18/11/2020 - EL MOSQUEO "BARONIL"

 

EL MOSQUEO “BARONIL”

Es curioso (incluso más que curioso, alucinante) que después de que el Parlamento, supuesto Órgano representativo de los ciudadanos, aunque eso no esté muy claro por la forma en que son elegidos, ya que, a servidor no convence en absoluto como se aplica la famosa Ley de D'Hont en las Elecciones a este Órgano Legislativo, haya votado mayoritariamente a favor de los PGE, los Barones del PSOE (los del PP es lo lógico conociendo su contumaz manera de hacer oposición, dicho sea de paso, sin argumento que sea medianamente comprensible, al igual que los de otros partidos como el pesado de Cantabria, el Sr. Revilla, auténtico showman televisivo de las banalidades) se hayan manifestado en contra e incluso, en casos, mediante algún que otro exabrupto copiado de los carcamales del pasado como Ibarra, Guerra, F. González, Bono, Corcuera, etc., etc. No lo entiende nadie que esté en su sano juicio. Cómo aceptar las elucubraciones de García-Page (“No tiene un pase”), acusando a Pablo Iglesias de arrastrar al PSOE a “la esquina del tablero político”; o de Fernández Vara criticando el papel decisivo de Arnaldo Otegui (“me produce una sensación muy dolorosa”) y asegurando que es un “fracaso como país” que la aprobación de los PGE dependan de los votos de EH Bildu (“la memoria de las victimas de ETA no se merece que sean relevantes en nuestras vidas”), poniendo claramente de manifiesto su pasado en el partido que fundó Fraga (¡que gol nos metió Ibarra a los extremeños con este “pájaro” neoliberal!) del que “mejor no traer nada a la memoria”. Desconozco que habrán manifestado Javier Lambán, Presidente de Aragón, o el valenciano Ximo Puig, pero dudo que difieran mucho de las de los demás. Y no digamos ya cómo le habrá sentado el acuerdo a la baronesa andaluza (ya un “cadáver” político) que fue vapuleada por Pedro Sánchez “adentro” del PSOE.

¿Qué puede hacer una formación política que gobierna el país si sus PGE (esta vez sí -las anteriores siempre fue un engaño manifiesto- los más sociales de la democracia a pesar de sus carencias que se verán en el trámite de las enmiendas) son aceptados por un grupo del congreso formado por Diputados elegidos por la ciudadanía al igual que cualesquiera de los demás? Les dice: ¿no Vds. no voten, su voto no tiene validez?

Por favor, a ver si de una vez por todas nos damos cuenta de que el Parlamento no es, por ejemplo, el “Consejo de Administración del Banco Santander”, donde quien manda puede hacer callar a quien se le antoje y éste tendrá que permanecer “calladito” si no quiere que le vuele algún bono o incluso su más que suculenta remuneración. En fin…, el neoliberalismo está que arde -por una vez en muchos años- gracias a que un gobierno de coalición ha tenido el coraje de pararle los pies, aunque sólo sea un poquitín.

Y de verdad que estomaga que gente que tiene sus CCAA bajo sospecha generalizada de corrupción, empobrecida en la mitad de sus habitantes (caso de Extremadura y alguna más), con la sanidad pública tirada por los suelos (analicen la pandemia Comunidad por Comunidad y verán cómo está cada una), la educación convertida en una apuesta “cerril” permanente, la dependencia abandonada (casi ¡50.000 muertos al año! por falta de atención), los millonarios y grandes latifundistas (con la PAC) haciendo su agosto y en claro aumento, la sinecura desbordada, el nepotismo campando a sus anchas (no hay ningún parado entre las familias de los políticos), la justicia en manos de…, mejor me callo (“con la iglesia hemos topado, querido Sancho”), y con un sinfín de “cloacas” públicas repartidas por todos sus territorios (sólo entre Extremadura y Andalucía debe haber más de ¡400 empresas públicas!, creadas en su mayoría para el fomento de la, ya dicha, sinecura), salga a la palestra (léase TV, Radio, Prensa de desinformación y demás medios “adoctrinados”) para manifestar su disconformidad con algo que es mucho más lícito que lo que ellos llevan haciendo desde que se inventó la plutocracia. Es inconcebible que esto ocurra en un país desarrollado en pleno siglo XXI.

Y, desde luego, los Barones tienen delito. Pero, ¿qué me dicen de los “carcamales” Ibarra, Bono, Guerra, González, etc., etc.? Son un grupo de deshambridos a los que gustaría volver a gobernar que utiliza dicterios para referirse al Gobierno actual tratando de dilacerar lo más posible, han perdido la memoria de lo que ellos hicieron con el país y que ahora estamos pagando, hundidos en la miseria y el deshonor de tener que recurrir a la beneficencia como con Franco, una gran parte de los ciudadanos.

No voy a decir nada de D. Felipe González Márquez (todo el mundo conoce sus andanzas ya, aunque es posible que, como pienso hacer a Ibarra, le  dedique un monográfico cualquier día), ni de su “amigo” y compañero de grandes batallas del desplume, Alfonso Guerra (el “hermanísimo”), sencillamente, porque da lástima como arrastran su vejez convertidos en auténticos “fachas” del mismo corte que ese Aznar (“el muñeco Luciano” del PP, que ese sí que tiene “dibujado” en el rostro su indudable estolidez). Eso, suponiendo que no lo eran desde el principio y nos engañaron infamemente, que parece que, por lo menos, no está muy lejos de ser cierto.  Si lo haré de la Baronesa de Andalucía, sucesora de dos individuos, Chaves y Griñán (responsables de los muy famosos ERES, un de las mayores estafas de la Plutocracia), y del protector de la clerigalla, José Bono.

