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viernes, 26 de junio de 2026

26/06/2026 - ¿ESTADO ESPAÑOL O ESPAÑA? LAS CONSECUENCIAS PARA LA IZQUIERDA DE RENUNCIAR A LO COMÚN

 

 

Nadie llama a Francia "Estado francés" en lugar de Francia, ni a Alemania "Estado alemán" en lugar de Alemania

JUAN TORRES LÓPEZ

Ahora que hay campeonato mundial de futbol y a todas horas oigo el nombre de los países que lo disputan, me viene a la cabeza una de las majaderías más grandes que se han cometido en esta etapa democrática: sustituir la expresión "España" por "Estado español". Es cierto que no toda la izquierda española incurre en este uso, pero sí una parte significativa de ella, especialmente la más influenciada por las corrientes nacionalistas periféricas y por determinadas tradiciones políticas surgidas durante la Transición.

No hay que ser un reputado especialista en derecho constitucional o teoría política para saber que hay una clara distinción entre el concepto de Estado y los de nación o país que no se puede olvidar sin consecuencias. El Estado es el aparato institucional, el conjunto de poderes, organismos y normas que articulan la vida colectiva. La nación o el país, en nuestro caso España, es una realidad histórica, cultural, territorial y política sobre la que ese Estado se asienta. La Constitución de 1978 lo dice con toda claridad en su artículo 2: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española." El artículo 1.1 denomina al sujeto político "España" y define su forma de organización como un "Estado social y democrático de Derecho." Más o menos, aunque con una forma diferente como es lógico, hacía la Constitución de 1931 cuando claramente distinguía entre "España" y "Estado español", según a qué quisiera referirse: "España es una República democrática de trabajadores de toda clase (...) La República constituye un Estado integral (...) España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional (...) El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional".

Cuando una buena parte de la izquierda española sustituye el concepto de "España" por el de "Estado español", hace lo que en ningún otro lugar sensato se hace. Nadie llama a Francia "Estado francés" en lugar de Francia, ni a Alemania "Estado alemán" en lugar de Alemania, salvo en contextos técnico-jurídicos precisos donde la distinción es funcionalmente necesaria. Usar "Estado español" como denominación ordinaria y sustitutiva de "España" no es un refinamiento conceptual, ni obedece a ningún análisis teórico elaborado.

 

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En alguna ocasión se ha tratado de hacer esto último, diciendo que "Estado español" es una expresión más neutra, mientras que "España" tiene carga subjetiva. Pero es un argumento inaceptable. Cuando decimos "España" (como igual ocurre con el nombre de cualquier país) no sólo incluimos a su Estado sino también una cultura, una historia, un pueblo. Decir "Estado español" es caer en un reduccionismo que deja fuera demasiadas cosas fundamentales, se aprecien o no, o se sientan propias o completamente ajenas a quien habla.

 

Curiosamente, aunque la expresión "Estado español" fue la utilizada oficialmente durante el franquismo, se utilizó después en determinados sectores de la oposición durante la dictadura y, sobre todo, la Transición para no tener que hablar de "España", considerando que se trataba de un concepto que había sido usurpado por la dictadura. Podría discutirse si aquella prevención tuvo sentido en su momento, pero resulta difícil sostenerla medio siglo después.

Tanto es así, que la izquierda española que dice "Estado español" no ha justificado nunca el por qué ese uso es más adecuado. A mi juicio, su uso reciente responde simplemente a una concesión acomplejada a los movimientos independentistas.

Estos últimos dicen "Estado español" y no 'España" para mostrar que no se sienten españoles ni parte de España (lo cual es completamente legítimo y respetable, por cierto). Pero lo hacen de un modo completamente inútil y contradictorio. Es inútil, porque al decir Estado español no niegan a España, sino que simplemente dejan fuera de ella una parte de lo que efectivamente es. Y es un uso contradictorio porque, cuando se refieren a su nación, no dicen, por ejemplo, "Estado catalán" o "Estado vasco" sino Cataluña o País Vasco. Y es lógico, porque son estas últimas denominaciones las que incluyen lo sustantivo, una identidad, un pueblo, una realidad compartida.

No es verdad, por tanto, que decir "Estado español" implique un acto de reconocimiento o respeto a la pluralidad de nuestro país. Lo que hace es reducir su realidad nacional, histórica y cultural más amplia a una mera dimensión institucional. Y la izquierda que se pliega a esa incoherencia independentista y adopta acríticamente su lenguaje termina asumiendo marcos simbólicos ajenos que difícilmente favorecen sus propios objetivos políticos.

 

Las consecuencias

La sustitución del término "España" por "Estado español" por parte de la izquierda tiene, al menos, cinco graves consecuencias.

La primera es que España no es sólo un concepto jurídico, sino también el marco de referencia que identifica a una mayoría muy amplia de la población, incluyendo a buena parte de los votantes tradicionales de la izquierda que se sienten y denominan españoles sin conflicto alguno, como una expresión natural de lo que son. Y lo que la izquierda que habla de "Estado español" les está diciendo implícitamente es que su identidad es algo de lo que hay que avergonzarse y arrinconar.

