02/07/2026 - ELLOS, LOS SEÑORES; LA IZQUIERDA, LA GLEBA

 Sé que me van a llamar “machaca”, o “matraca” (un artilugio que se tocaba antiguamente en mi pueblo -y supongo que en todos los pueblos de España- por Semana Santa para avisar a la gente de las cuestiones religiosas que hacía un ruido insoportable). Pero, ocurre que la Justicia no hay día que no nos aporte “algo” de qué hablar y de qué escribir. Da la impresión de que, tanto la Justicia como el Partido Popular, están, presuntamente, en connivencia y rabiosos porque no pueden gobernar España como a ellos les gustaría, y, obviamente, no dejan de mandar “juglares judiciales” a la lucha por la patria, un tropel de esbirros que carecen del mínimo sentido de la conciencia y de la mínima decencia humana, según cualquiera puede comprobar si está medianamente informado.

Cada día que pasa huele en España más a Inquisición: Se condena sin pruebas (es al menos lo que nos cuentan) y eso es lo más parecido a lo que ocurría en el siglo XV que perduró hasta el siglo XIX: La Inquisición Española (1478-1834) que fue fundada por los Reyes Católicos. Y qué a diferencia de la medieval, estaba bajo control directo de la Corona española y su objetivo principal eran los judíos y musulmanes conversos que presuntamente seguían practicando sus religiones en secreto. El Tribunal del Santo Oficio dejó de existir en el siglo XIX. La Inquisición Española fue abolida de forma definitiva en 1834. En la actualidad, el equivalente contemporáneo a esta Congregación es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (anteriormente conocido como Santo Oficio) dentro de la jerarquía vaticana.

Bien. Pues ya que hablamos de tiempos muy lejanos, antes de nada, vamos a dejar claro lo que era “La Gleba” y por qué se me ha ocurrido ponerla en el título de este escrito:

Históricamente, su uso más conocido es en la expresión "siervo de la gleba", un concepto de la Edad Media que designaba a los campesinos que estaban ligados legalmente a las tierras que trabajaban. Estos siervos no eran esclavos personales de un señor, pero no tenían libertad para abandonar el feudo, cambiar de profesión ni casarse sin permiso. Si el señor vendía o heredaba la tierra, los campesinos pasaban a pertenecer al nuevo dueño junto con el terreno.

Pero, además -y de ahí la ocurrencia de ponerlo en el título del escrito- de su uso histórico, el término tiene otras acepciones menos comunes: en sentido figurado, en ocasiones se usa para referirse al conjunto de personas de clase baja o condición humilde. Y eso es lo que, en mi opinión, presumiblemente, hace la Justicia española con la gente de izquierdas, considerándolas “siervos de la gleba” sin ningún derecho, o conculcando los pocos de que dispone.

Si se mira detenidamente el Tribunal Supremo (del que ya he dicho algo, bastante, en otras ocasiones) y se analiza su composición, nos encontramos con esto: El Tribunal Supremo de España se divide en cinco salas jurisdiccionales ordinarias y una sala especial. Cada una de ellas está especializada en una rama distinta del derecho. Las cinco salas son:

Sala Primera (de lo Civil): Conoce los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil.

Sala Segunda (de lo Penal): Se encarga de los recursos de casación, revisión y otros asuntos extraordinarios en materia penal.

Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo): Resuelve los recursos contra las disposiciones y actos de las Administraciones Públicas.

Sala Cuarta (de lo Social): Centraliza los recursos en materia laboral y de derecho sindical.

Sala Quinta (de lo Militar): Ejerce la jurisdicción militar y conoce los recursos de casación y revisión en esta materia.

Además de estas cinco salas, el Tribunal Supremo cuenta con la Sala Especial del artículo 61, la cual tiene una función muy específica: se encarga de resolver ciertos procesos de gran relevancia institucional, como los incidentes de recusación del Presidente o de presidentes de sala, y los procesos de ilegalización de partidos políticos.

Bien. Vamos a ver la composición de la Sala Segunda (de lo penal) que es la que ahora nos tiene a más de uno un tanto indignados con sus sentencias de última hora y las que se prevé que pueden venir detrás, obviamente, contrarias, presuntamente, al derecho de parte de los “Siervos de la Gleba” del siglo XXI, la izquierda real, aunque no sea precisamente la gente, o cuando menos, parte de la gente del PSOE, la que se encuentra inmersa, pues está claro que socialistas, lo que se dice socialistas, no son todos los que están ni están todos los que son.

