PECATRICES DE TOGAS, MUCETAS Y PUÑETAS (Y II)
El cierre en falso de
la investigación sobre la operación
'Kitchens' por parte del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, con el que se exonera al expresidente
Mariano Rajoy y a otros cargos
del PP del espionaje al extesorero Luis
Bárcenas para tapar la corrupción del partido, ha avivado el debate
sobre el sesgo ideológico conservador predominante
en la carrera judicial española, compuesta de 5.320 jueces y magistrados.
También ha contribuido a la polémica la crítica directa del presidente del
Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos
Lesmes, a los indultos a
los líderes independentistas otorgados
por el Gobierno, en una clara intromisión que empaña la imparcialidad de la
Justicia. Aunque no debería notarse a qué partido político vota un juez o una
jueza, lo cierto es que acciones como las anteriormente descritas sacan a la
superficie ese sesgo conservador que se atribuye a la carrera judicial española
desde hace mucho tiempo. "Es una realidad que la mayoría de los jueces son
conservadores, al fin y al cabo, protegen el orden establecido -dice el magistrado emérito del Tribunal Supremo
José Antonio Martín Pallín-. En la mayoría de los países tienen los
jueces una tendencia conservadora-liberal. Aquí, por lo general, siguen la
tendencia mediática predominante en el país; quien se aparta tiene que ser muy
valiente". Las estadísticas de las asociaciones judiciales son un
referente para muchos expertos a la hora de afirmar el carácter conservador de
la judicatura. "Sólo una cuarta parte de los afiliados a asociaciones
están en la única asociación judicial progresista que existe, Juezas y Jueces para la Democracia
(JJpD)", cuenta Fernando
de la Fuente Honrubia, viceportavoz de JJpD. Esta organización
cuenta con 520 asociados de un total de 5.200 jueces y juezas. De esta cifra
total de miembros de la carrera judicial, menos de un 60% pertenece a una de
las cuatro asociaciones judiciales”.
El siguiente “parche”, dada su importancia, lo
transcribo al completo de su autor Javier Lezaola. Dice así: “Jueces que
cobran en negro: Un escándalo al que “nadie” quiere poner freno. Más del 90 o el 95% de los opositores que se preparan lo hacen en
negro”, advierten fuentes judiciales. Según la Constitución española de
1978, “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por
jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes,
inamovibles, responsables y sometidos
únicamente al imperio de la ley”. Pero para administrar en nombre del
rey esa justicia presuntamente emanada del pueblo, esos jueces y magistrados
han de enfrentarse y aprobar antes una de las oposiciones más duras de la
Administración, un tipo de oposición memorística que apenas ha sido modificado desde el siglo XIX y
que es difícil afrontar sin preparador. Y a menudo lo hacen con poco
sometimiento al imperio de la ley. “El negocio en negro de jueces y fiscales:
hasta 4.000 euros al mes por preparar a opositores”, titulaba el digital
‘elDiario.es’ un reportaje de investigación publicado el pasado 23 de agosto.
“Tengo a un compañero molesto conmigo por criticar públicamente que los
preparadores de opositores cobren en negro. Hoy me dice «si me obligan a declararlo, dejo de preparar». Y se ha
quedado tan ancho”, tuiteaba este miércoles una jurista. “Más del 90 o
el 95% de los que se preparan lo hacen en negro”, han explicado este jueves
fuentes consultadas por LUH, que aseguran que se trata de una práctica vieja -procede
del franquismo, como tantas otras cuestiones relacionadas con la judicatura
española-, “instalada con total impunidad” -y es que “ni el Consejo General del Poder Judicial ni
el Ministerio de Justicia hacen ninguna inspección ni nadie lo denuncia”-
y “naturalizada por los opositores”. Tanto, que algunos “preparadores” se están
anunciando hasta en internet.
Lo primero que viene a la mente a continuación es precisamente que en España
“se pueden hacer irregularidades” y que “si las hacen los poderosos” -en este
caso, nada menos que los encargados de administrar la justicia-, “no pasa nada”. De hecho, existen casos
de magistrados “muy destacados” que no sólo han preparado a opositores cobrando
en negro, sino que -en vez de hacerlo en su domicilio, como es habitual- lo han
hecho en el propio juzgado donde
administran la justicia. También “hay excepciones” -es decir jueces y magistrados que “sí
declaran a Hacienda” ese trabajo de preparadores-, pero en cualquier caso las
fuentes consultadas por este diario han destacado que “ningún juez puede dar
clases de nada sin tener la compatibilidad por parte del CGPJ” y que debería
haber “una regulación más expeditiva” y “un registro”, pero “nadie tiene ningún
interés en regularlo”. “En el
Tribunal Supremo hay magistrados que en el pasado han preparado”, añaden
las mismas fuentes. “No hay control ni regulación, y la manera de controlarlo
es regular una incompatibilidad fuerte: que sólo pueda preparar quien esté
registrado y que a quien no lo esté, se le sancione”, insisten las mismas
fuentes, que calculan que cada preparador puede tener “20 o 30 opositores” y
cada opositor puede pagar “entre 150 y 300 euros al mes”, es decir que cada
preparador puede sacarse entre
3.000 y 9.000 euros al mes “en negro” por entre media hora y una
hora a la semana con cada opositor, a quienes “pasan la lección, a veces,
leyendo el periódico”.
