional", la exigencia que le marca VOX para apoyarles. Pero eso es una clara segregación de los emigrantes, y además es inconstitucional. "Es curioso que al día siguiente de aplaudir al Papa resulta que Freijóo consiente el pacto (PP-VOX) en C y L donde se aprueba la prioridad nacional".

Y cuánto sufre "Frijolito" porque no le invitan ni a Barcelona ni a Tenerife ni a Gran Canarias para salir en pantalla junto al Papa León XIV, ¿Será un castigo por sus contradicciones con los discursos del Papa? ¿O es que a nadie le importa si va o no va a acompañar a su Santidad?

Tuvo que ir a sede judicial por el caso "Dana de Valencia", a reconocer lo que todos ya sabíamos. Nos mintió el 31 de octubre y, durante estos 14 meses, se ha regodeado en la mentira. Sr. Feijóo, la puerta ya sabe dónde está, pero nada, no se entera.

Y es que "Frijolito", algo sobrado y chulesco, en el caso "Dana de Valencia", dijo: "Si os miento, no solamente os pido que me echéis del Gobierno, os pido también que me echéis del partido." Ya están tardando los militantes y dirigentes del PP...

¿Y este quiere ser el próximo presidente del Gobierno de España? No se lo cree ni él... "Anotop... at"...

 

12/06/2026 - FEIJÓO Y EL DIFÍCIL ARTE DE PREDICAR CON EL PASADO

La apelación a la ejemplaridad institucional choca con una herencia política marcada por algunos de los mayores casos de corrupción de la democracia española

Eva Maldonado

Alberto Núñez Feijóo ha decidido convertir el talento en una de las grandes banderas de su proyecto político. La idea resulta atractiva. Pocas cosas generan más consenso que defender la formación, el mérito, la capacidad y la excelencia. Nadie discute que una sociedad progresa mejor cuando aprovecha el potencial de quienes la integran y cuando ofrece oportunidades reales para desarrollarlo.

La dificultad aparece cuando el discurso abandona el terreno de las declaraciones y entra en el de la memoria.

Durante un foro dedicado precisamente al talento, Feijóo identificó tres grandes enemigos. La inacción, el falso igualitarismo y la corrupción. Sobre este último aspecto fue especialmente contundente. Llegó a definirla como un enemigo letal capaz de dañar la credibilidad institucional, la seguridad jurídica, la inversión y la confianza ciudadana.

Escucharlo producía una sensación curiosa. Era algo parecido a asistir a una conferencia sobre vegetarianismo impartida por un carnicero entusiasta.

Porque si existe una formación política que ha contribuido a deteriorar la confianza pública en las instituciones durante las últimas décadas, esa ha sido precisamente el Partido Popular. Gürtel, Kitchen, Púnica, Lezo, los papeles de Bárcenas, la financiación irregular acreditada judicialmente, la caja B, las condenas a dirigentes de primer nivel y una larguísima lista de procedimientos judiciales forman parte de una realidad documentada por los tribunales, no por los adversarios políticos.

Feijóo parece convencido de que los españoles padecen una amnesia colectiva particularmente intensa y, quizá por eso habla de corrupción como si se tratara de una plaga exótica llegada recientemente a la política nacional y no de una enfermedad que durante años encontró en el PP uno de sus principales focos de expansión.

La ironía alcanza una dimensión especialmente llamativa cuando promete recuperar el talento para la gestión pública y garantizar que los cargos se otorgarán por capacidad y experiencia. La afirmación tiene mérito.

Sobre todo, si se recuerda que buena parte de las estructuras clientelares que acabaron investigadas judicialmente se construyeron precisamente bajo gobiernos del Partido Popular. Aquellas redes no se caracterizaban precisamente por seleccionar a los mejores. Más bien premiaban la cercanía política, la lealtad interna y determinadas relaciones de confianza que poco tenían que ver con la excelencia profesional.

Hay además un detalle en el discurso del líder popular. Feijóo asegura querer una España sin enfrentamientos estériles, sin sumarios, sin UCO, sin UDEF y sin fiscales. La frase pretendía probablemente transmitir una imagen de normalidad institucional. Sin embargo, el resultado fue bastante distinto.

