05/08/2026 - SÁNCHEZ, FEIJÓO Y AYUSO, CÓMPLICES DE UN ROBO DE 3.500 MILLONES A LOS TRABAJADORES

El presidente del Gobierno se jacta de datos del mercado laboral manipulados, Feijóo ataca a los trabajadores por ponerse de baja, Ayuso solo defiende a los empresarios, pero ninguno denuncia el robo de 3.500 millones de euros, por lo que son cómplices

José Antonio Gómez

Hay abusos laborales que no hacen ruido porque han sido normalizados por los políticos durante años. Las horas extraordinarias no pagadas son uno de ellos. Cada semana, según el informe del Gabinete Económico de CCOO, 436.000 asalariados realizan 2,54 millones de horas extra que no se remuneran ni se compensan con descanso. Es una cifra escandalosa por sí sola, pero todavía más reveladora si se lee con atención política: equivale a 68.000 empleos a jornada completa que podrían haberse creado y no se crearon porque una parte del empresariado prefiere exprimir a su plantilla antes que contratar. Y frente a ese robo sistemático, el silencio de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso no es neutralidad: es complicidad.

No se trata de una metáfora exagerada. Se trata de un mecanismo de transferencia de renta desde el trabajo hacia el capital que funciona a plena luz del día, amparado muchas veces por la debilidad de la Inspección, por la cultura de la impunidad y por una tolerancia política que oscila entre la indiferencia y el cinismo. Las horas extra no pagadas no son una anécdota de oficina ni un desajuste menor de jornada. Son una forma de explotación con efectos directos sobre el salario, las cotizaciones, las pensiones futuras y los ingresos públicos. CCOO calcula que el coste total de esta práctica asciende a 3.378 millones de euros anuales entre salarios, cotizaciones sociales e impuestos que los empresarios dejan de abonar. En otras palabras: una exacción silenciosa que se lleva por delante recursos que deberían sostener el sistema común.

La magnitud del problema se entiende mejor cuando se desciende al detalle humano. De media, cada persona afectada realiza 5,8 horas extraordinarias no remuneradas a la semana. Eso equivale a 7.696 euros al año en salarios y cotizaciones que nunca llegan a su bolsillo ni a su futura jubilación. Es dinero que desaparece en la contabilidad privada de las empresas, pero también en el balance social del país. Porque cada hora no pagada no es solo un ingreso retenido por el empresario: es una cotización no ingresada a la Seguridad Social, un impuesto no recaudado, una base de cálculo de pensión erosionada y un precedente más para la degradación del trabajo asalariado permitida, e incluso alentada, desde el PSOE y el PP.

Este abuso ha sido absorbido por un consenso tácito que atraviesa a buena parte del arco institucional. El Gobierno de Sánchez presume de reformas laborales, la oposición de orden económico y la presidenta madrileña de una supuesta libertad empresarial que en la práctica suele traducirse en desregulación y debilidad del control. Pero ninguno de los tres grandes nombres de la política española ha asumido este problema como lo que es: una hemorragia de derechos y recursos públicos. El silencio no corrige nada; solo consolida la idea de que el robo puede seguir siendo rentable mientras nadie lo nombre con suficiente fuerza.

La reforma laboral, presentada como el gran dique contra la precariedad, no ha resuelto esta lacra. Ha mejorado algunos indicadores formales, pero no ha desactivado la lógica que permite a una parte del tejido empresarial absorber trabajo sin pagar por él. El hecho de que el 5% de la población asalariada haga horas extra cada semana, y de que alrededor del 40% de esas horas no se paguen ni se cotizen, indica que la cultura de la jornada infinita sigue viva. En realidad, la legalidad del registro horario existe desde 2019, pero su cumplimiento efectivo continúa siendo demasiado frágil. Donde falta control, sobra abuso.

Y no estamos ante una cuestión marginal. CCOO sitúa la práctica en sectores muy concretos que revelan cuánto ha penetrado en la estructura productiva española. Educación encabeza el volumen total de horas extra no remuneradas, seguida de la industria manufacturera, las actividades profesionales y técnicas, la hostelería, el comercio y la Administración pública. En términos relativos, el abuso es especialmente alto en actividades financieras y de seguros, educación y contenidos editoriales y de producción. La imagen es perturbadora porque desmonta otro lugar común: no son solo los sectores tradicionalmente más duros los que exprimen más a su plantilla; también lo hacen ámbitos con alta cualificación, fuerte componente institucional o aparente sofisticación profesional.

Ese dato es importante porque rompe el relato de que la economía española está modernizada, digitalizada y alineada con estándares laborales europeos. Si una parte amplia de los trabajadores sigue regalando su tiempo sin remuneración, la modernización es más retórica que real, como todo lo que sale del gobierno sanchista. La lógica del control horario debería servir precisamente para cerrar esa brecha entre lo que se trabaja y lo que se paga. Pero la experiencia acumulada demuestra que el problema no es normativo; es político. La ley existe, el registro existe, la obligación de documentar la jornada existe. Lo que falta es la voluntad real de perseguir el incumplimiento con la contundencia que exige un abuso que se ha convertido en hábito.

La dimensión de clase es evidente, pero la de género lo es aún más. Aunque el informe de CCOO se centra en la explotación horaria, la realidad laboral española ha mostrado reiteradamente que la parcialidad forzada, la sobrecarga invisible y la infrarremuneración del tiempo de trabajo recaen con más peso sobre las mujeres. Las horas extra no pagadas se suman a una organización del empleo que ya castiga a muchas trabajadoras con jornadas incompletas, contratos más frágiles y menor capacidad de negociación. En ese contexto, el silencio político adquiere una tonalidad todavía más grave: no solo se tolera un abuso general, sino una forma de explotación que profundiza desigualdades de género ya estructurales.

Pedro Sánchez no puede presentarse como el presidente del trabajo digno mientras miles de personas siguen haciendo horas gratis cada semana. Alberto Núñez Feijóo no puede hablar de eficiencia empresarial y competitividad sin decir una palabra sobre el saqueo de tiempo laboral que practican demasiadas empresas. E Isabel Díaz Ayuso no puede vender Madrid como el gran motor económico de España mientras su modelo de “libertad” se apoya en demasiadas ocasiones en una cultura de impunidad frente a la jornada no pagada. Los tres, desde posiciones distintas, han preferido convivir con el problema en vez de convertirlo en prioridad política. Y eso, en la práctica, significa aceptar que una parte del trabajo siga siendo confiscada.

La cifra de 3.378 millones anuales no debería leerse solo como una pérdida para quienes trabajan. También es una pérdida para el Estado. Los empresarios dejan de abonar salarios, cotizaciones e impuestos. Es decir, se vacía una parte del sistema de protección social y se debilita la recaudación necesaria para sostener servicios públicos. La explotación laboral no solo perjudica al trabajador; erosiona la base financiera de la comunidad política. Cuando una empresa se beneficia de horas no pagadas, está obteniendo una ventaja competitiva ilegítima frente a quien sí cumple. Y cuando el sistema no corrige eso, acaba premiando a quien incumple con más audacia.