Para no irnos muy atrás, la composición de la Sala en la sentencia 418/2026 conocida como “Caso Mascarillas”, (un importante hito en la jurisprudencia española sobre corrupción pública y derecho penal económico) estaba formada por los siguientes Excmos. Sres. y Excma. Sra.: D. Andrés Martínez Arrieta, presidente, D. Julián Sánchez Melgar, D. Manuel Marchena Gómez, D. Andrés Palomo Del Arco, Dña. Susana Polo García, D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, y D. Javier Hernández García. Y analizando a cada uno de estos ilustres Magistrados nos encontramos con que:

Andrés Martínez Arrieta, en 2025 presidió el tribunal que juzgó y condenó al entonces fiscal general del Estado por un delito de revelación de datos reservados a pena de multa y 2 años de inhabilitación. Fue fundador de la asociación, claramente conservadora, “Francisco de Vitoria”.

Julián Sánchez Melgar, el 24 de noviembre de 2017 fue designado por el Gobierno de Mariano Rajoy como futuro fiscal general del Estado. Está claro de dónde viene y para qué.

Manuel Marchena Gómez, con un largo historial judicial. Participó en el tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta que juzgó y condenó al entonces fiscal general del Estado. Este ilustre Magistrado es el de “la justicia para los robagallinas”. Qué se puede esperar de él.

Andrés Palomo del Arco, contrario al procesamiento del Fiscal General del Estado. Menos mal que algún ilustre discrepa… en alguna ocasión, pero que nadie se haga ilusiones.

Susana Polo García, formó parte del tribunal del Supremo encargado de encausar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Fue la primera mujer en integrarse en la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo tras ocho años de historia, rompiendo barreras en la cúpula de la judicatura española. ¿De derechas? Supongo, sino no estaría ahí.

Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, considerado cercano al juez Manuel Marchena dentro del Tribunal Supremo. No necesita etiqueta, está claro hacia dónde, presumiblemente, se puede decantar.

Javier Hernández García, parece el más acrisolado por los más necesitados, pero…

Obviamente, ninguno -o cuando menos la mayoría- de estos ilustres Magistrados va a mirar por nadie de la izquierda salvo, como en el futbol, alguna sorpresa inesperada, cosa muy difícil de suceder viendo cómo está el panorama en la actualidad y de qué manera actúan, por ejemplo, el juez Peinado o el juez Calama, sin que el CGPJ o la Audiencia Nacional, o el mismo T.S. les llame la atención.

Según David Torres, guionista, escritor y columnista: “Aquí hemos visto a Esperanza Aguirre saltarse el código de circulación, a Cospedal saltarse el código penal, a Mariano Rajoy aquejado de Alzhéimer selectivo o a Zaplana sobreviviendo siete años largos a una sentencia de muerte médica inminente a base de mojitos y paseos por la playa. En España el Derecho viene directamente de derechas, quién iba a sospecharlo”.

“Acabamos de ver, sigue David, por ejemplo, a un empresario corrupto salir prácticamente indemne de una resolución judicial que, entre otras cosas, envía a un ex ministro entre rejas durante casi un cuarto de siglo. No sólo eso, sino que además el buen hombre puede quedarse tranquilamente con los 3,7 millones de euros cosechados mediante técnicas fraudulentas al erario público. Acabamos de ver también a un juez pronosticando un caso de fuga en futuro imperfecto con la colaboración estelar de la escolta policial de la mujer del presidente del Gobierno. No me dirán que lo de la justicia en España es para inventar un nuevo género cinematográfico. Lo malo es que ya lo tenemos inventado desde siglos atrás: nobody expects the spanish inquisition”.

De modo que el comisionista inaugura una nueva era en la historia de la Justicia española: el pelotazo judicial. El mensaje, tal como advierte Rufián, es letal: “corrompe políticos” a calzón quitado, delinque, fórrate, delata, difama y miente, que al final hay un premio gordo. Si hasta hoy había víctimas de primera y de segunda categoría (a las de la Dana de Valencia las han calificado de segunda para salvarle el cuello a Mazón) a partir de ahora también habrá clases entre los testigos protegidos (los del PP siempre prime y sala VIP).

Rufián lo ha ejemplificado de otro modo: "Tres roban un banco. Uno les denuncia. Se libra. Y encima se puede quedar con la pasta".

