21/05/2026 - NO GUARDAN NIÑOS: SOSTIENEN EL PAÍS

BEATRIZ TALEGÓN

La huelga es un derecho, y se hace fundamentalmente para denunciar, utilizando la molestia que genera para presionar. Hay huelgas que molestan porque rompen la rutina y otras porque obligan a mirar algo que normalmente se ignora. La de las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) es de las segundas. 

El 7 de mayo hubo movilizaciones en toda España convocadas por sindicatos como CCOO y UGT. El lema era contundente: “Somos escuelas, no guarderías”. 

En la Región de Murcia, como en otras comunidades, las reivindicaciones se repiten desde hace tiempo: ratios altas, condiciones laborales precarias, falta de estabilidad y poco reconocimiento profesional. CCOO, por ejemplo, lleva meses denunciando esta situación en el sector de 0 a 3 años. 

El Real Decreto 95/2022 deja claro que la Educación Infantil es una etapa educativa completa, de 0 a 6 años. No es un servicio asistencial, es educación. Otra cosa es cómo se trate en la práctica. 

La Comunidad Autónoma de Murcia ha anunciado para el curso 2025-2026 unas 9.000 plazas gratuitas en el tramo de 0 a 3 años, según datos oficiales. El curso anterior ya se superaba las 8.700. Es una ampliación relevante y, en principio, positiva. Facilita la conciliación y amplía el acceso. Pero el problema no es solo cuántas plazas hay, sino cómo se sostienen. 

Los sindicatos vienen advirtiendo de que parte de ese crecimiento se apoya en fórmulas temporales, como contratos-programa o financiación ligada a planes concretos. Es una denuncia sindical (hay dejarlo claro), pero apunta a una cuestión de fondo, que viene a ser la misma constantemente en todos los servicios públicos: ¿se están cubriendo necesidades permanentes con soluciones provisionales? 

Y es que una plaza gratuita no garantiza, por sí sola, un buen servicio. 

España, según los últimos datos de la Comisión Europea, tiene una tasa de escolarización en 0-3 en torno al 55%, bastante por encima de la media europea, que ronda el 37%. En el tramo de 3 a 6 años, la escolarización es prácticamente total, por encima del 97%. 

La propia UE insiste en que no basta con llegar a más niños; lo que importa es cómo se les atiende. Eurydice lo repite desde hace años: esta etapa es clave para el desarrollo y para reducir desigualdades, y es un elemento que depende directamente de las condiciones en las que trabajan los profesionales. 

Lo que está pasando en la franja educativa de 0 a 3 años no es un caso aislado. Se parece bastante a lo que vemos en otros servicios públicos: sistemas que funcionan gracias al esfuerzo de quienes están dentro, mientras ese esfuerzo tapa carencias estructurales. Me decía el otro día mi buen amigo, el Doctor Alarcos, que, en su caso, los médicos están “pagando con vocación”, y que cuando la salud y las vidas de los pacientes están en sus manos, no es la manera de resolver el gran problema que tenemos todos en la Sanidad Pública. En la educación ocurre lo mismo. 

Después llegan las huelgas y el foco se pone en las molestias que generan. Es lógico, pero el problema no empieza ahí. El problema empieza cuando una educadora tiene más niños de los que debería. Cuando la estabilidad depende de programas temporales. Cuando se asume que todo va a salir adelante porque quienes están al frente van a tirar como puedan.

 

Las trabajadoras del sistema educativo de 0 a 3 años no están creando un problema. Están señalándolo. Ellas lo sufren, y también lo hacen los más pequeños, que, en definitiva, son sagrados. 

Lo que están señalando las trabajadoras de infantil importa. Porque en esa etapa se construye mucho más de lo que parece: lenguaje, hábitos, desarrollo emocional, igualdad de oportunidades. Que nuestros hijos, los más pequeños estén en un entorno de afecto tiene mucho que ver con el bienestar de quienes les educan. Y si las trabajadoras están en situaciones lamentables, obviamente, la paciencia se resiente. Hay que ser muy profesional para prestar el servicio de excelencia que los padres exigimos a lo público.  

Por eso el debate no debería quedarse en el número de plazas. La cuestión es otra: en qué condiciones, con qué recursos y con qué modelo se quiere trabajar de verdad. Cuando estas escuelas funcionan, pasan desapercibidas, como sucede siempre que algo es excelente (que se da por normal). Cuando se paran, se nota enseguida. Porque son esenciales para todos. 

Por algo será. 

No guardan niños. Sostienen el país.

 

19/05/2026 - CACERÍA ULTRA CONTRA ZAPATERO

Comentario: Lo de la justicia española no tiene nombre, es una de las mayores desvergüenzas de la Democracia. O se reforma pronto o el sistema democrático se irá al garete y volverá de nuevo la peste “porcina fascista” que ya padecimos muchos años atrás.

La querella de Manos Limpias por el rescate de Plus Ultra se basa en los testimonios de Aldama en el programa Horizonte

José Antequera

Zapatero es el siguiente peón sanchista en caer. La lista de víctimas del eslogan aznariano “el que pueda hacer que haga” empieza a ser tan larga como cruenta. ¿Qué se sabe realmente de la investigación contra el expresidente del Gobierno, el primer jefe del Ejecutivo en ser imputado por corrupción de la historia de la democracia? Dos cosas: que hay una investigación en marcha de la UDEF por las gestiones de ZP en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y que a las pesquisas policiales se ha unido una querella del sindicato ultra Manos Limpias, el ariete de la extrema derecha de este país para derribar el sanchismo. Nada que venga de ese inframundo posfascista puede ser tomado con seriedad. Ya sabemos cómo trabaja esta gente, sus chapuzas judiciales, sus querellas habitualmente basadas en bulos y recortes de prensa que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha rechazado como base suficiente para iniciar una instrucción judicial.

