29/09/2026 - NO HAY QUE INDIGNARSE, HAY QUE INDIGNAR

Ante la crisis de la vivienda hay que poner sobre la mesa propuestas que la derecha califique de intolerables. Limitar el precio de los alquileres. Expropiar a grandes tenedores. Prohibir que los fondos buitre operen en España

GERARDO TECÉ

Hace una semana, la izquierda ganaba en Berlín. Mientras Alemania se escora a la ultraderecha, su capital, allá donde mayor es el problema de la vivienda, elige a la izquierda. No a una izquierda cualquiera. A la que había logrado indignar a importantes sectores con sus propuestas. Si el Estado puede expropiar terrenos para construir carreteras por el bien común, también es bien común expropiar vivienda a fondos buitre porque hay una emergencia social, defendía durante la campaña la candidata de Die Linke, Elif Eralp, y hoy lo defiende media Alemania.

La vivienda, ese asuntillo secundario para gobernantes y vital para los gobernados, ha vuelto a llenar de tiendas de campaña la Puerta del Sol de Madrid. Que se vayan a sus casas, bramaban durante aquel 15M algunos cabreados con la movilización. ¿Qué pasa, qué pasa? Que no tenemos casa, responden hoy los acampados, lo cual los hace más peligrosos que entonces. Tras remolonear durante unas cuantas décadas –procrastinar lo llaman los cursis–, el PSOE no tiene más remedio ya que responder a la pregunta del millón: ¿es la vivienda un producto de mercado o un derecho básico de la gente? Ya no vale con decir que ambas respuestas son correctas, ni pedir el comodín de la llamada, ni que los caseros sean buenas personas. Ni siquiera vale con tomar medidas drásticas, como regalarle unas zapatillas Kelly Finders a los afectados. Toca responder si sirves para solucionar el principal problema de la gente o eres parte del problema, y toca hacerlo ya. Pedro Sánchez parece saberlo. “Estamos trabajando a toda velocidad para que este martes se apruebe el decreto de vivienda”, ha anunciado el presidente del Gobierno, con prisas tras tomar posesión de su cargo el pasado miércoles o jueves, imaginamos. Bienvenido a La Moncloa, Pedro.

No se trata de gobernar para Maricarmen como repiten por redes los propagandistas del gobierno. No va de expropiar un piso concreto porque la crueldad televisada del sistema nos conmovió un día. No va de salir del paso con pactos de mínimos para ganar tiempo, ni se trata de que se haga este martes a toda prisa lo que no se ha hecho en décadas. Va de ser capaz de indignar. Se trata de tener valentía, que no consiste en gritar que la derecha hace barbaridades, sino en poner sobre la mesa propuestas que la derecha califique de intolerables. Es decir, propuestas razonables y beneficiosas para la mayoría. Limitar el precio de los alquileres. Expropiar a los grandes tenedores. Prohibir que los fondos buitre operen en España. Entrar a degüello contra los alquileres turísticos que expulsan a los vecinos de sus barrios. Atajar la mayor de las inseguridades: la de poder quedarte en la calle. Tomarse en serio el problema de la vivienda de una puñetera vez.

Mucho de lo que se plantea no se puede llevar a cabo legalmente, dirán desde el PSOE. Nos sabemos la política española de memoria. Tampoco se puede, según la ley, perseguir al más pobre y desgraciado, financiar con dinero público fábricas de bulos para generar falsos debates públicos o utilizar la justicia como escopeta contra la izquierda y aquí estamos. Aprendamos de la creatividad de la derecha y usémosla de vez en cuando para el lado correcto. Bajo el gobierno más progresista de la blablá ha sucedido en España algo extraordinario: quien menos gana, más tiene que pagar por vivir bajo un techo. Es una regla de tres iniestra. Quien cobra menos no puede ahorrar, sin ahorros no hay opción a hipoteca y toca seguir en la rueda de alquileres disparados porque fondos buitres y guiris de paso han acaparado los pisos en los que antes vivían familias. No puede ser. De ningún modo. No toca indignarse. Toca indignar o aceptar la inutilidad.

 

27/09/2026 - VIVIENDA PARA VIVIR, NO PARA ESPECULAR: LA LUCHA DE CLASES CONTRA LOS FONDOS BUITRE

André Abeledo Fernández

Mientras los grandes medios se empeñan en alimentar una psicosis colectiva sobre la «okupación» —curiosamente patrocinada por empresas de alarmas y fondos de inversión—, la realidad golpea con dureza las puertas de la clase trabajadora: el acceso a un techo digno se ha convertido en un lujo inalcanzable.

Hay que decirlo claro y sin complejos: la vivienda debe ser un derecho, no un vulgar negocio. El sistema actual no busca alojar personas, sino rentabilizar ladrillos, y hemos permitido que los fondos buitre y los especuladores profesionales decidan quién tiene derecho a un hogar y quién debe vivir con la angustia de un desahucio o de un alquiler asfixiante.

La trampa del miedo y la Constitución olvidada

Es indignante ver cómo se retuerce la realidad: se criminaliza al vulnerable para proteger al acaparador. La verdadera inseguridad ciudadana no es el miedo a que alguien entre en tu casa mientras vas a comprar el pan —un relato ficticio inflado por tertulianos a sueldo—; la verdadera inseguridad es no saber si podrás pagar el alquiler el mes que viene o si tus hijos podrán independizarse algún día en su propia ciudad.

Los mismos que se llenan la boca hablando de la «unidad de España» y del respeto a la ley olvidan sistemáticamente el artículo 47 de la Constitución: un mandato, no una sugerencia poética, que obliga a los poderes públicos a impedir la especulación.

Lo que vemos, sin embargo, es una alfombra roja para los fondos de inversión, mientras el parque público de vivienda sigue siendo una broma de mal gusto frente al de nuestros vecinos europeos.

Lucha de clases en el mercado inmobiliario

No estamos ante un problema técnico de oferta y demanda: estamos ante una lucha de clases. El mercado inmobiliario es hoy uno de los principales mecanismos de transferencia de rentas desde el bolsillo del trabajador hacia el capital financiero.

Cuando un joven dedica más de la mitad de su salario a pagar un alquiler, no está «dinamizando la economía»: está siendo saqueado.

La izquierda progre debe dejar de mirar hacia otro lado con medidas cosméticas que no tocan el nervio del problema. No bastan los parches; hace falta un control real de los precios del alquiler, la expropiación del uso de las viviendas en manos de grandes tenedores y bancos rescatados con dinero público, y la prohibición por ley de los desahucios sin alternativa habitacional.

