Comentario: Cierto, Sr. Gómez. Pero que nadie olvide
que, en lo que está pasando en España, tienen mucha culpa las Autonomías
plagadas de Altos Cargos y de donde salen Diputados y Senadores que no sirven
ni para estar escondidos, sólo valen para apretar un botón y, para colmo, se
equivocan con frecuencia, ya que no están pendientes y sólo les preocupa su enorme
salario y el “qué hay de lo mío”. Hay que reducir los Altos Cargos muy exponencialmente
y contratar más médicos y más profesores… y no olvidarse de las carreteras, los
trenes y de las zonas hundidas en la miseria por todo lo que les falta para
vivir dignamente, y sino que se lo pregunten a un extrmeño.
Los datos de pobreza de Eurostat demuestran que la supuesta prosperidad económica que pregona Moncloa y con la que Pedro Sánchez se pavonea sólo está alcanzando a los millonarios y las grandes empresas
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste
en proyectar una imagen de fortaleza económica y crecimiento sostenido, los
datos oficiales de la Unión Europea, publicados por Eurostat, vuelven a confrontar a España con una
realidad mucho más incómoda: el país sigue atrapado entre los líderes europeos
de la pobreza y exclusión social. Detrás de los discursos
oficiales sobre recuperación, resiliencia y modernización económica emerge una
fractura social cada vez más profunda que golpea especialmente a trabajadores
precarios, jóvenes, familias con hijos y clases medias debilitadas.
España ocupa ya el quinto lugar entre los países con mayor tasa de riesgo
de pobreza o exclusión social de toda la Unión Europea. No es el lugar que
debería tener la cuarta economía de la UE y, según la propaganda de Moncloa,
"el motor económico de Europa". Casi 12,6 millones de personas viven
atrapadas en esa situación. La cifra no solo desmonta la narrativa triunfalista
del Ejecutivo, sino que revela el principal fracaso político del actual modelo
económico: la incapacidad para transformar el crecimiento macroeconómico en
prosperidad real para la mayoría social.
El problema no es únicamente estadístico. Tiene rostro humano. Son familias
que trabajan y aun así no consiguen llegar a fin de mes. Son jóvenes universitarios
encadenando empleos temporales y salarios insuficientes. Son padres y madres
que deben elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera. Son pensionistas
ayudando económicamente a hijos y nietos porque el mercado laboral ya no
garantiza estabilidad ni ascenso social.
La gran paradoja española es que el crecimiento económico convive con una
sensación creciente de empobrecimiento colectivo. El Gobierno presume de cifras
de empleo, inversión extranjera y turismo récord mientras millones de ciudadanos
perciben exactamente lo contrario en su vida cotidiana. La economía puede
crecer sobre el papel, pero amplias capas sociales sienten que ese crecimiento
nunca llega realmente a sus bolsillos.
Ahí reside el núcleo del desgaste político que enfrenta el Ejecutivo de
Sánchez. La percepción de que la gestión económica beneficia principalmente a
las rentas más altas y a determinados sectores empresariales se está
consolidando incluso entre antiguos votantes progresistas. Mientras las grandes
corporaciones energéticas, financieras y tecnológicas mantienen beneficios
multimillonarios, el coste de la vivienda, la alimentación y los servicios
básicos continúa asfixiando a trabajadores y clases medias.
La crisis de la vivienda en España se
ha convertido probablemente en el símbolo más visible de esta fractura. El
acceso a un alquiler asequible resulta cada vez más difícil incluso para
personas con empleo estable. En las grandes ciudades, miles de jóvenes dedican
más de la mitad de sus ingresos a pagar una habitación o un pequeño
apartamento. El ascensor social parece completamente averiado para una
generación que trabaja más que sus padres pero vive con mucha mayor
inseguridad.
Los datos sobre pobreza infantil reflejan con especial crudeza el alcance
del problema. La España de Pedro Sánchez mantiene la tasa
más alta de pobreza entre menores de toda la Unión Europea. Detrás
de esa estadística se esconde una realidad devastadora: niños creciendo en
hogares donde el empleo ya no garantiza condiciones de vida dignas. El fenómeno
rompe además uno de los pilares históricos del modelo europeo, basado en la
idea de que el trabajo debía actuar como protección frente a la exclusión.