Hasta donde se sabe, el caso Plus Ultra comienza con una querella interpuesta por el sindicato ultra en los juzgados de Plaza Castilla. Corría el año 2025 y el asunto terminó en la Audiencia Nacional, en concreto en manos del juez Calama. A partir de ahí, las fuentes judiciales hablan de que la Fiscalía Anticorrupción ha encontrado mordidas a nombre de Zapatero y cuentas en el extranjero. También se habla de sociedades en Dubai, de poderes de gestión en la aerolínea a nombre del expresidente y de comisiones rogatorias de la justicia de otros países europeos. ZP se ha defendido asegurando que todo está en regla y que tiene derecho a ejercer sus actividades porque ya no es un cargo público.

La magistrada Vicky Rosell denuncia en la Hora de la 1 cómo opera el sindicato ultra. “Coincide una investigación que sí se está haciendo por la UDEF, pero cuando se entremezcla una querella, se está acumulando; ya sabemos que es un satélite de la ultraderecha para ejercitar este tipo de acciones judiciales abusivas contra un determinado sector ideológico”. A su vez, el tertuliano Luis Arroyo califica de “disparate” lo que se está ocurriendo con el expresidente Zapatero y habla de la “inmundicia política” en la que ha caído este país. Y Jesús Caldera pone la mano en el fuego por la honradez del líder y habla de las denuncias de “un cantamañas”. El “cantamañanas” no es otro que alguien que está jugando un papel fundamental en la operación de acoso y derribo contra el sanchismo: Víctor de Aldama. En efecto, el empresario procesado por el caso Ábalos/Koldo que ha acusado de corrupción a Pedro Sánchez pero que hasta la fecha no ha presentado ni un solo indicio, volvió a poner en marcha el ventilador en una entrevista con Íker Jiménez. Para mayor sonrojo, la querella de Manos Limpias cita al programa “Horizontes de la cadena La Sexta”, cuando ni se llama Horizontes ni se emite en La Sexta, ya que es una producción de Cuatro. Ese es el rigor de las denuncias ultras. Lo de Aldama es demasiado burdo hasta para la Justicia española. Una vez más, el testigo más que protegido (acabarán todos en la cárcel menos él) disparó contra Zapatero y contra Sánchez sin aportar ni un mal papel. 

Pero vayamos al meollo de todo caso de corrupción: el rastro del dinero. ¿Cuánto, cómo, dónde? ¿Hay pruebas de que Zapatero cobró diez millones de euros de comisión en Panamá por el rescate de Plus Ultra? Habrá que esperar a lo que dictamine el informe de la UDEF tras los registros realizados en el despacho familiar, pero de momento todo apunta a un nuevo burdo montaje para detonar la moción de censura de las derechas en venganza por la que descabalgó a Mariano Rajoy por el caso Gürtel. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, recuerda que “todas las aerolíneas europeas fueron rescatadas por la pandemia siguiendo los consejos de la Comisión Europea”. Será la Policía la que aclare hasta dónde llega un asunto que, sin duda, más allá del ruido, merece ser esclarecido. Pero entre tanto, llama la atención que se haya puesto en marcha toda la maquinaria judicial solo con las informaciones fake basadas en recortes de prensa, bulos de tuiteros y programas de entretenimiento.

La primera consecuencia del enésimo montaje de las derechas es que hoy ya no se habla de la Kitchen, tampoco de Montoro, ni de los más que seguros pactos de Moreno Bonilla con Vox en Andalucía. Felipe se fue de rositas de los años de corrupción del PSOE y de los GAL; Aznar no ha pagado por las mentiras de la guerra de Irak ni por tanta trama política; y Rajoy ya tal. Zapatero va a ser el primer presidente imputado de la democracia. En Moncloa hablan de cacería, califican de “barbaridad” la imputación e insisten en que tienen “máxima confianza” en la figura del expresidente. Mientras tanto, PP y Vox piden la dimisión del consejo de ministros y elecciones inmediatas. Había demasiadas cuentas pendientes con ZP. Aznar jamás le perdonó las movilizaciones ciudadanas durante los atentados del 11M que le costaron el poder al Partido Popular. Todo esto apesta, una vez más, a lawfare.

 

19/05/2026 - LA "PRIORIDAD ANDALUZA" DE MORENO BONILLA SOLO PASA POR PRESIONAR AL PSOE PARA QUE SE ABSTENGA Y EVITAR ASÍ UN PACTO CON VOX

Comentario: Ni que decir tiene que el PSOE andaluz, después de la debacle sufrida, debería abstenerse y facilitar el gobierno del PP que ha ganado las Elecciones limpiamente, y quitarnos a todos los andaluces y a todos los españoles de en medio a esa basura de VOX que nos quiere llevar de nuevo a la Dictadura franquista. Además, se da la circunstancia de que PP y PSOE no están tan lejos en sus políticas sociales, ya que el PSOE ha defraudado a los votantes de izquierda en muchas de sus reivindicaciones laborales y de todo tipo, lo cual lo acerca bastante, por desgracia, al PP.

Los ultraderechistas mantienen la condición de la “prioridad nacional” para apoyar la investidura del candidato del PP, aunque no concretan si también reclaman formar parte de un gobierno de coalición

Natalio Blanco

Una cosa es querer y otra poder. El deseo del ganador de las elecciones andaluzas del pasado domingo, el Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla, es gobernar en solitario los cuatro próximos años pese a haber perdido de un plumazo cinco diputados y, de paso, la mullida mayoría absoluta que ha disfrutado en esta pasada legislatura en el Parlamento andaluz. Pero evidentemente no puede, aunque se haya quedado a escasos 20.000 votos y dos diputados de los 55 que otorgan la mayoría absoluta. Por eso el deseo de Moreno Bonilla de anteponer la “prioridad andaluza” a la imposición de la “prioridad nacional” de la ultraderecha es solo eso, un deseo, porque la única forma de evitar retratarse junto a Vox en algún tipo de acuerdo con el que lograr la mayoría absoluta de la Cámara autonómica es lograr enarbolar la bandera de la “responsabilidad” democrática para que la ultraderecha no toque poder como sí ha logrado en otras comunidades gobernadas por el PP como Extremadura o Aragón.