De la Baronesa, que nos explique qué ocurrió siendo consejera de su Gobierno María Jesús Montero Cuadrado, actual ministra de Hacienda desde el 7 de junio del año 2018 (antes fue consejera de Hacienda y Administraciones Públicas desde el 9 de septiembre de 2013 hasta el 6 de junio de 2018 de la Junta de Andalucía, por lo que pudiera ser que esté mezclada en el “ajo”), con esos ¡3.500 millones de euros! (que pudieran ser ¡4.315!) que “se perdieron donados” (posible estafa) a una fundación llamada IFA/IDEA según publicó Antena-3 el 17 de octubre de 2018. Y como "anécdota", para hacerse una idea de la "pieza" de apellidos Montero Cuadrado (el segundo apellido..., que quieren que les diga), resulta que esta buena Sra., durante su mandato en la Junta andaluza, pagó 2,1 millones de euros de más a 100 directivos de salud mientras redujo la plantilla en 7.773 sanitarios. es decir: "cuadrar" las cuentas parece que se le da bien a esta ministra ... Y no digamos a la Baronesa.

De D. José Bono (como dijo un alcalde, en un mitin antes de la guerra, al presentar al político que iba a hablar: “Aquí sus presento a D. Salazar para que lo conozais”) me remito a una carta que le envió un tal Enrique de Diego (periodista creo) para que lo conozcan bien: "A través de Twitter, me entero que has estado en La Sexta Noche, esa cloaca de manipulación, esputando tus chorradas habituales. A esta sociedad de lacayos e imbéciles se la obliga a mirar para otro lado ante tu evidente, clamorosa e insultante corrupción. Ser un chorizo de izquierdas al parecer es ser menos chorizo, cuando tú, después del emérito, eres el mayor chorizo de España. Encima hay que reírte las gracias y soportar tu insaciable afán de protagonismo. Ni un reportaje, con tantos medios, todos diciendo lo mismo, sobre tu patrimonio aflorado, con Hípica Almenara, Olías del Rey, El Vergel de Vargas, local de Tous en Albacete, dos áticos en Estepona, un piso en El Campello, ático en la Calle Velázquez, a 100 metros del Parque del Retiro, piso de lujo en la Calle San Justo, 1, junto a la Plaza Mayor. Una liquidez que te da para costear los estudios de tu hija Sofía en el muy exclusivo colegio suizo de Brillantmont. Y lo que tienes escondido en el Banco de Santander, en su filial de Las Bahamas, bajo el sobrenombre de “el paellas”: 160 millones de euros, compartidos con tu consuegro Raphael Martos, “el bombillas”. Los chorizos como tú merecéis estar en la cárcel. En 1988, tu saldo en los bancos era de 612.974 pesetas, y tus deudas de 10 millones de pesetas, más un crédito de 2.347.306. Todavía en el año 2001, ayer como aquel que dice, tenías unas deudas de 417.317,01 euros, con unos ingresos familiares de 96.000 euros para afrontarlas. Y de repente, vulgar chorizo, todo un despliegue empresarial precisamente desde 2001, que es cuando constituyes Hípica Almenara SL; en 2004, das de alta Ahorros familiares SAJA SL; Atalaya SL y Ópalo 81 son empresas dadas de alta en 2007; y Attack 84 SL en 2008. ¿Cómo has conseguido tu fortunón? Pues saqueando Castilla-La Mancha, robando a manos llenas en el Pau de Illescas, en el Pau de las Montanillas, en Carranque, en la Ciudad del AVE en Valdeluz, el Pau del Quiñón en Seseña. Y también de las ITV castellano-manchegas, del saqueo inmisericorde de Caja Castilla-La Mancha y del aeropuerto de Ciudad Real, un timo para el contribuyente, pero un chollo para ti y para tus amigachos.

En fin, eso de las CCAA es algo que, a los españoles de a pie cuando menos, nos deberían explicar con más detalle; pues, al parecer, hasta la fecha sólo han servido para enriquecer a esos Barones que ahora se quejan porque piensan que pueden perder parte de sus martingalas para hacerse millonarios y asegurarse una pensión vitalicia unas diez veces superior a la de la mayoría de los españoles. Normal que no estén de acuerdo con este Gobierno, para ellos (fascistas camuflados la mayoría) “Social-Comunista”. Algo jamás imaginado en este país por la pléyade de políticos de corte neoliberal, o si lo prefieren antiprogresistas. Hasta ahora les había ido demasiado bien, pero he ahí que ha llegado “Pancho Villa” (léase Podemos) para devolvernos la dignidad que ellos nos habían robado.

12/11/2020 - LA FISCALIDAD PROGRESIVA: EL PATRIMONIO O EL ESTADO FALLIDO (YII)

 

LA FISCALIDAD PROGRESIVA: EL PATRIMONIO O EL ESTADO FALLIDO (Y II)

 

