NEW SPANISH DEAL (I)
Disculpen mi anglicismo con el título de este escrito
(no me quiero parecer a la Junta de Andalucía y a la de Extremadura que
utilizan vocablos anglosajones para cualquier cosa, hasta para anunciar una
simple fiesta en un pueblo), pero el hecho de que lo que quiero exponer está
basado en el “New Deal” de Franklin D. Roosevelt me obliga a ello. No obstante,
me gustaría que los lectores que tengan la amabilidad de leer lo que aquí
expongo, llamen a este escrito por su traducción literal, es decir, “Nuevo trato
español”; o si les gusta más, “Nuevo acuerdo español” o “Nuevo pacto español”.
Aunque esta última traducción me da que en España se hace más que difícil, ya
que, aquí pactar -para bien de la mayoría de la gente- no entra en la modorra
(con perdón) cabeza de la mayor parte de los líderes políticos, especialmente
de la derecha y la ultraderecha, que, dicho sea de paso, en este país es
prácticamente lo mismo.
Los españoles, como cualquier otro país, tenemos
“firmado” un acuerdo con el Estado: Pagamos una serie de impuestos (somos el
país de la UE que más impuestos tiene y el que, paradójicamente, menos recauda,
dicho para no olvidarlo) y el Estado los recibe y con ellos nos presta (cosa
que realmente sólo hace en parte) una serie de servicios esenciales para
nuestro desarrollo y para nuestro vivir cada día como la Sanidad, la Educación,
los Servicios Sociales, etc., etc., sin olvidar la Justicia que es uno de los
pilares de nuestra Nación, como, por otra parte, lo es de cualquier país. No
obstante, el Estado de Derecho (si es que España lo es, cosa un tanto dudosa)
se sustenta -lo saben hasta los analfabetos funcionales- sobre cuatro pilares
básicos: “El respeto al ordenamiento jurídico por parte de todos los estamentos
del Estado”; “la existencia de una garantía en el respeto a los derechos y
libertades fundamentales de todo individuo (cuando estos derechos y libertades
quedan recogidos en la Ley, el Estado de Derecho pasa a garantizarlos
automáticamente)”; “la actuación del cuerpo político del Estado queda limitada
por la Ley, tanto los componentes del Gobierno de la nación, como los
funcionarios que componen la administración pública estarán sujetos al
ordenamiento jurídico”; y cuarto, “la separación de los tres poderes
fundamentales del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial (que, sabido es, no
se cumple en absoluto, ya que, el ejecutivo y el legislativo están ¿hermanados?
y el judicial, prácticamente, a las órdenes de los otros dos, amén del mandato
del establishment financiero)”.
Como resulta que ese acuerdo del que antes he hecho
referencia no se cumple, en la parte que al Estado corresponde y también,
porqué no decirlo, en una cierta parte de la sociedad que es en España
sumamente evasiva (por la mala educación recibida y la corrupción política tan
visible), es por lo que quiero -lo más resumidamente posible- iniciar lo
fundamental de lo que quiero exponer, con unas referencias al “New Deal” señalado
al principio del presidente americano Franklin D. Roosevelt para la primera
parte de este escrito:
Tras
el crack de 1929 (conocido como la Gran Depresión) este presidente americano,
que llegó al poder en 1933, enderezó la economía con lo que se llamó el “Nuevo
Pacto”. El New Deal fue un conjunto de medidas económicas y sociales adoptadas por
el Gobierno de Roosevelt (siguiendo los principios del economista inglés John
Maynard Keynes que implicaban un aumento del déficit) para reactivar el consumo
y la inversión y reordenar el sistema financiero y productivo de los EEUU.