Sin embargo, en España incluso tener empleo ha dejado de ser garantía de
estabilidad. El país presenta una de las tasas más elevadas
de trabajadores pobres de Europa. Esto significa que cientos de
miles de personas trabajan, cotizan y cumplen con sus obligaciones laborales
mientras permanecen atrapadas en situaciones de vulnerabilidad económica. La
precariedad ya no afecta únicamente a desempleados o colectivos marginales; se
ha extendido al corazón mismo de la población activa.
La incapacidad redistributiva del sistema también deja en evidencia los
límites de la política social del Gobierno. Aunque las transferencias públicas
logran contener parcialmente la pobreza, España sigue muy por debajo de la
media europea en eficacia redistributiva. Países como Francia, Bélgica o
Alemania muestran una capacidad mucho mayor para reducir desigualdades mediante
ayudas sociales, prestaciones y políticas fiscales. En cambio, el modelo
español continúa mostrando enormes dificultades para corregir los
desequilibrios generados por el mercado.
Esa debilidad redistributiva conecta directamente con otro debate incómodo
para el Ejecutivo: la percepción de que el sistema fiscal sigue siendo
insuficientemente progresivo. Mientras trabajadores asalariados soportan gran
parte de la carga tributaria indirecta y el encarecimiento constante del coste
de vida, las grandes fortunas y determinados sectores económicos mantienen
amplios márgenes de protección patrimonial. La consecuencia es una sensación
creciente de injusticia estructural. Todo ello sin contar con la situación de
los autónomos.
Políticamente, esta situación destruye uno de los principales relatos de la
izquierda gobernante: la idea de que España avanza hacia un modelo social más
justo. Aunque el Gobierno ha impulsado medidas como la subida del salario
mínimo o determinadas ayudas sociales, esas políticas no compensan el deterioro
general de las condiciones de vida. El problema ya no es únicamente cuánto
crece la economía, sino quién se beneficia realmente de ese crecimiento.
La fractura territorial agrava aún más el escenario. Mientras determinadas
zonas urbanas vinculadas al turismo, las finanzas o los servicios tecnológicos
concentran inversión y riqueza, muchas regiones continúan atrapadas en
dinámicas de salarios bajos, empleo estacional y escasas oportunidades. La
desigualdad no solo separa ricos y pobres; también divide territorios enteros
dentro del propio país.
En el plano social, la consecuencia más peligrosa es el desgaste progresivo
de la confianza colectiva. Cada vez más ciudadanos sienten que el sistema
económico funciona para proteger intereses privilegiados mientras exige
sacrificios constantes a quienes sostienen el consumo, el empleo y los
servicios públicos. Esa percepción alimenta frustración, desapego político y
una creciente desconfianza hacia las instituciones tradicionales.
La situación adquiere además una dimensión generacional especialmente
delicada. Muchos jóvenes han crecido escuchando que estudiar, esforzarse y
trabajar garantizaría estabilidad y progreso. Sin embargo, se encuentran con
salarios insuficientes, alquileres prohibitivos y enormes dificultades para
emanciparse o formar una familia. La promesa de movilidad social que sostuvo
durante décadas el consenso democrático europeo comienza a resquebrajarse
peligrosamente.
El problema para Pedro Sánchez es que las cifras de Eurostat destruyen la principal
narrativa sobre la que ha intentado sostener su legitimidad económica.
Porque un país donde un 25% de los ciudadanos está en riesgo de pobreza o
exclusión social difícilmente puede presentarse como ejemplo de prosperidad
compartida. Y porque cuando el crecimiento económico convive con
desigualdad persistente, pobreza infantil récord y trabajadores incapaces de
vivir dignamente, la sensación dominante termina siendo que el sistema sigue
funcionando sobre todo para proteger a quienes ya están arriba.