Después de lo dicho de Piketty en la primera parte, ahora me voy a centrar en las apreciaciones de algunos articulistas que son una delicia y que no tienen pelos en la boca. Para empezar, las apreciaciones -resumidas- de Begoña P. Ramírez sobre la pobreza, la riqueza y la fiscalidad. Con motivo de la crisis del coronavirus, la pérdida de renta de los más pobres por culpa de la pandemia multiplicará por 8,5 la de los más ricos, y  va a dejar una herida social profunda, según vaticinan las principales instituciones internacionales. La organización Oxfam ha empezado a medir la intensidad del golpe y calcula que sólo como resultado del aumento del paro pronosticado por el Gobierno –hasta un 19% desde el 13% actual–, España tendrá 700.000 personas más por debajo de la línea de pobreza, por lo que su número alcanzará los 10,8 millones de personas. Por culpa del covid-19 la pobreza relativa afectará al 25,96% de la población, 12,3 millones de personas, y la pobreza severa, al 10,51%, 4,97 millones. Medido ese recorte dispar en términos de desigualdad de renta neta –el conocido como índice de Gini–, España retrocedería así hasta 2012. Oxfam, señala Begoña, pide una serie de medidas distintas a las que se pusieron en marcha tras la crisis de 2008. “Medidas tributarias excepcionales”, así como una reforma fiscal “de mayor calado y más estructural” en el largo plazo. “España recauda hasta cuatro puntos menos del PIB en relación a la media de los 27 países de la UE”, recuerda Oxfam, al tiempo que subraya que la carga impositiva recae en el trabajo y el consumo. “El 83% de la recaudación procede de las familias, frente a una aportación del 12% del impuesto de sociedades”, explica. “Aunque volvamos a los niveles precovid-19 en unos dos años, la situación de las finanzas públicas no volverá a ser la misma”, advierte. Oxfam insta a poner en marcha una reforma fiscal que haga posible una recaudación “suficiente, progresiva y justa”. A su juicio, esa reforma debería incluir un impuesto sobre los beneficios extraordinarios. También reclama un impuesto sobre el PATRIMONIO homogéneo para toda España –ahora cada comunidad autónoma aplica sus propias exenciones y umbrales– que incluya un recargo para las grandes fortunas, así como que se acerquen los tipos con que se gravan las rentas de capital y los de las rentas del trabajo –más altos– en el IRPF. E incluso menciona la aplicación de un tipo efectivo del 15% en el impuesto sobre sociedades para las grandes compañías. Según los cálculos de Oxfam, ese catálogo de medidas fiscales permitirá recaudar 10.000 millones de euros, que casi cubrirían los 12.000 millones en que cifra la brecha de gasto en protección social que sufre España respecto a la media de la UE.

Vamos con otro de los grandes (uno de los más grandes con seguridad) articulistas: el profesor Vicenç Navarro. Y, por favor, no me tomen por un copión sin más; al igual que al principio, al final escribo algo de mi cosecha. En este escrito, es que hay que rendirse a la evidencia y, como no puede ser de otra forma, cuando se quiere informar de algo tan importante, los simplemente escribidores, tenemos que recurrir a los “genios” …, sólo porque es bueno recordar sus apreciaciones, aunque ya hayan sido publicadas. Así pues, adelante con el “viejo profesor” (que es el que más sabe de renta y fiscalidad) lo más resumido posible. Bien, para lo que voy a exponer a continuación del profesor, hace falta recaudar y eso sólo se consigue con una renta progresiva real y con el impuesto de PATRIMONIO (la única forma para que los que más tienen y los millonarios paguen algo).

La pandemia ha mostrado claramente las enormes deficiencias del Estado del Bienestar español (es decir, los servicios públicos como la sanidad, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios de dependencia, las residencias de ancianos, la vivienda social y muchos otros servicios, así como las transferencias destinadas a prevenir la pobreza y la exclusión social, entre otras). Cada uno de estos servicios y transferencias citados están muy poco financiados, en comparación con el promedio de los países de la UE-15. Nos gastamos casi 50.000 millones de euros menos de lo que deberíamos gastarnos para alcanzar el porcentaje medio de gasto público social de la UE-15 (80.500 millones menos para alcanzar el nivel de Suecia). Así, en sanidad, en 2018, el gasto público era de un 6% del PIB, mucho menos que el promedio de la UE-15 (7,2%), lo que implica que deberíamos haber gastado al menos 14.400 millones más de euros en tales servicios, contribuyendo a que se diera la elevada mortalidad debida al coronavirus.

En protección social nos gastamos 25.240 millones de euros menos de lo que deberíamos haber gastado para alcanzar el promedio de la UE-15. En educación deberíamos haber gastado 8.415 millones de euros más para igualarnos a la UE-15 y 34.865 millones para alcanzar el porcentaje de Suecia. En vivienda deberían haber sido 1.084 millones de euros más para alcanzar el porcentaje de gasto de la UE-15. En cuidados de larga duración el déficit fue de 11.618 millones para llegar a la UE-15 y de 29.045 para llegar a Suecia. Y es importante señalar que tal pobreza de recursos incluye también un gran déficit de personal, muy acentuado en los servicios esenciales, ocupados en su mayoría por mujeres, que en España cuentan con escaso poder adquisitivo, trabajo inestable y mal remunerado, y con una elevada tasa de temporalidad. Destacar que la parte menos desarrollada y financiada del Estado del Bienestar español es la que en otros países se llaman los servicios de ayuda a las familias, es decir, los servicios de educación y atención a la infancia, y los servicios de atención a la dependencia, servicios que deberían considerarse como parte de un derecho personal individual, complementando el derecho de acceso a la sanidad, el derecho de acceso a la educación y el derecho a la jubilación.

Tenemos un gran retraso social. El gasto público y la cantidad de personal en escuelas de infancia y en servicios de atención a la dependencia, y las tasas de cobertura de estos servicios, continúan estando por debajo del promedio de los países de la UE-15 y muy por debajo de Suecia. El aumento de gasto y empleo públicos necesarios para alcanzar el promedio de la UE-15 y de Suecia en cuidados de larga duración es muy marcado. Existe la necesidad de, además de corregir el enorme déficit de gasto público que creó los déficits de recursos en las áreas sanitarias y sociales (repito, y que explica, en parte, la elevada mortalidad por coronavirus en España), ayudar a que estos servicios estimulen la economía.