El argumento empresarial habitual es conocido: flexibilidad, picos de demanda, necesidad organizativa, responsabilidad individual. Pero esos eufemismos no resisten la aritmética del informe. Cada persona afectada trabaja de media 5,8 horas extra sin remunerar a la semana. No hablamos de una desviación ocasional ni de un pequeño desajuste de agenda. Hablamos de una economía paralela del exceso de trabajo que se ha naturalizado porque el coste de impugnarla parece alto para el empleado y bajo para el infractor. El resultado es una colonización del tiempo personal que desborda el contrato y convierte el salario en una promesa incompleta.

La política española, sin embargo, sigue instalada en otros climas narrativos. El Gobierno se concentra en el relato macroeconómico, la oposición en la crítica fiscal y la Comunidad de Madrid en la exhibición de un supuesto dinamismo empresarial. Pero ninguno de esos marcos aborda el corazón del problema: que demasiados trabajadores siguen financiando con su tiempo gratis la rentabilidad de otros. Esa omisión tiene consecuencias electorales, sí, pero sobre todo morales. Porque el Estado pierde autoridad cuando tolera que una obligación elemental, pagar el trabajo realizado, deje de ser una norma y pase a ser una opción.

La insistencia de CCOO en reforzar el control de la normativa sobre jornada no es, por tanto, un tecnicismo sindical. Es una exigencia democrática. Si el registro horario no se verifica, si la Inspección no actúa con más medios y si las sanciones no son suficientemente disuasorias, la ley se convierte en decoración. Y cuando una ley laboral se vuelve decorativa, la desigualdad se administra mediante costumbre. Esa es la verdadera amenaza: que la explotación deje de verse como abuso para ser percibida como rutina.

Las horas extraordinarias no remuneradas son mucho más que una irregularidad contable. Son una forma de robo que altera la competencia entre empresas, reduce los ingresos públicos, debilita las cotizaciones y desgasta la vida de cientos de miles de trabajadores. El informe de CCOO ha puesto números a una realidad que demasiados prefieren ignorar. Lo que sigue faltando es voluntad y altura política para convertir esos números en un conflicto de país. Y hasta que eso no ocurra, el silencio de Sánchez, Feijóo y Ayuso seguirá diciendo más sobre ellos que sobre la economía: que prefieren no tocar uno de los abusos más rentables del mercado laboral español.

 

03/08/2026 - ¡LA JUSTICIA DEL SUPREMO! ... Y OLÉ

Comentario: Disculpen que les repita este escrito de noviembre de 2025, pero releyéndolo me ha parecido muy interesante para que, tal como están las cosas en nuestro país, la gente sepa un poquito más de lo que está pasando día a día, sobre todo, en lo relacionado con la justicia, que, no lo olvide nadie, es uno de los pilares fundamentales del Estado y que, en mi modesta opinión, esta ligeramente “cascarillada” y eso afecta muy alarmantemente a la democracia convirtiéndola en una vulgar plutocracia o, si les gusta más, una miserable oligarquía que nos gobierna en la sombra a las órdenes del Banco de Santander, F. Pérez, el Ibex yanqui y algunos empresarios más de arraigo familiar.

ÁNGEL MORILLO TRIVIÑO

No es la primera vez que escribo sobre justicia, ya en el año 2014 lo hice para relatarles lo ocurrido a un servidor mediante un Procedimiento, el 195.13. Desde entonces he publicado, si mal no recuerdo, 18 escritos sobre la justicia o relacionados con ella, los dos últimos no hace mucho, en el pasado mes de septiembre (se me ha podido quedar alguno por ahí mientras veía mi relación de escritos que se aproxima ya a los 600).

 

Todos mis escritos están en mi Blog 'La Demagogia del Alacrán' (angelmorblogspot.blogspot.com) donde pueden leerlos y, posiblemente, sacar algunas conclusiones sobre la justicia española.

 

En esta ocasión, con motivo de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre el IRPH, he tenido que esperar unos días a que se me pasara la indignación por temor a decir algo más fuerte de lo normal olvidándome del vocablo "presuntamente" que me ocasionara algún trastorno indeseado, pues ya se sabe cómo funciona aquí la justicia, y la cantidad de "esbirros" con que cuenta.

 

Sin estar aún repuesto del susto sobre el IRPH, me ha llegado el otro sobresalto sobre el Fiscal General del Estado. En este país -maravilloso, dicen- uno no gana para julepes con lo que debería ser un "pilar del Estado", el Poder Judicial, pero que cada día que pasa ofrece más indicios de estar, en lugar de en la imparcialidad como Dios manda, sin la venda, en la más pura y dura arbitrariedad de la derecha política y bancaria.

 

Quizás lo que ha pasado con el "fallo" del juicio al Fiscal General nos lleve a pensar en el título de uno de mis escritos de marzo del año 2017 (hace 8 años y pico, nada menos), "golpe de Estado Judicial... y vía libre al despilfarro y la corrupción", ya que, se está dando por bueno que se indemnice a un defraudador confeso y condenando a una persona sin ninguna prueba solo por el hecho de que el "chorizo" es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y gran icono de la derecha extrema que, evidentemente, se está postulando para dirigir este país. Es decir, ¿se está dando vía libre a la corrupción? Para mí, disculpen si soy un poco agorero, esta Sra., si llega pronto a la jefatura del Estado, nos acabará de traer la poca miseria que queda por ahí, pues es una "individua" (perdón por lo de individua, pero no encuentro otro vocablo más suave) totalmente proclive a favorecer a la Gran Banca y a la Gran Empresa a costa del sudor del mundo del trabajo. Por supuesto, sin importarle lo más mínimo, la corrupción de los suyos y otras facetas propias del uso de la mandilandinga como a una vulgar moruga. ¡Señor, ten piedad!, dicen los cristianos... si llega "Isabelita".

 

Por cierto, el olé del título se debe a que la situación en la que nos estamos viendo se asemeja bastante a una ramplona "charlotada". El Supremo se ríe de los hipotecados con el IRPH descaradamente para ahorrar a la Banca 70.000 millones de euros (rescate encubierto lo llaman en la prensa libre), y se descojona condenando al Fiscal General sin pruebas. Está más que claro: "ciertos ilustres Magistrados se han quitado la venda y ven por el ojo derecho nítidamente". Buscan la llegada de la derecha extrema (la de la Dictadura de Franco) con tanto ahínco que no reparan en arbitrariedades ejemplares.

 

Me imagino a los jueces de los juzgados de los pueblos (aunque no todos, gente honrada y cabal) llorando por la noche por haber elegido una profesión llena de majagranzas, de necios, sin ninguna conciencia moral. Bueno, poco podemos hacer que no sea seguir dando la lata y tratar de convencer a los trabajadores para que den "un puñetazo encima de la mesa" y digan ¡¡¡basta ya!!! Pues da la impresión de que ocurre lo que dijo George Orwell: "El poder radica en infligir dolor y humillación". O esto otro que también dijo: "No hay delito, absolutamente ninguno, que no pueda ser tolerado cuando "nuestro" lado lo comete".

 

En fin, uno debería estar ya acostumbrado a las inmundicias del Tribunal Supremo, pues he vivido personalmente cómo tras dar por bueno la Audiencia Provincial de Badajoz y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) el don de la ubicuidad en dos personas, el Supremo ni siquiera se molestó en mirar la apelación, lo cual, viene a decir, que lo de los dioses del Olimpo hasta puede ser verdad. Y, en otra ocasión, he podido comprobar personalmente cómo a una persona que había sufrido acoso laboral con daños se le negaba la razón por parte del Supremo sin tener en cuenta los informes de dos forenses, un psiquiatra y un psicólogo, dando la razón al denunciado que solo presentó un informe de un psicólogo que, dicho sea de paso, ni siquiera conocía a la persona que había sufrido el acoso.  ¡Vaya "tela" eh!

