12/11/2020 - LA FISCALIDAD PROGRESIVA: EL PATRIMONIO O EL ESTADO FALLIDO (YII)

 

LA FISCALIDAD PROGRESIVA: EL PATRIMONIO O EL ESTADO FALLIDO (Y II)

 

Después de lo dicho de Piketty en la primera parte, ahora me voy a centrar en las apreciaciones de algunos articulistas que son una delicia y que no tienen pelos en la boca. Para empezar, las apreciaciones -resumidas- de Begoña P. Ramírez sobre la pobreza, la riqueza y la fiscalidad. Con motivo de la crisis del coronavirus, la pérdida de renta de los más pobres por culpa de la pandemia multiplicará por 8,5 la de los más ricos, y  va a dejar una herida social profunda, según vaticinan las principales instituciones internacionales. La organización Oxfam ha empezado a medir la intensidad del golpe y calcula que sólo como resultado del aumento del paro pronosticado por el Gobierno –hasta un 19% desde el 13% actual–, España tendrá 700.000 personas más por debajo de la línea de pobreza, por lo que su número alcanzará los 10,8 millones de personas. Por culpa del covid-19 la pobreza relativa afectará al 25,96% de la población, 12,3 millones de personas, y la pobreza severa, al 10,51%, 4,97 millones. Medido ese recorte dispar en términos de desigualdad de renta neta –el conocido como índice de Gini–, España retrocedería así hasta 2012. Oxfam, señala Begoña, pide una serie de medidas distintas a las que se pusieron en marcha tras la crisis de 2008. “Medidas tributarias excepcionales”, así como una reforma fiscal “de mayor calado y más estructural” en el largo plazo. “España recauda hasta cuatro puntos menos del PIB en relación a la media de los 27 países de la UE”, recuerda Oxfam, al tiempo que subraya que la carga impositiva recae en el trabajo y el consumo. “El 83% de la recaudación procede de las familias, frente a una aportación del 12% del impuesto de sociedades”, explica. “Aunque volvamos a los niveles precovid-19 en unos dos años, la situación de las finanzas públicas no volverá a ser la misma”, advierte. Oxfam insta a poner en marcha una reforma fiscal que haga posible una recaudación “suficiente, progresiva y justa”. A su juicio, esa reforma debería incluir un impuesto sobre los beneficios extraordinarios. También reclama un impuesto sobre el PATRIMONIO homogéneo para toda España –ahora cada comunidad autónoma aplica sus propias exenciones y umbrales– que incluya un recargo para las grandes fortunas, así como que se acerquen los tipos con que se gravan las rentas de capital y los de las rentas del trabajo –más altos– en el IRPF. E incluso menciona la aplicación de un tipo efectivo del 15% en el impuesto sobre sociedades para las grandes compañías. Según los cálculos de Oxfam, ese catálogo de medidas fiscales permitirá recaudar 10.000 millones de euros, que casi cubrirían los 12.000 millones en que cifra la brecha de gasto en protección social que sufre España respecto a la media de la UE.

Vamos con otro de los grandes (uno de los más grandes con seguridad) articulistas: el profesor Vicenç Navarro. Y, por favor, no me tomen por un copión sin más; al igual que al principio, al final escribo algo de mi cosecha. En este escrito, es que hay que rendirse a la evidencia y, como no puede ser de otra forma, cuando se quiere informar de algo tan importante, los simplemente escribidores, tenemos que recurrir a los “genios” …, sólo porque es bueno recordar sus apreciaciones, aunque ya hayan sido publicadas. Así pues, adelante con el “viejo profesor” (que es el que más sabe de renta y fiscalidad) lo más resumido posible. Bien, para lo que voy a exponer a continuación del profesor, hace falta recaudar y eso sólo se consigue con una renta progresiva real y con el impuesto de PATRIMONIO (la única forma para que los que más tienen y los millonarios paguen algo).

