27/10/2026 - DE LAS SAUNAS A LOS NARCOS: FEIJÓO, AYUSO Y CAYETANA ATACAN A SÁNCHEZ CON ACUSACIONES SIN PROBAR

Comentario: Es más que curioso que una persona que está demostrado que sí mantuvo relaciones con un narco declarado (y quizás sigue manteniendo) se atreva a señalar a alguien que no está demostrado que haya tenido o se haya aprovechado del narcotráfico. Este sinvergüenza del PP (al igual que los que le acompañaron en el acto) se vale de eso que dijo Orwell de que “no hay delito, absolutamente ninguno, que no pueda ser tolerado cuando “nuestro” lado lo comete”, refiriéndose a que los suyos se tragan todas las mentiras sin rechistar. Me pregunto: ¿Qué pensarían estos mandilandingas -y que dirían- si Pedro Sánchez soltara algún insulto así indemostrable?

​​​​​​​Los tres dirigentes del PP utilizaron la presentación de las candidaturas madrileñas para acusar a Pedro Sánchez de financiarse con dinero de la prostitución

Agustín Millán

La presentación de las candidaturas del Partido Popular por Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre terminó convirtiéndose en una sucesión de acusaciones contra Pedro Sánchez que, en algunos casos, fueron mucho más lejos de lo que permiten afirmar las investigaciones judiciales. Alberto Núñez Feijóo, ayusoIsabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo compartieron escenario este martes para defender su proyecto político, pero dedicaron una parte sustancial de sus intervenciones a vincular al presidente del Gobierno con la prostitución, el narcotráfico, las amenazas a jueces, la violencia callejera y una supuesta manipulación electoral.

La contundencia de las intervenciones contrastó con la precisión necesaria para sostener imputaciones de semejante gravedad. La comprobación de sus palabras revela errores jurídicos, acusaciones todavía no acreditadas y una utilización de hechos reales como punto de partida para conclusiones mucho más amplias. En otros asuntos, sin embargo, sí existen resoluciones y datos que respaldan parte de sus afirmaciones. Precisamente por eso, el contraste documental resulta imprescindible.

La prostitución vuelve al discurso de Feijóo sin pruebas de financiación ilegal

Uno de los momentos más graves del acto llegó cuando Feijóo quiso marcar distancias personales con Sánchez. Después de afirmar que él no roba ni miente, añadió que tampoco había llegado al Partido Popular con dinero procedente de la prostitución. El sentido de la comparación era inequívoco: insinuaba que su adversario sí se había financiado de esa manera.

La acusación remite a los negocios de saunas que gestionó Sabiniano Gómez, suegro del presidente del Gobierno, junto a otros familiares. La existencia de esos establecimientos ha sido objeto de informaciones periodísticas, pero no acredita que Pedro Sánchez utilizara ingresos procedentes de la prostitución para financiar su carrera política o sus campañas internas.

La Audiencia Nacional examinó en 2024 unas grabaciones relacionadas con esos negocios y, según la documentación revisada por Newtral, consideró lícitas las actividades comerciales a las que se referían. La resolución incluso cuestionó la utilización partidista de información privada sobre familiares de responsables políticos.

La diferencia es esencial. La existencia de negocios gestionados por un familiar no demuestra financiación irregular de un dirigente político. Para sostener esa imputación harían falta movimientos económicos, pruebas documentales o resoluciones judiciales que Feijóo no aportó durante su intervención.

Ayuso recurrió al mismo asunto al hablar de «saunas mafiosas», dentro de una enumeración de insultos y referencias a la familia de Sánchez. El tono empleado no añadió ningún elemento probatorio nuevo.

Una investigación real sobre amenazas a una jueza no demuestra una orden de Sánchez

Cayetana Álvarez de Toledo fue todavía más lejos cuando preguntó si era decente intentar contratar a un clan de narcotraficantes para eliminar a la jueza que investigó al hermano del presidente del Gobierno.

El asunto tiene una base judicial real y especialmente grave, que no debe minimizarse. Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil recoge el testimonio de Cintia Rocho, vinculada a un clan de Badajoz, quien declaró que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada le había hablado de causar daño físico a la magistrada Beatriz Biedma. Según ese testimonio, habría utilizado expresiones que apuntaban a la intención de «eliminarla».

La Guardia Civil investiga estas declaraciones y las posibles actuaciones de una presunta trama relacionada con Leire Díez, pero el salto desde esos indicios hasta atribuir institucionalmente la operación al PSOE, y mucho más a Pedro Sánchez, exige pruebas adicionales.

De hecho, el juez Santiago Pedraz rechazó el 9 de octubre imputar al Partido Socialista porque no encontró entonces un principio de prueba suficiente para hacerlo. La resolución no cerró definitivamente esa posibilidad si aparecieran nuevos indicios, y posteriormente continuó investigando actuaciones de personas concretas.