El caso de Andalucía ahora es similar al de estas comunidades cogobernadas actualmente por PP y Vox, pero la ‘vía andaluza’ de Moreno Bonilla, supuestamente contrapuesta a la dura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha fracasado este 17M al perder el comodín de la mayoría absoluta. Visto lo visto, en el PP empiezan a ahormar el mensaje de endosar al principal partido de la oposición, el PSOE de María Jesús Montero, la “responsabilidad” de evitar que una medida xenófoba como la “prioridad nacional” de Vox se imponga también en Andalucía, una condición sine qua non de los ultraderechistas.

La maniobra política en gestación por parte del PP se dirige ahora a ahondar en el shock que vive el PSOE andaluz por los peores resultados electorales de su historia en unas andaluzas

Así las cosas, el partido más votado no quiere pactar con el único que se acerca a sus postulados por su derecha porque traspasa líneas rojas que, hasta hoy mismo, el propio Moreno Bonilla ha considerado infranqueables. La maniobra política en gestación por parte del PP andaluz se dirige ahora a ahondar en el shock que vive el PSOE andaluz por los peores resultados electorales de su historia en unas autonómicas andaluzas, su histórico granero de votos durante décadas, y lo hace inoculando el virus de la división interna vía propuesta de abstención para que Moreno Bonilla pueda esquivar las imposiciones de Vox. Desde que este lunes el candidato del PP antepuso la “prioridad andaluza” a la “prioridad nacional” xenófoba de Vox estaba poniendo en marcha la maquinaria política en su partido para presionar a las devastadas filas socialistas.

Apenas 48 horas después de las elecciones andaluzas, la posición de los ultraderechistas se mantiene inamovible y todo pasa por la aceptación de su propuesta estrella, la xenófoba y segregacionista “prioridad nacional”, una medida que levanta ampollas a día de hoy entre los populares andaluces pero que sus colegas de otras comunidades que han celebrado recientes elecciones con idéntico resultado, Extremadura y Aragón por el momento, ya asumen sin complejos en sus ejecutivos de coalición.

 

18/05/2026 - EL PALO DE GABRIEL RUFIÁN A LAS IZQUIERDAS ESPAÑOLAS TRAS LAS ELECCIONES ANDALUZAS

 

Comentario: Mucha política y mucha gente aferrada al sillón para cobrar un salario que nunca hubieran ganado en la empresa. La gente vota según le meten la mano en el bolsillo, y la izquierda siempre está pidiendo más y más para los servicios públicos que cada día que pasa son peores, y si no que se lo digan a los extremeños… y a los andaluces. El PSOE cada día es menos socialista y la gente no es idiota. Subiendo el IVA de la luz y restableciendo el copago farmacéutico, por ejemplo, no se ganan unas elecciones en ninguna parte de ningún sitio. No obstante, que nadie olvide que la abstención siempre gana por mayoría absoluta, como acaba de ocurrir en Andalucía, y eso ya me contarán de quién o quiénes es culpa, del ciudadano, desde luego, no.  

El líder de ERC cree que los diferentes partidos progresistas a nivel nacional son "el problema"

Marcos López

Como ocurre tras cada cita electoral, Gabriel Rufián hace balance en la red social X: “Tres cosas: 1) Es el momento de las izquierdas soberanistas. Un momento que deben saber interpretar y liderar: la conclusión no puede ser 'como a mí me va bien que le den a lo demás'. Y un momento que las izquierdas españolas deben saber aceptar y fomentar: son el problema”. El mensaje se completa: “2) Al PP y a Vox se les puede minar y ganar: optimizando la oferta electoral y con ciencia. Provincia a provincia. 3) Un abrazo enorme a @TeresaRodr [Teresa Rodríguez]. Habéis marcado un camino”.

¿Qué quiere decir Rufián con que es el momento de las fuerzas independentistas? Sin duda, la afirmación debe ser interpretada en clave de su propuesta de Frente Amplio, que preconiza la unidad de toda la izquierda. Es cierto que hay un ascenso de las fuerzas soberanistas o autonomistas de izquierda en distintos territorios del Estado. ERC en Cataluña, BNG en Galicia, EH Bildu en Euskadi, Compromís en la Comunidad Valenciana, entre otras, están consolidando un espacio político propio, con identidad territorial fuerte y discurso progresista. Pero cuidado porque hay una segunda parte del axioma: “La conclusión no puede ser como a mí me va bien que le den a los demás”. Es decir, el ombliguismo solo conduce a más extrema derecha.

Rufián sugiere que estas fuerzas no solo están creciendo, sino que están mejor conectadas con las demandas sociales y territoriales que las izquierdas de ámbito estatal. Para él, este es un momento de oportunidad: un punto de inflexión en el que estas formaciones pueden liderar una nueva etapa política si saben interpretarla correctamente.

Cuando afirma que deben “saber interpretar y liderar”, está señalando que el crecimiento electoral no basta. Hace falta proyecto, coordinación y visión estratégica. En otras palabras, no se trata solo de obtener votos, sino de construir un espacio político cohesionado y con capacidad de influencia real. Ahí es donde Rufián lanza una crítica interna, dirigida a las propias izquierdas soberanistas. Les advierte contra la tentación de encerrarse en su éxito particular y desentenderse del resto del mapa político. Lo que está diciendo es: no basta con que a tu partido le vaya bien si el conjunto del bloque progresista retrocede.