La segunda es que, al rehuir sistemáticamente la palabra España, la izquierda ha consentido que la derecha monopolice el sentimiento de pertenencia nacional y el patriotismo. Ha dejado que el PP y Vox se apropien de banderas, himnos e identidad colectiva como si fueran de su exclusivo patrimonio. La realidad, hoy día, es que se asocia el amor a España con la derecha y la indiferencia o el rechazo a ella con la izquierda. Una asociación electoralmente ruinosa y culturalmente falsa, porque la izquierda española ha tenido siempre una tradición de patriotismo republicano y de republicanismo nacional, de defensa de lo común, de orgullo por el patrimonio cultural y por los logros colectivos del pueblo español. Muy al contrario de lo que ha hecho la derecha que ha vendido a España y a nuestra riqueza a otras potencias o empresas siempre que las clases adineradas han podido sacar rédito de ello. La experiencia comparada parece apuntar claramente en esa dirección.

 

En Francia, la izquierda abandonó durante décadas la disputa por la identidad nacional y fue Marine Le Pen quien ocupó ese espacio con su versión xenófoba y excluyente del patriotismo. En Italia ocurrió algo similar, el desinterés de la izquierda por los símbolos y la narrativa nacional dejó el terreno libre a una derecha que lleva años hegemonizando el sentimiento de pertenencia. Parece bastante evidente: cuando la izquierda renuncia a nombrar la nación, no desaparece el sentimiento nacional de los ciudadanos, simplemente lo hereda la derecha.

La tercera consecuencia quizá es más sutil pero no menos real. ¿Qué credibilidad, seguridad o certeza puede tener una izquierda que no se atreve a nombrar el país en el que quiere gobernar? Lo que leen sus votantes potenciales es que la izquierda que hace eso no gobierna desde un proyecto propio sino en función de sus alianzas coyunturales, y que adapta incluso su vocabulario según quién tenga más presión que ejercer en cada momento. Y una fuerza política que no es dueña ni de su propio lenguaje, difícilmente convence a nadie de que vaya a ser dueña de sus decisiones cuando gobierne.

La cuarta es la pérdida de apoyo en aquellos territorios donde en mayor medida radica el voto popular no identitario. Es decir, el que principalmente apoya a la izquierda por razones distributivas, de justicia o memoria histórica. Cuando esa izquierda adopta el lenguaje de los independentistas, no los gana para sí; pierde a quienes la apoyaban por otras razones y que sienten que su identidad es tratada como un naipe que se intercambia, o como una rémora.

La última consecuencia no es la menos importante. Adoptar el término "Estado español" no contribuye a una resolución más inteligente del problema territorial. Por el contrario, lo enmarca en un plano simbólico y lingüístico, justamente donde los independentismos son más fuertes, y abandona el marco material en el que la izquierda podría ser hegemónica: el de las políticas de justicia social y redistribución, el de la federalización real y la solidaridad interterritorial, y el autogobierno democrático dentro de un marco compartido. La izquierda puede discutir qué España quiere construir, pero lo que no puede hacer es renunciar a nombrarla.

En resumen y como conclusión, la izquierda no puede renunciar a la palabra España, no le puede regalar a la derecha la identidad común ni su simbología. Debe recuperarla sin complejos, no como concesión al nacionalismo español de derechas ni identificándose con él, sino como la afirmación expresa de que el proyecto colectivo de transformación social, de igualdad y de democracia al que aspira se refiere a una realidad común que se llama España. Un país de historia contradictoria y no siempre ejemplar, realmente plural y con tensiones no resueltas, ciertamente; pero el país del que se siente parte la inmensa mayoría de la gente con la que se ha de construir ese futuro. Y sin la cual difícilmente podrá llevarse a cabo ningún proyecto transformador.

 

26/06/2026 - Y LUEGO, DICEN, QUE NO HAY LAWFARE

Ángel Lozano Heras

No todos, por supuesto, pero sí un montón de jueces, fiscales y asociaciones de abogados, ejercen el lawfare como guerra jurídica. Y hacen uso instrumental y abusivo de los procedimientos legales y judiciales para desacreditar, desgastar o eliminar a un adversario político. Y de vez en cuando la UCO y la UDEF se ven implicadas en ello.

También podíamos repasar cómo se ha juzgado, y de qué manera, la Gürtel, la Púnica, caso Kitchen, caso Montoro, caso Lezo, caso Taula, etc. etc... La, la, la, laaa..., como la canción de Massiel, pero en tono pepero.

Lo de algunos jueces (Peinado entre ellos), no es solo lawfare, es chapuza jurídica. Y es que la Fiscalía Anticorrupción (con Luzón como fiscal jefe) ha pedido retirar el pasaporte a Zapatero. Son los mismos que sacaron a Aldama de prisión- le liberaron de su condena y multas millonarias, pero no quieren condenar al exministro pepero Montoro.

Por otro lado, el juez Hurtado no quiso juzgar al ejército de EEUU tras el asesinato de José Couso en Bagdad en 2003. Este juez fue Implacable con el fiscal general, Álvaro Ortiz, pero muy benévolo con el PP, por su controvertido papel en el Caso Gürtel. Es un magistrado que levanta pasiones en la derecha y provoca estupefacción en el progresismo judicial.

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Y así sucesivamente, unos jueces y fiscales muy "arrimados" a la derecha y extrema derecha que ejercen a "su bola" política. Tenemos el caso del hermano de Pésanchez. Otro caso es el de la pareja de Ayuso con el juez tardón A. Viejo, con la UCO a su aire, y el teniente coronel Antonio Balas que se podría decir que preparó una mentira en el juicio de D. Sánchez, y como testigo preparó un informe "ad hoc" ante el tribunal.

