18/07/2026 - EL ÚNICO LEGADO DE PEDRO sÁNCHEZ: UNA ESPAÑA MÁS POBRE, MÁS DESIGUAL Y MÁS ENFRENTADA

Comentario: Muy bueno el artículo de José Antonio Gómez, pero no hay que olvidar que gente que vive sola, no trabaja, tiene vivienda sin hipoteca y gana más de mil euros consta como “persona en riesgo de exclusión social”, y otras gentes que están cobrando el subsidio de desempleo y sí los llamas para un trabajo te dicen que hasta octubre no pueden atenderte. En España ocurren cosas que no son fáciles de entender ni en el trabajo, la política o la justicia. Y algo aún mucho peor: los que quieren sólo el poder para forrarse, los que, según parece, son los que vienen (PP y VOX), no van a arreglar absolutamente nada de nada como ya hicieron cuando tuvieron la ocasión. Extremadura, Andalucía, Aragón y Castilla-León son claros ejemplos de lo que nos aguarda: caza, toros, latifundios y empresarios propensos al esclavismo sin la mínima conciencia cívica. ¡Una mayor desvergüenza al caer ya mismo!  

Del 2018 al 2026, los indicadores del INE, el SEPE y Eurostat confirman un deterioro persistente de la renta, del empleo de calidad y de la cohesión social que desmonta el relato triunfal del sanchismo sobre el legado de Sánchez

José Antonio Gómez

Desde junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras una moción de censura histórica, España ha vivido uno de los periodos más intensos y políticamente polarizados de su democracia reciente, pero también uno de los más decepcionantes en términos de cohesión social, desigualdad y pobreza económica. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de Eurostat muestran, con una frialdad demoledora, que la realidad social se ha ido alejando del discurso de un gobierno que se proclamaba adalid de la justicia social. No se trata de informaciones de la fachosfera, son datos oficiales, salvo que el sanchismo, en su devenir ultrasectario, afirme que los organismos del Estado dependientes del Gobierno y las agencias de la Unión Europea también están metidos en la conspiración para derribar al Ejecutivo sanchista. 

Al margen de los eslóganes y de la propaganda monclovita, la fotografía estadística que arranca en 2018 y se proyecta hasta los últimos registros disponibles deja una conclusión incómoda: la etapa del sanchismo no ha logrado corregir los problemas estructurales de la economía española y, en varios frentes clave (riesgo de pobreza, precariedad laboral, brecha de renta), los ha cronificado o agravado.

La promesa fundacional de aquel Gobierno, “no dejar a nadie atrás”, se enfrenta hoy a una realidad incómoda: en España se vive más pendiente del umbral de pobreza que del de bienestar, y más cerca de los indicadores de vulnerabilidad del sur de Europa que de los estándares de igualdad y estabilidad social que marcan los países del norte.

Un país vulnerable antes de la tormenta

Cuando Sánchez accede al poder en junio de 2018, España no es precisamente un país igualitario, pero sí una economía en recuperación tras el golpe de la crisis financiera de 2008 y los años del austericidio. Los indicadores de pobreza y exclusión social ya eran elevados en términos comparados, aunque la inercia del ciclo económico apuntaba a una cierta mejora gradual.

La tasa de riesgo de pobreza, medida por el INE a través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), se situaba entonces en niveles altos, pero relativamente estabilizados, con una población vulnerable que se mantenía en torno a ese 60% de la mediana de ingresos que define el umbral de pobreza. España seguía atrapada en el patrón de bajos salarios, mercado laboral dual y fuerte dependencia de los ciclos turísticos, pero la expectativa era que el crecimiento y un empleo en lenta recuperación avanzaran hacia una reducción del número de hogares al borde del precipicio social.

Ese era el terreno de juego cuando el nuevo Gobierno se presentó como la alternativa progresista que “corregiría los recortes”, “reforzaría el Estado del bienestar” y “combatiría frontalmente la desigualdad”. El marco narrativo era potente y estaba bien construido: España como país maltrecho por la derecha y enfilado ahora hacia una nueva etapa de prosperidad compartida. Sin embargo, los años siguientes mostrarían una brecha creciente entre relato y realidad.

La década perdida de los hogares trabajadores

La ECV del INE, que cada año radiografía ingresos, condiciones de vida y riesgo de exclusión, se ha convertido en el espejo más incómodo del “sanchismo”. Sus ediciones más recientes confirman que, lejos de reducirse de forma clara, la tasa de riesgo de pobreza se ha mantenido elevada e incluso se ha disparado en algunos ejercicios, especialmente en los años de sacudida inflacionaria.

Mientras el Gobierno presume de una economía que “crece por encima de la media europea”, las cifras revelan que una parte significativa de la población sigue atrapada en rentas muy bajas, con dificultades para llegar a fin de mes y con un riesgo sostenido de exclusión social. La mejora coyuntural del PIB no se traduce en un descenso estructural de la pobreza, lo que indica que el crecimiento se distribuye de forma desigual y apenas permea hacia las capas más vulnerables.

A ello se suma el impacto del encarecimiento de la vida: la inflación en energía y alimentos golpea especialmente a los hogares de menor renta, erosionando su capacidad de consumo y neutralizando los modestos avances nominales en salarios y prestaciones. El resultado ha sido un empobrecimiento silencioso, menos visible que el desempleo masivo de la anterior crisis, pero igualmente corrosivo para la cohesión social: más familias que trabajan, pero siguen rozando la pobreza, más hogares que dependen de ayudas públicas para cubrir necesidades básicas, más niños creciendo en entornos económicos asfixiantes.

Los indicadores agregados lo resumen con rotundidad: España mantiene una de las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social más elevadas de la Unión Europea, especialmente si se observa a la población infantil y a determinados territorios. El “escudo social” proclamado una y otra vez por el Ejecutivo ha sido más eficaz como consigna comunicativa que como mecanismo real de igualación de oportunidades.

Más empleo, pero menos seguro y peor repartido

Uno de los grandes argumentos del “sanchismo” ha sido la evolución del paro registrado y de la afiliación a la Seguridad Social. El Gobierno ha insistido en que España ha alcanzado cifras récord de empleo y ha celebrado una caída del desempleo respecto a los peores años de la crisis anterior. Sin embargo, los datos detallados del SEPE y las estadísticas de empleo evidencian una contradicción inquietante: se crea más empleo, pero no necesariamente se reduce de forma significativa la precariedad, ni se corrige la dualidad laboral ni se garantiza un salario suficiente para sacar a los hogares del riesgo de pobreza.

La reforma laboral impulsada en este periodo, que ha reducido el peso de los contratos temporales y ha fomentado la figura del contrato indefinido, ha sido presentada como una revolución histórica. Y, efectivamente, sobre el papel ha cambiado la tipología contractual, disminuyendo la temporalidad estadística y aumentando la proporción de indefinidos. Pero una parte importante de esos nuevos contratos indefinidos se concentran en modalidades de jornada parcial o en sectores con bajos salarios, lo que mantiene vivo el fenómeno del trabajador pobre: personas con empleo estable, al menos en apariencia, pero con ingresos insuficientes para superar el umbral de pobreza. Datos.

El SEPE recoge, año tras año, una evolución del paro que, aunque mejora respecto a los picos de la crisis, sigue situando a España sistemáticamente entre los países con mayores tasas de desempleo de la UE, en especial en el caso del paro juvenil. Esta cronificación de un alto desempleo estructural, combinada con una fuerte rotación laboral y una precariedad de base en amplios segmentos del mercado, impide que el descenso en las cifras globales de paro se traduzca en una reducción equivalente de la pobreza y la desigualdad.

