17/04/2026 - AYUSO INSULTA A MEDIO MUNDO DESDE BRUSELAS Y CONVIERTE MADRID EN UN FOCO DE BOCHORNO DIPLOMÁTICO

Comentario: Menos mal que tanto Brasil como México, Colombia, Sudáfrica, Uruguay y Lituania saben sobradamente que la Sra. Ayuso es idiota, que esta “ida”, que es una retrasada mental y una analfabeta funcional al servicio de cuatro imbéciles de la ultra derecha trumpista.

Llamar “narcoestados” a países como México o Brasil no es una ocurrencia: es una descalificación gravísima contra socios de España y un nuevo gesto de sumisión al trumpismo más desquiciado

§  Ayuso premia a María Corina Machado y convierte la Puerta del Sol en escaparate del trumpismo más peligroso

Agustín Millán

Las palabras de Isabel Díaz Ayuso ya no pueden despacharse como una simple sobreactuación política. Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que en Barcelona habrá “una reunión de narcoestados en torno al presidente Sánchez”, no está solo atacando al Gobierno central: está insultando a países soberanos, dinamitando la imagen exterior de España y colocando a una institución autonómica en una posición de abierta agresión diplomática.

La gravedad de una acusación sin pruebas

No hay eufemismo que valga. No hay matiz que la salve. Llamar “narcoestados” a países que van a participar en una reunión internacional con Pedro Sánchez es una afrenta de enorme calado. Y lo es todavía más cuando entre los asistentes figuran mandatarios y representantes de países como México, Brasil, Colombia, Uruguay, Sudáfrica o Lituania, en una cita que medios de referencia sitúan como una gran reunión internacional en defensa de la democracia y de articulación del espacio progresista frente al auge de la ultraderecha global. 

Ayuso dijo literalmente que había “dos fotos”: “la de esa reunión del mundo libre” en Madrid y “una reunión de narcoestados en torno al presidente Sánchez”. La frase no es una metáfora inocente. Es una acusación de extrema gravedad. Porque el término “narcoestado” no describe una discrepancia ideológica ni una diferencia de modelo político: implica que las estructuras de un país están penetradas o dominadas por el narcotráfico. Es, por tanto, una imputación política y moral demoledora. Y Ayuso la lanza sin pruebas, sin informes, sin base diplomática y sin ninguna competencia institucional para hacerlo.

España no es una comunidad autónoma en política exterior

Ese es uno de los aspectos más graves del episodio. La política exterior corresponde al Estado, no a una comunidad autónoma. La presidenta madrileña no habla en nombre de España en foros diplomáticos, no fija la posición exterior del país y no debería dinamitar las relaciones con gobiernos extranjeros a golpe de consigna partidista. Pero eso es exactamente lo que hace cuando desde Bruselas decide presentar como “narcoestados” a países con los que España mantiene relaciones estratégicas, económicas, culturales y multilaterales de primer orden. 

Basta ver quiénes están realmente en Barcelona para medir la magnitud del disparate. La cita ha reunido o movilizado a líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, junto a dirigentes europeos, sindicales y sociales, dentro de una agenda que gira en torno a la democracia, la cooperación internacional, la tecnología, la desigualdad y el freno al nacionalismo autoritario. Presentar ese encuentro como una concentración de “narcoestados” no es análisis político: es propaganda zafia, impropia de una representante pública.

El eco del trumpismo en Madrid

Además, la acusación de Ayuso golpea de forma especialmente obscena a México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ya había tenido que responder hace apenas unas semanas a otra ofensiva verbal de la dirigente madrileña. Su contestación fue inequívoca: “Es absolutamente falso lo que dice”. Sheinbaum denunció así unas declaraciones previas de Ayuso en las que equiparaba a México con regímenes autoritarios, dejando en evidencia que la presidenta madrileña reincide en un patrón de descalificación sin sustento real. 

Y resulta todavía más revelador que, en vísperas de la reunión de Barcelona, Sheinbaum haya querido subrayar que “no es una reunión antiTrump”, sino una cita orientada a la cooperación internacional y a la paz. Es decir, mientras una jefa de Estado rebaja el tono, busca encajar diplomáticamente el encuentro y evita convertirlo en una provocación, Ayuso hace exactamente lo contrario: incendia, caricaturiza e insulta. 

Con Brasil ocurre algo parecido. Lula y Sánchez han impulsado en Barcelona la primera cumbre bilateral España-Brasil, con una agenda de acuerdos económicos, tecnológicos y sociales, además de una voluntad política expresa de reforzar el multilateralismo y la cooperación entre ambos países. Llamar “narcoestado” al entorno diplomático en el que se produce ese acercamiento no solo es ofensivo para Brasil: es una patada contra los propios intereses internacionales de España. 

¿Por qué en Madrid “no pasa nada”?

Lo que subyace en estas palabras es algo ya muy reconocible: la importación a Madrid del lenguaje político trumpista. Ayuso vuelve a utilizar la retórica de bloques absolutos, del “mundo libre” frente a una supuesta conjura de enemigos, de la simplificación brutal que divide el planeta entre los buenos que ella bendice y los malos que ella demoniza. No hay diplomacia, no hay prudencia, no hay respeto institucional. Solo hay polarización, bronca y un uso irresponsable de la tribuna pública.

Y ahí aparece otra pregunta incómoda: ¿por qué una parte de la sociedad madrileña parece haberse vuelto inmune a estos excesos? Probablemente porque el escándalo permanente anestesia. Cuando cada declaración busca ser más estridente que la anterior, el insulto se normaliza. Pero que una barbaridad se repita no la convierte en aceptable. Que Ayuso haya hecho del agravio una forma de comunicación no significa que el resto del país, ni mucho menos los países aludidos, tengan obligación alguna de soportarlo.

De hecho, conviene plantear con seriedad qué respuesta diplomática deberían estudiar los Estados insultados. México, Brasil y cualquier otro país que se considere aludido tienen motivos más que suficientes para exigir explicaciones. Podrían hacerlo mediante protestas formales, notas verbales a la embajada de España, solicitudes públicas de rectificación o peticiones al Gobierno español para que se desmarque de esas palabras. Nada de eso sería exagerado. Exagerado fue llamar “narcoestados” a países soberanos sin aportar una sola prueba.

Y aquí la pelota también está en el tejado del Estado. Porque si una presidenta autonómica injuria a socios internacionales de España y no ocurre nada, el mensaje exterior es desastroso. La sensación que se transmite es que cualquier cargo institucional puede deteriorar relaciones diplomáticas por interés partidista sin pagar ningún precio político. Eso erosiona la imagen de España como socio serio, previsible y respetuoso.

Meloni 

La comparación con Giorgia Meloni resulta, además, muy elocuente. Incluso una dirigente europea situada en la derecha dura y considerada durante mucho tiempo una de las más cercanas a Donald Trump ha marcado distancias en los últimos meses. Reuters ha informado de críticas de Meloni a decisiones de Trump, calificando de “error” algunos de sus movimientos, y también de su condena por “inaceptables” a determinados ataques verbales del líder estadounidense. Es decir, incluso quienes habían cultivado esa cercanía empiezan a entender que el coste político y diplomático del trumpismo puede resultar insoportable. (Reuters)

En Madrid, sin embargo, el PP de Ayuso parece optar por el camino inverso: cuanto más desquiciado es Trump, más se copia su método. Más hipérbole, más insulto, más enemigo absoluto, más degradación del lenguaje público. El resultado no es fortaleza política, sino degradación institucional.