Llama la atención que un dirigente político incluya en la misma enumeración los enfrentamientos políticos y los organismos encargados de perseguir delitos. Como si la presencia de la UCO o de la UDEF fuera una anomalía y no una garantía democrática.

En realidad, el talento necesita muchas cosas para florecer. Necesita educación, estabilidad, oportunidades y movilidad social. Necesita universidades fuertes, servicios públicos eficaces y políticas que permitan a los jóvenes desarrollar proyectos de vida dignos. Pero también necesita algo más sencillo, necesita coherencia.

Y ahí es donde el discurso de Feijóo encuentra sus mayores dificultades. Porque combatir la corrupción exige credibilidad. Y la credibilidad no se construye únicamente señalando los errores ajenos. También requiere asumir con honestidad el propio pasado.

El Partido Popular sigue sin haber realizado una reflexión verdaderamente profunda sobre la etapa más oscura de su historia reciente. Ha cambiado líderes, ha renovado equipos y ha actualizado mensajes. Lo que continúa pendiente es una explicación convincente de cómo una organización política llegó a convertirse en protagonista recurrente de algunos de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española.

Quizá por eso cada vez que Feijóo se presenta como gran referente moral contra la corrupción aparece inevitablemente una sonrisa escéptica. No porque la corrupción no sea un problema gravísimo. Precisamente porque lo es.

 

12/06/2026 - "EL LAWFARE EXISTE Y HAY JUECES QUE HACEN POLÍTICA"

Numerosos casos que se demostraron falsos o montajes fabricados por la ultraderecha de este país revelan que la guerra sucia judicial es real

Marcos López

Gabriel Rufián lo dijo alto y claro ayer: “Hay jueces que prevarican”. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados aseguraba que el hecho de que “hay jueces que hacen política” en España “lo sabe hasta Perry”. Además, subrayó que el PSOE lo denuncia ahora porque le afecta y ha criticado al “patriotismo frágil” que impide decir lo que se piensa. “En este país hemos tenido un rey que ha robado, políticos que han robado y jueces que hacen política, ya está. Eso significa que tienes que tener tu casa limpia (…) pues también”, añadió.

La afirmación coincidió con la declaración del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, para quien “hay jueces que prevarican”. Fueron las duras palabras con las que habló sobre la acumulación de frentes judiciales que se le han abierto al Gobierno y al PSOE en los últimos meses.

En un acto de Público, en el que fue premiado el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz como ganador del Personaje del Año, López aseguró que, pese a las actuaciones de algunos magistrados, “la Justicia no gobierna”. Además, aseguró que el Ejecutivo no se dejará “atropellar por quienes están intentando mezclar todo para generar una confusión que no corresponde”.

Concretamente, López afirmó que “prevarican” algunos jueces del Tribunal Supremo, el órgano que condenó a García Ortiz por un delito de revelación de secretos en relación con los delitos fiscales reconocidos por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. “Y si no son ellos, es alguien de su entorno, para que me entienda”, ironizó, haciendo referencia a los argumentos que los jueces utilizaron en la sentencia contra el ex fiscal general.

Entre tanto, y tras conocerse que el juez del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid Antonio Viejo autorizaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a rastrear las cuentas de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ordenando a 16 entidades bancarias que remitan a los agentes los movimientos y saldos del empresario desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, el ministro Óscar Puente tuiteaba: “Despaaacito”, una alusión a lo lenta que marcha la investigación por delito fiscal contra la pareja de la lideresa.

La guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ha alcanzado tintes de auténtica crisis institucional como no se conocía en 50 años de democracia. El término lawfare –la utilización estratégica de los tribunales, la policía o los medios para desgastar a adversarios políticos– ha ganado presencia en el debate español durante la última década. Aunque su uso es polémico y no existe consenso académico sobre su aplicación al caso español, diversos episodios judiciales y policiales han alimentado la percepción de que ciertos actores han instrumentalizado el aparato del Estado para influir en la vida política.