Pero quizá lo más peligroso de todo sea el mensaje que se envía a la sociedad y que tiene que ver con aquello de “el que pueda hacer que haga” que dijo Aznar: delate usted al PSOE, aunque sea sin pruebas, que sale gratis y hasta resulta rentable y provechoso. La jurisprudencia del Supremo dando amparo al impostor. Lamentable.

Es el peligro que corre la Democracia en España por la corrupción y el partidismo declarado de la Justicia para derribar el Gobierno legalmente constituido mediante sentencias parciales con claro significado de prevaricación en favor de la derecha y la extrema derecha y de sus privilegios que nadie puede abordar sin ser imputado. La nueva Inquisición del siglo XXI, la Gleba del siglo XV.

02/07/2026 - LA TRAMPA DE LA DEMOCRACIA: EL TRIBUNAL SUPREMO

“La trampa de la democracia” (sobre la perversión del sistema democrático en España) es un libro muy interesante de Santos Manuel Cavero López.

En mi modesta opinión, es un libro que tienen que leer todas las personas que ignoran el funcionamiento de nuestros organismos democráticos. Sencillamente, para conocer de cerca lo que se “guisa” en sus entrañas y poder así tener una opinión ajustada a la realidad y no la que se nos hace llegar a través de ciertos medios que en España son una inmensa mayoría (la conocida “caverna mediática”). Medios que, queriendo o sin querer, u obligados por quienes son sus “dueños”, distorsionan todo lo que cae en sus manos para el maldito adoctrinar de su conveniencia política y social.

El libro es muy amplio (769 páginas), pero resulta un análisis muy riguroso de todos los temas que trata y de cómo está presente la corrupción en la mayoría de ellos, explicado de una manera sencilla para que todo pueda ser fácilmente entendido.

Servidor les va llevar, de la mejor manera que sabe, a una especie de conclusión sobre los puntos del libro que están hoy día en la mente de todos, excepto de los que sólo siguen los partidos de futbol, el tenis, el balonmano, el baloncesto… o las revistas de la farándula en el caso de las féminas.

Voy a empezar con el Tribunal Supremo, dada su actualidad con varios casos de suma importancia para el devenir democrático y que pueden marcar “políticamente” a algunos y a algún grupo político de los de mayor arraigo nacional.  

La IA de Google responde así cuando le preguntas sobre el Tribunal Supremo español: El Tribunal Supremo (TS) es el órgano jurisdiccional superior de España en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar), con jurisdicción en todo el territorio nacional y sede en Madrid. Actúa como máximo intérprete de la jurisprudencia ordinaria, resolviendo principalmente recursos de casación. Es el máximo Tribunal, superior en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo en materias de garantías constitucionales, competencia del Tribunal Constitucional. Para no extenderme demasiado, sus atribuciones y organización las pueden consultar ampliamente en la Wikipedia.

Y esto es lo que dice, en parte (porque todo es demasiado para un escrito de opinión), Santos Manuel Cavero López: “El tribunal Supremo, máxima instancia judicial de España, ocupa un lugar fundamental en la estructura del poder judicial y ha jugado (y sigue jugando) un papel decisivo en la interpretación y aplicación de la ley a lo largo de la últimas décadas, ha experimentado innovaciones que han planteado serias interrogantes sobre su independencia y su capacidad para cumplir con su misión constitucional, tal como establece el artículo 123.1 de la Constitución Española (CE)”. “La creciente politización y la falta de transparencia en los procesos de selección de sus miembros han sido factores decisivos que han contribuido a minar la confianza pública en la imparcialidad de este órgano, su composición ha estado marcada por una profunda influencia política. Hay que precisar que el TS se compone de magistrados nombrados por el Rey a propuesta del CGPJ, y éste es elegido por el Congreso y por el Senado, por lo que sin duda es un proceso que es objeto de politización, especialmente en la elección de los vocales del CGPJ y en la propuesta de candidatos para el TS.” “Aunque el TS de España tiene sus orígenes en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 que estructuró la justicia española en un sistema jerárquico, sin embargo, el TS tal y como lo conocemos hoy, como el máximo órgano jurisdiccional en España, fue consolidado en la Constitución de 1978, que estableció el Estado de derecho y delineó la estructura del poder judicial como un pilar fundamental de la democracia. El Tribunal se encargó de vigilar la separación de poderes, garantizar la protección de los derechos fundamentales y poner freno a las posibles tentativas de retrocesos autoritarios tras la dictadura franquista”. “Las prácticas de nombramiento de los magistrados del TS y la intervención política en sus decisiones forjan dudas sobre su capacidad para actuar sin injerencias externas, pues el proceso de selección de los magistrados del TS es uno de los puntos más debatidos en relación con su independencia, ya que los miembros de este alto tribunal son designados por el CGPJ, órgano cuyos miembros son elegidos mayoritariamente por las Cortes Generales, lo que implica una interdependencia con el poder legislativo y, por tanto, con los intereses políticos de los partidos en el gobierno”.

