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jueves, 19 de febrero de 2026

19/02/2026 - SÁNCHEZ SE ENFRENTA AL DILEMA DE PROMETEO

Comentario: Pedro Sánchez es, sin la menor duda, el mejor presidente que ha tenido hasta ahora la democracia española. Y sino, que la derecha extrema y la extrema derecha (llenas de fanáticos y de odio) nos expliquen quién, además de él, ha tenido los suficientes cojones para enfrentarse a ese yanqui fascista de Elon Musk.   

Sánchez ha dejado claro en la India que si lo que se rompe es la democracia, el precio de la innovación es sencillamente inasumible

Martha Golfín

Pedro Sánchez en la ceremonia inaugural de la Global AI Impact Summit 2026 | Foto: Pool Moncloa

La Inteligencia Artificial no es ya una cuestión de ciencia ficción, sino de soberanía y supervivencia institucional. Durante la IV Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial en la India, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha buscado posicionar a España no solo como un adoptante entusiasta, sino como el arquitecto moral de un nuevo orden digital. Su mensaje fue nítido: el progreso sin ética no es más que una ruta acelerada hacia el fracaso democrático.

La tesis de Sánchez descansa sobre una premisa de humanismo tecnológico. Para el presidente del Gobierno, la IA posee un potencial "sin precedentes" para expandir el bienestar, pero advierte que las salvaguardias actuales son apenas diques de arena ante un tsunami. La preocupación central no es el código en sí, sino su propiedad. El riesgo de una concentración extrema de poder en manos de un puñado de gigantes tecnológicos amenaza con desplazar el interés general en favor de agendas privadas opacas.

Doble respuesta

La estrategia propuesta por España para mitigar estos riesgos es bifronte. En el plano doméstico, el Gobierno saca pecho de su Carta de Derechos Digitales y de la creación de la primera agencia supervisora de IA en suelo europeo, hitos que le han valido el reconocimiento de la OCDE como líder en administración pública digital. Sin embargo, Sánchez es consciente de que un algoritmo no reconoce fronteras.

Por ello, el llamamiento hacia una gobernanza global liderada por la ONU es el eje de su doctrina exterior. Al aplaudir la creación del Panel de Expertos de Naciones Unidas, cuya reunión inaugural aspira a acoger España, el Ejecutivo busca institucionalizar la vigilancia sobre la IA. El temor al desplazamiento masivo de puestos de trabajo, que según estimaciones oficiales podría afectar al 50 % de los roles administrativos básicos, exige una respuesta que ningún Estado puede articular en solitario.

Ética del algoritmo

La ambición de España por ocupar la vanguardia tecnológica no se limita a la burocracia eficiente. La reciente cumbre sobre IA Responsable en el Ámbito Militar, celebrada en suelo español, subraya una realidad incómoda: la tecnología de combate autónoma ha llegado para quedarse. Aquí, el desafío es asegurar que el uso de algoritmos en el campo de batalla cumpla estrictamente con el derecho internacional. La apuesta es por una "soberanía tecnológica" que no renuncie a la seguridad, pero que se niegue a ceder el control humano sobre las decisiones de vida o muerte.

Silicon Valley contra la Moncloa

Este esfuerzo regulador ha colocado a Sánchez en una trayectoria de colisión directa con los barones de Silicon Valley, personificada en su agrio enfrentamiento con Elon Musk. El propietario de X ha escalado su retórica, calificando al presidente español con epítetos que rozan lo incendiario tras las medidas de Madrid para exigir responsabilidad editorial a las redes sociales y restringir el acceso a menores.

Sánchez, lejos de retroceder, ha calificado las respuestas de Musk como "zafias y amenazantes". El fondo de la disputa es ideológico y sistémico. La reciente petición al Ministerio Fiscal para investigar a plataformas como X, Meta y TikTok por la difusión de pornografía infantil generada por IA eleva el tono de una batalla que ya no es solo dialéctica, sino judicial.

En última instancia, la posición de España en el sexto lugar mundial en competitividad de IA es un activo que el Gobierno pretende canjear por influencia política. El objetivo es una IA que sea "segura, transparente y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible". En este gran tablero geopolítico, Madrid ha elegido su bando: el de la regulación estricta bajo el paraguas multilateral, desafiando la máxima de Silicon Valley de "moverse rápido y romper cosas". Para Sánchez, si lo que se rompe es la democracia, el precio de la innovación es sencillamente inasumible.

 

19/02/2026 - LA FÓRMULA RUFIÁN DARÍA ENTRE 8 Y 16 ESCAÑOS MÁS A LA IZQUIERDA

Comentario: El problema es quién encabezaría esas listas únicas de izquierda, porque, en muchas provincias, el cabeza de lista si podría obtener escaño. Y ahí estará la pelea, que, dicho sea de paso, la prensa de la caverna mediática y los medios propensos al fanatismo de la derecha extrema y la extrema derecha no pararán de sujetar cada día que pase. Que nadie olvide lo que hizo “Más País” presentándose en donde sabía que no iba a sacar nada y le ROBÓ unos 16 escaños a Podemos, que ahora muchos echan de menos. Y, en cualquier caso, todo depende de que la abstención sea alta y penalice al PSOE, porque en ese caso todo se va al carajo por la maldita ley de D´Hondt.