En España, el debate sobre el lawfare se intensificó a partir de 2017, coincidiendo con el conflicto catalán y la irrupción de nuevas fuerzas políticas como Podemos. Sin embargo, algunos analistas sitúan el origen del fenómeno en los años del Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz (2012–2016). Durante ese periodo, investigaciones periodísticas y judiciales revelaron la existencia de una estructura policial conocida como “brigada patriótica”, vinculada al comisario José Manuel Villarejo. Según estas informaciones, dicha red habría elaborado informes sin control judicial, filtrado documentos falsos a la prensa y presionado a entidades financieras para obtener información comprometedora sobre adversarios políticos del Gobierno de entonces. La trama se conoció como Kitchen, y está siendo enjuiciada estos días en la Audiencia Nacional.

Entre los casos más citados se encuentran el informe falso contra Artur Mas en 2012, difundido en plena campaña electoral catalana; los procesos a Ada Colau y Monica Oltra; la falsa cuenta en Suiza atribuida a Xavier Trias, que años después fue desmentida por la propia policía; y el montaje contra Podemos y Pablo Iglesias, a quien le inventaron una cuenta secreta en el paraíso fiscal de Granadinas. Todo era falso. Estos episodios han sido interpretados por sectores independentistas y por parte de la prensa como ejemplos paradigmáticos de lawfare.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha acumulado cerca de veinte denuncias de fondos de inversión, asociaciones y rivales políticos. La mayoría han sido archivadas por los tribunales, que en algunos autos han señalado la falta de base jurídica sólida. Para Colau y sus defensores, este patrón responde a una estrategia de desgaste político mediante el uso instrumental de la justicia.

También ha sido relevante el caso Neurona, una investigación sobre contratos electorales de Podemos que se prolongó durante tres años y que finalmente fue archivada. El partido denunció que la causa se sostuvo sobre filtraciones y sospechas sin pruebas concluyentes, y que su impacto mediático fue mayor que su contenido jurídico. En una línea similar, la jueza y diputada Victoria Rosell denunció una maniobra judicial para desacreditarla.

El fenómeno también se ha vinculado a la judicialización del conflicto catalán. Para algunos juristas, la respuesta penal al procés –incluyendo la intervención de la Audiencia Nacional y las acusaciones de rebelión y sedición– constituye un ejemplo de uso expansivo del derecho penal para resolver un conflicto político. Otros expertos, sin embargo, sostienen que las actuaciones judiciales fueron una respuesta necesaria ante vulneraciones del orden constitucional.

La controversia alcanzó un nuevo nivel en 2023, cuando el término lawfare apareció en el acuerdo político entre PSOE y Junts. Este hecho provocó una reacción inmediata de las asociaciones judiciales, que rechazaron frontalmente la idea de que en España exista persecución política desde los tribunales. Desde entonces, el concepto se ha convertido en un eje de polarización.

El debate sobre el lawfare en España refleja tensiones más profundas sobre la calidad democrática, la independencia judicial y el papel de los medios en la vida pública. Aunque no existe consenso sobre la existencia de un lawfare sistemático, los casos mencionados muestran que la frontera entre justicia y política puede volverse difusa, especialmente en contextos de alta polarización.

 

12/06/2026 - LAS CLOACAS DEL SANCHISMO PRETENDIERON SALVAR A SÁNCHEZ, PERO TERMINARÁN HUNDIÉNDOLE

Comentario: Todos los problemas políticos y de entre políticos vienen desde que alguien decidió que la Dirección de la Guardia Civil pasara a ser a cargo de un paisano. Si ese listo no hubiera sido tan listo, ahora no estaríamos hablando de cloacas que trata de desentrañar la UCO de la Guardia Civil, un cuerpo policial, que no lo olvide nadie, claramente de derechas y muy derechas, aunque sus agentes estén dando un gran ejemplo de servicio en todos los ámbitos sociales. Sí, los agentes, pero no los mandos, que, previsiblemente, se ve claro a quienes -como la judicatura- tratan de servir.