Hay que invertir pues en el sector social para llegar al promedio de la UE-15, lo cual supondría un aumento de alrededor de 49.300 millones de euros en todos los servicios públicos del Estado del Bienestar. Corregir el déficit a base de gasto privado no es ni eficiente ni equitativo, pues aumenta las desigualdades e ineficacia de los servicios públicos sociales. Es importante recalcar que la clásica división de servicios privados para las rentas superiores y de servicios públicos para las clases populares no es un sistema eficiente y eficaz, tal y como ha mostrado la pandemia. Lo que permitió a España salir de la pandemia fue el protagonismo del sector público, tanto en los servicios sanitarios como en los sociales. No es por casualidad que el mejor sistema educativo en Europa, por ejemplo, sea el finlandés, donde el banquero y el hijo del empleado de la banca utilizan la misma escuela pública. Y la experiencia de EEUU frente a la pandemia, abordada desde un sistema sanitario mayoritariamente privatizado, ha demostrado la enorme ineficiencia del ámbito privado. Así de claro.

 

Vuelvo un poquito para atrás para, muy brevemente, intercalar algo del premio Nóbel del 2001 Joseph Stiglitz, que, junto a Piketty, reclaman un sistema fiscal más justo y progresivo para afrontar la crisis del coronavirus. “Antes de la pandemia, el sistema de tributación ya no era justo”, advierte el premio Nobel, que junto a Piketty y otros economistas de prestigio internacional, reunidos por la ICRICT (Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional), han reclamado una reforma tributaria global que implante un sistema fiscal más justo y progresivo para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Estos economistas han apostado por elevar la presión fiscal sobre las rentas más altas, establecer un tipo mínimo internacional para el impuesto de sociedades o impulsar gravámenes a la economía digital. Stiglitz ha destacado que “antes de la pandemia, el sistema de tributación ya no era justo”, pues las multinacionales, por su capacidad de deslocalizarse y tributar en Estados con baja presión fiscal, “terminaban pagando menos impuestos que pequeñas empresas locales”. Y la pandemia de coronavirus ha añadido otras “distorsiones”, pues “las compañías de internet son los grandes beneficiarios de la crisis porque han podido seguir operando” a pesar del confinamiento, por lo que el “impuesto digital global”, que ya consideraba necesario antes de la pandemia, ahora es “indispensable”. “Tras la II Guerra Mundial, Alemania y Japón impusieron tasas de más del 50% sobre el PATRIMONIO”, que permitieron reducir una deuda pública superior al 200% en un plazo de cinco a diez años, una idea “políticamente complicada” en la actualidad, pero que deja una “lección importante” ahora que se afronta otra “crisis sin precedentes”.

 

Transcribo ahora algunas apreciaciones de Iván H. Ayala, profesor de economía aplicada de la URJC de Madrid, que señala que los impuestos a la riqueza democratizan las sociedades: Existe evidencia empírica de que la desigualdad disminuye cuando la progresividad es más alta y la imposición a las grandes fortunas más potente. En España se establece la tributación moderna en 1978. Desde entonces, los ingresos públicos por este concepto han pasado de suponer el 20% del PIB al 38%, en 2019. Esta tendencia al alza en la recaudación se ha dado al mismo tiempo que los tipos máximos en renta han caído del 65,5% inicial al 45% actual. Lo mismo ha sucedido con sociedades y PATRIMONIO: los tipos máximos han caído. En las últimas décadas las necesidades de gasto se han incrementado pero los tipos máximos han caído, han desaparecido tramos, han desaparecido impuestos y en general ha caído la tributación a la riqueza… luego tiene que haber otra razón más allá de la necesidad financiera que explique que, en ciertos momentos, se configure un consenso en la opinión pública favorable a incrementar la imposición a la riqueza. Ello implica que los impuestos más que una cuestión de suficiencia financiera, de necesidad de recursos, son una cuestión política. Es más, las élites siempre han tendido a “naturalizar” la desigualdad a lo largo de la historia. En general el campo conservador, siempre opuesto a la imposición defendiendo que las disparidades sociales no sólo son positivas para los pobres (les incentiva a no serlo), sino para la sociedad en su conjunto pues su modificación traería ineficiencias, desempleo y crisis. La historia, sin embargo, como nos cuentan Piketty o Milanovic, muestra que esta afirmación es falsa: la desigualdad ha variado mucho geográfica y temporalmente, y las reducciones en la desigualdad nunca han traído ninguna catástrofe, sino las economías capitalistas más prósperas. La desigualdad ha sido más alta en las sociedades donde el poder lo detentan las élites dominantes, y consiguen difundir una ideología que genera un orden social que justifica el acaparamiento de gran parte de la renta producida. En la medida en que el poder antes concentrado en la élite se disuelve esparciéndose por la sociedad, las demandas de las clases populares se incluyen en el diseño de las políticas públicas dando lugar a la progresividad en gasto e ingresos públicos y a la reducción de las desigualdades. Y esto conllevó a un incremento de la imposición a los ricos y una caída en la desigualdad. Tenemos evidencia empírica de que las sociedades más justas, es decir, la menor desigualdad entre las personas que en ellas viven, se ha conseguido en los momentos donde la progresividad ha sido más alta, y donde la imposición a la riqueza ha sido más potente. La imposición a la riqueza reduce las desigualdades, genera recursos para el gasto público y democratiza las sociedades. La imposición a la riqueza no solo comprende el llamado impuesto de PATRIMONIO que ahora se debate en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o España por poner algunos ejemplos (impuesto sobre la riqueza neta). También comprende la imposición sobre propiedades (IBI, automóviles, etc.), los tipos máximos de IRPF, la imposición sobre el capital y sucesiones y donaciones. La caída de tipos máximos y bajadas de tramos en IRPF desde su creación, junto con la brutal caída de la imposición al capital desde 2006 (casi la mitad que la del trabajo), refleja la misma tendencia que la desaparición del impuesto de PATRIMONIO y la caída del impuesto de sucesiones: reducción de impuestos a las rentas altas. Esto ha dejado un rastro en las últimas décadas en forma de incremento de las tasas de desigualdad. La caída de la progresividad del sistema fiscal reduce su capacidad redistributiva. En definitiva, la imposición a la riqueza reduce las desigualdades, genera recursos para el gasto público y democratiza las sociedades al diluir la riqueza y el poder que conlleva. La covid-19 es un evento histórico asimilable al impacto de una guerra, con modificación de las estructuras productivas, de los hábitos de vida, las formas de trabajo, consumo, socialización…. Y con unas consecuencias sociales que se irán desgranando a medida que se desdoblen los pliegues que ha causado la pandemia en la historia. ¿No es el momento de pedir una contribución extraordinaria a grandes fortunas, PATRIMONIOS y rentas?