Porque conviene decirlo claro: Ayuso no ha insultado solo a Sánchez. Ha insultado a países enteros. Ha faltado al respeto a gobiernos legítimos. Ha proyectado una imagen frívola y agresiva de una institución española. Y ha vuelto a demostrar que para una parte de la derecha madrileña la política exterior no es una cuestión de Estado, sino una sucursal de la agitación ultra.

La pregunta final, por tanto, no es solo qué pretende ganar Ayuso con esta escalada verbal. La cuestión de verdad importante es otra: ¿hasta cuándo van a tolerar México, Brasil y el resto de países agraviados que una dirigente autonómica española los difame como si fueran caricaturas al servicio de su guerra partidista? Y junto a esa, otra todavía más incómoda para España: ¿cuánto bochorno diplomático está dispuesto a asumir el país antes de exigir que alguien ponga freno a esta deriva?

La pregunta clave: ¿qué deberían hacer los países afectados?

Si se toma en serio el contenido de las declaraciones, la cuestión no es retórica. Es jurídica y diplomática.

Los países aludidos —México, Brasil y otros que puedan sentirse incluidos— tienen varias vías de respuesta:

1.   Solicitud formal de aclaraciones al Gobierno español
No a la Comunidad de Madrid, sino al Estado, que es el responsable de la política exterior.

2.   Protesta diplomática
A través de sus embajadas, exigiendo una rectificación o desmarque oficial.

3.   Revisión del tono en relaciones bilaterales
Sin romper vínculos, pero marcando límites claros.

4.   Pronunciamientos públicos
Como ya ha hecho México, desmontando la acusación y evidenciando su falta de rigor.

Estas acciones no serían desproporcionadas. Serían proporcionales a la gravedad del insulto.

 

17/04/2026 - IRPH: DENUNCIAN CORRUPCIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA POR VALOR DE 44.000 MILLONES

Diario Sabemos ha tenido acceso a una denuncia durísima acompañada de ingente documentación presentada ante el Defensor del Pueblo por una asociación de afectados hipotecarios

José Antonio Gómez

Tal y como llevamos publicando en Diario Sabemos durante años, el IRPH ha sido una de las grandes estafas del mercado hipotecario español. Para cientos de miles de familias, este índice no fue una mera fórmula financiera, sino el origen de cuotas más altas, pleitos interminables y una sensación persistente de indefensión frente a un sistema que, según sostienen los afectados, nunca explicó con claridad cómo se calculaba realmente el precio de sus préstamos.

La controversia, que parecía técnica y reservada a especialistas, ha terminado convirtiéndose en un asunto de enorme alcance económico, judicial y social. Hoy, después de varias sentencias del TJUE, el conflicto ya no gira solo en torno a la validez del índice, sino a una cuestión aún más grave: si el propio diseño del IRPH incorpora una distorsión estructural que la banca y el supervisor, es decir, el Banco de España, conocían desde el principio. Esta es la base de una denuncia de la Asociación de Hipotecados Activos presentada ante el Defensor del Pueblo, a la que Diario Sabemos ha tenido acceso, en la que, entre otras muchas cosas, se llega a acusar al Banco de España de una corrupción de 44.000 millones de euros.

La clave, según se indica en la denuncia, está en una idea aparentemente simple: cuando una entidad presta dinero y, además, cobra una comisión de apertura, ese coste no debería acabar inflando de nuevo el tipo de interés aplicado al cliente. Y, sin embargo, eso es precisamente lo que denuncian los afectados del IRPH. Según esta interpretación, el índice se calculaba incorporando medias de tipos que ya contenían comisiones y gastos, de modo que el consumidor terminaba soportando una doble carga.

Por un lado, pagaba la comisión de apertura de su propio préstamo; por otro, asumía mes a mes un tipo de interés más alto porque el promedio del sistema arrastraba las comisiones cobradas por otras operaciones. Esa es la base del argumento sobre la necesidad del diferencial negativo, una corrección a la baja destinada a evitar que el índice quedara artificialmente inflado.

El problema no es menor. Si el IRPH incorpora en su cálculo costes que luego se trasladan al cliente como parte del interés, la comparación con otros índices como el Euríbor deja de ser neutra. En términos prácticos, el consumidor no estaría contratando un préstamo a tipo variable comparable al del mercado, sino un producto con una estructura más onerosa de lo que aparenta. Ahí es donde entra la discusión jurídica sobre la transparencia. El TJUE ha insistido en que el consumidor debe poder comprender, de manera clara y suficiente, el funcionamiento real del índice que se incorpora a su hipoteca. No basta con invocar que se trata de una referencia oficial publicada en una circular; lo relevante es que el cliente entienda sus efectos económicos y pueda valorar el impacto que tendrá sobre su préstamo durante toda la vida del contrato.

La Circular 5/94 del Banco de España

La gran referencia documental del caso es la Circular 5/1994 del Banco de España. En torno a ella se ha construido gran parte del debate técnico y judicial sobre el IRPH. Quienes sostienen que el índice debía aplicarse con un ajuste a la baja se apoyan en el contenido de esa circular y en la documentación administrativa asociada a su elaboración. Según esta lectura, el propio regulador advertía de la necesidad de corregir el efecto de las comisiones para poder igualar el índice con el tipo de interés de mercado. De ahí que la cuestión no sea solo económica, sino también normativa: si la circular contenía una advertencia de carácter operativo, esa advertencia debía tener consecuencias reales en los contratos.

La discusión, por tanto, no se limita a un detalle matemático. Lo que está en juego es si la fórmula aplicada por las entidades respetaba el sentido de la norma o si, por el contrario, se aprovechó una ambigüedad técnica para comercializar hipotecas más caras de lo que el consumidor podía prever. En este punto, las sentencias del TJUE cobran especial relevancia porque introducen un elemento de fondo: la posible existencia de una doble retribución. Si el banco ya cobraba una comisión de apertura, no parece lógico que esa misma comisión sirviera después para incrementar el índice de referencia que determinaría las cuotas futuras. Desde esa perspectiva, el diferencial negativo no sería una opción interpretativa, sino una exigencia derivada de la propia lógica financiera del sistema.

Ese razonamiento explica por qué el conflicto IRPH ha desbordado el terreno bancario y ha entrado en una esfera más amplia de control institucional. Si una circular oficial sugería una corrección y los órganos supervisores la daban por supuesta durante años, pero después esa misma corrección desaparece del discurso administrativo, la pregunta deja de ser técnica para convertirse en política.

El giro del Banco de España

El Banco de España aparece en esta historia como una institución que durante mucho tiempo habría asumido la necesidad del ajuste negativo, al menos según la documentación citada por los afectados y por parte del entorno jurídico que ha impulsado las reclamaciones. El problema, según se muestra en el informe anexo a la denuncia, es que ese criterio no se habría trasladado con la misma claridad al control efectivo de los contratos. Es decir, una cosa es sostener en documentos internos o en respuestas parlamentarias que el IRPH debía corregirse, y otra muy distinta es verificar que esa corrección se aplicaba realmente en las hipotecas comercializadas por las entidades.

