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martes, 26 de octubre de 2021

26/10/2021 -CON PERDÓN, PERO ES LO QUE HAY: FIASCO, PERFIDIA, DESLEALTAD, VILEZA, FELONÍA, BRIBONADA...

 CON PERDÓN, PERO ES LO QUE HAY: FIASCO, PERFIDIA, DESLEALTAD, VILEZA, FELONÍA, BRIBONADA…

¡Qué país! Si ya la Constitución fue un auténtico fiasco (fiasco constitucional) de las fuerzas represivas del Régimen anterior, de la Dictadura, con el arribo del Partido Comunista de Carrillo y el Partido Socialista de los ahora neoliberales Felipe González y Alfonso Guerra y, como no podía ser de otra forma, el monarca heredero del Dictador, copiada de la alemana, pero con los matices necesarios para que la Plutocracia no se detectara en otros cuarenta años de Dictablanda encubierta en Monarquía Parlamentaria, ahora, ya con un “Gobierno de Coalición” que llaman de izquierda -aunque de eso tenga más bien poco, menos de una quinta parte- nos quieren colar una serie de “reformas” que sólo suponen que todo cambie para seguir prácticamente igual o, incluso, empeore.

Uno se explica pues, el porqué de la salida de Pablo Iglesias de este Gobierno cuando nadie lo esperaba, cuando mucha gente confiaba en que con él se iban a solucionar más de un desaguisado de los inextricables que asolan al país que nos quieren vender como democrático, moderno y desarrollado como el que más. Pero Pablo Iglesias dio la espantada cuando vio que era imposible llevar a cabo tarea alguna que pudiera cambiar algo entre gente que estaba formada por y para seguir la huella de lo que ha sido España a través de los siglos: un chiribitiluelo lleno de tesoros producto de su piratería en manos de cuatro salteadores de caminos, bribones, pícaros, sinvergüenzas, granujas, facinerosos…

Y sí, de Pablo Iglesias se han dicho muchas cosas, tantas que hacen bueno en él eso que dijo un tal Charles A. Sainte-Beuve: “Cuando veáis a un hombre atacado con furia por toda clase de gente y por todos los medios, estad seguros de que tal hombre es de mucha valía”.

Del talento y el talante político de Pablo Iglesias nacieron la mayor parte de las ideas de reforma que -ahora ya, escalofriantemente, “desplumadas”- el actual Gobierno PSOE-Unidas-Podemos nos quiere hacer llegar como si de una especie de maná se tratara, sin entender que los españoles no nos hemos caído todos de una encina y podemos captar que todas esas reformas anunciadas para después (siempre para después, sin advertir que después puede ser, si es que no lo es, demasiado tarde) son una merced, pero de “pan duro”.

Espero que no ocurra lo del famoso chiste del cura que se equivocó en su plática y dijo: “Porque Jesucristo le dio de comer a tres con tres mil panes y tres mil peces”. A lo que un feligrés respondió en tono respondón: “¡Y no reventaron!”. Y el cura, muy ingenioso, le increpó: “¡Hijo!, ahí, ahí es donde está el milagro”. Es decir, ¿para quienes van a suponer algo las reformas anunciadas? ¿Para “los tres de siempre”? ¿Para que parezca que se hace algo grande y lo que se está haciendo no es sino una menudencia que poco o nada soluciona para la gente de a pie? Digo la gente de a pie, ya que, de los otros, de los millonarios, grandes empresarios, élites, farándula, etc., etc., se ocupan el PP y VOX y nada les falta para seguir su andadura opulenta a costa de los demás con la connivencia de la Banca; que a su vez cuenta con la confabulación de la Justicia, uno de los tres pilares del Estado en el caso de España. Del “Estado del Malestar” para llevar a cabo sus usureras incautaciones. Inclusive, para más inri, ni siquiera aceptan estas migajas para los más desfavorecidos. Lo de siempre: Plutocracia rallando en la Cleptocracia.

Dijo Epicteto que “todos los asuntos tienen dos asas; por una de ellas son manejables, por la otra no”. Es lo que pasa con la reforma del Impuesto de Sociedades, primero de los puntos a los que me voy a referir como “fiascos”, “perfidias”, “deslealtades”, “vilezas”, “felonías”, “bribonadas”...

Si no cambia -que lo dudo- el Impuesto de Sociedades que nos quieren “embutir” es un fiasco de marca mayor, por eso lo he elegido como primer punto.

Impuesto de Sociedades. Dice Sergio Linares -en su artículo: “A sus órdenes mi capital”- que el primer ajuste presupuestario se lo llevan las nóminas personal sanitario, docentes y el resto de trabajadores públicos, una rebaja real del 2%. A las grandes empresas se le respeta el grueso de su entramado de bonificaciones fiscales. Solo aportaran un extra de 400 millones. A cambio habrá 27 mil millones para ellas y todo el IBEX35 procedentes de los Fondos Europeos. El Ibex 35 se queda con la parte del león. Según los Presupuestos, con un techo de gasto de 196.142 millones de euros, 45 más que los del 2021, nada menos que 27.000 millones están asociados a las partidas de los Fondos Europeos prevista para el siguiente año. El total de la inversión asciende a 40 mil millones, una de las mayores partidas que pasará directamente de Hacienda a las cuentas de las grandes empresas del IBEX35, las principales beneficiadas de las subvenciones a fondo perdido con las que esperan dinamizar su actividad y maximizar su cuenta de resultados.
Entre algunas de las empresas beneficiadas están Repsol, Iberdrola, Endesa o gas Natural. Donde no piensan meterse desde el llamado gobierno “progresista” es a grabar realmente los beneficios milmillonarios de las grandes empresas multinacionales españolas. Si tomamos las 22 más grandes, solamente han tributado en el ejercicio fiscal 2020 un 1,3% de su beneficio global, según reconoce el “Informe país por país” de la A.T. 
Como explica Eduardo Bayona,          
el Gobierno aplicará el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades sobre la base imponible. Según los datos de la Agencia Tributaria, las empresas han pagado en España en los últimos cinco ejercicios una media del 20,7% al 21,65% de sus bases imponibles, pero solo entre un 8,26% y un 10,15% de sus beneficios. La diferencia entre esas dos cifras corresponde a los beneficios fiscales que reducen el número a partir del cual se calcula el impuesto. En 2019, por ejemplo, los beneficios de las empresas sumaron 286.880 millones de euros pero sus bases imponibles se redujeron a 110.502, con un descuento del 61,5%. La presión fiscal fue solo del 8,26% sobre las ganancias mientras que se disparó al 21,44% una vez descontadas las deducciones. La OCDE recomienda aplicar ese impuesto sobre el beneficio contable, es decir, sobre las ganancias y no sobre la base imponible que queda tras restarles las deducciones. Según los datos de la Agencia Tributaria, las empresas han pagado en España en los últimos cinco ejercicios una media del 20,7% al 21,65% de sus bases imponibles, pero solo entre un 8,26% y un 10,15% de sus beneficios. Hacienda deja de ingresar 45.000 millones (¿no son 90.000 millones?) al año al no lograr controlar a los grandes defraudadores, con la Banca a la cabeza, obviamente. Para ir terminando el punto: “Si se confirma lo que ha dicho María Jesús Montero” –que el tipo mínimo del 15% se aplicará sobre la base imponible en vez de sobre el beneficio–, la medida “será un bluf”, advierte Sánchez Mato, profesor de Economía Aplicada. “Todo lo que no sea actuar para que el tipo efectivo mínimo del 15% sea sobre el resultado contable –que es el que está en el 8,8% en promedio– no sirve; de hecho, el tipo medio efectivo sobre la base imponible está bastante por encima del 15%: en 2020 estaba en el 20,7%”, añade.