 

Para ir terminando: “Algo” de un artículo de Juan C. Escudier que dice así: “Con los ricos no hay quien pueda”. Todos los intentos de gravar sus fortunas acaban en nada y con estos señores entregados a la floricultura, es decir yéndose de rositas. Lo del impuesto a los ricos no es una fijación de los chicos de Iglesias por eso de que son bolivarianos y populistas. Hace diez años más o menos, en la anterior crisis, ya lo contempló el PSOE de Zapatero, a quien deberían erigirle un monumento, aunque fuera de los baratos, porque con su empeño en demostrar que bajar los impuestos era de izquierdas consiguió que los millonarios acabaran pagando menos que con Aznar. Se dijo primero que su recaudación sería insignificante, por lo que no valía la pena ni molestarse. Se argumentó después que palparles la faltriquera sería contraproducente ya que incentivaría la evasión de capitales, que siempre son los primeros en darse a la fuga en estas situaciones. Así que entre bajar el sueldo a los funcionarios y congelar las pensiones o meter mano a las Sicav de los plutócratas no es difícil imaginar cuál fue el camino elegido. Únase a ello el fraude galopante, el fingido mileurismo empresarial, un impuesto de sociedades que recauda tanto como una rifa benéfica y se obtendrá una imagen precisa de lo que es la fiscalidad en España. Por si no era bastante, faltaba el parque de atracciones para ricos que el PP levantó en Madrid con su bonificación al 100% del impuesto sobre el PATRIMONIO, gracias al cual ha conseguido que dos tercios de las grandes fortunas con bienes superiores a los 100 millones de euros fijen en la Comunidad su domicilio fiscal y se ahorren de media algo más de dos millones al año. Es verdad que sin Presupuestos difícilmente habrá Gobierno y sin Gobierno no hay programa que cumplir ni impuestos a los ricos que establecer, pero empieza a parecer una broma cruel que no haya manera de meter mano a estos tipos tan afortunados en todos los sentidos. De modo que, como dijo alguien hace muchos años (no Escudier): “El gobierno no es el Poder. Es tan solo su Consejo de Administración. Y cuando el primero no responde a los intereses del segundo, simplemente se le destituye o se le derroca”.

 

Para acabar, unas apreciaciones de David Bollero en su artículo “Poner coto al Ibex” y mi final. De David Bollero: Según los datos del INE, la tasa de exclusión cronificada se sitúa por encima del 20% de la población. Mientras, el Ibex-35 repartía dividendos por valor de más de 9.500 millones de euros y 740 de sus filiales operan en paraísos fiscales. ¿Puede existir mayor mezquindad? Los más de 9.500 millones de euros en dividendos son difíciles de encajar, pero aún se atraganta más que los altos directivos ganen 121 veces más que sus empleados. A la cabeza de estas desviaciones, ACS, con Florentino Pérez ganando 531 veces el sueldo medio; le siguen Acciona (275 veces) y la vanagloriada Inditex (272 veces). Cuando Alberto Garzón era candidato a la presidencia por IU en 2015, el ahora ministro de Consumo defendió reformar el Estatuto del Trabajo de manera que esa brecha salarial se rompiera, que el mejor sueldo no fuera más de 10 veces el peor. ¿Dónde quedó aquel propósito, considerando que la situación de pobreza y desigualdad ha empeorado de manera muy significativa? Que Empresas como Banco Santander, con 176; ACS, con 98; Repsol, con 62; o Ferrovial y Arcelor Mittal, con 55, lideren el Rankin de filiales en paraísos fiscales debería imposibilitarlas para acceder a cualquier contrato y ayuda del Estado. Eludir impuestos debería tener un precio, dado que nuestra política fiscal sigue siendo muy laxa con esta práctica execrable. Mientras unos lo llaman intervencionismo o, incluso, agitan los fantasmas del peor comunismo, otros lo llamamos justicia social y acudir a la raíz del problema.

