Comentario: Como no podía ser de otra forma: Rajoy y la Sra. Cospedal se van de rositas y los gilipollas de los españolitos a pagar. ¡Valiente “merde” de justicia! ¡Valiente “merde” de país!
La Fiscalía y la Audiencia Nacional rechazaron que el PP fuera enjuiciado como presunto partícipe a título lucrativo pese a que la formación fue la beneficiada por la operación policial para arrebatar documentación a Bárcenas sobre la 'caja b'.
El juicio por la trama Kitchen arranca
el próximo lunes, 6 de abril, de manera "descafeinada", indican
fuentes jurídicas, al no sentarse en el banquillo todos los que se beneficiaron
de la operación ilegal de inteligencia puesta en marcha
desde el Ministerio del Interior del gobierno de Mariano Rajoy para
sustraer documentación sobre la caja b del
PP al que había sido su tesorero, Luis Bárcenas, en
el marco del caso Gürtel que ya se
estaba investigando por la justicia.
No están en el banquillo ni el expresidente Mariano
Rajoy; ni la que fuera la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; ni siquiera el propio Partido Popular; todos ellos presuntos beneficiados
de Kitchen, cuyo fin último era detraer a la justicia
pruebas de la trama Gürtel. El cargo más alto
que va a ser juzgado es Jorge Fernández Díaz,
exministro del Interior, que, sin señalar directamente a Rajoy, ha declarado
que el caso Gürtel era una cuestión que atañía al PP y no
al Ministerio del Interior.
Es por eso que extraña sobremanera que el PP no figure entre los encausados
de la operación Kitchen como responsable a título lucrativo cuando sí lo
fue en ocasiones anteriores en el marco de los juicios por el caso Gürtel, de los que resultó
condenado en tres ocasiones por haberse lucrado de la trama corrupta liderada
por Francisco Correa, que anidó de lleno en el PP.
El "empeño" de la Fiscalía Anticorrupcción,
dirigida por Alejandro Luzón, en que el PP no
se sentara en el banquillo como responsable a título lucrativo, como pedían la
acusación popular ejercida por el PSOE y las
defensas del exministro Fernández Díaz y de Francisco Martínez, ex
secretario de Estado de Seguridad, ha dejado la causa con interrogantes sobre
quién ordenó la operación, y en todo caso, la ausencia de Rajoy y de Cospedal
deja al procedimiento huérfano de presuntos "autores intelectuales
o ideólogos", indican fuentes jurídicas.
Y esto, además, tiene otra lectura: el rechazo de la responsablidad civil a título lucrativo del PP, que
tiene un carácter solidario, es decir, de pago conjuntamente con los condenados
para devolver los fondos de los que se hubiera beneficiado, aboca al Estado a
sufragar de manera subsidiaria toda la carga de las indemnizaciones que no sean
satisfechas por los responsables. Porque la Fiscalía podía haber pedido que el
PP respondiera solidariamente por la actuación de sus cargos sin renunciar a
que el Estado fuera responsable civil subsidiario.
El coste de la 'Kitchen'
En el caso Kitchen, la Audiencia
Nacional rechazó la petición del PSOE de que se cuantificara en un informe
económico el alcance de la operación parapolicial y su impacto en el erario, al
destinarse hasta 70 policías a labores de espionaje sin orden judicial. Sí se
conoce la cuantía de los fondos reservados que
percibió Sergio Ríos, que actuó como chófer-espía de la familia Bárcenas: 2.000
euros al mes entre julio del año 2013 y el mes de septiembre del año 2015;
además de más de 3.000 euros en gastos de transportes y comida.
Estos fondos públicos usados en beneficio del PP no han sido tenidos en
cuenta ni por la Fiscalía ni por el ya jubilado juez instructor Manuel García Castellón ni por su sucesor, el juez
Piña, que volvió a desestimar en enero pasado la petición del PSOE para que el
PP fuera enjuiciado como partícipe a título lucrativo y que María Dolores de Cospedal se sentara en el
banquillo.