Sí, ya. Me iré más cortito en los siguientes puntos, aunque todos son de importancia.

Ingreso Mínimo Vital. Como lo quieran llamar con alguno de los adjetivos del título de este escrito. La realidad es que no ha llegado a cobrarse ni por un 10% de las personas en situación de vulnerabilidad grave. Cerca de ¡un millón de personas! están a la espera, pues en España hay ya ¡once millones de pobres! Sólo hacerles ver que una persona sin bienes de ningún tipo y sin trabajo (su negocio se lo “choriceó” una presunta mafia de la Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz para favorecer otro ilegal -¿comisionista suyo?- tras siete años de lucha sin cuartel) se ha tenido que ir a Alemania sin que nadie le haya contestado su petición del SMV mientras la cuchara se la proporcionaban sus padres pensionistas y unos meses una empresa explotadora en las Islas Baleares. En su despedida, como tantos otros (de Extremadura han emigrado o inmigrado en los últimos años ¡21.000 jóvenes!), soltó esta triste expresión: ¡Me voy de esta mierda de país!..., que a más de uno trajo el recuerdo de otros tiempos después de más de 60 años.

Salario Mínimo Interprofesional. ¿Se le puede poner otro adjetivo del título? Pues claro, sino no estaría entre los puntos, lo dejo al gusto de cada lector, ya que, el SMI perderá poder adquisitivo pese a la subida pactada. Los españoles seguirán teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Según Javier Ruíz -que yerra poco- la subida del SMI pactada por gobierno y sindicatos no compensará la subida de la cesta de la compra. El SMI perderá poder adquisitivo de nuevo pese a la subida del 1,7% pactada en un año en el que los precios suben un 3,3% según el INE. La subida será incluso menor que la del resto de salarios para los que la CEOE y los sindicatos han fijado una revalorización del 1,9%. La subida del SMI no sólo queda muy lejos del aumento de la cesta de la compra sino, sobre todo, del precio de la energía que ha experimentado en el último año aumentos que multiplican hasta por 20 las subidas que experimentarán los salarios más bajos.

Según el análisis del Banco de España, el SMI ha perdido en España durante décadas y deja a quienes lo perciben cada vez más lejos de llegar a fin de mes. Según el análisis del banco central, desde su puesta en marcha y durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar el SMI perdió más de 10 puntos de poder adquisitivo y aunque, recuperó poder de compra durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a perderlo durante el segundo ejecutivo socialista y los gobiernos de Mariano Rajoy. ¡Cuánto le debemos los españoles a este “Registrador”! Bueno… ¿y a los otros Presidentes? Como diría un gabacho: “Typique de L´Espagne”.

Y hablando de salarios, ¿por qué no un salario máximo? Terminaríamos con más de una sinvergonzonería. Igual que existe un salario mínimo debería existir un salario máximo. Hace medio siglo y pico, hacia los años 60 del siglo XX, los grandes ejecutivos americanos cobraban veinte veces más que el promedio de sus empleados. Si el trabajador cobraba mil, el gran jefe cobraba 20.000. Y el tope del impuesto sobre la renta, ojo, rondaba el 70%. Aquella fue la era dorada de la economía en la meca del capitalismo. Y a nadie se le ocurrió pensar que en Estados Unidos se habían hecho bolivarianos. Ahora, esos mismos altos ejecutivos americanos vienen a cobrar casi 300 veces más que sus empleados. en España, los patrones de ese Banco que les viene a la memoria o esa Eléctrica tan conocida perciben entre seis y nueve millones anuales. Echen cuentas respecto a su  propio salario.

Justicia atascada. ¿Bribonada? ¿Perfidia? Como lo quieran llamar, pues no está en la cárcel (aunque este puede que vaya, por eso lo pongo el primero, ya que, los otros no la van a pisar) el alcalde del pueblo desde donde escribo condenado, de momento, a tres años. Ni los de los Gal, los ERE, la Gürtel, los Puyol, los de Castellón, los Albertos, los de las Residencias de ancianos de Madrid (incluido el presidente del Real Madrid) y alguna que otra (o más de una) de las presidentas de la comunidad y de la alcaldía madrileña, quizás algún presidente de Castilla La Mancha (léase Bono), algunos jueces y fiscales, los grandes defraudadores del Erario, la cúpula de más de un Banco (con los Botín a la cabeza), los responsables de la atención a la dependencia (160 muertos diarios), esos militares que están dispuestos a matar a la mitad de los españoles, etc., etc., etc. Resumiendo: Todo el elenco de la Democracia que se ha valido de ésta para hacerse rico con los impuestos de los españoles de a pie que son los únicos que pagan. Les recomiendo que, si tienen tiempo de sobra, lean mis dos escritos titulados: “Pecatrices de Togas, Mucetas y Puñetas”, dicen muchas cosas muy interesantes sobre la Justicia.