En política, los avances aislados pueden convertirse en victorias pírricas si no se traducen en mayorías amplias o en capacidad de condicionar gobiernos. Rufián reclama una visión más amplia: cooperación, alianzas, y una lectura compartida del momento político. Este mensaje también puede interpretarse como una llamada a evitar el sectarismo. En un contexto de fragmentación, las izquierdas soberanistas –si quieren liderar algo– deben actuar con responsabilidad y sentido de proyecto común.

Pero el dardo de Rufián va dirigido también a las cainitas izquierdas españolas, que deben saber aceptar que “son el problema”. Esta es, sin duda, la frase más polémica del mensaje. Rufián afirma que las izquierdas de ámbito estatal (principalmente PSOE y Sumar) son causantes de la decadencia. ¿Qué quiere decir con esto? Rufián sostiene desde hace años que las izquierdas estatales no han sabido comprender ni integrar las demandas territoriales de comunidades como Cataluña, Euskadi o Galicia. Según esta visión, siguen operando con una lógica centralista o uniformadora que choca con la realidad plurinacional del Estado.

El mensaje también puede interpretarse como una crítica a la incapacidad de estas fuerzas para frenar el avance de la derecha en territorios clave. Si las izquierdas estatales pierden terreno, el conjunto del bloque progresista se debilita, y eso afecta también a las fuerzas soberanistas. Rufián sugiere que las izquierdas españolas no solo deben aceptar el ascenso de las izquierdas soberanistas, sino fomentarlo. Es decir, asumir que la pluralidad territorial es una fortaleza y no una amenaza. En su visión, el futuro del progresismo pasa por alianzas multinivel, no por intentos de recentralizar el liderazgo. El mensaje de fondo es un nuevo equilibrio en la izquierda. Más allá de la provocación, el mensaje de Rufián apunta a un cambio profundo en el ecosistema político español. La izquierda ya no es un bloque homogéneo, sino un mosaico de identidades territoriales, proyectos políticos y estrategias diversas. Unidad electoral sí, suma de votos sí, confluencia, plataforma y bloque sí, pero manteniendo la identidad propia de cada partido.

Rufián plantea que el futuro pasa por reconocer esa diversidad y articularla políticamente. Y, sobre todo, por entender que el liderazgo ya no puede venir solo desde Madrid. Las izquierdas soberanistas, según él, están mejor situadas para interpretar el momento social y político actual.

Aunque Andalucía no es un territorio con fuerte presencia de izquierdas soberanistas, los resultados electorales demuestran que el andalucismo rebrota en forma de un movimiento como Adelante Andalucía (que ha cambiado la etiqueta de anticapitalista por el de soberanismo mientras la propuesta unitaria o nacional de Por Andalucía con Antonio Maíllo liderando la coalición Izquierda Unida, Podemos y Sumar se estanca). Cuando la izquierda estatal retrocede en un territorio tan poblado y resucita el autonomismo es que algo se está haciendo mal. El mensaje que se envía al conjunto del país es claro: algo no está funcionando.

Rufián aprovecha ese contexto para reforzar su tesis: si las izquierdas estatales no logran conectar con amplios sectores sociales, quizá ha llegado el momento de que otras izquierdas –las soberanistas– asuman un papel más central. Como suele ocurrir con Rufián, su mensaje es a la vez análisis y advertencia. Está diciendo a las izquierdas soberanistas: “Este es vuestro momento, pero no lo desperdiciéis”. Y a las izquierdas estatales: “Si no entendéis lo que está pasando, seguiréis perdiendo terreno”. En el fondo, plantea un debate sobre liderazgo, identidad y estrategia dentro del espacio progresista español.

 

16/05/2026 - LAS CLASES TRABAJADORAS SE DIVORCIAN DE LA IZQUIERDA

Comentario: “Los sentimientos y las costumbres que son base de la felicidad pública se forman en el hogar doméstico”. Conde de Mirabeau. La ideología está muy bien, pero con la ideología no se come. A ver si es posible que los políticos de izquierda se enteren de una puñetera vez.

La izquierda española afronta una crisis de credibilidad por priorizar debates ideológicos frente al bienestar económico. El Gobierno de Pedro Sánchez ejemplifica una desconexión que impulsa el auge populista.

José Antonio Gómez

La gran crisis política de la izquierda española ya no es únicamente ideológica. Es una crisis de credibilidad económica. Millones de votantes que durante décadas asociaron a la socialdemocracia y a la izquierda con empleo, estabilidad y ascenso social comienzan a percibir que buena parte de sus dirigentes hablan constantemente de valores, identidades y símbolos, pero cada vez menos de prosperidad cotidiana.

En España, el Gobierno de Pedro Sánchez representa con claridad esa contradicción contemporánea. El Ejecutivo ha impulsado una intensa agenda política y cultural en materias como memoria democrática, feminismo institucional, lenguaje inclusivo, transición ecológica o ampliación de derechos identitarios. Sin embargo, una parte creciente de la población siente que ninguna de esas medidas ha logrado aliviar las preocupaciones económicas que dominan la vida real de las familias trabajadoras: el precio de la vivienda, la precariedad laboral, la pérdida de poder adquisitivo o la dificultad para construir un proyecto de vida estable. Y, además, medidas como la subida del SMI, la Ley de Vivienda o la reforma laboral no ha tenido efectos reales sobre el bienestar de las clases medias y trabajadoras.

Ese desfase entre discurso político y experiencia económica cotidiana está produciendo una consecuencia que preocupa cada vez más a estrategas progresistas en toda Europa: la fuga de votantes tradicionales hacia opciones populistas y antisistema que han comprendido algo esencial que la izquierda parece haber olvidado. La mayoría social vota antes que nada pensando en su bienestar económico.