El botín de 2008: cómo se regaló la vivienda social

El desembarco masivo de los fondos buitre se cimentó tras la crisis de 2008. El Estado utilizó el dinero de toda la ciudadanía para rescatar a la banca privada y crear el banco malo, la Sareb.

En lugar de utilizar ese gigantesco parque de viviendas recuperadas para levantar una red de alquiler social, los gobiernos prefirieron vender paquetes enteros de miles de viviendas y bloques de protección oficial a fondos internacionales a precios de saldo.

El patrimonio que debió proteger a la clase obrera fue entregado como botín de guerra a los fondos de inversión neoyorquinos: Blackstone, Cerberus y compañía, operando con total impunidad gracias a la alfombra roja de los sucesivos gobiernos del régimen.

El desahucio invisible

La operativa de estos fondos en nuestros barrios sigue un patrón de violencia económica sistemática: compran edificios enteros habitados por familias trabajadoras, esperan a que venzan los contratos e imponen subidas abusivas del 50 %, el 70 % o el 100 %.

El objetivo es el llamado «desahucio invisible»: expulsar a los vecinos de toda la vida para reformar los pisos, encarecer el barrio mediante la gentrificación o destinarlos al lucrativo negocio del alquiler turístico.

Quienes se resisten sufren acoso inmobiliario o el desahucio exprés, ejecutado por las fuerzas del Estado al servicio de intereses privados.

SOCIMI: el privilegio fiscal de los amos del ladrillo

Este expolio cuenta con un blindaje legal y fiscal insultante. Los fondos buitre operan sobre todo a través de las SOCIMI, sociedades creadas a medida que disfrutan de un tipo del 0 % en el Impuesto sobre Sociedades.

Mientras una familia obrera paga impuestos por cada producto de la cesta de la compra, los mayores terratenientes del país apenas tributan por los millones que ganan exprimiendo el salario de sus inquilinos.

Las tímidas regulaciones de precios vigentes son meros parches que estos fondos esquivan con triquiñuelas legales, como los falsos alquileres de temporada.

Lo que ya funciona en Europa

No se trata de ningún experimento radical: se trata de copiar lo que ya funciona en los países que siempre ponemos como ejemplo de éxito.

Países Bajos o Suecia no son sospechosos de comunismo, y allí el Estado no deja que el mercado inmobiliario se rija por la ley de la selva. Alemania y Austria llevan décadas regulando el alquiler y les va bastante mejor que a nosotros.

Si crees que regular el alquiler es cosa de países pobres, la realidad te desmiente: la ley del más fuerte es la que resulta tercermundista.

Nuestras propuestas

No basta con construir más ni con avalar con dinero público las hipotecas de la banca. La única salida justa es una ofensiva legislativa contra los especuladores:

- Expropiación sin indemnización de las viviendas en manos de fondos buitre y grandes tenedores.

- Prohibición absoluta de los desahucios sin una alternativa habitacional real.

- Creación de un parque público de alquiler que cubra las necesidades reales de la población.

- Control efectivo de los precios del alquiler que reduzca las rentas de forma drástica.

La vivienda es el centro sobre el que se construyen una vida digna, la salud mental y la estabilidad de cualquier familia.

Si no somos capaces de garantizar un techo a nuestra gente, nuestra democracia no es más que una cáscara vacía al servicio del mercado.

Es hora de elegir: o el derecho a la vida o el derecho al beneficio de los especuladores.

La vivienda debe ser para vivir, no para especular.

¡Até á vitoria sempre!

 

26/09/2026 - IRPH: UNA SENTENCIA FIRME ABRE UNA BRECHA MILLONARIA EN LAS GRANDES ENTIDADES

El fallo sienta un precedente letal contra Banco Santander al declarar la nulidad de la cláusula hipotecaria por falta de transparencia material, forzando la sustitución del índice por el Euríbor y obligando a devolver 20.000 euros cobrados de más

José Antonio Gómez

Durante la burbuja inmobiliaria previa a la crisis de 2008, vender el IRPH no fue un descuido burocrático. Qué va. Fue una jugada maestra, fríamente calculada.

Durante años, miles de familias firmaron hipotecas interminables bajo la promesa de que era una opción estable y segura frente a las locuras del Euríbor. Mentira piadosa... o más bien, una trampa contable que condenó a la gente a pagar cuotas infladas mes tras mes. Pues bien, ese edificio de certidumbres prefabricadas acaba de saltar por los aires en Navarra. Un juzgado de Tudela ha dictado una sentencia que se ha convertido, de la noche a la mañana, en la peor pesadilla del Banco Santander y del resto de entidades que comercializaron el IRPH.

La resolución es demoledora. Anula por abusivo el contrato que firmó una familia en 2004. Pero el verdadero terremoto para el banco no es solo el rapapolvo verbal, sino la cuenta a pagar: la justicia no solo exige borrar el IRPH de la escritura, sino rehacer toda la vida del préstamo desde el primer día usando el Euríbor.

¿Resultado? Una operación de cirugía jurídica que obliga al Santander a devolver de golpe todo lo cobrado de más, con sus correspondientes intereses. Más de 20.000 euros directos al bolsillo del cliente, más las costas del juicio. Una pasta.

El núcleo de este varapalo judicial apunta directo a la línea de flotación de las defensas bancarias. Es lo que en la jerga llaman el "control de transparencia material". Durante años, los abogados de la banca tiraron balones fuera alegando que el índice era oficial, público y que salía bien clarito en el folleto.

¡Pero ojo! Que una frase esté bien escrita en español no significa que el cliente entienda el rejonazo que le van a dar. El juzgado lo deja claro: el banco faltó a la verdad por omisión. Ocultó deliberadamente información crucial para que el comprador no supiera en qué lío se estaba metiendo.

La sentencia destripa la jugada con precisión de cirujano. En la escritura, el banco se limitó a poner una definición incompleta del índice, escondiendo que el IRPH se calcula, en la práctica, como una TAE. Es decir, que ya llevaba empaquetadas comisiones y otros costes del mercado. Al callarse eso, le quitaron al cliente la posibilidad de comparar precios reales con otras hipotecas. No fue un despiste, qué va: fue la trampa perfecta para anular la capacidad de elección del comprador.