 

A continuación, me voy a valer de algunos párrafos de mis escritos sobre la JUSTICIA para que, sobre todo, se me pase mientras tanto un poco la indignación de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el IRPH (que me afecta directamente) y el "fallo" sobre el Fiscal General, y para que vean algunas cosas de la JUSTICIA que quizás puedan ignorar:

 

"Hace ya mucho tiempo, un amigo me dijo que Jueces, Fiscales, Magistrados, Etc. Etc., solo comprendían su "razón". En buena lógica, heredada de los tiempos de la Inquisición, y que, a veces, está más presente de lo que mucha gente pueda imaginar. Es lo que servidor considera el humor negro judicial; rayando en ese chiste en el que al Médico se le cae el niño recién nacido y le dice al padre: ¡Hay que ver lo que se escurren los niños que nacen muertos! Qué mordacidad, que burla más fina, que trágala, qué abrutada. Pues así es a veces la justicia: Lo contrario de la ley, solo que ampliamente expuesto, y punto en boca. En ocasiones, demasiadas veces, una burla astuta e hipócrita que no admite impugnación".

 

"Los "grandes dioses" -a los que hacía referencia antes sobre el Supremo- están en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC), que es desde donde "gobiernan el país a su antojo", haciendo, presumiblemente (no soy letrado), de las leyes meras paparruchadas que las convierten en sus artimañas para favorecer a quien o quienes ellos quieren para mantener sus privilegios, caso del Banco de Santander, por citar solo un ejemplo de cada día. Ni que decir tiene, que para estos "dioses del Olimpo", lo que digan en Europa es pura fanfarria. A ellos, eso de la justicia europea (a la que estamos sometidos como miembros de pleno derecho de la UE) se las refanfinflan, son los que mandan en España (en la sombra, obviamente) y punto en boca".

 

"Es muy raro el día en que no aparece en la prensa (en este caso en toda la prensa, la independiente y la sometida al poder del establishment financiero y de los poderes fácticos) algo relacionado con la Justicia que llama poderosamente la atención, y no por su equidad sino por su vulgar partidismo. Nadie se explica que ciertas sentencias sean las que son cuando las cosas están más que claras y no admiten debate al ser consideradas axiomáticas; pero, "los dioses del Olimpo", no piensan lo mismo, pues por algo son "dioses" y tienen el don de la ubicuidad, que bien aplicado anula cualquier posible debate: Estaba y no estaba, quizás si estaba y no estaba, era así, pero así no era..., en fin, cosas de dioses".

 

"Lo que está quedando más que claro en este país es que el Poder Judicial ha tomado el mando y "la Orquesta" toca al ritmo que ellos le marcan".

 

"Por desgracia, "el hombre no es más que lo que la educación hace de él", que dijo Kant. Y eso, en la Justicia, le supone una gran merma de la correcta aplicación de sus derechos que es muy bien aprovechado por los listos infractores -políticos, sobre todo- y sus representantes. No hay que olvidar que somos el País que tiene más leyes y en el que menos se cumplen. La poca formación, y escasa educación -aunque parezca otra cosa- va a ser terrible si no se cambia para las generaciones futuras, pues no se van a enterar de nada y les van a tomar el pelo fácilmente..., si es que no está ocurriendo ya, que, laboralmente, me da que sí".

 

"A los jueces -no a todos, evidentemente, pero sí a muchos- les pasa lo que dijo G. Bernard Shaw: "Cuando alguien estúpido hace algo que le avergüenza, siempre dice que cumple con su deber". Y cuando eso ocurre, no es que la Justicia esté ciega, es que está "cara al sol", dijo alguien que ahora no recuerdo. O sea, cuando la Justicia, presumiblemente, está "gobernada" por un Banco (puede leer si quiere, Banco Santander), la Democracia está "secuestrada". El Gobierno es un títere de ese Banco y del Oligopolio que él mismo forma con las principales empresas del Ibex bajo la tutela de la presidenta y su familia de ese Banco. Y el partido que gobierna en coalición lo deja todo para después, caso de la derogación de la Reforma Laboral, sin enterarse de que como dijo Marguerite Duras: "Muy pronto en la vida es demasiado tarde"; o como dijo Indira Gandhi: "Cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto".

 

Y, por último: "De tal modo y manera, que los españoles (los de a pie, sobre todo; a los ricos les prescriben los delitos y a los pobres los derechos, dijo alguien) nos estamos acercando demasiado a los sinónimos de Injusticia: Favoritismo, inmoralidad, atropello, abuso, componenda, desafuero, iniquidad, privilegio, sin razón, tropelía, parcialidad, arbitrariedad, cacicadas, tiranía... hasta el punto de que hay jueces que rozan, presumiblemente, el término "hereje" o "heresiarca".

 

02/08/2026 - SÁNCHEZ HA CREADO UN INFIERNO PARA LAS CLASES TRABAJADORAS

Comentario: ¡Menos lobos!, querido director. Las clases trabajadoras no han sido engañadas por Pedro Sánchez, quienes las han engañado son eso sindicatos inservibles desde que F. González les dio los famosos cursos de formación para que se financiaran y la gallega que iba a acometer la REFORMA LABORAL y lo dejo en un parche que han aplaudido hasta los empresarios. No se puede culpar a Sánchez de todo lo malo de este miserable país, hay muchos sinvergüenzas muy cercanos al presidente Sánchez y muchos más en la oposición que quiere llegar al gobierno al precio que sea para ¿seguir su camino del atraco? A mí me da que sí, y si no miren a la Sra. Ayuso y a su “chico”.

Los datos del SEPE, el INE y la Seguridad Social desmontan la idea de fortaleza económica de Sánchez: hay más contratos indefinidos, sí, pero duran menos, la parcialidad sigue castigando a las mujeres y el salario real pierde terreno frente a la vida real

José Antonio Gómez

La foto que Pedro Sánchez transmite del mercado laboral español es cómoda para el Gobierno, pero incompleta para cualquiera que mire más allá del titular. Sí, la contratación indefinida ha crecido con fuerza desde la reforma laboral, el paro registrado baja en términos interanuales y la estadística pública ofrece una apariencia de mejora. Pero cuando se cruzan los datos del SEPE, el INE y la Seguridad Social, el entusiasmo se deshace: la duración de los contratos sigue cayendo, la rotación continúa siendo abusiva, la parcialidad forzada golpea sobre todo a las mujeres y los salarios reales no alcanzan a compensar el coste efectivo de la vida.

Esa es la gran grieta del relato triunfalista de Moncloa. El Gobierno exhibe el dato de los contratos indefinidos como si fuera prueba definitiva de estabilidad, pero la evidencia estadística muestra otra cosa: un contrato indefinido no garantiza duración, ni jornada completa, ni salario suficiente, ni seguridad material. Puede durar apenas unos días, puede coexistir con periodos de inactividad y puede esconder, bajo su nombre, una precariedad de nuevo cuño que no desaparece por decreto. La estadística mejora, pero la vida de los trabajadores no necesariamente.

