30/09/2026 - RAZONES PARA UNA HUELGA GENERAL POR LA VIVIENDA

Decenas de miles de personas han salido a las calles en el Estado español después de que los antidisturbios desahuciaran violentamente en Madrid a una mujer de 87 años, llamada Mari Carmen Abascal. Llevaba 70 años viviendo en un piso de renta antigua y nunca había dejado de pagar su alquiler, contra lo que asegura la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El lanzamiento, ordenado por un juez a raíz de una denuncia de la empresa inmobiliaria Urbagestión, que exigía a la mujer una subida del alquiler imposible de asumir, ha sido la mecha que ha prendido la movilización social y la acampada de miles de personas en la puerta del Sol de Madrid y otras ciudades, 15 años después del 15M. 

El brutal desahucio, uno más entre los 4.000 que se han producido ya este año, ha puesto las cosas en su sitio: cientos de miles de jóvenes y trabajadores protestando en la calle, la derecha ridiculizando un drama social y el gobierno más progresista de la historia descubriendo que la vivienda es un problemón para la ciudadanía. 

La gente se ha levantado y ha dicho basta. No solo contra los gobiernos autonómicos de PP y Vox. También ha dicho que el Gobierno de Sánchez es responsable

Liderada por el Sindicato de Inquilinas, la protesta exige al Gobierno de coalición cinco medidas básicas contra la especulación: prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional; reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para limitar los alquileres de temporada y por habitaciones; congelar el precio de los alquileres vigentes para que no se puedan subir en los cambios de contrato; prorrogar los contratos que expiran entre este año y el siguiente (cerca de un millón), y renovación automática de los contratos si los caseros no necesitan el piso para vivir.  

Todas estas reivindicaciones son tan justas como necesarias y urgentes. La inexistente política de vivienda desarrollada por el Gobierno liderado por el PSOE ha provocado una situación insostenible, que aumenta la desigualdad y solo favorece a los grandes tenedores que especulan con los precios y cambian el rostro de los barrios, mientras millones de inquilinos dedican cada vez una parte mayor de sus rentas del trabajo a pagar alquileres desorbitados.   

Los datos no engañan: entre 2015 y 2025, la renta media personal creció un 50% y los salarios, alrededor del 30%, mientras que comprar una casa se encareció un 80% y alquilarla, un 87%. Pero el salario más frecuente pasó de 16.498 euros anuales a 16.520 en 2024 en diez años, según datos del INE. Desde hace años, sufrimos un atraco a mano armada consentido por todas las Administraciones. Según el último boletín del Ministerio de Vivienda, en España apenas hay 318.000 viviendas públicas, lo que supone un 1,3% del total de pisos disponibles. Según la OCDE, en Países Bajos el 34% del parque de vivienda se destina al alquiler social. Le siguen Austria (24%), Dinamarca (21%), Reino Unido (16%) y Francia (14%). Se llama abandono institucional.  

El momento es excepcional porque buena parte de la sociedad ha dicho que no podemos seguir así. Nos roban nuestro salario a cambio de un techo para enriquecer a unos cuantos. La vivienda se ha convertido en un negocio fabuloso para rentistas, fondos buitres y bancos, colectivos muy cercanos a la derecha y la extrema derecha, habituados a controlar la agenda y el relato mediático, e incluso a utilizar a gorilas neonazis para desalojar a inquilinos en apuros.  

Entre 2015 y 2025, la renta media creció un 50% y los salarios cerca del 30%, mientras que comprar una casa se encareció un 80% y alquilarla un 87%

El 26 de septiembre algo cambió. Cerca de medio millón de personas abarrotaron la capital del Estado y varios miles acamparon frente a la sede de la Comunidad madrileña, ese laboratorio del rentismo desaforado, gobernado por una presidenta amante de los áticos de lujo y de los negocios opacos público-privados. La gente se ha levantado con enorme dignidad y ha dicho basta. No solo contra los gobiernos autonómicos de PP y Vox. También ha dicho, alto y claro, que el Gobierno de Pedro Sánchez es responsable de esta situación. El PSOE y sus aliados han permitido en estos ocho años que el sistema de especulación y rentismo se haya reforzado impunemente, sin haber aprobado ninguna medida digna de ser llamada de izquierdas, aceptando sin más las reglas de un mercado totalmente amañado. Estas son las desastrosas consecuencias. 