Y hay más. La sentencia guarda un dardo todavía más envenenado. Allá por 1994, el propio Banco de España ya avisó en una circular que, al ser el IRPH un índice tan alto, los bancos debían aplicar un "diferencial negativo" para compensar y no arruinar al cliente.

¿Y qué hizo el Santander? Justo lo contrario. Le metió un diferencial positivo encima de un índice que ya venía por las nubes.

Para rematar el argumento, el juzgado se apoya en la doctrina reciente del Tribunal Supremo. Ya no vale con decir que el índice sale en el Boletín Oficial del Estado y lavarse las manos. El banco tiene que dar explicaciones claras en el contrato. Mandar al ciudadano a empollarse circulares antiguas del BOE para entender su propia hipoteca es pedirle una labor de investigación criminal. Y eso, sencillamente, no es de recibo para un consumidor medio.

Constatado el engaño desde la oferta inicial, el juez ha tirado por la calle de en medio: cambia el índice anulado por el Euríbor para no destrozar la vida del cliente y manda a la banca a pagar la fiesta.

Este fallo desmonta de un plumazo la muralla defensiva que el sector financiero tardó una década en construir. Para los miles de afectados que aún miran con pavor el recibo del banco cada mes, lo de Tudela no es una simple sentencia más. Es una brecha abierta en el muro, una señal clara de que la batalla contra los excesos de la banca no solo es posible, sino que empieza a ganarse en los tribunales.

 

25/09/2026 - MARI CARMEN, 7.291 MAYORES MUERTOS Y OTRAS "COSAS" DEL PP

ANA PARDO DE VERA

Alberto Núñez Feijóo ha prometido que, si gobierna a partir de 2027, Vox mediante, construirá un millón de viviendas, a razón de 250.000 viviendas por año de legislatura. Según el Banco de España, en 2025 se terminaron de construir 92.000 nuevas viviendas y se crearon 225.000 hogares. En líneas generales, la diferencia entre ambos números (133.000 más hogares que viviendas en un año) podría ser una foto fija muy ilustrativa del problema cuantitativo de escasez de vivienda que tenemos, de la misma forma que el compromiso del PP para las generales de 2027 se nos muestra como el bálsamo de Fierabrás para la crisis citada. Ojalá las cosas fueran tan sencillas.

El PP se compromete a construir muchas viviendas, un millón de viviendas en cuatro años, mediante la agilización de trámites para los operadores privados de la construcción ("un plan de choque contra el infierno burocrático", dicen) e incentivos fiscales para los compradores, entre otros beneficios. Sobre el incremento de plantilla que se requeriría para agilizar todos esos trámites, la escasez de mano de obra para los equipamientos de las casas, de la que alerta asimismo el BE, o para inspectores que decidan cuál de esa burocracia es innecesaria, no dice nada. Si el PP gobierna con Vox, además, debemos tener en cuenta -y supongo que Feijóo está al tanto- que en la ecuación de viviendas a gogó, entra la prioridad nacional, que el partido de Santiago Abascal tiene perfectamente explicitada en el caso de la compra de un inmueble, que es lo que Vox prioriza: "Una España de propietarios".

Todos los compromisos de PP y Vox -incluida la xenofobia de la ultraderecha- giran en torno a las rebajas fiscales de los compradores -lo cual, por otro lado, redundaría en una subida del precio de la vivienda, advierten los expertos- y a la agilización en los trámites para el negocio de la construcción. Sobre el derecho constitucional a la vivienda que tenemos todos/as, los desahucios como el de Maricarmen, el aluvión turístico para el que se priorizan las viviendas por encima del residente, la construcción de vivienda pública y solo pública para siempre (Ana Botella, siempre en nuestra memoria) o el tope de alquileres en zonas tensionadas, ni una palabra. De expropiaciones o intervención general del mercado inmobiliario, ni hablamos, que no queremos exorcismos en Público. La (ultra)derecha tiene muy claro a quién tiene que proteger con sus medidas y después, si los precios bajan por arte de magia, pues mira qué bien. La necesidad de construcción de vivienda en España es inapelable, pero ni garantiza la caída de los precios ni el derecho universal a la vivienda ni, en definitiva, evita que el problema se siga agravando, porque no hemos tocado fondo.

Donde estamos es en un punto donde la insensibilidad por el sector de la población más vulnerable puntúa al alza entre los partidos de (ultra)derecha y sus votantes, lo vemos a diario, y no solo con la vivienda. Lejos de "hacernos mejores", además, la pandemia ha alargado el "sálvese quien pueda... acumulando cuanto más pueda". Ya no son solo los especuladores sin alma, como los que desahuciaron a Maricarmen; también son tantos y tantas desgraciadas (un decir) que a duras penas se toman la caña en la terraza madrileña que les garantiza la libertad, pero que quieren ser como Ricardo y Fernando Alonso de Urbagestión. O tener un ático como Ayuso aunque sea con los métodos que ésta pretendía ejecutar, con su dinero mismo. O tener la fortuna de su novio Alberto Quirón, tribunales y estafa mediante...

No podría haber elegido mejor su respuesta Alberto Núñez Feijóo cuando una reportera de La Sexta le preguntó por el cruel desahucio de Maricarmen de su casa de toda la vida en Madrid. "Vengo a otra cosa", dijo el líder del PP. Efectivamente, para Feijóo y para Ayuso, a tenor de sus declaraciones y hechos, Maricarmen es una "cosa" más de las que suceden a diario en Madrid, en España o en Gaza, por ejemplo. Son "cosas" que pasan y, por más cerca que te toquen, no te generan ningún tipo de empatía, precisamente, porque son un fracaso de las instituciones que tú gobiernas en Madrid y el gallego quiere gobernar en España, son cosas del poder, cuestiones colaterales que no merecen ni un segundo de su compasión. La presidenta madrileña incluyó a Maricarmen entre los 25.000 desahucios que se ejecutan al año en España (más "cosas", suicidios incluidos), sin citarla siquiera y sin que se le cayera la cara de vergüenza, al revés, porque la víctima es ella: primero yo, después yo y siempre yo. ¿Pero qué vergüenza ni qué decencia va a mostrar esta "mujer" si dejó morir encerrados a 7.291 mayores en residencias madrileñas por no tener un seguro privado? 

