¡ALARMA
ENTRE FANÁTICOS Y FASCISTA POR LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL!
No sólo ha cundido la alarma entre el mundo
empresarial -que hasta cierto punto es lo lógico- por el anuncio de la
derogación de la reforma laboral del 2.012 que tantos beneficios les ha
proporcionado durante siete años y lo que va del presente aun a pesar del parón
por la pandemia (un 16% de aumento de sus fortunas desde el 18 de marzo de los
23 más ricos del país, según publica Infolibre), sino que las fuerzas políticas
de la extrema derecha (léase VOX) y de la otra extrema derecha (léase PP), que
en realidad son una misma calamidad para el mundo del trabajo y para la lucha
por el aminoramiento de las desigualdades sociales que no paran de agrandarse
en este país, han puesto el grito en el cielo: ¡Se nos jodió el invento! Cuando
la empresa -especialmente la gran empresa- sufre, ni que decir tiene, que
sufren ellos, pues no hay duda de que son arte y parte de ellas. Suponiendo que
tal sufrimiento llegue a algo, pues generalmente el mercantilismo mercachifle
siempre se las ingenia para sacar partido incluso -como está ocurriendo ahora-
en los peores escenarios. Recuerden el año 2.008 y esa mal llamada “Gran
Recesión”. De ella salieron un 25% más de ricachones -banqueros en su mayoría-
a costa de que el Estado (el pueblo llano) se hiciera cargo de su rescate de
muchos miles de millones de euros (que nunca van a devolver) que supusieron una
sustancial rebaja de los salarios hasta el punto de hacer que ¡once millones de
trabajadores! (ya parece ser que estamos llegando a los ¡13 millones!) pasaran
a ser pobres aun teniendo trabajo. Muchas gracias Sr. Rajoy.
En el suplemento de Negocios de un periódico nacional
se puede leer en su portada: “Mega sueldos con propósito de enmienda”. “Los
consejeros mejor pagados del Ibex, que ganaron 89 veces más que sus empleados
en 2.019, prometen ahora rebajas en sus salarios por la crisis”. Y ya en su
página dos, se puede observar un pequeño recuadro en el que figuran los sueldos
medios de la alta dirección en 2.019. Encabezada por el Banco de Santander,
como no podía ser de otra forma, con 3,37 millones de euros anuales, Telefónica
con 2,36 millones, Iberdrola con 2,16 millones, Celinex con 1,56 millones y,
por último, Inditex con 1,54 millones. Pero en otro apartado de esta misma
página aparecen los 50 mejores salarios de la bolsa y, la verdad, resulta
alucinante ver como, por ejemplo (sólo voy a citar los cuatro primeros), Luis
Suarez (como el futbolista, recuerdan) de Lezo cobró en Repsol 16,680 millones
de euros más 2,94 millones de pensión, o sea, exactamente 19,62 millones de
euros en el año 2.019; Henry J. McGovern en AmRest 15,49 millones; Borja Prado
en Endesa 14,79 millones en total; y Íñigo Meirás en Ferrovial 11,72 millones
de euros. Sin ánimo de agobiar: 4,94 millones de euros fue la retribución media
entre las nóminas más altas de la Bolsa el pasado año. Y la mayor brecha se dio
en AmRest: 1.275 veces entre el mejor pagado y el resto de trabajadores.
Además, sólo 40 directivos acumulan derechos de pensión por valor de 360
millones de euros, por supuesto, con la Sra. Ana Patricia Botín a la cabeza con
48,10 millones de euros. Es decir, entre la media del Ibex de los mejor pagados
(4.941.118 €) y de los trabajadores (55.184 €) sólo hay ¡4.885.934 €! de
diferencia; y entre la media de las demás empresas cotizadas (2.480.687 €) y
los trabajadores (46.683 €) la diferencia es de tan sólo ¡2.434.004 €! anuales.
¡Como para no tenerle miedo a una reforma laboral integra!
Pero es que, además, esa reforma laboral del 2012,
tiene aspectos tan lesivos como “la liberalización sustancial del despido”. Los
despidos colectivos a través de los EREs dejaban de estar sujetos a la
autorización administrativa previa y ya ni las CCAA ni el Gobierno podían
impedir los despidos masivos. Las compensaciones por despido objetivo
fueron reducidas sustancialmente. Se crearon contratos sin derecho a
indemnización por despido y se permitió el despido por faltar al trabajo cuando
el trabajador estaba enfermo. No obstante, lo verdaderamente importante es que
el Gobierno de la época introdujo un cambio trascendental al sistema de
negociación colectiva. Por una parte, eliminó lo que se conocía como
ultra-actividad de los convenios colectivos, de forma que los convenios ya no
se mantendrían vigentes hasta que fueran renovados y dejaban de estar en vigor
si no se renovaban. De esta forma solo era necesario que la patronal se negara
al acuerdo para eliminar los derechos de los trabajadores acumulados durante
décadas. Por otra parte, estableció que los convenios de empresa se anteponían
a los convenios nacionales, provinciales y de sector, de forma que ahora
jugando con la necesidad de los trabajadores en la pequeña y mediana empresa se
les podía obligar a firmar un convenio de empresa con condiciones peores a las
del sector, del general o de la provincia.
