Mientras la política se consume en acusaciones cruzadas sobre la instrumentalización judicial, existe un lawfare sistemático que beneficia a grandes empresas y perjudica a millones de familias, y del que ningún gobierno quiere oír hablar
El término lawfare lleva meses instalado en el centro
del debate político español con una intensidad que no tiene precedentes. Desde que Pedro
Sánchez alcanzó los acuerdos con los partidos independentistas catalanes que
permitieron su investidura, la palabra (que podría traducirse como guerra
jurídica, instrumentalización de la justicia o acoso judicial) ha
colonizado los titulares, los platós de televisión y los discursos parlamentarios
con una ubicuidad que resulta, cuanto menos, llamativa. Llamativa porque, en el
fragor de ese debate, nadie parece dispuesto a señalar el lawfare que
verdaderamente destroza la vida de las personas: el que ampara sistemáticamente
a los bancos, las energéticas y las aseguradoras frente a los ciudadanos que se
atreven a demandarles.
El lawfare, en su definición más precisa, es la utilización abusiva o
ilegal de las instancias judiciales, nacionales e internacionales, manteniendo
una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular
contra un adversario. En su versión política, el debate está servido: el PSOE,
Sumar y el propio Sánchez, que durante años negaron su existencia, han pasado a
afirmar de forma insistente que ha existido y que existe. Podemos ha llegado a
presentar una demanda formal por este asunto. El propio Sánchez, en una
entrevista en RTVE, puso como ejemplo el uso de la Policía por parte del PP en
el caso Kitchen para perseguir a adversarios políticos y ocultar pruebas. El
ministro de Transportes, Óscar Puente, fue más gráfico aún al compararlo con
las meigas: "Uno puede no creer en ellas, pero
haberlas haylas." Es más, el PSOE ha creado toda una
teoría de la conspiración como herramienta de justificación de los procesos judiciales
abiertos contra el entorno familiar de Sánchez, contra el PSOE o contra el
Gobierno. El ministro Óscar López ha llegado a afirmar, amparándose en su
derecho a la libertad de opinión, que los "jueces prevarican" y no se
ha bajado de ese caballo a pesar de que no tiene prueba de ello.
Todo eso está bien documentado, es políticamente relevante y merece el
escrutinio que recibe. El problema es lo que queda fuera del foco.
La justicia a dos velocidades: lo que
revelan las sentencias
Existe en España una realidad judicial que ningún presidente del Gobierno,
desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, ha tenido el menor interés en
corregir. Una realidad que no afecta a líderes políticos ni a expresidentes,
sino a trabajadores, consumidores, familias endeudadas y pensionistas que, en
un momento dado, deciden enfrentarse a un banco, a una eléctrica o a una
aseguradora ante los tribunales. Lo que les espera es, con
demasiada frecuencia, una justicia que no funciona igual para todos.
La base de datos del Consejo General del Poder Judicial, conocida como
CENDOJ, es pública y accesible. Cualquier persona con la paciencia suficiente
puede consultarla y comprobar algo que los abogados especializados en cláusulas
abusivas conocen perfectamente: existen juzgados en España
donde el cien por cien de los casos relacionados con determinadas entidades
bancarias son archivados de manera sistemática. No la mayoría.
No un porcentaje elevado. El cien por cien. Incluyendo causas en las que, por
ejemplo, a un matrimonio de jornaleros sin formación académica se les colocaron
productos financieros de alto riesgo y la jueza instructora determinó que esas
personas, sin ningún tipo de cultura financiera ni conocimiento del mercado,
encajaban en el perfil de "inversor medio". Una conclusión que
desafía cualquier lógica, pero que sirvió para cerrar el caso.
Los letrados que trabajan en este ámbito describen una situación que va
mucho más allá de la casualidad o de las diferencias de criterio
jurídico. Hablan de una asimetría estructural en
la que el ciudadano que litiga contra un banco, una energética o una
aseguradora parte de una desventaja que no es solo económica, aunque también lo
es, porque los recursos legales de estas empresas son incomparablemente
superiores, sino judicial. Las instrucciones de causas contra grandes
corporaciones se alargan más de lo razonable. Las pruebas presentadas por la
parte demandante son obviadas o no tenidas en cuenta. Los informes periciales son
ignorados. Los jueces se niegan a solicitar diligencias que podrían afectar a
lo que, en el argot judicial, se denomina "intereses superiores".
Europa tuvo que corregir a España
El episodio de las cláusulas suelo es quizás el ejemplo más conocido y más documentado
de este fenómeno. Durante años, los tribunales españoles resistieron, matizaron
y reinterpretaron la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea para proteger los intereses de la banca. La resolución llegaba desde
Luxemburgo y los jueces españoles buscaban la manera de aplicarla de la forma
menos gravosa posible para las entidades financieras, generando una cadena de
recursos, cuestiones prejudiciales y nuevas interpretaciones que convertía cada
litigio en un proceso interminable.
El abogado José María Erausquin lo describió a Diario Sabemos con una precisión que merece ser
recordada. En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los momentos
previos a una vista, comentó su deseo de que el asunto se resolviera de una
vez. La respuesta que recibió de alguien vinculado al propio tribunal
fue reveladora: "Amigo, las cosas de España no se acaban
nunca. Los jueces españoles no acostumbran a aplicar directamente las
resoluciones del TJUE, esperan a que el Tribunal Supremo les diga cómo hacerlo,
y como siempre hay algún juez díscolo que eleva nueva cuestión con dudas, el
tema va y viene hasta el aburrimiento." Eso sucedió en febrero de 2019. Y
la situación, según los especialistas, no ha cambiado sustancialmente.