La verificación explica esta distinción y recoge las decisiones judiciales. La investigación sobre eventuales amenazas contra una magistrada debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Pero utilizarla para sugerir una responsabilidad criminal del presidente del Gobierno que no ha quedado judicialmente establecida supone anticipar conclusiones que todavía corresponde determinar a los tribunales.

Cayetana pregunta si existen precedentes de amnistía mientras olvida la de 1977

La número dos de la candidatura madrileña también cuestionó la amnistía del procés con una pregunta retórica: si existía algún precedente semejante en una democracia.

La respuesta está en la propia historia constitucional española. El 15 de octubre de 1977, las Cortes aprobaron la Ley 46/1977, de Amnistía, publicada dos días después en el Boletín Oficial del Estado. Su contenido, alcance y contexto fueron diferentes de los de la norma aprobada en 2024, pero constituye un precedente inequívoco de una decisión legislativa de amnistía durante la Transición democrática.

Además, el Tribunal Constitucional ha examinado la Ley Orgánica 1/2024 y ha declarado compatible la institución de la amnistía con la Constitución, aunque corrigió parcialmente aspectos de la delimitación legal de su ámbito de aplicación. Entre otras resoluciones, la sentencia 43/2026 reiteró esa doctrina.

Álvarez de Toledo puede defender su oposición política a la amnistía, cuestionar sus efectos o criticar las negociaciones que permitieron aprobarla. Lo que no se sostiene es presentar la figura jurídica como si careciera de antecedentes democráticos o estuviera prohibida por la Constitución.

Bildu, ETA y la atribución colectiva de los disturbios

El terrorismo de ETA volvió a ocupar una posición central en el discurso. Cayetana acusó al Gobierno de legitimar la violencia al pactar con EH Bildu y estableció una relación entre esa colaboración parlamentaria y los altercados registrados en diferentes ciudades.

Existen críticas legítimas a la trayectoria de dirigentes de la izquierda abertzale y a la forma en que han abordado la memoria de ETA. También existen declaraciones controvertidas, como las de Pello Otxandiano en 2024, cuando evitó inicialmente calificar expresamente a ETA como organización terrorista.

Pero afirmar que EH Bildu nunca ha reconocido el sufrimiento injusto causado por ETA omite pronunciamientos públicos documentados. En octubre de 2021, Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez expresaron su pesar por el dolor de las víctimas y afirmaron que aquel sufrimiento nunca debería haberse producido. Esas declaraciones no equivalen necesariamente a todas las exigencias de condena que plantean las asociaciones de víctimas, pero tampoco pueden borrarse del relato.

Más delicada resulta la atribución de los disturbios recientes a Sánchez y a sus socios parlamentarios. Los episodios violentos son reales. En Barcelona hubo 130 detenidos tras los altercados del 24 de octubre, según RTVE, mientras que en Bilbao la Ertzaintza practicó al menos 19 detenciones después de los enfrentamientos vinculados a una protesta contra un acto del comunicador Vito Quiles.

En Barcelona, las convocatorias se difundieron principalmente mediante cuentas anónimas de redes sociales, con especial presencia de jóvenes y menores. No existe en la documentación examinada una prueba que permita establecer que Pedro Sánchez organizó esos disturbios o que EH Bildu dirigió los episodios registrados en las distintas ciudades.

Confundir la responsabilidad penal de quienes participan en actos violentos con la responsabilidad política de partidos enteros requiere un vínculo causal que los tres dirigentes no acreditaron.

El censo electoral: hubo una intervención del Supremo, pero no una prueba de fraude

Feijóo y Ayuso también insinuaron que el Gobierno había tratado de alterar las reglas electorales mediante cambios en el censo. En este caso existe un hecho judicial cierto: el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes correspondientes a personas nacionalizadas por la conocida como Ley de Nietos. La decisión, mantenida el 12 de octubre, afecta a 163.020 personas, con la posibilidad de acreditar determinadas circunstancias para recuperar su derecho de voto.

El Supremo invocó la necesidad de garantizar la exactitud, veracidad y transparencia del censo. La Abogacía del Estado y la Fiscalía defendieron levantar la suspensión, mientras que la medida había sido solicitada por Vox e Iustitia Europa.

Pero una resolución cautelar sobre la revisión de inscripciones no equivale a una sentencia que declare demostrado un plan del Gobierno para cometer fraude electoral. Presentar ambos extremos como idénticos lleva mucho más lejos la conclusión judicial.

Tampoco debe olvidarse que las personas afectadas están ejerciendo o intentando ejercer derechos vinculados a su nacionalidad española. La protección de la integridad electoral y la garantía de esos derechos forman parte del mismo debate jurídico.

Ayuso y Feijóo mezclan el encarecimiento de la vida con la corrupción

En materia económica, Feijóo volvió a destacar el encarecimiento de la cesta de la compra y la vivienda y prometió rebajas fiscales para trabajadores, familias, jóvenes y autónomos.

