OCURRIÓ EN CASTUERA: ¿ES UN
“ATROPELLO”?
Pues igual no, tal como
está la Justicia en España, pero… Un policía municipal (Emilio Morillo Crespo)
trata por la fuerza de entregar a mi hijo una notificación del Ayuntamiento que
está fuera de plazo -con lo que eso supone- e intenta agredirle dentro de mi
vivienda cuando el chico se niega a recogerla al no ser para él. El policía
municipal que acompaña a Emilio (Benjamín Fernández Sánchez), a petición de
éste, llama al jefe de la policía municipal (vivimos en el nº 6 de la calle y
la policía tiene su cuartelillo en el nº 2 de la misma) que separa el intento
de agresión del valiente Emilio, pero ambos exigen, de forma insultante y
amenazante, que mi hijo les proporcione el DNI para anotarlo en la notificación
que no es suya y, por tanto, no está obligado a recoger. Lógicamente, se niega
a dárselo. Los policías municipales (Emilio Morillo Crespo y el Jefe Santiago
Cáceres Godoy), dentro de mi vivienda sin autorización y sin ninguna orden
judicial que se lo permita (que denunciaré en su momento), hacen todo tipo de
amenazas a mi hijo y lo denuncian por su negación a identificarse y a recoger
la notificación, a pesar de, obviamente, ser sobradamente conocido y no ser
obligatoria su identificación ni, por supuesto, tener obligación de recoger
nada. Sin otra alternativa, mi hijo denuncia judicialmente a los dos policías
reseñados por intento de agresión y amenazas de persecución policial. Amenazas
que, viniendo de dos personas que van armadas habitualmente y que saben que con
la “ley mordaza” prevalecerá su
palabra, infunden en cualquiera el lógico temor de que éstas pasen a mayores y
luego ya sólo haya el remedio que prefiero no pensar.
Se celebra el juicio el
pasado día 24 presidido por la Juez Titular -supongo- del Juzgado nº 2 en el
que, increíblemente, se dan las siguientes circunstancias y de ahí que me
refiera en el título a un “atropello”: 1º) el Juzgado no le notifica al policía
acompañante, que está incluido en la denuncia como testigo, la fecha del juicio
hasta unas horas antes de celebrarse (fuera de plazo, ¿o no?); 2º) el
denunciante es asimismo notificado sólo unos días antes del juicio y porque
servidor -su padre- se lo requiere personalmente al Juzgado al filtrar los
policías denunciados el día y la hora del mismo (es decir, ¿no pensaban
avisarlo?); 3º) ya durante el juicio, el denunciante es interrogado por la Juez
en no sé cuantas ocasiones, buscando, se supone, que éste cometa algún
renuncio, ello teniendo delante la denuncia donde está especificado todo al
detalle; 4º) tanto la Fiscal como el Abogado de los denunciados interrogan,
autorizados por la Juez, sin límite al denunciante; y 5º) al denunciante, que
lo solicita reiteradamente, se le niega incluso preguntar al testigo que el
mismo lleva (que entra en la Sala tras solicitarlo el denunciante, pues todos
los demás presentes se habían olvidado de él (¿intencionadamente?). Y la Juez,
tras la exposición de las conclusiones de la Fiscal y del Letrado de los
denunciados (que han permanecido durante todo el juicio uniformados y armados),
que servidor, presente en la Sala, no aplaudió por respeto, ya que, ambas
parecieron sacadas del Club de la Comedia, dio por finalizada la vista sin más
ni más y, nuevamente, sin permitir abrir la boca al denunciante que, se supone,
podría haber expuesto también sus conclusiones. Es lo mínimo que se puede pedir
en un juicio, digo yo.
Para entendernos: es
como si a quien denuncia algo que es importante porque se han vulnerado sus
derechos más elementales se le pusiera un esparadrapo en la boca para que no
pueda decir nada y dar así la razón a unos policías municipales, posiblemente,
“comprados” que para quedar bien con “su señor”, ¿con el visto bueno de la
Justicia?, atropellan a cualquiera. Importante añadir que el resto de policías
municipales de Castuera no comparten la actuación de sus compañeros y que, me
consta, no se venden a ningún “señor” aunque éste les proporcione un ascenso
sin corresponderle como ha hecho con el policía denunciado, Emilio Morillo
Crespo, recientemente.
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