La supuesta trama de Leire Díez fue tan chapucera que dejó un rastro documental tan minucioso que ahora amenaza con convertirse en el mayor escándalo político de la historia reciente

José Antonio Gómez

Hay una incongruencia cruel en el centro de esta historia: la misma obsesión por proteger a Pedro Sánchez fue la que dejó el rastro que hoy compromete al presidente del Gobierno y al propio PSOE. Leire Díez, conocida en los círculos del PSOE como "la fontanera", llevaba una agenda. Y en esa agenda anotaba todo: reuniones, siglas, nombres en clave, instrucciones. Al estilo del comisario Villarejo, como han señalado los investigadores, Díez documentaba sus movimientos con una meticulosidad que, en lugar de protegerla, terminó entregando a los investigadores un mapa casi perfecto de la organización que la empleaba.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene ahora sobre su mesa lo que fuentes de la investigación describen como una confirmación casi total de las sospechas que motivaron el caso: la trama presuntamente corrupta supuestamente liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán no actuaba en el vacío, sino con acceso directo a las más altas instancias del Estado, incluyendo la Fiscalía General del Estado.

El núcleo más explosivo de las últimas revelaciones es la confirmación de que Diego Villafañe, mano derecha del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz y hombre fuerte de la Secretaría Técnica de Fortuny, se reunió en dos ocasiones con Jacobo Teijelo, abogado investigado por la Audiencia Nacional como presunto integrante de las cloacas de Ferraz, y con la propia Leire Díez.

La primera reunión tuvo lugar el 6 de marzo de 2025. La segunda, en fecha imprecisa de finales de marzo o principios de abril del mismo año. De ninguna de las dos hay constancia documental en los registros oficiales de la Fiscalía General del Estado: no figuran en el libro de visitas de Fortuny, no se levantó acta y no se incorporaron a ningún expediente administrativo. Solo las agendas incautadas a Díez por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil permiten reconstruir lo sucedido, incluida una localización de la aplicación Waze en el número 4 de la calle Fortuny de Madrid, registrada en el teléfono de la investigada el mismo mes de la primera cita.

La Fiscalía Anticorrupción tampoco fue informada en ningún momento de esos encuentros, un oscurantismo que resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que uno de los objetivos explícitos de la trama era precisamente conseguir material comprometedor sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el fiscal José Grinda. Es decir, la cúpula de Fortuny se reunía en secreto con personas investigadas que trataban de destruir a los fiscales encargados de perseguir la corrupción que afectaba al Gobierno.

"Te va a recibir el FGE": el pacto que ofrece Díez a Villarejo

Los mensajes intervenidos por la UCO arrojan una imagen aún más perturbadora. En febrero de 2025, Díez le escribe al abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Antonio Cabrera: "Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho". La fontanera llegó a ofrecer a Villarejo un pacto con la Fiscalía a cambio de material comprometedor sobre el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Días después, Díez le comunica a Teijelo que va a recibir una llamada de la Fiscalía General para concertar una reunión y le dice, de forma inequívoca: "Te llamarán de la FGE. Iré yo contigo". La cronología encaja con las reuniones que la propia Fiscalía ha confirmado al juez Pedraz. La fontanera no solo tenía acceso al número dos de Fortuny; lo organizaba, lo anticipaba y lo instrumentalizaba.

Tras la primera reunión, Díez informa a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI e imputado también en la Audiencia Nacional, del resultado del encuentro: "Jacobo dice que debería ir a todas las reuniones de Fiscalía porque complemento bien la parte jurídica. Si ahora hacen rápido lo que han dicho, las cosas se precipitarán". Fernández le pregunta si va a ver al presidente. Díez responde que no, pero añade: "La reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore".

Esa frase resume de forma brutal la lógica que movía a toda la trama: la proximidad al poder como moneda de cambio, el acceso a las instituciones del Estado como favor que se presta a quien manda y que se espera sea reconocido en consecuencia.

Las siglas "P.S." y el rastro que lleva a Moncloa

La agenda personal incautada a Díez contiene cuatro referencias a las siglas "P.S.". La más llamativa es una anotación que dice simplemente "reunión con P.S.", datada el 3 de febrero de 2025. Moncloa se apresuró a negar que las iniciales hagan referencia a Pedro Sánchez, y el propio presidente negó tener conocimiento alguno de las actividades de la trama.

Pero el contexto de otras anotaciones complica esa negación. En la misma agenda, Díez escribe: "Consultas sobre Ábalos. Copia, pen, cadena custodia, consultas datos bases Ábalos y P.S.". En otro pasaje, refiriéndose al presidente del Grupo Prisa, anota que "cuando Joseph desembarca en Prisa llega a un acuerdo con P.S." y que "la línea editorial la marca P.S. y la estrategia Joseph". Hay también frases que no dejan lugar a muchas interpretaciones: "UCO tiene todos los WhatsApp entre el presidente y Ábalos" o "Pedro no se fía del DAO".