 

25/09/2026 - EUROPA VUELVE A PONER LÍMITE A LOS PLAZOS QUE IMPIDEN RECUPERAR EL DINERO DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS

El TJUE rechaza que una regla nacional de tres años permita conservar cobros derivados de una condición contractual declarada abusiva y refuerza una doctrina que también condiciona en España la prescripción de las reclamaciones de los consumidores

Eva Maldonado

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a intervenir en uno de los asuntos que durante los últimos años más litigios ha generado entre consumidores y empresas. El paso del tiempo no puede convertirse en un mecanismo que permita conservar los efectos económicos de una cláusula abusiva si la aplicación de las reglas nacionales termina vaciando de contenido la protección que garantiza el Derecho europeo.

La sentencia, dictada este jueves por la Sala Tercera del TJUE en el asunto C-900/24, procede de Alemania y tiene su origen en un contrato de calefacción urbana, pero su importancia desborda aquel litigio porque interpreta nuevamente la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, cuya aplicación vincula a los tribunales de todos los Estados miembros.

El caso comenzó con un contrato firmado en noviembre de 2012 entre la sociedad civil Glarner Straße 5 GbR y la empresa energética SVB. El acuerdo contenía una cláusula de revisión del precio que permitió modificar anualmente las tarifas entre 2015 y 2020.

Glarner impugnó las subidas en julio de 2019 y reclamó la devolución de las cantidades que consideraba indebidamente abonadas. Los tribunales alemanes concluyeron que la cláusula utilizada para efectuar las revisiones era abusiva, pero apareció entonces el problema que finalmente llegó a Luxemburgo. La jurisprudencia alemana permitía mantener las subidas de precio que el cliente no hubiera impugnado dentro de los tres años siguientes a su aplicación.

El resultado era peculiar. La cláusula podía ser declarada abusiva y, por tanto, quedar expulsada del contrato, pero una parte de las cantidades cobradas gracias a ella podía permanecer definitivamente en poder de la empresa por el simple transcurso del plazo. El TJUE ha considerado que ese resultado es incompatible con el Derecho de la Unión.

Una cláusula abusiva no puede seguir produciendo efectos por el paso del tiempo

La clave de la sentencia no está tanto en la duración concreta de esos tres años como en las consecuencias que la regla alemana producía sobre los derechos del consumidor.

El Derecho europeo exige que una cláusula declarada abusiva no vincule al consumidor. De ahí deriva, como regla general, la obligación de restablecer la situación jurídica y económica en la que se encontraría si esa condición nunca hubiera existido.

Permitir que determinados incrementos de precio permaneciesen intactos porque no fueron impugnados durante los tres años posteriores supondría, según el Tribunal, mantener parcialmente los efectos de una cláusula que ya ha sido considerada abusiva.

La sentencia refuerza así una doctrina que Luxemburgo viene construyendo desde hace años. Los Estados pueden establecer reglas procesales y plazos de prescripción para ordenar las reclamaciones, pero esas normas nacionales deben respetar los principios europeos de equivalencia y efectividad y no pueden hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor.

La diferencia es importante porque el fallo no convierte en imprescriptibles todas las reclamaciones económicas relacionadas con cláusulas abusivas. El propio TJUE ha admitido anteriormente plazos de prescripción de tres, cinco o diez años cuando su configuración permite al consumidor conocer sus derechos y disponer de un periodo efectivo para ejercitarlos. Lo que el Derecho europeo impide es utilizar la prescripción de manera que el afectado pierda en la práctica la posibilidad de recuperar el dinero pagado como consecuencia de una cláusula abusiva.

La sentencia resuelve además otra cuestión relevante. En mayo de 2019, SVB modificó unilateralmente la fórmula de revisión de precios apoyándose en la normativa alemana sobre suministro de calefacción urbana. Luxemburgo rechaza también que esa posibilidad pueda utilizarse, en las circunstancias examinadas, para reemplazar unilateralmente una cláusula abusiva por otra diseñada por el propio profesional.

La regla general vuelve a ser clara. Una vez declarada abusiva una cláusula, corresponde al juez dejarla sin aplicación, no corregirla para salvar sus efectos ni permitir que la empresa sustituya por su cuenta aquello que el tribunal ha expulsado del contrato.

Solo excepcionalmente puede recurrirse a una disposición supletoria del Derecho nacional cuando la eliminación de la cláusula provoque la nulidad de todo el contrato y esa consecuencia resulte especialmente perjudicial para el consumidor.

España ya ha tenido que adaptar sus plazos a la doctrina europea

El interés de la sentencia para España resulta especialmente evidente porque la prescripción de las reclamaciones derivadas de cláusulas abusivas ha provocado durante años una intensa batalla judicial, particularmente alrededor de los gastos hipotecarios.

La jurisprudencia europea distingue entre dos cuestiones que a menudo se confunden. Una cosa es solicitar que se declare la nulidad de una cláusula abusiva y otra reclamar la restitución del dinero que se pagó como consecuencia de ella.

Sobre esta segunda acción pueden existir plazos de prescripción. El problema consiste en determinar desde qué momento empiezan a correr.

El TJUE respondió directamente a esa cuestión en abril de 2024 en dos asuntos procedentes de España. Luxemburgo rechazó que pudiera considerarse automáticamente como inicio del plazo el momento en que el consumidor realizó el pago y descartó también que bastase con la existencia de sentencias anteriores del Tribunal Supremo o del propio TJUE sobre cláusulas similares para presumir que cualquier ciudadano conocía desde entonces el carácter abusivo de la condición incluida en su contrato.

El Tribunal Supremo adaptó posteriormente su jurisprudencia. En su sentencia de Pleno 857/2024 estableció que, salvo que la entidad pueda demostrar que ese consumidor concreto conocía anteriormente el carácter abusivo de la estipulación, el plazo para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios comienza con la firmeza de la sentencia que declara nula la cláusula que obligaba a pagarlos.

La Sala Primera ha continuado aplicando ese criterio en resoluciones posteriores. Todavía en 2025 reiteró que no puede considerarse prescrita la restitución simplemente porque hayan transcurrido años desde el pago si la entidad no acredita que el consumidor conocía o podía razonablemente conocer antes la abusividad de la cláusula.

Esta nueva sentencia no modifica automáticamente los plazos establecidos por el Derecho español ni significa que cualquier cantidad pagada décadas atrás pueda reclamarse sin más. Sí consolida, sin embargo, una idea que resulta determinante para los tribunales nacionales. La seguridad jurídica que proporciona la prescripción debe convivir con la protección efectiva del consumidor y no puede utilizarse para perpetuar las consecuencias económicas de una cláusula abusiva.