“La elección de los magistrados del TS es uno de los aspectos más controvertidos del sistema judicial español, particularmente porque refleja la falta de separación clara entre los poderes judicial y político, ya que, de acuerdo con la Constitución de 1978, la designación de los magistrados del TS está en manos del CGPJ, un órgano que se compone por 20 miembros, llamados vocales, nombrados por el Rey, que son elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) entre jueces y juristas de reconocida competencia, y su presidente, que es a su vez Presidente del TS y del CGPJ que es designado por el Pleno del Consejo en una sesión constitutiva, y es elegido también entre miembros de la Carrera Judicial o juristas de reconocida competencia. El proceso de nombramiento de los magistrados del TS está estrechamente vinculado a las decisiones de los partidos políticos a estar el CGPJ compuesto en gran parte por representantes políticos, cuya designación responde a la correspondencia de fuerzas políticas en el Congreso y el Senado, por lo que existe un alto grado de politización en la elección de los magistrados del TS. La intervención política en la selección de magistrados también provoca un ambiente de dependencia del poder judicial respecto al poder ejecutivo y legislativo. En la práctica, la elección de los magistrados en el TS ha sido interpretada como una forma indirecta de control político sobre el poder judicial”.

“Las decisiones del TS, al estar influenciadas por el poder político, siguen inevitablemente una orientación ideológica uniforme, dificultando la pluralidad de criterios judiciales que es esencial para la evolución del derecho, lo que también afecta al desarrollo de derechos en el ámbito constitucional, ya que las sentencias en materias controvertidas, como la libertad de expresión o los derechos de las minorías, no siempre se han dictado en función de principios universales, sino en función de presiones políticas más o menos explícitas”.

“Por tanto, el impacto en la jurisprudencia se concreta en cuatro factores: a) el nombramiento de magistrados, ya que la influencia del poder ejecutivo en el nombramiento de magistrados puede llevar a la designación de personas con afinidades políticas, comprometiendo la imparcialidad de las decisiones; b) las decisiones por bloques, porque la politización se manifiesta en decisiones judiciales divididas por bloques partidistas, especialmente en caso sensibles, lo que socava la credibilidad del Tribunal y da la impresión de que las decisiones se toman en función de intereses políticos; c)la erosión de la confianza pública, puesto que la percepción de politización en el TS lleva a un pérdida de confianza en la justicia y en la democracia en general, ya que los ciudadanos cuestionan la imparcialidad de las decisiones y la capacidad del tribunal para proteger la constitución; y d) la seguridad jurídica, ya que la politización afecta a la seguridad jurídica debido a que las decisiones judiciales son percibidas como inconsistentes y sujetas a cambios según la conveniencia política, lo que dificulta la previsibilidad de las leyes y las decisiones judiciales. Como consecuencias de estos impactos se identifican las tres más relevantes: en primer lugar, la desmoralización de los jueces, debido a que la politización amedranta a los jueces que se oponen a la influencia política, mientras que otros pueden verse tentados a comprometer su independencia para avanzar en sus carreras; en segundo lugar, la legitimidad del sistema judicial, ya que si el TS no es percibido como un guardián objetivo del marco constitucional la legitimidad del sistema judicial y el estado de derecho puede verse comprometida; y finalmente,  división social, derivada de la politización del TS que contribuye a la polarización y división social puesto que los ciudadanos pueden percibir que las decisiones judiciales están influenciadas por intereses políticos y no por la justicia. Por tanto, la legitimidad del TS y por ende la calidad democrática del sistema judicial español, se ve gravemente comprometida, su independencia y capacidad para garantizar justicia se ven ensombrecidas por la falta de un sistema de selección de magistrados que garantice un verdadero distanciamiento de los intereses políticos, por lo que el reto del sistema judicial español es recuperar la autonomía judicial y asegurar que el TS, como máxima instancia judicial, actúe no en función de intereses políticos, sino como un auténtico garante de la Constitución”.