La conclusión es incómoda para el relato oficial: más empleo no ha significado automáticamente menos pobreza, porque la calidad de ese empleo y su distribución por sectores y territorios no ha corregido los desequilibrios preexistentes. El Gobierno se ha apoyado en el volumen de afiliados y en los titulares sobre “récord de empleo”, pero ha eludido sistemáticamente la discusión sobre salarios reales, coste de la vida y productividad, que son las variables que, al final, determinan si un contrato se convierte o no en un salvavidas frente a la pobreza.

Eurostat: la España del sanchismo es el alumno crónicamente retrasado

Para calibrar en su justa medida el alcance del problema, basta con situar a España en el mapa europeo. Eurostat, la oficina estadística de la Unión, ofrece una batería de indicadores comparados sobre renta, desigualdad y condiciones de vida que permiten despejar cualquier duda: España se mantiene durante estos años en el grupo de países con peores registros en materia de pobreza relativa, riesgo de exclusión y desigualdad de ingresos, particularmente cuando se observa la evolución a partir de 2018.

Los datos europeos muestran que, pese al crecimiento económico, las políticas aplicadas no han logrado que el país converja hacia los estándares de igualdad de las economías europeas más avanzadas. El indicador de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), que combina pobreza de renta, carencia material severa e intensidad laboral muy baja en el hogar, refleja una persistencia preocupante de la vulnerabilidad social en España, con porcentajes que la sitúan por encima de la media de la UE y próximos a otros países del sur europeo que arrastran problemas estructurales similares.

En términos de distribución de la renta, los datos de Eurostat sobre desigualdad de ingresos confirman que el país no ha avanzado de forma sustantiva hacia una mayor equidad, a pesar del fuerte incremento del gasto público y de múltiples medidas presentadas como progresistas. La brecha entre los hogares de mayor y menor renta sigue siendo significativa, y la movilidad social ascendente continúa siendo limitada, especialmente para las generaciones más jóvenes que han vivido encadenadas a sucesivas crisis.

Este contraste con la media europea desmonta otra de las columnas retóricas del “sanchismo”: la idea de que España se estaba convirtiendo en una referencia social en la UE gracias a su “nuevo modelo” de políticas públicas. La realidad comparada, medida con criterios homogéneos, indica exactamente lo contrario: el país llega a 2026 con un retraso persistente en materia de cohesión social, sin haber conseguido transformar su crecimiento económico en una reducción consistente de la desigualdad.

El “escudo social” fracasado

Uno de los conceptos más repetidos por el Gobierno durante estos años ha sido el de “escudo social”, presentado como una red de protección sin precedentes frente a la crisis sanitaria, la crisis energética y la escalada de precios. Es innegable que se desplegaron mecanismos de emergencia —ERTE, ayudas directas, bonos y subsidios varios— que evitaron un desplome aún mayor de la renta de muchos hogares en los momentos más críticos.

Sin embargo, cuando se examina el impacto global de estas medidas en términos de reducción efectiva de la pobreza y la desigualdad, el balance es mucho menos triunfante. La propia ECV del INE y los indicadores recogidos en informes oficiales sobre evolución de pobreza y exclusión muestran que buena parte de estas políticas han funcionado como parches coyunturales, más eficaces para contener la caída inmediata que para construir un suelo de bienestar estable.

El diseño fragmentado y, en ocasiones, burocráticamente complejo de ayudas clave como el Ingreso Mínimo Vital ha provocado que una parte de las personas que más lo necesitaban quedasen fuera o llegasen tarde al sistema. A esto se suman los problemas de coordinación entre administraciones, la disparidad territorial en la gestión de prestaciones y la dificultad de muchas familias para navegar por un entramado institucional poco amigable.

El resultado final es un modelo de protección social que ha logrado amortiguar el golpe en plena tormenta, pero que no ha conseguido revertir las tendencias estructurales de desigualdad. Las estadísticas lo confirman: la pobreza relativa persiste, la carencia material no desaparece y la exclusión social sigue acechando a millones de personas. El “escudo social”, en definitiva, ha sido más eficaz en la retórica gubernamental que en la experiencia cotidiana de los hogares que viven al límite.

Relato político agotado frente a la realidad

La etapa del “sanchismo” ha sido, también, un laboratorio de comunicación política avanzada: control del marco narrativo, proliferación de anuncios, énfasis constante en la comparación con gobiernos anteriores y uso intensivo de la palabra “progreso” como eje legitimador. Pero la política, incluso en tiempos de hipercomunicación, acaba chocando con el test empírico de los datos y con la percepción íntima de los ciudadanos sobre su propia vida material.

En este sentido, el progresivo divorcio entre el relato oficial —España como modelo de protección social y recuperación justa— y las estadísticas sobre pobreza, desigualdad y precariedad laboral ha alimentado una desconfianza creciente hacia la clase política y hacia las instituciones en su conjunto. La tesis repetida de que “nunca hubo tanta protección social” pierde fuerza cuando se contrasta con la persistencia del riesgo de pobreza, con la brecha territorial en indicadores clave y con la sensación de estancamiento de amplias capas de la sociedad.

No se trata solo de un fracaso técnico en el diseño de políticas públicas, sino de un fracaso político más profundo: el de un gobierno que hizo de la bandera de la igualdad su seña de identidad y que, sin embargo, entrega al país con un paisaje social donde la vulnerabilidad económica sigue siendo la experiencia cotidiana de millones de personas. Esa contradicción entre lo prometido y lo conseguido erosiona no solo al proyecto político concreto, sino también la credibilidad de cualquier futuro programa que intente construir un consenso en torno a la justicia social.

Más allá del sanchismo

En 2026, España afronta un escenario social marcado por la fatiga, la desconfianza y una desigualdad que se ha vuelto demasiado familiar. Las series del INE, el SEPE y Eurostat permiten reconstruir la trayectoria de estos ocho años como una curva de oportunidades desaprovechadas: se dispuso de crecimiento, de margen presupuestario y de un contexto europeo favorable a políticas expansivas, pero el resultado final no ha sido una reducción nítida de la pobreza ni una democratización de la prosperidad.

El legado del sanchismo en materia social no se agota en el número de leyes aprobadas ni en el volumen de gasto público movilizado. Se mide, sobre todo, en la realidad de los barrios donde el trabajo no garantiza una vida digna, en las estadísticas que muestran una pobreza infantil que no cede, en la brecha entre comunidades autónomas que no se cierra y en la sensación generalizada de que el ascensor social se ha quedado atascado entre plantas.

La próxima etapa política tendrá que partir de un reconocimiento honesto de ese fracaso: no basta con proclamar titular tras titular sobre avances sociales si los indicadores oficiales, año tras año, apuntan en la dirección contraria. Combatir la desigualdad exige algo más que retórica y medidas de urgencia: requiere reformas profundas en el mercado laboral, una estrategia sostenida de mejora salarial ligada a productividad, una política fiscal verdaderamente redistributiva y un rediseño del Estado del bienestar que deje de ser un mosaico de parches y se convierta en un auténtico sistema de garantías.

Porque, al final, la gran paradoja de estos años es que un gobierno que se presentó como el más social de la democracia española deja tras de sí una sociedad que sigue sintiéndose profundamente insegura en términos materiales. Y en esa brecha entre promesa y realidad se juega no solo el juicio histórico sobre el sanchismo, sino también la confianza de una ciudadanía que ya no se conforma con discursos sobre igualdad, sino que exige algo mucho más simple y a la vez más difícil: poder vivir con dignidad en un país que no convierta la pobreza en costumbre estadística.