La pandemia ha mostrado claramente las enormes deficiencias del Estado del Bienestar español (es decir, los servicios públicos como la sanidad, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios de dependencia, las residencias de ancianos, la vivienda social y muchos otros servicios, así como las transferencias destinadas a prevenir la pobreza y la exclusión social, entre otras). Cada uno de estos servicios y transferencias citados están muy poco financiados, en comparación con el promedio de los países de la UE-15. Nos gastamos casi 50.000 millones de euros menos de lo que deberíamos gastarnos para alcanzar el porcentaje medio de gasto público social de la UE-15 (80.500 millones menos para alcanzar el nivel de Suecia). Así, en sanidad, en 2018, el gasto público era de un 6% del PIB, mucho menos que el promedio de la UE-15 (7,2%), lo que implica que deberíamos haber gastado al menos 14.400 millones más de euros en tales servicios, contribuyendo a que se diera la elevada mortalidad debida al coronavirus.

En protección social nos gastamos 25.240 millones de euros menos de lo que deberíamos haber gastado para alcanzar el promedio de la UE-15. En educación deberíamos haber gastado 8.415 millones de euros más para igualarnos a la UE-15 y 34.865 millones para alcanzar el porcentaje de Suecia. En vivienda deberían haber sido 1.084 millones de euros más para alcanzar el porcentaje de gasto de la UE-15. En cuidados de larga duración el déficit fue de 11.618 millones para llegar a la UE-15 y de 29.045 para llegar a Suecia. Y es importante señalar que tal pobreza de recursos incluye también un gran déficit de personal, muy acentuado en los servicios esenciales, ocupados en su mayoría por mujeres, que en España cuentan con escaso poder adquisitivo, trabajo inestable y mal remunerado, y con una elevada tasa de temporalidad. Destacar que la parte menos desarrollada y financiada del Estado del Bienestar español es la que en otros países se llaman los servicios de ayuda a las familias, es decir, los servicios de educación y atención a la infancia, y los servicios de atención a la dependencia, servicios que deberían considerarse como parte de un derecho personal individual, complementando el derecho de acceso a la sanidad, el derecho de acceso a la educación y el derecho a la jubilación.

Tenemos un gran retraso social. El gasto público y la cantidad de personal en escuelas de infancia y en servicios de atención a la dependencia, y las tasas de cobertura de estos servicios, continúan estando por debajo del promedio de los países de la UE-15 y muy por debajo de Suecia. El aumento de gasto y empleo públicos necesarios para alcanzar el promedio de la UE-15 y de Suecia en cuidados de larga duración es muy marcado. Existe la necesidad de, además de corregir el enorme déficit de gasto público que creó los déficits de recursos en las áreas sanitarias y sociales (repito, y que explica, en parte, la elevada mortalidad por coronavirus en España), ayudar a que estos servicios estimulen la economía.

Hay que invertir pues en el sector social para llegar al promedio de la UE-15, lo cual supondría un aumento de alrededor de 49.300 millones de euros en todos los servicios públicos del Estado del Bienestar. Corregir el déficit a base de gasto privado no es ni eficiente ni equitativo, pues aumenta las desigualdades e ineficacia de los servicios públicos sociales. Es importante recalcar que la clásica división de servicios privados para las rentas superiores y de servicios públicos para las clases populares no es un sistema eficiente y eficaz, tal y como ha mostrado la pandemia. Lo que permitió a España salir de la pandemia fue el protagonismo del sector público, tanto en los servicios sanitarios como en los sociales. No es por casualidad que el mejor sistema educativo en Europa, por ejemplo, sea el finlandés, donde el banquero y el hijo del empleado de la banca utilizan la misma escuela pública. Y la experiencia de EEUU frente a la pandemia, abordada desde un sistema sanitario mayoritariamente privatizado, ha demostrado la enorme ineficiencia del ámbito privado. Así de claro.