“Resulta imprescindible reconocer que la independencia judicial es uno de los principios fundamentales del Estado de derecho, reconocido tanto por la Constitución de 1978 como por diversos tratados internacionales, como la Convención Europea de Derechos Humanos, por lo que la independencia del poder judicial es la piedra angular que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la no intromisión de los poderes ejecutivo y legislativo en las decisiones judiciales, de ahí que por lo tanto es evidente que la politización del TS representa una amenaza a la democracia española, dado que permite que las decisiones judiciales sean influenciadas por los intereses políticos y no exclusivamente por el derecho”.

Conclusión: El Tribunal Supremo está politizado, y eso conduce, aunque sea indirectamente, a que una buena parte de sus miembros pueda incurrir, presuntamente, en alguna forma de corrupción, por ejemplo, en la inepcia, que también es corrupción. En España, tanto el PP como el PSOE se han encargado desde el inicio de la mal llamada democracia (plutocracia, más bien) de establecer una corrupción sistémica que afecta a todos los órganos de funcionamiento del Estado, incluidos los de la judicatura también.

Seguiré sacando conclusiones, la próxima sobre el Tribunal Constitucional. Y entre medio, lo que caiga de la actualidad política y del “carro” en el que viaja toda la basura, toda la escoria, de políticos de la derecha y la extrema derecha… y algunos también de la mal llamada izquierda.

 

02/07/2026 - NO SOMOS LOS NIETOS DE SÁNCHEZ, SOMOS LOS NIETOS DE ESPAÑA

Maximiliano Fernández Ibarguren

"Quieren fabricar nuevos votantes". Con esa idea, expresada estos días por dirigentes del Partido Popular, entre ellos Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, se ha abierto una nueva batalla política en torno a la aplicación de la conocida como "Ley de Nietos", incluida en la Ley de Memoria Democrática. Según sostienen, la concesión de la nacionalidad española a descendientes de emigrantes y exiliados podría acabar alterando el censo electoral.

Es un debate legítimo. Como lo es cuestionar cualquier ley aprobada por un Gobierno. Lo que quizá no sea tan legítimo es olvidar la historia para sostener ese debate. Porque antes de hablar de censos, de estrategias electorales o de supuestos beneficios partidistas conviene recordar algo que parece haberse difuminado con el paso del tiempo: España fue, durante buena parte del siglo XX, un país de emigrantes.

Durante los años previos a la Guerra Civil y posteriormente entre las décadas de 1950 y 1970, millones de españoles abandonaron su tierra. Algunos cruzaron el Atlántico rumbo a Argentina, Venezuela, Cuba, Uruguay o México. Otros hicieron las maletas hacia Francia, Alemania, Suiza o Bélgica. Lo hicieron huyendo de la pobreza, de la falta de oportunidades y, en muchos casos, de la represión política derivada de la dictadura franquista. Entre ellos estuvo mi abuelo Félix.

Como tantos otros, con tan solo 19 años, dejó atrás su hogar, a su madre y a su padre, a mis bisabuelos, buscando un futuro mejor. Siguiendo los pasos de su hermano mayor Aurino cruzó el océano en barco desde Vigo, con una maleta llena de incertidumbre, pero también con la esperanza de regresar algún día a su Asturias con la convicción de que nunca dejaría de ser español. Y tras Félix, sus otros dos hermanos más pequeños, Tino, Luis y Manuel se marcharon los dos primeros a Argentina con él y este último a Chile. Por otro lado, su hermana Felicitas, la única mujer de la familia, se quedó al cuidado de mis bisabuelos Visitación y Laureano en aquel hórreo en medio del prado de la Vega de Sebarga, en Cangas de Onís. Quizás la tristeza de ver a partir a sus hijos a América hizo que Visitación muriera poco después sin poder volver a verles. Años más tarde, Laureano también falleció sin reencontrarse con sus hijos.

La historia de mi abuelo, que es también mi historia, no es excepcional. Es la historia de cientos de miles de familias. Décadas después, muchos de sus hijos, nietos y bisnietos seguimos conservando ese mismo sentimiento de pertenencia. Hemos nacido a miles de kilómetros de España, hablamos con acento argentino, cubano o venezolano y hemos construido nuestras vidas en otros países: conocemos nuestros apellidos, nuestras raíces y las historias familiares que nos recuerdan de dónde venimos. La Ley de Memoria Democrática no nos regala una nacionalidad, nos reconoce un vínculo histórico y hasta emocional que nunca desapareció.