Y digo yo: La cuestión no es lo que algunos ganan y tienen, sino lo que no pagan por ello. Tenemos que acabar con el llamado “efecto Mateo”, según el cual, el rico se hace cada vez más rico y el pobre se hace cada vez más pobre, o dicho en palabras más castizas: “dinero llama a dinero”. De modo que, si no somos capaces de subir el impuesto de PATRIMONIO hasta el 50,5% y las rentas del capital incluso hasta el 90% para acabar con la mayor crisis del Estado más poderoso del mundo como hizo Roosevelt en EEUU en la crisis de la Gran Depresión del año 1929, seremos un “Estado fallido” como mi querido México. Producto de Gobiernos que estarían dispuestos a batir el récord del PRI mexicano (más de 80 años en el poder) si los dejaran, y que nuestras ciudades terminaran como Ciudad Juárez. No se puede consentir que los españoles acumulemos (sólo con los partidos políticos más representativos y sin contar con los casos de la mayoría de los pueblos que no son capital de provincia) más de ¡3.000 casos de corrupción política! A los que hay que añadir el consentido fraude fiscal de la gran empresa (las del Ibex, sobre todo) y de las entidades financieras junto a la calamitosa economía sumergida que suponen entre todas más de: ¿ponemos, por ejemplo, 150.000 millones de euros que se dejan de recaudar?, ¿o quizás me quedo corto? Es igual…, demasiado dinero que es de todos los ciudadanos y se lo quedan unos pocos de listos. Cómo no se puede consentir que tengamos cerca de medio millón de políticos que se comen la mitad de cualquier presupuesto en cuanto se le añadan las “colocaciones” para el voto, mientras somos uno de los países -sino los primeros- que menos médicos por cada 100.000 habitantes tiene de la UE; los peores en los índices de educación y estemos batiendo a todo el mundo en aumento de pobreza relativa y extrema. A lo que hay que añadir que el número de ricos ha subido en una década de algo menos de 200.000 a casi un millón, y los que, sino ponemos el impuesto de PATRIMONIO, como hicieron los americanos, nos llevarán a convertirnos en un “Estado fallido”. Y algo estomagante: toda la pléyade de carcamales políticos (F. González, Guerra, Ibarra, MeaBono, Zapatero, Aznar, Rajoy…, y la mayor parte de los actuales presidentes de CCAA y una multitud de sus “secuaces”) aboguen porque este país vuelva al bipartidismo que: ¡ahí está lo que nos ha traído en cuarenta años! La pandemia los ha desenmascarado, pero no ceden en su genética bandolera y explotadora. Oligarquía y plutocracia, son sus signos más diferenciales. Impuesto de PATRIMONIO pues, no como el de ahora, sí o sí; de lo contrario, ya lo he dicho, camino del “Estado fallido”.        

05/11/2020 - LA FISCALIDAD PROGRESIVA: EL PATRIMONIO O EL ESTADO FALLIDO (I)

 

LA FISCALIDAD PROGRESIVA: EL PATRIMONIO O EL ESTADO FALLIDO (I)

 Cuando servidor era joven -ya ha llovido- en todas las casas de los pueblos había más de un gato, no como mascota, sino para que cazara ratones o pájaros, u otros “bichos”. Cuando paría una gata, era muy común, para anunciarlo a los vecinos, la expresión: ¡Antonio, una espuerta de gatos! Que luego, sin más ni más, se repartían. Ahora, con tantas redes sociales, la expresión más común entre los vecinos no pasa de ser: ¡Sra. Enriqueta, una “espuerta” de datos! Y empieza la tarambana entre escuchas, dimes y diretes de todos los calibres, sin, por supuesto, olvidarse de la farándula y de esa “ilustrada” Belén Esteban y algún que otro personaje sacado -o salido por su propio pie, lo cual le honra- del armario.

 

Disculpen la introducción un tanto bromista y vamos con “la fiscalidad progresiva…” que de verdad interesa a todos los que pasan dificultades especialmente. Conviene que la mayoría de españoles -los caceroleros están exentos, obviamente- sepan lo que está pasando y porqué está ocurriendo siendo nosotros un país desarrollado donde no debería haber ningún problema más allá de los inevitables como consecuencia de la condición humana, que en casos deja bastante que desear. Pero, los datos (¡una espuerta!) cantan, como iremos viendo.

 

Para este escrito (dividido en partes para no agobiar demasiado), preferentemente, me voy a ayudar -ya saben que sólo soy un escribidor- de Thomas Piketty y su magnífico trabajo en “Capital e Ideología”; y, cómo no, de algún que otro articulista de Diario-16, Público u otros medios que están fuera del periodismo de los medios de desinformación que tanto perjudican con sus manipulaciones, sobre todo, a la gente que lee la prensa de papel.

 

Pero, antes de nada, quiero que conozcan unos datos sobre los Presupuestos del Estado presentado para el año 2021 que ha publicado Podemos, por aquello de que “Zamora no se ganó en una hora”, que muestran que empezamos a “avanzar”, aunque no sea al ritmo y al modo y manera que deberíamos como aconsejan Piketty, V. Navarro, J. Stiglitz, J.A. Ocampos o Jayati Ghosh y algún que otro economista de renombre centrados en la fiscalidad progresiva de la que empezaremos a hablar después: “Aumento del 151,4% en sanidad; aumento del 70,2% para educación, becas y FP; aumento del 80, 1% en I+D+i; aumento del 60% en ciencia; aumento del 70,3% en servicios sociales; aumento del 46% en dependencia; aumento del 29,5% fomento del empleo; aumento del 59% para combatir la pobreza infantil; y aumento del 150% en ayudas al comercio. Algo es algo, aunque no sea lo suficiente para erradicar las múltiples carencias del país.