La UCO, a su vez, ya había concluido en anteriores informes que las referencias al "one" que aparecen en las comunicaciones de Díez con otros investigados "solo podrían estar efectuadas al presidente del Gobierno y secretario general del partido". Según uno de esos mensajes, por "orden del one", Santos Cerdán habría transmitido que el objetivo era lograr la nulidad de causas judiciales vinculadas al sector de los hidrocarburos y el caso Koldo.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, intentó desactivar el impacto de estas revelaciones argumentando que Díez utilizaba el nombre del presidente para darse importancia. Es posible. Pero hasta ahora esa era una hipótesis aplicable a las conversaciones con terceros. Las anotaciones personales de una agenda son otro tipo de documento: nadie se da importancia ante sí mismo.

"Exterminar socialmente a Alaya": la maquinaria del partido al servicio de la trama

La investigación no se limita a las conexiones con la Fiscalía. La UCO ha documentado al menos 39 reuniones entre Leire Díez y Santos Cerdán, aproximadamente la mitad de ellas celebradas en la propia sede del PSOE en Ferraz. El partido no solo habría prestado sus instalaciones a la trama; también habría sufragado gastos de transporte y alojamiento de las personas involucradas.

Un ejemplo especialmente revelador es el viaje a Zaragoza en julio de 2024. Díez contactó con Covadonga San Pedro, empleada del PSOE con funciones administrativas, para solicitarle dos billetes de tren. San Pedro los gestionó y confirmó los horarios en cuestión de minutos. El objetivo del viaje era una reunión con abogados en el marco de la estrategia para, en palabras de la propia Díez, "exterminar socialmente" a la juez Mercedes Alaya, que instruía el caso de los ERE de Andalucía.

"Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis", escribió Díez a Fernández. La UCO ve en este tipo de gestiones la prueba de que "el PSOE sufragó y dio soporte a la actividad delictiva de la trama". No se trataría de iniciativas individuales de militantes díscolos, sino de la instrumentalización de la estructura orgánica del partido para financiar y facilitar operaciones de acoso a jueces y fiscales.

En la agenda de Díez también aparece otra anotación significativa: "Antonio Balas, peligroso". Balas es el teniente coronel jefe del Departamento de Investigación Económica de la UCO, es decir, uno de los investigadores más importantes en los casos que afectan al entorno del Gobierno. La fontanera le preguntó en una conversación grabada: "¿Qué carnet ideológico tiene Balas?". La agenda añade otro apunte que resume la ambición de la trama: "DGP investigará a la UCO".

La directora de la Guardia Civil y el eslabón institucional

La red de contactos de Díez alcanzaba también a Mercedes González, directora general de la Guardia Civil. Según el comunicado emitido por la institución, ambas se conocieron cuando Díez dirigía las Relaciones Institucionales de Correos y González era Delegada del Gobierno en Madrid, inicialmente solo a través de WhatsApp. Ya como directora de la Guardia Civil, González recibió a Díez en una cafetería cercana a su sede en lo que describió como un encuentro de apenas 15 minutos y "una mera toma de contacto".

En un segundo encuentro, Díez le planteó a González si existía alguna posibilidad de que el comandante Rubén Villalba, apartado de su destino por su implicación en el caso Koldo e investigado en la causa, pudiera regresar a su puesto. González rechazó de plano la petición y dio la reunión por concluida de inmediato. La institución asegura que no hubo más encuentros y que la directora "jamás ha interferido en ninguna investigación".

Sin embargo, el mero hecho de que la fontanera de una trama criminal investigada por la Audiencia Nacional tuviera acceso directo a la directora de la Guardia Civil para intentar reinsertar a un mando investigado habla de los tentáculos que había desarrollado esta red en el aparato del Estado.

Rastro documental: proteger a Sánchez para destruirle

Hay algo casi literario en la forma en que esta historia puede terminar. La trama que pretendía blindar a Pedro Sánchez de las investigaciones judiciales construyó, sin saberlo, el expediente más devastador contra él. Cada reunión anotada, cada mensaje interceptado, cada billete de tren gestionado desde Ferraz, cada visita no registrada en Fortuny suma a un sumario que hoy tiene nombre propio: las cloacas de Ferraz.