Podríamos seguir con otros tantos puntos referidos a la no derogación de la actual Reforma Laboral (por mucho empeño que ponga Yolanda Díaz), una auténtica canallada del capitalismo opresor contra el mundo del trabajo, incluso puede que derogar la Reforma Laboral (si se llega a conseguir, que lo dudo mientras esa Nadia Von Calviño esté “delegada para el caso” por el presidente del Gobierno) no sea suficiente si se sustituye por otra del mismo o parecido calado, y por mucho -reitero- que se empeñe la ministra Yolanda Díaz de Unidas-Podemos, la derechona del PSOE y del PP con Calviño y la Botín no van a ceder si todo se pretende cambiar; el IRPF con sus deducciones y bonificaciones (Einstein dijo que lo más difícil del mundo es entender el impuesto sobre la renta), la venta de armas a los árabes para aniquilar yemeníes (que nos debería explicar la ministra del ejército y quizás alguien más), la subida del IPC, las paupérrimas pensiones, la Ley Mordaza (da miedo sólo nombrarla) y un largo etc., pero no me queda sitio hoy nada más que para la “Ley de la Vivienda” y con ella termino. Así pues:    

Ley de la Vivienda. Un estudiante preguntó a Einstein: “Dr. Einstein, ¿no son estas las mismas preguntas que el examen final del año pasado?” Y el Dr. Einstein le respondió: “Sí, pero este año las respuestas son diferentes”. Algo así me da que pasa con la ley de la vivienda, que, realmente, es una jangada, una salida o idea necia, inoportuna e ineficaz. Será quizás que al Gobierno le pasa eso que dijo El Roto: “La serpiente muda de piel, pero no de veneno”.

Si como parece que vaya a ocurrir, los propietarios de muchas viviendas (especuladores, traficantes, usureros y banqueros sin escrúpulos) no se ven afectados por la nueva Ley, ésta será, no sólo un gran fiasco -que también- sino además una mayúscula tomadura de pelo a la ciudadanía.

Repasando los propietarios que tienen entre 11 y 25 inmuebles y sólo contando Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León y Galicia nos encontramos con que son un total de 182.353 (284.076 en el total del país); si sumamos los propietarios de estas Comunidades que tienen entre 26 y 50 inmuebles la cifra es de 19.832 (28.019 en el total del país); y si sumamos los de las Comunidades señaladas que tienen más de 50 inmuebles la cifra es de 10.157 (14.663 en el total del país). No quiero dejar sin exponer las cifras de Extremadura, mi Comunidad, la reina en desempleo, pobreza, mayor falta de infraestructuras, transportes, etc., etc.: De 11 a 25 inmuebles, 4.109; de 26 a 50 inmuebles, 415; y más de 50 inmuebles, 260. Hay más gente de la que uno suponía que no anda tan mal en esta tierra, 4.784 tienen su capitalito, en fin…, el problema es que la mayoría estamos igual que hace 35 años o más y con gobiernos socialistas para mayor desventura.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado en una entrevista en Onda Cero que el Gobierno calcula que el control de precios en el alquiler afectará a unas 150.000 viviendas y ha recordado que esta medida, en todo caso, tendrán que activarla las Comunidades Autónomas. “Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a los pequeños propietarios, porque en ningún caso se produce un intervencionismo radical con la ley de vivienda”, ha insistido Sánchez. Date, las Comunidades Autónomas serán las que rijan los precios del alquiler, lo cual huele a chamusquina. ¿Se imaginan a la Sra. Ayuso controlando el tema donde más morralla hay? Esperemos que no nos haga otra como su compañera la Sra. del ex Presidente Aznar cuando (algo ¡increíble!) fue alcaldesa de Madrid… ¡y él Presidente del Gobierno de España! Y claro, con este tipo de presidentes, así nos va.

Por último, señalar eso que llaman  áreas tensionadas. La nueva ley diferenciará entre las áreas denominadas tensionadas (con precios demasiado altos en relación al poder adquisitivo) y el resto. Y resulta que en muchas de las zonas en las que se concentran los grandes propietarios suele ser más complicado alquilar pisos a precios razonables, es decir, con gran probabilidad estarán en la categoría de zona tensionada, con Madrid y Barcelona a la cabeza.

Qué les digo: ¿No nos querrán convencer con algo que no va a cambiar esa maldita relación que hay en este país entre salarios y posibilidades de emancipación entre los jóvenes que son los más afectados por unos alquileres desmadrados? Si ya de por sí sabemos que no hay en España unos salarios dignos (ni para los que llevan mucho tiempo trabajando y están en la categoría de pobres en riesgo de exclusión social), ¿nos van a meter un gol con la mano también con esa Ley de la Vivienda? ¡Ojalá me equivoque!, pero…

Digan lo que digan, tiren por donde tiren, este país sólo podrá ser democrático cuando la clase política sea capaz de cambiar esa Constitución del 78 y con ella, como punto principal, la Ley Electoral. Mientras, seguiremos sufriendo -los mismos de siempre- las funestas consecuencias de un Régimen podrido heredado del franquismo y cada vez más impulsado por el neoliberalismo que ha absorbido hasta el mismo socialismo de clase.

Sólo falta que en el próximo 2023 se “casen” socialistas y populares para que la pobreza se apodere de otros once millones de españoles (y ya serán 22 millones) y les importe un rábano la Vivienda, el Alquiler, el Impuesto de Sociedades, el IRPF, la Justicia, el SMI, el IMV, la Dependencia, la Sanidad, la Educación y todos los Servicios Sociales y demás necesidades de la ciudadanía de a pie, incluidos, por supuesto, todos los servicios básicos.

jueves, 7 de octubre de 2021

07/10/2021 - PECATRICES DE TOGAS, MUCETAS Y PUÑETAS (Y II)

 PECATRICES DE TOGAS, MUCETAS Y PUÑETAS (Y II)

 ¿Son conservadores la mayoría de jueces y juezas en España? Sólo una décima parte de la carrera judicial está afiliada a la única asociación progresista. La inmensa mayoría de los jueces asociados lo están en la asociación históricamente más conservadora. El modo de acceso a la judicatura marca un sesgo derechista, según los expertos.            