El incremento de los precios es real. Según las series del INE, entre junio de 2018 y septiembre de 2026 el índice general de precios aumentó aproximadamente un 27,8 %, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron alrededor de un 41,2 %. Por tanto, su referencia a una cesta de la compra un 44 % más cara se aproxima al incremento acumulado, aunque no coincide exactamente con el indicador oficial citado.

El problema de su intervención no fue denunciar ese encarecimiento, sino añadir que el dinero recaudado desaparece, en parte, por las investigaciones judiciales sobre corrupción, sin cuantificar ni demostrar esa supuesta relación.

La corrupción acreditada tiene costes económicos y políticos, pero no puede atribuirse una parte indeterminada de la recaudación fiscal a procedimientos penales sin presentar cálculos y hechos específicos.

Feijóo tampoco detalló cuánto costarían sus nuevas rebajas fiscales, qué reducción de ingresos producirían ni cómo financiaría simultáneamente las inversiones y mejoras de servicios que prometió.

Una promesa institucional concreta: elecciones si no aprueba presupuestos

Entre las declaraciones del candidato hubo también un compromiso político verificable y relevante. Feijóo aseguró que presentaría nuevos Presupuestos Generales del Estado cada año y que, si no lograba aprobarlos después de agotar una primera prórroga, convocaría elecciones.

La Constitución permite la prórroga presupuestaria y regula la facultad de disolución de las Cortes. Por tanto, Feijóo no describió una obligación jurídica automática, sino que anunció una decisión política que asumiría voluntariamente si se encontrara en esa situación.

Es una propuesta que podrá exigírsele si llega a gobernar, aunque el acto dejó sin aclarar otras decisiones programáticas: el coste de su millón de viviendas, la financiación de los servicios públicos, el futuro de determinadas políticas sociales y los límites de una posible coalición con Vox.

La contradicción entre la apelación a la convivencia y el contenido de los discursos

Los tres dirigentes reivindicaron repetidamente la convivencia, la paz social, la libertad y la necesidad de superar la polarización. Sin embargo, en el mismo acto se escucharon expresiones como «radical inmoral», «populista patético», «guapito tramposo» y acusaciones sobre prostitución, mafias y amenazas criminales vinculadas al presidente del Gobierno.

Las expresiones insultantes son hechos verificables porque aparecen en los discursos. Las imputaciones de delitos, en cambio, requieren una comprobación independiente.

La distinción no es menor en una campaña electoral. Un dirigente puede formular críticas muy severas, exigir responsabilidades por casos de corrupción o discrepar radicalmente de las leyes aprobadas por sus adversarios. Pero debe diferenciar una condena de una investigación, una declaración de un testigo de una conclusión judicial, una medida cautelar de una sentencia de fondo y una sospecha de una prueba.

En una democracia, la dureza del enfrentamiento político no exime de la obligación de distinguir entre lo demostrado y lo que todavía está por demostrar.

 

27/10/2026 - DISTURBIOS

 

 

RAFAEL TORRES

MADRID, 26 (OTR/PRESS) Al parecer, Feijóo ya sabe quién organizó los disturbios de Barcelona: Pedro Sánchez. Según su mente privilegiada, lo que pasó es que, como sabe que va a perder las elecciones, se aferra violentamente al poder para no soltarlo mediante el saqueo de comercios, la quema de bicicletas y la destrucción del mobiliario urbano. Este hombre, Feijóo, aspira a la gobernación de España. Es cierto que los violentos disturbios habidos en más de una docena de ciudades europeas, de Francia particularmente, benefician a la ultraderecha, pero ni los más conspicuos líderes de esta se habrían atrevido a atribuir su organización a los gobiernos que los padecen. Feijóo, sí; Feijóo no se corta; Feijóo está lanzado en su última cruzada con todo contra el 'sanchismo'; Feijóo, en fin, da un poco de vergüenza ajena. Ahora bien: acumular la insidia, la calumnia, las acusaciones falsas y la criminalización del adversario a la tragedia política que representa la violencia callejera que persigue el opacamiento y el descrédito de las legítimas y pacíficas protestas ciudadanas no es que dé vergüenza ajena, sino asco, el mismo asco que suscita cualquier encanallamiento de la convivencia. Es un clásico policial preguntarse, para la dilucidación de la autoría de cualquier crimen, a quién beneficia, y aparcando ya las mendaces ocurrencias del líder del PP, que en nada ayudan a dilucidar nada, parece evidente que la beneficiaria de las violencias de esas hordas enmascaradas no es otra que la ultraderecha con sus mensajes de garrotazo y tente tieso a los inmigrantes, a la segunda o tercera generación de ellos en particular, a los que señala como autores del vandalismo callejero, aunque tan evidente como eso se antoja la figura de un beneficiario escondido y mayor, aquel empeñado en la desestabilización de Europa, de sus principios, sus valores, su bienestar ya de suyo en precario y sus instituciones democráticas. Cosas de la guerra híbrida. Ninguna reivindicación social ni protesta política alentó el aquelarre destructor de Barcelona. Sus actores, machacas movilizados por TikTok, no tenían pinta precisamente de haber estudiado ni trabajado en su vida, y si bien esta circunstancia ya es grave en sí misma, más lo es su utilización en una campaña electoral que debería ser, como toda celebración democrática, una fiesta.