Ahí se sitúa el núcleo de la acusación más grave: el regulador habría tolerado durante años una práctica que favorecía a algunas entidades frente a otras, generando una competencia desleal dentro del propio mercado hipotecario. Algunas cajas y bancos sí habrían incluido el descuento exigido por la lógica de la circular; otros, en cambio, habrían optado por márgenes más altos o por fórmulas que no restaban el efecto de las comisiones. El resultado fue un mercado desigual, donde el consumidor quedaba atrapado entre productos formalmente similares pero sustancialmente distintos en su coste real.

La controversia se intensifica cuando, tras el avance de los pleitos y la intervención del TJUE, el discurso del Banco de España cambia. Según se indica en la denuncia, en vez de sostener con firmeza la necesidad del diferencial negativo, la institución pasa a una posición más ambigua, casi defensiva, que presenta esa corrección como una explicación histórica o comparativa y no como una obligación de cálculo. Esa mutación interpretativa resulta decisiva porque sirve de apoyo a resoluciones posteriores del Tribunal Supremo y de algunas audiencias provinciales que, según denuncian los afectados, terminaron vaciando de contenido las sentencias europeas.

Lo llamativo es que el giro, según se documenta en la denuncia, no se produjo en un contexto de nueva evidencia técnica, sino en medio de una disputa judicial ya muy avanzada. Por eso la sospecha no es solo doctrinal, sino institucional. Si el Banco de España sostuvo una cosa durante décadas y después avaló otra lectura sin ofrecer los estudios o procedimientos estadísticos que justificarían ese cambio, la apariencia es la de una administración que reescribe su propio pasado para acomodarse a un resultado judicial más conveniente para el sector financiero.

El papel del TJUE

Las sentencias del TJUE han sido el gran punto de inflexión en esta disputa. Lejos de resolver el caso de forma simplista, el tribunal europeo ha insistido en que la transparencia del IRPH debe examinarse a la luz de la información real que recibió el consumidor y del modo en que la cláusula operaba en el contrato. Eso supone una exigencia mucho más intensa que la mera remisión a una referencia oficial. El cliente no solo debe saber que el préstamo está ligado al IRPH; debe comprender qué implica ese índice, cómo se calcula y por qué puede situarse por encima de otros índices de referencia más conocidos.

Esa lógica conecta directamente con la advertencia sobre la doble retribución. Si la comisión de apertura ya remunera a la entidad por el servicio de estudio y formalización, incorporarla indirectamente al índice de referencia supone trasladar otra vez ese coste al cliente. El TJUE, al menos según la interpretación que defienden los afectados, habría reconocido precisamente que esa circunstancia es relevante para valorar si la cláusula era transparente y potencialmente abusiva. De ahí que el debate no pueda reducirse a si el índice fue publicado en una circular oficial, sino a si el consumidor podía prever de forma realista el efecto económico que produciría en su hipoteca.

La importancia de esta doctrina es enorme, porque afecta no solo a miles de contratos pasados, sino al criterio con el que deben analizarse futuras controversias en materia de préstamos hipotecarios. Si un índice oficial puede incorporar costes que alteran sustancialmente el precio final del crédito sin una explicación clara al cliente, entonces el problema no es solo del IRPH. El problema es la arquitectura misma de la transparencia bancaria en España.

La batalla por la interpretación

La segunda gran batalla que plantea la denuncia es la de la interpretación. A partir de las resoluciones europeas, se abre una pugna por determinar si la corrección a la baja, esto es, el diferencial negativo, era realmente obligatoria o si solo servía como referencia técnica para comparar el IRPH con otros índices. Esa distinción, en apariencia sutil, tiene consecuencias gigantescas. Si el diferencial negativo era una exigencia normativa, entonces las hipotecas referenciadas al IRPH pudieron estar mal calculadas desde el origen. Si, en cambio, era solo una aclaración explicativa, la mayor parte de las reclamaciones perderían fuerza.

Aquí es donde la denuncia acusa al Banco de España de haber contribuido a una “fabricación” interpretativa que nunca se apoyó en procedimientos estadísticos verificables. Según esta lectura, la institución habría aceptado después la idea de que existían estudios internos o comparaciones técnicas que justificaban la ausencia del diferencial negativo, pero cuando se le pidió concretar el método de cálculo, no pudo o no quiso explicarlo. Ese silencio resulta especialmente delicado porque afecta a la credibilidad de todo el sistema supervisor. Una autoridad monetaria no puede sostener durante años que existe una metodología clara y, al mismo tiempo, negarse a detallar en qué momento exacto se aplicaría la corrección prevista por la propia circular que invoca.

La ausencia de respuesta no es un simple vacío documental. En un caso de esta magnitud, la falta de trazabilidad equivale casi a una confesión indirecta de que no hay un soporte técnico sólido para la tesis oficial. Y si no hay soporte técnico, entonces la explicación pasa a ser política o judicial. En cualquiera de los dos casos, el daño ya está hecho.

Enorme coste social

La dimensión más dramática del IRPH es la social. Detrás de cada sentencia hay hipotecas impagables, familias desbordadas por cuotas mensuales crecientes y hogares que vieron cómo sus préstamos se encarecían año tras año por encima de lo esperable. El efecto acumulado de esos intereses no solo ha reducido la renta disponible de los afectados; en muchos casos ha deteriorado por completo su estabilidad económica y patrimonial.

Por eso la denuncia presentada al Defensor del Pueblo lo interpreta como una forma de corrupción institucional o, al menos, como una grave falla del sistema de supervisión financiera. No se trata únicamente de que una entidad cobre más de la cuenta. Se trata de que una cadena de decisiones administrativas, interpretaciones judiciales y omisiones regulatorias habría permitido consolidar un modelo hipotecario lesivo para el consumidor y extraordinariamente beneficioso para la banca.

Ese beneficio no fue solo individual para cada entidad, sino sistémico. Si el conjunto del mercado operó durante años con un índice que arrastraba la comisión de apertura de forma indirecta, la ventaja económica para el sector pudo ser muy elevada. De ahí las cifras que manejan los afectados, que hablan de decenas de miles de millones de euros en juego. Más allá del número exacto, lo relevante es que el conflicto ya no se explica como una disputa marginal entre bancos y clientes, sino como uno de los mayores problemas de redistribución encubierta de renta en la historia reciente del crédito hipotecario español.

La responsabilidad del sistema judicial

La denuncia también deja interrogantes sobre la respuesta del Tribunal Supremo y de algunas audiencias provinciales. Según la asociación de afectados, esos tribunales habrían aceptado sin suficiente contraste la versión del Banco de España sobre el IRPH, incorporando a sus resoluciones una interpretación que contradice el espíritu de las sentencias europeas. El problema no es únicamente que exista desacuerdo jurídico, algo normal en cualquier litigio complejo, sino que la lectura favorable a la banca se haya asentado sobre una base técnica que nunca quedó clara.