El cierre en falso de la investigación sobre la operación 'Kitchens' por parte del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellóncon el que se exonera al expresidente Mariano Rajoy y a otros cargos del PP del espionaje al extesorero Luis Bárcenas para tapar la corrupción del partido, ha avivado el debate sobre el sesgo ideológico conservador predominante en la carrera judicial española, compuesta de 5.320 jueces y magistrados. También ha contribuido a la polémica la crítica directa del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, a los indultos a los líderes independentistas otorgados por el Gobierno, en una clara intromisión que empaña la imparcialidad de la Justicia. Aunque no debería notarse a qué partido político vota un juez o una jueza, lo cierto es que acciones como las anteriormente descritas sacan a la superficie ese sesgo conservador que se atribuye a la carrera judicial española desde hace mucho tiempo. "Es una realidad que la mayoría de los jueces son conservadores, al fin y al cabo, protegen el orden establecido -dice el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín-. En la mayoría de los países tienen los jueces una tendencia conservadora-liberal. Aquí, por lo general, siguen la tendencia mediática predominante en el país; quien se aparta tiene que ser muy valiente". Las estadísticas de las asociaciones judiciales son un referente para muchos expertos a la hora de afirmar el carácter conservador de la judicatura. "Sólo una cuarta parte de los afiliados a asociaciones están en la única asociación judicial progresista que existe, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)", cuenta Fernando de la Fuente Honrubia, viceportavoz de JJpD. Esta organización cuenta con 520 asociados de un total de 5.200 jueces y juezas. De esta cifra total de miembros de la carrera judicial, menos de un 60% pertenece a una de las cuatro asociaciones judiciales”.

El siguiente “parche”, dada su importancia, lo transcribo al completo de su autor Javier Lezaola. Dice así: “Jueces que cobran en negro: Un escándalo al que “nadie” quiere poner freno. Más del 90 o el 95% de los opositores que se preparan lo hacen en negro”, advierten fuentes judiciales. Según la Constitución española de 1978, “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Pero para administrar en nombre del rey esa justicia presuntamente emanada del pueblo, esos jueces y magistrados han de enfrentarse y aprobar antes una de las oposiciones más duras de la Administración, un tipo de oposición memorística que apenas ha sido modificado desde el siglo XIX y que es difícil afrontar sin preparador. Y a menudo lo hacen con poco sometimiento al imperio de la ley. “El negocio en negro de jueces y fiscales: hasta 4.000 euros al mes por preparar a opositores”, titulaba el digital ‘elDiario.es’ un reportaje de investigación publicado el pasado 23 de agosto. “Tengo a un compañero molesto conmigo por criticar públicamente que los preparadores de opositores cobren en negro. Hoy me dice «si me obligan a declararlo, dejo de preparar». Y se ha quedado tan ancho”, tuiteaba este miércoles una jurista. “Más del 90 o el 95% de los que se preparan lo hacen en negro”, han explicado este jueves fuentes consultadas por LUH, que aseguran que se trata de una práctica vieja -procede del franquismo, como tantas otras cuestiones relacionadas con la judicatura española-, “instalada con total impunidad” -y es que “ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Ministerio de Justicia hacen ninguna inspección ni nadie lo denuncia”- y “naturalizada por los opositores”. Tanto, que algunos “preparadores” se están anunciando hasta en internet. Lo primero que viene a la mente a continuación es precisamente que en España “se pueden hacer irregularidades” y que “si las hacen los poderosos” -en este caso, nada menos que los encargados de administrar la justicia-, “no pasa nada”. De hecho, existen casos de magistrados “muy destacados” que no sólo han preparado a opositores cobrando en negro, sino que -en vez de hacerlo en su domicilio, como es habitual- lo han hecho en el propio juzgado donde administran la justicia. También “hay excepciones” -es decir jueces y magistrados que “sí declaran a Hacienda” ese trabajo de preparadores-, pero en cualquier caso las fuentes consultadas por este diario han destacado que “ningún juez puede dar clases de nada sin tener la compatibilidad por parte del CGPJ” y que debería haber “una regulación más expeditiva” y “un registro”, pero “nadie tiene ningún interés en regularlo”. “En el Tribunal Supremo hay magistrados que en el pasado han preparado”, añaden las mismas fuentes. “No hay control ni regulación, y la manera de controlarlo es regular una incompatibilidad fuerte: que sólo pueda preparar quien esté registrado y que a quien no lo esté, se le sancione”, insisten las mismas fuentes, que calculan que cada preparador puede tener “20 o 30 opositores” y cada opositor puede pagar “entre 150 y 300 euros al mes”, es decir que cada preparador puede sacarse entre 3.000 y 9.000 euros al mes “en negro” por entre media hora y una hora a la semana con cada opositor, a quienes “pasan la lección, a veces, leyendo el periódico”.

“La desigualdad social en el acceso a la justicia.  La Ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció el pasado jueves en el Congreso, que el Gobierno está ultimando un sistema de becas para así democratizar el acceso de la carrera judicial. Una propuesta de becas públicas, que ya presentó la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en diciembre de 2020, enfocada a los aspirantes a juez y fiscal con menos recursos económicos. Calculaba la asociación que las becas debían ser de 600 euros al mes para poder cubrir el mínimo de gastos. Tal y como dijo Fernando de la Fuente Honrubia, de JJpD, "lo que parece claro es que los posibles opositores de clases bajas casi nunca son jueces". Esto no solo supone un problema respecto al acceso a un puesto de trabajo por distintas clases sociales, sino que genera que la manera de impartir la justicia no sea imparcial. Si solo puede acceder gente con un poder adquisitivo determinado, su realidad queda aislada del común de la sociedad y genera un proceso de desvinculación con los problemas reales. Estamos juzgados por uno de los tres poderes, ocupado mayoritariamente por una clase social que, generalmente, sólo empatiza con la suya”.

