El vídeo de la agresión a dos militantes de izquierdas en Oviedo la pasada
semana no dejaba lugar a dudas sobre el carácter fascista de la misma. Los
gritos de los atacantes y las víctimas seleccionadas enmarcaban la paliza en un
clima de señalamiento y una reiteración de los discursos de odio que la derecha
está llevando a cabo desde hace tiempo contra diferentes colectivos, entre
estos, sus opositores políticos como Rubén y Fernando. Las palabras del alcalde
de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, quitando hierro al asunto, pidiendo
conocer la versión de los agresores y criminalizando a las víctimas,
confirmaban la complicidad de la derecha en el auge de la violencia fascista
que estamos viviendo.
Esta agresión estaba grabada, pero son muchas las que no se han podido
documentar más allá de los partes de lesiones y los relatos de las víctimas.
Pero incluso existiendo pruebas gráficas, algunos de estos episodios violentos
no son ni siquiera sancionados o, por el contrario, acaba siendo la víctima la
que es investigada. Es lo que sucedió en Granada con el ataque con armas
prohibidas de un grupo de seguidores de Vox contra una manifestación antifascista,
ante las narices de la policía y con varias cámaras grabando. Los ultras
rompieron el cordón policial y atacaron con porras extensibles a los
manifestantes, mientras la policía cargaba también contra los antifascistas
sumándose a la embestida. El resultado fue la imputación de cuatro
manifestantes de izquierdas y el archivo de la causa contra los fascistas que
rompieron la línea policial y usaron armas contra ellos.
Unos días antes, varios reporteros de la televisión pública eran una vez
más rodeados, insultados y agredidos por algunos asistentes a las
manifestaciones ‘por Ceuta’ en varias ciudades. De nuevo ante las cámaras y
ante la pasividad de la policía, que ni identificó ni detuvo a nadie in situ.
La derecha lleva meses señalando a RTVE y a sus trabajadores, y luego los
ultras actúan violentamente contra ellos.
Lo mismo sucedió en Barcelona durante el acto de los ultraderechistas de
Aliança Catalana el día previo a la Diada, donde un Mosso d’Esquadra lanzó al
suelo al fotoperiodista Jordi Borràs, momento que fue aprovechado por varios
asistentes al acto para patearlo en el suelo. Ni un detenido. Fue Jordi quien
fue arrastrado y separado de los agresores, mientras estos permanecieron allí
sin que ningún agente, al menos, les pidiese la documentación. Jordi, que lleva
años retratando con su cámara y sus libros a la extrema derecha global, sabe
que está en su punto de mira. Ha recibido infinidad de amenazas de muerte, y en
2018 fue agredido por un agente de la Policía Nacional de paisano al grito de ¡Arriba
España! El agente fue condenado por ello y hoy, además de haberse unido a
Vox, sigue insultando y amenazando por redes.
Han pasado varias semanas desde que vimos en directo en varios medios como
una turba de racistas asaltaba el precario campamento en el que malviven las
personas migrantes en una playa de Ceuta. A cara descubierta y delante de la
policía. ¡Hay que cazarlos! Había dicho José María Figaredo, diputado de
Vox, días antes sobre las personas migrantes. No sabemos si la policía ha
detenido a alguno de estos asaltantes, pero allí, in situ, se limitó a
apartarlos del lugar sin demasiado entusiasmo.
Esta semana, la compañera de elDiario, Gabriela Sánchez, documentaba
las agresiones que varios migrantes habían denunciado en Ceuta llevadas a cabo
por militares del Ejército español. Uniformados que realizan cacerías
nocturnas, en las que se retenía, se humillaba, se agredía y se robaba a estas
personas en situación precaria, algunos de ellos menores de edad. Ceuta es
ahora mismo una zona gris donde estas personas atrapadas, sin ningún tipo de
seguridad jurídica, están a merced de los sádicos, los racistas y los caraduras
que se aprovechan de su vulnerabilidad y de unas instituciones que, sabiendo
que esto ocurre, lo esconden bajo la alfombra, miran hacia otro lado o anuncian
investigaciones internas que nunca trascienden.