Durante años, la izquierda construyó su legitimidad sobre una idea sencilla: mejorar materialmente la vida de las clases medias y trabajadoras. El movimiento obrero europeo no nació alrededor de debates culturales, sino alrededor de salarios, vivienda, empleo y protección social. Hoy esa conexión aparece debilitada.

Buena parte de los gobiernos progresistas contemporáneos han desplazado el centro de gravedad de su acción política hacia cuestiones culturales e identitarias que poseen un enorme peso ideológico, pero cuyo impacto económico inmediato sobre la vida de la mayoría resulta limitado.

En España, el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez ha aprobado leyes y reformas que ocupan intensamente el debate público y generan fuerte movilización política, pero que conviven con una percepción social persistente de deterioro económico. El problema para la izquierda no es únicamente estadístico. Es psicológico.

Aunque determinados indicadores macroeconómicos hayan mejorado, millones de ciudadanos tienen que trabajar más para vivir peor. La inflación acumulada, el encarecimiento de la vivienda y la precarización juvenil pesan mucho más en la percepción colectiva que los discursos institucionales sobre crecimiento económico.

La extrema derecha ocupa el vacío dejado por la izquierda

Ese vacío está siendo aprovechado por fuerzas populistas de extrema derecha que han entendido una lógica política básica: quien conecta con la ansiedad económica conecta con el electorado.

La ultraderecha populista europea ha aprendido a hablar el lenguaje del malestar cotidiano. Ya no se presenta únicamente como una fuerza ideológica conservadora, sino como defensora de trabajadores golpeados por la inflación, la inseguridad económica y el deterioro del nivel de vida.

Mientras tanto, parte de la izquierda aparece atrapada en un ecosistema político-mediático donde las prioridades simbólicas tienen mucho más peso que las angustias materiales de amplias capas sociales. El fenómeno no es exclusivamente español. Ocurre en Francia, Italia, Alemania o Estados Unidos. En todos esos países, partidos populistas avanzan precisamente entre sectores populares que antes votaban mayoritariamente a la izquierda.

El caso español resulta especialmente ilustrativo porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha construido una poderosa narrativa progresista y europeísta, pero convive con problemas estructurales que afectan directamente al bienestar de las familias trabajadoras.

España mantiene enormes dificultades de acceso a la vivienda, salarios muy bajos en amplios sectores, presión fiscal creciente sobre clases medias y una fuerte precariedad juvenil. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha invertido gran parte de su capital político en debates de fuerte carga ideológica que movilizan intensamente a minorías politizadas, pero no necesariamente a la mayoría social preocupada por llegar a fin de mes.

Ahí reside una de las claves del desgaste progresista contemporáneo. La ciudadanía no rechaza necesariamente las políticas identitarias o culturales. Lo que rechaza es que parezcan sustituir a la agenda económica en lugar de complementarla.

La izquierda nació precisamente para convertir la prosperidad económica de las clases trabajadoras en prioridad política central. Cuando abandona ese terreno o deja de transmitir credibilidad económica, pierde el núcleo mismo de su legitimidad histórica. Mientras amplios sectores sociales continúen creyendo que sus gobernantes entienden mejor los debates ideológicos que las angustias económicas de las familias, seguirá creciendo la desconfianza hacia los partidos progresistas tradicionales.

Y en ese escenario, los populismos de extrema derecha seguirán avanzando porque han comprendido algo que durante décadas fue la gran fortaleza histórica de la izquierda: la política empieza siempre en el bolsillo, en la estabilidad y en la esperanza material de la gente corriente.

 

16/05/2026 - LAS GRANDES EMPRESAS DESTRUYEN EMPLEO PARA ENRIQUECER A LOS FONDOS DE INVERSIÓN

Comentario: ¿Camino del esclavismo? Veremos… Si no se le da parte de la empresa a los trabajadores y los gobiernos no prohíben la recompra, el camino está trazado. Pronto, algunos de esos fondos de inversión, serán -sino lo son ya- más ricos que la mayoría de los países, y sus gobiernos pintarán menos que un pastel en la puerta de un colegio.

Las recompras de acciones permiten a grandes empresas inflar su valor bursátil mientras destruyen empleo y concentran riqueza en fondos de inversión especulativos

Martha Golfín

Las recompras de acciones se han convertido en una de las prácticas más controvertidas del capitalismo contemporáneo. Bajo la apariencia técnica de una operación financiera legítima, este mecanismo, mediante el cual una empresa utiliza sus propios recursos para adquirir sus acciones en el mercado, ha sido presentado durante décadas como una forma eficiente de “devolver valor al accionista”. Sin embargo, un análisis más detenido revela una realidad mucho más incómoda: lejos de generar riqueza productiva, las políticas de recompra masiva están contribuyendo a la concentración de capital, al debilitamiento del empleo y a la financiarización extrema de la economía.

En términos simples, cuando una compañía decide destinar miles de millones a recomprar sus propias acciones, está optando por no invertir ese dinero en innovación, salarios, infraestructuras o expansión productiva. Es una decisión que reconfigura las prioridades empresariales: del crecimiento real al beneficio inmediato de los mercados financieros. En este sentido, numerosos economistas críticos califican estas operaciones como una forma de extracción de valor, más que de creación del mismo.

La lógica es clara. Al reducir el número de acciones en circulación, la empresa eleva artificialmente su precio en bolsa y, con ello, el valor de las participaciones de los grandes accionistas. En la práctica, esto significa transferencias masivas de riqueza hacia fondos de inversión y élites financieras. No es casual que los principales beneficiarios de las recompras de acciones sean gigantes como BlackRock, Vanguard o State Street, actores que concentran una influencia creciente sobre el tejido empresarial global.