“Cuatro Magistrados del Supremo que aprobaron la “doctrina Botín” fueron, presuntamente, víctimas de chantaje. Según José Antonio Gómez, así consta en la denuncia presentada por la asociación ACODAP contra esos cuatro magistrados respecto a una serie de hechos relacionados con una querella presentada contra un fiscal que, supuestamente y según la documentación aportada, fue quien presuntamente chantajeó a estos magistrados. ACODAP, revelaría una trama de presuntos chantajes y sobornos a cuatro magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la actualidad jubilados. Dichos documentos manuscritos mostrarían cómo, supuestamente, a estos jueces se les habría condicionado su decisión respecto a una querella presentada contra un fiscal quien, en base a la documentación, sería la persona que presuntamente chantajeó a los magistrados a través de supuestas actividades de sus esposas. Los hechos sucedieron en el año 2006, según manifiestan los documentos. Un año después, estos mismos cuatro magistrados intervinieron en la Sala que tenía que resolver la Doctrina Botín y votaron a favor de exonerar de cualquier tipo de responsabilidad al entonces presidente de Banco Santander, Emilio Botín, respecto al caso de las Cesiones de Crédito. Según los documentos manuscritos incorporados en la denuncia de ACODAP, los magistrados Joaquín Giménez García, Carlos Granados Pérez, Antonio Ramos Gancedo y José Ramón Soriano Soriano se les indicó lo siguiente para que apoyaran al fiscal en una querella presentada contra él. A Joaquín Giménez: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la procedencia del dinero con que tu esposa compró 40.000 m2 de terreno en Jaén el 4-9-2005 días antes de que resolvieses favorablemente un recurso presentado por el autor de una estafa, en la que robaron 8 millones de euros, sin que apareciera el dinero por ninguna parte». A Carlos Granados: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la titularidad de tu esposa sobre un depósito de 1.000.000 € que Emilio Botín le abrió en Suiza el pasado mes de febrero en compensación por tus gestiones acerca del problema personal del banquero con la justicia». A Diego Antonio Ramos Gancedo: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo cómo te hiciste con tu casa de Menorca, que era patrimonio, a través de sociedades interpuestas, del narco Fajardo, al que tú dejaste en libertad y se dio a la fuga». A José Ramón Soriano: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo el depósito de 600.000.-€ abierto en el Santander en mayo de 2003, a nombre de una sociedad administrada por tu esposa, justo 2 días antes de que dictaras una sentencia absolutoria de un conocido narcotraficante gallego. Si tenemos en cuenta que la profesión de tu esposa es sus labores, el citado depósito es harto sospechoso, ¿no lo crees así también?». Estas cartas estarían mostrando, además del presunto chantaje por parte del fiscal que se quería proteger de una querella, algunos supuestos manejos internos de determinados miembros de la Administración de Justicia que mostrarían la presunta corrupción judicial existente en España y que ha provocado la presentación ante la Justicia Europea de denuncias por parte de cientos de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran desamparados por las decisiones favorables a determinadas élites por una parte de la judicatura. Sobre Las Cesiones de Crédito y la Doctrina Botín, estos cuatro magistrados votaron a favor de la exoneración de Emilio Botín y de la implantación de la Doctrina Botín, uno de los mayores escándalos judiciales de la historia de España. No hay más que recordar cómo, durante la declaración del entonces presidente del Santander, un furgón blindado, que cargaba en su interior 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros), daba vueltas por los alrededores de la Audiencia Nacional en espera de que el juez Moreiras le impusiera una fianza para no entrar en prisión calculada en esa cifra.

Entre 1987 y 1991 el Santander captó 430.000 millones de pesetas (2.584,35 millones de euros) a través de las cesiones de crédito, un producto que ofreció la posibilidad de eludir el pago a Hacienda del 25% del capital invertido. La entidad cántabra colaboró con el fisco, pero quedó sin resolver un asunto: un importante número de suscriptores tenían identidad falsa. Por tanto, el Santander había incurrido en un presunto delito de falsedad documental y colaboración necesaria para el fraude.

El fiscal Jesús Santos, junto a varios peritos fiscales, elaboró un informe demoledor que demostraba, precisamente, que el Santander había ocultado la titularidad de algunos suscriptores con nombres falsos o con identidades de personas fallecidas. Por ello, en contra del criterio de la Fiscalía, propuso la imputación de Emilio Botín, Rodrigo Echenique y del resto del Comité Ejecutivo del banco. Tal fue la presión que debió asumir Santos que dejó el caso para que continuara con su labor Eduardo Fungairiño que apenas tardó un par de meses en retirar la acusación en contra del criterio de la jueza instructoraTeresa Palacios. A principios de 2001 Fungairiño volvió a la carga y volvió a pedir el archivo de la causa. Finalmente, en diciembre de 2007, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que se hallaban los cuatro magistrados citados, determinó que un procedimiento penal no podía continuar si quien sostenía la acusación era, en exclusiva, la acusación popular y no la Fiscalía, creando, de este modo, la Doctrina Botín.

A continuación, ya como final, para los que quieran seguir leyendo y les interese que en los Juzgados de los pueblos también hay Pecatrices de Togas, Mucetas y Puñetas, les adjunto un Anexo particular vivido y que ha supuesto -con algunos presuntos mafiosos añadidos- que una persona que tenía su futuro asegurado en su propio pueblo ahora esté trabajando en el extranjero y se haya ido de España con esta frase de despedida: ¡Me voy de esta mierda de país!

ANEXO:

Tres personas (que podrían haber sido algunas más) tenían muchas posibilidades de ingresar en prisión por un fraude en las renovaciones de los permisos de conducir y de armas (muchas personas tuvieron que repetir sus renovaciones a petición de la Jefatura Provincial de Tráfico), pero, quiero recordar, la implicación en el caso del Oficial del Juzgado Número Uno los libró y del procedimiento nunca más se supo. Conviene saber que el citado Oficial está condecorado con la orden de San Raimundo de Peñafort, aún a pesar de que un Juez que se lo propuso no fue capaz de averiguar cómo y de qué manera entró este individuo a trabajar en los Juzgados, lo que significa que, presuntamente, entró por la “puerta falsa” de la mano de su padre -hace muchos años fallecido- también condecorado. En una ocasión, le recordé a Su Señoría del Decanato este “procedimiento” y nada me contestó. Quién soy yo para preguntar… ¿Se ha esperado que prescriba? Me da que sí. Presumiblemente, alguno de esos pecatrices tan abundantes en la Judicatura arregló el asunto en un plis plas. Y Su Señoría, la pobre (en sentido laudatorio lo de pobre), nada ha podido hacer; eso sin duda, es una Magistrada-Juez muy justa, lo veremos más adelante.