 

24/10/2026 - VIOLENCIA Y POLÍTICA

RAFAEL TORRES

La contemplación de cualquier clase de violencia pone mal cuerpo, pero la contemplación de la que eventualmente ejercen sin motivo o sin mesura aquellos a los que la sociedad ha comisionado para combatir la violencia, precisamente, lo enferma. La brutalidad policial, corriente en las dictaduras y en los regímenes que llevan camino de serlo, no solo es inaceptable, lógicamente, por el mal cuerpo que deja a quien la contempla -y no digamos al que la recibe-, sino porque contribuye más de lo que parecería al colapso de uno de los pilares de la democracia: el del exquisito respeto del Estado al individuo, a su integridad y a sus derechos. En los últimos días, manifestantes madrileños han sufrido la violencia de unas fuerzas policiales fuera de control, y la circunstancia de que esos manifestantes eran estudiantes y profesores reclamando pacíficamente la preservación y mejora del mayor bien social, la educación pública, otorga a esos sucesos un terrible carácter simbólico: la fuerza bruta ensañándose con la civilidad, el furor contra la inteligencia. Las imágenes de policías pertrechados con toda clase de elementos defensivos y ofensivos apaleando enloquecidamente, en el interior de la Universidad Complutense, a los chicos y chicas que se manifestaban sin más arma ni protección que la pancarta que blandían, repugnan, como también las agresiones sin venir a cuento a los profesores que pretendían expresar a Ayuso el malestar académico por su nefasta política educativa. ¿Alguien ordenó a esos agentes producirse de esa manera vil y desatentada? ¿Se pusieron a pegar así, salvajemente, por su cuenta? Se supone que esos uniformados tienen unos jefes, y, sobre ellos, un delegado del Gobierno y un ministro del Interior, y que actúan según las órdenes que en cascada jerárquica reciben de ellos. De los jefes policiales responsables de esos dispositivos nada se sabe; del delegado del Gobierno, el anuncio de apertura de una investigación sobre los hechos de la que tampoco se sabe nada, y el ministro Marlaska, como siempre, mutis. Así, el mal cuerpo empeora y la democracia también, mucho.

 

23/10/2026 - LA DERECHA YA NO SABE NI INSULTAR

 

Comentario: Sánchez en “La Revuelta”: “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”.

Quienes somos de izquierdas tenemos asumido que nos pueden llamar de todo. Rojos, por supuesto, aunque a estas alturas suena casi a comentario de época