Díez documentaba sus actividades con una minuciosidad casi compulsiva, al estilo de Villarejo, según han señalado investigadores del caso. Esa costumbre, que seguramente respondía a la lógica de quien necesita acreditar sus servicios ante quienes le pagan, es hoy la fuente principal de evidencias. Las libretas no mienten. Los teléfonos intervenidos tampoco.

El Gobierno niega. Bolaños argumenta. Moncloa desvincula. Pero la investigación judicial avanza sobre documentos, no sobre declaraciones políticas. Y los documentos apuntan a una conclusión que ningún comunicado de prensa puede desactivar: la maquinaria construida para salvar a Pedro Sánchez amenaza con ser lo que finalmente le entierre

 

12/06/2026 - EL TRABAJO DIGNO NO VENDRÁ DEL CIELO

 

Comentario: Yolanda Díaz nos engañó a todos, sobre todo, a los trabajadores, y ahora miren lo que está ocurriendo en Sumar, todas están peleando por coger un sillón en el Congreso de los Diputados y es posible que no lo coja ninguna. Traicionaron a Podemos y el destino siempre hace justicia: ¡al carajo Sumar!

André Abeledo Fernández

Las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmando que el papa León XIV es "el mejor defensor del trabajo digno en el mundo" deberían hacernos reflexionar sobre una cuestión de fondo: ¿quién tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de la clase trabajadora? ¿Un líder religioso o los poderes públicos elegidos democráticamente para hacerlo?

Resulta difícil comprender que quien ocupa el Ministerio de Trabajo, quien dispone de instrumentos legales, presupuestarios y administrativos para combatir la explotación laboral, mejorar las condiciones de trabajo y garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, presente a una autoridad religiosa como la principal referencia en la defensa del trabajo digno.

La afirmación recuerda inevitablemente a aquel episodio de 2012 cuando la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, agradeció a la Virgen del Rocío su ayuda para mejorar los datos del paro. Aquellas palabras provocaron críticas y burlas porque parecían trasladar a la intervención divina una responsabilidad que corresponde a la acción política. Hoy ocurre algo parecido. Cambian los protagonistas, cambia el color político, pero el mensaje de fondo es sorprendentemente similar.

Ni la Virgen del Rocío creó empleo en 2012 ni el papa León XIV garantizará hoy salarios dignos, jornadas justas o el cumplimiento de los convenios colectivos. Esas responsabilidades corresponden a los gobiernos, a las administraciones públicas y, especialmente, al Ministerio de Trabajo.

Los derechos laborales no se defienden con sermones. Se defienden con leyes, con inspecciones, con sanciones a quienes incumplen la normativa y con una voluntad política firme de enfrentarse a los abusos empresariales.

Se defienden aumentando los recursos de la Inspección de Trabajo para perseguir las horas extraordinarias no pagadas, los falsos contratos a tiempo parcial, los salarios por debajo de convenio, la cesión ilegal de trabajadores o los fraudes en la contratación.

La realidad cotidiana de miles de trabajadores demuestra que todavía existe una enorme distancia entre los derechos reconocidos sobre el papel y los derechos que efectivamente se disfrutan en los centros de trabajo. Hay trabajadores que continúan realizando jornadas superiores a las legales, trabajadores que cobran menos de lo que establecen los convenios colectivos y trabajadores que siguen encontrando enormes dificultades para organizarse sindicalmente y defender sus intereses.

Frente a esta realidad, lo que se necesita no son elogios a líderes religiosos, sino más medios públicos para hacer cumplir la legislación laboral. Porque los derechos no caen del cielo. Los derechos se conquistan, se legislan y se hacen cumplir.

Además, en un Estado que constitucionalmente se define como no confesional, resulta especialmente cuestionable que representantes públicos presenten a dirigentes religiosos como referentes fundamentales para resolver problemas que pertenecen al ámbito de la política y de la gestión pública. Cada ciudadano es libre de profesar la religión que considere o de no profesar ninguna, pero las instituciones deben actuar desde la neutralidad y desde la responsabilidad que les corresponde.