Pero esta dinámica tiene un coste social profundo. Diversos estudios han documentado cómo las empresas que lideran programas agresivos de recompra tienden a recortar costes laborales, congelar salarios o externalizar empleo. La ecuación es perversa: el dinero que podría sostener empleos estables o mejorar condiciones laborales termina alimentando la especulación bursátil. Así, las recompras corporativas no solo no generan empleo, sino que, en muchos casos, contribuyen directamente a su destrucción.

Desde una perspectiva cultural, este fenómeno refleja una transformación más amplia: el paso de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero. En el primero, la legitimidad empresarial se vinculaba a la producción, al empleo y al progreso material. En el segundo, el éxito se mide en términos de rentabilidad inmediata y rendimiento para el accionista. Las empresas dejan de ser comunidades productivas para convertirse en vehículos de valorización financiera.

Este cambio no es neutro. Implica una redefinición del contrato social implícito entre empresas y sociedad. Cuando las corporaciones priorizan las estrategias de recompra de acciones por encima de la inversión productiva, están enviando un mensaje claro: el bienestar colectivo queda subordinado a los intereses de los mercados financieros. En este contexto, hablar de “actos criminales” no es solo una provocación retórica, sino una forma de señalar la dimensión ética del problema.

La cuestión central no es únicamente económica, sino política y moral. En un escenario de creciente desigualdad y precarización laboral, el debate sobre las recompras de acciones y empleo se vuelve ineludible. Lo que está en juego no es solo la eficiencia de un instrumento financiero, sino el modelo de sociedad que se está construyendo. Un modelo donde el capital circula cada vez más rápido, pero donde la riqueza real, la que sostiene vidas, comunidades y futuro, parece quedar cada vez más relegada.

 

16/05/2026 - AYUSO NUNCA HABLA DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

Comentario: Lástima que no esté vivo el marido de mi prima hermana Ascensión Hernández Triviño (recientemente galardonada con un premio humanista internacional), Miguel León Portilla. Él, mexicano de nacimiento, hubiera sacado a la Sra. Ayuso de sus pensamientos erróneos, puesto que era el historiador considerado la persona que más sabía en el mundo de Hernán Cortés y de los pueblos indios, de los que ha escrito un sinfín de libros. Encima de mi mesa, desde donde escribo, está un libro suyo titulado “Hernán Cortés y la Mar del Sur”, una de sus muchas obras sobre el conquistador extremeño. Si tienen ocasión, léanlo. Lleva tiempo, pero merece la pena en lugar de pasarlo escuchando a la Sra. Ayuso, una mujer lerda en casi todo lo que expresa.      

La presidenta madrileña exalta la figura de los conquistadores, pero jamás menciona figuras tan importantes como fray Bartolomé de las Casas

José Antonio Gómez

La figura de Bartolomé de las Casas vuelve periódicamente al centro del debate político y cultural español porque representa algo incómodo para determinados discursos contemporáneos: la existencia, ya en pleno siglo XVI, de una conciencia crítica dentro de la propia España imperial sobre la violencia de la conquista de América.

Cinco siglos después, esa tensión histórica reaparece con fuerza en el discurso político actual, especialmente a raíz de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien ha defendido reiteradamente una visión reivindicativa de la presencia española en América y ha denunciado lo que considera una “leyenda negra” construida contra España.

El choque entre ambas visiones no es únicamente historiográfico. Se trata de una disputa cultural profunda sobre cómo debe narrarse el pasado colonial español, qué papel juega la memoria histórica en la identidad nacional y hasta qué punto una democracia contemporánea puede asumir críticamente su legado imperial sin interpretarlo como una humillación colectiva.

Fray Bartolomé de las Casas: la conciencia incómoda del imperio

La figura de Las Casas posee una singularidad extraordinaria dentro de la historia europea. Fue conquistador antes que fraile. Participó inicialmente del sistema colonial español en el Caribe y recibió encomiendas, pero terminó convirtiéndose en el principal denunciante de los abusos cometidos contra los pueblos indígenas.

Su obra más célebre, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, constituye uno de los testimonios más demoledores jamás escritos contra la violencia colonial europea. Las Casas describió matanzas, esclavitud, torturas y destrucción sistemática de comunidades indígenas a manos de conquistadores españoles. Su lenguaje era brutal porque pretendía conmover a la Corona y provocar una reacción moral. “Entraban los españoles en los pueblos, no dejaban niños ni viejos, ni mujeres preñadas ni paridas que no desbarrigaban e hicieran pedazos”, escribió fray Bartolomé.

Ese tipo de relatos convirtió a Las Casas en una figura profundamente polémica ya en su tiempo. Para algunos era un defensor radical de los indígenas. Para otros, un traidor que exageraba deliberadamente los abusos españoles y debilitaba políticamente a la monarquía.

La paradoja histórica es que sus textos terminaron siendo utilizados durante siglos por las potencias rivales de España (especialmente Inglaterra y Países Bajos) para construir la llamada “leyenda negra”, una narrativa que presentaba al imperio español como excepcionalmente cruel frente a otros colonialismos europeos.

Ahí reside precisamente la complejidad contemporánea del personaje: Las Casas fue simultáneamente un pionero de los derechos humanos y una figura instrumentalizada geopolíticamente contra España.

Ayuso y la reivindicación de la conquista

Frente a esa tradición autocrítica emerge hoy una corriente política y cultural que rechaza frontalmente cualquier lectura negativa de la conquista de América. Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una de las voces más visibles de esa reinterpretación reivindicativa del pasado imperial español.

