Comentario: Cada día que pasa estoy más convencido de que Pedro Sánchez es el mejor Presidente del Gobierno que ha tenido España en toda la Democracia, aunque lo de Democracia no esté demasiado claro.
La actitud del gobierno genocida de Israel contra España demuestra que el país se ha colocado en el lado correcto de la historia
La reciente escalada diplomática entre Israel y España no es un episodio
aislado ni una simple fricción entre gobiernos. Es, en realidad, el reflejo de
una fractura más profunda que atraviesa el sistema internacional contemporáneo:
la tensión entre el respeto al derecho internacional y la impunidad de quienes
lo vulneran de forma sistemática. En ese contexto, las acusaciones del primer
ministro Benjamín Netanyahu contra el Gobierno de Pedro Sánchez deben leerse no como una advertencia
diplomática legítima, sino como un intento de intimidación frente a una
posición que, por primera vez en mucho tiempo, sitúa a España del lado correcto
de la historia.
La expulsión de representantes españoles del Centro de Coordinación Civil y
Militar y las amenazas veladas de que España “pagará un precio” no hacen sino
confirmar una deriva preocupante del Ejecutivo genocida israelí. No estamos ante un simple desacuerdo político, sino ante la
reacción de un gobierno que actúa con lógica de excepción permanente,
que desacredita cualquier crítica y que pretende convertir el silencio
internacional en condición de normalidad.
El núcleo del conflicto es evidente: la denuncia por parte de España de las
violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza y en Líbano. Frente a
ello, la respuesta israelí ha sido elevar el tono, acusar de “guerra
diplomática” y tratar de deslegitimar a quien cuestiona sus acciones. Sin
embargo, cuando la crítica a un Estado se basa en hechos documentados y en
principios jurídicos universales, no puede ser reducida a una maniobra hostil.
Pedro Sánchez ha instado a la Unión Europea
a suspender el acuerdo de asociación con Israel por
lo que ha calificado como violaciones “flagrantes” del derecho internacional.
Esta posición, lejos de ser radical, se inscribe en el marco de las
obligaciones internacionales de los Estados y en la defensa de un orden basado
en normas. En este sentido, la reacción de figuras como Gideon Saar o Amichai
Chikli, con descalificaciones personales y acusaciones desmedidas, evidencia
una estrategia de confrontación que busca desplazar el debate del terreno
jurídico al emocional.
Pero lo que está en juego trasciende el intercambio de declaraciones. La política del actual gobierno israelí ha sido calificada por
numerosos observadores internacionales como una deriva hacia prácticas que
pueden encajar en la categoría de crímenes de lesa humanidad, y cada
vez más voces la señalan abiertamente como una acción de carácter genocida. En
ese marco, el intento de presentar cualquier crítica como antisemitismo o
alineamiento con el terrorismo constituye una distorsión peligrosa del debate
público.
España, en este escenario, ha optado por una posición que no es cómoda ni
exenta de costes diplomáticos. La reapertura de su embajada en Irán, el
respaldo a soluciones negociadas y la insistencia en el respeto al derecho
internacional configuran una política exterior que se aparta de la lógica de
bloques y apuesta por la coherencia normativa. Esa
coherencia es precisamente lo que provoca la reacción airada de un gobierno que
no tolera límites a su actuación.
El significado de este episodio es claro: frente a la intimidación y la
presión, la defensa de los principios democráticos y del derecho internacional
no solo es necesaria, sino motivo de orgullo colectivo. En un
momento en que muchas democracias optan por la ambigüedad o el silencio, la
posición española adquiere un valor simbólico que va más allá de la coyuntura.
La reacción del gobierno de Israel, lejos de debilitar esa posición, la
refuerza. Porque cuando la crítica se responde con amenazas y
descalificaciones, queda en evidencia quién defiende el derecho y quién
pretende situarse por encima de él. En esa línea divisoria, España
ha decidido no ser neutral. Y esa decisión, en sí misma, es motivo de orgullo.