La pregunta, por tanto, no es si España crea empleo, sino qué tipo de empleo crea y para quién. La respuesta de los datos oficiales es incómoda. Al cierre de junio de 2026, el SEPE registraba 2.291.982 personas en paro, de las que el 60% eran mujeres. Entre ellas, el 45,8% llevaba más de doce meses buscando trabajo y el 31,4% superaba ya los dos años en esa condición. Son cifras que hablan de un mercado laboral que no integra, sino que expulsa y cronifica. Y lo hace con una marcada dimensión de género: dos de cada tres parados de muy larga duración son mujeres, lo que revela una desigualdad persistente que la retórica de la modernización no consigue borrar.

El problema no termina ahí. Más allá del paro registrado, hay 3,7 millones de personas que no están ocupadas. Esa cifra incluye a los fijos discontinuos inactivos, que alcanzan 792.341, el doble que en junio de 2021, antes de la reforma laboral. También agrupa a 1,86 millones de personas que el SEPE no clasifica como paradas, pero que figuran como demandantes de empleo por hallarse en ERTE, en formación o percibiendo prestaciones. Es decir,  Sánchez exhibe un mercado laboral más ordenado en los registros, pero no necesariamente más sano en la realidad. El empleo oculto, intermitente o inactivo sigue formando parte estructural del paisaje.

El discurso sanchista se apoya en el crecimiento de la contratación indefinida: el 41,46% de los contratos firmados en junio de 2026 eran de ese tipo, frente al 11,46% previo a la reforma de 2021. El salto es evidente, y sería absurdo negarlo. Pero el dato pierde fuerza cuando se analiza la calidad temporal de esos vínculos. La duración media de los contratos firmados en el primer semestre de 2026 fue de 45,5 días, nueve menos que en el mismo periodo de 2021. Uno de cada cinco duró menos de una semana, y el 43,3% no llegó a tres meses. Ahí se rompe el espejismo: hay más contratos indefinidos, sí, pero también hay más fragmentación, más rotación y más incertidumbre laboral real.

La reforma laboral logró reducir el peso formal de la temporalidad, pero no eliminó la lógica de la rotación. Simplemente la desplazó hacia otras fórmulas. Por eso fue una gran estafa para las clases trabajadoras. El contrato indefinido, en demasiados casos, dejó de ser sinónimo de estabilidad para convertirse en una categoría jurídica que oculta trayectorias discontinuas, jornadas parciales, períodos sin actividad y un uso intensivo del fijo discontinuo. El resultado es un mercado en el que, al menos en la experiencia cotidiana de miles de trabajadores, la diferencia entre “estable” y “precario” sigue siendo tenue. Se rescinden tantos contratos como se firman, y ese bucle de alta y baja termina por vaciar de contenido la promesa de permanencia. No es un ataque a Sánchez, es lo que dicen las instituciones oficiales del Estado español. 

El dato salarial añade una capa aún más dura. La Encuesta Anual de Coste Laboral del INE cifró el salario bruto anual medio en 28.410,78 euros en 2025, un 3,1% más que el año anterior. Pero esa subida nominal, lejos de implicar una mejora real, se diluye al confrontarla con el aumento del coste de la vida. Entre 2021 y 2026, los incrementos pactados en convenio acumulaban una pérdida de poder adquisitivo de 6,35 puntos frente al IPC general, de 12,85 frente a la vivienda y de 16,85 frente a la alimentación. La distancia entre salario formal y vida real se agranda, y ese desfase explica por qué tantos trabajadores siguen sintiendo que trabajan más para vivir igual o peor.

La situación se vuelve todavía más delicada cuando se observa la brecha de género. Según la Seguridad Social, solo el 46% de las mujeres con contrato indefinido trabaja a jornada completa, frente al 68% de los hombres. La diferencia, de 22 puntos, no es un detalle técnico: es una arquitectura de desigualdad. El 20,5% de las mujeres empleadas tiene un contrato indefinido a tiempo parcial, y si se suman las fijas discontinuas el porcentaje sube al 27%. En los hombres, esa proporción es aproximadamente la mitad. Eso significa que la parcialidad sigue siendo, en España, un mecanismo de feminización de la precariedad, con efectos directos sobre cotizaciones, ingresos presentes y pensiones futuras.

Un contrato que dura cinco días no es empleo estable; un trabajo a tiempo parcial no deseado no es conciliación; un salario que pierde frente a la vivienda y la alimentación no garantiza dignidad. Esta es una descripción precisa del desfase entre estadística, propaganda y realidad. 

Hay otro elemento que el balance gubernamental minimiza: el pluriempleo y las horas extraordinarias no retribuidas. Ambos fenómenos han alcanzado máximos históricos o niveles de récord con Pedro Sánchez, lo que sugiere que muchas personas necesitan más de un trabajo o más horas de las pactadas para sostener sus ingresos. Esa realidad convive con la cifra oficial de paro a la baja y con la expansión del contrato indefinido. La conclusión es incómoda pero inevitable: tener empleo ya no equivale necesariamente a tener una vida mínimamente protegida. El empleo ha dejado de ser, para demasiadas personas, la frontera entre la inseguridad y la estabilidad.

Los datos territoriales refuerzan la misma lectura. El paro registrado baja en junio en la mayoría de las comunidades autónomas, pero el descenso no elimina las desigualdades estructurales entre regiones ni la concentración de paro femenino y de larga duración en determinados territorios. Andalucía sigue concentrando un volumen enorme de desempleo, mientras otras comunidades muestran descensos coyunturales que no siempre se traducen en mejor calidad del empleo. Los registros del SEPE, en ese sentido, cuentan la parte visible del problema, pero no la totalidad. El mercado laboral español sigue siendo un espacio fragmentado, con fuertes asimetrías territoriales, sectoriales y de género.

También merece atención la evolución sectorial. El paro baja en servicios, industria, construcción y agricultura, pero el colectivo sin empleo anterior aumenta. Esa combinación sugiere que la mejora no está resolviendo el acceso de nuevos demandantes al mercado laboral. A la vez, la persistencia de contratos de corta duración en sectores intensivos en servicios y turismo indica que parte del crecimiento del empleo sigue dependiendo de actividades estacionales y de baja productividad, donde la temporalidad ha sido sustituida parcialmente por nuevas formas de intermitencia. El problema de fondo no es solo cuánta gente trabaja, sino con qué densidad, con qué continuidad y con qué capacidad de construir proyecto vital.

Por eso el debate sobre el mercado laboral no puede limitarse a celebrar que hay más contratos indefinidos o que el paro registrado ha bajado en junio. La estadística oficial, leída sin contexto, sirve para sostener una narrativa de éxito; leída con rigor, revela una estructura mucho más áspera. El país tiene menos desempleo registrado que hace unos años, pero conserva una tasa de paro alta en perspectiva europea, una pérdida persistente de poder adquisitivo, una brecha de género resistente y una precariedad que ya no siempre adopta la forma clásica del contrato temporal, sino la del empleo intermitente, parcial e insuficiente.