“La desigualdad social en el acceso a la justicia. La
Ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció el pasado jueves en el Congreso, que
el Gobierno está ultimando un sistema de becas para así democratizar el acceso de la carrera judicial.
Una propuesta de becas públicas, que ya presentó la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia
(JJpD) en diciembre de 2020, enfocada a los aspirantes a juez y
fiscal con menos recursos económicos. Calculaba la asociación que las becas
debían ser de 600 euros al mes para poder cubrir el mínimo de gastos. Tal y
como dijo Fernando de la Fuente Honrubia, de JJpD, "lo que parece claro es que los posibles
opositores de clases bajas casi nunca son jueces". Esto no solo
supone un problema respecto al acceso a un puesto de trabajo por distintas
clases sociales, sino que genera que la manera de impartir la justicia no sea imparcial. Si solo puede
acceder gente con un poder adquisitivo determinado, su realidad queda aislada
del común de la sociedad y genera un proceso de desvinculación con los
problemas reales. Estamos juzgados
por uno de los tres poderes, ocupado mayoritariamente por una clase social que,
generalmente, sólo empatiza con la suya”.
“Cuatro
Magistrados del Supremo que aprobaron la “doctrina Botín” fueron,
presuntamente, víctimas de chantaje. Según José Antonio Gómez, así consta en la denuncia presentada por la asociación
ACODAP contra esos cuatro magistrados respecto a una serie de hechos
relacionados con una querella presentada contra un fiscal que, supuestamente y
según la documentación aportada, fue quien presuntamente chantajeó a estos
magistrados. ACODAP, revelaría una trama de
presuntos chantajes y sobornos a cuatro magistrados de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo,
en la actualidad jubilados. Dichos documentos manuscritos mostrarían cómo,
supuestamente, a estos jueces se les habría condicionado su decisión respecto a una querella presentada contra
un fiscal quien, en base a la documentación, sería la persona que presuntamente chantajeó a los
magistrados a través de supuestas actividades de sus esposas. Los hechos
sucedieron en el año 2006, según manifiestan los documentos. Un año después,
estos mismos cuatro magistrados intervinieron en la Sala que tenía que resolver
la Doctrina Botín y votaron a favor de exonerar de cualquier tipo
de responsabilidad al entonces presidente de Banco Santander, Emilio
Botín, respecto al caso de las Cesiones
de Crédito. Según los documentos manuscritos incorporados en la denuncia
de ACODAP, los magistrados Joaquín
Giménez García, Carlos Granados Pérez, Antonio Ramos Gancedo y José Ramón Soriano Soriano se
les indicó lo siguiente para que apoyaran al fiscal en una querella presentada
contra él. A Joaquín Giménez:
«Tú me das tu apoyo y yo no
divulgo la procedencia del dinero con que tu esposa compró 40.000 m2 de terreno
en Jaén el 4-9-2005 días antes de que resolvieses favorablemente un
recurso presentado por el autor de
una estafa, en la que robaron 8 millones de euros, sin que apareciera el
dinero por ninguna parte». A Carlos
Granados: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la titularidad de tu esposa sobre un depósito de 1.000.000 €
que Emilio Botín le abrió en Suiza el pasado mes de febrero en
compensación por tus gestiones
acerca del problema personal del banquero con la justicia». A Diego Antonio Ramos Gancedo: «Tú me
das tu apoyo y yo no divulgo cómo
te hiciste con tu casa de Menorca, que era patrimonio, a través de sociedades
interpuestas, del narco Fajardo, al que tú dejaste en libertad y se dio a la
fuga». A José Ramón Soriano:
«Tú me das tu apoyo y yo no
divulgo el depósito de 600.000.-€ abierto en el Santander en mayo de 2003, a
nombre de una sociedad administrada por tu esposa, justo 2 días antes de que
dictaras una sentencia absolutoria de un conocido narcotraficante gallego.