 

Vuelvo un poquito para atrás para, muy brevemente, intercalar algo del premio Nóbel del 2001 Joseph Stiglitz, que, junto a Piketty, reclaman un sistema fiscal más justo y progresivo para afrontar la crisis del coronavirus. “Antes de la pandemia, el sistema de tributación ya no era justo”, advierte el premio Nobel, que junto a Piketty y otros economistas de prestigio internacional, reunidos por la ICRICT (Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional), han reclamado una reforma tributaria global que implante un sistema fiscal más justo y progresivo para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Estos economistas han apostado por elevar la presión fiscal sobre las rentas más altas, establecer un tipo mínimo internacional para el impuesto de sociedades o impulsar gravámenes a la economía digital. Stiglitz ha destacado que “antes de la pandemia, el sistema de tributación ya no era justo”, pues las multinacionales, por su capacidad de deslocalizarse y tributar en Estados con baja presión fiscal, “terminaban pagando menos impuestos que pequeñas empresas locales”. Y la pandemia de coronavirus ha añadido otras “distorsiones”, pues “las compañías de internet son los grandes beneficiarios de la crisis porque han podido seguir operando” a pesar del confinamiento, por lo que el “impuesto digital global”, que ya consideraba necesario antes de la pandemia, ahora es “indispensable”. “Tras la II Guerra Mundial, Alemania y Japón impusieron tasas de más del 50% sobre el PATRIMONIO”, que permitieron reducir una deuda pública superior al 200% en un plazo de cinco a diez años, una idea “políticamente complicada” en la actualidad, pero que deja una “lección importante” ahora que se afronta otra “crisis sin precedentes”.

 

Transcribo ahora algunas apreciaciones de Iván H. Ayala, profesor de economía aplicada de la URJC de Madrid, que señala que los impuestos a la riqueza democratizan las sociedades: Existe evidencia empírica de que la desigualdad disminuye cuando la progresividad es más alta y la imposición a las grandes fortunas más potente. En España se establece la tributación moderna en 1978. Desde entonces, los ingresos públicos por este concepto han pasado de suponer el 20% del PIB al 38%, en 2019. Esta tendencia al alza en la recaudación se ha dado al mismo tiempo que los tipos máximos en renta han caído del 65,5% inicial al 45% actual. Lo mismo ha sucedido con sociedades y PATRIMONIO: los tipos máximos han caído. En las últimas décadas las necesidades de gasto se han incrementado pero los tipos máximos han caído, han desaparecido tramos, han desaparecido impuestos y en general ha caído la tributación a la riqueza… luego tiene que haber otra razón más allá de la necesidad financiera que explique que, en ciertos momentos, se configure un consenso en la opinión pública favorable a incrementar la imposición a la riqueza. Ello implica que los impuestos más que una cuestión de suficiencia financiera, de necesidad de recursos, son una cuestión política. Es más, las élites siempre han tendido a “naturalizar” la desigualdad a lo largo de la historia. En general el campo conservador, siempre opuesto a la imposición defendiendo que las disparidades sociales no sólo son positivas para los pobres (les incentiva a no serlo), sino para la sociedad en su conjunto pues su modificación traería ineficiencias, desempleo y crisis. La historia, sin embargo, como nos cuentan Piketty o Milanovic, muestra que esta afirmación es falsa: la desigualdad ha variado mucho geográfica y temporalmente, y las reducciones en la desigualdad nunca han traído ninguna catástrofe, sino las economías capitalistas más prósperas. La desigualdad ha sido más alta en las sociedades donde el poder lo detentan las élites dominantes, y consiguen difundir una ideología que genera un orden social que justifica el acaparamiento de gran parte de la renta producida. En la medida en que el poder antes concentrado en la élite se disuelve esparciéndose por la sociedad, las demandas de las clases populares se incluyen en el diseño de las políticas públicas dando lugar a la progresividad en gasto e ingresos públicos y a la reducción de las desigualdades. Y esto conllevó a un incremento de la imposición a los ricos y una caída en la desigualdad. Tenemos evidencia empírica de que las sociedades más justas, es decir, la menor desigualdad entre las personas que en ellas viven, se ha conseguido en los momentos donde la progresividad ha sido más alta, y donde la imposición a la riqueza ha sido más potente. La imposición a la riqueza reduce las desigualdades, genera recursos para el gasto público y democratiza las sociedades. La imposición a la riqueza no solo comprende el llamado impuesto de PATRIMONIO que ahora se debate en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o España por poner algunos ejemplos (impuesto sobre la riqueza neta). También comprende la imposición sobre propiedades (IBI, automóviles, etc.), los tipos máximos de IRPF, la imposición sobre el capital y sucesiones y donaciones. La caída de tipos máximos y bajadas de tramos en IRPF desde su creación, junto con la brutal caída de la imposición al capital desde 2006 (casi la mitad que la del trabajo), refleja la misma tendencia que la desaparición del impuesto de PATRIMONIO y la caída del impuesto de sucesiones: reducción de impuestos a las rentas altas. Esto ha dejado un rastro en las últimas décadas en forma de incremento de las tasas de desigualdad. La caída de la progresividad del sistema fiscal reduce su capacidad redistributiva. En definitiva, la imposición a la riqueza reduce las desigualdades, genera recursos para el gasto público y democratiza las sociedades al diluir la riqueza y el poder que conlleva. La covid-19 es un evento histórico asimilable al impacto de una guerra, con modificación de las estructuras productivas, de los hábitos de vida, las formas de trabajo, consumo, socialización…. Y con unas consecuencias sociales que se irán desgranando a medida que se desdoblen los pliegues que ha causado la pandemia en la historia. ¿No es el momento de pedir una contribución extraordinaria a grandes fortunas, PATRIMONIOS y rentas?