El salario, al final, es el gran test de realidad. Un mercado laboral puede mejorar en contratos, en afiliación o en registros, pero si el sueldo medio no alcanza a cubrir la vivienda, la alimentación y los demás costes esenciales, el progreso estadístico se queda corto. La cifra del INE es contundente, pero también lo es su reverso: para no perder poder adquisitivo, el salario bruto anual medio habría debido ser más alto. Esa diferencia, pequeña en un mes, se vuelve brutal cuando se acumula durante años. Y es ahí donde el relato de fortaleza choca con la vida cotidiana.

En definitiva, los datos del SEPE, el INE y la Seguridad Social dibujan un mercado laboral que ha mejorado en sus formas más visibles, pero no en su sustancia. Hay más contratos indefinidos, sí, pero duran menos de lo que sugiere su etiqueta. Hay menos paro registrado, sí, pero demasiada gente sigue atrapada en la larga duración del desempleo. Hay empleo, sí, pero no siempre suficiente para vivir con autonomía ni para dejar de caer en la pobreza laboral. Y mientras esa realidad siga ahí, el discurso de Sánchez de fortaleza del empleo en España seguirá siendo, como mínimo, una gran estafa, una gran manipulación, una gran mentira..., algo habitual en el pesonaje, por cierto.

 

01/08/2026 - Y TODOS JUNTOS DESESTABILIZAMOS ESPAÑA

Comentario: De esos Trump, Le Pen, Musk, Abascal, etc., etc., se puede decir que son una jauría de perros hambrientos de poder, pero de ese reyezuelo de Marruecos -y del tal Netanyahu- hay     que decir lo que verdaderamente son: dos escorias del mundo civilizado, un sátrapa borrachín maloliente y degenerado en el caso del marroquí, dos cerdos asesinos de jóvenes para saciar sus ansias de poder y un ladrón, quizás el mayor ladrón conocido de todas las monarquías existentes en el mundo incluida las nuestras de antaño en el caso del sátrapa marroquí.

ANA PARDO DE VERA

La ultraderecha trumpista en nuestro país es tan coherente e intelectualmente profunda que lo mismo te mete en la cárcel a los catalanes que quieren independizarse de España que patalea para expulsar a aquellos inmigrantes que ya trabajan aquí desde hace años y que están regularizando su situación tras la última medida del Gobierno en este sentido. Lo más lamentable de todo -y las estadísticas no engañan- es que esas mismas personas -porque son PERSONAS- son las que trabajan en negro y sin derechos reconocidos también en casas de fascistas que votan y berrean por la expulsión de sus propios esclavos.

Y es que la ola de deshumanización xenófoba, racista e islamófoba que va desde EEUU hasta Europa, pasando por el genocida Estado de Israel y la traidora dictadura de Marruecos, avanza rápidamente en su afán desestabilizador y destructor de las democracias para imponer su autoritarismo cruel y su ley del más fuerte y rico. Por más que el Gobierno de Pedro Sánchez se esfuerce en disculpar con su silencio y necesidad la responsabilidad de la dictadura marroquí en la tragedia de Ceuta -porque por encima de todo, es eso, una tragedia humanitaria con 57 muertos/as cuando escribo este análisis-, el cúmulo de circunstancias y las crueles reacciones de la ultraderecha global que han rodeado la entrada en Ceuta de decenas de miles de seres humanos procedentes de Marruecos, a nado o andando, indiferentes al riesgo, convierten este episodio en un intento más de reventar al Ejecutivo de coalición progresista. 

Pedro Sánchez es el enemigo a abatir y eso se consigue deshumanizando al político, dividiendo al Gobierno y a sus socios de izquierdas, desestabilizando al país con una ciudad desbordada y estimulando la reacción de una ultraderecha patria que no necesita ni cerillas para encender las calles e invitar a los españoles a echar a los inmigrantes con los medios que sea, algo que ya se ha visto en la frontera con Marruecos con apaleamientos y violencia contra quienes se atrevieron a jugarse la vida para venir a España porque les prometieron una vida mejor. ¿Alguien cree que las mafias van a ir uno por uno, niños incluidos, cobrándoles dinero por echarse al mar en las narices de los policías que deben impedirlo? ¿O quieren decir que han pagado a los agentes marroquíes para que casualmente descuidaran la frontera que están obligados a custodiar por los acuerdos de externalización de vigilancia de fronteras, o sea, por convertirse en los sicarios de España y la Unión Europea? ¿De verdad cree el Gobierno que nos vamos a tragar eso?

El Ejecutivo sabe que usted y yo sabemos, a nuestra vez, de la difusión en las activas redes sociales de Marruecos (con la inestimable ayuda del perturbador algoritmo) de que hay una España que te da la nacionalidad según llegas a su territorio, entre otros bulos que dan alas a la ultraderecha; que se ha confirmado la retirada imprevista, planificada y sin aviso a España de la estricta vigilancia marroquí en frontera; que no nos es ajeno el malestar de Marruecos con la reciente visita de Sánchez a Argelia o con la reciente ley que da la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración colonial de España y a sus hijos, o que todos los días asistimos a la vomitiva luna de miel entre los EEUU de Trump, el Marruecos de Mohamed VI -que está construyendo una autopista hasta el Sáhara a la que llamará Presidente Donald Trump- y el Israel del genocida Netanyahu, cuyo ministro más nazi ha sugerido a Sánchez en las últimas horas que acoja en España a los gazatíes tras felicitarlo por la entrada de marroquíes en Ceuta y el triunfo de la “diversidad”. Es imposible ser más repulsivo que un nazi jactándose de sus asesinatos genocidas y otras violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero los mandamases de la ultraderecha y sus secuaces siempre van un paso más allá. Estos días lo ha vuelto a hacer Marruecos, utilizando la vida y la muerte de sus propios ciudadanos/as como armas de desestabilización a favor del fascismo trumpista, de paso que castiga al Gobierno español y mantiene sus pretensiones de apropiación de Ceuta y Melilla aún más vivas ahora que el amigo EEUU lo gobierna un tipo que se hizo ilegalmente con el mando de Venezuela y pretende lograr lo mismo con Groenlandia e Irán, sobre todo, con las vías marítimas de todos ellos, muy cotizadas. Y Vox y el PP, los patriotas histéricos, participando en los planes de Mohamed VI. Habría que reírse si no fuera una tragedia con muertos; más bien, asesinados.

 

29/07/2026 - LA COMPRA SECRETA CON DINERO PÚBLICO DE UN ÁTICO DE LUJO PARA ISABEL DÍAZ AYUSO AGITA LA POLÍTICA MADRILEÑA

Comentario: “Endiluego” (como decía Forges) a esta Sra. no le van a faltar sitios dentro de casa para “echar un ratito” con quien quiera… si se acomoda en el sitio ese.

La adquisición no presupuestada de una propiedad de 485 metros cuadrados a través de la empresa pública heredera del caso Púnica desata serias interrogantes sobre la transparencia del poder de la CAM

Martha Golfín

En las plantas más altas del paseo del General Martínez Campos, la arquitectura del distrito madrileño de Chamberí adopta la discreción y el empaque que caracterizan a las clases acomodadas de la capital. Allí donde las edificaciones señoriales colindan con el Museo Sorolla y las inmediaciones del paseo de la Castellana albergan residencias aristocráticas y sedes diplomáticas, el trasiego diario transcurre al margen de los focos de la alta política. Sin embargo, en el noveno piso de uno de esos bloques residenciales del barrio de Almagro, un espacio de 485 metros cuadrados —de los cuales casi doscientos corresponden a una terraza de escala inusual— ha pasado a convertirse en el nuevo epicentro de una tormenta institucional cuyas ondas expansivas amenazan la retórica de rigor presupuestario y transparencia del Ejecutivo madrileño.