 

18/07/2026 - MARADONA TENIA RAZÓN: LA FIFA CONVIRTIÓ EL FÚTBOL EN UN NEGOCIO ANTES QUE EN UN DEPORTE

André Abeledo Fernández

Maradona tenía razón: la FIFA convirtió el fútbol en un negocio antes que en un deporte Hay personas que ven el futuro porque entienden el presente. Diego Armando Maradona era una de ellas. Mucho antes de que el Mundial de 2026 confirmara todos los peores temores sobre el rumbo del fútbol moderno, Maradona ya había advertido hacia dónde caminaba la FIFA.

No hablaba desde el resentimiento ni desde la nostalgia. Hablaba desde la experiencia de quien conocía por dentro el funcionamiento de una organización que llevaba décadas anteponiendo el dinero a los futbolistas, a los aficionados y al propio juego. Cuando afirmó que en Estados Unidos acabarían queriendo "cuatro tiempos de 25 minutos por la publicidad", muchos se rieron. Parecía una exageración más de Diego.

Sin embargo, la realidad ha terminado dándole la razón. Las pausas de hidratación se han convertido, en muchos partidos, en auténticas pausas publicitarias perfectamente integradas en el espectáculo televisivo. Oficialmente se justifican por razones climáticas, algo perfectamente razonable cuando las temperaturas son extremas. Lo cuestionable es convertir esa excepción en una norma general, independientemente del estadio, de si hay techo o de la temperatura existente.

No es casualidad que incluso futbolistas como Virgil van Dijk o entrenadores como Marcelo Bielsa hayan mostrado públicamente su rechazo a una medida que rompe el ritmo del juego y beneficia sobre todo a las cadenas de televisión y a los patrocinadores. Porque el problema nunca fue la hidratación. El problema siempre ha sido el negocio. Maradona llevaba denunciándolo desde los años ochenta.

Ya en México 1986 criticó que la FIFA obligara a jugar al mediodía bajo un calor insoportable para satisfacer los horarios televisivos europeos. La salud de los jugadores quedaba subordinada a la audiencia y a los ingresos publicitarios. Cuatro décadas después, la lógica sigue siendo exactamente la misma. La FIFA ha perfeccionado un modelo donde el fútbol es simplemente el producto.

Los jugadores son el material de consumo. Los aficionados son clientes. Y el campeonato más importante del planeta funciona como una gigantesca plataforma comercial. No resulta extraño que Maradona acabara enfrentándose abiertamente a la organización. Lo hizo cuando denunció el reparto obsceno de los beneficios de los Mundiales. Mientras la FIFA acumulaba miles de millones de dólares, los verdaderos protagonistas recibían una parte mínima del pastel.

Lo hizo cuando acusó directamente a Blatter, Platini, Havelange o Grondona de convertir el fútbol en un negocio privado. Y el tiempo volvió a darle la razón cuando el escándalo del FIFAGate destapó una de las mayores redes de corrupción de la historia del deporte. Lo que durante años fue presentado como las paranoias de un personaje incómodo terminó siendo confirmado por investigaciones judiciales internacionales.

Diego no era un santo. Cometió errores muy graves dentro y fuera del campo. Su lucha contra las adicciones marcó parte de su vida y él mismo nunca intentó ocultarlo. Pero reducir su figura a esos episodios supone ignorar otra faceta mucho menos conocida y extraordinariamente importante: la del sindicalista del fútbol. Pocos recuerdan que impulsó una asociación internacional de futbolistas para defender los derechos laborales de los jugadores frente al enorme poder de la FIFA y de las federaciones nacionales.

Maradona entendía que sin organización colectiva los futbolistas serían simples mercancías en manos de los dirigentes. Era una visión profundamente obrera del deporte. Porque detrás de cada gran estrella existen miles de futbolistas profesionales con carreras cortas, contratos precarios, lesiones permanentes y muy poca capacidad de decisión sobre el calendario, los desplazamientos o las condiciones de trabajo.

Mientras la FIFA multiplica competiciones para aumentar ingresos, los jugadores acumulan cada vez más partidos, más kilómetros, menos descanso y un riesgo creciente de lesiones. El calendario internacional se ha convertido en una auténtica explotación física de quienes sostienen el espectáculo. Todo para seguir aumentando la facturación. Por eso las palabras de Maradona siguen resultando incómodas incluso después de su muerte. No denunciaba únicamente a unos dirigentes concretos. Denunciaba un modelo entero.

Un modelo donde el fútbol deja de pertenecer a quienes lo juegan y a quienes lo sienten para convertirse en propiedad de multinacionales, fondos de inversión, televisiones y patrocinadores. El Mundial de 2026 representa, probablemente, la culminación de esa transformación. Tres países organizadores, más selecciones, más partidos, más ingresos, más publicidad y más negocio. Todo es más grande. Todo factura más. Pero resulta legítimo preguntarse si también es mejor para el fútbol. Maradona sospechaba que no. Y, una vez más, la realidad parece haber terminado dándole la razón.

 

16/07/2026 - EL RACISMO DE SALÓN DE m. RAJOY Y LA POBREZA INTELECTUAL DE LA DERECHA

André Abeledo Fernández

El racismo de salón de M. Rajoy y la pobreza intelectual de la derecha Hay ocasiones en las que una sola frase retrata una forma de entender el mundo mejor que un programa electoral entero. Eso es exactamente lo que ha sucedido con Mariano Rajoy. Un expresidente del Gobierno ha sido capaz de provocar un conflicto diplomático escribiendo sobre un partido de fútbol.

No deja de sorprender que quien ocupó durante años la máxima responsabilidad política del Estado termine ofreciendo una imagen tan pobre, tan frívola y tan alejada de la realidad. Su comentario sobre la selección francesa no fue una simple broma desafortunada. Refleja una manera de pensar profundamente arraigada en una parte de la derecha española: una visión clasista, excluyente y, en demasiadas ocasiones, abiertamente racista y xenófoba.

Porque el problema no es el fútbol. El problema es la idea que se esconde detrás de ese discurso: que, para ser francés, español, alemán o portugués habría que tener un determinado color de piel, unos apellidos concretos o un árbol genealógico libre de inmigrantes. Es una concepción de la nación basada en la sangre y el origen, no en la ciudadanía, los derechos y la convivencia. Esa forma de pensar no solo es moralmente cuestionable; también choca con la realidad.

Las sociedades europeas llevan décadas siendo diversas. Millones de personas han nacido en países distintos al de sus padres o abuelos y forman parte de ellos con absoluta normalidad. Pagan impuestos, trabajan, estudian, crean empresas, participan en la vida pública y sienten esos países como propios. La nacionalidad no la determina el color de la piel. Tampoco los rasgos físicos.

La determina la ley, pero también la pertenencia a una comunidad, la vida compartida y el compromiso con la sociedad en la que uno nace o desarrolla su proyecto vital. Por eso existen jugadores nacidos en España de familias marroquíes que deciden representar a Marruecos, igual que otros, hijos de inmigrantes, nacidos en España, eligen vestir la camiseta de la selección española. Exactamente lo mismo sucede en Francia, Portugal, Alemania, Bélgica o cualquier otro país con una sociedad diversa. Es una realidad normal en el siglo XXI.

