El presidente del Gobierno se jacta de datos del mercado laboral manipulados, Feijóo ataca a los trabajadores por ponerse de baja, Ayuso solo defiende a los empresarios, pero ninguno denuncia el robo de 3.500 millones de euros, por lo que son cómplices
Hay abusos laborales que no hacen ruido porque han sido normalizados por
los políticos durante años. Las horas extraordinarias no
pagadas son uno de ellos. Cada semana, según el informe del
Gabinete Económico de CCOO, 436.000 asalariados realizan 2,54 millones de horas
extra que no se remuneran ni se compensan con descanso. Es una cifra
escandalosa por sí sola, pero todavía más reveladora si se lee con atención
política: equivale a 68.000 empleos a jornada completa que podrían haberse
creado y no se crearon porque una parte del empresariado prefiere exprimir a su
plantilla antes que contratar. Y frente a ese robo sistemático, el silencio de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso no es neutralidad: es
complicidad.
No se trata de una metáfora exagerada. Se trata de un mecanismo de transferencia de renta desde el trabajo hacia el capital que
funciona a plena luz del día, amparado muchas veces por la debilidad de la
Inspección, por la cultura de la impunidad y
por una tolerancia política que oscila entre la indiferencia y el cinismo. Las
horas extra no pagadas no son una anécdota de oficina ni un desajuste menor de
jornada. Son una forma de explotación con efectos
directos sobre el salario, las cotizaciones, las pensiones
futuras y los ingresos públicos. CCOO calcula que el coste total de esta
práctica asciende a 3.378 millones de euros anuales entre salarios,
cotizaciones sociales e impuestos que los empresarios dejan de abonar. En otras
palabras: una exacción silenciosa que se lleva por delante recursos que
deberían sostener el sistema común.
La magnitud del problema se entiende mejor cuando se desciende al detalle
humano. De media, cada persona afectada realiza 5,8 horas extraordinarias no
remuneradas a la semana. Eso equivale a 7.696 euros al año en salarios y
cotizaciones que nunca llegan a su bolsillo ni a su futura jubilación. Es
dinero que desaparece en la contabilidad privada de las empresas, pero también
en el balance social del país. Porque cada hora no pagada no es solo un ingreso
retenido por el empresario: es una cotización no ingresada a la Seguridad
Social, un impuesto no recaudado, una base de cálculo de pensión erosionada y
un precedente más para la degradación del trabajo asalariado permitida, e
incluso alentada, desde el PSOE y el PP.
Este abuso ha sido absorbido por un consenso tácito que atraviesa a buena
parte del arco institucional. El Gobierno de Sánchez presume de reformas
laborales, la oposición de orden económico y la presidenta madrileña de una
supuesta libertad empresarial que en la práctica suele traducirse en
desregulación y debilidad del control. Pero ninguno de los tres grandes nombres
de la política española ha asumido este problema como lo que es: una hemorragia
de derechos y recursos públicos. El silencio no corrige nada; solo consolida la
idea de que el robo puede seguir siendo rentable mientras nadie lo nombre con
suficiente fuerza.
La reforma laboral, presentada como el gran dique contra la precariedad, no
ha resuelto esta lacra. Ha mejorado algunos indicadores formales, pero no ha
desactivado la lógica que permite a una parte del tejido empresarial absorber
trabajo sin pagar por él. El hecho de que el 5% de la población asalariada haga
horas extra cada semana, y de que alrededor del 40% de esas horas no se paguen
ni se cotizen, indica que la cultura de la jornada infinita sigue viva. En
realidad, la legalidad del registro horario existe desde 2019, pero su
cumplimiento efectivo continúa siendo demasiado frágil. Donde falta control,
sobra abuso.
Y no estamos ante una cuestión marginal. CCOO sitúa la práctica en sectores
muy concretos que revelan cuánto ha penetrado en la estructura productiva
española. Educación encabeza el volumen total de horas extra no remuneradas,
seguida de la industria manufacturera, las actividades profesionales y
técnicas, la hostelería, el comercio y la Administración pública. En términos
relativos, el abuso es especialmente alto en actividades financieras y de
seguros, educación y contenidos editoriales y de producción. La imagen es
perturbadora porque desmonta otro lugar común: no son solo los sectores
tradicionalmente más duros los que exprimen más a su plantilla; también lo
hacen ámbitos con alta cualificación, fuerte componente institucional o
aparente sofisticación profesional.
Ese dato es importante porque rompe el relato de que la economía española
está modernizada, digitalizada y alineada con estándares laborales europeos. Si
una parte amplia de los trabajadores sigue regalando su tiempo sin
remuneración, la modernización es más retórica que real, como todo lo que sale
del gobierno sanchista. La lógica del control horario debería servir
precisamente para cerrar esa brecha entre lo que se trabaja y lo que se paga.