Desde pequeño he escuchado a mi padre hablar de la “Asturias del abuelo Félix”, de la tía Felicitas que se quedó con sus abuelos, y de sus primos. Y como si de un boomerang se tratase, con 20 años, casi la misma edad con la que partió Félix a América, tras viajar más de 12.000 kilómetros, descubrí una parte de mi historia familiar que, mal que le pese a algunos, no deja de ser la historia de este país.

La que acabo de contar no es más que una de los millones de historias que se esconden detrás de cada emigrante español que, por distintas circunstancias (hambruna, cuestiones políticas, escasez, etc.) se vieron obligados a dejar su tierra y a sus seres queridos a los que nunca más volvieron a ver.

Por eso, cuando el Partido Popular habla que la “Ley de Nietos” busca “fabricar votantes” ya no solo falta a la verdad, sino que además insulta a todas esas familias desmembradas, a sus historias, en muchos casos con un alto coste emocional, ninguneando su pasado, y una parte del pasado de este país que pareciera quisieran borrarlo, como también la dictadura que a día de hoy siguen sin condenarla.

En las últimas horas, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, Dña. presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y la portavoz del grupo conservador en el Congreso, Esther Muñoz han orillado llamar “aprovechados” a los hijos y nietos de esos inmigrantes tan solo por pedir el pasaporte de sus padres o abuelos. Y que la propia Constitución Española, a la cual soy muy dados a relucir en otras cuestiones políticas, les garantiza como españoles de origen en el artículo 11. Es precisamente en desarrollo de ese mandato de la Carta Magna donde se enmarca la Ley de Memoria Democrática, que reconoce el derecho de determinados descendientes de españoles a optar a la nacionalidad.

Los datos ayudan a dimensionar el debate. Hasta marzo de 2026, más de 1,2 millones de descendientes de españoles habían presentado formalmente su solicitud de nacionalidad al amparo de esta ley. Más de 544.000 expedientes ya habían sido aprobados y cientos de miles de nuevos ciudadanos habían sido inscritos en los registros civiles consulares. Detrás de cada uno de esos expedientes no hay un votante recién inventado: hay una historia familiar, un abuelo que emigró, una abuela que dejó atrás su tierra, una familia que nunca dejó de sentirse española.

Pero si hay algo que convierte esta polémica en especialmente llamativa no es la ley sino la hemeroteca. Y el Partido Popular con ella, como ya nos tiene acostumbrados (Ley del Matrimonio Igualitario o recientemente la Ley de Amnistía) entra en cortocircuito.

En estos últimos días, varios dirigentes populares han alertado de que la recuperación de la nacionalidad por parte de los descendientes de emigrantes es “una maniobra de Sánchez" para alterar el censo electoral y así conseguir revalidar su mandato “fabricando votantes”. Sin embargo, y aquí es donde está la paradoja, son los mismos que hace apenas unos años defendían exactamente lo contrario.

Durante sus años como presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo convirtió a la diáspora gallega en una prioridad política. Argentina, el país con mayor número de gallegos fuera de España, fue una parada habitual de sus viajes institucionales. Allí participó en encuentros con centros gallegos, comidas multitudinarias y actos con la colectividad emigrante para mantener vivo el vínculo con quienes, pese a vivir al otro lado del Atlántico, seguían formando parte de Galicia. Nadie cuestionaba entonces que aquellos gallegos mantuvieran intactos sus derechos como ciudadanos españoles.

Más aún. En 2022, durante una visita a Argentina y en vísperas del ciclo electoral que desembocaría en las elecciones generales de 2023, el propio Feijóo defendía públicamente facilitar el acceso a la nacionalidad española a los nietos de emigrantes. Aquel mensaje, recuperado ahora y difundido de nuevo en redes sociales al punto de haberse viralizado, contrasta con las dudas que hoy plantea sobre el impacto electoral de esa misma realidad. No fue una declaración aislada.

El programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones generales de 2023 en su medida número 344 incluía expresamente el compromiso de ampliar y facilitar el acceso a la nacionalidad española para los descendientes de españoles residentes en el exterior. Y en 2022, la hoy portavoz del grupo popular en el Congreso, Esther Muñoz, defendía igualmente esa posibilidad en el Senado.