No olvidemos los recientes casos de Leire Diez sobre PSOE y Pésanchez y la imputación a Zapatero, etc. etc.

Quedan preguntas abiertas sobre el vuelo que reunió al juez García-Castellón con directivos de Plus Ultra ¿Qué hacía un juez en activo en ese avión en compañía de ese grupo? ¿Por qué no consta ningún permiso oficial del juez que justifique el viaje?

¿Se puede llamar "prevaricador" al juez García-Castellón? ¿O nos va a denunciar como a Podemos y a Belarra?

Manuel Rico en Público. es: "Las incógnitas sobre el viaje a Colombia del juez García-Castellón junto al comisario de Policía Pedro Novo, es una falta de transparencia que lamentamos. Les enviamos las preguntas y ninguno de los dos respondió".

Pero claro, si decimos que trabajan o trabajaron para el PP, estamos faltándoles e injuriándoles. 

"Ahora, porque han condenado "brutalmente" a un exministro del PSOE, quieren que Pésanchez dimita por su supuesta corresponsabilidad política. No es igual la ley con todos los presidentes de Gobierno español. Por ejemplo, F. González no se fue, pese a que su vicepresidente y uno de sus ministros tuvieron que dimitir tras ser imputados él mismo "cuestionado". Aznar da lecciones de ética (julio 2026), aunque tres cuartas partes de los miembros de sus gobiernos fueron acusados, imputados, condenados o llamados a declarar en varios casos de corrupción. M. Rajoy aunque no conoce ni su nombre (m. rajoy), tiene en el banquillo de la Kitchen, por un caso de corrupción de Estado modélico, a su ministro de Interior y a Francisco Martínez entonces secretario de Estado de Seguridad (ambos diputados), y a Eugenio Pino director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, también, claro está, Villarejo y el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Martin Blas, etc. etc.

Sin embargo, vociferan que el que tiene que irse por "decencia" es Pésanchez que no tiene imputación alguna. De risa o de pena.

Peinado, "antoñita la fantástica".

Para muchos no deja de ser una "casualidad perversa" que el juez Peinado tenga una mujer que trabaje en Ayuntamiento de Madrid, pepero, y que haya sido ascendida". Ni tampoco lo es que "el señor Peinado tenga una hija que forme parte de la dirección del PP con Ayuso y que sea concejal de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid.

Todos los medios de comunicación, incluso los de derecha, tildan la instrucción del juez Peinado sobre la mujer de Pésanchez como "irracional", incluso miserable.

Y el Consejo General de Poder Judicial no ha tenido más remedio que intervenir ante el desafuero del juez Peinado y el escándalo nacional causado por el argumentario del auto en el que toma medidas cautelares contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. De todas maneras, estos jueces no se reúnen para nada, y solo para estas minucias administrativas, por ejemplo, no cuestiona el tratamiento descarado, insustancial, y los errores de Peinado, Hurtado, A. Viejo y otros.

No nos equivoquemos, el CGPJ no lo hace por vulnerar el derecho de defensa de la imputada, ni por su derecho a una tutela judicial efectiva. El motivo de la intervención del CJPJ es porque...se ofende el buen nombre de la policía al afirmar el juez que los escoltas podrían "ayudar a la esposa del presidente del gobierno a fugarse". 

El CGPJ le acusa de "falta grave de consideración de los funcionarios de la Policía". ¿y nada más? ¡Vaya risa, qué sesudos son los del CGPJ, y tanto para eso...!

Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, denuncia al juez Peinado ante el Poder Judicial por vulnerar su defensa. Expone que supo de la apertura de juicio oral "a través de los medios de comunicación" y que el juez no le ha notificado la resolución.

Y erre que erre las decisiones estrambóticas de Peinado. El Gobierno ha vuelto a cargar contra el juez de instrucción Juan Carlos Peinado por su última decisión de citar a Begoña Gómez, mujer del presidente Pésanchez, el mismo día de su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los últimos casos de corrupción que afectan al PSOE y al Ejecutivo: "No tiene límites", afirman fuentes de Moncloa.

El Ejecutivo considera que Peinado hace coincidir la citación de B. Gómez con la comparecencia de Pésanchez ante el Pleno del Congreso, del miércoles 24. Y es como siempre ha hecho para jorobar y crear expectación. Realmente lo que quiere Peinado es crear pantalla pública constante del acoso al presidente de gobierno, trincando a su esposa, para obligarle a dimitir.

El abogado de Begoña Gómez denuncia a Peinado ante el CGPJ por vulnerar su defensa al conocer la apertura de juicio y las medidas cautelares por "la prensa".

Se trata, para Antonio Camacho, de "una grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial, contraria a los principios y garantías que informan el proceso penal en un Estado de derecho".

¿Ha prevaricado el juez Peinado? Al juez (bueno exjuez) Baltasar Garzón, en entrevista con Cafè Idees, le han preguntado si el juez Peinado ha prevaricado: "Una investigación penal tiene que ser garantista, tiene que tener un objetivo. Ese objetivo se basa en los hechos y en los indicios que avalan esos hechos y la relación de causa efecto entre la ejecución de los mismos y la participación de una persona", ha explicado.  es en este punto, en este caso, donde, asegura, "no ha existido esa seguridad desde el comienzo". "Ha habido momentos en los que la persona investigada no sabía de lo que defenderse ni sabía de lo que se le acusaba", ha añadido.