Lo preocupante es que quien fue presidente del Gobierno parezca incapaz de comprender algo tan elemental. Y más preocupante aún es que ese discurso encuentre eco en sectores de una derecha que, lejos de evolucionar, parece instalada en una nostalgia identitaria que nada tiene que ver con la realidad de los pueblos europeos. No se trata de negar la importancia de la identidad nacional. Al contrario. La identidad de un país se construye con su historia, su cultura, su lengua y sus valores democráticos. Pero precisamente esos valores exigen entender que la ciudadanía no depende del color de la piel ni del origen familiar. La España de hoy es diversa, como lo es Francia, como lo son la mayoría de los países europeos. Negarlo no cambia la realidad; solo alimenta prejuicios y divisiones. Cuando un expresidente reduce un debate deportivo a una cuestión de origen étnico, no demuestra ingenio.

Demuestra una enorme pobreza intelectual. Y cuando parte de la derecha aplaude ese tipo de mensajes, confirma que sigue atrapada en una visión del mundo que confunde nación con raza y patriotismo con exclusión. El fútbol, como la sociedad, debería servir para unir a personas distintas bajo unos mismos colores. Quien no entiende eso, difícilmente puede entender la democracia plural del siglo XXI. Lamine Yamal es un futbolista español. Nació en España, representa a la selección española y se ha convertido, pese a su juventud, en una de sus principales figuras. No debería ser necesario recordar algo tan evidente. Sin embargo, hay quienes siguen cuestionando la españolidad de algunos ciudadanos por el color de su piel, por el origen de sus padres o por sus propios prejuicios. Lamine Yamal representa a España con su talento, su compromiso y su fútbol. Como tantos otros españoles de orígenes diversos, demuestra que la identidad de un país no se mide por los apellidos ni por el aspecto físico, sino por la ciudadanía, la convivencia y el proyecto común.

Mientras algunos se dedican a sembrar odio, división y desconfianza, deportistas como él proyectan una imagen de una España plural, abierta y capaz de ilusionar a millones de personas. Se puede debatir de fútbol. Lo que no debería debatirse es la condición de español de quien lo es por nacimiento y representa a su país con orgullo y excelencia. En el caso de Mariano Rajoy, resulta difícil aceptar lecciones de patriotismo o de representación institucional. Su Gobierno terminó siendo desalojado mediante una moción de censura tras una sentencia que acreditó la existencia de una trama de corrupción vinculada al Partido Popular, un hecho sin precedentes en la democracia española. Ese desenlace marcó de forma inevitable su legado político.

Tampoco ayuda a reforzar su autoridad moral recordar episodios como sus salidas durante el confinamiento por la pandemia, cuando miles de ciudadanos cumplían estrictamente unas restricciones que él interpretó de una manera muy particular. Aquella actitud fue ampliamente criticada porque transmitía la sensación de que las normas eran para los demás. Ahora, ya como expresidente del Gobierno, Rajoy ha vuelto a generar polémica con un artículo sobre la selección española y Lamine Yamal que ha terminado provocando un innecesario conflicto diplomático con Francia.

No deja de ser llamativo que alguien que ocupó la máxima responsabilidad institucional contribuya a alimentar una controversia de este tipo por un asunto estrictamente deportivo. Quizá el problema sea que, en ocasiones, algunos dirigentes dicen con total naturalidad lo que realmente piensan. Y cuando desaparecen los discursos cuidadosamente preparados, afloran prejuicios y formas de entender la sociedad que explican muchas de sus actuaciones políticas. No es una cuestión exclusiva de Rajoy; también ocurre con frecuencia en declaraciones de otros dirigentes de la derecha española, como Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal.

El patriotismo no consiste en señalar quién es más o menos español según su origen, el color de su piel o el apellido que lleve. Tampoco en utilizar el deporte para alimentar divisiones identitarias. Representar a un país exige responsabilidad, especialmente cuando se ha ocupado la Presidencia del Gobierno. Y precisamente por eso, las palabras de un expresidente nunca son irrelevantes.

 

15/07/2026 - COPIA Y PEGA: LA DEFENSA DE LA VIDA

Me he tomado la libertad de copiar a Juan Torres López, uno de los economistas más destacados del país y un articulista ejemplar. Este artículo que les expongo literalmente es un ejemplo de la sabiduría que atesora esta persona y que merece la pena que sea leído por la mayor parte de la gente honesta y dispuesta siempre a defender la razón por encima de todo.

Dice así:

“​ Defender la vida no es defender la del embrión y permitir que mueran sin recursos niños y ancianos”.

“No necesito pronunciarme sobre si es necesario o justo defender la vida, que quizá puede comenzar o no, de un concebido no nacido, según la expresión de la ley que acaba de aprobarse en Madrid a propuesta del Partido Popular. Toda vida humana merece ser cuidada y lo puedo dar por bueno. Lo que me resulta inaceptable es el cinismo. Porque es cinismo que quienes hoy levantan la bandera de la defensa de los embriones son los mismos que dejaron morir a 7.291 personas mayores en las residencias de Madrid por no ofrecerles la atención hospitalaria que necesitaban. Son los mismos que asfixian la sanidad pública mientras convierten la salud en un negocio. Los mismos que permiten que miles de niños y niñas intenten aprender en aulas cercanas a los cuarenta grados mientras encuentran dinero para mejorar los colegios a dónde van los ricos. Son los mismos que llaman "cáncer" a las bajas laborales y parecen preferir trabajadores enfermos antes que seres humanos protegidos. Los mismos que llevan años cuestionando las pensiones públicas, la protección social, la solidaridad organizada y cualquier política destinada a garantizar una vida digna a quien menos tienen. Los mismos que presentan el "buenismo" como un defecto y la compasión y la piedad como una ingenuidad. Los mismos que hablan de libertad mientras niegan a millones de personas los recursos imprescindibles para que puedan disponer de capacidades efectivas que le permitan ejercerla realmente. Porque no hay libertad, sino vida mala, donde hay hambre, miedo, enfermedad, desempleo o exclusión. Son los mismos que criminalizan a quienes emigran huyendo de la guerra, del hambre o de la miseria, aunque buena parte de nuestra economía dependa precisamente de su trabajo, y aunque huyan justamente de la ruina y los destrozos que vienen provocando desde hace décadas nuestra avaricia y nuestro robo organizado de sus riquezas. Los mismos que persiguen, insultan, amedrentan y encarcelan a quienes no consideran personas con derechos porque carecen de papeles. Los mismos a los que, en lugar de encogérsele el corazón cuando los ven llegar huyendo del dolor y la miseria, hambrientos y jugándose la vida, reclaman que se les condene y rechace. Los mismos que reclaman cada vez más dinero para armas y cada vez menos para cooperación, desarrollo, educación, dependencia o lucha contra la pobreza. Los mismos que aplauden políticas como las impulsadas por Donald Trump contra inmigrantes y refugiados, la reducción de programas sociales, los recortes fiscales que benefician sobre todo a los más ricos o el debilitamiento de los sistemas públicos de protección. Los mismos que miran con simpatía a gobiernos que persiguen a quienes piensan distinto, restringen derechos civiles o convierten la desigualdad en un mérito. Los mismos que hablan continuamente de valores cristianos mientras olvidan las palabras más sencillas del Evangelio: dar de comer al hambriento, acoger al extranjero, cuidar al enfermo, visitar al preso. Los mismos que nunca hablan de los millones de seres humanos que mueren de hambre, de quienes viven solos, de quienes no pueden pagar un alquiler, de quienes esperan meses una operación, de quienes trabajan y siguen siendo pobres. Los mismos que proponen y promulgan las leyes que provocan que todo eso ocurra. Los mismos que dicen proteger la vida y niegan el daño a la naturaleza, que reclaman la eliminación de los controles que impiden destrozar el medio ambiente y que usan los recursos naturales que sostienen la vida en el planeta como si fueran un patrimonio propio que pueden dilapidar a su antojo con tal de ganar dinero. Esos mismos son ahora quienes quieren presentarse como los grandes defensores de la vida. No es cierto. Defender la vida no consiste únicamente en proteger el comienzo de su existencia. Es protegerla en toda su extensión temporal y la de todos los seres humanos por igual, desde el primer latido hasta el último aliento de cualquier persona, sea potentada o una inmigrante sin papel alguno. Defender la vida no es defender la del embrión y permitir que mueran sin recursos niños y ancianos. Es defender también a cualquier mujer embarazada sin recursos y al niño que pasa calor en un colegio sin climatización. Defender la vida no es defender al que quizá nacerá y dejar sin atención al enfermo que espera una cama, o morir de hambre a millones de personas o incluso impedir que los pobres duerman en la calle o se les lleve comida y ayuda, como ha prohibido el mismo Partido Popular en Madrid. Defender la vida no es defender al feto y no al inmigrante, proteger al que tiene éxito y dejar en la estacada a quien no tiene nada. La derecha dice defender la vida porque defiende al concebido no nacido, pero cuando hace al mismo tiempo esas políticas no la defiende. Lo que muestra en realidad es que para ella la vida pierde su valor cuando se nace. Porque a partir de entonces les vale mucho más las de unos seres que las de otros, e incluso las de algunos no les vale absolutamente nada. ¿Para qué sirve invocar la defensa de la vida únicamente cuando esa vida aún no reclama derechos sí, cuando la persona ya ha nacido, enferma, envejece, pierde el empleo, cruza una frontera huyendo del hambre o necesita ayuda, se la abandona? Es puro cinismo. Y el cinismo, como dijo Javier Marías, es la brutalidad en estado puro”.   Fdo.: Ángel Morillo Triviño 15/07/2026