El Gobierno ha reaccionado a toda prisa esta vez, y ha aprobado en el Consejo de Ministros del martes 29 no uno, sino dos decretos. El primero, pactado con la mayoría de investidura, recoge la protección frente a los desahucios hasta 2030; la regulación del alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Además, PSOE y Sumar han pactado la renovación automática de los alquileres, que irá en el segundo real decreto, destinado a decaer en el Parlamento en el pleno extraordinario que se celebrará este mismo viernes, 2 de octubre.  

Desde CTXT consideramos que las medidas adoptadas son tardías, ineficaces y del todo insuficientes. La sociedad exige un cambio estructural en el sistema de vivienda, no un parche oportunista y/o temporal que no mejorará en nada, a medio y largo plazo, la brutal injusticia social que genera un mercado incontrolado. Para caminar hacia ese horizonte, creemos que es urgente que los sindicatos de inquilinas y los de clase organicen una huelga general por la vivienda. Porque los derechos solo se conquistan o se recuperan en la calle, mediante la lucha organizada de la clase trabajadora y de los estudiantes. Y porque el momento histórico lo exige: se trata de acabar para siempre con la consideración de la vivienda como un negocio especulativo para unos cuantos millonarios, y de que las casas sean tratadas como un bien de primera necesidad indispensable para que todas las personas puedan tener una vida digna.

 

30/09/2026 - ALGO HAY QUE DECIR

Hoy me he encontrado con un WhatsApp de un cuñado (sí, claro, yo también tengo cuñados) en el que se refleja una foto trucada de Mari Carmen y su desahucio saludando al estilo militar acompañada de un bulo en el que se dice que tiene 250.000 € en dinero y acciones en BBVA, Santander y Telefónica, además de, en pie de foto, la siguiente frase: “Os la metió doblada… ahora votar la ley Maricarmen”.

Como es de suponer, no le he dado respuesta. Mi cuñado es una buena persona al que le han comido el coco a la vejez y, aunque nunca le ha gustado el fútbol, es más del Real Madrid que Bernabéu y más facha que Carrero Blanco a pesar de llevar 88 años imparables trabajando. Una pena en la familia, que se va a hacer… el tiempo cuece cosas indeseables a veces.

Pero, de ese WhatsApp sí que hay que decir algo, aunque sólo sea por lo que indigna el mismo a la gente que no estamos por el fascismo o neofascismo o nuevo nazismo, lo que sea, igual da.

Para empezar, a pesar de las trabas, Maricarmen va a volver a su casa y es posible que sea un poco más difícil volverla a echar, lo que supone una derrota clara de los que tienen esa falta de humanidad propia de ese asesino de mujeres y niñas (más de ¡40.000! en total sin contar las que estén debajo de los escombros de las bombas) de Israel, el tal Netanyahu, y de su mentor el pederasta nazi del imperialismo americano en decadencia, Donald Trump. Yanquilandia está en su última fase, la deuda pública de no sé cuántos trillones como allí llaman a los billones, se la va a merendar sin hamburguesa en medio. China le ha comido el terreno en lo económico y en lo industrial y ya no hay vuelta atrás, aunque ese declive no sea inminente y como la caída de cualquier Imperio tarde aún en llegar. Pero, sin duda, morirá matando, pues su arsenal de armas de todo tipo -aunque estén obsoletas- servirán para seguir promoviendo guerras, a pesar de la lección que le están dando los “curas” (perdón, los ayatolás) y la que ya le dieron en Vietnam y Afganistán. Creían que Irán iba a ser un paseo como en Venezuela y se iban a apoderar (a robar) de su petróleo sin inmutarse, pero la cosa no ha resultado y los BRICS y compañía están al acecho de lo que pueda, al final, suceder. Y, curiosamente, unos pocos de hutíes (Ansar Allah, partidarios de Dios o seguidores de Dios) les están dando por el c… con cuatro fusiles. ¡No va más!