Los partidos del bloque progresista hacen cuentas y comprueban que las matemáticas no engañan: la división penaliza y una candidatura única mejoraría los resultados en unas generales

Marcos López

Entre 8 y 16 escaños más. Esa sería la mejoría de la izquierda en las próximas elecciones generales si se aplica la fórmula Rufián. “Quiero ganar provincia a provincia a Vox”. ¿Qué quiso decir el dirigente de Esquerra, ayer en la sala Galileo, donde se puso la primera piedra para refundar la nueva izquierda? Matemáticas, ingeniería electoral. La división/fragmentación penaliza. De ahí que Rufián haya propuesto una idea que empieza a ilusionar al votante: en cada territorio, la fuerza nacionalista o regionalista dominante concurre en solitario, pero todas ellas se coordinan políticamente como un bloque estatal. Con ese sistema, las fuerzas progresistas y de derechas se equipararían. 

¿Hablamos de una simple fórmula matemática o de un proyecto posible? Los datos cuadran. En Cataluña concurre ERC; en País Vasco EH Bildu; en Galicia el BNG; y en Aragón la Chunta Aragonesista (CHA). En el resto del Estado, una marca común. Esto generaría un grupo parlamentario estatal construido a partir de candidaturas territoriales independientes.

El sistema español (Ley D’Hondt más circunscripción provincial) premia la concentración territorial del voto; la coherencia de marca dentro de cada provincia; y la competencia interna reducida entre partidos afines. Pero el sistema penaliza a las minorías, de tal forma que en algunas circunscripciones es preciso obtener el 15 por ciento de los votos para obtener un diputado. La Constitución estableció esa fórmula para premiar al bipartidismo. Hoy el sistema no tiene sentido.

Una candidatura única por territorio tendría varios efectos, el primero una subida en el número de sufragios y escaños para el bloque progresista. El segundo, la consolidación del voto nacionalista/regionalista, algo que sin duda le interesa a Rufián. En provincias donde estas fuerzas compiten entre sí o con partidos ideológicamente cercanos, la unificación reduce la fragmentación; evita que votos se pierdan por no alcanzar el listón mínimo y aumenta la probabilidad de obtener el último escaño en disputa. En provincias de 3-6 escaños, donde la barrera real penaliza, una candidatura única puede convertir votos antes insuficientes en representación. Además, en las grandes circunscripciones como Madrid y Barcelona la izquierda podría mejorar mucho sus resultados. En la capital del país, Más Madrid podría robarle 2 escaños a Vox y uno al PP; ERC también aumentaría su granero en Cataluña.

Aunque cada partido mantenga su identidad territorial, el bloque resultante tendría más escaños agregados, mayor capacidad de condicionar investiduras y presupuestos y un perfil más homogéneo en el Congreso.

En Cataluña, la unificación del voto soberanista podría aumentar escaños en provincias como Tarragona o Lleida. En Barcelona, la competencia con PSC, Sumar y Junts seguiría siendo determinante, pero la concentración podría mejorar el rendimiento marginal. Sin embargo, Ada Colau, referente de los comunes, advierte de que es preciso sentarse y hacer números para que “no se pierda ni un solo voto”. La fórmula podría ser bajo el paraguas de la confluencia. En País Vasco, EH Bildu ya compite principalmente con PNV. Una candidatura única no se plantea aquí, pero la coordinación estatal podría reforzar su peso en Madrid. En Galicia, el BNG suele tener un rendimiento muy eficiente en A Coruña y Pontevedra. Una candidatura única consolidaría voto disperso y podría mejorar opciones en Lugo y Ourense. En Aragón el CHA tiene un voto más limitado. Una candidatura única podría permitirle recuperar representación en Zaragoza si se sumara voto afín que hoy se dispersa entre otras fuerzas.

¿Qué tipo de efectos cuantitativos cabría esperar? Sin entrar en predicciones numéricas, los efectos típicos de un bloque así serían: aumento neto de escaños por reducción de la competencia interna; mayor eficiencia del voto en provincias medianas y posible entrada en provincias donde hoy no se obtiene representación. Mayor visibilidad estatal y capacidad de negociación. En provincias medianas, la unificación puede traducirse en un 1 o 2 por ciento adicional de voto (hasta un escaño más). En provincias pequeñas, la unificación puede ser la diferencia entre entrar o no entrar.

En términos comparativos, experiencias similares (como coaliciones territoriales coordinadas) suelen ganar entre un 10 y un 30 por ciento más de escaños respecto a la suma por separado, dependiendo de la fragmentación previa y del tamaño de las circunscripciones. El rendimiento final dependería de la participación, la competencia con otras fuerzas progresistas o nacionalistas, la percepción pública de la alianza y la capacidad de mantener identidades territoriales sin diluir el mensaje común.