La historia de esta operación inmobiliaria, revelada por El País, es, por encima de todo, el relato de un silencio administrativo solo quebrado por la fiscalización periodística. La Comunidad de Madrid adquirió esta imponente propiedad el pasado 14 de abril a través de Planifica Madrid, la empresa pública encargada de comercializar el suelo autonómico y gestionar el patrimonio inmobiliario regional. La transacción se mantuvo en el más estricto secreto durante más de tres meses y medio. No figuraba en la última actualización del portal de transparencia de la propia empresa pública, ni había sido tramitada como una modificación de crédito ante el Consejo de Gobierno, ni aparecía reflejada en las meticulosas partidas de inversión proyectadas para el ejercicio presupuestario. El hallazgo de la compraventa en los libros del Registro de la Propiedad por parte de los informadores motivó la formulación de preguntas directas al Ejecutivo regional, forzando una confirmación oficial que, lejos de zanjar el asunto, ha abierto un profundo debate sobre las formas y los fondos con los que se ejerce el poder en la Puerta del Sol.

La justificación ofrecida por la portavocía del Gobierno autonómico a El País sostiene que el inmueble ha sido adquirido para que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, trabaje en él junto a un equipo mínimo mientras se llevan a cabo los trabajos de rehabilitación de la Real Casa de Correos, sede histórica de la presidencia institucional en el centro de la capital. La explicación oficial, no obstante, ha suscitado más perplejidad que certidumbre entre los observadores políticos y los especialistas del sector inmobiliario. La Real Casa de Correos dio por concluidas el año pasado las complejas obras de restauración que afectaron a la totalidad de su fachada principal. Además, la administración autonómica ha evitado aclarar aspectos cruciales de la operación: se desconoce el montante exacto desembolsado por las arcas públicas, no se ha explicado por qué se descartó la opción de un alquiler temporal para cubrir la supuesta eventualidad de las obras y se ha guardado silencio sobre si la presidenta planea habitar personalmente el recinto, en un edificio donde el resto de las viviendas está destinado de forma exclusiva al uso residencial y no al establecimiento de despachos u oficinas.

Para comprender la dimensión del gasto ejecutado por la administración regional es preciso analizar la sociología y el valor del suelo en el barrio de Almagro, considerado de forma unánime como una de las zonas urbanas de mayor cotización económica en España. Tomando como referencia los datos del portal del Notariado para el código postal en el que se enclava la finca, el precio medio del metro cuadrado se sitúa en torno a los 9.414 euros. Aplicada a la superficie construida del inmueble, esa tasa base arroja una cifra cercana a los 4,5 millones de euros. Sin embargo, los profesionales de la intermediación inmobiliaria subrayan que esa tasación lineal resulta del todo insuficiente para valorar una pieza residencial de características tan singulares.

El elemento verdaderamente diferencial del inmueble es su terraza de 199 metros cuadrados, una superficie descubierta equivalente al tamaño de tres pisos convencionales de la capital. Expertos en el mercado inmobiliario del distrito de Chamberí aseguran no haber observado una plataforma privada de semejantes dimensiones en toda la zona, calificándola como una tipología casi inexistente en la oferta residencial del centro madrileño. En los portales especializados, las propiedades que combinan el estatus de ático en la novena planta con espacios exteriores de esa magnitud alcanzan habitualmente precios de venta que oscilan entre los cinco y los siete millones de euros, situando el valor estimado de mercado de la operación gubernamental en el entorno de los seis millones de euros.

El perfil de la parte vendedora añade una capa adicional de relevancia pública al expediente. Según fuentes conocedoras de la compraventa citadas por El País, la titularidad del inmueble correspondía hasta el pasado 14 de abril a la economista y escritora Astrid Gil-Casares, antigua esposa del presidente de Ferrovial y una de las mayores fortunas del país, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. Hasta el momento de la formalización del contrato público, la vivienda se encontraba arrendada a una pareja que la ocupaba como residencia habitual. Cuando se requirió formalmente la nota simple registral para verificar la identidad exacta de las partes y las cargas del inmueble, el registrador de la propiedad de la circunscripción denegó el acceso a la información argumentando que el solicitante carecía de un interés directo, legítimo y patrimonial, imponiendo un velo administrativo adicional sobre una transacción ejecutada con fondos de los contribuyentes.

El mecanismo institucional empleado para encauzar la compra del ático desplaza el foco de atención hacia los engranajes internos de la administración autonómica. Planifica Madrid, la entidad instrumental que formalizó la firma de la escritura de compraventa, no es una agencia pública cualquiera. Se trata de la heredera directa de la extinta Arpegio, la empresa pública de gestión del suelo que figuró durante años en el epicentro del macrocaso de corrupción conocido como caso Púnica. Aquella mercantil autonómica, que estuvo pilotada en su etapa más controvertida por Francisco Granados, sirvió presuntamente como vehículo para la adjudicación irregular de suelo público y la desviación de contratos de infraestructuras, una de cuyas piezas separadas concluyó su fase de instrucción procesal para sentar en el banquillo de los acusados a sus antiguos gestores.

Rebautizada y adscrita en la actualidad a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, Planifica Madrid cuenta con una plantilla de noventa empleados y maneja para el presente ejercicio de 2026 un presupuesto asignado de 127 millones de euros. El presidente de su consejo de administración es el propio portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, mientras que la dirección ejecutiva recae desde julio de 2023 en Pedro Corbalán Ruiz, un alto cargo con dilatada trayectoria en diversos estamentos de la administración autonómica bajo las sucesivas etapas de gobierno del Partido Popular.

El cometido ordinario de esta sociedad pública consiste en la propiedad y explotación de diez edificios completos destinados a uso administrativo y un local comercial, inmuebles que posteriormente arrienda a los distintos departamentos de la Comunidad de Madrid. En su abrumadora mayoría, el catálogo inmobiliario de la empresa está compuesto por edificios históricos integrados en el casco antiguo de la capital que cuentan con diversos niveles de protección patrimonial, tales como las sedes institucionales de la Consejería de Sanidad en la calle Aduana o la Consejería de Cultura y Turismo en la calle Alcalá.

La adquisición del ático del paseo del General Martínez Campos rompe de forma drástica con esa lógica de actuación patrimonial. A diferencia de las compras o enajenaciones ordinarias, la operación no figuraba consignada en las partidas detalladas del presupuesto de Planifica Madrid para 2026. La empresa pública tampoco solicitó al Consejo de Gobierno la tramitación de una modificación presupuestaria ni la concesión de una extensión de crédito extraordinario, procedimiento administrativo habitualmente preceptivo para respaldar compromisos de gasto no previstos en el marco presupuestario ordinario.

El elemento que termina de azuzar las dudas sobre la intencionalidad del Ejecutivo autonómico reside en la gestión de la información pública. El portal de transparencia de Planifica Madrid, cuya actualización más reciente tuvo lugar el pasado lunes 20 de julio —más de tres meses después de la firma ante notario—, omitió por completo cualquier referencia a la adquisición de la finca en Chamberí. En dicha plataforma oficial se enumeraban minuciosamente las actuaciones urbanísticas e inversiones patrimoniales más relevantes en curso, pero el desembolso millonario destinado a la residencia temporal de la presidencia quedó invisibilizado para el control de los grupos de la oposición y de la ciudadanía.