Pero la experiencia acumulada demuestra que el problema no es normativo; es
político. La ley existe, el registro existe, la obligación de documentar la
jornada existe. Lo que falta es la voluntad real de perseguir el incumplimiento
con la contundencia que exige un abuso que se ha convertido en hábito.
La dimensión de clase es evidente, pero la de género lo es aún más. Aunque
el informe de CCOO se centra en la explotación horaria,
la realidad laboral española ha mostrado reiteradamente que la parcialidad
forzada, la sobrecarga invisible y la infrarremuneración del tiempo de trabajo
recaen con más peso sobre las mujeres. Las horas extra no pagadas se suman a
una organización del empleo que ya castiga a muchas trabajadoras con jornadas
incompletas, contratos más frágiles y menor capacidad de negociación. En ese
contexto, el silencio político adquiere una tonalidad todavía más grave: no
solo se tolera un abuso general, sino una forma de explotación que profundiza
desigualdades de género ya estructurales.
Pedro Sánchez no puede presentarse como el presidente del trabajo digno
mientras miles de personas siguen haciendo horas gratis cada semana. Alberto
Núñez Feijóo no puede hablar de eficiencia empresarial y competitividad sin
decir una palabra sobre el saqueo de tiempo laboral que
practican demasiadas empresas. E Isabel Díaz Ayuso no puede vender Madrid como
el gran motor económico de España mientras su modelo de “libertad” se apoya en
demasiadas ocasiones en una cultura de impunidad frente a la jornada no pagada.
Los tres, desde posiciones distintas, han preferido convivir con el problema en
vez de convertirlo en prioridad política. Y eso, en la práctica, significa
aceptar que una parte del trabajo siga siendo confiscada.
La cifra de 3.378 millones anuales no debería leerse solo como una pérdida
para quienes trabajan. También es una pérdida para el Estado. Los empresarios
dejan de abonar salarios, cotizaciones e impuestos. Es decir, se vacía una
parte del sistema de protección social y se debilita la recaudación necesaria
para sostener servicios públicos. La explotación laboral no solo perjudica al
trabajador; erosiona la base financiera de la comunidad política. Cuando una
empresa se beneficia de horas no pagadas, está obteniendo una ventaja
competitiva ilegítima frente a quien sí cumple. Y cuando el sistema no corrige
eso, acaba premiando a quien incumple con más audacia.
El argumento empresarial habitual es conocido: flexibilidad, picos de
demanda, necesidad organizativa, responsabilidad individual. Pero esos
eufemismos no resisten la aritmética del informe. Cada persona afectada trabaja
de media 5,8 horas extra sin remunerar a la semana. No hablamos de una
desviación ocasional ni de un pequeño desajuste de agenda. Hablamos de una
economía paralela del exceso de trabajo que se ha naturalizado porque el coste
de impugnarla parece alto para el empleado y bajo para el infractor. El
resultado es una colonización del tiempo personal que desborda el contrato y
convierte el salario en una promesa incompleta.
La política española, sin embargo, sigue instalada en otros climas
narrativos. El Gobierno se concentra en el relato macroeconómico, la oposición
en la crítica fiscal y la Comunidad de Madrid en la exhibición de un supuesto
dinamismo empresarial. Pero ninguno de esos marcos aborda el corazón del
problema: que demasiados trabajadores siguen financiando con su tiempo gratis
la rentabilidad de otros. Esa omisión tiene consecuencias electorales, sí, pero
sobre todo morales. Porque el Estado pierde autoridad cuando tolera que una
obligación elemental, pagar el trabajo realizado, deje
de ser una norma y pase a ser una opción.
La insistencia de CCOO en reforzar el control de la normativa sobre jornada
no es, por tanto, un tecnicismo sindical. Es una exigencia democrática. Si el
registro horario no se verifica, si la Inspección no actúa con más medios y si
las sanciones no son suficientemente disuasorias, la ley se convierte en
decoración. Y cuando una ley laboral se vuelve decorativa, la desigualdad se
administra mediante costumbre. Esa es la verdadera amenaza: que la explotación
deje de verse como abuso para ser percibida como rutina.
Las horas extraordinarias no remuneradas son mucho más que una
irregularidad contable. Son una forma de robo que altera la competencia entre
empresas, reduce los ingresos públicos, debilita las cotizaciones y desgasta la
vida de cientos de miles de trabajadores. El informe de CCOO ha puesto números
a una realidad que demasiados prefieren ignorar. Lo que sigue faltando es
voluntad y altura política para convertir esos números en un conflicto de país.
Y hasta que eso no ocurra, el silencio de Sánchez, Feijóo y Ayuso seguirá
diciendo más sobre ellos que sobre la economía: que prefieren no tocar uno de
los abusos más rentables del mercado laboral español.
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