 

19/02/2026 - VINICIUS JR., VÍCITIMA DEL RACISMO Y DE LA ARQUITECTURA DEL ODIO DIGITAL

 

Comentario: Muy bueno tu análisis del racismo y del odio, José Antonio, pero que nadie olvide que ese brasileño es un provocador profesional que lleva provocados la mayoría de los 14 penaltis que le han pitado a favor a su equipo sin que lo fueran la mayoría. Además, ocurre que en España y en Portugal o cualquier país juegan infinidad de jugadores de color y a ninguno se le llama “mono” como al tal Vinicius JR. Y al aficionado le duele que un jugador engañe una vez tras otra al árbitro para favorecer a un equipo que de haber justicia arbitral estaría en esta Liga, sin ir más lejos, por debajo del quinto puesto y ocupa el primero. “A lo hecho, pecho”, que dice el refrán, Vinicius JR.  

La gran victoria de la barbarie supremacista en el deporte es haber convencido a una parte de la masa social de que llamar "mono" a Vinicius es una respuesta proporcional a un regate o a un baile de celebración

José Antonio Gómez

El fútbol, ese "espejo de la sociedad" que tanto gusta citar a los sociólogos del deporte, ha dejado de reflejar nuestras virtudes para proyectar nuestras patologías más profundas. Lo sucedido en el estadio del Benfica durante el enfrentamiento contra el Real Madrid este febrero de 2026 no es un incidente aislado ni una simple "calentura" de partido. La agresión verbal sufrida por Vinícius Jr. y la posterior explosión de racismo en redes sociales representan la consolidación de una barbarie supremacista que ha encontrado en el algoritmo su mejor aliado y en la rivalidad deportiva su coartada moral.

La denuncia social que emana de este caso no se limita al insulto proferido en el césped de Lisboa. El verdadero fenómeno aterrador reside en la normalización del racismo que se produce en el ecosistema digital, donde el odio racial ya no se juzga por su gravedad intrínseca, sino por el color de la camiseta que viste la víctima o el agresor. En 2026, la identidad futbolística se ha convertido en una licencia para deshumanizar, transformando las plataformas de comunicación en vertederos de discriminación racial bajo el amparo de la impunidad tecnológica.

Metástasis del Odio

Cuando el árbitro François Letexier activó el protocolo contra el racismo de la UEFA tras las denuncias de Vinícius Jr., el protocolo se limitó a la megafonía del estadio. Sin embargo, la verdadera tormenta se gestaba en los servidores de X (antes Twitter)TikTok e Instagram. El análisis de datos masivos tras el partido contra el Benfica revela una tendencia sociológica desoladora: el uso de epítetos racistas y la deshumanización del jugador brasileño se incrementan exponencialmente cuando el emisor es seguidor de un equipo rival.

Este fenómeno de racismo sistémico digital se alimenta de la polarización. Las redes sociales han creado silos de opinión donde el usuario no busca la verdad ni la justicia, sino la validación de su animadversión hacia el "otro". En este contexto, el insulto racista deja de ser percibido como una transgresión de los derechos humanos para ser reinterpretado como una "herramienta de desestabilización psicológica". Esta es la gran victoria de la barbarie supremacista en el deporte: haber convencido a una parte de la masa social de que llamar "mono" a Vinícius Jr. es una respuesta proporcional a un regate o a un baile de celebración.

Perfil del agresor

La impunidad que ofrecen las redes sociales ha permitido que perfiles con miles de seguidores justifiquen la agresión sufrida por Vinícius en Lisboa apelando a su "comportamiento". Este es el mecanismo clásico de la victimización secundaria. En lugar de señalar al agresor que utiliza el color de la piel como arma, la narrativa digital se centra en el "carácter" de la víctima. Se argumenta que Vinícius "provoca", que "no respeta al rival" o que "su actitud incita al odio".

Este tipo de razonamiento es una falacia peligrosa que busca legitimar el racismo en el fútbol. Ninguna actitud deportiva, por molesta que resulte para el adversario, justifica el recurso a la supremacía racial. Sin embargo, los algoritmos de recomendación, que priorizan el contenido que genera mayor engagement (habitualmente el más conflictivo), terminan por dar altavoz a estas tesis, permitiendo que la normalización del odio se convierta en la norma y no en la excepción. El seguidor del Benfica, del FC Barcelona o del Atlético de Madrid, encuentra en su feed cientos de comentarios que validan su prejuicio, creando una burbuja de odio donde la empatía hacia el jugador del Real Madrid desaparece por completo.

Inoperancia de UEFA

La denuncia social debe dirigirse también hacia las instituciones que gobiernan el fútbol mundial. La UEFA y la FIFA han llenado sus estadios de pancartas con el lema "No Racism", pero su acción real sigue siendo insuficiente. La sanción a medias, la multa económica irrisoria a los clubes y la falta de cierres permanentes de estadios envían un mensaje claro a los racistas: el espectáculo debe continuar.

En el caso del partido Benfica-Real Madrid, la amonestación a Vinícius Jr. tras su gol fue percibida por muchos analistas como un acto de racismo institucional encubierto. Al castigar la expresión de alegría o de reivindicación del jugador, el estamento arbitral está validando implícitamente la narrativa de la "provocación". Esto genera un efecto dominó en las redes sociales, donde los usuarios interpretan la tarjeta amarilla como una confirmación oficial de que el jugador es el culpable de su propio acoso. 