Estos son solo algunos de los ejemplos recientes, tan solo una parte de la
infinidad de abusos y agresiones que se producen semanalmente contra aquellos
que previamente son señalados por la ultraderecha. Toda esta violencia
reiterada a la que estamos asistiendo no es fruto de lo que algunos se empeñan
en llamar ‘polarización’, una palabra que sugiere la existencia de dos polos
opuestos en disputa, y que más allá de estos existe un centro virtuoso y
equidistante que es víctima del empeño y la radicalidad de ambos extremos. El
problema de la violencia fascista, racista y de odio no es la existencia ni la
acción de quienes la combaten, sino la complicidad de quienes la alientan con
sus discursos de odio y la banalizan cuando sucede. De quienes, teniendo la
capacidad y la obligación de actuar, no lo hacen o no se esfuerzan demasiado
por hacerlo. No es un problema solo de la existencia de una masa fascista
empoderada y bien respaldada, sino de unas instituciones incapaces o
indolentes.
Ante esta escalada de violencia y la sensación de impunidad, nos
preguntamos qué vamos a hacer. Cómo debemos actuar más allá de la denuncia y el
lamento, de señalar a los culpables, a los autores y a los promotores, cuando
las instituciones dejan de ser un dique contra la violencia y se perciben como
inoperantes o cómplices. Porque más allá de que detenga y juzgue a los
culpables de un hecho concreto, la seguridad de quienes son señalados
reiteradamente está en riesgo cada día, en cada rincón del país, comprometida
por quienes han hecho del odio y de su impunidad su negocio político.
Lejos de amilanarse, hay un sector social que ha decidido poner el cuerpo.
Estos últimos años, el antifascismo ha resurgido en las calles, ha movilizado a
miles de personas contra los actos de la extrema derecha y su violencia, y ha
recibido, como siempre, su dosis de palos, detenciones y juicios por ello.
Muchos de los que participan en estas protestas son jóvenes, muchos más que los
chavales que secundan las marchas y algaradas ultras, pero de ellos se habla
poco. El relato de que la juventud se ha vuelto reaccionaria se desmonta
asistiendo a cualquier protesta antifascista, comparando quienes hay en cada
lado. En estos casos, vuelve el relato mediático de los dos extremos. No hay
opción entonces. Nos quejamos de que los jóvenes se vuelven fachas, y criminalizamos
a los que toman partido y se oponen a ellos.
¿Qué vamos a hacer ante el avance y la violencia del fascismo? Es una
pregunta qué debemos hacernos todos y todas, que nos interpela como sociedad,
nos saca de la comodidad y nos obliga a tomar partido más allá de los tuits y
los votos. La ofensiva ultraderechista triunfa cuando la mayoría delega en
otros su responsabilidad, que podría salvar derechos y vidas. Cuando el virus
está dentro, y son funcionarios, jueces, fiscales, policías y militares quienes
participan de la ofensiva ultra, el asunto aterriza ya en lo doméstico y lo
cotidiano, nos interpela ya personalmente, porque nadie nos va a salvar. El
Gobierno lo sabe, pero no actúa. El miedo, piensan, también puede movilizar a
los suyos. Y eso es una temeridad que pagan cara quienes más se exponen, quienes
más lo sufren.
¿Qué vamos a hacer? Cada uno puede y debe responder a esa pregunta si
de verdad le preocupa el futuro que plantea la extrema derecha. Mirando a su
alrededor, detectando donde se cuela el discurso e interviniendo donde se
pueda. Que cada uno haga lo que pueda, pero que haga algo. Si no asumimos ya
esa responsabilidad, si confiamos en que otros lo solucionen, viendo el papel
que están jugando hoy las instituciones, después será demasiado tarde.