Un CGPJ dividido propone al promotor de la Acción Disciplinaria sancionar con una falta grave al juez Peinado por señalar a policías. Tras un empate a cuatro votos (a favor y en contra), el voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló ha provocado que haya salido adelante remitir al promotor de la Acción Disciplinaria la copia del citado auto para que se evalúe si es constitutiva de una falta grave. 

Pero todo esto, solo por insinuar que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir..., no porque se haya obstinado en hacerle la vida imposible a B. Gómez y a Pésanchez "de paso".

El ministro Bolaños califica de "anómala" la investigación: "Peinado ha dictado resoluciones incompresibles, alejadas del derecho". 

Otro ministro, O. López, cree que es una "causa política" en la que el "ensañamiento" del juez le ha llevado a cometer errores como el de los escoltas. En una entrevista en RNE, López ha dicho que casos como el de Gómez provocan "indefensión" e "incluso miedo" porque los ciudadanos pueden pensar: "si han hecho eso con la mujer del presidente del Gobierno, imagínense lo que puede hacer con cualquier ciudadano".

De todas maneras, Peinado se jubila este setiembre, apenas dos meses. El CGPJ no le va a "crucificar". El expediente que le hagan quedará en nada y no afectará al caso. 

El periodista Antonio Maestre definió al juez Peinado como un "salvapatrias" y un ejemplo de lawfare. Ha señalado que el magistrado orienta sus decisiones para "causar el mayor daño posible al Gobierno, que le cae mal" y criticó duramente las formas utilizadas para la toma de declaración del presidente Pésanchez.

 "Se cree un "salvapatrias", además, asociado ideológicamente al PP", ha afirmado Maestre. En este sentido, ha aludido a supuestos vínculos personales del magistrado con entornos políticos conservadores, al señalar que "es muy amigo de miembros del PP de Ávila y de Madrid", y que sería habitual verlo en su entorno.

Hay un ensañamiento del juez Peinado, no cabe la menor duda, sobre la mujer del presidente, B. Gómez. ¡Si eso no es lawfare (cómo llamarlo), que venga dios y lo vea!

Porque el PP-Vox ha convertido el Congreso y el Senado, por su inutilidad de ganar una moción de censura, El de ese clan que sigue al asalto del Estado: esa es su única estrategia política. En concreto una "cruzada misógina salpicada de delirios jurídicos".

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, mantiene una postura firmemente crítica contra el juez Peinado, calificando su instrucción en el caso Begoña Gómez de "disparate de principio a fin y una estrategia evidente de lawfare".

Y Pablo Iglesias, que sufrió él, y su expareja Irene Montero, el acoso judicial afirma: "Hay gente que piensa que Peinado no es el lápiz más afilado del estuche de la derecha judicial, y hay gente que piensa que los jueces que prevarican gozan de una inmensa impunidad".

"Punto pelota".

 

miércoles, 24 de junio de 2026

24/06/2026 - LA BPS FRANQUISTA SIGUIÓ ASESINANDO HASTA 1983

Vicente Mateos Sainz de Medrano

El Gobierno español acaba de reconocer que 63 opositores a la dictadura franquista fueron asesinados después de la muerte del dictador, entre 1979 y 1983, por las torturas cometidas por agentes de la Brigada Político Social (BPS), y grupos de extrema derecha. Datos que se recogen en el informe elaborado por la Comisión Técnica creada, al amparo de la Ley de Memoria, por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En otros términos, que los ejecutores de la represión franquista, con el apoyo de grupos armados de extrema derecha, siguió campando a sus anchas durante ocho años después de muerto Franco, y una vez aprobada en referéndum de la Constitución en 1978.

El informe especifica el número de asesinatos por año: 22 en 1979, 28 en 1980, 9 en 1981, 3 en 1982, y 1 en 1983. En total la Comisión atribuye 29 muertes a excesos y abusos policiales, y el resto a la extrema derecha. Y señala las Direcciones Generales de Seguridad (DGS), comisarias, donde hubo la mayoría de casos: Puerta del Sol en Madrid, Vía Layetana en Barcelona, Gran Vía en Valencia o Paseo de María Agustín en Zaragoza. Lugares donde emplearon toda su saña patológica contra los detenidos y detenidas, personajes tan abyectos como los hermanos Creix, Conesa, Manzanas o, ente otros, el temible González Pacheco conocido como Billy el niño. Todos ellos pasaron limpios de polvo y paja cuando se disolvió la Brigada, en 1978, con la creación del Cuerpo Superior de Policía, donde se integraron en la recién creada Brigada Central de Información (BCI)—conocida como brigada antiterrorista—, donde continuaron sus desmanes hasta la jubilación.

Hechos indubitables que deben ser reparados con la dignificación de las biografías de los asesinados, como recomienda la Comisión, y la dignificación de los lugares donde fueron torturados, muchos hasta la muerte, porque sus vidas y sufrimiento son el legado para las actuales y las próximas generaciones de lo que supone vivir bajo una dictadura que debe estar presente siempre en la memoria, para que la historia no se vuelva repetir. Y por una razón de humanidad, y no de venganza, de revancha, como afirma la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D. Ayuso, cuando los periodistas le preguntan por su negativa a que se instale una placa conmemorativa que recuerde las torturas y muertes que se produjeron en el edificio donde se encuentra ahora la presidencia de la comunidad madrileña.