15/07/2026 - PREVARICACIÓN Y PALABRA DE UCO

Comentario: Uno de los condenados, el alcalde de Castuera, debería estar ya en la trena por un delito de acoso laboral con daños que el Tribunal Supremo se encargó de “esconder” a pesar de los informes de psiquiatras, forenses y psicólogos, validando, según parece, solamente un informe de un psicólogo del acusado que ni siquiera conocía a la víctima. ¡¡¡Quién vigila al vigilante!!! En España, nadie.

ANA PARDO DE VERA

Conocen mejor que yo, seguro, la máxima sobre la presunción de inocencia de este maltratado sistema judicial nuestro: In dubio pro reo, esto es, En caso de duda, a favor del acusado; o sea, si no hay pruebas, no hay condena, por muchos indicios que puedan apuntar a que el sujeto juzgado es culpable en función del relato creado. El relato, ¡ay... ! Los indicios no son pruebas, por más que la policía judicial y alguna prensa aguerrida se empeñe en lo contrario y los jueces (y demasiados medios de comunicación) lo asuman como palabra de dios en demasiados casos. Caso informado, caso cerrado, dicen ahora con los informes de la UCO: in dubio contra reo, o así. El de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, es una de esas delirantes causas y hay razones de sobra, después de su condena por parte de la Audiencia Provincial de Badajoz, para echarse a temblar cuando la Guardia Civil deduce que eres culpable, aunque esa no sea la función de la UCO ni de la UDEF ni de policía judicial alguna en un Estado de Derecho. En el caso de David Azagra, su nombre artístico, no obstante, si el teniente coronel Antonio Balas dice que eres culpable ante un tribunal, pese al testimonio contrario de la inmensa mayoría de testigos, compañeros/as y hasta competidores en el puesto por el que le han condenado, para los jueces de ese tribunal, estás sentenciado. A los hechos, todos, me remito, y todo mi respeto por el sacrosanto Balas; en otro momento hablaremos de él.

La perspectiva de esta plumilla es la suya, paciente lectora, quizás un poco encallecida por circunstancias personales que no vienen al caso, pero es esencialmente la de una ciudadana de a pie que asiste y analiza perpleja una acción judicial que desborda, con mucho, a la política embarrancada sin poder de maniobra, por un lado, y con toda la maniobra pasiva a favor por el otro. Un tal David Sánchez ha sido condenado por prevaricación sin aclararse quién estaba detrás de esa operación criminal para crearle un puesto a medida por ser el hermano de quien es presidente del Gobierno desde 2018, que ni lo era cuando se creó el puesto de Azagra ni lo soñaba siquiera cuando lo echaban a patadas de la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz. No obstante y literal, leemos en la sentencia condenatoria: "No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea del torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. Los jueces no saben, "en suma", quién ejecutó el "influjo" o conjuro, porque suena a conxuro, ya que estamos entre gallegas, para que hubiera prevaricación -un delito exclusivo de autoridades, jueces y funcionarios públicos-, pero sí que hubo prevaricación porque el tribunal así lo infiere, deduce o desea, éste que es un tecnicismo jurídico de nuevo cuño y que se refiere a aquello que anhela con mucha pasión patriota el tribunal; sea en función de sus inclinaciones políticas o sea en la de las prioridades de la acusación popular, en el caso del hermano del presidente del Gobierno y en casi todos, la ultraderecha militante con el PP al fondo, un partido que ya se ha difuminado con Vox desde que Feijóo se dio a sí mismo por amortizado, y antes de que lo hiciera Ayuso, supongo.

Pensar que David Sánchez pudo meter un pie por delante de otro que había llegado antes, aunque fuera su otro y propio pie, es legítimo y hasta normal en esta España nuestra; se lo dice una gallega que convivió en Galicia con baltares, cacharros, fragas y narcos financiadores y asesinos. Entender que hay un Poder entogado y blindado para no ceder el santo sitio que le fue concedido en una transición mal entendida es otra cosa, y no es cuestión de partidos, sino de límites democráticos. Hoy le toca al hermano de Sánchez, mañana a su esposa y pasado, su dios dirá, pero no aprendemos y hasta callamos, que es la peor de las resignaciones. 

 

13/07/2026 - LOS DATOS PRUEBAN QUE ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN QUE AFECTAN AL PP SE DILATAN DURANTE AÑOS EN LOS TRIBUNALES

·       Público analiza los tiempos judiciales de 15 grandes causas de corrupción de las dos últimas décadas y la conclusión más llamativa es la lentitud en asuntos como Púnica, Lezo, Montoro o Kitchen.

·       Fuentes jurídicas alegan que la Audiencia Nacional está colapsada para justificar que tarde hasta una década en juzgar causas contra dirigentes del PP. Sin embargo, ese órgano instruyó y juzgó el caso de las ‘tarjetas black’ en dos años.

·       Ninguno de los procedimientos que afectan al PSOE ha sufrido una dilación similar.

·       Podemos ha tenido abiertas hasta siete piezas en el 'caso Neurona' durante más de tres años y todas terminaron archivadas.

Varias encuestas difundidas el pasado 6 de julio ahondan en la desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial. El estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incide en que el 76,9% de los ciudadanos cree que en los procesos judiciales que afectan a los partidos políticos la Justicia no siempre es "imparcial". Un estudio del Instituto 40dB, publicado por El País, constató que más del 65% de los españoles considera que existe lawfare en España y solo el 40% piensa que los jueces son imparciales. Y un sondeo de Ipsos para La Vanguardia concluyó que el 60% de los encuestados percibe que hay jueces haciendo política.