La cuestión tiene importancia más allá de los gastos hipotecarios porque la Directiva 93/13 alcanza las condiciones no negociadas individualmente incorporadas a contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Cada reclamación dependerá del contrato, de la cláusula discutida, de la legislación aplicable y de las circunstancias que permitan determinar cuándo el afectado estuvo realmente en condiciones de ejercer sus derechos.

Por eso el titular aparentemente sencillo de que se podrá reclamar, aunque hayan pasado tres años necesita una precisión. El TJUE no ha borrado los plazos de prescripción, sino que vuelve a impedir que esos plazos neutralicen la protección europea frente a las cláusulas abusivas.

 

 

24/09/2026 - PEDRO SÁNCHEZ SALVÓ AL PSOE, PERO AHORA PODRÍA HUNDIRLO

Comentario: A Pedro Sánchez lo único que le falta para llegar a las próximas elecciones con garantías es eliminar ¡YA! a las Sras. Yolanda Díaz e Isabel (la de vivienda) y al Sr. Marlaska, que no sirven ni para estar escondidos. Y luego ya veremos…

Antonio Aguado

El 1 de octubre del 2016, se escribió una de las páginas más negativas de la historia del PSOE reciente. Ese día, se celebró lo que fue un bochornoso Comité Federal que pudo acabar en incalculables consecuencias. Desde la disolución del Partido Socialista Obrero Español o quedar en la irrelevancia. Sin embargo, el PSOE se pudo sobreponer algo que parecía imposible, máxime viendo en directo por una cadena televisiva lo que ocurría en el referido Comité Federal. La crisis se inició el 28 de septiembre y se culminó en el mencionado Comité Federal, con la dimisión de la secretaría general por Pedro Sánchez. Esto fue como consecuencia del triunfo de la facción susanista de Susana Díaz que abogaba por la abstención del Grupo Socialista y así, permitir un gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy.  Con la renuncia al acta de Pedro Sánchez, el Grupo Socialista se quedó con 83 miembros. Todos se abstuvieron para que Mariano Rajoy fuera investido,   salvo 15 diputados que votaron en contra. Afortunadamente Pedro Sánchez hizo todo los posible y logró que el PSOE, superara esa grave crisis. De no hacerlo, el Partido Socialista hubiera alargado y agravado muy considerablemente el problema que se había producido. Eso hizo posible que el Partido Socialista Obrero Español, pudiera formar gobierno, después de haber prosperado la moción de censura a Mariano Rajoy, presentada en dos sesiones el 31 de mayo y el 1 de junio de 2018. Prosperó debido a los muy graves casos de corrupción que acosaban al Partido Popular, fundamentalmente el caso Gürtel. Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno y desde entonces ha gobernado con bastantes luces, pero también sombras. Ha logrado poner a nuestro país, como el de mayor crecimiento económico dentro de los que conforman la Unión Europea. Esto se refleja positivamente en la macroeconomía que afecta fundamentalmente a las empresas, pero negativamente en la microeconomía que padece sobre todo las familias para llegar a final del mes. No le ha hecho frente y mucho menos ha resuelto el principal problema que tenemos como es el de la vivienda. Hasta ahora sólo se ha limitado en el último 41 Congreso Federal del PSOE, celebrado los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre del 2024 en Sevilla, a exponer la creación de una Empresa Pública de Vivienda. Aparte de que, desde ese entonces al respecto, no ha hecho nada, tampoco lo podrá nacer, debido a que las competencias en esta materia las tienen indistintamente las comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos y, eso hace prácticamente imposible llegar a acuerdos con tantas instituciones y de distintos signos políticos involucradas. Algo que Pedro Sánchez tendría que hacer antes de acabar la actual legislatura, es derogar la reaccionaria y muy injusta “ley mordaza”. Eso fue lo que prometió que haría nada más llegar como presidente a la Moncloa, pero hasta la actualidad no ha cumplido.De no producirse el acuerdo para la creación del FRENTE AMPLIO, entonces, no quedará más remedio, sino que el PSOE, en lo que queda de legislatura, afronte y le dé respuestas a los problemas más graves y de máxima preocupación que le afecta a la ciudadanía, empezando por el de la vivienda y que se haga efectivo el artículo 47 de la Constitución:  establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos. Para que este mandato constitucional se haga realidad, el gobierno de Pedro Sánchez, tendría que tener en cuenta que en nuestro país hacen falta 1,600.000 viviendas y sin embargo, existen más de cuatro millones desocupadas. En consecuencia, habría que incentivar a sus propietarios para que las saquen a la venta o alquiler, o de lo contrario, aplicarles un impuesto disuasorio especifico.

Tendría que ponerse a disposición de venta o alquiler a precios fijos y tasados en un tope, las 45.218 viviendas de la Sareb. Con relación a las 124.000 viviendas pertenecientes a los llamados fondos buitres y las 14.947 ilegalmente inmatriculadas por la Iglesia. Al respecto, el gobierno dispone de la fórmula legal de la expropiación que, tan eficazmente se le aplicó a la empresa Rumasa el 23 de febrero de 1983.Otra medida que sin duda sería bien recibida, es la creación de una banca pública que nos evite las arbitrariedades y abusos de la banca privada. Lo mismo en lo que respecta a una empresa energética publica que erradique los oligopolios a los que estamos sometidos. Hace falta llevar a cabo otras muchas medidas, pero con las expuestas y con la subida del SMI, de forma suficiente como para que las familias puedan llegar sin agobios a final del mes, serían las fórmulas necesarias para afrontar las próximas elecciones generales con un mínimo de garantías. Pedro Sánchez fue la solución, pero actualmente es el problema. Por eso tendría que plantearse su retirada con el tiempo suficiente y antes de las próximas elecciones generales promocionar su relevo. Este tendrá que ser eficaz, impactante y novedoso. En este sentido, Adriana Lastra podría ser la primera mujer candidata a la Presidencia del Gobierno. Su experiencia, capacidad y sobre todo autoridad moral, lo tiene más que demostrado. El voto feminista que ha sido uno de los principales baluartes del PSOE, actualmente está muy denostado, con toda probabilidad podría recuperarlo, algo fundamental para evitar un gobierno del PP y Vox.