A escasos días para que arranque la vista oral, los socialistas han pedido
este lunes a la Audiencia Nacional que les
informe de la investigación para conocer la capacidad económica de los
encausados a fin de que respondan de las eventuales indemnizaciones y multas
que se les pide.
"Se solicita que, o bien se nos dé acceso a las piezas separadas y a
los oficios que se hayan efectuado, o, de no existir, que se actúe conforme a
lo ordenado, puesto que no estamos hablando exclusivamente de la
responsabilidad civil solicitada por la familia Bárcenas, que excede los
120.000 euros (más el 30% de costas), sino también de dinero público detraído
de las arcas del Estado (más de 54.000 euros) y de cuantiosas posibles multas
pecuniarias", solicita el PSOE en un escrito al que ha tenido acceso Público y en el que se ahonda de esta
manera: "Resulta, por tanto, necesario que la Administración de Justicia
sea capaz de evitar cualquier posibilidad de que sean los propios ciudadanos quienes deban asumir el coste
de la corrupción, dado que el Ministerio Fiscal pide la responsabilidad civil
subsidiaria del Estado".
Peticiones de indemnización
Luis
Bárcenas, su esposa, Rosalía Iglesias, y el hijo común, Willy, todos ellos
espiados, piden 400.000 euros a cada uno (1,2 millones de euros en total), en
calidad de acusación particular, "debiéndose añadir como responsabilidad
civil derivada del delito de malversación de caudales públicos a los acusados
en la cantidad que finalmente se fije en sentencia de ser condenatoria",
según consta en su escrito de acusación. La alta suma indemnizatoria
de los Bárcenas se refiere al intento de secuestro que
sufrieron por parte de un falso cura, que falleció en 2022. Esta cuestión ha
quedado fuera del enjuiciamiento.
Por su parte, la Fiscalía pide, en concepto de responsabilidad civil, a los
encausados Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez,
Eugenio Pino, José Manuel Villarejo Pérez, Andrés Gómez Gordo y Sergio Javier
Ríos Esgueva que indemnicen, de manera conjunta y solidaria, a
Luis Bárcenas en la cantidad de 6.000 euros; y a Rosalía Iglesias, en la
cantidad de 3.000 euros por los delitos contra la intimidad.
Por otro lado, el Ministerio Público pide para la cúpula del Ministerio del
Interior, Fernández Díaz y Martínez, así como para el ex director Adjunto
Operativo de la Policía Eugenio Pino la
cantidad de 57.943 euros por el delito de malversación. Respecto de esa
cantidad total, responderán también, de manera conjunta y solidaria, el
encausado Sergio Javier Ríos Esgueva en la cantidad de 54.700 euros; el
comisario jubilado Villarejo en 47.243 euros; y el comisario Andrés Manuel Gómez Gordo en la cantidad de
10.000 euros.
En el caso de Sergio Ríos, para
quien la Fiscalía solicita que se anule su nombramiento como funcionario de la
Policía Nacional, cuenta con un abogado de oficio y actualmente está suspendido
de empleo y sueldo en el Cuerpo, por lo que es previsible que no pueda hacer
frente a las indemnizaciones ni a las multas a las que pudiera ser
condenado.
En el caso del comisario Andrés Gómez Gordo,
exasesor de Cospedal en Castilla- La Mancha, la acusación popular del PSOE
indica "la posible existencia de fuentes de ingresos adicionales no
esclarecidas", a la luz de las "elevadas minutas" que abona a
despachos de renombre en varias causas penales, sin que esté aportado a la
causa un análisis patrimonial, lo que para el partido "refuerza el riesgo
de fuga". En este caso y también para el exsecretario de Estado de
Seguridad Francisco Martínez, el PSOE ha pedido prisión provisional como medida
cautelar por riesgo de fuga.