Los dirigentes del PP y de VOX deben estar que trinan con la Puerta del Sol “invadida” (vocablo que a ellos les atrae mucho) por la gente humilde y sencilla al estilo de aquel 15-M que luego reportó seis millones de votos a Podemos. La gente, mayoritariamente jóvenes, pero también muchos mayores (mucha gente de la cultura, incluso del deporte y de las artes y la música) no está dispuesta a consentir que lo de la vivienda siga siendo la basura que ahora es en manos de esos fondos buitres y de cuatro estafadores del capitalismo opresor. Y no sólo está ocurriendo en la Puerta del Sol madrileña, en otras ciudades la marea está llegando para quedarse y los señoritos lo van a tener más que crudo en adelante. ¿Qué puede ser el renacer de la izquierda? Lo veremos, pero la cosa pinta mal para la derecha y la extrema derecha (que en realidad es lo mismo) y pudiera ser que Pedro Sánchez (ese al que ellos llaman HP) vuelva a ganar unas elecciones y los HP resulte que son ellos, los lobos hambrientos de poder a cualquier precio. El pueblo llano, que es mayoría, tiene la palabra. Sólo tiene qué no quedarse en casa a la hora de votar y volverá a aparecer el camino adecuado del progreso.

Bueno, me estoy pasando un poquito, así que una frase para terminar este “Algo hay que decir” y punto en boca: Esos farsantes seudoperiodistas (Ndongo -o como se llame el nota- y Vito Quiles) acosadores de mujeres y de políticos progresistas que no tienen media hostia (¡ay si caen en otros tiempos!) han sido apaleados en la Puerta del Sol y ha tenido que salir la policía –cubriéndose de gloria- en su ayuda para que la cosa no llegara a mayores. ¿Qué pensaban, que los que estaban allí eran nazis como ellos? Pues no, en absoluto, la gente que está en la Puerta del Sol es gente humilde y trabajadora que no quiere que la sigan explotando esos fondos buitres que ellos promueven por orden de la Ayuso, Feijóo y los “lobos” que los secundan. Se verá más veces, seguro, esta ha sido la primera que los farsantes han recibido el total repudio popular. ¡España, no quiere nazis ni fascistas de ningún tipo! En el próximo año, las urnas se lo harán saber con total contundencia.

 

   

30/09/2026 - SENADO DEMOCRÁTICO

 

 

Comentario: Juan Torres López tiene mucha razón, como siempre que escribe algo. Pero, me da que en este país puede más el sillón que lo que interesa a la ciudadanía, por lo que es obvio que lo que había que hacer es, aunque cueste mucho asumirlo, votar al partido de izquierdas para el Senado que más posibilidades tiene de ganar. Lo contrario es hacer el canelo, sencilla y claramente. Y los ladrones de pobres actuarán sin inmutarse sobre las pensiones, la sanidad, la educación y todos los servicios sociales, además de los salarios, los alquileres y las comisiones bancarias y todo lo que se les ponga por delante para llenarse la andorga a costa de los demás. Yanquilandia arruinada es un ejemplo que hay que combatir… en la calle si es necesario y en donde sea si se atropella el trabajo y el poco bienestar que tenemos.

 

En contra de lo que repite la caja de resonancia mediática de la derecha, el resultado de las próximas elecciones no está escrito