Una de las cuestiones más controvertidas es el supuesto doble rasero en la duración de los procesos. Público ha analizado los tiempos judiciales de 15 grandes procedimientos por corrupción de las dos últimas décadas y la conclusión más llamativa es la lentitud en algunos asuntos que afectan al PP:

– En el caso Púnica, tres piezas están pendientes de que se fije fecha para el juicio once años después de que se iniciase la instrucción y en otras dos la instrucción no está aún concluida.

– En el caso Lezo, nueve años después del inicio de la instrucción aún no se ha celebrado ningún juicio.

– En el caso Kitchen, pasaron cinco años desde el cierre de la instrucción hasta la celebración del juicio.

– En el caso Montoro, la instrucción lleva ocho años y sigue abierta.

Fuentes jurídicas alegan que la Audiencia Nacional está colapsada para justificar que tarde hasta una década en juzgar causas contra determinados dirigentes del PP. Sin embargo, en su momento, ese órgano instruyó y juzgó en dos años el asunto de las tarjetas black, donde se investigó el uso de tarjetas de crédito opacas al fisco por parte 86 directivos de Caja Madrid.

El análisis de los principales casos que afectan al PSOE muestra, en cambio, que ninguno de los procedimientos ha sufrido una dilación llamativa.

En el caso de Podemos, el principal problema ha sido la apertura de procedimientos judiciales que terminaban en nada. Un exponente claro han sido las siete piezas abiertas durante tres años y cinco meses en el caso Neurona, todas finalmente archivadas.

A continuación, se detallan los tiempos judiciales de esos 15 procedimientos abiertos por corrupción que ha analizado Público.

LAS CAUSAS DEL PP

Este periódico ha analizado seis de las principales causas judiciales que han acorralado al PP y a sus principales dirigentes en los últimos años. 

'Caso Gürtel': 18 años después sin sentencia en la pieza principal

El caso Gürtel, uno de los principales vinculados al PP, se trataba de una red de empresas dirigidas por Francisco Correa que había conseguido contratos y adjudicaciones de comunidades y ayuntamientos gobernados por los populares a través de sobornos. El entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue el encargado de abrir la instrucción el 6 de agosto de 2008 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, basada en las grabaciones aportadas por el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. En marzo de 2009, el magistrado se inhibió en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y País Valencià para que continuaran instruyendo parte de la macrocausa, al encontrar indicios de delito en cinco aforados del PP en las dos comunidades autónomas.

El 8 de junio de 2010, el TSJM remitió de nuevo la causa a la Audiencia Nacional después de que los tres diputados autonómicos que figuraban como imputados en la causa (Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosh) renunciaran a su escaño. Para entonces, la instrucción de la mayor trama de corrupción vinculada al PP ya estaba en manos del juez Pablo Ruz, después de que Garzón fuera inhabilitado por autorizar escuchas desde prisión a los cabecillas de la Gürtel.

La rama de la causa en el TSJ valenciano, conocida como la de "los trajes", dio lugar a las primeras sentencias del caso. Un jurado popular declaró no culpables a Francisco Camps y al ex secretario regional del PP Ricardo Costa. La sentencia absolutoria, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, se dictó el 30 de enero de 2012, fue respaldada por el Supremo el 9 de abril de 2013.

Además de esta línea de investigación, la macrocausa ha contado con otras 12 piezas separadas. Solo una, la relativa a los papeles de Bárcenas, que investigaba las adjudicaciones de obra pública a cambio de donaciones, fue archivada al no quedar debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de esta causa. 

Sin duda, la causa que supuso un antes y un después fue la relativa a la primera época de la trama, que abarca el periodo 1999-2005. La sentencia de la Audiencia Nacional –condenó al PP como partícipe a título lucrativo–, emitida en mayo 2018, motivó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, siendo la primera de la historia en prosperar. 

El último juicio celebrado quedó visto para sentencia el 12 de noviembre de 2025. Corresponde a la llamada pieza principal, cuya instrucción concluyó el 9 de marzo de 2020, ya con el juez José de la Mata al frente de la investigación. La esperada sentencia dará la puntilla a esta causa 18 años después de que se iniciara la investigación judicial.

'Caso Púnica': tres juicios pendientes de señalar

El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional abrió la investigación judicial el 18 de junio de 2014, aunque la operación saltó a la palestra después, en octubre del mismo año, con la detención de Francisco Granados, ex secretario general del PP madrileño, junto a otras 50 personas, entre ellas varios alcaldes del PP en la Comunidad.

Desgajada en 13 piezas separadas el 16 de septiembre de 2015 (dos han sido archivadas), la causa está lejos de ver el final pese a que la Sección 1º de la Sala de lo Penal Audiencia Nacional ha dictado cinco condenas –dos contra Francisco Granados– (la primera fue el 1 de diciembre de 2017 y la última, el pasado 1 de julio). Dos piezas siguen en fase de instrucción: la relativa a la gestión de varios colegios gestionados por Alfedel y los hechos referentes al blanqueo de capitales). Otra, la correspondiente al urbanismo de Valdemoro, está pendiente de pasar a la fase de juicio tras cerrarse la instrucción, según fuentes del caso. Y otras tres están pendientes de que se fije la fecha de la vista oral.  

Una de las que aguardan a la celebración del juicio es la relativa a la financiación irregular del PP madrileño a cambio de la adjudicación a empresarios de contratos públicos. Tras figurar inicialmente como investigados, de esta pieza quedaron fuera los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González. Además de Granados, el proceso, cuya instrucción acabó el 25 de enero de 2022, se dirige entre otras personas contra el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.

'Caso Lezo': sin un juicio celebrado nueve años después

El día 15 de julio de 2016, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional abrió diligencias como consecuencia de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Desde el 11 de mayo de 2017, se han llegado a abrir hasta ocho piezas separadas (en dos de ellas, la de la financiación irregular del PP madrileño y la relativa a Mercasa, se ha inhibido a favor de otros casos), pero todavía no se ha celebrado ningún juicio. Ignacio González figura como uno de los principales imputados de la causa, que investiga el presunto pago de mordidas a través de la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II.

Hay tres juicios fijados, que coinciden con las principales piezas. Son las relativas a la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa por el Canal con un sobreprecio cercano a los 30 millones de euros (la vista será del 7 de septiembre de 2026 al 10 de octubre de 2026); la que se refiere a la adquisición de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal (del 12 de enero de 2027 al 4 de febrero de 2027); y la que versa sobre la adjudicación y gestión del campo de golf del Canal Isabel II (fijado para septiembre de 2027). González se sentará en el banquillo por el primero y el tercero.

Otras dos piezas están pendientes de que se fije la fecha del juicio: la relativa a la adjudicación en 2007 del proyecto de cercanías Móstoles-Navalcarnero (en la que también está procesado González) y otra relativa al blanqueo de capitales. Por último, la instrucción de la pieza sobre el presunto pago de mordidas de directivos de OHL a funcionarios públicos para obtener adjudicaciones está finalizada. Según la compañía, en dicho auto, que cierra la instrucción y que abre la fase de juicio oral, "no se dirigen actuaciones frente a la sociedad dominante".

'Operación Kitchen': casi cinco años de espera para el juicio

El 7 de noviembre de 2018, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, Manuel García Castellón, abrió la llamada pieza siete en el marco del caso Tándem a instancias de la Fiscalía. Es la conocida Operación Kitchen, la presunta trama de espionaje urdida en el seno del Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy para arrebatar pruebas comprometedoras para el PP tras el estallido de los papeles de Bárcenas.

