PECATRICES DE TOGAS, MUCETAS Y PUÑETAS (I)
Imagínense de que va la cosa. Dividida en dos partes dada su amplitud para leer de una sola pasada. Obviamente, con las máximas precauciones, pues uno está entre los que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) calificó como “los robagallinas”, la gente de “poca monta”, y aunque no ha robado nada a nadie (excepto algún tiempo de trabajo a cierta Administración por no pagarme con arreglo al puesto que desempeñaba), como pertenece a los de a pie, entra en el galimatías judicial de los que “siempre pierden”.
Quizás hubiera sido más acertado para este escrito otro
título más fuerte (por ejemplo: “Hampones de togas, mucetas y puñetas”), pero
entrañaría un gran peligro para el autor a pesar de que se presuma que vivimos
en un país donde no está penada la libertad de expresión y de opinión, aunque
esté en la cárcel alguien por unas “expresiones desafortunadas” que la Justicia
no consideró como libertad de expresión, lo cual no deja nada claro hasta donde
llega esa libertad de expresión. Es decir, con la Justicia hay que andar con
mucho cuidado, pues a la mínima “te toca la botella de anís de la rifa”.
Me van a perdonar las personas que leen mis escritos
(a las que estoy sumamente agradecido, ya que, sólo soy un simple escribidor)
por terminar éste -en su segunda parte-con una serie de “procedimientos”
vividos en los Juzgados Uno y Dos de Castuera (Badajoz), donde resido desde
hace más de cuarenta años, a modo de anexo, simplemente, para que vean que en
cualquier sitio “cuecen habas”.
A los jueces -no a todos, evidentemente, pero sí a
muchos- les pasa lo que dijo G. Bernard Shaw: “Cuando alguien estúpido
(masculino genérico) hace algo que le avergüenza, siempre dice que cumple con
su deber”. Y cuando eso ocurre, no es que la Justicia este ciega, es que está
“cara al sol”, dijo alguien que ahora no recuerdo. O sea, cuando la Justicia,
presumiblemente, está “gobernada” por un Banco (puede leer si quiere, Banco
Santander), la Democracia está “secuestrada”. El Gobierno es un títere de ese
Banco y del Oligopolio que él mismo forma con las principales empresas del Ibex
bajo la tutela de la presidenta y su familia de ese Banco. Y el partido que
gobierna en coalición lo deja todo para después, caso de la derogación de la
Reforma Laboral, sin enterarse que como dijo Marguerite Duras: “Muy pronto en
la vida es demasiado tarde”; o como dijo Indira Gandhi: “cuando hay una
tormenta los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto”.
De tal modo y manera, que los españoles (los de a
pie, sobre todo; a los ricos les prescriben los delitos y a los pobres los
derechos, dijo alguien que no recuerdo) nos estamos acercando demasiado a los
sinónimos de Injusticia: “Favoritismo”, “inmoralidad”, “atropello”, “abuso”,
“componenda”, “desafuero”, “iniquidad”, “privilegio”, “sin razón”, “tropelía”,
“parcialidad”, “arbitrariedad”, “cacicadas”, “tiranía”…, hasta el punto de que
hay jueces que rozan el término “hereje” o “heresiarca”, ¿no es el caso, por
ejemplo, del Presidente del CGPJ, el Sr. Lesmes?
En fin, no hay día en el que no aparezcan en los
medios (prensa independiente, lógicamente, la otra “no sabe” “no contesta”)
artículos muy críticos dedicados a la Justicia española, sin, por supuesto,
mencionar los que los periodistas de Diario16 cada día dedican a la ilegal
compra (¡qué basura de país!) del Banco Popular por el Banco Santander por ¡un
euro!, arruinando a millones de familias que cuando quisieron reaccionar ya era
demasiado tarde y ahora tienen en su contra al núcleo duro del Gobierno y a la
Justicia. Muy claro: “lo tienen -lo tenemos- más que crudo”.
Voy a elegir algunas de esas críticas diarias, a
modo de “corta y pega” (lo subrayado son los títulos de los escritos que pueden
encontrar en la prensa digital independiente al completo para su lectura), para
que se hagan una idea del estado tan deprimente en que se haya algo tan
importante como es para un país su Justicia, uno de los tres poderes del Estado
tras el Legislativo y el Ejecutivo:
“El Constitucional apuntala el delito
de ultraje a la bandera con el mandato caducado de cuatro de sus jueces. La decisión de no amparar a un condenado
por instar a quemar la bandera española se produce además con un desequilibrio
notorio entre magistrados conservadores y progresistas, algo que se podría
haber corregido con la renovación a tiempo del tercio de sus miembros por parte
del Parlamento. El Constitucional señala que quemar la
bandera es un delito y no libertad de expresión. La resolución ha sido por seis
votos a cinco. "Demasiado justa para una decisión de esta
envergadura", dice el jurista José Antonio Martín Pallín. La composición
actual del Tribunal Constitucional es de cuatro magistrados progresistas y
siete conservadores, tras la reciente dimisión del juez Fernando Valdés por
estar incurso en una investigación por violencia de género. Esta renuncia ha
restado un juez al bando progresista. Pero, además, un tercio de los jueces
están en funciones, el que corresponde a la cuota de elección por parte del
Congreso de los Diputados. Empezando por el propio presidente del tribunal, el
conservador Juan José González Rivas; además de la vicepresidenta, la
progresista Encarnación Roca, y el magistrado Andrés Ollero, del ala
conservadora; además del ya citado Fernando Valdés. El mandato de los cuatro
concluyó en noviembre de 2019. En Estados Unidos, un país que
reverencia a su bandera, no es delito la quema de la enseña durante
manifestaciones pacíficas. Así lo indica una sentencia de 1989 del Tribunal
Supremo estadounidense”.
