La instrumentalización de la justicia anuncia cambios sociales relevantes porque pone en evidencia la existencia de un poder acorralado
JORDI NIEVA FENOLL
Hay una constante histórica de la que nadie parece ser demasiado
consciente. Igual que los descensos repentinos en las bolsas acostumbran a
anunciar una inminente recesión, cuando en un Estado algunos de sus jueces se
han dedicado a hacer lawfare, es decir, a prevaricar para defender
una opción política, y lo practican con inusitada frecuencia o al menos en
casos relevantes, se ha producido, tarde o temprano, una reacción popular que,
de un modo u otro y con más o menos sinsabores, ha provocado un cambio de
régimen, e incluso a veces un cambio de época. Igual que con la caída de los
valores bursátiles, hay excepciones y también otros factores que a veces acaban
siendo preponderantes en el cambio. Sin embargo, la degradación de la confianza
ciudadana en una Justicia que, incluso, se había llegado a admirar, no parece
ser irrelevante para el devenir histórico.
Ha ocurrido demasiadas veces como para no prestarle atención al fenómeno.
Dejando al margen la represión judicial propia de las dictaduras, en las que el
juez sólo es una pieza sumisa del sistema autoritario, tal vez el ejemplo
científicamente más evidente es el acaecido en el siglo XVII en Inglaterra.
Hubo algún rey que, interesado en mantener su poder por diferentes razones
–económicas, sobre todo–, se dedicó a utilizar a sus jueces para encarcelar o
eventualmente ejecutar a rivales políticos con pretextos que podían parecer
legales, pero que a ojos de todos no lo eran, tampoco a los ojos de las propias
leyes. Cuando, tras esos excesos, en 1645 fue decapitado el principal
responsable de los abusos, Carlos I, se abrió un periodo
republicano-dictatorial. Poco después volvió la monarquía, pero en 1688, Jacobo
II –tras algún otro caso sonado de lawfare– fue expulsado del
trono; el Parlamento obligó entonces al que fue nuevo rey –de otra dinastía– a
acatar un documento –Bill of Rights– que es el origen de la monarquía
parlamentaria y hasta de los catálogos de derechos fundamentales que hoy
adornan la enorme mayoría de Constituciones del mundo. Sobrevino, por tanto, un
cambio de época.
Lo mismo sucedió con otro asunto algo más conocido: el caso Dreyfus. Fue en
la Francia posterior a la derrota en la guerra franco-prusiana (1871), que
había propiciado el fin de la monarquía y, por tanto, una nueva República, la
Tercera, que no se acababa de asentar por culpa, sobre todo y como suele
suceder, de las resistencias de los antiguos sectores de poder monárquicos. En
ese ambiente, ya a finales del siglo XIX, el caso citado inculpó a un militar
judío alsaciano –Dreyfus– que había optado por ser francés, y no alemán, tras
la guerra. Pero ese acto de patriotismo no le salvó de ser condenado por un
delito de traición que no había cometido, cargando con la responsabilidad del
auténtico culpable: un francés de origen, con líos de faldas, que era protegido
por amplios sectores del ejército, predominantemente monárquicos. El caso,
nuevamente, propició varios procesos judiciales ficticios para encubrir lo que
no era sino una operación de corrupción al más alto nivel. Sufrieron
persecución judicial varios inocentes, entre ellos Émile Zola, que denunció el
escándalo aprovechando su fama literaria, y que acabó exiliado y –todo apunta a
que– asesinado por ello. No fue en balde. El sacrificio de Zola asentó la
Tercera República y su defensa empeñó a la ciudadanía francesa en la Primera
Guerra Mundial, que la ganó. Sin el cambio de época que propició el caso
Dreyfus, quién sabe si los sectores monárquicos del ejército, borrachos del
habitual e inútil patrioterismo de los reaccionarios, hubieran perdido
nuevamente la contienda, como ya había sucedido en 1871. Pero se trataba de
defender una República como la francesa, un ejemplo de libertades para el
mundo.
Sócrates fue obligado al suicidio tras un proceso en el que se
practicó lawfare. El jurado, compuesto por numerosos jueces, había
sido predispuesto para condenarle. La campaña de desprestigio del maestro la
organizaron quienes recelaban de la libertad que enseñaba Sócrates, tan alejada
de los modelos predemocráticos de la antigua Atenas que, muy probablemente,
todavía luchaban por mantenerse. Finalmente, sólo consiguieron que la ejecución
de Sócrates pusiera en valor las ideas de su discípulo Platón, y que un
discípulo de este último, Aristóteles, fuera el preceptor de Alejandro Magno.
Sus brutales conquistas asentaron el cambio de época que anunció el proceso
contra Sócrates. Sus ideas se difundieron por el mundo con tal fuerza que hoy
se sigue leyendo a Platón y a Aristóteles y, de hecho, buena parte de sus ideas
políticas siguen estando en la base de nuestras actuales democracias.
Se podrían poner ejemplos todavía más conocidos, como el proceso a Jesús,
que también fue puro lawfare y que propició el nacimiento de
una religión masiva que persiste dos mil años después. O la condena a un Fidel
Castro, entonces libertario, que afirmó al final de su proceso que la historia
le absolvería, lo que no ha sido cierto, pero sí que se produjo un innegable
cambio de época en Cuba cuyas repercusiones han llegado hasta nuestros días.
La clave que explica por qué el lawfare acaba –casi–
siempre mal para sus promotores es relativamente sencilla, y quizás nada la
ilustre mejor que aquel Gadafi acorralado que, poco antes de su linchamiento,
pronunció un discurso televisado blandiendo ridículamente el código penal en
una mano, amenazando con la persecución judicial a los que se rebelaran a su
criminal autoridad. El lawfare es aquello a lo que los
poderosos recurren prioritariamente cuando se sienten amenazados. Y acaba mal
porque aquellos que utilizan la represión para mantener su poder, se han
alejado tanto de la noción de justicia percibida mayoritariamente, de un modo u
otro, por el pueblo, que acaban siendo engullidos por él, en las urnas o en revoluciones.
Si esos farsantes no consiguen legitimar propagandísticamente su poder,
el lawfare fracasa. La sociedad, ese conjunto de seres
humanos, necesita confiar en la justicia para aceptar que otro ser humano, el
juez, pueda tener la última palabra en un conflicto. Si esa confianza se rompe,
cae el poder ilegítimo que trató de defenderse desesperadamente a través
del lawfare. Y no es fácil que los jueces ganen una batalla
propagandística. A diferencia de otros resortes de poder, están obligados a
motivar detalladamente sus resoluciones, lo que les pone en evidencia cuando se
descubre la pobreza de los argumentos que siempre adorna cualquier sentencia
injusta, por muchos esfuerzos retóricos que haga su lamentable redactor.
En todo caso, no es conveniente hacer de profetas. El lawfare anuncia
cambios sociales relevantes porque hace evidente la existencia de un poder
acorralado. Pero esos cambios suelen demorarse en el tiempo. El proceso a Jesús
no acabó, ciertamente, con las jerarquías judías en Israel, sino en Roma unos
cuarenta años después. Pero la desproporcionada forma de reaccionar de aquellas
jerarquías frente a alguien cuya única arma era la palabra, sí que anunció la
crisis de su poder, que se extinguió décadas después. Sería positivo tenerlo en
cuenta, sobre todo cuando se utiliza políticamente el tremendo poder de los
jueces e incluso se banalizan algunas de sus condenas injustas.