 

Para ir terminando: “Algo” de un artículo de Juan C. Escudier que dice así: “Con los ricos no hay quien pueda”. Todos los intentos de gravar sus fortunas acaban en nada y con estos señores entregados a la floricultura, es decir yéndose de rositas. Lo del impuesto a los ricos no es una fijación de los chicos de Iglesias por eso de que son bolivarianos y populistas. Hace diez años más o menos, en la anterior crisis, ya lo contempló el PSOE de Zapatero, a quien deberían erigirle un monumento, aunque fuera de los baratos, porque con su empeño en demostrar que bajar los impuestos era de izquierdas consiguió que los millonarios acabaran pagando menos que con Aznar. Se dijo primero que su recaudación sería insignificante, por lo que no valía la pena ni molestarse. Se argumentó después que palparles la faltriquera sería contraproducente ya que incentivaría la evasión de capitales, que siempre son los primeros en darse a la fuga en estas situaciones. Así que entre bajar el sueldo a los funcionarios y congelar las pensiones o meter mano a las Sicav de los plutócratas no es difícil imaginar cuál fue el camino elegido. Únase a ello el fraude galopante, el fingido mileurismo empresarial, un impuesto de sociedades que recauda tanto como una rifa benéfica y se obtendrá una imagen precisa de lo que es la fiscalidad en España. Por si no era bastante, faltaba el parque de atracciones para ricos que el PP levantó en Madrid con su bonificación al 100% del impuesto sobre el PATRIMONIO, gracias al cual ha conseguido que dos tercios de las grandes fortunas con bienes superiores a los 100 millones de euros fijen en la Comunidad su domicilio fiscal y se ahorren de media algo más de dos millones al año. Es verdad que sin Presupuestos difícilmente habrá Gobierno y sin Gobierno no hay programa que cumplir ni impuestos a los ricos que establecer, pero empieza a parecer una broma cruel que no haya manera de meter mano a estos tipos tan afortunados en todos los sentidos. De modo que, como dijo alguien hace muchos años (no Escudier): “El gobierno no es el Poder. Es tan solo su Consejo de Administración. Y cuando el primero no responde a los intereses del segundo, simplemente se le destituye o se le derroca”.

