VIVENCIAS JUDICIALES
Vaya de principio (aunque en algún escrito -quiero recordar- he hecho alguna referencia) que no me gusta transcribir mis problemas personales a ninguno de los lectores que tienen la gentileza de leerme. Pero, como ahora está de moda eso que llaman “Lawfare” (que no falte “el inglés castúo” en Extremadura) y servidor lo ha sufrido en sus propias carnes, ni que decir tiene, a pesar de no haber cometido en su ya larga existencia delito alguno que no sea el de la libertad de expresión y de opinión difícilmente aceptado por algunos jueces (por decir que un carril-bici era más apropiado para Bahamontes -tiene un desnivel del 20% y pasa por la puerta de un taller mecánico- que para los usuarios, que además era cierto y aún hoy día se puede comprobar, fui castigado a pagar 850 € o de lo contrario pasar una “pequeña” temporada entre las rejas de Badajoz), les voy a referir unos cuantos casos que, si no son puramente “Lawfare”, si están muy cerca del moderno término. Por supuesto, lo de moderno con muchos merecimientos a nivel nacional dado la presunta enorme corrupción que en las instancias judiciales se intuye, con el gobierno de los jueces (el CGPJ) sin renovar -más de ¡mil días! de retraso ya- como manda la Constitución del Régimen del 78 (la “modélica transición” de la Dictadura a la Plutocracia), como principal síntoma del general desaguisado de la judicatura. Y, quede claro, no lo digo yo, “que donde no hay una justicia justa, valga la redundancia, no es posible que haya democracia”. Si la justicia se ha politizado, como parece ser el caso de España, que Dios nos ampare a los que no tenemos medios para defendernos de las iniquidades. ¿El fascismo a la vuelta de la esquina? Vamos a salir de dudas muy prontito. En fin…, veamos esos casos que, quizás, no estén tan lejos de ser considerados: “Vivencias de mi Lawfare”.
Una mentira,
bien o mal comunicada, sigue siendo una mentira. Sin ningún género de dudas: Si
un Organismo procede a responder por escrito una petición de un usuario (que se
estaba jugando su futuro nada más y nada menos) y este por los motivos que sea no
recibe la respuesta (no estar hecha al domicilio indicado, no estar presente
cuando se le trata de comunicar, o cualesquiera otro motivo justificado), no
puede ser que ello de lugar a anular su petición y el caso se resuelva a favor
del Organismo que actúa de protector del acto constitutivo de delito; con el
agravante de quedar demostrado en el juicio que tal comunicación se intentó al
mismo tiempo y por la misma persona en dos domicilios diferentes (¿don de la
ubicuidad del comunicante y del que rechazó la comunicación?). ¿Justicia
Divina? No sé, pero seis magistrados del TSJEX dieron por bueno el referido don
de la ubicuidad, y, por supuesto, el TS ni se molestó en mirar el caso.
¿Tendría razón Quevedo cuando dijo eso de: “Donde no hay justicia es peligroso
tener razón, ya que, los imbéciles son mayoría”? El
negocio que se denunciaba sigue su andadura ILEGAL y el denunciante ha perdido
el suyo LEGAL y ahora es un emigrante (como esos ¡más de 21.000 jóvenes
extremeños! que han tenido que hacer lo mismo) que trabaja en Alemania.
Antes de seguir,
les pido perdón por contarles “mis cosas”, aunque nadie tiene que olvidar que
“estas cosas” las sufren millones de españoles que igual que un servidor no
tienen medios para poderse defender y son víctimas del consabido “Lawfare” (Guerra jurídica, traducción de la
palabra inglesa "Lawfare",
creada para referirse al ataque contra oponentes utilizando indebidamente los
procedimientos legales para dar apariencia de legalidad). Y que nadie olvide
que el Poder Judicial (como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo) está,
presumiblemente, corrompido; la democracia española es una oligarquía
financiera comandada por la Sra. Botín y el Ibex que se “descojonan” cuando
tienen que pasar por algún Juzgado, pues, como dijo El Roto, “gracias a la
rapidez de las comunicaciones, tienen informaciones falsas en tiempo real”.