La revelación de la compra secreta del ático irrumpe en el escenario político madrileño amenazando con agrietar la cuidada estrategia de comunicación construida por el equipo de Isabel Díaz Ayuso. Durante años, la retórica del Ejecutivo regional se ha articulado sobre el dogma de la eficiencia en el gasto público, la rebaja sistemática de impuestos y la crítica frontal a la proliferación de estructuras administrativas superfluas. La destinación de fondos públicos no presupuestados para adquirir una vivienda de altísimo lujo en uno de los códigos postales más caros de la península sitúa al Gobierno autonómico en una posición defensiva de difícil encaje narrativo.

Las interrogantes no respondidas por la portavocía del Ejecutivo autonómico alimentan la desconfianza de la oposición parlamentaria. Si la necesidad de espacio institucional obedecía a un traslado temporal derivado de las obras en la sede del Gobierno regional, el sentido común de la gestión patrimonial aconsejaba recurrir a la figura del arrendamiento o a la reubicación de los equipos en alguno de los numerosos inmuebles que la propia Comunidad de Madrid posee en propiedad en el centro de la capital. La decisión de adquirir en propiedad un activo residencial de seis millones de euros a través de una empresa pública exige una justificación técnica y económica que, hasta el momento, no ha sido facilitada.

Tampoco se ha concretado el alcance real de las obras proyectadas para la Real Casa de Correos. Tras la intervención ejecutada el pasado año en la fachada del histórico inmueble de la Puerta del Sol, el Gobierno regional no ha detallado qué áreas del edificio requieren una evacuación tan urgente como para desplazar a la presidenta a un ático señorial en el distrito de Chamberí. El hecho de que la vivienda elegida se ubique en un inmueble estrictamente residencial, carente de las medidas de seguridad, accesibilidad y logística propias de una sede institucional de gobierno, añade perplejidad a la justificación oficial.

En el plano político, la utilización de Planifica Madrid como vehículo de la operación reaviva los viejos fantasmas de la gestión de Arpegio, una firma que simbolizó durante más de una década la opacidad en el uso del patrimonio público madrileño. La falta de explicaciones sobre el precio de compra, la ausencia de reflejo en las plataformas de transparencia y el empeño en mantener la transacción alejada del debate público hasta que fue descubierta por la prensa configuran un expediente que trasciende el ámbito del urbanismo para instalarse en el corazón del debate sobre la ética pública.

En un contexto económico marcado por las dificultades de acceso a la vivienda que afrontan miles de ciudadanos en la región madrileña, el contraste que ofrece la compra secreta de un ático de 485 metros cuadrados para uso de la jefatura del Ejecutivo autonómico resulta especialmente hiriente. La gestión de las explicaciones en los próximos días determinará si el episodio queda inscrito como un costoso error de cálculo administrativo o si se transforma en un lastre permanente para la credibilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

 

29/07/2026 - JUICIO POR LA TRAMA KITCHEN: EL ENTIERRO DE LA VERDAD

Comentario: Me van a obligar a contar “cosas” de la justicia otra vez, y van…

Visto para sentencia el peor caso de cloacas del Estado, solo comparable al caso GAL en tiempos de Felipe González

Marcos López

El juicio del caso Kitchen ha quedado visto para sentencia este martes, tras casi cuarenta jornadas que se han celebrado en la Audiencia Nacional a lo largo de cuatro meses, después de que tres de los ocho acusados hayan decidido hacer uso de su derecho a la última palabra. Se trata del mayor caso de cloaca policial detectado en democracia, solo comparable a los GAL y a la trama de los fondos reservados que estalló durante los gobiernos de Felipe González. Sin embargo, envueltos como estamos en plena vorágine política y mediática para acabar con el Gobierno de coalición, poco se ha hablado de la operación Kitchen, y a la ciudadanía le queda la sospecha de que los verdaderos culpables se van a ir de rositas.

Finalmente, PP y Vox han conseguido, mediante sus amplificadores de las redes sociales, opacar el escándalo para centrar el foco en los asuntos que afectan a la familia de Pedro Sánchez, en concreto a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno. Las derechas españolas han tenido la habilidad y el acierto de poner en marcha todo su aparato de propaganda mediática para hacer pasar a la Kitchen por una historia del pasado, casi del Pleistoceno, para poner la diana en sumarios contra el sanchismo, exagerados hasta la hipérbole y calificados como “asuntos menores” por no pocos expertos y juristas. El caso Begoña Gómez y el caso David Sánchez –burdos montajes de difamación y desprestigio bien tramados desde las terminales de Internet y los medios de comunicación conservadores– no alcanzan el nivel de comparación, ni por asomo, con la trama de espionaje puesta en marcha por el Partido Popular de Mariano Rajoy para espiar a los rivales y disidentes políticos. Una red cloaquera propia de estados totalitarios que ha afectado al funcionamiento mismo del sistema democrático, causándole un daño irreparable. Debería caer todo el peso de la ley no solo sobre los implicados que se han sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional, sino sobre otros actores que han quedado en la sombra debidamente amparados por el sistema.

Ni siquiera el caso Leire, un extraño affaire de fontanería de partido aún por aclarar, puede competir en grado de gravedad con la Kitchen, cuyo juicio llega estos días a su punto final. Leire Díez no era nadie en el PSOE, por mucho que su cabeza y su cuaderno, quizá demasiado fantasiosos, hirvieran con delirios de grandeza como tratar de acabar con el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, responsable de la UCO y máximo instructor de los procedimientos judiciales contra el sanchismo. Leire jamás dispuso del poder o la infraestructura suficiente para frenar los escándalos que se cocinaban en los pseudomedios de la derechona, un poder que sí tenían los altos mandos ministeriales y policiales que tomaron parte en la nauseabunda trama Kitchen, hoy diluida hasta quitarle toda importancia. Leire con una modesta libreta y su imaginación desbordante no puede equipararse, bajo ningún concepto, a todo el siniestro aparato del Ministerio del Interior del PP puesto en marcha para organizar una policía patriótica propia de tiempos franquistas. No, Leire no era nadie ni tenía capacidad alguna para cerrar los casos abiertos por la UCO. Nunca será lo mismo una cotilla de partido con un lápiz fuera de control que un sector del Ministerio del Interior y de altos mandos policiales arruinando vidas ajenas desde los resortes mismos del Estado.

“Queda visto para dictar sentencia”, con esta frase la presidenta del tribunal Teresa Palacios dio por concluido el juicio de la Kitchen, que comenzó el pasado 6 de abril y que ha sentado en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy por presuntamente ordenar la puesta en marcha de este operativo para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación y grabaciones comprometedoras para el partido y sus dirigentes. En concreto, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, quienes se enfrentan a sendas peticiones del fiscal de 15 años de cárcel, informa Efe. Ninguno de los tres ha ejercido su derecho a la última palabra, algo que sí han hecho el excomisario José Villarejo; el que fuera chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos; y el policía y exasesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo.