JUAN TORRES LÓPEZ

Cuenta Borges, en su “Arte de injuriar”, una anécdota tomada de Thomas de Quincey sobre un caballero que, en una discusión teológica o literaria, recibió un vaso de vino en la cara y respondió sin inmutarse: “Esto, señor, es una digresión; espero su argumento”. Lo recordé al ver la pintada que alguien de derechas ha dejado en la puerta de la sede de un partido de izquierdas en Huelva, queriendo insultar a sus militantes y dirigentes: “Comegambas”. Quienes somos de izquierdas tenemos asumido que nos pueden llamar de todo. Rojos, por supuesto, aunque a estas alturas suena casi a comentario de época; sucios, como si el jabón tuviera carné de partido; ignorantes, casi siempre en boca de quien no ha terminado de leer un libro en su vida; ineptos, violentos... Y, si eres mujer, fea o puta, que es el insulto que queda cuando en la cabeza ya no queda nada. El repertorio es amplio y conocido, pero tiene un rasgo característico: mengua día a día el ingenio que lo sostiene. Y, sin embargo, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la derecha insultaba a la izquierda con talento. Cuando la diputada laborista Bessie Braddock le espetó a Churchill: “Winston, estás borracho, y lo que es peor, asquerosamente borracho”, el premier le respondió sobre la marcha: “Bessie, querida, tú eres fea, y lo que es peor, asquerosamente fea. Pero mañana yo estaré sobrio y tú seguirás siendo asquerosamente fea”. Y cuando, en el debate presidencial de 1984, le preguntaron a Ronald Reagan si su edad le restaba facultades frente al demócrata Walter Mondale, contestó enseguida: “No voy a explotar con fines políticos la juventud y la inexperiencia de mi adversario”. El propio Mondale se rio, y años después admitió que en ese instante supo que había perdido. Eran otros tiempos y otros lugares. En nuestra España de ahora, la siempre encopetada derecha que tanto presume de linaje, colegio y apellido compuesto, no ha encontrado nada más elaborado que llamar “hijo de puta” a Pedro Sánchez en cualquier momento y circunstancia, venga o no a cuento: en el Congreso, en el estadio, en la cola de la panadería o en cualquier conversación familiar. Demasiado colegio privado y estudios en el extranjero para terminar así, y por seguir a personajes tan mal educados, bocas sucias y groseros como Trump o Milei. Por eso, lo confieso, el “comegambas” me pareció al principio un salto cualitativo. Al menos hay en él un amago de concepto, casi una tesis: la izquierda es impostora, pues predica el pan para todos y toma, sin embargo, marisco. Aunque, en realidad, tiendo a pensar que detrás de eso está el abismo de la estulticia. Porque cabe preguntarse qué tipo de circuito neuronal lleva a alguien a concluir que las personas de izquierdas somos despreciables porque nos gusten las gambas y las comamos de vez en cuando. Y, sobre todo, que se insulte a alguien porque coma gambas ¡en Huelva! Sembrar odio adobado con ignorancia conduce a esto: a creer que la izquierda tiene prohibido el disfrute, que el socialismo es un régimen de pan duro, sopa rancia y agua sucia y que todo militante que pide una ración de algo traiciona a la clase obrera. Es justo al revés. Quienes somos de izquierdas nunca hemos querido que nadie deje de comer gambas, sino que las coma todo el mundo. Lo que nos preocupa es cuántos y quiénes se pueden sentar a la mesa.   La historia está llena de insultos que merecían no olvidarse. Quevedo despachó a Góngora con un soneto que empieza “Érase un hombre a una nariz pegado”, y cuatro siglos después lo seguimos recitando de memoria. Y el conservador Disraeli explicaba la diferencia entre una desgracia y una catástrofe poniendo a su rival liberal como ejemplo: que Gladstone cayera al Támesis -decía- es una desgracia; la catástrofe sería que alguien lo sacara. Son frases crueles, como la de Churchill, pero detrás de ellas hay ingenio; es decir, la inteligencia de alguien que pensó para poder decirla. Justo lo que no hay detrás del “comegambas” ni del "Pedro Sánchez hijo de puta". Las primeras son memorables; los insultos de la derecha española de Feijóo, Ayuso o Abascal se los llevará pronto el viento y no los recordará nadie. Son pura disgresión. Schopenhauer lo dejó claro en El Arte de tener razón cuando señaló la última de las estratagemas que recomendaba: "Cuando se advierte que el adversario es superior y que uno no conseguirá llevar razón, personalícese, séase ofensivo, grosero". Ese es el único consejo filosófico que la derecha española sigue al pie de la letra. Seguramente, sin haberlo leído; o quizá creyendo que Schopenhauer fue un famoso futbolista alemán.

 

23/10/2026 - ASÍ FABRICARON LAS ÉLITES LA BOMBA SOCIAL QUE HOY ESTALLA EN LA CALLES

La crisis de 2008, la revolución digital y la vivienda como activo especulativo explican por qué la rabia se ha convertido en el único lenguaje disponible para millones de ciudadanos

José Antonio Gómez

La actual marea de violencia callejera que asola varios países occidentales, el auge imparable de los extremos ideológicos y el envenenamiento de la convivencia democrática suele explicarse como si fueran epidemias espontáneas, brotes irracionales nacidos del capricho de las redes sociales o del cinismo de unos cuantos oportunistas demagogos. Nada más falso. Lo que hoy arde en los barrios de las ciudades europeas y fractura en dos a las sociedades occidentales no es un fenómeno fortuito ni una repentina locura colectiva, sino el resultado matemático, previsible y largamente incubado de dos décadas de desposesión económica. La violencia política de estos días es la hija directa de las cicatrices no cerradas de la crisis financiera de 2008 y del vendaval tecnológico que aceleró la transferencia de riqueza más salvaje de la historia hacia una minoría privilegiada.

La crisis bancaria de 2008 dinamitó los cimientos del crédito y destruyó millones de puestos de trabajo. Sin embargo, las élites políticas no acudieron al rescate de las familias, sino que acudieron a blindar las cuentas de los responsables del desastre. La doctrina de la austeridad impuesta a machete devaluó los salarios, desmanteló servicios públicos y convirtió la precariedad en la norma rectora de la vida cotidiana. Durante años se exigió un sacrificio épico a las clases trabajadoras bajo la promesa de que la bonanza macroeconómica regresaría. Pero el crecimiento volvió solo para los balances de las grandes corporaciones. No hay más que ver los beneficios récord logrados a costa de millones de despidos, de millones de vidas rotas. Mientras, el ascensor social quedaba definitivamente atascado en el sótano.

La cicatriz imborrable de 2008

Para comprender el nivel de crispación que hoy atenaza a las sociedades democráticas es imprescindible retroceder hasta la gran fractura de 2008. Aquella crisis financiera no representó una simple perturbación pasajera del ciclo económico. Fue el punto de ruptura del pacto de convivencia firmado tras la Segunda Guerra Mundial. El estallido de la burbuja especulativa dejó al descubierto la fragilidad de un modelo que había sustituido los salarios dignos por el endeudamiento masivo de los hogares.