 

Voy a empezar (a los que hayan leído el libro sólo para recordarles puntos que considero importantes) con algunos apuntes del capítulo 17 de “Capital e Ideología” de Piketty. Primero, sobre el punto referido a “la fiscalidad progresiva sobre la propiedad y la circulación del capital”: Desde el momento en el que se acepta a idea de que la propiedad privada seguirá jugando un papel en una sociedad que podamos llamar justa, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, seguirá siendo necesario encontrar acuerdos institucionales para evitar que el capital se concentre de forma ilimitada. Para evitar una concentración excesiva del capital, los impuestos progresivos sobre las sucesiones y la renta deben seguir desempeñando en el futuro el papel que desempeñaron durante el siglo XX, con tasas que durante décadas alcanzaron o superaron el 70-90% en la parte más alta de la distribución de la renta y la riqueza. Con la perspectiva que da el tiempo, aquellas décadas se presentan hoy ante nosotros como el período de mayor crecimiento jamás observado. Sin embargo, la experiencia histórica indica que estos dos impuestos no son suficientes y que deben complementarse con un impuesto progresivo sobre el patrimonio, herramienta central para garantizar una verdadera circulación del capital. Existen varios motivos para ello. Por una parte, en comparación con el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio es menos manipulable, especialmente en el caso de las grandes fortunas, cuyas rentas en sentido fiscal representan a menudo una insignificante fracción del patrimonio, mientras quela mayor parte de las rentas en sentido económico se acumulan en holdings familiares y otras estructuras específicas. Si nos limitamos a aplicar un impuesto progresivo sobre la renta, entonces, de forma casi automática, los grandes patrimonios pagan impuestos minúsculos en proporción a su riqueza (por ejemplo, Warren Buffett pagó 1,8 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta en 2015 para una fortuna estimada en 65.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo, una tasa impositiva del 0,003% en proporción a sus activos). Por otra parte, el patrimonio constituye en si mismo un indicador de la capacidad de pago del contribuyente. En este sentido, es tan pertinente, o más, que la renta anual, que puede variar por todo tipo de razones que no tienen necesariamente un impacto en el importe de un impuesto que se diga justo. Si un propietario posee importantes activos en forma de casas, edificios, almacenes y fábricas, de los cuales no tiene ningún ingreso significativo, por ejemplo, porque se los reserva para su propio uso, esto no debería bastar para eximirlo de todo impuesto, al contrario. De hecho, en todos los países en los que existe un impuesto sobre el patrimonio inmobiliario (ya sean viviendas, oficinas, o bienes profesionales de cualquier tipo), como sucede con la property tax en USA o con la taxe foncìere en Francia nadie consideraría la posibilidad de eximir del impuesto a los grandes propietarios (personas físicas o jurídicas) sólo porque no perciban renta alguna de los mismos. Conviene añadir que, en comparación con el impuesto progresivo de sucesiones, que también es una forma de impuesto a la propiedad, la ventaja del impuesto sobre el patrimonio es que se adapta mucho más rápido a la evolución de la riqueza y de la capacidad de pago del contribuyente. Por ejemplo, no vamos a esperar que Mark Zuckerberg o Jeff Bezos cumplan noventa años y transfieran su riqueza para empezar a cobrarles impuestos. Nótese también que los impuestos sobre bienes inmuebles que se aplican actualmente (como la antes citada property tax en USA o la taxe foncìere en Francia), a pesar de todas sus limitaciones, siempre han permitido recaudar ingresos mucho más importantes que el impuesto de sucesiones. Resulta sorprendente observar cómo, en general, el impuesto sobre sucesiones aparece en todas las encuestas como uno de los más impopulares, mientras que los impuestos sobre el patrimonio y la renta son relativamente bien aceptados, y el impuesto progresivo sobre la fortuna (el ISF en Francia o la milionaire tax en USA) es acogido con éxito. En otras palabras, los contribuyentes prefieren pagar un impuesto en torno al uno o dos por ciento anual sobre el valor de sus propiedades durante décadas, en lugar de tener que pagar el 20% o el 30% en el momento en que el patrimonio se transfiere.

 

Otro punto del capítulo 17. “El tríptico de la fiscalidad progresiva: propiedad, herencia, renta”. El sistema tributario de una sociedad justa debería estar basado en tres grandes impuestos progresivos: un impuesto anual progresivo sobre la propiedad (impuesto de patrimonio), un impuesto progresivo sobre las herencias y un impuesto progresivo sobre la renta. El impuesto anual sobre la propiedad y el impuesto sobre sucesiones aportarían conjuntamente ingresos equivalentes al 5% de la renta nacional aproximadamente (en donde cerca del 4% corresponde al impuesto anual sobre la propiedad y el 1% restante al impuesto de sucesiones), que se utilizarían en su totalidad para financiar la dotación de capital. El impuesto progresivo sobre la renta, en el que también hemos incluido las cotizaciones sociales y un impuesto progresivo sobre las emisiones de carbono, aportaría en torno al 45% de la renta nacional y permitiría financiar el resto del gasto público, en particular la renta básica y, sobre todo, el Estado social (incluido el sistema sanitario y educativo, los regímenes de pensiones, etc.). En el sistema fiscal expuesto aquí no existen impuestos indirectos. En general, los impuestos indirectos (como el IVA) son extremadamente regresivos y, es preferible que a largo plazo sean reemplazados por impuestos progresivos sobre la propiedad, la herencia y la renta. El sistema que propone Piketty está basado en una larga tradición. Ya en 1795, Thomas Paine defendía la puesta en marcha de un impuesto de sucesiones para financiar un sistema de renta básica. Más recientemente, Anthony Atkinson propuso afectar la recaudación del impuesto de sucesiones a la financiación de una dotación de capital para cada joven adulto. Nótese que las cantidades que Piketty propone movilizar para financiar la dotación de capital son importantes (5% de la renta nacional) e implican un aumento significativo de los impuestos sobre la propiedad y las herencias a los más acomodados. Actualmente, los impuestos sobre la propiedad (como la property tax y la taxe foncìere en USA y Francia) recaudan el equivalente a entre el 2% y el 3% de la renta nacional, y el impuesto sobre sucesiones menos del 0,5%. Por término medio, en la UE, los distintos tipos de impuestos sobre la propiedad recaudan cerca del 3% de la renta nacional.