Si tenemos en cuenta que la profesión de tu esposa es sus labores, el citado
depósito es harto sospechoso, ¿no lo crees así también?». Estas cartas estarían
mostrando, además del presunto
chantaje por parte del fiscal que se quería proteger de una querella, algunos
supuestos manejos internos de determinados miembros de la Administración de
Justicia que mostrarían la presunta corrupción judicial existente
en España y que ha provocado la
presentación ante la Justicia
Europea de denuncias por parte de cientos de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran desamparados por las
decisiones favorables a determinadas élites por una parte de la judicatura.
Sobre Las Cesiones de Crédito y la Doctrina Botín, estos cuatro magistrados votaron a favor de la exoneración de Emilio Botín y de la implantación de la
Doctrina Botín, uno de los mayores escándalos judiciales de la historia de España. No hay más que recordar cómo, durante la declaración del entonces
presidente del Santander, un furgón blindado, que cargaba en su interior 3.000 millones de pesetas (18 millones de
euros), daba vueltas por los alrededores de la Audiencia Nacional en
espera de que el juez Moreiras le impusiera una fianza para no entrar en prisión calculada en esa cifra.
Entre 1987 y 1991 el Santander captó 430.000 millones de pesetas (2.584,35
millones de euros) a través de las cesiones
de crédito, un producto que ofreció la posibilidad de eludir el pago a Hacienda del 25% del capital
invertido. La entidad cántabra colaboró con el fisco, pero quedó sin
resolver un asunto: un importante
número de suscriptores tenían identidad falsa. Por tanto, el Santander
había incurrido en un presunto delito de falsedad documental y colaboración necesaria para el fraude.
El fiscal Jesús Santos, junto a varios peritos
fiscales, elaboró un informe
demoledor que demostraba, precisamente, que el Santander había ocultado la titularidad de
algunos suscriptores con nombres falsos o con identidades de personas
fallecidas. Por ello, en contra del criterio de la Fiscalía, propuso la
imputación de Emilio Botín, Rodrigo Echenique y del resto del Comité Ejecutivo
del banco. Tal fue la presión que debió asumir Santos que dejó el caso para que
continuara con su labor Eduardo
Fungairiño que apenas tardó
un par de meses en retirar la acusación en contra del criterio de la jueza
instructora: Teresa
Palacios. A principios de 2001 Fungairiño volvió a la carga y volvió a
pedir el archivo de la causa. Finalmente, en diciembre de 2007, la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo, en la que se hallaban los cuatro magistrados
citados, determinó que un
procedimiento penal no podía continuar si quien sostenía la acusación era, en
exclusiva, la acusación popular y no la Fiscalía, creando, de este modo,
la Doctrina Botín.
A continuación, ya como final, para los que quieran
seguir leyendo y les interese que en los Juzgados de los pueblos también hay
Pecatrices de Togas, Mucetas y Puñetas, les adjunto un Anexo particular vivido
y que ha supuesto -con algunos presuntos mafiosos añadidos- que una persona que
tenía su futuro asegurado en su propio pueblo ahora esté trabajando en el
extranjero y se haya ido de España con esta frase de despedida: ¡Me voy de esta
mierda de país!
ANEXO:
Tres personas (que podrían haber sido algunas más)
tenían muchas posibilidades de ingresar en prisión por un fraude en las
renovaciones de los permisos de conducir y de armas (muchas personas tuvieron
que repetir sus renovaciones a petición de la Jefatura Provincial de Tráfico),
pero, quiero recordar, la implicación en el caso del Oficial del Juzgado Número
Uno los libró y del procedimiento nunca más se supo. Conviene saber que el
citado Oficial está condecorado con la orden de San Raimundo de Peñafort, aún a
pesar de que un Juez que se lo propuso no fue capaz de averiguar cómo y de qué
manera entró este individuo a trabajar en los Juzgados, lo que significa que,
presuntamente, entró por la “puerta falsa” de la mano de su padre -hace muchos
años fallecido- también condecorado. En una ocasión, le recordé a Su Señoría
del Decanato este “procedimiento” y nada me contestó. Quién soy yo para
preguntar… ¿Se ha esperado que prescriba? Me da que sí. Presumiblemente, alguno
de esos pecatrices tan abundantes en la Judicatura arregló el asunto en un plis
plas. Y Su Señoría, la pobre (en sentido laudatorio lo de pobre), nada ha
podido hacer; eso sin duda, es una Magistrada-Juez muy justa, lo veremos más
adelante.
Siete denuncias mías ante las Fiscalías de Zona y
Provincial fueron archivadas por la sencilla razón de que deberían haberse
hecho cada una por separado. Sin comentario.