La rabia con la que Ayuso se expresa a este respeto evidencia su obsesión— como la de otros muchos dirigentes de la derecha— por seguir negando, mediante la ocultación de los hechos, los crímenes del franquismo, que no solo demuestra su inhumanidad; sino algo más grave que su estulticia no la deja ver: cuando ocultas los crímenes de la dictadura, implícitamente te haces corresponsable y encubridora de los mismos. Este sinsentido no es un hecho banal, sino la constatación del mal que afecta a las meninges de una parte amplia de la derecha española que no soporta, como los niños mentirosos, ser descubiertos en la añoranza de un poder de ordeno y mando que ahorme a una sociedad cada vez más diversa, bajo las viejas banderas y los vetustos lemas de una, grande y libre, donde una elite mandaba y todos obedecían.

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24/06/2026 - ALDAMA SE LLEVA EL PREMIO GORDO DEL SUPREMO

El tribunal libra de la cárcel al comisionista y le perdona la mayor parte de los 3,7 millones de multa

José Antequera

Pedro Sánchez insiste en que agotará la legislatura. Ni siquiera la demoledora sentencia del Tribunal Supremo por el caso mascarillas –con condena de 24 años de prisión para el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos– parece variar el rumbo puesto hasta el 2027 por el presidente del Gobierno. Mientras tanto, Feijóo insiste en que no piensa presentar la moción de censura para dar oxígeno al sanchismo. “No voy a cometer ese error”. La partida, aunque con el rey algo más acorralado, sigue en tablas.

En Moncloa y Ferraz hay un profundo malestar con el Supremo, no ya por el contenido de la sentencia (definitiva a tenor de las pruebas que hablan de una trama organizada en el Ministerio de Transportes) sino por lo “desproporcionado” de la condena. A Ábalos le ha caído el castigo más duro, “la perpetua”, como dice su hijo Víctor. Un fallo mucho más contundente que el recaído en su día sobre otros ilustres del triste y concurrido panteón de la corrupción española como Rodrigo RatoEduardo Zaplana o Jaume Matas. La sentencia, por número de años, es superior a cualquier otra, como la impuesta a las autoras del crimen de Isabel Carrasco o la que condenó a la manada, y a la altura de la que le cayó a Tejero (30 años por un golpe de Estado). Ni siquiera Barrionuevo y Vera sufrieron un correctivo tan severo por el caso Segundo Marey, algo cuando menos chocante, ya que un contrabando de mascarillas con comisiones, por muy deleznable y reprobable que pueda parecer, no debería ser, con el Código Penal en la mano, más punible que un secuestro. Es lógica y moralmente incomprensible.

El caso mascarillas es algo intolerable se mire por donde se mire. Ha habido lechugas y chistorras, chicas y pisos, demasiadas juergas y mariscadas. Pero el fallo del Supremo rezuma cierto tufo a resolución moralizante, ejemplarizante, algo más propio de Estados autoritarios que de una democracia avanzada. La Justicia debería ser justa, o sea lo que marque el Código Penal, ni un día más, ni un día menos. Pero el Supremo ha decidido que Ábalos y su asesor, Koldo García, se coman todos los años de prisión del mundo mientras Aldama, el misterioso comisionista y gran corruptor de la red que decidió declarar contra sus socios colaborando con la Justicia, sigue disfrutando de una vida de libertad, fama y éxito por los platós de televisión. El Supremo libra de la cárcel a Aldama y le condona la mayor parte de la multa de 3,7 millones de euros que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción por el daño ocasionado. En ese punto, no solo resulta preocupante que los magistrados hayan optado por un indulto encubierto (algo que debería ser competencia exclusiva del Gobierno) sino también que le haya perdonado al corruptor el supuesto botín. Pero quizá lo más peligroso de todo sea el mensaje que se envía a la sociedad y que tiene que ver con aquello de “el que pueda hacer que haga” que dijo Aznar: delate usted al PSOE, aunque sea sin pruebas, que sale gratis y hasta resulta rentable y provechoso. La jurisprudencia del Supremo dando amparo al impostor. Lamentable.

Aldama llegó a decir, sin pruebas y en sede judicial, que Pedro Sánchez estaba en el “escalafón 1” de la trama corrupta. Sus mentiras han gozado de bula papal. Todo se lo ha consentido el tribunal. De modo que el comisionista inaugura una nueva era en la historia de la Justicia española: el pelotazo judicial. El mensaje, tal como advierte Rufián, es letal: “corrompe políticos” a calzón quitado, delinque, fórrate, delata, difama y miente, que al final hay un premio gordo, más bien un premio supremo. Antonio Balas, jefe de la UCO, dejó claro ante los magistrados que el polémico comisionista no aportó nada potable a la causa. “No ha aclarado ningún punto particular”, concluyó durante el juicio. Todo lo sabían los agentes antes de que cantara el supuesto testigo protegido. Javier Ruiz, el siempre incisivo y didáctico presentador de Mañaneros, da en la diana al analizar el papel del niño mimado de la Fiscalía: “La corrupción le sale a devolver a Aldama”. Y el periodista Manuel Rico añade sobre el personaje: “Es el gran beneficiado de la trama de corrupción”. Que el Supremo permita a este señor eludir la prisión y hasta le perdone la multa supone una gran derrota para el Estado de derecho.