“¿Golpe de mano Judicial en España? El establishment del Estado español
estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial,
militar, jerarquía católica, universitaria y mas media del Estado español,
herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas
las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro
"Oligarquía financiera y poder político en España" escrito por
el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbies de presión estarían interconectados
mediante "una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses
económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la
"unidad indisoluble de España" y su objetivo confeso sería
implementar en España una "democracia no liberal" siguiendo
la estela de la Hungría de Orbán. En este contexto, se enmarcaría la
reciente campaña emprendida por el PP y Vox (Operación Toga) y que
contará con la aquiescencia del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas y del
Tribunal Constitucional para provocar la parálisis legislativa y ejecutiva de
la actual mayoría progresista y forzar la convocatoria de nuevas Elecciones
Generales con la esperanza de lograr la mayoría absoluta e implementar una
democracia no liberal que beberá de la fuentes del centralismo bonapartista
y del paternalismo de las dictaduras blandas y estará dotado de la triple enzima
tardofranquista (mantenimiento de la unidad indisoluble de España, control
estricto de la inmigración y retorno al pensamiento único heteropatriarcal)”.
“Radiografía de una cúpula judicial
politizada. Carlos
Lesmes lleva siete años y nueve meses al frente del CGPJ y del Tribunal
Supremo, en uno de los periodos más polémicos en cuanto a independencia
judicial con nombramientos muy cuestionados, mientras crece
la desconfianza
social respecto a la Administración de Justicia”.
“El
secuestro del tercer poder del estado. El
poder judicial, como poder del Estado que es, no puede -en ningún supuesto- ser
independiente de la soberanía popular. La Constitución deja muy claro que la soberanía
solamente reside en el pueblo, y explica cómo se desenvuelve, con la elección
de sus únicos legítimos representantes. Por mucho que se intente darle la
vuelta, los jueces no son elegidos por representación popular, sino que acceden
a su carrera por oposición. Y cuando se habla en la Constitución de
independencia o autonomía judicial, se refiere siempre a la potestad
jurisdiccional que tiene cada juez para juzgar, de acuerdo con la ley, sin
injerencias ni condicionamientos. Otra cosa es que le falte un detalle: que
cualquier error judicial no lo paga el juez que lo comete, sino que lo paga el
Estado: es decir, todos nosotros a través de los impuestos. Sí se les da a los
jueces la atribución de que de alguna forma elijan a doce de los veinte miembros
del gobierno de los jueces. Y la Constitución establece que una ley orgánica
sobre el poder judicial articulará la manera. Y la manera la establecen la ley
orgánica del poder judicial de 1985, y la refrenda la modificación de dicha ley
orgánica de 2001: por cierto, con la mayoría absoluta del PP, dirigido entonces
por Aznar, y mentor
hoy, y en el pasado, de Pablo
Casado, que dirige actualmente el Partido Popular”.
“Unos
carajillos en el palacio de justicia. El lunes 6 de
septiembre, a mediodía, tuvo lugar en el Palacio de Justicia uno de los actos más bochornosos de la agenda
política del siglo XXI, con tres actores que representan a la perfección
el déficit democrático que aqueja todavía al España, a 46 años de la muerte de
Franco y a 43 del nacimiento de la Constitución Española en vigor. Ese lunes 6
de septiembre se celebró, con la pomposidad propia de los actos togados y
eminentemente masculinos, la apertura
del Año Judicial 2021-2022, presidida por el rey Felipe
VI y en la que intervinieron únicamente el presidente en funciones
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y la fiscal general del
Estado, Dolores Delgado.
Para cualquier persona de bien, el papelón habría sido de tal envergadura que hubiera
requerido un carajillo previo para pasar el trago; o dos. Se han cumplido mil
días del bloqueo de la renovación del CGPJ que está ejecutando el PP con
absoluto descaro, en un ejercicio de inconstitucionalidad sin
precedentes. Pablo Casado -que
estuvo en el acto poniendo luz sobre su lado más ultra- ha esgrimido mil
excusas para evitar esta renovación: Pablo Iglesias, Unidas Podemos, el juez que condenó al PP por la Gürtel y, ahora, el sistema de
elección de los jueces, que lleva tres décadas, por cierto, y con gobiernos del
PP de José María Aznar y
de Mariano Rajoy”.