Una denuncia a una Directora General de Sanidad de
la Junta de Extremadura -tras innumerables trámites- fue archivada porque el
Abogado alegó que servidor no había recurrido en tiempo y forma, pero a pesar
de que yo demostré con el documento correspondiente firmado y sellado en el
Juzgado ante Su Señoría del Decanato que eso era mentira y el documento en
cuestión apareció entre los papeles del procedimiento y el Oficial lo enseñó a
la Magistrada-Juez, ésta me manifestó lo siguiente: ¡Denuncie Vd. al abogado!
La Directora se libró de perder su cargo…, en un plis plas. Y la
Magistrada-Juez siguió su rutina con un caso menos gracias a su gran pericia.
Ser Juez no es nada fácil, eso queda más que claro.
Pero no siempre se pierde todo. En otra ocasión
denuncié las cláusulas abusivas de mi hipoteca con un informe añadido del Banco
de España que me costó tres años conseguir (un seguro, el IRPH, intereses de
demora inflados al 29%, posición deudora, etc., etc., mi hipoteca tiene todas
las cláusulas abusivas existentes) y la Magistrada-Juez me dio la razón en
parte, pues el seguro y el IRPH se quedaron fuera. Pero, no se lo pierdan, después
de mi segunda reclamación sobre la ejecución de la sentencia hace casi tres
años, aún no he recibido contestación…, ni, por supuesto, el dinero. Sepan que
el Banco Santander está al medio y es quien me debe abonar la pasta, pero este
es el Banco de los Juzgados y qué les voy a contar…Si cobro algún día será
detrayéndolo del recibo de cada mes y, obviamente, jugándomela. Un “lucimiento”
más de la justa Magistrada-Juez del Decanato.
Tras una denuncia a dos policías municipales
(presuntos sicarios del Alcalde) que entraron en mi domicilio aprovechando mi
ausencia (allanamiento de morada, pues no portaban ninguna orden judicial) para
entregar por la fuerza a un familiar una documentación que cumplía ese día y
que ni siquiera era para él y recibir amenazas graves y un intento de agresión,
se celebró el juicio correspondiente. En este juicio se interpeló al
denunciante por parte de la Fiscal, el abogado de la defensa y la propia
Magistrada-Juez del Decanato y, saltándose la ley, se impidió al denunciante preguntar
nada y se le negó la última palabra. Los policías municipales, como no podía
ser de otra forma, fueron absueltos de todos los cargos y la Magistrada-Juez ni
siquiera sabía que había un testigo (también policía municipal) hasta tanto el
denunciante se lo hizo saber, testigo que no había sido citado ni en tiempo ni
en forma, pues lo llamarón por teléfono desde el Juzgado una hora antes del
juicio. Fue un gran “lucimiento” -uno más- de la justa Magistrada-Juez de
Decanato.
En otra denuncia sobre delitos leves, esta
Magistrada-Juez condenó a mi familiar tras la declaración de un médico
mentiroso que días antes había perdido un juicio por manipular una grabación
para engañar a la Justicia. Se supone que había que sacar algo a alguien y a
quien mejor que a un insolvente condenado sin pruebas. Ni que decir tiene, como
pueden ver, que la justa Magistrada-Juez del Decanato mantiene la “forma
física”.
Creo que ya lo he referido en otra ocasión, pero les
recordaré que en un Contencioso-Administrativo (celebrado primero en la
Audiencia Provincial y luego en el TSJEX) los Magistrados dieron por bueno el
don de la ubicuidad para salvar al Ayuntamiento de una posible deuda de más de
60.000 € admitiendo como buena una licencia de apertura de un Centro de
Formación Ocupacional para el desarrollo de una Clínica-Hospital, que, por
cierto, ahí sigue funcionando ante la permisividad de las autoridades… y de la
Justicia.
Podría contarles unas cuantas más, pero no quiero
abusar de su paciencia para conmigo. Les he contado estas experiencias para que
vean que no sólo es la Justicia de alto copete la que está como está, sino que
el presumible “aborregamiento” de un sinfín de Jueces y las listezas de algunos
Oficiales de los Juzgados (en la mayor parte de los casos por intereses
espurios) es general en cualquier parte… hasta en Extremadura, donde casi nunca
pasa nada. Ah, lo olvidaba, en Extremadura se usa mucho -aunque ya no tanto
como años ha- la expresión ¡vete a hacer puñetas! Que, evidentemente, nada
tiene que ver con las puñetas que los magistrados y Jueces lucen en la
bocamanga de sus togas.
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