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Marino Turiel, abogado del exministro, asume lacónicamente que “Aldama se ha ido de rositas”. Nada que ver con José Luis Peñas, el hombre que destapó la trama Gurtel interponiendo una denuncia en firme contra los corruptos –no mercadeando vilmente cuando ya estaba en la cárcel, como ha hecho Aldama–. Peñas se jugó la vida y la de su familia para airear los trapos sucios del PP. Y lo hizo solo, sin apoyo de nadie. Al final, ser honrado le costó seis años de cárcel, un millón de responsabilidad civil y una multa. “Este señor [Aldama] se va con el dinero, con alfombra roja y como un campeón. Muy sorprendente todo”, asegura tras conocer la sentencia contra Ábalos. Si hasta hoy había víctimas de primera y de segunda categoría (a las de la Dana de Valencia las han calificado de segunda para salvarle el cuello a Mazón) a partir de ahora también habrá clases entre los testigos protegidos (los del PP siempre prime y sala VIP). Muy atinada la fina ironía del valiente y bravo Peñas cuando anticipa el futuro y ve a Aldama como un buen vicepresidente de Feijóo. Touché.

 

lunes, 22 de junio de 2026

22/06/2026 - EL PP NO TIENE NADA QUE OFRECER COMO GOBIERNO, SÓLO DESEA EL PODER

 Ángel Lozano Heras

El PP no tiene nada que ofrecer como Gobierno, solo desea el poder. Y sabe que con mociones de censura no lo conseguirá, y que nunca pactarán con él PNV y JUNTS, mientras esté arrimado a VOX.

Y, entonces, para lograr ese poder, ha puesto en marcha una maquinaria política, judicial y mediática con la intención de erosionar al gobierno de España y a sus votantes.
Para la gran mayoría de los ciudadanos, el PP-VOX en el Gobierno, supondría pérdida de derechos y retroceso. Lo vemos en las Comunidades Autónomas, no gobiernan en positivo, gobiernan contra las personas.

El PP lo fía todo a los tribunales, a sus "tribunales". Y Feijóo convierte esta tensión judicial sobre el entorno de Pésanchez y Zapatero en el principal eje de desgaste del Gobierno, mientras crecen las tensiones entre sus socios de la investidura.

El PSOE asegura que hay "un calendario judicial para que el Gobierno caiga durante el verano o después inmediatamente del verano". 

Pero los socialistas han defendido la inocencia de Zapatero y la de Pésanchez, y han criticado "las prisas" en los temas judiciales que afectan a la izquierda.

¿Dónde está la imparcialidad, o no, de esos muchos casos judiciales?

Zapatero ¿imputado por el juez Calama?

Ya se confirmó que EEUU envió a la policía española los mensajes contra Zapatero tras "el NO a la guerra de Pésanchez", que cabreó tanto a Trump. Y eso ya es una muestra de que "hay o no 'lawfare" en España y un golpe mediático, judicial y policial para derribar al Gobierno. ¿O no? ¡Eso huele a trumpismo claro y puro contra Pésanchez y Zapatero ¡Cinco años metidos en un cajón y aparece justo ahora! Porque cuando una prueba duerme cinco años en un cajón y aparece justo en mitad de una guerra diplomática, la sospecha deja de ser una teoría conspirativa para convertirse en una pregunta política perfectamente razonable. Además de que no fue legal el vuelco de datos de su móvil.

Esto ocurre precisamente en un momento en el que, con acusaciones de asociaciones y sindicatos fachas como Manos Limpias, y otros, e investigaciones de la UCO y la UDEF e instrucciones judiciales, todas realmente dudosas... 

Tema Joyas

La hipocresía sobre de las joyas de Zapatero es de libro. Eso lo afirma el exministro Miguel Sebastián, en Sexta TV hace unos días. Dice: "¿En serio se puede considerar "contrabando" aceptar un regalo personal y llevártelo a tu casa? ¿De verdad hay que declarar todos los regalos que se reciban?" ¿Y eso es delito grave para impugnar a un expresidente de Gobierno? Miles y miles de ciudadanos españoles tendrían que estar también investigados e imputados ¿O no?

¿Cuántos presidentes, o ministros o consejeros de autonomías, (AP, PP, Cs, UCD, PSOE), etc. han entregado a Patrimonio Nacional los regalos que han recibido? Y si se los han quedado, ¿los declararon a Hacienda?

Ahora resulta que esto es más importante que lo del volcado de mensajes desde EEUU y connivencia con el chavismo, y de liderar "una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias".

Sin embargo, ahora, el juez Calama le quiere imputar a Zapatero por contrabando y delito fiscal tras la tasación de sus joyas. 

Eso es lo que importa tenerlo siempre en el alero de las denuncias y "jodiendo" su reputación. Ahora añade al daño personal de ver imputadas a sus dos hijas (y a su secretaria), sin prácticamente ningún indicio coherente. Solo falta que también mete en este saco a su mujer Sonsoles por ser la dueña de la mayoría de las joyas, y "beneficiarse" también de los "robos" de su marido ¡Dios mío!, este Calama dónde quiere llegar.

En los últimos días nos están bombardeando con el titular de los 1,3 millones de euros en joyas de Zapatero. Nos lo venden como el gran escándalo del siglo, pero como siempre, la prensa se queda en el titular y oculta la letra pequeña.

La clave de todo este asunto no está en el valor que ha dado la firma Ansorena. La clave está en lo que les pidió el juez. El juzgado exigió textualmente el "valor actual de mercado". ¿Y qué significa esto en el mundo real?