 

Siguiente punto del capítulo 17. “Sobre la transparencia patrimonial en un solo país”. En la práctica, los ingresos procedentes del impuesto sobre la fortuna (ISF) se cuadruplicaron entre 1990 y 2018, el doble de rápido que el PIB, lo que demuestra que es posible poner en marcha un impuesto de este tipo en un solo país y beneficiarse de un aumento notable de la recaudación. Recordemos que los grandes patrimonios financieros han crecido todavía más que los inmobiliarios, que a su vez progresaron más rápidamente que el PIB. Cabe señalar también que la gestión de este impuesto siempre ha sido muy deficiente: el control fiscal nunca ha sido suficiente dejando a los particulares que sean quienes declaren sus activos, sin una verificación sistemática, cuando lo más sencillo habría sido establecer (como se viene haciendo con la declaración de la renta) un sistema de borradores precumplimentados a partir de la información trasmitida por los bancos y las instituciones financieras sobre los activos financieros (y del catastro inmobiliario, actualizado a partir de los valores de las últimas transacciones), lo que habría permitido un aumento todavía más importante de los ingresos fiscales provenientes de dicho impuesto. Nada impide que un Estado de tamaño medio (como Francia, España…) tome sus propias medidas en el ámbito de la transparencia patrimonial, incluso si no existe una verdadera cooperación internacional. Esto es evidente en el caso de los activos inmobiliarios (ya sean viviendas residenciales o activos profesionales: oficinas, fábricas, almacenes, tiendas, restaurantes, etc.) y, en general, de todas las empresas que tienen una actividad económica o un interés particular en territorio nacional. Debiendo estar sujetos (caso de la taxe foncìere en Francia) todos los propietarios, ya sean personas físicas o jurídicas, residentes o no en el país. La administración podría exigir a los propietarios de estos bienes, en el caso de estructuras jurídicas de diversa índole (holdings, fundaciones, etc.) que faciliten la identidad de los accionistas y su participación, bajo amenaza de sanciones disuasorias, que consistiría en aplicar a la empresa o estructura jurídica en cuestión el tipo impositivo progresivo sobre la propiedad individual, asumiendo la hipótesis de que un solo individuo es el propietario de la estructura en su totalidad ante la falta de información adicional. De esta forma, utilizando también la información sobre las carteras facilitadas por los bancos y las instituciones financieras, las autoridades fiscales podrían transformar perfectamente el impuesto sobre bienes inmuebles en un impuesto progresivo sobre el patrimonio neto individual en cuya base imponible se incluyesen automáticamente todos los bienes residenciales o profesionales.

 

Para terminar esta primera parte dedicada en su totalidad a Piketty, me voy a hace eco de su punto sobre del citado capítulo 17 “Renta básica y salario justo: el papel del impuesto progresivo sobre la renta”.  Una versión relativamente ambiciosa de la renta básica podría consistir en la introducción de una renta mínima equivalente al 60% de la renta media después de impuestos para quienes carezcan de otros recursos. El importe de esta renta mínima sería decreciente con respecto al nivel de ingresos del perceptor y cubriría alrededor del 30% de la población, con un coste total aproximado equivalente al 5% de la renta nacional. Una sociedad justa debe basarse en una lógica de acceso universal a los bienes fundamentales: la salud, la educación, el empleo, las relaciones salariales y los salarios diferidos (para las personas mayores -en forma de pensiones de jubilación- y para los que no tienen trabajo -en forma de prestaciones de desempleo-). La ambición debe ser la de una sociedad basada en la remuneración justa del trabajo. Y la renta básica puede contribuir a ello, mejorando los ingresos de las personas con salarios demasiado bajos. Se trata, sobre todo, del sistema educativo. Para que todo el mundo tenga la oportunidad de acceder a un trabajo bien remunerado, debemos dejar atrás la hipocresía de invertir más recursos en los itinerarios más elitistas que en los itinerarios de estudios que más frecuentan los estudiantes socialmente desfavorecidos. También se trata del derecho laboral y, en general, del sistema jurídico. Y, así mismo, del sistema fiscal. Además del impuesto progresivo sobre la propiedad y de la dotación de capital, que promueve la participación de los trabajadores, conviene no olvidar que el impuesto progresivo sobre la renta contribuye al establecimiento de salarios más justos mediante la reducción de las diferencias de renta propia de una sociedad justa. En concreto, la experiencia histórica muestra que los tipos marginales del orden del 70-90 por ciento sobre las rentas más altas han permitido poner fin a remuneraciones astronómicas e innecesarias, en beneficio, sobre todo, de salarios más bajos y de la eficiencia económica y social del conjunto. Cabe recordar que, en ausencia de sistemas públicos, los trabajadores tendrían que afrontar importantes pagos a fondos de pensiones y seguros médicos privados que, en la práctica, pueden resultar mucho más costosos que los sistemas públicos. Por tanto, es importante pensar en la renta básica como parte de un paquete más ambicioso que incluye la fiscalidad progresiva sobre la propiedad y la renta, la dotación de capital y el Estado social.

 

Esta primera parte se la dedico al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá Belmonte, que fue presidente de la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (AIReF) nombrado por Rajoy, y que trabajó para el BBVA como director del Servicio de Estudios del grupo y posteriormente como director del área de Finanzas Públicas del mismo grupo. Es decir, un individuo de claro corte neoliberal que ha quedado patente con la puesta en marcha del Salario Mínimo Vital (SMV) que, sin duda, ha tratado por todos los medios de torpedear, aunque al final haya perdido la partida con el vicepresidente Pablo Iglesias. Ya nos podemos ir atando bien los machos cuando “legisle” sobre las pensiones. Inexplicable que alguien de esa catadura forme parte de un gobierno que se tiene por progresista, pero…, Spain is different, que diría un sajón.