Siete denuncias mías ante las Fiscalías de Zona y Provincial fueron archivadas por la sencilla razón de que deberían haberse hecho cada una por separado. Sin comentario.

Una denuncia a una Directora General de Sanidad de la Junta de Extremadura -tras innumerables trámites- fue archivada porque el Abogado alegó que servidor no había recurrido en tiempo y forma, pero a pesar de que yo demostré con el documento correspondiente firmado y sellado en el Juzgado ante Su Señoría del Decanato que eso era mentira y el documento en cuestión apareció entre los papeles del procedimiento y el Oficial lo enseñó a la Magistrada-Juez, ésta me manifestó lo siguiente: ¡Denuncie Vd. al abogado! La Directora se libró de perder su cargo…, en un plis plas. Y la Magistrada-Juez siguió su rutina con un caso menos gracias a su gran pericia. Ser Juez no es nada fácil, eso queda más que claro.

Pero no siempre se pierde todo. En otra ocasión denuncié las cláusulas abusivas de mi hipoteca con un informe añadido del Banco de España que me costó tres años conseguir (un seguro, el IRPH, intereses de demora inflados al 29%, posición deudora, etc., etc., mi hipoteca tiene todas las cláusulas abusivas existentes) y la Magistrada-Juez me dio la razón en parte, pues el seguro y el IRPH se quedaron fuera. Pero, no se lo pierdan, después de mi segunda reclamación sobre la ejecución de la sentencia hace casi tres años, aún no he recibido contestación…, ni, por supuesto, el dinero. Sepan que el Banco Santander está al medio y es quien me debe abonar la pasta, pero este es el Banco de los Juzgados y qué les voy a contar…Si cobro algún día será detrayéndolo del recibo de cada mes y, obviamente, jugándomela. Un “lucimiento” más de la justa Magistrada-Juez del Decanato.

Tras una denuncia a dos policías municipales (presuntos sicarios del Alcalde) que entraron en mi domicilio aprovechando mi ausencia (allanamiento de morada, pues no portaban ninguna orden judicial) para entregar por la fuerza a un familiar una documentación que cumplía ese día y que ni siquiera era para él y recibir amenazas graves y un intento de agresión, se celebró el juicio correspondiente. En este juicio se interpeló al denunciante por parte de la Fiscal, el abogado de la defensa y la propia Magistrada-Juez del Decanato y, saltándose la ley, se impidió al denunciante preguntar nada y se le negó la última palabra. Los policías municipales, como no podía ser de otra forma, fueron absueltos de todos los cargos y la Magistrada-Juez ni siquiera sabía que había un testigo (también policía municipal) hasta tanto el denunciante se lo hizo saber, testigo que no había sido citado ni en tiempo ni en forma, pues lo llamarón por teléfono desde el Juzgado una hora antes del juicio. Fue un gran “lucimiento” -uno más- de la justa Magistrada-Juez de Decanato.

En otra denuncia sobre delitos leves, esta Magistrada-Juez condenó a mi familiar tras la declaración de un médico mentiroso que días antes había perdido un juicio por manipular una grabación para engañar a la Justicia. Se supone que había que sacar algo a alguien y a quien mejor que a un insolvente condenado sin pruebas. Ni que decir tiene, como pueden ver, que la justa Magistrada-Juez del Decanato mantiene la “forma física”.

Creo que ya lo he referido en otra ocasión, pero les recordaré que en un Contencioso-Administrativo (celebrado primero en la Audiencia Provincial y luego en el TSJEX) los Magistrados dieron por bueno el don de la ubicuidad para salvar al Ayuntamiento de una posible deuda de más de 60.000 € admitiendo como buena una licencia de apertura de un Centro de Formación Ocupacional para el desarrollo de una Clínica-Hospital, que, por cierto, ahí sigue funcionando ante la permisividad de las autoridades… y de la Justicia.

Podría contarles unas cuantas más, pero no quiero abusar de su paciencia para conmigo. Les he contado estas experiencias para que vean que no sólo es la Justicia de alto copete la que está como está, sino que el presumible “aborregamiento” de un sinfín de Jueces y las listezas de algunos Oficiales de los Juzgados (en la mayor parte de los casos por intereses espurios) es general en cualquier parte… hasta en Extremadura, donde casi nunca pasa nada. Ah, lo olvidaba, en Extremadura se usa mucho -aunque ya no tanto como años ha- la expresión ¡vete a hacer puñetas! Que, evidentemente, nada tiene que ver con las puñetas que los magistrados y Jueces lucen en la bocamanga de sus togas.

07/10/2021 - PECATRICES DE TOGAS, MUCETAS Y PUÑETAS (I)

 PECATRICES DE TOGAS, MUCETAS Y PUÑETAS (I)

Imagínense de que va la cosa. Dividida en dos partes dada su amplitud para leer de una sola pasada. Obviamente, con las máximas precauciones, pues uno está entre los que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) calificó como “los robagallinas”, la gente de “poca monta”, y aunque no ha robado nada a nadie (excepto algún tiempo de trabajo a cierta Administración por no pagarme con arreglo al puesto que desempeñaba), como pertenece a los de a pie, entra en el galimatías judicial de los que “siempre pierden”.

Quizás hubiera sido más acertado para este escrito otro título más fuerte (por ejemplo: “Hampones de togas, mucetas y puñetas”), pero entrañaría un gran peligro para el autor a pesar de que se presuma que vivimos en un país donde no está penada la libertad de expresión y de opinión, aunque esté en la cárcel alguien por unas “expresiones desafortunadas” que la Justicia no consideró como libertad de expresión, lo cual no deja nada claro hasta donde llega esa libertad de expresión. Es decir, con la Justicia hay que andar con mucho cuidado, pues a la mínima “te toca la botella de anís de la rifa”.

Me van a perdonar las personas que leen mis escritos (a las que estoy sumamente agradecido, ya que, sólo soy un simple escribidor) por terminar éste -en su segunda parte-con una serie de “procedimientos” vividos en los Juzgados Uno y Dos de Castuera (Badajoz), donde resido desde hace más de cuarenta años, a modo de anexo, simplemente, para que vean que en cualquier sitio “cuecen habas”.