“La “casta” judicial
española da miedo. Hace ya bastante tiempo que nuestros
políticos progres dejaron
de utilizar la expresión "casta" para referirse a gente privilegiada
que cuenta con mecanismos para defender y mantener el poder de las élites.
Entre estas personas se encuentran los miembros de la alta magistratura
española, que hace todavía mucho más tiempo que perdieron la vergüenza de tomar
decisiones políticas en favor de los privilegiados, en contra de quien
cuestiona el sistema. Lo hacen con hipocresía, en nombre de la
"independencia del poder judicial".
Pertenecen a una auténtica casta, se diría
que reivindicada por Carlos Lesmes en
su discurso de inauguración del año judicial. Fue, una vez más, un ejemplo escandaloso de la voluntad de los
jueces de intervenir como un agente superior en la vida política, para
condicionarla. En la ceremonia de apertura del año judicial, aplastantemente
masculina, como siempre, atiborrada una vez más de ropaje protocolario,
collares, puñetas e insignias, exhibidas hasta extremos que resultan ridículos
por sus excesos litúrgicos, Lesmes afirmó textualmente que la Justicia es un "instrumento fundamental para
salvaguardar el orden público". Imposible no acordarse del papel
asignado al TOP (Tribunal de Orden Público) en tiempos del franquismo. la casta judicial, corporativista como las
que más y torcida hacia la derecha, tiene muy asumida la idea según la cual
puede tomar decisiones sobre cualquier ámbito de la vida política, académica,
sanitaria, cultural, económica y social. El conocimiento del tema
importa poco. Los altos tribunales de hoy en día, además de avalar a menudo con
medidas represivas acusaciones inconsistentes formuladas por cuerpos
policiales, incluso de terrorismo, ignoran los maltratos denunciados por
víctimas de estas fuerzas, toman decisiones sobre la actividad parlamentaria,
sobre lo que se puede debatir y lo que no, sobre lo que se puede votar y
lo que no, ponen límites a veces intolerables al ejercicio de derechos
fundamentales, como los de libertad de expresión, asociación y manifestación,
desautorizan decisiones tomadas por especialistas en materia sanitaria para
hacer frente a la pandemia, multan y reclaman fianzas millonarias que arruinan
a activistas políticos y sociales, ignoran delitos cometidos por gente de su
cuerda... En vez de garantizar derechos individuales y sociales, dan miedo. Asustan”.
“Pablo Iglesias
explica el problema de la politización de la Justicia en España. El exvicepresidente segundo del Gobierno ha
puesto de manifiesto cómo el Partido Popular necesita controlar el poder
judicial para sobrevivir. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que ya
va en camino de cumplir tres años-
fue uno de los temas sobre los que se debatió el pasado lunes en el primer
programa de El Ágora de Hora 25, en el que participaron Pablo Iglesias, José Manuel García-Margallo y Carmen Calvo. Durante su turno de palabra, el
exvicepresidente segundo del Gobierno explicó el problema de la politización de la Justicia en España: “El
problema no es el diseño, es cómo se utiliza”. Iglesias recordaba el mensaje
que Ignacio Cosidó -exdirector
general de la Policía Nacional y exdiputado del Partido Popular- envió a
senadores populares en el que aseguraba que “gracias a Marchena” iban a controlar la Sala Segunda del Tribunal
Supremo. Es la Sala de lo Penal, la que está encargada en última instancia
de juzgar a ministros o diputados eventualmente salpicados por casos de
corrupción. (...) Ese es el problema, no la manera en que se eligen los jueces,
explicaba. Iglesias apuntaba a que no es el vínculo de Carlos Lesmes -el actual presidente del Tribunal Supremo de España y
del Consejo General del Poder
Judicial- con el gobierno de José María Aznar o con Rafael Catalá
lo que deja en entredicho su idoneidad para ejercer de jurista u ocupar dichos
cargos. Sin embargo, el que fuera líder de la formación morada ha recordado lo
expuesto por Ignacio Escolar: “Lesmes sacó de la Audiencia Nacional a Pablo Ruz. Lesmes evitó que el juez Bermúdez pudiera
investigar la caja B o que Ricardo
de Prada pudiera investigar el caso Bárcenas”. “Tendríamos un presidente del Consejo General del Poder
Judicial que, en el ejercicio de su cargo, habría protegido al Partido Popular de
casos de corrupción. Eso es grave. Si es verdad, afecta a la independencia de los jueces y afecta a nuestro
sistema”, señalaba. Sin embargo, Iglesias cree que no habrá consecuencias ni
cambios ya que la formación de
Pablo Casado no tiene “ni el más mínimo incentivo para cumplir la Constitución”.
De esta forma, el exministro de Derechos Sociales ha puesto de manifiesto
cómo el Partido Popular necesita
controlar el poder judicial para sobrevivir, lo que explica la
insistencia del partido por mantener el bloqueo del CGPJ y evitar su renovación
aunque esto vulnere la democracia”.
Hasta aquí la primera
parte, continuará con: “¿Son conservadores la mayoría de jueces y juezas en
España?”
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