La burbuja de las materias primas: En los últimos 10 años, el oro ha subido un brutal 245% y las gemas de calidad un 175%. El mercado de la alta joyería está en máximos históricos.

El truco de la máquina del tiempo: Esas mismas piezas, hace una década, valían apenas una tercera parte (unos 450.000 euros). Y si nos vamos al momento en que se adquirieron o heredaron hace años, su valor de coste real era una fracción minúscula: la horquilla de entre 30.000 y 50.000 euros que siempre se ha defendido.

Lo jurídicamente correcto para buscar la verdad habría sido datar primero históricamente las piezas y luego tasarlas al precio de mercado de "entonces". Pero no interesaba hacer eso. Interesaba pedir el precio de hoy en día para inflar la cifra, generar el titular escandaloso de millón y medio y disparar el linchamiento público.

No caigas en la trampa del clickbait. Una cosa es el valor real y familiar de unos recuerdos acumulados durante una vida, y otra muy distinta es la tasación artificial y engordada por la inflación y el mercado del oro actual que le han presentado al juez. 

Además, muchas de esas joyas pertenecían a la familia de su mujer Sonsoles, muchos años atrás, pero no de Zapatero ¿Eso es delito? ¿Tiene que pagar o tributar él por eso? 

El tasador de la joyería Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, ha sido Luis Eduardo Cortés Muñoz. Que, por cierto, pone su granito de "oro" para el golpe de estado. ¿Es un perito independiente? ¡No, una "joya", vamos, ha sido el experto elegido por el juez Calama para tasar las joyas de la familia del presidente Zapatero!

Fue presidente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Exdiputado del Partido Popular en la Asamblea Regional de Madrid. Exsenador del Partido Popular.

Entonces nos preguntamos: ¿No existe conflicto de intereses para un tasador que es del PP hasta la médula?

Es obvio que en Madrid existen tentáculos del PP hasta debajo de las piedras, motivo más que suficiente como para ser pulcro por parte del Juez Calama como para contrastar diversas tasaciones, pero no lo hace ¿Alguna vez éstos "venerables magistrados" van a aplicar el sentido común a sus diligencias? Y qué casualidad también, la joyería encargada de tasar las joyas pertenece a la familia de la exministra de Sanidad del Partido Popular, Ana Mato. 

"Está clarísimo que "quieren agotar y desmovilizar a la mayoría progresista de este país". Es lo que se llama la técnica del "fallo", que usaron Trump y Steve Bannon, en las elecciones de USA, y así lograr la abstención de la masa crítica progresista". 

Consiste en saturar constantemente el debate público con provocaciones, mentiras y escándalos. Esto satura a la oposición y a los medios, desviando la atención de sus verdaderas políticas. Y eso han hecho con Zapatero, Pésanchez y demás casos judiciales y mediáticos de la Izquierda: aumentar escandalosamente las mentiras.

Todo es demasiado descarado, si se les cae el motivo principal cogido con alfileres para la imputación, pues ahora, la Judicatura y las fuerzas ultras, pregonan otro: evasión fiscal y tráfico de joyas, tipo pirata, es de vergüenza.

Es más común de lo que creemos, que de generación en generación hayan pasado collares, pulseras, gargantillas...que han sido el tesoro valiosísimo de la abuela, el abuelo...se sabe en esa familia que tiene valor, pero nunca se han planteado ir a un tasador, sí que son situaciones de una clase media que pudo permitirse esa inversión que ganará valor con el tiempo. 

Lo importante en su cruzada no es la verdad y la prueba del delito; lo importante de las acusaciones de la derecha extrema es que la propaganda impacte en la calle, asuma que la democracia es un lodazal y condene sin matices al adversario. La contribución de un selecto grupo del poder judicial y el mediático a esta argucia de las derechas en su guerra por derribar al gobierno es hoy fácilmente verificable con la conjunción de agendas de ambos poderes, sin que esta afirmación minimice el calado real de algunos escándalos que exigen explicaciones al ciudadano sin dilación para separar el bulo de la realidad, el grano de la paja. El "caso Zapatero", es una investigación para largo, aún en estado "embrionario". El contundente rechazo del expresidente a todas las imputaciones y la investigación a sus hijas y a su secretaria eran previsible. Pero se echan en falta en términos de opinión pública pruebas que acrediten o desmonten las duras acusaciones del juez y más explicaciones públicas a los ciudadanos. Y porque Calama haya presentado al día de hoy sus indicios con el rigor exigible a un juez (¿a qué alto cargo quién influyó ZP en el rescate de Plus Ultra?), sino porque al menos desde el punto de vista moral (ya veremos si judicial) un expresidente significado por su decencia con joyas por más de un millón de euros en la caja fuerte de su despacho y dedicado a una actividad con apariencia de 'lobbista' resultan difícil de asumir cuando se le considera 'faro moral' de muchos. ¡Ni bajar el listón de exigencias éticas a los liderazgos de la izquierda ni contribuir al ruido del altavoz mediático que anticipa condenas!

Aún quedan muchas cosas por aclarar tanto por el juez Calama, que "se ha podido pasar de listo", como por Zapatero, que sea más claro y contundente.

Pero mientras, es un caso más del PSOE que está en el alero para dar de comer a los buitres de la extrema derecha (sean jueces, políticos o asociaciones).

Zapatero ya insistió: "No intervine en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable". Y reiteró, argumentándolo durante el interrogatorio. que su "actividad profesional" se ha desarrollado "conforme a la legalidad" y defendió la labor de la empresa de sus hijas. 