 

Para acabar, unas apreciaciones de David Bollero en su artículo “Poner coto al Ibex” y mi final. De David Bollero: Según los datos del INE, la tasa de exclusión cronificada se sitúa por encima del 20% de la población. Mientras, el Ibex-35 repartía dividendos por valor de más de 9.500 millones de euros y 740 de sus filiales operan en paraísos fiscales. ¿Puede existir mayor mezquindad? Los más de 9.500 millones de euros en dividendos son difíciles de encajar, pero aún se atraganta más que los altos directivos ganen 121 veces más que sus empleados. A la cabeza de estas desviaciones, ACS, con Florentino Pérez ganando 531 veces el sueldo medio; le siguen Acciona (275 veces) y la vanagloriada Inditex (272 veces). Cuando Alberto Garzón era candidato a la presidencia por IU en 2015, el ahora ministro de Consumo defendió reformar el Estatuto del Trabajo de manera que esa brecha salarial se rompiera, que el mejor sueldo no fuera más de 10 veces el peor. ¿Dónde quedó aquel propósito, considerando que la situación de pobreza y desigualdad ha empeorado de manera muy significativa? Que Empresas como Banco Santander, con 176; ACS, con 98; Repsol, con 62; o Ferrovial y Arcelor Mittal, con 55, lideren el Rankin de filiales en paraísos fiscales debería imposibilitarlas para acceder a cualquier contrato y ayuda del Estado. Eludir impuestos debería tener un precio, dado que nuestra política fiscal sigue siendo muy laxa con esta práctica execrable. Mientras unos lo llaman intervencionismo o, incluso, agitan los fantasmas del peor comunismo, otros lo llamamos justicia social y acudir a la raíz del problema.

Y digo yo: La cuestión no es lo que algunos ganan y tienen, sino lo que no pagan por ello. Tenemos que acabar con el llamado “efecto Mateo”, según el cual, el rico se hace cada vez más rico y el pobre se hace cada vez más pobre, o dicho en palabras más castizas: “dinero llama a dinero”. De modo que, si no somos capaces de subir el impuesto de PATRIMONIO hasta el 50,5% y las rentas del capital incluso hasta el 90% para acabar con la mayor crisis del Estado más poderoso del mundo como hizo Roosevelt en EEUU en la crisis de la Gran Depresión del año 1929, seremos un “Estado fallido” como mi querido México. Producto de Gobiernos que estarían dispuestos a batir el récord del PRI mexicano (más de 80 años en el poder) si los dejaran, y que nuestras ciudades terminaran como Ciudad Juárez. No se puede consentir que los españoles acumulemos (sólo con los partidos políticos más representativos y sin contar con los casos de la mayoría de los pueblos que no son capital de provincia) más de ¡3.000 casos de corrupción política! A los que hay que añadir el consentido fraude fiscal de la gran empresa (las del Ibex, sobre todo) y de las entidades financieras junto a la calamitosa economía sumergida que suponen entre todas más de: ¿ponemos, por ejemplo, 150.000 millones de euros que se dejan de recaudar?, ¿o quizás me quedo corto? Es igual…, demasiado dinero que es de todos los ciudadanos y se lo quedan unos pocos de listos. Cómo no se puede consentir que tengamos cerca de medio millón de políticos que se comen la mitad de cualquier presupuesto en cuanto se le añadan las “colocaciones” para el voto, mientras somos uno de los países -sino los primeros- que menos médicos por cada 100.000 habitantes tiene de la UE; los peores en los índices de educación y estemos batiendo a todo el mundo en aumento de pobreza relativa y extrema. A lo que hay que añadir que el número de ricos ha subido en una década de algo menos de 200.000 a casi un millón, y los que, sino ponemos el impuesto de PATRIMONIO, como hicieron los americanos, nos llevarán a convertirnos en un “Estado fallido”. Y algo estomagante: toda la pléyade de carcamales políticos (F. González, Guerra, Ibarra, MeaBono, Zapatero, Aznar, Rajoy…, y la mayor parte de los actuales presidentes de CCAA y una multitud de sus “secuaces”) aboguen porque este país vuelva al bipartidismo que: ¡ahí está lo que nos ha traído en cuarenta años! La pandemia los ha desenmascarado, pero no ceden en su genética bandolera y explotadora. Oligarquía y plutocracia, son sus signos más diferenciales. Impuesto de PATRIMONIO pues, no como el de ahora, sí o sí; de lo contrario, ya lo he dicho, camino del “Estado fallido”.