El 21 de julio de 2021, el juez procesó al exministro Jorge Fernández Díaz y su cúpula por el espionaje a Bárcenas y archivó la causa contra María Dolores de Cospedal, la ex secretaria general del PP. No obstante, el auto de apertura del juicio oral no se dictó hasta el 13 de octubre de 2023. El juicio comenzó el pasado mes de abril y está previsto que termine a lo largo de este mes. 

En un reciente auto, el juez Antonio Piña ha acordado, en el marco de la pieza 34 de esta causa, requerir a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que "identifique si entre el material incautado" a Villarejo hay grabaciones "con contenido que pueda aportar indicios de criminalidad en las conversaciones sostenidas" por el comisario jubilado "con la Sra. Cospedal o el Sr. López", en referencia a su exmarido, Ignacio López del Hierro. En ellas se evidencia que la exdirigente popular conocía la Operación Kitchen y apunta a Rajoy.

En cuanto a la macrocausa de la que dimana esta pieza, el conocido como caso Villarejo, la investigación judicial comenzó el 26 de octubre de 2017. Dividida en al menos 47 piezas, hasta la fecha, la Sección 4 Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado nueve sentencias, que corresponden a 11 piezas. La primera (24 de julio de 2023), correspondiente a las piezas Iron-Land-Pintor, acabó con la condena a Villarejo a 13 años de prisión. En la última, el pasado 5 de mayo, el excomisario ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por el robo del móvil a Dina Bouselham en noviembre de 2015, que por entonces era asesora del ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Caso del novio de Ayuso: a la espera del juicio tras 10 meses

El 22 de marzo de 2024, el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid abrió causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros y servirse para ello de una trama de facturas falsas.

La instrucción finalizó el 29 de mayo de 2025, apenas unos días antes de que el Tribunal Supremo dejara al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a un paso del banquillo. El motivo bebía de la investigación a la pareja de la expresidenta madrileña: la emisión de una nota de prensa con la que quiso desmentir el bulo de que era la Fiscalía la que pedía un pacto al novio de Ayuso y que después por órdenes de arriba lo tumbó.

El pasado 22 de septiembre, la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, abrió juicio oral contra el empresario. Casi diez meses después, la causa está a la espera de que se fije la fecha de la vista oral (se prevé que sea después de las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027). Amador será juzgado por dos delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

Por otro lado, el 23 de octubre de 2024, este mismo juzgado abrió una pieza separada para investigar la relación de González Amador con el Grupo Quirón. La causa, "paralizada" –según denuncian las acusaciones populares– versa sobre el presunto soborno de la pareja de Ayuso a un directivo del Grupo Quirón en el contexto de la comisión de dos millones de euros obtenidos por la intermediación en la compraventa de mascarillas durante la pandemia.

'Caso Montoro': más de ocho años de instrucción

La presunta trama de favores fiscales a empresas, sobre todo gasísticas, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda con Mariano Rajoy, comenzó a investigarse por el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona el 2 de junio de 2018. Sin embargo, no se supo de su existencia hasta el 19 de junio de 2025, cuando se levantó el secreto de sumario.

El pasado mes de enero, el juez Rubén Rus acordó ampliar la investigación hasta el 26 de julio de este año, sin perjuicio de que haya nuevas prórrogas, a la espera de recibir nueva documentación solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, como las "hojas registrales completas, memorias y las cuentas anuales entre 2008 y 2025" de Equipo Económico, el despacho protagonista de la presunta trama, y de las sociedades Global Afteli SL, la actual propietaria de Equipo Económico, y de Montoro y Asociados.

LAS CAUSAS DEL PSOE

En lo que respecta al partido de Pedro Sánchez, Público ha analizado el desarrollo de las cinco causas judiciales que han afectado al PSOE y al Gobierno en los últimos años, siendo el principal caballo de batalla de la derecha contra el presidente del Ejecutivo. Además de la causa de los ERE.

'Caso ERE': dos años desde la instrucción hasta el juicio de la 'pieza política'

El 19 de enero de 2011 nació en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el caso sobre el fraude de los ERE de Andalucía, que investigó el uso de fondos públicos para beneficiar a afines al PSOE. No fue hasta julio de 2014 cuando la entonces jueza instructora, Mercedes Alaya, elevó una exposición razonada al Supremo para investigar a varios aforados, entre los que se encontraban los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En febrero de 2015, el Alto Tribunal les citó a declarar como imputados, pero su renuncia en junio como diputado y como senador autonómico, respectivamente, obligó a devolver el asunto al juzgado de instrucción sevillano.

El 17 de noviembre de 2015, la entonces titular del juzgado, María Núñez Bolaños, decidió abrir la pieza separada del conocido "procedimiento específico" de los ERE, también llamada pieza política. El 31 de mayo de 2016 se acordó el procesamiento de Chaves y Griñán, y el 3 de noviembre del mismo año se les abrió juicio oral.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla sentó en banquillo, entre otros dirigentes, a los dos expresidentes desde el 13 de diciembre de 2017 hasta el 17 de diciembre del año siguiente. La sentencia condenatoria llegó casi un año después de que el juicio quedara visto para sentencia, el 19 de noviembre de 2019. El 26 de julio de 2022, el Supremo confirmó las condenas. Si bien, el 16 de julio de 2024, el Tribunal Constitucional las anuló.

Otra cuestión son los tiempos de las decenas de piezas que no afectaban a Chaves y Griñán. Según informan fuentes del TSJA a Público, a fecha 24 de abril de 2026 había un total de 57 piezas separadas del caso ERE en trámite en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, de los que 36 se encuentran en fase de instrucción de diligencias previas y los 21 restantes en fase intermedia tras haberse dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Además, hay un total de 76 piezas separadas del caso terminados por elevación a la Audiencia Provincial de Sevilla para enjuiciamiento. De estas piezas, hasta ahora, se han juzgado y cuentan ya con sentencia 31 piezas en total.

'Caso Begoña Gómez': apertura del juicio oral en poco más de dos años

El 16 de abril de 2024, el juez Juan Carlos Peinado inició la investigación judicial contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, a raíz de una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, basada en recortes de prensa.

Tras una excéntrica instrucción, cargada de correcciones por parte de órganos superiores, el titular del Juzgado de Instrucción 41 Madrid propuso el pasado 11 de abril de 2026 llevar a juicio a la mujer del líder del Ejecutivo; a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Poco más de dos meses después, en un polémico auto fechado el 20 de junio de este año, el instructor les envió a un juicio con jurado.

Salvo que lo impida la Audiencia de Madrid, Gómez y Álvarez se sentarán en el banquillo por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Al empresario Juan Carlos Barrabés, a quién Peinado imputó en el marco de una pieza separada –abierta el 18 de junio de 2026–, se le acusa de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares. En un reciente escrito, la Fiscalía ha pedido la absolución de los acusados.

'Caso David Sánchez': juzgado en dos años

El juicio contra David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, por las presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, quedó visto para sentencia el pasado 9 de junio. La causa, abierta el 30 de mayo de 2024 por el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, también partió de una denuncia de Manos Limpias. Se fundamentó en recortes de prensa y en una acusación falsa sobre un presunto enriquecimiento, al atribuirle un incremento patrimonial de un millón y medio de euros. La UCO desmintió este extremo al constatar que en sus cuentas bancarias no existía esa cantidad, sino 71.000 euros en acciones.