La dignidad del trabajo no depende de la voluntad de Dios, de la Virgen ni del Papa. Depende de la capacidad de los poderes públicos para garantizar que la ley se cumple y de la fuerza de una clase trabajadora consciente y organizada para defender sus derechos.

Si realmente queremos trabajo digno, menos rezos y más inspecciones. Menos apelaciones a las autoridades religiosas y más voluntad política para enfrentarse a quienes vulneran los derechos laborales. Porque la justicia social no llegará por intervención divina. Llegará cuando quienes tienen la responsabilidad de construirla decidan ejercerla plenamente. 

 

11/06/2026 - EL ERROR DEL JUEZ CALAMA

El magistrado dio por bueno un informe secreto del HSI que inculpa a Zapatero como cabecilla de una red criminal y ahora reclama garantías para evitar la nulidad del procedimiento

José Antequera

Los periódicos ultras están eufóricos y dan por hecho que ha sido la Casa Blanca quien ha dado la puntilla al sanchismo. Esdiario, uno de los digitales de referencia de la caverna, lo dice sin complejos: “Las paradojas de la vida. El archienemigo de Sánchez, Donald Trump, puede tener la llave del calabozo de Zapatero. Una decisión de EEUU puede ser clave para meter en prisión al expresidente y, de paso, para acabar de hundir” al actual inquilino de la Moncloa. Qué mejor prueba que esta de que existe una ofensiva  política, policial, judicial y mediática –con colaboración de gobiernos extranjeros– para derrocar a un Gobierno de coalición legítimamente constituido. 

La noticia de Esdiario viene a demostrar que, pese a lo que diga el PP, no estamos ante una teoría de la conspiración que la izquierda ha construido sobre el caso Zapatero, imputado por el juez Calama en una red organizada venezolana tras un dosier secreto de la agencia de seguridad Homeland Security Investigations (HSI). Hasta las principales terminales mediáticas conservadoras dan por hecho que el tiro de gracia al sanchismo lo da el trumpismo. Por tanto, ha habido venganza del magnate neoyorquino por la posición del Gobierno español en defensa de la legalidad internacional, contra la guerra en Irán y por los derechos del pueblo palestino, masacrado en el peor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial. A medida que pasan las horas y vamos conociendo más datos sobre el asunto (lo último que el dosier del HSI se remitió al juez Calama el pasado mes de marzo, es decir, en plena crisis diplomática con descarnado enfrentamiento personal entre Sánchez y Trump), más engordan las sospechas de que nos encontramos ante una acción de represalia en forma de guerra híbrida de la Administración trumpista contra el incómodo Gobierno español. La coincidencia de fechas resulta altamente esclarecedora, más teniendo en cuenta que las diligencias del HSI (“informativas”, no lo olvidemos) contra Zapatero se abrieron en 2021 y estuvieron cinco años durmiendo el sueño de los justos en un cajón olvidado de Washington.

Con la lógica y la ley en la mano, existen no pocas sospechas que nos llevan a pensar que ese informe de marras elaborado por una oscura agencia de inteligencia sobre una única prueba –el teléfono móvil requisado al venezolano Rodolfo Reyes, uno de los implicados en la supuesta red que se movía alrededor de la aerolínea Plus Ultra–, podría no cumplir con las garantías procesales de un Estado de derecho. Y cabe pensarlo no solo porque la sombra de Trump es alargada y llega a todos los rincones, organismos e instituciones federales de EEUU, sino porque nada se sabe sobre el protocolo de actuación policial que se ha seguido para intervenir las comunicaciones del tal Reyes. Para que una prueba obtenida por el HSI sea válida en España, debe haber llegado a través de una solicitud formal de cooperación internacional tramitada por las autoridades españolas respetando la cadena de custodia, la competencia judicial y territorial, la legalidad de la obtención de la prueba y otras garantías procesales. Si no se cumplen estos pasos y requisitos, la prueba puede ser nula o inadmisible. Así lo advierten expertos como el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El exjuez recuerda que si el teléfono móvil de Reyes fue requisado de forma ilegal por la policía estadounidense podría entrar en juego la “doctrina del árbol contaminado”, un principio jurídico que establece que cualquier prueba obtenida de forma ilícita (vulnerando derechos fundamentales) es nula de pleno derecho, al igual que todas las pruebas derivadas de esta. Si la fuente original (“el árbol”) está viciada, todo lo que derive de ella (“los frutos”) carece también de validez legal. Conclusión: todo el sumario estaría podrido y podría venirse abajo. Diario Sabemos viene alertando ante esa posibilidad, en sucesivas informaciones en exclusiva, desde hace semanas. 