 

23/09/2026 - DESFACHATEZ INAUDITA

Vicente Mateos Sainz de Medrano

Borja Sémper ha confirmado lo que está en la mente de cualquier observador atento de la realidad, que el recurso al insulto, la mofa, la befa es una estrategia deliberada utilizada por el PP en la legislatura para derribar a Pedro Sánchez: <<los insultos al presidente del Gobierno cesarán cuando el partido popular llegue al poder>>. Y lo dijo con la misma desfachatez con la que actúa este niño bonito cuando abre la boca, aunque esta vez quizá se ha pasado de listo porque, de manera implícita, ha puesto al descubierto que es el PP de Feijoo, el responsable de convertir la política en un lodazal irrespirable con el objetivo de conseguir el poder como sea; de dónde se colige que no todos los partidos son iguales ni tienen la misma responsabilidad del cenagal político asfixiante en el que estamos inmersos

Confirmación que viene de quién pasa por ser el más moderado de los portavoces que forman la guardia pretoriana de Feijoo. Trampantojo porque Sémper, como todo buen comunicador, conoce bien sus gestos, sus tonos e inflexiones de voz, sus movimientos y la cadencia con la que debe hablar en cada momento; para lanzar los mensajes más conservadores y derechistas sin despeinarse, lo que le convierte en paradigma de la impostura. De las invectivas insultantes y faltonas se ocupa Miguel Tellado con sus metáforas y analogías de primero de básica que solo le hacen gracia a él. Y para el brochazo gordo están Ester Muñoz, Cuca Gamarra y Elías Bendodo, los más significados dentro de una amplia cantera de acólitos, que cada vez que abren la boca demuestran su desconocimiento de la materia de la que hablan, por lo que recurren a silogismos agresivos e infantiles que les convierte en malos imitadores de la reina de las butades: IDA.

Vuelvo al meollo, porque una vez confirmada la estrategia del insulto permanente hay que reseñar la complicidad del PP, con todos los actos de burla y acoso contra personajes públicos y actores culturales que huelan a rojos, protagonizados por sus secuaces de Nuevas Generaciones, expertos en elaborar vídeos insultantes y acosadores. O cuando calla ante afirmaciones vejatorias contra las mujeres que claman por sus derechos o denuncian agresiones físicas contra las que arremete, siempre con deje chulesco, el vicesecretario educación e igualdad Jaime de los Santos, llamándolas prostitutas. O su silencio cómplice ante los actos violentos protagonizados por militantes exaltados de su partido, de Vox y grupos fascistas, cuando agreden a ciudadanos de movimientos progresistas, LGTBI u ONG, o ante los ataques a más de doscientas sedes del PSOE.   

Estrategia que cuenta con cómplices mediáticos que elaboran y difunden mentiras, bulos y libelos hiperbólicos contra el Gobierno, que echan agua al barro político para confundir a la ciudadanía a la hora discernir lo que es verdad y mentira. Medios que viven gracias a las ayudas de dinero público que reciben, de manera opaca las más de las veces, de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas gobernadas por el PP. Estrategia de la que participan personajes disruptivos que vuelan por su cuenta con el objetivo de derruir el sistema democrático. El caso más significativo es el abyecto Vito Quiles, al que Feijoo ha amparado dándole la mano en diversos actos públicos del PP, a los que asiste como invitado.

Y queda el capo di tutti i capi, Feijoo, el hombre que vino de Galicia con la vitola de moderado y con el mensaje de devolver la pugna política a los cauces del respeto y el diálogo: <<no vengo a insultar a Pedro Sánchez, sino a ganarle>>. Tras cuatro años al frente del PP sus buenos propósitos han quedado en la gatera, por no poder gobernar tras las elecciones del año 2023, porque una alianza progresista sumó más escaños con los que Pedro Sánchez viene gobernando, lo que le produjo una profunda frustración personal que expreso con la frase de rabieta de niño pequeño de <<no soy presidente porque no quiero>>. Idea que forjó el desiderátum de hacer lo sea por llegar a la Moncloa, comenzando por poner en duda la legitimidad de este Gobierno que abrió la espita para hacer lo que haga falta para gobernar, incluso poniendo en duda el papel de las instituciones en la que se asienta el sistema democrático. Aznar marcó el camino: <<el que pueda hacer que haga>>.

Frustración que ha ido creciendo a lo largo de la legislatura desvelando su catadura moral, sus lagunas culturales, sus errores discursivos, y su desconocimiento del funcionamiento de los órganos que componen el Estado y de las Leyes en las que se asienta el sistema democrático. Lagunas que, de manera razonable, le incapacitan para la alta magistratura del Estado a la que aspira, sin atisbar como conseguirlo lo que le tortura y le lleva al camino del insulto y la vejación del oponente: violencia verbal que refleja su impotencia y falta de proyecto sustantivo que ofrecer a la ciudadanía española. 

 

21/09/2026 - UNA COLETILLA

Ángel Morillo Triviño

Acabo de leer la noticia por la que la esposa del presidente del Gobierno será juzgada por un tribunal popular según ha dictado ese tal Peinado (un auténtico “calcamar” de la justicia española con, al parecer, una hija concejala del PP y su señora “trabajadora” también del PP). A este individuo (perdón, a este Juez) se supone que se le ha olvidado que la Sra. de un tal Aznar (el muñeco Luciano) cometió un delito vendiendo a un fondo buitre, nada menos que ¡3.000 viviendas!, y fue absuelta sin más ni más.  Pero claro, esa Sra. (alcaldesa de Madrid entonces) era la esposa de un expresidente del Partido Popular y la justicia ahí no entra porque puede salir trompicada. Es muy posible, dicho presuntamente, que más de una “toga” le debe el puesto que ocupa a esta gente del PP y el hecho de que no se les investiguen nunca sus “bienes”. Sólo falta que ese “jurado popular” sea nombrado por Ansar (perdón de nuevo, Aznar) para que la farsa sea del todo completa y la Sra. de Pedro Sánchez (el presidente del que se puede decir que más ha hecho por la sociedad civil) sea, evidentemente, condenada. Aunque las pruebas sean como las que condenaron al Fiscal General.

En cualquier caso, somos muchos los españoles de bien que no nos vamos a parar a ver lo que deciden “cuatro gatos del PP” y vamos a estar al lado de la esposa del presiente donde haga falta.

Y si hay “alguna revuelta” no deseada por nadie, ¡pues que se jodan los promotores del estropicio, porque el pueblo se puede levantar! ¡¡¡Ya está bien, Sres. de la Judicatura!!!   

20/09/2026 - ¿QUÉ HACEMOS ANTE EL AUGE DE LA VIOLENCIA FASCISTA?