Bien, sigamos con algunos casos más de
mis vivencias judiciales que es en lo que estamos, pero sin olvidar que estas
vivencias son como consecuencia de que “la política” y una presunta mafia de la
Jefatura Provincial de tráfico de Badajoz (JPTP) me despojó de mi negocio y me
echó a la ruina y diez años después ha hecho lo mismo con mi hijo -como he
dicho antes, en la actualidad emigrante en Alemania- para proteger un negocio
ILEGAL (incluso hoy día después de 20 años) que posiblemente les reporte
grandes beneficios dinerarios a los presuntos mafioso de la JPTP y de
clientelismo a “la política”:
Hace como tres o cuatro años (ya no lo
recuerdo), denuncié algo así como ¡siete delitos! juntos en un amplio escrito
ante las Fiscalías de Badajoz y de Villanueva de la Serena, todos ellos con sus
correspondientes documentos demostrativos de lo que denunciaba. La respuesta
fue tajantemente de no admisión de los mismos. Más tarde supe, por un abogado,
que las Fiscalías no habían atendido mis denuncias porque no iba cada una por
separado. Es decir, debería haber hecho ¡siete denuncias! y no haber denunciado
siete delitos juntos, al parecer. Está más que claro: era demasiado “sopa” para
antes del “cocido”. Evidentemente, la cosa ahí se quedó…archivada sin más. El
presumible “comisario político-judicial” de los Juzgados de Castuera había,
presuntamente, realizado su trabajo de manera oscura pero muy eficaz.
En otra ocasión, denuncié ante el
Juzgado número Dos de Castuera (Badajoz), el Decanato entonces, que se me
explicara qué había ocurrido con una denuncia judicial por la que fueron
detenidas tres personas y en la que estaba implicado, según me explicó
personalmente uno de los que fue detenido, el oficial del Juzgado número Uno
(el presumible “comisario político-judicial) y quizás alguien más de los
Juzgados, que se reservó para el juicio que nunca se celebró. Le pedí a la Juez
que me dijera por qué ese Procedimiento había pasado a mejor vida cuando los
detenidos (rápidamente puestos en libertad) habían cometido un delito penal
grave que los hubiera llevado a la cárcel, quizás junto al oficial del Juzgado
y alguien más, puesto que, al parecer, había más de una persona implicada en el
caso como ya he referido más arriba. Obviamente, no obtuve respuesta. El
Procedimiento, previsiblemente, se lo han comido las ratas que, como es algo ya
común en los Juzgados, abundan entre los archivos apiñados en los pasillos
inclusive. Me alegré por los detenidos, porque en España hay miles de casos
como el suyo que no ven la luz nunca… sobre todo si hay personal de algún
Juzgado al medio como, al parecer, ocurría en éste (incluso uno muy cercano en
el mismo pueblo de Castuera con una Clínica-Hospital al medio).
Sigo: En otra ocasión denuncié a una
Directora de Sanidad de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura.
Pues bien, cuando el caso estaba ya, prácticamente, resuelto a mi favor, pues
mi denuncia estaba demostrada, me encontré con que el abogado de Justicia
Gratuita que se me había asignado en sustitución del anterior había manifestado
a la Juez que servidor no había apelado en tiempo y forma y el caso se
archivaba. Presenté ante la Juez el documento firmado y sellado por el mismo
Juzgado (la “brujería” de su desaparición había quedado anulada) para demostrar
que el letrado mentía y que ese documento estaba en el Procedimiento. No me
sirvió de nada, pues la Juez “me dio” con los papeles en las narices diciendo
esta afirmación categórica: “Pues denuncie Vd. al abogado”. Caso resuelto
(mediante el archivo del mismo) a favor de la Directora de la Junta de
Extremadura y, consecuentemente, lo que pudiera venir después que era grave y
ponía en aprietos incluso a dos Consejeros de la dicha Junta extremeña y quizás
a algún que otro Alcalde y algunos altos cargos del PSOE.
Más. Como servidor ha tenido que valerse
de créditos desde que tiene uso de razón, y tenía (y aún tiene) una hipoteca, se
dirigió al Banco de España para que le diera un informe (evidentemente, en este
maravilloso país, no vinculante) sobre las cláusulas abusivas que estaba
pagando que eran varias por no decir todas las conocidas. Tras tres largos años
de enviarles documentación una vez tras otra, conseguí que se me diera ese
informe que, ignorante yo, pensaba que me valdría para que la Juez lo tuviera
en cuenta en mi demanda. Pero, de las cinco o seis cuestiones que el Banco de
España reconocía que eran fraudulentas, la Juez sólo atendió tres sin la mayor
importancia (las comisiones de demora -me cobraban el 29% mensual-, eso que
llaman los Bancos “posición deudora” -unos 30 € mensuales-, y la referencia al
vencimiento anticipado), dejando sin atender la cláusula correspondiente al
famoso IRPH y, que recuerde, un seguro por valor de más de tres mil euros que
se hizo minutos antes de firmar el crédito hipotecario a mi hijo sin saber a
cuento de qué nombrándolo avalista de la hipoteca a pesar de ser alguien que
era totalmente insolvente pues no tenía bienes de ningún tipo, imagino que para
colgarle el “mochuelo” si mi esposa o un servidor pasaban a mejor vida. Tengo
intención de pedir la revocación de esa sentencia cuando esté claro lo del
IRPH. Veremos en qué queda todo.