Esto significa que el conflicto no puede leerse como una simple historia de consumidores frente a bancos. Es también una historia de cómo las instituciones españolas han gestionado, o evitado gestionar, una controversia con enormes implicaciones económicas. Cuando la última palabra judicial no aclara el problema, sino que lo perpetúa, la desconfianza ciudadana se multiplica. Y cuando esa desconfianza afecta a un producto tan sensible como la hipoteca, la consecuencia es una erosión profunda de la legitimidad del sistema financiero.

 

16/04/2026 - TRUMP BORRA DE SU AGENDA A SANTIAGO "OBESCAL"

Comentario: Cómo los votantes del PSOE acudan en masa a las urnas y la abstención sea poca, el partido de “Obescal” tiene asegurada su extinción. La ley de D´hont lo deja todo claro en unas elecciones, no hay escapatoria. Fin de VOX.

Vox se desmarca de la guerra que el presidente norteamericano le ha declarado al papa León y a Giorgia Meloni

José Antequera

El autorretrato de Donald Trump como el nuevo Jesucristo que sana a los enfermos, difundido en la cuenta personal del magnate neoyorquino, ha indignado al mundo católico. El papa León le ha tenido que recordar al presidente de los Estados Unidos que “Dios está con los pobres y no con los soberbios” como él; Meloni le ha dado la espalda al millonario de Mar-a-Lago por sus despiadados ataques al Santo Padre; y la Conferencia Episcopal Española, nada sospechosa de roja woke, se desmarca del iluminado magnate. Medio mundo se aleja del gurú de la secta MAGA y hasta Vox empieza a marcar distancias con el tipo tiránico, cruel, antipático y detestado en todo el orbe.

En las últimas horas, la formación ultra ha matizado su respaldo al líder estadounidense al considerar “poco comprensibles” sus desplantes al papa y a la primera ministra italiana. Empieza la caída del ídolo con pies de barro, el declive del clown que, desde la pista circense de la Casa Blanca, se siente el amo del mundo. Varios son los factores que están llevando a Vox a reconsiderar su alianza con Trump. En primer lugar, una cuestión de pura lógica: ir de la mano con un señor tronado que se cree Dios no es buena cosa para el negocio. No da buena imagen. Despierta sospechas y recelos entre los votantes, mayormente entre los católicos practicantes (otra cosa son las nuevas sectas americanas que levantan iglesias alrededor del primer cantamañanas, charlatán o embaucador que pasa por ahí). Antes de la guerra de Irán, cuando Abascal viajaba a Washington a hacerle la pelota al jefe de la internacional neofascista y a mendigarle un puñado de criptomonedas, la farsa pasaba desapercibida. Hoy, con el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, con el Estrecho de Ormuz clausurado, con el grifo del petróleo cerrado y la economía global desmoronándose con estrépito, el inmenso y truculento montaje MAGA queda en evidencia. Dígale usted a un camionero o un taxista o a un agricultor español que va a tener que pagar el litro de combustible al precio de un riñón (o que no va a poder colocar su aceite y su vino en el mercado yanqui) por culpa de los caprichos y delirios de un cateto millonario con gorra y un palo de golf. Se indigna y ya no le valen los vacuos y encendidos discursos sobre la patria. Poca broma cuando duele el bolsillo.

En segundo lugar, las encuestas no son tan positivas para Vox como hace unos meses y vaticinan que el partido verde podría haber tocado techo. Los extremeños, aragoneses y castellanoleoneses empiezan a estar hasta la coronilla del bloqueo sistemático del partido de Abascal. A fin de cuentas, una fuerza que llega a la política para destruir más que para construir no beneficia a nadie. Más allá de las soflamas patrioteras, de la nostalgia por el pasado franquista y de las divertidas conspiraciones terraplanistas y antivacunas, el ciudadano necesita funcionarios, técnicos, líderes competentes que sepan gestionar el día a día, que mantengan abiertas las escuelas y los hospitales públicos, que lleven los camiones de la basura a los barrios y los semáforos a las carreteras, calles y avenidas. Una sociedad civilizada es sentido común. Y no parece que entre los dirigentes de Vox abunde la materia gris para hacer que siga funcionando lo cotidiano. Como el partido está lleno de señoritos, ahí no trabaja ni Dios. Son buenos en lo suyo, en la zancadilla al enemigo político, en el odio antisistema, en dinamitarlo todo desde dentro. El talento de los dirigentes regionales ultras está más que acreditado cuando se trata de preparar un bloqueo o una parálisis institucional de padre y muy señor mío que ponga contra las cuerdas a los Guardiola, Azcón, Mañueco y Moreno Bonilla. Pero cuando les llega el momento de sentarse en el despacho, remangarse, coger el boli y trazar los planes concretos para organizar un pueblo, una ciudad, una comunidad autónoma o un país, los prebostes de Vox se pierden. No saben. Petan. Y lo privatizan todo en manos de los empresarios amigotes. Esa incompetencia para la gobernanza es percibida por el votante voxista algo cansado de aventuras anarcoides que empieza a añorar los tiempos del bipartidismo, cuando la vida era mucho más tranquila y no había una convulsión global cada día. El patriotismo está muy bien cuando no eres tú quien tiene que ir a la guerra. De ahí que muchos indignados ultras estén sopesando volver al PP que, aunque es lo de siempre, al menos promete algo de estabilidad y sosiego.

Y, en tercer lugar, el distanciamiento de Vox con respecto a Trump tiene mucho que ver con la coyuntura actual europea. Con Viktor Orban derrotado y Pedro Sánchez ejerciendo de gran faro y guía de las democracias occidentales frente al auge de las autocracias, seguir alineado con Patriotas, el grupo ultra-ultra fundado por el húngaro topo de Putin (con el beneplácito de Trump empeñado en liquidar la UE), es un pasaporte directo para cosechar un fracaso en las elecciones andaluzas que se avecinan y en las generales a más largo plazo.  

La decadencia del trumpismo se ha iniciado antes de lo que cabía esperar. Este extraño Cuarto Reich va a durar dos telediarios. Atrás quedan los días en que Abascal era invitado a los actos políticos del magnate neoyorquino como chico de los recados de ese país del sur de Europa llamado España. Hoy el invento del fascismo democrático inventando por el Señor Dorito colapsa y la gente confirma que más vale malo conocido que bueno por conocer. Como todo buen salvapatrias, Trump prometió a los incautos adeptos a su secta que atarían perros con longanizas y se bañarían en piscinas con champán. Pero hoy el ciudadano de la aldea global advierte que aquí solo ha ganado el falso mesías (3.500 millones de dólares más desde que estalló la guerra, según Forbes), mira a su alrededor y solo ve un mundo más negro, sirenas tronando contra ataques aéreos, genocidios, amenaza nuclear, caos y destrucción. Abascal creía que siendo el criado del triunfador llegaría antes a la Moncloa, pero ahora cae en la cuenta de que no era nadie para el amado líder, que ni siquiera sabía pronunciar su nombre (solía llamarlo Santiago Obescal) y que más temprano que tarde lo borrará de su preciada agenda privada para colgarle el cartel de loser. Vox reconfigura su GPS político, alejándose del trumpismo, para no descalabrarse electoralmente. Nadie en sus cabales vota a algo que va contra la paz, contra su propio bienestar y contra el futuro de su familia y de sus hijos. 