Llegados a este punto, cabe una pregunta. ¿Cómo es posible que quienes durante años viajaban a miles de kilómetros para pedir el voto de los españoles residentes en el exterior cuestionen ahora que los descendientes de esos mismos españoles puedan recuperar la nacionalidad de sus abuelos?

En cualquier caso, las referencias a un supuesto "pucherazo", a la manipulación del censo o a la desconfianza hacia las reglas del juego democrático resulta una estrategia difícil de comprender, especialmente si se tiene en cuenta que el Partido Popular ha ganado las últimas citas electorales en Extremadura, Castilla y León, Aragón y, más recientemente, Andalucía. Cuesta entender que el mismo partido que obtiene un respaldo mayoritario en las urnas, cuestione la legitimidad de ellas. En consecuencia, ¿Quiere decir que María Guardiola, Alfonso González Mañueco, Jorge Azcón y, previsiblemente, Juanma Moreno Bonilla son presidentes en sus comunidades gracias a un pucherazo? La incomprensible estrategia de Génova 13 deslegitima a sus propios barones y sus victorias.

Pero aquí no acaba la cuestión. El Partido Popular en vez de introducir el debate político, totalmente válido, sobre los requisitos de la ley, sus plazos o aplicación administrativa, ha decidido convertir a los descendientes de aquellos emigrantes en protagonistas de una teoría según la cual recuperar la nacionalidad española equivale a fabricar votantes borrando su pasado y dando por hecho que todos, o casi todos, votaran al PSOE. Una afirmación aberrante que ningunea y que no hace justicia a esos padres y abuelos, a sus historias de sacrificios y esfuerzos, a los costes físicos y emocionales que hay detrás de cada desarraigo. Reducir el derecho de obtener la nacionalidad a una “maniobra de Sánchez” es una burda y vergonzosa simplificación que el PP debería hacérsela mirar.

Durante décadas fueron otros países los que acogieron a nuestros abuelos cuando España no podía ofrecerles un futuro. Argentina, Venezuela, México, Francia, Alemania, Suiza o Bélgica abrieron sus puertas a millones de españoles que buscaban exactamente lo mismo que hoy buscan quienes llegan a nuestro país: una oportunidad para vivir con dignidad.

España, y sobre todo los políticos de derechas, no puede permitirse olvidar su propia historia: fuimos un país de exiliados, de emigrantes, que despidió a generaciones enteras en estaciones de trenes y puertos mientras las familias lloraban sin saber si habría un reencuentro. Mis bisabuelos murieron sin volver a ver y a abrazar a sus hijos.

Ser patriota y español, como tanto les gusta presumir, es también reconocer esos esfuerzos y esos sacrificios físicos y emocionales que otros españoles hicieron en el pasado en circunstancias adversas en viajes de meses, con pocos recursos, desprovistos de la tecnología actual, con la incertidumbre por delante, pero con las ganas de abrirse mundo desde cero del otro lado del charco o en otro país donde ni siquiera conocían el idioma. Y, aun así, aquellos emigrantes nunca dejaron de ser españoles. Gracias a ellos se conservaron costumbres, acentos y un vínculo con España que ha sobrevivido durante generaciones. Por eso resulta profundamente injusto reducirlos a una maniobra política del PSOE y del actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cuando en los últimos días he escuchado a algunos dirigentes del PP y de Vox hablar con demasiada ligereza de "los nietos de Sánchez" no he hecho más que pensar en mi abuelo Félix, de cómo 50 años después de haber fallecido, pisotean su historia de desarraigo, de haber dejado su Asturias con tan solo 19 años, de no volver a ver más a sus padres. Y quizás por esta razón, ha nacido el presente artículo. Frente a las faltas de respeto y al malicioso e intencionado “borrado” de los millones de emigrantes españoles a lo largo del siglo pasado, reivindicarles era una imperiosa necesidad.

Mal que le pese a Alberto Núñez Feijóo, a Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal, los hijos y nietos de emigrantes, formamos parte de la historia de este país; no somos los nietos de Sánchez, somos los nietos de España.