Y más. Una denuncia a dos Policías
Municipales que entraron en mi domicilio de Castuera (sin ninguna orden
judicial), aprovechando que me encontraba en el hospital de Badajoz con mi
esposa convaleciente de una intervención quirúrgica, pues de lo contrario no
habrían tenido agallas suficientes para llevar a cabo la “patada en la puerta”,
y amenazaron gravemente e incluso hubo una tentativa de agresión a mi hijo que
se negó a recoger una documentación del Ayuntamiento que vencía ese día y que,
para colmo, no era para él. Se celebró el juicio correspondiente, y la Juez, el
Fiscal (la Fiscal, pues era una mujer) y el Abogado de los Policías Municipales
(que permanecieron durante el juicio uniformados “totalmente”) interrogaron a
mi hijo que, paradójicamente, era el denunciante, negándole la Juez que
pronunciara, como es su derecho jurídico, la última palabra y pudiera exponer
sus consideraciones. Los Policías Municipales (sicarios del Alcalde) como
reconocieron algunos de sus propios compañeros, fueron absueltos sin más ni
más. Y, por cierto, un tercer Municipal que presenció lo ocurrido y que estaba
señalado como testigo no fue llamado hasta media hora antes de la celebración
del mismo y la Juez no tenía conocimiento de tal testigo hasta que en el juicio
mi hijo se lo hizo saber contradiciendo su orden de callar y callar.
¡Bochornoso!, pero cierto.
Podría seguir con otras cuantas
denuncias más (un crédito ICO que el Banco utilizó para liquidar unas tarjetas
de crédito que no le interesaban y nos metió el marrón que se quedo en “suspense”
para siempre en el Juzgado y una denuncia por la compra de unos libros que al
no recordar el abogado de Justicia Gratuita el día del juicio –hay quién de
más- se dio por perdido, junto a la apreciación de una letrada que anula por su
cuenta una denuncia de investigación sobre un delito, presuntamente, cometido
por la Diputación Provincial a través de su Organismo Autónomo de Recaudación
(OAR), para dar chance a un negocio ILEGAL ubicado al lado de la oficina del
referido OAR, mediante eso que se llama INSOSTENIBILIDAD, etc., etc., etc.),
pero no quiero robarles más tiempo. Sólo decirles, para que se hagan una idea
de lo que pasa en los Juzgados de este pueblo de la provincia de Badajoz llamado
Castuera, que su actual Alcalde, Francisco Martos Ortiz (un antiguo miembro de
Falange Española que llegó al pueblo como máximo representante de la misma), en
el PSOE desde hace más de veinte años, ha sido condenado a tres años de cárcel
por el Juzgado de lo Penal de Don Benito (Badajoz) por un delito de acoso
laboral con daños. Se han hecho los recursos correspondientes y,
previsiblemente, con la intervención del antes citado presunto “comisario
político-judicial, llevamos más de seis meses esperando la sentencia
definitiva, que, más de una persona del pueblo piensa, no saldrá nunca, pues
hay varios Magistrados, tanto en la Audiencia Provincial como en el Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, que han pasado cuando sólo eran Jueces por
los Juzgados de Castuera y mantienen una gran amistad con él antes referido
presunto “comisario político-judicial”. Por cierto, y ya termino, que dicho
comisario (según radio macuto) tenía orden de la Juez del Decanato de jubilarse
el pasado año 2021; pero, que curiosidad, la ya Juez-Magistrado ha sido
trasladada recientemente a la Audiencia Provincial de Mérida y, seguramente, el
nuevo Juez nada sabe al respecto y el hasta ahora Oficial del Juzgado seguirá
en su puesto. Cosas de la Justicia…, cuando estorba alguien, ¿se ponen los
medios para que siga estorbando?
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