El caso del IRPH, el Índice de Referencia de Préstamos
Hipotecarios, es la confirmación más reciente y más flagrante de ese
patrón. Tanto el Tribunal Supremo como diversas Audiencias Provinciales se
han declarado en rebeldía en varias ocasiones, generando una
doctrina absolutamente contraria a lo que indicaban las decisiones europeas.
Miles de hipotecados afectados por un índice que el propio TJUE consideró
susceptible de ser evaluado por su transparencia y sus efectos sobre el
consumidor han visto cómo los tribunales españoles encontraban siempre la
fórmula para no darles la razón que Europa indicaba que podían tener.
La Abogacía del Estado: cuando lo público
defiende lo privado
Hay un elemento en esta historia que resulta especialmente perturbador
desde el punto de vista democrático. Cuando los litigios de los ciudadanos
contra las grandes empresas españolas llegan a instancias europeas, los
Gobiernos de España —todos ellos, sin excepción, desde la Transición hasta hoy—
han utilizado recursos públicos para defender los intereses de esas
corporaciones.
La Abogacía del Estado, financiada con dinero de todos
los españoles, ha actuado como complemento de los carísimos despachos de
abogados que contratan los bancos, las energéticas y las aseguradoras para litigar en
Luxemburgo. La lógica oficial es que el Estado defiende el "interés
general" o la estabilidad de sectores estratégicos. La lógica real es que,
cuando una familia hipotecada llega al TJUE reclamando que se le aplique la
jurisprudencia europea sobre cláusulas abusivas, se encuentra al otro lado no
solo con los letrados del banco, sino con los representantes del propio Estado
español argumentando en contra de sus derechos. La Abogacía del Estado ha
llegado, incluso, a defender la licitud de vulnerar derechos fundamentales en nombre
de ese nebuloso "interés general".
Eso no lo ha hecho un solo Gobierno. Lo han hecho todos. Adolfo Suárez,
Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez
Zapatero, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez. La continuidad es tan perfecta
que resulta difícil no concluir que se trata de una política de Estado,
de un acuerdo implícito entre el poder político y el poder económico que
trasciende los colores partidarios y sobrevive a cualquier alternancia en el
Gobierno.
Ningún Gobierno quiere cambiar esto
La pregunta que emerge de forma inevitable es por qué. Por qué ningún
Ejecutivo, sea del signo que sea, ha abordado con seriedad esta dimensión del
problema judicial. La respuesta tiene varias capas, y ninguna de ellas resulta
tranquilizadora.
La primera es la más obvia: los grandes grupos
empresariales tienen una capacidad de influencia sobre el poder político que no
tiene equivalente en ningún otro sector de la sociedad. Sus
recursos económicos, su peso en el empleo, su presencia en los medios de
comunicación y su acceso directo a los círculos de decisión les otorgan una
posición de privilegio que se traduce, entre otras cosas, en una protección
judicial que los ciudadanos corrientes no tienen.
La segunda capa es más estructural. El sistema judicial español
adolece de una opacidad y una falta de rendición de cuentas que
lo hace especialmente permeable a esas influencias. Cuando existe la amenaza de
que los jueces podrían ser auditados o sometidos a inspección externa, la
reacción corporativa del poder judicial es de rechazo absoluto. Esa reacción,
que en un sistema sano debería resultar incomprensible, en el contexto español
revela algo mucho más preocupante: hay quien no quiere que se mire
demasiado de cerca cómo se imparte justicia en determinados casos.
La tercera capa es política. El lawfare corporativo no genera
manifestaciones, no produce titulares impactantes, no moviliza a la opinión
pública de la misma manera que el lawfare político. Una familia que pierde un
litigio contra su banco por una cláusula abusiva no ocupa portadas. Un
expresidente investigado o la esposa de un presidente procesada, sí. Y en ese
desequilibrio de visibilidad reside, en parte, la impunidad con la que opera
este sistema.
Estado de Derecho incompleto
España celebra elecciones con regularidad, tiene prensa libre, respeta las
libertades civiles básicas y forma parte de las instituciones europeas. Todos
esos elementos son constitutivos de una democracia. Pero un Estado de Derecho
completo requiere algo más: requiere que la justicia sea igual para todos, que
el ciudadano que litiga contra una corporación poderosa tenga las mismas
posibilidades reales de obtener tutela judicial efectiva que cualquier
otro. Y eso, en España, no está garantizado.
El debate sobre el lawfare político es legítimo y conspiranoico a la vez.
Que los partidos en el poder utilicen los mecanismos judiciales para perseguir
a sus adversarios, o que los jueces actúen con sesgo ideológico en causas con
implicaciones políticas, son problemas reales que merecen atención y solución.
Pero ese debate no puede convertirse en el único debate. No puede servir para
tapar, con su estruendo mediático, la existencia de un sistema paralelo en el
que los más poderosos siempre ganan y los más vulnerables casi nunca.
Mientras los políticos de todos los colores se acusan mutuamente de
instrumentalizar la justicia, hay miles de familias españolas que han perdido
sus ahorros en productos financieros que nunca entendieron, que siguen pagando
hipotecas con cláusulas que Europa declaró abusivas hace años, que intentan
recuperar lo que es suyo ante unos tribunales que miran hacia otro lado. Para ellos, el lawfare no es un concepto que aparece en los pactos
de investidura. Es su realidad cotidiana. Y Pedro Sánchez no
parece tener el menor interés en cambiarla.