Algunos medios de comunicación deportivos, vinculados de un modo indirecto con los clubes rivales del Real Madrid, también juegan un papel crucial en esta normalización del racismo. Al dedicar horas de tertulia a debatir si Vinícius "provoca" o no, los medios están desplazando el eje del debate. El racismo no es debatible. No hay matices en un insulto racista. Al equiparar el gesto técnico de un jugador con el odio racial del espectador, el periodismo deportivo se convierte en cómplice de la degradación moral de la sociedad.

Deshumanización bajo la coartada de la rivalidad

Un fenómeno sociológico sin precedentes ha emergido en la esfera digital tras los incidentes del Benfica-Real Madrid: la transmutación del odio racial en una supuesta "defensa del honor deportivo". Para un sector considerable de seguidores de clubes rivales, el racismo contra Vinícius Jr. no se percibe como una violación de los derechos humanos, sino como una herramienta legítima de guerra psicológica. Esta normalización del odio se construye sobre una premisa perversa: si el jugador es "insoportable" en lo deportivo, la respuesta del entorno puede trascender cualquier límite ético.

La justificación que inunda las redes sociales se articula en torno a la figura del "provocador". El seguidor rival utiliza una lógica de causalidad falsa en la que el comportamiento de Vinícius, sus regates, sus protestas al árbitro o sus bailes tras marcar, "obliga" al espectador a recurrir al insulto racial. Esta narrativa es una de las manifestaciones más peligrosas de la barbarie supremacista contemporánea, ya que traslada la responsabilidad del agresor a la víctima. Al etiquetar a Vinícius como un "provocador profesional", el aficionado rival siente que ha obtenido un permiso moral para utilizar epítetos que, en cualquier otro contexto de su vida, consideraría abyectos.

Impunidad grupal

En el ecosistema de las aficiones rivales, se ha revitalizado el concepto del "folclore futbolístico" como una cortina de humo para camuflar la discriminación racial. Los seguidores argumentan que el fútbol es un espacio de catarsis donde "todo vale" para desconcentrar al adversario. Sin embargo, este argumento es selectivo y profundamente hipócrita. El mismo seguidor que exige respeto para sus jugadores negros, magrebíes o sudamericanos es capaz de participar en linchamientos digitales masivos contra el brasileño, amparándose en el anonimato que ofrecen las redes sociales y la sensación de seguridad que otorga la pertenencia al grupo.

El análisis de las interacciones muestra que la justificación del racismo se vuelve más agresiva cuanto más exitoso es el jugador en el campo. El talento de Vinícius Jr. se percibe como una amenaza, y ante la imposibilidad de frenarlo mediante el fútbol, se recurre a la herida histórica de la raza para intentar doblegar su espíritu. El seguidor rival no odia a Vinícius por ser negro en términos abstractos, sino que utiliza su negritud como el punto más vulnerable donde atacar a un rival exitoso. Es un racismo de conveniencia, un racismo sistémico que se activa y desactiva según el marcador, lo que lo hace doblemente cínico.

Silencio cómplice

Otro mecanismo de justificación es la relativización del insulto. Es común leer en foros de aficiones rivales que "no es para tanto" o que "se está exagerando para beneficiar al Real Madrid". Esta politización del racismo convierte una cuestión de dignidad humana en una disputa de despachos. Al sugerir que las denuncias de Vinícius son una estrategia de marketing o una búsqueda de trato de favor arbitral, los seguidores rivales invalidan el sufrimiento real de la persona.

No existe rivalidad deportiva que justifique la quiebra de la decencia humana. Mientras el fútbol siga permitiendo que el odio se disfrace de pasión, seguiremos siendo testigos de la degradación de un deporte que debería unir, no segregar.

En última instancia, el caso de Vinícius Jr. trasciende lo deportivo. Es una lucha por la definición misma de nuestra convivencia en el siglo XXI. La justicia para Vinícius es la justicia para cualquier ciudadano que sufra discriminación. El fútbol no puede ser una zona franca para el odio. Cada vez que se justifica un insulto racista porque la víctima juega en el equipo rival, se traicionan los valores fundamentales del ser humano.  La normalización del racismo es el primer paso hacia la desintegración de la democracia. Contra la impunidad del algoritmo y la cobardía institucional, la única respuesta es la solidaridad incondicional con la víctima y la persecución implacable del racista, vista él la camiseta que vista.

 

miércoles, 18 de febrero de 2026

18/02/2026 - CÓMO ES POSIBLE QUE MÁS DEL 70% DE LOS JÓVENES CHINOS SEAN PROPIETARIOS DE SUS VIVIENDAS

 

Comentario: ¿Cómo estaría España sino hubieran aparecido los privatizadores de nuestros mejores entes? Cuánto tenemos los españoles que agradecer a D. Felipe González Márquez y al “señoro” Aznar (“el muñeco Luciano”). Especialmente nuestros jóvenes.

Para los jóvenes chinos comprar una vivienda es una etapa normal de la vida adulta.Freepik

PEDRO BARRAGÁN

Uno de los contrastes más llamativos entre China y muchos países europeos aparece cuando se analiza el acceso de los jóvenes a la vivienda. En China, más del 70 % de los jóvenes vive en una vivienda de su propiedad. En España, en cambio, la mayoría de los menores de 35 años tiene que alquilar a precios abusivos o sigue viviendo con sus padres, y la compra de la vivienda se retrasa cada vez más.