Ayuso ha defendido en varias ocasiones que España llevó a América “universidades, civilización, idioma y catolicismo”, y ha criticado duramente los intentos de juzgar la conquista con parámetros morales contemporáneos. En uno de sus discursos más comentados afirmó: “España llevó libertad, derechos y prosperidad al continente americano”.

Ese enfoque forma parte de una batalla cultural más amplia impulsada desde sectores conservadores españoles que consideran que la izquierda y determinados movimientos indigenistas latinoamericanos han construido una visión culpabilizadora y distorsionada de la historia española.

Para ese discurso, insistir únicamente en la violencia de la conquista supone ignorar el mestizaje, la expansión cultural, la evangelización y la creación de estructuras políticas y universitarias que marcaron profundamente el continente americano. La reivindicación de la “hispanidad” se convierte así en una respuesta identitaria frente a lo que consideran un revisionismo histórico hostil hacia España.

Dos relatos enfrentados

El contraste entre Las Casas y Ayuso revela en realidad dos maneras distintas de entender la relación entre historia, identidad y poder. Las Casas representaba la idea de que el poder imperial debía someterse a límites morales universales. Su pensamiento era revolucionario para su época porque sostenía que los indígenas poseían plena dignidad humana y derechos naturales. En pleno siglo XVI, aquello suponía cuestionar la legitimidad absoluta de la conquista.

Ayuso, en cambio, encarna una reacción contemporánea contra lo que muchos sectores conservadores consideran un debilitamiento constante del orgullo nacional español. Su discurso intenta desplazar el foco desde la violencia colonial hacia los logros culturales y civilizatorios del imperio. Por eso el choque entre ambos relatos resulta tan emocionalmente intenso. No se discute únicamente el pasado. Se discute qué tipo de país quiere ser España hoy.

La conquista de América, campo de batalla cultural

El debate sobre la conquista se ha transformado en uno de los grandes escenarios simbólicos de la polarización cultural contemporánea.

En América Latina, gobiernos y movimientos sociales han impulsado procesos de recuperación de memorias indígenas y críticas al colonialismo europeo. En España, sectores conservadores responden defendiendo el legado histórico de la monarquía hispánica y denunciando una supuesta “autofobia” nacional.

En ese contexto, Las Casas reaparece constantemente porque desmonta cualquier simplificación ideológica. Su existencia demuestra que la crítica a los abusos coloniales no nació en universidades contemporáneas ni en movimientos poscoloniales modernos. Surgió dentro de la propia España imperial.

Pero también demuestra algo más incómodo para ciertos sectores progresistas: que el imperio español no fue un bloque monolítico, sino un espacio de intensos debates morales, jurídicos y religiosos sobre la legitimidad de la conquista. Esa complejidad histórica suele desaparecer en los discursos políticos actuales, donde la conquista de América funciona más como símbolo ideológico que como objeto de análisis histórico riguroso.

El fondo del debate no es estrictamente historiográfico, sino identitario. Cuando Ayuso reivindica la conquista, está defendiendo una determinada idea de España: una nación histórica orgullosa de su legado global y cansada de pedir perdón por su pasado. Cuando sectores académicos o progresistas recuperan la figura de Las Casas, intentan subrayar la necesidad de una memoria crítica capaz de reconocer la violencia estructural del colonialismo.

Ambas posiciones reflejan una fractura cultural cada vez más visible en Occidente: la tensión entre orgullo nacional y revisión histórica. Por eso Bartolomé de las Casas sigue siendo una figura tan incómoda cinco siglos después. Porque obliga simultáneamente a reconocer la grandeza intelectual del pensamiento español del Siglo de Oro y la brutalidad real que acompañó a la expansión imperial. Y porque recuerda que la historia de España nunca fue un relato simple de héroes o villanos, sino una lucha permanente entre poder, conciencia moral y construcción de identidad.

 

14/05/2026 - EUROPA PONE EN SU SITIO A MONCLOA

 

Comentario: Cierto, Sr. Gómez. Pero que nadie olvide que, en lo que está pasando en España, tienen mucha culpa las Autonomías plagadas de Altos Cargos y de donde salen Diputados y Senadores que no sirven ni para estar escondidos, sólo valen para apretar un botón y, para colmo, se equivocan con frecuencia, ya que no están pendientes y sólo les preocupa su enorme salario y el “qué hay de lo mío”. Hay que reducir los Altos Cargos muy exponencialmente y contratar más médicos y más profesores… y no olvidarse de las carreteras, los trenes y de las zonas hundidas en la miseria por todo lo que les falta para vivir dignamente, y sino que se lo pregunten a un extrmeño.

Los datos de pobreza de Eurostat demuestran que la supuesta prosperidad económica que pregona Moncloa y con la que Pedro Sánchez se pavonea sólo está alcanzando a los millonarios y las grandes empresas

José Antonio Gómez

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en proyectar una imagen de fortaleza económica y crecimiento sostenido, los datos oficiales de la Unión Europea, publicados por Eurostat, vuelven a confrontar a España con una realidad mucho más incómoda: el país sigue atrapado entre los líderes europeos de la pobreza y exclusión social. Detrás de los discursos oficiales sobre recuperación, resiliencia y modernización económica emerge una fractura social cada vez más profunda que golpea especialmente a trabajadores precarios, jóvenes, familias con hijos y clases medias debilitadas.

España ocupa ya el quinto lugar entre los países con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de toda la Unión Europea. No es el lugar que debería tener la cuarta economía de la UE y, según la propaganda de Moncloa, "el motor económico de Europa". Casi 12,6 millones de personas viven atrapadas en esa situación. La cifra no solo desmonta la narrativa triunfalista del Ejecutivo, sino que revela el principal fracaso político del actual modelo económico: la incapacidad para transformar el crecimiento macroeconómico en prosperidad real para la mayoría social.