La mayor condena la pide la Fiscalía para José Villarejo (19 años de cárcel), que ha tenido que afrontar un nuevo juicio derivado del llamado caso Villarejo o Tándem por esta pieza número 7, que es la del caso Kitchen. Como el exministro del Interior o su número dos, también el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y José Luis Olivera, que estuvo al frente de la UDEF, han optado por no hacer uso de la última palabra, informa Efe. “Confío plenamente en la exposición que hizo mi abogado y en ustedes”, se ha limitado a señalar el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas. Sí se ha dirigido a los magistrados el comisario José Manuel Villarejo, que se ha preguntado cómo se le ocurrió “pisar callos tan importantes” para haber terminado donde ha terminado, al tiempo que ha recalcado su confianza en la independencia judicial, el tribunal y la Fiscalía y en que la verdad finalmente “saldrá a la luz”.

Villarejo ha cuestionado nuevamente el origen del caso en su contra y sobre sus grabaciones ha dicho que no tenían intención aviesa, sino que las hizo como agente de inteligencia y ha lamentado el daño que haya podido hacer a quienes se han visto “incursos en ello”. “No dejan de ser comentarios y tal en ambientes distendidos”, ha apuntado. La defensa del excomisario ha defendido que Kitchen fue una operación de inteligencia legítima que buscaba patrimonio oculto del extesorero del PP Luis Bárcenas e información sobre testaferros, y ha pedido la absolución de este policía, subrayando que solo siguió órdenes de sus superiores.

Como puntos álgidos, este juicio deja la declaración como testigo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la del propio Bárcenas, que ejerce la acusación particular. También ha destacado el testimonio de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, quienes fueron eximidos de esta causa tras haber sido imputados por su relación con Villarejo.

En resumidas cuentas, se cierra en falso una de las páginas más negras y sórdidas de nuestra democracia con la sensación de que el juicio ha servido para poco, quizá para echar tierra encima más que para llegar al fondo de la verdad en una trama en la que sus verdaderos cerebros y muñidores nunca llegaron a responder ante los jueces.

 

27/07/2026 - LA DERECHA PIRÓMANA

Feijóo y Abascal rechazan un gran pacto de Estado contra el cambio climático causante de los incendios de sexta generación

José Antequera

Isabel Díaz Ayuso en el puesto de mando de los incendios madrileños 

Pedro Sánchez ha pedido un gran pacto de Estado contra el cambio climático para hacer frente a los grandes incendios forestales que arrasan el país. Sin embargo, la derecha echada al monte (al monte ya quemado) sigue haciendo oídos sordos ante cualquier tipo de colaboración y rechaza la mano tendida. Mientras tanto, mientras PP y Vox se enrocan en el sectarismo más abyecto y ruin, miles de personas son evacuadas y confinadas ante las llamas y a los bomberos no les queda otra que cerrar el grifo de las mangueras, claudicar en la batalla contra el fuego y retroceder ante unos siniestros de sexta generación (fuera de toda capacidad de extinción) agravados por el calentamiento global. Pretender apagar el apocalipsis con unas cuantas mangueras y un par de viejos y destartalados hidroaviones se antoja la última arrogancia del ser humano. La rudimentaria tecnología del hombre de nada sirve cuando la naturaleza ruge.

El resultado de esta esquizofrénica política en la que nos han instalado algunos es la pesadilla que vivimos estos días: verdes y frondosos bosques convertidos en negros manchurrones, evacuaciones masivas como si se tratara de una guerra nuclear, casas destruidas, pueblos enteros abandonados. Pérdidas millonarias, sectores económicos en quiebra, pobreza, caos. La ruina de un país y el colapso del Estado y de la civilización, que en definitiva es la consecuencia directa de este cataclismo natural de proporciones bíblicas. A eso nos enfrentamos. A un retorno no ya a la Edad Media, sino a la Edad de Piedra.

Por desgracia, el riesgo no ha pasado. Lo que nos espera en el mes de agosto será bastante parecido, si no peor, a lo que hemos sufrido en julio. Y el año que viene será aún más dramático y desolador. España batirá récords de superficie perdida un verano tras otro. El calor extremo, el viento, la desertización y la falta de humedad producto de la degeneración del clima mediterráneo de las últimas décadas han llegado para quedarse. El escenario es aterrador y solo los necios y los inconscientes (entre los que parecen encontrarse los prebostes de nuestra derecha patria) se atreven a seguir practicando el negacionismo demagógico. Mientras la ciudadanía reclama que los políticos de uno y otro signo se pongan de acuerdo, los Feijóo, Ayuso y Abascal interpretan la aberrante sinfonía del populismo, como aquellos músicos del Titanic que seguían haciendo sonar sus violines mientras el barco se hundía. Esa maldición, la de una generación de gobernantes obtusos y mediocres, cainitas y reaccionarios, es la que nos ha caído en desgracia como la tierra yerma y estéril que queda tras el monstruoso incendio de Ávila, el peor de la historia (ostentará ese triste récord de 50.000 hectáreas calcinadas hasta el próximo período estival, cuando se declarará otro todavía peor).

La situación de emergencia nacional (similar a la que viven otros países europeos como Francia, Grecia y Portugal) requiere de grandes pactos de Estado con medidas drásticas y urgentes como la apuesta por un nuevo modelo productivo más sostenible, ya sin combustible de origen orgánico y basado en las energías limpias y renovables. Lo reclaman los ciudadanos, los científicos y hasta el rey Felipe, que exige unidad ante el desafío inmenso. Sin embargo, la banda ayusista tiene otros planes: seguir quemando petróleo, seguir quemando el planeta hasta los estertores finales de un capitalismo salvaje ya agonizante. Fue el ministro Montoro quien dijo aquello de “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”. Hoy la frase sigue más vigente que nunca, solo que sustituyendo el verbo caer por el verbo abrasar. Que se abrase España entera, que ya apagaremos nosotros la hoguera infernal incontrolable desde Cádiz hasta Finisterre.

Es más que evidente que la situación dramática exige unidad y participación de todos, pero las derechas ibéricas rechazan cualquier tipo de diálogo contra la emergencia climática sencillamente porque están a otra cosa: a derribar el Gobierno por tierra, mar y aire. ¿Qué se puede esperar de un tipo como Abascal, fiel discípulo trumpista, que sigue negando la realidad con el argumento del “fanatismo climático” de la izquierda? Cuando no quede un solo árbol en este país, cuando estemos achicharrados por el calor y comiendo arena, el Caudillo de Bilbao sacará su caballo del cortijo y cabalgará sobre él, boina calada, sobre un inmenso desierto de españolitos pobres, desarrapados, beduinos. El sueño del totalitarismo materializado en la peor de las distopías.

El cambio climático es el principal problema al que se enfrenta la humanidad. Cuando se trata de resolver problemas no hay políticas de izquierdas y políticas de derechas, hay buenas o malas ideas, tal como decía el añorado Eduard Punset. Y el programa negacionista que Feijóo le ha comprado a Vox (con la excusa de que el pacto propuesto por Sánchez es “propaganda” y “tacticismo político”), es sencillamente nefasto para todos. Criminal es el loco con la lata de gasolina que reduce un hermoso parque natural a un montón de cenizas. Pero hay otros pirómanos por omisión y por negligencia. El ciego fanatismo destruye tanto y tan deprisa como el fuego.