Esta diferencia no se explica solo por factores culturales o demográficos. Tiene mucho que ver con el modelo económico, el papel del Estado y, en el caso chino, con una concepción humana de su base socialista donde el derecho a una vivienda digna ocupa un lugar central.

Aunque China es hoy una gran potencia económica, no por ello ha dejado todavía de ser un país en desarrollo que ha salido de la pobreza extrema recientemente. A pesar de ello, el objetivo principal, lejos de tratar de maximizar los beneficios privados, es garantizar el bienestar social y satisfacer las necesidades básicas de la población.

Aquí entra en juego la orientación social china hacia el bienestar, donde, dentro de la libertad de mercado, el Estado mantiene la dirección de los sectores estratégicos y orienta la economía hacia objetivos sociales. La vivienda es uno de esos sectores estratégicos.

La idea defendida por Xi Jinping, de que "las viviendas son para vivir, no para especular", resume bien este enfoque. El mercado libre existe, pero el Estado interviene para evitar que la vivienda se convierta en un activo financiero desconectado de los salarios y del trabajo.

Milenials propietarios de vivienda

Amplia oferta frente a escasez estructural  

Uno de los mayores contrastes con España es la oferta de vivienda. En China, cuando una ciudad crece o atrae población joven, la respuesta habitual es construir. Nuevos barrios, distritos completos y grandes promociones residenciales aparecen con rapidez porque el suelo es público y el Estado dirige la planificación urbana.

En España, el suelo está en gran medida en manos privadas y la construcción depende casi por completo de incentivos de mercado. Esto genera una oferta rígida, especialmente en las grandes ciudades. El resultado es desastroso: pocos pisos disponibles, con precios muy altos y una competencia feroz entre compradores y arrendatarios.

Para un joven chino, la probabilidad de encontrar vivienda nueva en su ciudad es alta. Para un joven español, el acceso depende de un mercado limitado, caro y dominado por la especulación.

 Trabajo, salarios y capacidad real de endeudamiento  

Otro punto clave es la relación entre empleo y vivienda. En China, la política económica ha priorizado la creación de empleo urbano estable. Sectores como la industria avanzada, la tecnología, la logística o los servicios modernos absorben a millones de jóvenes cada año.

Esto se traduce en ingresos regulares y previsibles, lo que facilita el acceso a hipotecas. Aunque existe una diversidad de salarios, también existe diversidad de viviendas lo que favorece una relación más directa entre sueldo y precio de la vivienda, facilitando el acceso universal.

En España, el problema no es solo el precio de la vivienda, sino la precariedad laboral. Contratos temporales, salarios bajos y carreras laborales inestables dificultan que los jóvenes puedan endeudarse a largo plazo, incluso cuando el pago mensual de una hipoteca podría ser similar al de un alquiler.

En la práctica, se dá el caso de jóvenes españoles que pueden pagar un alquiler elevado, pero no cumplen los requisitos para comprar. En China ocurre lo contrario y con un empleo estable, lo razonable es aceder a una hipoteca.

Hipotecas y regulación financiera  

El sistema financiero chino también refleja su orientación social. El crédito hipotecario está fuertemente regulado y enfocado principalmente a la vivienda habitual. Las condiciones suelen ser claras, con plazos largos y cuotas que no desbordan el salario medio urbano. La deuda está vinculada al trabajo y a ingresos reales, no a expectativas especulativas de revalorización infinita.

En España, por el contrario, el recuerdo de la burbuja inmobiliaria ha endurecido el crédito, pero sin resolver el problema de fondo de unos salarios bajos frente a unos precios de la vivienda disparatados. El resultado es un bloqueo del acceso a la propiedad para los jóvenes.

El fondo del problema  

La diferencia de fondo entre ambos países es tristemente tan sólo ideológica. En China, la orientación social hacia el bienestar humano no se limita al discurso oficial. Se expresa en la planificación, en el control del suelo, en la orientación del crédito y en la prioridad otorgada a la vivienda como bien de uso.

En España, la vivienda funciona mayoritariamente como un activo de mercado. La lógica dominante es la rentabilidad, tanto para propietarios como para inversores. El Estado interviene poco y tarde, y casi siempre cuando el problema ya es grave.

Que más del 70 % de los jóvenes en China sean propietarios de su vivienda no es una casualidad ni fruto de supuestas diferencias culturales. Es el resultado de un modelo social que respeta las reglas del mercado, pero donde el Estado favorece al acceso a la vivienda garantizando el empleo de los jóvenes, regulando el crédito e impulsando una oferta amplia de viviendas.

La comparación con España pone en evidencia que el problema que tenemos de la vivienda no es inevitable. Depende de decisiones políticas. Mientras en China la vivienda se concibe como un derecho de los jóvenes, en España sigue tratándose, en gran medida, como un producto financiero. Esa diferencia explica por qué para los jóvenes chinos comprar una vivienda es una etapa normal de la vida adulta, y para muchos jóvenes españoles, un objetivo cada vez más lejano.