 

15/04/2026 - EL MEJOR PRESIDENTE DE LA DEMOCRACIA

Antes de nada, dos cosas que quiero dejar claras:

La primera, que la Democracia española, en mi modesta opinión, tiene más bien poco de Democracia y está más cerca de una sencilla Plutocracia (Situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado), que es como se definió en la antigüedad un régimen en el que quienes gobiernan son un grupo de ricos, dicho en plata, sencillamente, el capital (el Ibex, la Banca, las familias adineradas de toda la vida, los millonarios... ), ello, gracias en España a la famosa LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 5/1985, de 19 de junio), que es la norma fundamental que regula todos los procesos electorales (generales, locales, autonómicos y europeos), incluyendo el censo, las campañas electorales, el sufragio y la distribución de escaños, con un claro favoritismo partitocrático gracias a la no menos famosa e indiscutible poco o nada proporcional ley de D´hont de todos conocida. Es, así mismo, sobradamente popular que tanto Diputados, Senadores y Gobierno en general (incluidos los “representantes” políticos autonómicos, provinciales y locales) bailan al son que les tocan esos que “mandan” sin haberse presentado nunca a unas elecciones. Mi padre siempre decía que el pulso político del país lo marcaba la Bolsa, y, como se puede comprobar ahora, tenía mucha razón, el Ibex dirige en la sombra el cotarro.

Y la segunda, que, de ninguna manera, este escrito quiera llevar la contraria a nadie que piense de manera diferente sobre nuestro actual Presidente del Gobierno, ya que, servidor es sumamente respetuoso con cualquier opinión que difiera de la suya, pero siempre, por supuesto, que los datos oportunos, los que nadie puede negar porque están o son evidentes, den lugar a controversia.

Para un servidor, Pedro Sánchez se ha ganado a pulso una consideración y un gran respeto, indiscutible gracias a sus posicionamientos internacionales y a sus medidas establecidas para combatir todas las vicisitudes que vivimos los españoles por culpa de maldito capitalismo opresor que tiñe todo Occidente. Lo cual, obviamente, no quita para dejar claro que está supeditado al capital, que, ni que decir tiene, controla todas sus medidas referenciadas a sus intereses. Pero, por lo menos, presenta “batalla” y trata de que la ciudadanía mejore al menos lo indispensable, aún a pesar de los palos en las ruedas que le ponen los declarados partidos de la derecha rancia y de la extrema derecha neofascista actual, esos que quieren tomar el Gobierno simplemente por la cara y ponerse a gobernar como acostumbran con los brazos cruzados tal como aparecen en sus fotos de campaña.

Desde que se inició la Democracia (la Plutocracia, más bien), hemos tenido una serie de Presidentes que han dado lugar a que el país de hoy día sufra una decadencia, un retraso orgánico sin futuro más allá de lo que la vida por el tiempo supone de avances y progreso.

No voy a analizar detenidamente a cada uno de los Presidentes, sería demasiado largo y no están las cosas para cansar mucho leyendo política, pero si quiero decir algo de los -según los medios- más destacados:

De Felipe González -que actualmente ha resultado no ser ni siquiera socialdemócrata, mucho menos socialista- hay que decir que (independientemente de las mejoras que sufrió el país con su llegada, que es algo que hay que reconocerle positivamente) fue quien nos metió en la OTAN, lo que hace que estemos en el punto de mira de los que quieren la guerra y les trae sin cuidado que el mundo reclama paz; y, por supuesto, fue el artífice de nuestra entrada en la Unión Europea (UE), algo que no debería ser una filfa si nuestra entrada hubiera respetado nuestro estatus social y, como hizo Alemania, esa moneda de parte de la UE (el Euro) no hubiera supuesto una carga que llevamos soportando desde su llegada (un café de 50/70 pesetas pasó a valer en España ¡un euro!, cerca de 170 pesetas al cambio), ya que, los salarios se quedaron en su equivalencia, así los que ganaban, por ejemplo, 50.000 pesetas, pasaron a ganar 300 €, lo que, siniestramente, supuso un empobrecimiento generalizado para los trabajadores y una buena dosis de aumento de sus beneficios para el empresariado y para las muchas multinacionales que llegaron al país. De tal modo, que la cesta de la compra nos noqueó en un plis-plas. Amén de que el dinero que recibimos (algo más de lo que ponemos) va a parar, preferentemente, a los latifundistas, que, dicho sea de paso, se están forrando con esa maravillosa PAC.

Del Sr. Aznar (un personaje neofascista acomplejado y narciso compulsivo) decir que su mayor “hazaña” fue meternos en la guerra de Irak sólo para formar parte de una foto con los yanquis y los sajones (la foto de las Azores) que trajo como consecuencia los atentados de los trenes de Atocha (más de 200 muertos inocentes) y que, en la actualidad, se ha mostrado totalmente a favor de una nueva guerra en Irán, contraviniendo lo que opinan la mayoría de los Presidentes de la mayor parte del mundo civilizado, con la única intención de mostrar su incondicional sumisión al trumpismo de los americanos. Además de “arrastrarse” por los estrados que le colocan dando lecciones de Democracia cuando todos sabemos que más de diez de sus ministros están imputados en casos de corrupción o ya en la trena. Pero, eso sí, sigue con su fundación chupándonos los euros a todos los españoles que pagamos impuestos, que, evidentemente no son todos los que deberían hacerlo. Entre sus huestes, no para de pavonearse con frases dedicadas a “su” Judicatura como esa de “quién pueda hacer que haga”. Una pena. 

Podría decir algo del Sr. Rodríguez Zapatero, pero con lo del aborto y sus múltiples salidas al extranjero para defender la paz en lugares como Venezuela, está todo dicho. Me parece un buen hombre que quiere la paz y lo mejor para su país. Y, cómo no, del Sr. Rajoy, pero este bastante está pasando -una tiritera- con el juicio de la Kitchen que ya veremos si nos aclara eso de “M. Rajoy” junto con lo de “la Policía Patriótica”. Un personaje que fue torpe hasta para “robar”.

Por último, valiéndome de los artículos de dos periodistas de un diario independiente, en nada propenso a ninguna loa al Presidente Sánchez, voy a reseñar algunos de sus posicionamientos en cuestiones que nos afectan a todos y que avalan su mandato en favor de la sociedad y de la ciudadanía, olvidando por un momento todas las medidas que ha tomado el Ejecutivo que sabido es constituyen mejoras importantes para el mundo del trabajo y para los ciudadanos de a pie, lo cual lo honra más que a ninguno otro de los anteriores:

“En su artículo “Orgullosos de ser españoles” uno de estos periodistas señala que la actitud del gobierno genocida de Israel contra España demuestra que el país se ha colocado en el lado correcto de la historia.  Pedro Sánchez ha instado a la Unión Europea a suspender el acuerdo de asociación con Israel por lo que ha calificado como violaciones “flagrantes” del derecho internacional. Esta posición, lejos de ser radical, se inscribe en el marco de las obligaciones internacionales de los Estados y en la defensa de un orden basado en normas. Frente a la intimidación y la presión, la defensa de los principios democráticos y del derecho internacional no solo es necesaria, sino motivo de orgullo colectivo. España ha decidido no ser neutral. Y esa decisión, en sí misma, es motivo de orgullo”.