La respuesta institucional ante el naufragio fue una herida sangrante en la credibilidad del sistema. Mientras los bancos centrales e instituciones multilaterales inyectaban liquidez astronómica para salvar de la quiebra a las entidades financieras culpables de la intoxicación crediticia, las familias trabajadoras sufrían la ejecución implacable de sus hipotecas y el cierre en cadena de pequeños negocios. Las reformas laborales aprobadas bajo el rodillo de la austeridad abarataron el despido, pulverizaron los convenios colectivos y consagraron la devaluación salarial sistemática como única vía para recuperar la competitividad exterior.

Esta ingeniería de la austeridad no solo vació las carteras de la clase trabajadora. Minó su dignidad. La narrativa oficial pretendió hacer recaer la culpa del colapso sobre los propios ciudadanos, acusándolos de haber vivido por encima de sus posibilidades reales. Se recortaron las partidas de sanidad pública, se recortaron las plantillas docentes en las escuelas de los barrios trabajadores y se paralizó la atención a la dependencia. Aquella devaluación estructural instaló una certidumbre amarga en el subconsciente colectivo: que el Estado había decidido abdicar de su función protectora para actuar como garante exclusivo del gran capital.

La tecnología al servicio de la oligarquía

Sobre este terreno fértil en cicatrices y resentimiento se solapó la revolución digital y la eclosión de la inteligencia artificial. Lejos de democratizar las oportunidades, automatizar las tareas más duras o repartir los dividendos del incremento de la productividad, las tecnologías de última generación y el capitalismo de plataformas actuaron como un acelerador de la desigualdad. La denominada "uberización" de las relaciones laborales despojó al trabajo de sus derechos más elementales y convirtió a millones de ciudadanos en autónomos precarios pendientes del veredicto caprichoso de un algoritmo opaco.

Bajo la narrativa bucólica y falsa del emprendimiento individual y la flexibilidad horaria, la economía digital ha consagrado una estructura neofeudal. Un puñado de gigantes tecnológicos y fondos de capital riesgo ha acaparado cuotas de mercado insólitas, eludiendo impuestos en los países donde operan y desmantelando la capacidad de negociación colectiva de la clase trabajadora. Mientras los ejecutivos de Silicon Valley y los especuladores financieros multiplicaban sus fortunas a ritmos estratosféricos, la masa asalariada comprobaba cómo el coste de la vida, la inflación de los alimentos y el precio de la energía devoraban hasta el último céntimo de sus nóminas. Tener un empleo formal dejó de ser un escudo contra la pobreza para convertirse en una condena de inestabilidad permanente.

La figura del repartidor digital que recorre las calles en invierno para entregar comida a domicilio o del conductor atado catorce horas diarias al volante de un vehículo financiado a crédito ilustran la contradicción de esta era digital. Formalmente independientes, estos trabajadores dependen por completo de aplicaciones móviles cuyas líneas de código deciden las tarifas, asignan las rutas y sancionan cualquier indicio de protesta con la desconexión fulminante de la plataforma. Sin vacaciones pagadas, sin indemnización por despido, sin cobertura sanitaria y sin centro de trabajo donde encontrarse con sus iguales, la fuerza laboral digital se enfrenta a una atomización que impide cualquier forma de resistencia colectiva tradicional.

La vivienda y la estafa de la acumulación

El ámbito donde esta acumulación de riqueza en una minoría ha mostrado su cara más implacable es el mercado residencial. Los fondos de inversión multinacionales, las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria y los grandes tenedores financieros desembarcaron en las ciudades tras el colapso de 2008 para acaparar parcelas enteras del parque inmobiliario a precios de saldo. La vivienda, concebida en las constituciones democráticas como un derecho fundamental para garantizar la dignidad humana, fue mutada de forma radical en un activo financiero especulativo de alta rentabilidad.

El resultado en las grandes ciudades europeas es una trampa de pobreza residencial perfecta. Los precios del alquiler han subido a ritmos que triplican la evolución de los salarios, obligando a los hogares trabajadores a destinar más del 60% de su renta disponible a pagar el techo. Esta sangría económica impide el ahorro, liquida el consumo de proximidad y condena a las generaciones jóvenes a una imposibilidad radical de emancipación. La concentración de la propiedad en pocas manos ha transformado las ciudades en escenarios de expulsión silenciosa. Las familias trabajadoras son desplazadas hacia periferias desarticuladas y desprovistas de servicios públicos básicos.

Cuando la población comprueba que ni trabajando cuarenta horas semanales se puede garantizar un hogar estable para los hijos, la fe en las reglas del juego democrático se destruye por completo. La acumulación desmedida de inmuebles y activos en manos de fondos opacos contrasta de manera sangrienta con la angustia de miles de familias amenazadas por desahucios o atrapadas en contratos de alquiler abusivos y renovaciones leoninas. Ese contraste cotidiano es la gasolina que alimenta el incendio de la paz social.