 MIQUEL RAMOS

El vídeo de la agresión a dos militantes de izquierdas en Oviedo la pasada semana no dejaba lugar a dudas sobre el carácter fascista de la misma. Los gritos de los atacantes y las víctimas seleccionadas enmarcaban la paliza en un clima de señalamiento y una reiteración de los discursos de odio que la derecha está llevando a cabo desde hace tiempo contra diferentes colectivos, entre estos, sus opositores políticos como Rubén y Fernando. Las palabras del alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, quitando hierro al asunto, pidiendo conocer la versión de los agresores y criminalizando a las víctimas, confirmaban la complicidad de la derecha en el auge de la violencia fascista que estamos viviendo.

Esta agresión estaba grabada, pero son muchas las que no se han podido documentar más allá de los partes de lesiones y los relatos de las víctimas. Pero incluso existiendo pruebas gráficas, algunos de estos episodios violentos no son ni siquiera sancionados o, por el contrario, acaba siendo la víctima la que es investigada. Es lo que sucedió en Granada con el ataque con armas prohibidas de un grupo de seguidores de Vox contra una manifestación antifascista, ante las narices de la policía y con varias cámaras grabando. Los ultras rompieron el cordón policial y atacaron con porras extensibles a los manifestantes, mientras la policía cargaba también contra los antifascistas sumándose a la embestida. El resultado fue la imputación de cuatro manifestantes de izquierdas y el archivo de la causa contra los fascistas que rompieron la línea policial y usaron armas contra ellos.

Unos días antes, varios reporteros de la televisión pública eran una vez más rodeados, insultados y agredidos por algunos asistentes a las manifestaciones ‘por Ceuta’ en varias ciudades. De nuevo ante las cámaras y ante la pasividad de la policía, que ni identificó ni detuvo a nadie in situ. La derecha lleva meses señalando a RTVE y a sus trabajadores, y luego los ultras actúan violentamente contra ellos.

Lo mismo sucedió en Barcelona durante el acto de los ultraderechistas de Aliança Catalana el día previo a la Diada, donde un Mosso d’Esquadra lanzó al suelo al fotoperiodista Jordi Borràs, momento que fue aprovechado por varios asistentes al acto para patearlo en el suelo. Ni un detenido. Fue Jordi quien fue arrastrado y separado de los agresores, mientras estos permanecieron allí sin que ningún agente, al menos, les pidiese la documentación. Jordi, que lleva años retratando con su cámara y sus libros a la extrema derecha global, sabe que está en su punto de mira. Ha recibido infinidad de amenazas de muerte, y en 2018 fue agredido por un agente de la Policía Nacional de paisano al grito de ¡Arriba España! El agente fue condenado por ello y hoy, además de haberse unido a Vox, sigue insultando y amenazando por redes.

Han pasado varias semanas desde que vimos en directo en varios medios como una turba de racistas asaltaba el precario campamento en el que malviven las personas migrantes en una playa de Ceuta. A cara descubierta y delante de la policía. ¡Hay que cazarlos! Había dicho José María Figaredo, diputado de Vox, días antes sobre las personas migrantes. No sabemos si la policía ha detenido a alguno de estos asaltantes, pero allí, in situ, se limitó a apartarlos del lugar sin demasiado entusiasmo.

Esta semana, la compañera de elDiario, Gabriela Sánchez, documentaba las agresiones que varios migrantes habían denunciado en Ceuta llevadas a cabo por militares del Ejército español. Uniformados que realizan cacerías nocturnas, en las que se retenía, se humillaba, se agredía y se robaba a estas personas en situación precaria, algunos de ellos menores de edad. Ceuta es ahora mismo una zona gris donde estas personas atrapadas, sin ningún tipo de seguridad jurídica, están a merced de los sádicos, los racistas y los caraduras que se aprovechan de su vulnerabilidad y de unas instituciones que, sabiendo que esto ocurre, lo esconden bajo la alfombra, miran hacia otro lado o anuncian investigaciones internas que nunca trascienden.

Estos son solo algunos de los ejemplos recientes, tan solo una parte de la infinidad de abusos y agresiones que se producen semanalmente contra aquellos que previamente son señalados por la ultraderecha. Toda esta violencia reiterada a la que estamos asistiendo no es fruto de lo que algunos se empeñan en llamar ‘polarización’, una palabra que sugiere la existencia de dos polos opuestos en disputa, y que más allá de estos existe un centro virtuoso y equidistante que es víctima del empeño y la radicalidad de ambos extremos. El problema de la violencia fascista, racista y de odio no es la existencia ni la acción de quienes la combaten, sino la complicidad de quienes la alientan con sus discursos de odio y la banalizan cuando sucede. De quienes, teniendo la capacidad y la obligación de actuar, no lo hacen o no se esfuerzan demasiado por hacerlo. No es un problema solo de la existencia de una masa fascista empoderada y bien respaldada, sino de unas instituciones incapaces o indolentes.

Ante esta escalada de violencia y la sensación de impunidad, nos preguntamos qué vamos a hacer. Cómo debemos actuar más allá de la denuncia y el lamento, de señalar a los culpables, a los autores y a los promotores, cuando las instituciones dejan de ser un dique contra la violencia y se perciben como inoperantes o cómplices. Porque más allá de que detenga y juzgue a los culpables de un hecho concreto, la seguridad de quienes son señalados reiteradamente está en riesgo cada día, en cada rincón del país, comprometida por quienes han hecho del odio y de su impunidad su negocio político.

Lejos de amilanarse, hay un sector social que ha decidido poner el cuerpo. Estos últimos años, el antifascismo ha resurgido en las calles, ha movilizado a miles de personas contra los actos de la extrema derecha y su violencia, y ha recibido, como siempre, su dosis de palos, detenciones y juicios por ello. Muchos de los que participan en estas protestas son jóvenes, muchos más que los chavales que secundan las marchas y algaradas ultras, pero de ellos se habla poco. El relato de que la juventud se ha vuelto reaccionaria se desmonta asistiendo a cualquier protesta antifascista, comparando quienes hay en cada lado. En estos casos, vuelve el relato mediático de los dos extremos. No hay opción entonces. Nos quejamos de que los jóvenes se vuelven fachas, y criminalizamos a los que toman partido y se oponen a ellos.