El otro periodista, muy crítico con las cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía, se posiciona así sobre cómo ve lo que está pasando el líder de la derecha, el Sr. Feijóo. Lo cual no deja de ser algo que engrandece la postura del Presidente Sánchez, que, dicho sea, se ha metido a la gente en el bolsillo con su “No a la guerra”:

“Feijóo pretende ponerse el traje de pacifista y ahora nos sale con esa solemne estupidez de que esta guerra tenemos que “pararla entre todos” porque, de lo contrario, las ayudas del Gobierno contra la crisis energética que se avecina no darán para mucho. El estadista gallego es una lumbrera de nuestro tiempo. ¿Parar la guerra? ¿Nosotros? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo?

El dirigente conservador ha ido dando bandazos desde que Donald Trump decidió bombardear Irán desatando un desastre humanitario en Oriente Medio y el caos económico mundial. Primero se rasgó las vestiduras cuando el Gobierno español no se sumó a la barbarie del dirigente de MAGA; después criticó amargamente que nuestro país haya cerrado el espacio aéreo de Morón y Rota a los cazas y bombarderos norteamericanos; y finalmente llegó a aceptar que los españoles debemos estar con EEUU sí o sí, es decir en el lado malo de la historia junto a los señores de la guerra y los oligarcas que matan a miles de inocentes para hacer negocio con el petróleo y el gas. De alguna manera suicida que solo él entendió, Feijóo se alineó con Abascal y la extrema derecha en el vasallaje belicista, progenocida y nazi. Un chupador y lamedor de la bota del Tío Sam. Todo ello mientras consentía que primeros espadas de su partido como Ayuso soltaran barbaridades como que Sánchez es un terrorista de Hamás amigo de los ayatolás. Al mismo tiempo que el PP hacía sonar los tambores de guerra yanquis, los líderes de la derecha europea se movían hacia una clara neutralidad. Macron respaldaba la posición antibeligerante de España; Meloni tres cuartos de lo mismo; y hasta el canciller Merz rectificaba y pasaba de ser el criado rastrero y servil de Trump a replantearse la posición de Alemania, que en un principio fue abiertamente intervencionista y prosionista.

Ahora, cuando por fin cae en la cuenta de que lo del Señor Naranja es un delirio sin precedentes en la historia contemporánea, Feijóo ha optado por graduar su postura política ante el sindiós de Oriente Medio. Lo que en política se conoce, muy eufemísticamente, como “modular el mensaje”, que en realidad no es más que una bajada de pantalones en toda regla.

Muy bien, bienvenido al bando de la gente que no quiere la guerra, señor Feijóo. Pero, más allá de esa demagogia en la que es experto el mandatario conservador, lo que habría que preguntarle a Alberto Núñez Feijóo es: ¿está de acuerdo con que Netanyahu se anexione Líbano a bombazo limpio? ¿Es partidario de que Trump borre a toda una civilización como la persa del mapa? ¿Avala el genocidio de Gaza? (esto todavía no lo sabemos y eso que la masacre va ya por más 70.000 muertos). Feijóo es eso que se conoce como un ambiguo, un poliédrico, un chaquetero, voluble o chiribaila. Tiene un discurso para cada momento. En esas coordenadas feijoístas, los ideales ya no importan. La coherencia tampoco. Y en cuanto a la integridad y la honestidad, no sabe no contesta.

Feijóo es capaz de ponerse una cresta de colores, en plan punki o ácrata de la escuela Milei, motosierra en mano para arrasar con todo, y al día siguiente declararse fiel defensor del Estado de bienestar. Feijóo puede ser carnívoro y vegano al mismo tiempo; machista y feminista; católico y agnóstico. Según. Ayer tocaba pacifista. “Paremos la guerra”, dijo el personaje con toda desfachatez después de haber colocado al PP en el bando imperialista y neonazi. Detrás del “paremos la guerra” de Feijóo no hay nada más que el miedo al ver el abismo abriéndose ante los pies. Solo un eslogan vacío de contenido. Una mentira más, como cuando el 11M. De eso el PP sabe mucho”.

Para acabar: perdón por lo extenso del escrito, pero tenía necesidad de hacer ver que Pedro Sánchez es, posiblemente, dentro de lo que cabe, el mejor Presidente que hemos tenido.

15/04/2026 - ISRAEL, EL IV REICH

Israel, concebido como refugio de las víctimas del antisemitismo, reproduce los métodos estructurales del fanatismo que lo persiguió. Lo hace no desde la ideología antisemita, sino desde su reverso teológico-político: el nacionalismo mesiánico

José Antonio Gómez

La historia tiene una obsesión casi patológica por repetirse, aunque lo haga disfrazada de modernidad. En cada ciclo de violencia política o expansión imperial, los fundamentos siguen siendo los mismos: miedo, supremacismo, mito y poder. El III Reich, como encarnación extrema del proyecto totalitario en el siglo XX, no fue simplemente una anomalía dentro de Europa, sino la expresión pura de un modelo de Estado que aspiraba a la homogeneidad absoluta. Hoy, en pleno siglo XXI, Israel, con su enorme capacidad tecnológica, su alianza estratégica con Occidente y su aura de excepcionalismo moral, parece reproducir en clave contemporánea esa misma arquitectura política que el mundo juró no volver a tolerar. La afirmación es incómoda y provocadora, pero también necesaria para comprender la deriva geopolítica de nuestra época.

La imposición de un supremacismo racial fue el punto de partida del Reich, el núcleo ideológico que definía quién merecía existir y quién debía ser eliminado o subordinado. En 2026, Israel no utiliza ese lenguaje, pero emplea un sistema legal, simbólico y militar que crea una jerarquía nacional implícita. Desde la promulgación de la Ley del Estado-Nación judío en 2018, el país consagra oficialmente su identidad religiosa como elemento estructural del Estado, situando al ciudadano judío en un plano superior respecto a los árabes, drusos o cristianos que comparten territorio bajo administración israelí. La norma, celebrada internamente como afirmación de identidad, tiene implicaciones profundas: legitima una ontología política que divide a los habitantes no por su comportamiento ni por su ciudadanía formal, sino por su pertenencia étnico-religiosa.

Esta lógica del exclusivismo sagrado es la herencia adaptada del pensamiento racista clásico. Hitler y sus asesores pseudocientíficos justificaron la pureza ariana con argumentos biológicos; Netanyahu y el nacionalismo israelí lo hacen con argumentos teológicos e históricos. Ambos construyen identidad a través del antagonismo. El judío era, para el nazismo, el elemento corruptor que impedía la unidad de Alemania; el palestino lo es hoy para el israelismo más radical: el obstáculo permanente para la seguridad y la santidad del territorio. En el fondo, ambos discursos cristalizan un mecanismo psicológico universal: la cohesión interna mediante el odio externo.

El supremacismo israelí contemporáneo se sostiene hoy bajo un revestimiento más sofisticado que el nazi. Utiliza la retórica de la democracia y la defensa frente al terrorismo como eje legitimador. Esa versión moderna de la intolerancia se disfraza de legalidad y autodefensa. Las campañas militares en Gaza o las demoliciones de viviendas palestinas en Cisjordania se presentan ante la comunidad internacional como ejercicios quirúrgicos de seguridad nacional, cuando en realidad perpetúan una estructura de dominación étnica análoga a la que los alemanes practicaban contra los pueblos ocupados. En ambos casos, el Estado logra transformar la agresión en defensa, la expansión territorial en acto moral.