 

18/02/2026 - DONALD TRUMP NO ES EL (ÚNICO) PROBLEMA


 


La agenda trumpista, diseñada y financiada por bancos y grandes corporaciones, es una estrategia consciente para vaciar la democracia desde dentro

JUAN TORRES LÓPEZ

A la hora de analizar lo que está ocurriendo en el mundo no se debería caer en lo que a mí me parece una peligrosa simplificación: considerar que estamos en una simple anomalía producida por la personalidad singular del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este es, sin duda, lo suficientemente excéntrico, autoritario y disruptivo como para poner en peligro por sí solo el ya frágil entramado de derechos, libertades e instituciones democráticas, no sólo en su país sino en todo el mundo. Su narcisismo enfermizo y el desprecio por las normas están abriendo las puertas a un auténtico vendaval neofascista de consecuencias funestas.

Sin embargo, me temo que el autoritarismo y la crisis de la democracia se extienden por razones que van mucho más allá de las características personales de Trump. Y analizar como algo personal lo que en realidad es estructural puede hacer ingenuamente que el problema se resuelve reemplazando a un líder por otro.

 

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A mi juicio, nada brota si no existen condiciones que le permitan crecer y desarrollarse, sin un medio ambiente favorable, y por eso creo que Trump no es exactamente la causa principal de la crisis democrática de Estados Unidos y del mundo entero. Es, en realidad, el efecto emergente de una serie de grandes fracturas económicas, institucionales, mediáticas, culturales, tecnológicas y geopolíticas que afectan al planeta.

Dicho de otra manera: la aparición de líderes autoritarios y neofascistas como Trump no es la causa de la crisis de la democracia y las libertades; es esa crisis la que da lugar y explica la aparición y la funcionalidad de Trump. Por eso su llegada al poder no puede considerarse como un accidente pasajero, sino como auténtico punto de inflexión en la historia del capitalismo contemporáneo y me atrevería a decir que de la humanidad.

Un sistema incompatible con la democracia y la libertad

Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y va a ocurrir también en los demás países avanzados es la consecuencia de una mutación del capitalismo que lo ha hecho cada vez más incompatible con la democracia.

Esa incompatibilidad se produce por tres razones principales:

– La gran desigualdad de nuestro tiempo ha deteriorado las economías y ha obligado a limitar cada día más los derechos y libertades de desposeídos a cuya costa se genera la concentración de la riqueza y el poder que la producen.

– Cuando esa desposesión se hace indisimulable hay que recurrir a la mentira y al falseamiento del debate social para poder justificarla, para hacer creer que es la inmigración, el feminismo o la política democrática lo que amenaza el empleo, los salarios, la provisión de los servicios públicos, la seguridad o la soberanía.

 

– El nuevo capitalismo tecnológico que se ha hecho dominante necesita plena libertad para utilizar en su favor todos los recursos del Estado.

Estos procesos están produciendo las grandes fracturas económicas, institucionales, mediáticas, culturales, tecnológicas y geopolíticas que están convirtiendo al capitalismo de nuestros días en un sistema incompatible con la democracia, y este es el medio ambiente en el que líderes políticos como Trump, Milei, Le Pen, Orbán... no aparecen como sorpresas o incidencias casuales, sino como las respuestas necesarias para intentar consolidarlo.

Fracturas económicas y sociales profundas

En las últimas cuatro décadas, la economía estadounidense viene experimentando transformaciones que han erosionado los cimientos sociales que pueden sostener a la democracia, por débil que esta sea:

– Concentración extrema de la riqueza y el poder económico que ha producido una desconexión creciente entre el crecimiento de la economía y el bienestar de la mayoría de la población. Hoy, el 1% más rico posee el 31,7% de la riqueza total del país, mientras que la mitad inferior de la población apenas supera el 2%.

– Profunda desindustrialización debida a la externalización productiva, es decir a la marcha de las grandes empresas al exterior, al amparo de la globalización, para buscar costes más bajos, que ha producido desempleo generalizado en muchas áreas, precarización salarial y estancamiento salarial. Desde 1980 se han perdido más de 7,5 millones de empleos industriales, y en amplias zonas la renta per cápita real es hoy inferior a la de hace tres décadas.

– Endeudamiento masivo de los hogares en educación, salud y vivienda, que convierte derechos básicos en riesgos financieros permanentes. Sólo en deuda estudiantil 42,8 millones de personas mantienen deuda estudiantil por valor superior a los 1,7 billones de dólares, una cifra superior al PIB de países como España.

– Desigualdad territorial extrema, con grandes espacios y regiones enteras sumidos en un gran declive económico y social.

– Debilitamiento del poder sindical y del trabajo organizado, que reduce la capacidad de acción colectiva.

Además de desigualdad y deterioro económico, estas dinámicas han generado una inseguridad vital que se ha hecho crónica en amplios sectores sociales que viven con la sensación de pérdida de estatus, de futuro bloqueado y de ruptura del contrato social. Eso ha hecho que la política se haya convertido para ellos en un campo de continua amenaza y la demanda social ha dejado de ser la de redistribución o reforma para buscar, simplemente, la protección que supuestamente proporcionan los líderes autoritarios.