La privatización de la vida

A la precariedad laboral y la emergencia residencial se suma el deterioro programado de la red de protección social pública. Dos décadas de recortes presupuestarios y de infrafinanciación han dejado a la sanidad universal, la educación pública y el sistema de atención a la dependencia en una situación de colapso operativo estructural. Las listas de espera kilométricas en la atención primaria y especializada han empujado a millones de familias con recursos mínimos a contratar seguros médicos privados para amortiguar el desamparo institucional.

Esta privatización encubierta de las necesidades vitales actúa como un multiplicador letal de la desigualdad. Quienes no pueden permitirse el copago de servicios privados quedan atrapados en un sistema público saturado y perciben que las instituciones por las que pagan impuestos han dejado de responder a sus urgencias materiales. La brecha social se ensancha de este modo no solo en los ingresos, sino en la expectativa misma de salud, esperanza de vida y nivel educativo. La sensación de que el Estado es un gigante administrativo que recauda a los débiles mientras concede facilidades fiscales al gran capital destruye la cohesión cívica desde sus cimientos.

La rabia como única ideología

La polarización extrema, la violencia política y los disturbios que hoy amenazan la gobernabilidad de Occidente no son causas, son consecuencias directas, son la manifestación sintomática de un dolor social acumulado durante más de quince años sin canalización ni respuesta política efectiva. Las algaradas en las calles, el enfrentamiento tribal entre vecinos, el rechazo a las instituciones representativas y el auge de formaciones de extrema derecha son los únicos canales de desahogo que el sistema ha dejado a una población exhausta.

La demagogia radical prospera ofreciendo respuestas sencillas y buscando enemigos de paja a familias que viven atenazadas por la incertidumbre económica. Los discursos de odio contra el inmigrante, la minoría o el oponente político funcionan como chivos expiatorios perfectos para canalizar la rabia de quienes han visto cómo su esfuerzo carece de recompensa. La ultraderecha no crea la desesperación, se limita a rentabilizar electoralmente la devastación social provocada por dos décadas de libre mercado sin contrapesos y de rescates financieros pagados con recortes sociales.

Los extremismos ideológicos alimentan la quimera de una identidad fuerte y combativa frente a un sistema que ha convertido a los ciudadanos en números de un balance o en usuarios de una aplicación. Cuando la política socialdemócrata o de centro derecha tradicional se limita a gestionar la escasez y a pedir paciencia mediante un lenguaje tecnocrático y distante, la indignación popular encuentra acomodo en las consignas de ruptura total. La violencia verbal en el debate público y los estallidos de rabia en las calles son el lenguaje de quienes se sienten acorralados en una trampa económica sin salida.

 

23/10/2026 - ULTIMATÚM DEL SUPREMO AL GOBIERNO POR LA LEY DE NIETOS

Comentario: Está más que claro que el Tribunal Supremo está -en lugar de mantenerse al margen que debería ser su obligación- a favor de esos que promueven “el que pueda hacer que haga” según el dicho del “muñeco Luciano” del PP. Pero, lo van a tener crudo, porque EL PUEBLO está con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, como se está viendo en las calles y plazas de toda España, al igual que como reciben a los ultras, en especial a su gran Jefe trumpista Abascal. El futuro de mucha gente (y de una pensión decente para los que levantaron este país) está en juego, y ni las dos extremas derechas insultantes ni los Tribunales de Justicia van a poder expoliar a los españoles de cualquier sitio que no han olvidado la represión franquista que pretende instaurarse de nuevo.

La Sala de lo Contencioso da 5 días a los ministros Bolaños y Albares para que entreguen la lista completa con los nombres de más de 160.000 nuevos nacionalizados. Si no lo hacen antes del 28 de octubre, se enfrentan a responsabilidades penales

Martha Golfín

El poder judicial no suele hablar con gritos, sino con susurros de papel oficial. Sin embargo, lo que se ha firmado en la Sala Tercera no es un murmullo burocrático más, es un cañonazo en toda regla, un golpe sobre la mesa de la alta magistratura que retumba directamente en los despachos de la Moncloa y del Palacio de Santa Cruz. A veces la política se reduce a una fecha y a una hora concreta en la que alguien tiene que sudar frío. Anoten este dato: las tres de la tarde del próximo 28 de octubre de 2026.

Ese es el minuto exacto en el que vence el plazo perentorio concedido por el Alto Tribunal para que dos de los hombres más poderosos del Gabinete de Pedro Sánchez cumplan la ley. Hablamos de Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, y de José Manuel Albares, titular de Asuntos Exteriores.

La orden no admite pausas, dilaciones ni excusas de ventanilla: la Abogacía del Estado tiene que entregar inmediatamente una lista con nombres y apellidos. La relación nominal y completa de las 163.020 personas nacionalizadas mediante la célebre Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática. O lo que es lo mismo: los beneficiarios de la popularmente bautizada como Ley de Nietos.