¿Qué vamos a hacer ante el avance y la violencia del fascismo? Es una pregunta qué debemos hacernos todos y todas, que nos interpela como sociedad, nos saca de la comodidad y nos obliga a tomar partido más allá de los tuits y los votos. La ofensiva ultraderechista triunfa cuando la mayoría delega en otros su responsabilidad, que podría salvar derechos y vidas. Cuando el virus está dentro, y son funcionarios, jueces, fiscales, policías y militares quienes participan de la ofensiva ultra, el asunto aterriza ya en lo doméstico y lo cotidiano, nos interpela ya personalmente, porque nadie nos va a salvar. El Gobierno lo sabe, pero no actúa. El miedo, piensan, también puede movilizar a los suyos. Y eso es una temeridad que pagan cara quienes más se exponen, quienes más lo sufren.

 ¿Qué vamos a hacer? Cada uno puede y debe responder a esa pregunta si de verdad le preocupa el futuro que plantea la extrema derecha. Mirando a su alrededor, detectando donde se cuela el discurso e interviniendo donde se pueda. Que cada uno haga lo que pueda, pero que haga algo. Si no asumimos ya esa responsabilidad, si confiamos en que otros lo solucionen, viendo el papel que están jugando hoy las instituciones, después será demasiado tarde.

 

17/09/2026 - ¿CÓMO NO VAS A VOTAR A AYUSO

 

COMENTARIO: ESA AYUSO ES LA MAYOR ESCORIA DE LA DEMOCRACIA... Y MIRA QUE LAS HA HABIDO GORDAS.

ANA PARDO DE VERA

Madrid es una fiesta y la disfruta la región entera. Todos y todas tenemos en esta comunidad los mismos derechos, incluida la vivienda digna y, por supuesto, es ejemplar la gestión de los cuatro pilares del Estado del bienestar que dicen garantizar la Constitución y el Estado de Derecho en España, cuya bandera se expone orgullosa en tantos balcones felices, o así se entiende: educación, sanidad, pensiones (Seguridad Social) y atención a la dependencia, entre otros servicios sociales, todo cubierto con creces. Solo la inmensa bajeza de unos pocos -cada vez mayor, empezando por el Gobierno de Pedro Sánchez, que de tanta envidia, le come la caca, como decía uno de Lugo- puede criticar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por su gestión en la Comunidad de Madrid. ¿Qué más queremos quienes aquí vivimos y que nunca agradecemos bastante?

Lo tenemos todoss los y las madrileñas, otra cosa es que podamos pagarlo, o directamente, no sepamos si podemos pagarlo o no porque es mejor que hagamos un ejercicio de fe en Ayuso, que bien lo merece. Una presidenta autonómica que compra con tu dinero un ático de más de 6 millones enfrente de la casa de mamá (que tampoco es de mamá, sino de Ayuso en nuda propiedad), en uno de los barrios nobles de la capital, con 200 metros de terraza y en un edificio señorial habitado por gente con la que a la presidenta de la Comunidad de Madrid le encanta codearse y babearse (pobre, si yo le contara... ) es una presidenta ejemplar. Porque te manda un mensaje nítido: quiere lo mismo para ti, madrileño entregado/a, y eso de que vivas en una habitación en Villaverde por 400 euros va a cambiar con Ayuso y lo sabes. La presidenta te ha mandado la señal definitiva de su entrega con el ático, cuando decidió venderlo para dar el dinero a los pueblos afectados por ese incendio terrible; generosidad nivel diosa. Y por eso te cubres feliz con la rojigualda por la noche, cuando no te da la mierda de sueldo que te paga ese crack de empresario sin piedad que tú quieres ser para poner una estufa (no hay calefacción en el edificio) o para comprarte un ventilador en verano. 

Y ahora te duele la tripa. Llevas tiempo con ese dolor y va empeorando, tanto te tortura que pensar en el aticazo que Ayuso también tiene preparado para ti ya no te alivia nada. Y tu jefe, ese crack de empresario sin piedad que patrocina "algo" de la Fórmula 1 en tu Madrid del alma y necesita que trabajes mucho para estar ahí ("¡Qué tío!"), o eso dice, no te va a dejar ir al médico ni desangrándote. Y hace bien, cuidado, todo el mundo se inventaría un dolor como el tuyo para escaquearse del trabajo si el fenómeno permitiera ausentarse del curro a sus empleados. Tendrás que escaparte en algún hueco, seguro que un compañero te cubre, para que te den un ibuprofeno y listo. 

El centro de atención primaria de tu barrio está desbordado, y además, te han dicho que no tiene médicos siquiera y tú quieres una solución rápida, así que te vas a las Urgencias del hospital más cercano, que ahí te dan la receta para lo tuyo en un minuto y te largas. No contabas con tanta gente y las horas y horas de espera; y tu compañero cubriéndote, pero claro, el jefe implacable que tú quieres ser se va a dar cuenta de que faltas porque le sobran los dedos de las manos para contaros a los que hacéis el trabajo de 30 personas. Y tu compañero te va a apoyar lo justo, porque él tiene dos niños pequeños y no se puede permitir perder el curro, que está sin papeles aunque era policía en El Salvador y lo tenían amenazado de muerte; por eso no le han hecho contrato, lógicamente. Y sigues esperando en Urgencias porque te duele mucho la tripa y ya te resignas a comerte una bronca (merecida, claro) o a perder el puesto.

Es tu turno, y sí, te dan ibuprofeno del fuerte, pero hay que hacerte pruebas, porque parece que pinta fea la cosa. Te dan cita para dentro de un mes con el médico internista... "¿Un mes con este dolor?", piensas aterrado. Por suerte, el Enantyum recetado (y los porros) te va aliviando ese dolor y ya casi te estás acostumbrado a él cuando pasa el mes y no te llaman, y dos meses, y hasta tres. "No será grave, entonces, pero es muy molesto", admites rezando por que te llamen de una p*** vez. Dicen que la sanidad pública española, sobre todo en el Madrid de Ayuso, es la mejor del mundo y que no te van a dejar caer. Y te llaman ("¿Ves?") a los cinco meses (150 días después), porque efectivamente, lo tuyo no era grave y los jefazos de ese hospital de prestigio -ese tipo de jefe que tú quieres ser- decidieron posponerlo para que a la presidenta de la Comunidad le cuadren los números en la gestión sanitaria y pueda seguir gobernando, faltaría más. La pena es que te dicen que te ha salido otra cosita en el intestino grueso mientras esperabas esos meses doloridos a que te hicieran las pruebas del estómago. "¡Qué mala suerte, joder!". Y ahora toca operar, maldita sea, aunque te dicen que eso sí que va rápido: en un mes o así, estarás en quirófano. Ya se encarga Ayuso de eso, ¿cómo no vas a votarla?