Si el HSI, la CIA, el FBI o cualquier servicio de espionaje hoy al servicio del emperador de la secta MAGA ha metido el teléfono de un ciudadano en un sobre y se lo ha mandado a la Audiencia Nacional como regalo con fines políticos, en este caso desestabilizar al Gobierno de Sánchez, se acabará sabiendo. El ordenamiento jurídico español, cien por cien escrupuloso con los derechos de los investigados, solo admite pruebas obtenidas legalmente en origen y no parece que el país de Trump, donde se está expulsando a inmigrantes con la técnica del puntapié, sea el más garantista del mundo. La prueba debe llegar al juez español por los canales oficiales, nunca por envío directo clandestino, o mediante comisión rogatoria o instrumento equivalente. El material debe incluir certificación oficial; identificación del agente que obtuvo el indicio o vestigio; garantía de integridad del contenido; fechas y métodos de extracción. Además, el juez español que recibe la documentación debe verificar que la prueba no vulnera derechos fundamentales; que es pertinente y proporcional; y que se obtuvo en un procedimiento legítimo (con comprobación de que no se trata de parte de una guerra sucia o investigación prospectiva prohibida en cualquier Estado de derecho serio y avanzado). Sin todo ese filtro de férreo control, la prueba puede ser impugnada, y a buen seguro que lo será, tal como ya ha anunciado el entorno del abogado de Zapatero. Hasta donde sabemos, el teléfono de Reyes contiene conversaciones donde una serie de personas hablan del “amigo” o “pana Zapatero” siempre dispuesto a echar una mano para sacar adelante el rescate de Plus Ultra. Pero la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que conversaciones de terceros no son suficiente prueba de cargo para llegar a una sentencia condenatoria.

Desde que se inició el segundo mandato trumpista, USA ha dejado de ser un Estado de derecho con todas las garantías para pasar a ser una autocracia con serias zonas oscuras en su sistema legal y judicial, más propio ya de una dictadura o Estado policial que de una democracia. De ahí que la información remitida por el HSI a la Audiencia Nacional de España tenga que ser acogida con todas las reservas. El propio juez Calama ha echado el freno a la instrucción al leer titulares sobre posible contaminación de la prueba publicados por la escasa prensa crítica que queda ya, medios libres e independientes que como Diario Sabemos no se limitan a transcribir el auto de turno con la versión oficial del juez. El magistrado ha visto cómo se encendía la luz roja de alarma y ha decidido cogérsela con papel de fumar, como suele decirse coloquialmente, no vaya a ser que el lawfare trumpista le acabe explotando en la cara. Solo así se explica que, en las últimas horas, haya solicitado al HSI toda la información pertinente sobre el protocolo policial que se ha seguido para requisar el teléfono del misterioso Rodolfo Reyes, también autorización para usar el dosier como prueba (raro cuando menos, puesto que ya lo ha volcado todo en su auto como base fáctica para su relato). 

El espionaje yanqui, la CIA mayormente, no se caracteriza precisamente por sus métodos limpios y transparentes, y menos ahora, que tiene licencia para matar otorgada por el amo del universo Trump. Calama lo sabe y no quiere pillarse los dedos, no quiere que se la cuelen doblada o le metan un gol. Lo cual es lógico, la prudencia es la principal virtud de un juez. El problema es que todas estas comprobaciones rutinarias se tendrían que haber hecho a priori, es decir, antes de dictar su histórico auto contra Zapatero, que más que un auto, es una sentencia condenatoria en base a los dosieres secretos que le iban llegando de Trumpilandia entre los aplausos, jaleos y vítores de la prensa de la fachosfera. Ese ha sido, a nuestro modesto entender, y sin que se nos enfade su señoría, el gran error del instructor.