Un ultimátum con nombres, apellidos y amenaza de cárcel

Si uno lee con detenimiento los dos autos notificados por la Sección de medidas cautelares de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, descubre que los jueces han perdido la paciencia. Ya no hay espacio para las buenas palabras entre instituciones. El texto es de un rigor helado.

Los magistrados exigen que ese padrón de más de 160.000 nuevos ciudadanos sea enviado de forma simultánea a tres ventanillas clave: a la propia Sala del Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral. ¿Y qué pasa si el Gobierno vuelve a dar largas?

Pues bien, ahí es donde el escrito judicial deja de ser una mera petición administrativa y se viste con el traje de la investigación penal. La Sala apercibe de forma explícita a los ministros echando mano del artículo 112 de la Ley Jurisdiccional. Eso significa dos cosas muy concretas y nada agradables para un servidor público. Primero, la imposición de multas coercitivas que salen del bolsillo personal del sancionado, no de las arcas del Estado. Y segundo, algo mucho peor: deducir testimonio de particulares y enviar el expediente a la vía penal para exigir responsabilidades por desobediencia.

Imaginemos por un segundo la escena en los servicios jurídicos del Estado. Un fin de semana de llamadas cruzadas, abogados revisando cada coma y secretarios de Estado buscando carpetas a contrarreloj. Porque el tiempo en la justicia vuela, pero cuando hay una amenaza de querella rondando los despachos de la Moncloa, el reloj corre el doble de rápido.

La batalla por los votos del exilio

Para entender la enorme marejada que se esconde detrás de este pleito hay que alejarse un poco de la jerga procesal y mirar el mapa de la política real. Todo esto arranca cuando la Ley de Memoria Democrática abrió la puerta para que miles de descendientes de españoles que huyeron durante la Guerra Civil o la dictadura —y también sus familias en América Latina— pudieran solicitar la nacionalidad.

La intención original de la norma buscaba reparar una deuda histórica. Nadie lo discute. Pero en la trastienda de los partidos políticos, la matemática electoral es un animal muy distinto y mucho más calculador.

En cuestión de meses, miles de nuevos electores han entrado de golpe en las listas del Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA). Un caudal de votos masivo que, en provincias pequeñas y medias de España donde un diputado se decide por apenas quinientas o mil papeletas, tiene la capacidad real de volcar el resultado de unas elecciones generales.

Ahí es donde saltaron todas las alarmas en la oposición y en varios organismos independientes. Fue precisamente la Junta Electoral Central la que, desbordada por las dudas operativas para aplicar las medidas cautelares fijadas con anterioridad por el propio Supremo, acudió al Alto Tribunal pidiendo instrucciones precisas. La respuesta de los jueces ha sido esta embestida frontal: ni una excusa más, entreguen el listado de inmediato.

La jueza que no quiso firmar el hachazo

Sin embargo, en esta historia de alta tensión constitucional nada es completamente blanco o negro. La Sala del Supremo que ha firmado estos dos autos no es un bloque sin fisuras, y ese es un detalle que en el Palacio de la Moncloa han anotado en rojo.

La Sección está compuesta por seis magistrados. Cinco de ellos votaron a favor de acorralar al Ejecutivo con la amenaza de las sanciones penales. Pero hubo una voz disonante. El auto incluye el voto particular de una magistrada que decidió marcar distancias con sus compañeros de bancada.

Esta jueza discrepa de la dureza de las medidas. En su voto particular deja entrever que apretar de esa manera las tuercas a dos ministros de Estado, amenazándolos casi por la vía rápida con el código penal en la mano por un problema de tramitación de datos masivos, supone traspasar una línea de prudencia institucional en el equilibrio de poderes.

Esa pequeña grieta en el frente judicial demuestra hasta qué punto el asunto es delicado. No es un simple papeleo entre ministerios; es una discusión profunda sobre dónde acaba la facultad de dirección del Gobierno y dónde empieza el control implacable de los tribunales sobre el proceso electoral.

Choque final entre poderes

A medida que pasan las horas, la presión se traslada al área de trabajo de la Abogacía del Estado. ¿Tienen listos esos 163.020 nombres? ¿Se pueden filtrar datos personales protegidos por leyes de privacidad sin vulnerar otros derechos, o prima la transparencia del censo público dictada por el Tribunal Supremo?

El choque entre el Gobierno y la magistratura ha dejado de ser un debate soterrado para convertirse en una crisis institucional abierta. Si el ministro Félix Bolaños y el ministro José Manuel Albares ceden y entregan el documento antes del miércoles 28 de octubre a las tres de la tarde, la justicia habrá ganado el pulso y el censo de la 'Ley de Nietos' quedará expuesto a la lupa de los partidos y de los jueces.

Si por el contrario el Ejecutivo busca una nueva argucia procesal para ganar tiempo o se niega a enviar la relación nominal alegando dificultades técnicas, el Supremo estará ante el abismo de cumplir su promesa: abrir las diligencias penales contra los miembros del Gabinete.