La instrucción culminó un año después de abrirse, el 28 de abril de 2025, y a pesar de que la denuncia inicial de Manos Limpias fue perdiendo fuelle a medida que avanzaban las pesquisas de la UCO. Si bien, la jueza ordenó hasta tres registros en la Diputación de Badajoz para requisar correos electrónicos relacionados con la convocatoria de la plaza en cuestión (la UCO analizó 56.000 mails). El 22 de mayo del año pasado, la magistrada, en contra del criterio de la Fiscalía, dictó el auto de apertura del juicio oral, aunque la causa llegó a juicio por unos hechos distintos a los que motivaron el inicio de las pesquisas: la sospecha de que su puesto fue creado "con la finalidad de ser adjudicado" a David Sánchez.

Caso del fiscal general: juicio en poco más de un año

La causa que acabó en la condena inédita al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se remonta al 7 de mayo de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptó investigar la querella presentada por Alberto González Amador contra los fiscales Pilar Rodríguez y Julián Salto por presuntas filtraciones a la prensa de su causa por fraude fiscal.  

Pero, sin duda, dio un salto cualitativo cuando el Alto Tribunal abrió causa contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos el 16 de octubre del mismo año a raíz de la exposición razonada enviada por el instructor del TSJM, y de las querellas y denuncias presentadas por el novio de Ayuso y el Colegio de Abogados de Madrid.

Al tratarse del Supremo, órgano que principalmente resuelve en casación y apenas instruye causas judiciales (solo las relacionadas con aforados), la causa corrió como la pólvora: el 9 de junio de 2025 se dictó auto de procesamiento y el 9 de septiembre se abrió juicio oral, que se celebró en noviembre del mismo año. El fallo condenatorio se avanzó el 20 de noviembre y no fue hasta el 9 de diciembre, 19 días después, cuando la Sala Segunda del Supremo hizo pública la sentencia, que contó con el voto particular de dos magistradas.

'Caso Koldo': juicio a Ábalos en menos de un año y medio 

Algo similar ocurrió con una de las piezas del caso Koldo, la llamada causa especial por la compra de mascarillas durante la pandemia. El caso, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, se abrió el 8 de septiembre de 2023. Si bien, la Sala de lo Penal del Supremo abrió una pieza separada el 5 de noviembre del año siguiente contra el exministro José Luis Ábalos, por entonces diputado (y aforado), su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Prácticamente un año después, el 3 noviembre del 2025, el juez instructor, Leopoldo Puente, les dejó a un paso del banquillo y casi un mes después (11 de diciembre), abrió juicio oral contra los ahora condenados, que se celebró desde abril hasta junio del presente año.

La sentencia del caso mascarillas, dada a conocer el pasado 22 de junio, ha convertido a José Luis Ábalos en el exministro con la mayor condena por corrupción de la democracia. La Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó al exdirigente socialista a 24 años y tres meses de prisión. Muy cerca se sitúa su exasesor ministerial Koldo García, condenado a 19 años y ocho meses. Y, muy por detrás, el empresario Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio, pero que no ingresará en prisión ni devolverá los 3,7 millones de las comisiones por el pelotazo de las mascarillas.

El resto de la investigación continúa en el citado juzgado de la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno investiga en piezas separadas el presunto amaño de obras públicas, los pagos en metálico del PSOE y la compra de material sanitario en Canarias y Balears.

OTRAS CAUSAS

'Caso Neurona': todo archivado después de tres años y cinco meses

El 12 de diciembre de 2023, el magistrado Juan José Escalonilla archivó de manera definitiva el caso Neurona contra Podemos. El titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid abrió la investigación el 16 de julio de 2020 a raíz de la denuncia del abogado despedido de formación morada José Manuel Calvente.

Aunque el letrado declaró ante el juez que su conocimiento de parte de los hechos que denunciaba procedía de "rumores a nivel de militancia", el magistrado no cejó en su empeño para investigarlos, desplegando una amplia cartera de diligencias. 

La causa, que se llegó a desgajar en siete piezas separadas, fue perdiendo fuelle a medida que iban llegando los archivos. Los más sonados se produjeron el 12 de enero del 2022, con la línea relativa a la presunta caja B de Podemos, mientras que el del caso niñera llegó el 22 de julio de 2022. La pieza principal fue la última en cerrarse tres años y cinco meses después del inicio de la investigación. Era la relativa al contrato con la consultora mexicana Neurona, en la que estuvieron imputados por presunto delito electoral Podemos; su responsable de finanzas, Daniel de Frutos; su director de comunicación, Juan Manuel del Olmo; y el cofundador del partido Juan Carlos Monedero.

'Tarjetas black': dos años hasta el juicio

Tras dos años de diligencias, el juicio por el uso de tarjetas opacas de Caja Madrid comenzó el 26 de septiembre de 2016. Esta causa dimanó del caso Bankia, que se judicializó el 4 de julio de 2012. El 8 de octubre de 2014, a raíz de un informe de la Fiscalía Anticorrupción remitido días antes, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abrió una pieza separada para investigar el uso de tarjetas de crédito, opacas al fisco, por parte 86 directivos de Caja Madrid, que las utilizaron sin control alguno hasta gastar 12 millones de euros en nueve años.

La sentencia llegó el 23 de febrero de 2017, condenando por delito continuado de apropiación indebida a los 65 acusados que utilizaron las tarjetas. La Sección Cuarta fijó las penas más elevadas para los dos expresidentes ejecutivos Miguel Blesa (seis años) –ya fallecido–, de Caja Madrid, y Rodrigo Rato (cuatro años y seis meses), de Bankia.

En el caso de este último, el 10 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo confirmó la condena de quien fuera vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda con José María Aznar.

'Caso Pujol': 13 años entre el inicio de la instrucción y el juicio

Las diligencias que dieron lugar al caso Pujol se abrieron el 28 de diciembre de 2012 a raíz de la denuncia presentada por María Victoria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito de la familia. El 29 de julio de 2014, el juez Pablo Ruz citó como imputado al primogénito de la familia y a su esposa, Mercé Gironés Riera.

La imputación del expresident de la Generalitat Jodi Pujol Soley y de su esposa, Marta Ferrusola, no llegó hasta diciembre de 2015. Cinco años después, el magistrado de la Audiencia Nacional José de La Mata dictó el auto de procedimiento abreviado, en el que propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental. 

Desde que se emitió el auto de apertura de juicio oral (16 de junio de 2021) hasta el inicio de la vista oral, en noviembre de 2025, transcurrieron casi cuatro años y medio. El juicio, en el que el expresident quedó eximido por demencia, quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo.

Es decir, en este procedimiento  también se produjo una enorme dilación, igual que con algunas causas contra dirigentes del PP.

'Caso Nóos': cinco años y medio hasta el juicio

El caso Nóos pasó a la historia por ser la causa que sentó en el banquillo a una infanta. Proviene del caso Palma Arena, iniciado en agosto de 2008. Esta pieza separada número 25 se abrió el 22 de julio de 2010. Casi cuatro años después, el juez José Castro, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, dio el paso previo para llevar a la infanta Cristina a juicio (25 de junio de 2014), una pretensión que se materializó el 22 de diciembre de 2014, dos días antes de que el rey Felipe VI pronunciara su primer discurso de Navidad. 

La vista oral arrancó en enero de 2016 y finalizó en junio del mismo año. La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma fue dictada en fecha 17 de febrero de 2017. La hermana del rey fue absuelta de la acusación de cooperadora en delitos fiscales que pesaba sobre ella, mientras que su entonces marido, Iñaki Urdangarin, fue condenado a seis años y tres meses de prisión. El 12 de junio de 2018, el Supremo confirmó su condena.