Democracia vaciada

La segunda base en que se ha sustentado el avance del trumpismo es el diseño y funcionamiento degradado de las instituciones políticas estadounidenses.

– El sistema electoral se ha ido distorsionando cada vez más, se han generalizado los casos de manipulación de distritos para favorecer a uno u otro partido o mecanismos encaminados a suprimir el voto de algunos grupos sociales, quebrándose así el principio de igualdad política. En 2016, Donald Trump perdió el voto popular por casi tres millones de votos y aun así ganó la presidencia.

– La financiación privada masiva de la política ha otorgado a grandes fortunas y corporaciones una influencia decisiva sobre el proceso legislativo y el gobierno ha sido materialmente capturado por grupos de presión, especialmente financieros, energéticos, tecnológicos y militares. En las elecciones de 2020 se gastaron más de 14.000 millones de dólares, aportados de forma desproporcionada por un porcentaje ínfimo de grandes donantes.

– Las puertas giratorias que disuelven la frontera entre interés público e interés privado se han hecho una constante.

– Los contrapesos institucionales (tribunales, agencias reguladoras y administración profesional) se han ido debilitando, cuando no desapareciendo, en los últimos años, permitiendo que, aunque los ciudadanos voten, no sean realmente los que decidan cómo se gobierna.

Todo ello ha producido una brecha entre participación formal y poder real que genera frustración, cinismo y deslegitimación del sistema (sólo un 17 % de los estadounidenses confía en el Congreso). Y eso es lo que permite que personajes estrambóticos como Trump aparezcan aquí como ajenos a un sistema que se percibe como corrupto, aunque en la práctica se hayan enriquecido con él, lo utilicen y lo profundicen. El atractivo social de personas como Trump no nace a pesar de esas disfunciones institucionales, sino gracias a ellas.

Degradación mediática del espacio público

El sistema mediático estadounidense (como en la inmensa mayoría de otros países) también ha mutado:

– El periodismo ha pasado de ser un medio de control del poder a una industria de la atención.

– La información ha dejado de ser contextualizada para convertirse en espectáculo permanente.

– En lugar de promover y ayudar a generar un espacio público común y compartido se dedica a crear burbujas ideológicas rentables.

Y todo ello ha sido intensificado por las plataformas digitales y los algoritmos que, buscando aumentar la interacción que los hace más rentables, amplifican el extremismo y la polarización, fragmentan la realidad en relatos incompatibles, y anteponen la emoción sobre el análisis.

 

Numerosos estudios muestran que los contenidos falsos y extremos se difunden más rápido y alcanzan mayor audiencia que la información verificada. Basta recordar la difusión masiva de la narrativa del fraude electoral en 2020, sostenida durante semanas, pese a la inexistencia de pruebas y al rechazo sistemático de los tribunales.

El funcionamiento actual de los medios de comunicación busca y hace que desaparezcan los hechos compartidos que son condición básica para que la democracia no se degrade.

En este entorno, las personas y líderes que encarnan la lógica del sistema son los que, como Trump o Milei, basan su comportamiento en la mentira, el conflicto, el simplismo y la provocación.

Vulnerabilidad cognitiva, generacional y simbólica

El deterioro de la educación y de la cultura cívica que se viene produciendo en las últimas décadas debido a causas diversas agrava todas las dinámicas anteriores.

El retroceso en competencias básicas y pensamiento crítico, la mercantilización de la educación superior, la segregación educativa creciente por renta y territorio, la reducción de la educación cívica y de la comprensión institucional, la politización e incluso la censura expresa de contenidos históricos y científicos han creado una ciudadanía con menos herramientas cognitivas, más vulnerable a la manipulación, a la simplificación del populismo y a la guerra cultural.

Eso ha hecho posible que la política haya dejado de ser un debate transparente sobre intereses y proyectos colectivos para convertirse en una lucha de identidades que enfrenta y paraliza.

La consecuencia ha sido también una crisis subjetiva profunda que provoca miedo existencial y al declive nacional, frustración generacional y colapso de expectativas, crisis de estatus y masculinidad en sectores tradicionales; soledad, ansiedad y fatiga cognitiva y ausencia de un proyecto colectivo de futuro en una gran parte de la población.

Personalidades como la de Trump o Milei ofrecen relatos simples, culpables claros y promesas de restauración simbólica. No resuelven los problemas, pero alivian emocionalmente a quienes se sienten perdidos y desplazados.

Un poder real que mueve los hilos

Ninguno de esos procesos podría haberse producido sin el impulso y la financiación del mundo de los negocios, de las grandes corporaciones y el capital financiero. Han logrado que la democracia se vacíe de contenido redistributivo, desplazar el conflicto del eje económico al cultural, generar una constante sensación de amenaza, condicionar así la política exterior y presupuestaria y limitar el espacio de la diplomacia y la deliberación democrática.

Trump no gobierna contra el poder económico. Gobierna para una parte significativa de él. No es casual que grandes fortunas, corporaciones y sectores tecnológicos hayan financiado, tolerado o normalizado su figura.