A los jueces -no a todos, evidentemente, pero sí a muchos- les pasa lo que dijo G. Bernard Shaw: “Cuando alguien estúpido (masculino genérico) hace algo que le avergüenza, siempre dice que cumple con su deber”. Y cuando eso ocurre, no es que la Justicia este ciega, es que está “cara al sol”, dijo alguien que ahora no recuerdo. O sea, cuando la Justicia, presumiblemente, está “gobernada” por un Banco (puede leer si quiere, Banco Santander), la Democracia está “secuestrada”. El Gobierno es un títere de ese Banco y del Oligopolio que él mismo forma con las principales empresas del Ibex bajo la tutela de la presidenta y su familia de ese Banco. Y el partido que gobierna en coalición lo deja todo para después, caso de la derogación de la Reforma Laboral, sin enterarse que como dijo Marguerite Duras: “Muy pronto en la vida es demasiado tarde”; o como dijo Indira Gandhi: “cuando hay una tormenta los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto”.

De tal modo y manera, que los españoles (los de a pie, sobre todo; a los ricos les prescriben los delitos y a los pobres los derechos, dijo alguien que no recuerdo) nos estamos acercando demasiado a los sinónimos de Injusticia: “Favoritismo”, “inmoralidad”, “atropello”, “abuso”, “componenda”, “desafuero”, “iniquidad”, “privilegio”, “sin razón”, “tropelía”, “parcialidad”, “arbitrariedad”, “cacicadas”, “tiranía”…, hasta el punto de que hay jueces que rozan el término “hereje” o “heresiarca”, ¿no es el caso, por ejemplo, del Presidente del CGPJ, el Sr. Lesmes?

En fin, no hay día en el que no aparezcan en los medios (prensa independiente, lógicamente, la otra “no sabe” “no contesta”) artículos muy críticos dedicados a la Justicia española, sin, por supuesto, mencionar los que los periodistas de Diario16 cada día dedican a la ilegal compra (¡qué basura de país!) del Banco Popular por el Banco Santander por ¡un euro!, arruinando a millones de familias que cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde y ahora tienen en su contra al núcleo duro del Gobierno y a la Justicia. Muy claro: “lo tienen -lo tenemos- más que crudo”.

Voy a elegir algunas de esas críticas diarias, a modo de “corta y pega” (lo subrayado son los títulos de los escritos que pueden encontrar en la prensa digital independiente al completo para su lectura), para que se hagan una idea del estado tan deprimente en que se haya algo tan importante como es para un país su Justicia, uno de los tres poderes del Estado tras el Legislativo y el Ejecutivo:

El Constitucional apuntala el delito de ultraje a la bandera con el mandato caducado de cuatro de sus jueces. La decisión de no amparar a un condenado por instar a quemar la bandera española se produce además con un desequilibrio notorio entre magistrados conservadores y progresistas, algo que se podría haber corregido con la renovación a tiempo del tercio de sus miembros por parte del Parlamento. El Constitucional señala que quemar la bandera es un delito y no libertad de expresión. La resolución ha sido por seis votos a cinco. "Demasiado justa para una decisión de esta envergadura", dice el jurista José Antonio Martín Pallín. La composición actual del Tribunal Constitucional es de cuatro magistrados progresistas y siete conservadores, tras la reciente dimisión del juez Fernando Valdés por estar incurso en una investigación por violencia de género. Esta renuncia ha restado un juez al bando progresista. Pero, además, un tercio de los jueces están en funciones, el que corresponde a la cuota de elección por parte del Congreso de los Diputados. Empezando por el propio presidente del tribunal, el conservador Juan José González Rivas; además de la vicepresidenta, la progresista Encarnación Roca, y el magistrado Andrés Ollero, del ala conservadora; además del ya citado Fernando Valdés. El mandato de los cuatro concluyó en noviembre de 2019. En Estados Unidos, un país que reverencia a su bandera, no es delito la quema de la enseña durante manifestaciones pacíficas. Así lo indica una sentencia de 1989 del Tribunal Supremo estadounidense”.

 “¿Golpe de mano Judicial en España? El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mas media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro "Oligarquía financiera y poder político en España" escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbies de presión estarían interconectados mediante "una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la "unidad indisoluble de España" y su objetivo confeso sería implementar en España una "democracia no liberal" siguiendo la estela de la Hungría de Orbán. En este contexto, se enmarcaría la reciente campaña emprendida por el PP y Vox (Operación Toga) y que contará con la aquiescencia del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional para provocar la parálisis legislativa y ejecutiva de la actual mayoría progresista y forzar la convocatoria de nuevas Elecciones Generales con la esperanza de lograr la mayoría absoluta e implementar una democracia no liberal que beberá de la fuentes del centralismo bonapartista y del paternalismo de las dictaduras blandas y estará dotado de la triple enzima tardofranquista (mantenimiento de la unidad indisoluble de España, control estricto de la inmigración y retorno al pensamiento único heteropatriarcal)”.

“Radiografía de una cúpula judicial politizada. Carlos Lesmes lleva siete años y nueve meses al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo, en uno de los periodos más polémicos en cuanto a independencia judicial con nombramientos muy cuestionados, mientras crece

la desconfianza social respecto a la Administración de Justicia”.

“El secuestro del tercer poder del estado. El poder judicial, como poder del Estado que es, no puede -en ningún supuesto- ser independiente de la soberanía popular. La Constitución deja muy claro que la soberanía solamente reside en el pueblo, y explica cómo se desenvuelve, con la elección de sus únicos legítimos representantes. Por mucho que se intente darle la vuelta, los jueces no son elegidos por representación popular, sino que acceden a su carrera por oposición. Y cuando se habla en la Constitución de independencia o autonomía judicial, se refiere siempre a la potestad jurisdiccional que tiene cada juez para juzgar, de acuerdo con la ley, sin injerencias ni condicionamientos. Otra cosa es que le falte un detalle: que cualquier error judicial no lo paga el juez que lo comete, sino que lo paga el Estado: es decir, todos nosotros a través de los impuestos. Sí se les da a los jueces la atribución de que de alguna forma elijan a doce de los veinte miembros del gobierno de los jueces. Y la Constitución establece que una ley orgánica sobre el poder judicial articulará la manera. Y la manera la establecen la ley orgánica del poder judicial de 1985, y la refrenda la modificación de dicha ley orgánica de 2001: por cierto, con la mayoría absoluta del PP, dirigido entonces por Aznar, y mentor hoy, y en el pasado, de Pablo Casado, que dirige actualmente el Partido Popular”.