 

02/07/2026 - LA JAURÍA ANDA SUELTA

Vicente Mateos Sainz de Medrano

Una jauría suelta arrasa con todo para acorralar con saña a la pieza. Este símil de las monterías viene al pelo para describir la estrategia de tierra quemada desplegada por la derecha y ultraderecha desde el inicio de la Legislatura, que llegó al paroxismo en la última sesión plenaria del Congreso (antes de las vacaciones parlamentarias), en la que el líder de la derecha extrema, Feijoo, soltó toda la bilis que lleva dentro por la rabia que le carcome por no ser él quien presida el Gobierno.  Expresión del sentimiento que anida en las meninges de la derecha nacional de que el poder es suyo, y si no lo tienen es porque se lo han robado. Y Pedro Sánchez es el culpable y la diana.

Idea axial que permea la estrategia de oposición de toda la legislatura labrada grano a grano, hipérbole a hipérbole, mentira sobre mentira, hasta que ya no queda más salida que insultar y vejar al reo de la ordalía y su familia. Así lo demostró Feijoo en el último pleno dedicado en exclusiva a lanzar insultos y acusaciones falsas a Pedro Sánchez:   Es el uno de un Gobierno corrupto, se lo digo sin presunto y se lo digo con el aval de una sentencia firme del Tribunal Supremo—no existe tal sentencia—; el PSOE ha montado desde las más altas instancias del Estado una red de extorsión para extorsionar a policías, jueces, fiscales y medios de comunicación— infundio sin prueba alguna—; ha agredido la independencia de las instituciones—lo dice quien se negó durante cinco años a cumplir el mandato constitucional de renovar el CGPJ—; cada día que pase sin que convoque elecciones es también una agresión a la nación española—como si la nación fuera suya—; hasta caer en la vileza ruin de afirmar a mí no me ha financiado mi carrera ningún magnate de la prostitución.

Feijoo no está solo en este batallar para derribar a Pedro Sánchez, como sea, pues cuenta con el respaldo del adalid de la mentira, Aznar, que metió a los españoles en una guerra que no querían—nunca hubo armas de destrucción masiva en Irak—, y nos quiso engañar haciéndonos creer que los atentados del 11M fueron obra de ETA, mientras la justicia condenaba al grupo de Yihadistas autores de la masacre. Hechos que retratan su perfil de mentiroso patológico incapaz de reconocer errores ni pedir perdón a la ciudadanía. Por eso resulta sorprendente, y grotesco, que se invista de un seriedad y severidad impostada cuando habla para dar sostén argumentativo a la jauría: el que pueda hacer que haga, o metiéndonos miedo con sus admoniciones del fin de la democracia: en España se gobierna de espaldas a la honestidad o el sistema constitucional y la monarquía parlamentaria actuales han terminado y corren el riesgo de transformarse en un Estado populista. Meter miedo es la base del mensaje populista que expande y alienta un pretendido caos social que solo ve él y sus acólitos.

Hay tres patas más que azuzan a la jauría. Primero IDA, cuyas patochadas ridículas para ocultar sus errores y desmanes en la gestión del dinero publico resultan cansinas por banales y reiterativas. La segunda es el grupo de jueces y fiscales que se sienten intocables y usan sus juzgados y tribunales para hacer política de bandería. Políticos y jueces que conforman un contubernio unido en el objetivo de derribar a un gobierno social-comunista que está cambiando el país, hasta el punto de no reconocerse en el actual orden social que les achica los espacios para seguir ejerciendo el poder libérrimo de hacer lo que les venga en gana. Y la tercera, los pseudomedios financiados con dinero público de administraciones gobernadas por el PP, dedicados a difundir informaciones falsas y mendaces con el objetivo de embarrar, difundir la idea de caos e ingobernabilidad del Ejecutivo, y alentar a los cachorros nazis a tomar la calle.

Son los poderes fácticos de siempre a los que les importa una higa degradar las instituciones democráticas con la afirmación falsaria de que han sido ocupadas por el sanchísmo, o difundiendo mensajes—sin pruebas asentados en presunciones— sobre una presunta estrategia del Ejecutivo para boicotear a su favor los resultados de las próximas elecciones. Nada nuevo porque siguen el ideario que justificó la destrucción a sangre y fuego de la democracia republicana que hizo Franco: cuando ganemos reconstruiremos España y volverá a ser una, grande y libre. Lo peligroso es que aún hoy se lo creen por su incapacidad sempiterna para reconocer que a España la engrandece su diversidad y los derechos que dan libertad real a los españoles, y no la libertad de pandereta en la que se refocila Ayuso.