No es Trump, es el sistema

En definitiva, Donald Trump no puede entenderse como una aparición inesperada ni como un cuerpo extraño al sistema de poder económico, político y mediático que domina Estados Unidos. Al contrario, ese tipo de figura se convierte en el instrumento político que requiere una fase del nuevo capitalismo en la que amplios sectores del poder real –financiero, tecnológico, energético, industrial y mediático– necesitan aplicar políticas profundamente regresivas sin aparecer como sus responsables directos.

Y para que esa estrategia de captura sea factible y tenga éxito social y electoral, resulta clave que sean encarnadas por figuras que se presenten como ajenas al sistema, como outsiders que “dicen lo que otros no se atreven a decir” y que aparentan enfrentarse a las élites, aunque en la práctica gobiernen para una parte significativa de ellas. Trump cumple perfectamente ese papel: su estilo estridente, su retórica antisistema y su provocación constante funcionan como una cortina de humo que oculta la continuidad de fondo de las políticas que se aplican.

Es una lógica que no es nueva ni exclusiva de Estados Unidos. En contextos de creciente desigualdad, debilitamiento democrático y frustración social, el sistema tiende a necesitar líderes que parezcan venir de fuera para poder profundizar transformaciones que, de otro modo, encontrarían mayor resistencia. Por eso, las condiciones que han hecho posible el trumpismo en Estados Unidos se reproducen (y se van a reproducir cada vez en mayor medida si no se pone freno a los procesos que hemos visto), con más o menos variaciones en buena parte de las otras democracias occidentales y periféricas. Allí donde ya han empezado a emerger partidos y figuras similares que combinan discurso antisistema, liderazgo personalista y políticas funcionales a los intereses dominantes.

Ausencia de elementos de freno y corrección

La ausencia de un freno o corrección internos y externos efectivos ha permitido que estas dinámicas se profundicen. El tipo de relación que el resto del mundo mantiene con Estados Unidos también forma parte del problema por el vasallaje imperial.

La dependencia militar y monetaria, la legitimación acrítica de su liderazgo incluso cuando viola normas internacionales y el aceptar que Estados Unidos asuma la función de gran policía global reduce los costes externos de su deriva autoritaria y que las disfunciones que eso provoca internamente se acumulen sin ajuste.

El silencio –o, al menos, la falta de una respuesta suficientemente efectiva– tanto a nivel externo como interno ante la quiebra democrática e institucional que se viene produciendo no es casual. Es el resultado, por un lado, de un auténtico cálculo racional de los actores sociales más poderosos que necesitan y a quienes beneficia la desregulación extrema de los mercados, el dejar de gravar la riqueza, la liquidación de los derechos laborales o que se dé libertad a los monopolios. Y, por otro, de la inoperancia, debilidad y fracaso de las izquierdas de nuestro tiempo.

No es anomalía: hay manual de instrucciones

Trump no es un verso suelto que aparece en la vida política con partitura propia y en contra del ecosistema de poder en el que nace. Viene, por decirlo metafóricamente, con manual de instrucciones y –por muy relevante que sean su personalidad y singularidad– es, en realidad, el ejecutor de un proyecto estructurado. Basta leer el llamado Proyecto 2025 para comprobarlo.

Con ese documento, elaborado por cientos de especialistas y financiado por grandes empresas y bancos, se demuestra que vaciar la democracia desde dentro, convertir el Estado en instrumento de facción y hacer irreversible la concentración de poder no es una tarea improvisada que Trump haya emprendido por su cuenta, sino una estrategia consciente, premeditada y muy bien diseñada.

Alrededor del 61 % de las más de 320 medidas propuestas ya se han puesto en marcha o están en proceso de ejecución. Eso significa que, si no estuviese Trump en el poder, otra persona podría ser quien hiciera su mismo trabajo de desmantelamiento de la democracia, liberalización extrema de los mercados y de apoyo y privilegio a los grandes grupos de poder.

Donald Trump no es el origen de la quiebra democrática que vivimos, sino su manifestación más visible y, hasta ahora, más extrema. Su figura concentra la atención porque encarna de forma grotesca y provocadora procesos mucho más profundos que llevan décadas gestándose. Por eso, centrar el debate exclusivamente en él resulta engañoso y puede ser que inútil.

Lo verdaderamente inquietante no es que Trump haya llegado al poder, sino que el entramado económico, institucional, mediático y geopolítico de nuestro tiempo no sólo lo tolere, sino que lo necesite. El llamado Proyecto 2025 demuestra que no estamos ante una deriva improvisada ni ante el capricho de un líder excéntrico, sino ante una estrategia consciente para vaciar la democracia desde dentro y hacer irreversible la concentración de poder.

La pregunta decisiva, por tanto, no es cómo impedir la presencia personal de Trump o de otras figuras similares, sino qué transformaciones profundas son necesarias para desactivar las condiciones que las hacen posibles. Porque mientras esas condiciones permanezcan intactas –desigualdad extrema, democracia formal vaciada, captura del poder económico, degradación del espacio público y silencio cómplice a escala interna e internacional– Trump no será una anomalía histórica. Será un precedente.

Y los precedentes, cuando no se corrigen, se convierten en norma.