Roosevelt
aumentó el gasto público al tiempo que legislaba en dos frentes: el económico y
el social. Devaluó el dólar para favorecer las exportaciones, aplicó un mayor
control sobre la Banca obligándola a asegurar los depósitos exigiendo un aumento
de las reservas de los bancos para garantizar su solvencia y creó la “Ley de
emergencia bancaria” (Emergency Banking Act), por la cual, se clausuraban todos
los bancos que manifestasen insolvencia, dejando solo operar a los que pudiesen
demostrar que eran solventes; estimuló la concesión de créditos para la
inversión empresarial, indemnizó
a los campesinos para que redujeran la superficie cultivada y así disminuir los
excedentes y creó instituciones que favorecieron un mayor control del libre
mercado, como la National Industrial Recovery Act. Y durante su mandato se
promulgaron leyes federales, como la National labor Relations Act, que permitió
a los trabajadores del sector privado formar sindicatos, lo que favoreció la
firma de convenios colectivos en los que se fijaba la jornada laboral de
trabajo en 40 horas y se prohibía el trabajo infantil (la adopción de la
llamada Wagner Act permitió hacer
de los sindicatos unos colectivos poderosos); instituyó la Social Security Act, que contemplaba
la protección de los ancianos, los desempleados y otros grupos sociales desfavorecidos.
Creó, así mismo, compañías estatales para
gestionar las obras públicas, como la Tennessee Valley Authority, encargada de
construir presas y gestionarlas y que llegó a emplear a 4 millones de personas.
Numerosos programas del New Deal todavía
permanecen activos, entre los que han mantenido su nombre original están
la Federal Deposit Insurance
Corporation (FDIC),
la Federal Housing Administration (FHA), la Tennessee Valley Authority (TVA), pero también el Social Security System, la primera experiencia estadounidense de estado del bienestar así como la Securities and Exchange Commission (SEC) en el ámbito de la regulación financiera.
Lo cierto
es que la economía
estadounidense sufría
diversos desequilibrios, principalmente en el reparto de la riqueza y los
recursos: se estima que treinta y seis familias ricas poseían unos ingresos
equivalentes a los del 42 % de la población. Igualmente, de 27,5 millones
de familias, 21,5 no poseían ninguna clase de ahorros.
Durante la
aplicación del New Deal, el cine y la literatura se interesaron más por los pobres y por los problemas sociales.
La Works Projects Administration llegó a poner en marcha numerosos proyectos en el campo de las artes
y la literatura, en particular con los cinco programas del Federal Project Number One en favor de los artistas. Desde el punto de vista de las agencias
del New Deal, puede también citarse la Public Works Administration, que gastó 13 000 millones de dólares en 1942, y empleó hasta un
total de 3,5 millones de parados en 1938. En cuanto a las obras públicas
realizadas, se pueden citar 285 aeropuertos, 1 millón de kilómetros de
carreteras, 77 000 puentes y 122 000 edificios públicos en el periodo
de siete años.
Franklin D. Roosevelt cambió el país mediante reformas y no mediante una revolución. Nosotros podemos
hacer lo mismo, es cuestión de voluntad política y de echarle agallas a lo que
nuestros políticos hasta la fecha no han sido capaces de llevar a cabo:
cobrarles a los que más tienen y luchar contra la evasión, el fraude y la
economía sumergida tan escandalosos que tenemos. Para no cansarles, en la
segunda parte diré qué y por qué hay que cambiar en este querido país de
tambores y panderetas, toros y futbol para aburrir. Será mi particular y
humilde exposición del “New Spanish Deal” necesario.
Pero no quiero terminar esta primera parte (para que se tenga en cuenta,
excepcionalmente en la segunda) sin, brevemente, señalar las privatizaciones
que la Democracia (el bipartidismo del PP y del PSOE) ha llevado a cabo y tanto
perjuicio han causado al país y que se podría, con voluntad de “justicia
social”, recuperar de nuevo volviéndolas a nacionalizar, aunque me temo que de
nada servirá mi “decir” al respecto…, que no sea tacharme de comunista,
reaccionario, anarquista, etc., etc. Que no me preocupa, claro.
Las empresas privatizadas más significativas (una de las mayores
desvergüenzas ocurrida en la “España de la Transición” a un futuro mejor para los
políticos y las puertas giratorias de sus enriquecimientos, y peor para los
demás) fueron estas: Telefónica, Endesa, Gas Natural, Red Eléctrica, Repsol, Tabacalera,
Argentaria, Iberia, Seat, Pegaso, Indra, Acefalia, Santabárbara, Coosur, etc.,
y faltan más de 50, según la publicación en Facebook.
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