“Unos carajillos en el palacio de justicia.  El lunes 6 de septiembre, a mediodía, tuvo lugar en el Palacio de Justicia uno de los actos más bochornosos de la agenda política del siglo XXI, con tres actores que representan a la perfección el déficit democrático que aqueja todavía al España, a 46 años de la muerte de Franco y a 43 del nacimiento de la Constitución Española en vigor. Ese lunes 6 de septiembre se celebró, con la pomposidad propia de los actos togados y eminentemente masculinos, la apertura del Año Judicial 2021-2022, presidida por el rey Felipe VI y en la que intervinieron únicamente el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Para cualquier persona de bien, el papelón habría sido de tal envergadura que hubiera requerido un carajillo previo para pasar el trago; o dos. Se han cumplido mil días del bloqueo de la renovación del CGPJ que está ejecutando el PP con absoluto descaro, en un ejercicio de inconstitucionalidad sin precedentes. Pablo Casado -que estuvo en el acto poniendo luz sobre su lado más ultra- ha esgrimido mil excusas para evitar esta renovación: Pablo Iglesias, Unidas Podemos, el juez que condenó al PP por la Gürtel y, ahora, el sistema de elección de los jueces, que lleva tres décadas, por cierto, y con gobiernos del PP de José María Aznar y de Mariano Rajoy”.

“La “casta” judicial española da miedo. Hace ya bastante tiempo que nuestros políticos progres dejaron de utilizar la expresión "casta" para referirse a gente privilegiada que cuenta con mecanismos para defender y mantener el poder de las élites. Entre estas personas se encuentran los miembros de la alta magistratura española, que hace todavía mucho más tiempo que perdieron la vergüenza de tomar decisiones políticas en favor de los privilegiados, en contra de quien cuestiona el sistema. Lo hacen con hipocresía, en nombre de la "independencia del poder judicial".

Pertenecen a una auténtica casta, se diría que reivindicada por Carlos Lesmes en su discurso de inauguración del año judicial. Fue, una vez más, un ejemplo escandaloso de la voluntad de los jueces de intervenir como un agente superior en la vida política, para condicionarla. En la ceremonia de apertura del año judicial, aplastantemente masculina, como siempre, atiborrada una vez más de ropaje protocolario, collares, puñetas e insignias, exhibidas hasta extremos que resultan ridículos por sus excesos litúrgicos, Lesmes afirmó textualmente que la Justicia es un "instrumento fundamental para salvaguardar el orden público". Imposible no acordarse del papel asignado al TOP (Tribunal de Orden Público) en tiempos del franquismo. la casta judicial, corporativista como las que más y torcida hacia la derecha, tiene muy asumida la idea según la cual puede tomar decisiones sobre cualquier ámbito de la vida política, académica, sanitaria, cultural, económica y social. El conocimiento del tema importa poco. Los altos tribunales de hoy en día, además de avalar a menudo con medidas represivas acusaciones inconsistentes formuladas por cuerpos policiales, incluso de terrorismo, ignoran los maltratos denunciados por víctimas de estas fuerzas, toman decisiones sobre la actividad parlamentaria, sobre lo  que se puede debatir y lo que no, sobre lo que se puede votar y lo que no, ponen límites a veces intolerables al ejercicio de derechos fundamentales, como los de libertad de expresión, asociación y manifestación, desautorizan decisiones tomadas por especialistas en materia sanitaria para hacer frente a la pandemia, multan y reclaman fianzas millonarias que arruinan a activistas políticos y sociales, ignoran delitos cometidos por gente de su cuerda... En vez de garantizar derechos individuales y sociales, dan miedo. Asustan”.

“Pablo Iglesias explica el problema de la politización de la Justicia en España. El exvicepresidente segundo del Gobierno ha puesto de manifiesto cómo el Partido Popular necesita controlar el poder judicial para sobrevivir. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que ya va en camino de cumplir tres años- fue uno de los temas sobre los que se debatió el pasado lunes en el primer programa de El Ágora de Hora 25, en el que participaron Pablo Iglesias, José Manuel García-Margallo y Carmen Calvo. Durante su turno de palabra, el exvicepresidente segundo del Gobierno explicó el problema de la politización de la Justicia en España: “El problema no es el diseño, es cómo se utiliza”. Iglesias recordaba el mensaje que Ignacio Cosidó -exdirector general de la Policía Nacional y exdiputado del Partido Popular- envió a senadores populares en el que aseguraba que “gracias a Marchena” iban a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es la Sala de lo Penal, la que está encargada en última instancia de juzgar a ministros o diputados eventualmente salpicados por casos de corrupción. (...) Ese es el problema, no la manera en que se eligen los jueces, explicaba. Iglesias apuntaba a que no es el vínculo de Carlos Lesmes -el actual presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial- con el gobierno de José María Aznar o con Rafael Catalá lo que deja en entredicho su idoneidad para ejercer de jurista u ocupar dichos cargos. Sin embargo, el que fuera líder de la formación morada ha recordado lo expuesto por Ignacio Escolar: “Lesmes sacó de la Audiencia Nacional a Pablo Ruz. Lesmes evitó que el juez Bermúdez pudiera investigar la caja B o que Ricardo de Prada pudiera investigar el caso Bárcenas”. “Tendríamos un presidente del Consejo General del Poder Judicial que, en el ejercicio de su cargo, habría protegido al Partido Popular de casos de corrupción. Eso es grave. Si es verdad, afecta a la independencia de los jueces y afecta a nuestro sistema”, señalaba. Sin embargo, Iglesias cree que no habrá consecuencias ni cambios ya que la formación de Pablo Casado no tiene “ni el más mínimo incentivo para cumplir la Constitución”. De esta forma, el exministro de Derechos Sociales ha puesto de manifiesto cómo el Partido Popular necesita controlar el poder judicial para sobrevivir, lo que explica la insistencia del partido por mantener el bloqueo del CGPJ y evitar su renovación aunque esto vulnere la democracia”.

Hasta aquí la primera parte, continuará con: “¿Son conservadores la mayoría de jueces y juezas en España?”