La anexión ilegal de territorios, directa o encubierta, fue uno de los pilares de la maquinaria nazi. La ocupación del Sudetenland, Austria o Polonia se justificaba con el argumento étnico de la “protección de la comunidad alemana”. Israel replica ese patrón con sus asentamientos y su administración colonial sobre Gaza y Cisjordania. Cada ampliación territorial israelí responde oficialmente a una lógica de seguridad o defensa frente a ataques potenciales, pero el trasfondo es idéntico al del Reich: ampliar el espacio vital del grupo dominante y alterar irreversiblemente la demografía del territorio.

Desde la firma de los Acuerdos de Oslo hasta los recientes planes de anexión de partes de Judea y Samaria, el Estado israelí ha logrado convertir la ocupación en un hecho consumado mediante una estrategia gradual y administrativa. Ya no se trata de una invasión abierta, sino de un sistema jurídico y urbanístico que borra fronteras y absorbe territorios. En el lenguaje geopolítico contemporáneo, esto se llama “zona de seguridad”; en el lenguaje de los años treinta sería “Lebensraum”: expansión justificada por supervivencia. Los mecanismos son los mismos; solo cambia la retórica.

El nazismo, en su aspiración imperial, entendía que la anexión no era solo un acto político, sino también simbólico: el territorio conquistado debía reflejar la ideología del conquistador. Israel hace lo mismo con sus asentamientos. Cada colonia en Cisjordania se erige como templo nacionalista donde se reafirman las narrativas del pueblo elegido y se construye una memoria espacial que niega la presencia histórica de los demás. Es una conquista cultural antes que militar, pero su efecto final es idéntico: borrar la alteridad para producir homogeneidad.

La represión, los asesinatos selectivos y las torturas a minorías completan este esquema de control absoluto. El III Reich perfeccionó el Estado policial utilizando una combinación de terror interno y propaganda externa. La Gestapo, las SS y el sistema de campos de concentración operaban como instrumentos del miedo colectivo. Israel, salvando las formas y el vocabulario, reproduce esa estructura mediante tecnología de vigilancia masiva, control de movimientos y castigo ejemplar. Drones, algoritmos y cámaras sustituyen a los uniformes negros, pero el principio es idéntico: la población sometida debe vivir bajo amenaza constante.

La política israelí hacia Gaza es el paradigma de esa modernización del autoritarismo. Los bombardeos selectivos, justificados como respuesta a ataques terroristas, se convierten en rituales de poder mediático. Cada explosión no solo destruye vidas, sino que reafirma ante la opinión pública interna y occidental la fortaleza de Israel y su superioridad moral. De igual modo, los asesinatos extrajudiciales de líderes palestinos recuerdan los métodos del III Reich contra disidentes y opositores. El término “selectivo” o “quirúrgico” disfraza el carácter fundamentalmente político de esas ejecuciones, que buscan eliminar no tanto amenazas militares reales como símbolos ideológicos de resistencia.

A nivel psicológico, esta dinámica reproduce el ciclo de miedo y obediencia que caracterizó los regímenes totalitarios. La sociedad israelí, acostumbrada a vivir en Estado de alerta, acepta el endurecimiento de las políticas como parte de su supervivencia nacional. El ciudadano medio no se siente cómplice de la violencia institucional, porque la cree inevitable. Esa misma lógica justifica la indiferencia alemana ante la persecución de los judíos: mientras el Estado prometa protección, la moral se suspende.

Si hay un vínculo especialmente inquietante entre el Reich y el actual gobierno israelí es la relación entre religión, mito y poder. Hitler, aunque no era religioso en el sentido estricto, comprendía la fuerza del mito espiritual como herramienta de control. Su fascinación por el ocultismo, las runas y la mística aria respondía a una necesidad de construir una identidad colectiva que trascendiera la política. Lo mismo ocurre en Israel, donde el mesianismo bíblico de Benjamin Netanyahu y la derecha religiosa utiliza las Escrituras como fundamento de territorialidad y destino político.

El amor al ocultismo de Hitler y la sumisión bíblica de Netanyahu son expresiones distintas del mismo impulso: transformar el poder en sacralidad. Cuando un gobierno se concibe como instrumento de una fuerza superior —sean los dioses germánicos o Yahvé— deja de responder ante la ética humana y se convierte en administrador del mito. Esa sacralización permite que sus actos, incluso los más crueles, se perciban como parte de un plan divino o de una misión cósmica. Hitler hablaba del destino del pueblo alemán; Netanyahu lo hace del cumplimiento del mandato ancestral de Israel sobre la tierra prometida. El resultado emocional es idéntico: el líder adquiere autoridad espiritual y se libera de la responsabilidad ante el sufrimiento ajeno.

Este mecanismo sagrado-político es esencial para sostener el belicismo y la necesidad de la guerra, el quinto eje del paralelismo. El Reich necesitaba la guerra porque en ella encontraba sentido histórico, cohesión social y expansión económica. Israel la necesita porque ha convertido la guerra en un estado natural de existencia. Desde 1948, el país ha estado envuelto en conflictos que se presentan como inevitables, como repeticiones de su lucha por la supervivencia. Sin embargo, detrás de esa narrativa de amenaza eterna, hay un sistema económico y político que depende de la militarización. La industria armamentística israelí, una de las más avanzadas del mundo, genera miles de millones de dólares y sostiene el poder tecnológico del Estado. En ese contexto, la paz no es rentable ni ideológicamente viable: destruir al enemigo es el único modo de reafirmar la identidad.

El belicismo israelí, como el alemán, cumple además una función psicológica profunda. La guerra, al igual que la religión, sirve para purificar al cuerpo social. Cada ataque, cada movilización, se convierte en un acto de catarsis colectiva donde se renuevan los lazos nacionales. Hitler utilizó la invasión como ceremonia de unión; Israel convierte el bombardeo en ritual de supervivencia. En ambos casos, la destrucción del otro actúa como reafirmación de sí. Así, el conflicto permanente no es un accidente geopolítico, sino el corazón del proyecto político.

La clave geoestratégica reside en cómo ambos Estados lograron convertir el aislamiento en virtud. Alemania, marginada por el Tratado de Versalles, convirtió su humillación en orgullo. Israel, aislado por su entorno árabe, transformó el asedio en identidad. En ambos casos, el relato del enemigo rodeando la nación actúa como justificación de toda estrategia brutal. Lo que el III Reich llamó “defensa anticipada”, Israel lo denomina “respuesta proporcional”. La lógica del miedo se institucionaliza: se crea un entorno donde el ataque constante parece la única garantía de seguridad.

Pero, más allá de las analogías políticas, hay una coincidencia estructural en la manipulación del trauma. El Reich se alimentaba del resentimiento alemán tras la Primera Guerra Mundial; Israel, del trauma del Holocausto. En ambos casos, el dolor colectivo se convierte en arma ideológica. Hitler supo canalizar el sufrimiento nacional hacia el odio al otro; Netanyahu canaliza la memoria del genocidio hacia la justificación del dominio colonial. La memoria del sufrimiento, cuando se monopoliza políticamente, se transforma en excusa para reproducir el mismo daño. El pueblo que más sufrió se siente autorizado para infligir sufrimiento en nombre de su supervivencia.