El problema no es únicamente estadístico. Tiene rostro humano. Son familias que trabajan y aun así no consiguen llegar a fin de mes. Son jóvenes universitarios encadenando empleos temporales y salarios insuficientes. Son padres y madres que deben elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera. Son pensionistas ayudando económicamente a hijos y nietos porque el mercado laboral ya no garantiza estabilidad ni ascenso social.

La gran paradoja española es que el crecimiento económico convive con una sensación creciente de empobrecimiento colectivo. El Gobierno presume de cifras de empleo, inversión extranjera y turismo récord mientras millones de ciudadanos perciben exactamente lo contrario en su vida cotidiana. La economía puede crecer sobre el papel, pero amplias capas sociales sienten que ese crecimiento nunca llega realmente a sus bolsillos.

Ahí reside el núcleo del desgaste político que enfrenta el Ejecutivo de Sánchez. La percepción de que la gestión económica beneficia principalmente a las rentas más altas y a determinados sectores empresariales se está consolidando incluso entre antiguos votantes progresistas. Mientras las grandes corporaciones energéticas, financieras y tecnológicas mantienen beneficios multimillonarios, el coste de la vivienda, la alimentación y los servicios básicos continúa asfixiando a trabajadores y clases medias.

La crisis de la vivienda en España se ha convertido probablemente en el símbolo más visible de esta fractura. El acceso a un alquiler asequible resulta cada vez más difícil incluso para personas con empleo estable. En las grandes ciudades, miles de jóvenes dedican más de la mitad de sus ingresos a pagar una habitación o un pequeño apartamento. El ascensor social parece completamente averiado para una generación que trabaja más que sus padres pero vive con mucha mayor inseguridad.

Los datos sobre pobreza infantil reflejan con especial crudeza el alcance del problema. La España de Pedro Sánchez mantiene la tasa más alta de pobreza entre menores de toda la Unión Europea. Detrás de esa estadística se esconde una realidad devastadora: niños creciendo en hogares donde el empleo ya no garantiza condiciones de vida dignas. El fenómeno rompe además uno de los pilares históricos del modelo europeo, basado en la idea de que el trabajo debía actuar como protección frente a la exclusión.

Sin embargo, en España incluso tener empleo ha dejado de ser garantía de estabilidad. El país presenta una de las tasas más elevadas de trabajadores pobres de Europa. Esto significa que cientos de miles de personas trabajan, cotizan y cumplen con sus obligaciones laborales mientras permanecen atrapadas en situaciones de vulnerabilidad económica. La precariedad ya no afecta únicamente a desempleados o colectivos marginales; se ha extendido al corazón mismo de la población activa.

La incapacidad redistributiva del sistema también deja en evidencia los límites de la política social del Gobierno. Aunque las transferencias públicas logran contener parcialmente la pobreza, España sigue muy por debajo de la media europea en eficacia redistributiva. Países como Francia, Bélgica o Alemania muestran una capacidad mucho mayor para reducir desigualdades mediante ayudas sociales, prestaciones y políticas fiscales. En cambio, el modelo español continúa mostrando enormes dificultades para corregir los desequilibrios generados por el mercado.

Esa debilidad redistributiva conecta directamente con otro debate incómodo para el Ejecutivo: la percepción de que el sistema fiscal sigue siendo insuficientemente progresivo. Mientras trabajadores asalariados soportan gran parte de la carga tributaria indirecta y el encarecimiento constante del coste de vida, las grandes fortunas y determinados sectores económicos mantienen amplios márgenes de protección patrimonial. La consecuencia es una sensación creciente de injusticia estructural. Todo ello sin contar con la situación de los autónomos. 

Políticamente, esta situación destruye uno de los principales relatos de la izquierda gobernante: la idea de que España avanza hacia un modelo social más justo. Aunque el Gobierno ha impulsado medidas como la subida del salario mínimo o determinadas ayudas sociales, esas políticas no compensan el deterioro general de las condiciones de vida. El problema ya no es únicamente cuánto crece la economía, sino quién se beneficia realmente de ese crecimiento.

La fractura territorial agrava aún más el escenario. Mientras determinadas zonas urbanas vinculadas al turismo, las finanzas o los servicios tecnológicos concentran inversión y riqueza, muchas regiones continúan atrapadas en dinámicas de salarios bajos, empleo estacional y escasas oportunidades. La desigualdad no solo separa ricos y pobres; también divide territorios enteros dentro del propio país.

En el plano social, la consecuencia más peligrosa es el desgaste progresivo de la confianza colectiva. Cada vez más ciudadanos sienten que el sistema económico funciona para proteger intereses privilegiados mientras exige sacrificios constantes a quienes sostienen el consumo, el empleo y los servicios públicos. Esa percepción alimenta frustración, desapego político y una creciente desconfianza hacia las instituciones tradicionales.

La situación adquiere además una dimensión generacional especialmente delicada. Muchos jóvenes han crecido escuchando que estudiar, esforzarse y trabajar garantizaría estabilidad y progreso. Sin embargo, se encuentran con salarios insuficientes, alquileres prohibitivos y enormes dificultades para emanciparse o formar una familia. La promesa de movilidad social que sostuvo durante décadas el consenso democrático europeo comienza a resquebrajarse peligrosamente.

El problema para Pedro Sánchez es que las cifras de Eurostat destruyen la principal narrativa sobre la que ha intentado sostener su legitimidad económica. Porque un país donde un 25% de los ciudadanos está en riesgo de pobreza o exclusión social difícilmente puede presentarse como ejemplo de prosperidad compartida. Y porque cuando el crecimiento económico convive con desigualdad persistente, pobreza infantil récord y trabajadores incapaces de vivir dignamente, la sensación dominante termina siendo que el sistema sigue funcionando sobre todo para proteger a quienes ya están arriba.