Y no olvidemos que al PP-Vox no le interesa que se hable del caso Kitchen, de la Púnica, de la Gürtel de las muchas falsedades y manipulaciones de Aznar y de m. rajoy, etc. Eso sí llegan hasta lo estrambótico en el caso de Begoña Gómez y del hermano del Pésanchez.

¿Existe "lawfare", o no, en algunos jueces, fiscales y abogados?

 

viernes, 19 de junio de 2026

19/06/2026 - RECORTES SIN COMPLEJOS PARA GANAR MUCHO MÁS

Eduardo Madroñal Pedraza

La "prioridad nacional", de la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF), del Círculo de Empresarios, en España, y del Fondo Monetario Internacional (FMI), y los asesores del gobierno de Alemania, desde el extranjero, es que se apliquen nuevos y mayores recortes a las gentes españolas que no somos del Ibex35 y compañía. Para los extremadamente ricos quieren nuevos y mayores beneficios de los que ya llevan apropiándose estos años. 

La actualidad está dominada por los escándalos de corrupción. Nos oponemos a la corrupción y a los corruptores. Todo el peso de la ley debe caer sobre todos ellos. Pero no nos olvidemos de los recortes. Siguen ahí. Están determinando la vida de la mayoría de nosotros. Y planifican para que vengan más.

Siempre hay expertos para cada crimen

La AiREF, la "policía fiscal" española, exige que se recorten hasta 15.000 millones de gasto hasta 2028. Cínicamente cuando hablan de "recortar gastos" no hablan de reducir el presupuesto militar, que está aumentando, sino de dar un tijeretazo en el gasto en pensiones, sanidad, educación y ayudas sociales.

La AiREF es todo menos independiente ya que se creó tras el rescate bancario de 2012. Fue una imposición de Bruselas, para que actuara como un "policía fiscal" que controlara las cuentas para obligar al gobierno a reducir gastos sociales. Para más inri son funcionarios que nos obligan a pagar, vía impuestos, a todos los que sufrimos los recortes. Pagar al verdugo, como en la Edad Media.

Nuevos recortes, nuevo crimen

Ahora la AiREF exige más "ambición" al gobierno. Exige recortes "adicionales" del gasto -es decir además de los ya planteados- del 0,6% del PIB en 2027 y del 0,3% en 2028. Esto suponen 10.000 millones el año que viene y 5.000 millones el siguiente. Para que nos hagamos una idea de lo que esos recortes acumulados de 15.000 millones significan, suponen el doble de todo el gasto contemplado en el plan de vivienda del gobierno, y el triple de todas las ayudas para contener los efectos de la subida de precios a raíz de la guerra en Oriente Medio.

¿De dónde va a salir? Ya sabemos de dónde no. La Unión Europea (UE) ha concedido permiso para que el aumento del gasto en defensa no compute en estos cálculos de recortes. Hay carta blanca para gastar todo lo que se quiera en armamento que compramos dominantemente a EEUU. Quieren que salgan de sanidad, pensiones, educación, ayudas sociales e inversión productiva.

Más expertos para el mismo crimen

También el FMI acaba de exigir a España retirar las ayudas aprobadas para paliar la subida de precios. Esto significa que la luz, el gas y los combustibles van a subir, repercutiendo en nuestros bolsillos. Y lo que es peor, el FMI pone el foco en "el inminente aumento drástico de las presiones de gasto relacionadas con el envejecimiento de la población", señalando a que "España se enfrentará a uno de los mayores aumentos proyectados en el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados".

Alemania encabeza en Europa un camino que se puede resumir en más rearme y más recortes. Está emprendiendo el mayor aumento del gasto militar desde la Segunda Guerra Mundial, y paralelamente ejecuta drásticos recortes en pensiones, sanidad y gastos sociales al grito de que "el Estado del bienestar es insostenible".

Ya ganamos mucho, pero queremos más

La oligarquía ha ganado mucho dinero con este gobierno. Pero ahora quieren más. Apuestan por otro ejecutivo que no esté obligado a otorgar concesiones a la izquierda, y que pueda ejecutar "recortes sin complejos". La ofensiva global que está desatando Estados Unidos (EEUU) desde la llegada de Trump a la Casa Blanca incluye un programa económico y social ultra reaccionario. No se puede elevar el gasto militar al 5% del PIB sin recortar en pensiones y en sanidad.

Disparan contra las pensiones. El gobierno alemán emprende el mayor rearme financiado mediante recortes en gastos sociales, pensiones, obligando a que cada alemán a partir de los 6 años se abra un fondo de pensiones privado. Y pretenden imponer esta gélida ola de ataques contra las pensiones públicas en España.

Alternativa haberla hayla. Redistribuir la riqueza

La inflación devora los salarios. Las petroleras se forran. Las eléctricas nos suben la luz. La banca cada vez gana más. El atraco de la vivienda se dispara. Hay una alternativa, redistribuir la riqueza. Esto implica recortar las desorbitadas ganancias de grandes bancos, oligopolios y fondos estadounidenses. 

Hay que blindar las pensiones en la Constitución como un derecho fundamental. Acabar con el atraco de la vivienda, imponiendo un tope a los alquileres que no supere el 30% del salario medio. Terminar con el atraco monopolista y financiero. Imponer un control real sobre el precio de los combustibles. Y establecer topes a los precios de los productos básicos.