La paradoja histórica es devastadora: Israel, concebido como refugio de las víctimas del antisemitismo, reproduce los métodos estructurales del fanatismo que lo persiguió. Lo hace no desde la ideología antisemita, sino desde su reverso teológico-político: el nacionalismo mesiánico. Su poder no se construye en el desprecio racial hacia el judío, sino en la exclusión sistemática del no judío. Pero el resultado es igual: segregación, humillación, control, exterminio lento. El perseguidor ha adoptado la forma del perseguido, y en ese espejo histórico se disuelve la frontera moral.

La complicidad internacional refuerza esta reproducción. Así como las potencias occidentales toleraron durante años la expansión de Hitler por cálculo geopolítico, hoy toleran la ocupación israelí por interés estratégico. La alianza con Estados Unidos convierte cada exceso en legitimidad. La propaganda del Reich se construyó a partir de la idea de una civilización superior que debía proteger Europa de la barbarie; Israel se presenta como bastión civilizatorio frente al extremismo islámico. El discurso es el mismo: Occidente nos necesita. De esa necesidad se deriva la permisividad, la impunidad y la repetición.

La diferencia es únicamente estética. Donde el Reich desplegaba desfiles, Israel despliega diplomacia y tecnología. Donde Hitler hablaba de sangre y suelo, Netanyahu habla de fe y seguridad. Pero el resultado social, geográfico y humano converge: territorios ocupados, minorías sometidas y un discurso legitimador de superioridad moral. Ambos convierten el nacionalismo en religión y la religión en instrumento político.

Lo más inquietante es que este paralelismo no solo se da en la estructura institucional, sino en el inconsciente colectivo. La sociedad israelí, educada en el miedo, ha interiorizado la guerra como condición de existencia, igual que la alemana lo hizo bajo el nazismo. En ambos pueblos, la normalidad se define por la presencia constante del enemigo. Cuando ese enemigo desaparece, el Estado pierde sentido. Esa psicología de la amenaza perpetua es el principal motor del autoritarismo moderno: sin enemigo no hay nación.

En el plano filosófico, el paralelismo entre el Reich y Israel plantea una cuestión moral radical: ¿puede la víctima convertirse en verdugo sin destruir su propio relato legitimador? Israel existe porque recuerda el Holocausto, pero su política actual convierte esa memoria en instrumento de opresión. El Reich existía porque recordaba la humillación del Tratado de Versalles y utilizaba ese recuerdo para justificar su venganza. En ambos casos, la memoria colectiva se deforma en ideología. Y cuando eso ocurre, el pasado deja de enseñar; se convierte en combustible para nuevos crímenes.

La historia debería servir para establecer límites éticos, pero Israel ha logrado invertir esa función: utiliza el pasado como inmunidad moral. Ninguna crítica puede sobrevivir al peso del Holocausto; ningún tribunal puede igualar el valor simbólico de seis millones de muertos. Esa excepcionalidad produce impunidad. Así, las bombas sobre Gaza se justifican no por estrategia militar, sino por la idea de que cada palestino podría ser —en el imaginario político israelí— el nuevo Hitler. La teología de la defensa total mata la posibilidad de la paz y perpetúa la lógica apocalíptica que el nazismo también abrazó: la guerra como destino del pueblo elegido.

Los paralelismos entre el Reich y el Estado israelí no deben entenderse como equivalencia moral en bloque, sino como advertencia estructural. Uno nació de la idolatría del cuerpo racial; el otro, de la sacralización del cuerpo religioso. Ambos sistemas transformaron la identidad en frontera y la frontera en arma. Si el siglo XX fue el laboratorio del totalitarismo, el XXI está demostrando que la tecnología y el mito pueden mantenerlo vivo bajo nuevos nombres.

La reflexión final no puede ser solo histórica, sino ética. Israel, en su búsqueda de supervivencia, ha cruzado la línea que separa la autodefensa de la dominación. En ese tránsito ha reproducido, sin saberlo o sin querer reconocerlo, las formas más temidas del poder moderno: la supremacía, la ocupación, la tortura y la fe convertida en ideología. Lo hizo en nombre de su memoria, y por eso resulta doblemente trágico.

La pregunta esencial es si la humanidad, observando esta metamorfosis, volverá a repetir su error de mirar hacia otro lado. En los años treinta, el mundo toleró el ascenso del nazismo por comodidad y cálculo. Hoy tolera el abuso israelí por culpa y dependencia. La lógica es idéntica: la inacción como complicidad.

Cuando el viejo perseguidor y el nuevo Estado que nació de su sombra se reflejan mutuamente, el espejo de la historia se rompe. Lo que queda son los fragmentos: supremacismo, anexión, represión, misticismo y guerra. Cinco vértices del mismo triángulo oscuro que la humanidad parece incapaz de desmontar. Y en cada reflejo, la conciencia colectiva se pregunta si acaso la civilización aprende o simplemente cambia de rostro para repetir su violencia.

Rabinos y judíos eminentes contra Israel

La crítica al sionismo no procede únicamente del mundo académico o de la izquierda internacional, sino también de voces judías y rabínicas que se reivindican precisamente desde dentro de la tradición hebrea. El rabino Yisroel Dovid Weiss, portavoz de Neturei Karta, sostiene que los judíos deben oponerse de forma pacífica al Estado de Israel y ha descrito el sionismo como una corriente “herética” que usurpa el nombre del judaísmo. En la misma línea, Neturei Karta defiende que la soberanía judía sobre la tierra de Israel solo puede llegar con la llegada del Mesías, no mediante un proyecto nacional moderno. Esa disidencia religiosa se cruza hoy con la de intelectuales, artistas y antiguos responsables israelíes que denuncian la deriva del Estado y el uso político de la memoria judía para justificar la ocupación y la guerra.

A esa fractura interna se suma una constelación creciente de actores y actrices judíos que han roto con la narrativa oficial israelí. En Hollywood, nombres como Joaquin Phoenix, Elliot Gould, Joel Coen, Nan Goldin o Naomi Klein respaldaron públicamente las críticas al discurso de Jonathan Glazer sobre Gaza, en una carta colectiva que denunció el secuestro del judaísmo y de la memoria del Holocausto para justificar la violencia contra civiles palestinos. En esa misma línea de disidencia, la actriz judía Hannah Einbinder llegó a definir el sionismo como “un proyecto político basado en la colonización de la tierra de Palestina para crear una mayoría judía”, una frase que ilustra hasta qué punto parte de la cultura judía contemporánea rechaza la identificación automática entre judaísmo y Estado israelí.

También han aparecido en el debate figuras del entretenimiento y de la cultura judía que, sin abrazar necesariamente el anti-sionismo religioso, sí cuestionan la legitimidad moral de las operaciones israelíes en Gaza y Cisjordania. Ese fenómeno no es marginal: refleja una ruptura visible entre la identidad judía cultural y la política estatal israelí, especialmente entre sectores artísticos que consideran que la devastación sobre Gaza ha convertido a Israel en un sujeto político incompatible con los valores humanistas que históricamente reivindicó parte de la diáspora.