Jaleada por el liberal De Guindos, la
ministra Fatima Bañez, ahora recién fichada para el patronato de la Fundación
CEOE, asumió la reforma como propia del Gobierno, y la patronal hizo mutis por
el foro escondiéndose tras un acuerdo salarial que muy convenientemente habían
firmado con los sindicatos justo antes de la aprobación sorpresiva de la
reforma. Aunque a Rosell, como era habitual, se le fue algo la lengua y sacando
pecho dijo eso de "Nosotros sólo hemos explicado lo que había que hacer,
con el ejemplo de lo que hay en otros países". Por supuesto, la CEOE no
hizo aspavientos por una reforma laboral sin su acuerdo formal y se limitó a
pedir lo único que el Gobierno no había aceptado, la rebaja de las cotizaciones
a la Seguridad Social. Los sindicatos, reaccionaron con tranquilidad, nada de
lo que hace ahora la CEOE, y acudieron a la llamada de la ministra, que les
explicó lo inexplicable en el Ministerio. Finalmente hubo una huelga general y
la derogación de la reforma pasó a formar parte de la demanda sindical.
Esa reforma que ahora algunos denominan grandilocuentemente
"modelo laboral español" es una reforma unilateral, que solo ha
estado vigente 8 años y que consistió en limitar la negociación colectiva y del
papel de los sindicatos más allá de las grandes empresas y que fue impuesta por
un gobierno que la negoció sottovoce con la
CEOE. Esa reforma laboral rompió el acuerdo constitucional de otorgar a la
negociación colectiva un papel fundamental en la economía y acabó de un plumazo
con más de 40 años de un sistema que había superado crisis económicas y crisis
políticas y para el que, por mucho que lo han intentado, nadie ha podido
demostrar que disminuya el crecimiento económico y las posibilidades de empleo.
La realidad es que el Gobierno de Rajoy y
la CEOE aprovecharon la crisis económica, que se encontraba en pleno apogeo por
el "austericidio", para dar un paso decisivo en la reinstalación
unilateral del sistema liberal presindical, propio de comienzos del siglo XX.
Eliminando la virtualidad de los convenios colectivos intentaban destruir el
poder de negociación de los sindicatos y con ello el de los trabajadores,
siguiendo el método que aplicó Thatcher en Gran Bretaña en los años 80 del
siglo pasado.
La reforma fue puesta en práctica con el
apoyo decidido de la Comisión Europea, que una vez tras otra recomendaba eso
que los liberales denominan "flexibilización del mercado de trabajo",
a través de ese cuerpo etéreo llamado "reformas estructurales", con
el fin reducir los salarios, lo que eufemísticamente llaman "deflación salarial",
mediante el sometimiento de los trabajadores/as con la amenaza constante de
despido y la ausencia de defensa sindical.
Para no abusar de la información de Juan
Torres López (sin esa información no habría podido dar vida a este escrito),
voy a señalar algunos otros aspectos por los que los fanáticos y fascistas
están que arden: Existen dos claras razones para derogar la reforma laboral. La
primera razón es que la teoría económica que aprovecharon los creyentes
liberales para fundamentar la reforma es errónea. La academia y las principales
instituciones económicas, entre ellas algunas nada sospechosas como el FMI, el
Banco de Inglaterra o la Reserva Federal, aceptan ya que las crisis económicas
depresivas no se solucionan automáticamente mediante la reducción salarial,
sino todo lo contrario, que la reducción salarial hace que la crisis se haga
más profunda y duradera. Esa es la razón para que, salvo iluminados, todas las
instituciones y gobiernos defiendan ahora, durante la crisis por Covid-19, que
las rentas de los trabajadores y autónomos y su empleo se mantengan mediante
políticas de protección. Todo lo contrario, a promover la deflación salarial.
Ya han aprendido que la estabilidad económica requiere mantener el nivel de
empleo y unos salarios que permitan mantener el consumo.
La segunda razón, es una razón política
muy simple, hay que aplicar la ley del talión. Es la única forma de que la CEOE
y el PP aprendan que lo mismo que se hace se deshace. Si no hay acuerdo e
imponen reformas laborales que vayan contra la esencia del sistema de pacto,
esas reformas durarán exactamente lo que duren sus gobiernos. Traducido a la
inversa en forma de incentivo: si de verdad quieren cambiar el sistema de
negociación colectiva lo que hay que hacer es pactar los cambios con los
sindicatos, no intentar imponerlo. Esta razón política es la que justifica que
la derogación deba ser completa. La CEOE tiene el problema de que el beneficio
a corto plazo les nubla la vista y no les permite ver que la existencia de este
sistema negociado de relaciones laborales, incluyendo unos sindicatos fuertes,
ha hecho más por la supervivencia de la libertad de empresa y la economía de
mercado que todos sus gobiernos del siglo XX. Para que lo vean hay que
aclararles la visión.
Por último. En cuanto a las discrepancias
internas del Gobierno es una cuestión completamente menor. Todas las posturas
son conciliables. Es perfectamente posible tramitar dos leyes simultáneas, una
de derogación completa de la reforma, en forma de proposición de ley a la que
se sumen los grupos que lo deseen, como ya tramitó el Grupo Socialista en el
Congreso de los Diputados en 2016 y como recogen las resoluciones de su 39
Congreso Federal, y otra en forma de Proyecto de Ley del Gobierno, derogando
parcialmente la reforma en lo que no había acuerdo entre patronal y sindicatos.
Las dos podrían fusionarse en su tramitación y a otra cosa, que los retos para
la reconstrucción de la economía tras la pandemia son muy grandes. Y las
desigualdades (merecen otro escrito) van en aumento y hay que atajar ese
despropósito miserable lo antes posible, aunque ello suponga que las
“caceroladas” de fanáticos y fascistas, apoyados por grupos políticos como VOX
y PP, se multipliquen. Franco no va a volver…, por muchas banderas que ondeen.
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