JUAN TORRES LÓPEZ

Las próximas elecciones generales serán cruciales en España, como lo están siendo en tantos otros países. La extrema derecha avanza sin descanso y las fuerzas progresistas suelen afrontarlas divididas. Es una tragedia, porque la amenaza a las libertades y a la democracia no es una hipótesis teórica, sino algo que estamos comprobando que sucede en los países donde esas fuerzas llegan al gobierno y disponen de mayorías parlamentarias. En España vivimos un momento especialmente delicado. Sin gobernar siquiera, la derecha y la extrema derecha utilizan aparatos del Estado e instituciones -desde la policía a la administración de justicia, pasando por el Senado- para combatir por cualquier medio a un gobierno que, desde el primer momento y con independencia de lo que pudiera haber hecho, ya consideraron ilegítimo. Sólo buscan acorralar y acabar, a veces de forma abiertamente inmoral, con quienes no consideran que seamos "españoles de bien", como se definen con exclusividad a sí mismos. Lo hacen cada vez con más intensidad y con un nerviosismo revelador. Porque, en contra de lo que repite la caja de resonancia mediática de la derecha, el resultado de las próximas elecciones no está escrito. Es cierto que la mayoría de las encuestas señalan su ventaja en intención de voto, pero también en julio de 2023 daban por hecha una mayoría de PP y Vox y las urnas no la confirmaron. Falta, además, mucho tiempo y el voto progresista puede movilizarse y dar muchas sorpresas. La derecha lo sabe y la experiencia pasada la saca de quicio. Por eso va a ir a por todo antes de que las elecciones se celebren y ese es, precisamente, el origen de las prisas, del atropello y de los ataques desaforados contra el gobierno de Pedro Sánchez, al que se quiere derribar como sea. Por eso resulta descorazonador comprobar que las fuerzas de izquierda no terminen de ponerse de acuerdo, ni siquiera en cuestiones que son de mínimos: defender una democracia, unas libertades y un bienestar hoy claramente amenazados. A la dificultad que supone la desunión se añade otra, no menos decisiva: las leyes electorales no ayudan a que las mayorías sociales se traduzcan en mayorías institucionales. Y el caso más flagrante de ello es el del Senado. Como es sabido, en cada provincia peninsular se eligen cuatro senadores, pero cada votante solo puede marcar tres nombres. Se trata, pues, de un sistema mayoritario en el que el partido más votado se lleva el 75 % de la representación provincial. Se castiga, por tanto, al bloque que se presenta fragmentado y, como el voto progresista se reparte entre varias siglas (PSOE, Sumar, Podemos, izquierdas territoriales...), rara vez resulta más votada una sola de ellas, incluso allí donde el conjunto de la izquierda es mayoritario. La distorsión salta a la vista, como ha mostrado el economista y demógrafo Juan Antonio Fernández Cordón en un análisis reciente. En las últimas elecciones del 23 de julio de 2023, los bloques de izquierda y de derecha empataron prácticamente en votos -en torno al 50 % cada uno- y, pese a ello, la derecha se llevó 127 senadores electos frente a los 81 de la izquierda. Un cuasi empate en las urnas se convirtió en una diferencia de más de cuarenta escaños. En no pocas provincias la izquierda fue incluso mayoritaria en votos y, aun así, no logró la mayoría de sus senadores. Por todas estas razones, un amplio grupo de personas de distintas sensibilidades progresistas estamos impulsando una iniciativa para presionar -y no me duele emplear esta palabra- a los partidos de izquierda para que acuerden candidaturas unitarias al Senado en el mayor número posible de provincias. No hace falta reformar la Constitución, ni la ley electoral, ni ninguna mayoría parlamentaria previa. Basta voluntad política para decidir que, allí donde el bloque progresista es mayoritario, concurra una sola candidatura de tres nombres capaz de ser la más votada y de llevarse tres de cada cuatro senadores. Y no se trata de un brindis al sol. El propio Fernández Cordón ha estimado, circunscripción a circunscripción, lo que esa unidad podría dar de sí: en un escenario favorable, unas candidaturas unitarias bien planteadas alcanzarían 134 senadores de elección directa, es decir, la mayoría absoluta del Senado. Incluso en el escenario más prudente la izquierda mejoraría con claridad su posición actual. Lo que hoy es una mayoría absoluta de la derecha utilizada para combatir por cualquier medio al gobierno y tratar de bloquear su acción política, podría convertirse, sin cambiar una sola coma de la ley, en una mayoría de progreso. No es una ocurrencia ni un experimento de laboratorio, sino un camino ya recorrido con éxito en otras ocasiones y territorios y la lección de todas ellas es inequívoca cuando ya no vivimos tiempos de mayorías absolutas de un solo partido: cuando la izquierda se ha presentado unida al Senado, ha ganado; cuando ha ido dividida, se lo ha regalado a la derecha.   Las dificultades para que se haga posible una iniciativa de este tipo no son pocas. En el bloque de progreso conviven fuerzas nacionalistas e independentistas que difícilmente cabrían en una misma papeleta en todo el territorio, y el sectarismo y la falta de lucidez también existen en las filas progresistas. Los partidos deben superarlas quizá intentando no una lista única de ámbito nacional, sino acuerdos pragmáticos por comunidades, o incluso provincia a provincia, allí donde una candidatura conjunta sea viable y sume. No se pide a nadie que renuncie a lo que tiene. Pedimos inteligencia y generosidad, sencillamente, para no regalar a la derecha lo que puede estar en manos del progreso. Es una iniciativa, además, valiosa en sí misma. No importa gane quien gane el Congreso. Si hay mayoría progresista, un Senado que no sea monopolio de la derecha evita que la Cámara se convierta en una barricada que ha acumulado en dos años y pico más choques institucionales entre las Cámaras y el Gobierno que en las catorce legislaturas anteriores juntas, y con el solo propósito de frenar lo que no logra evitar en las urnas. Si ganase la derecha y la extrema derecha (ya prácticamente una misma cosa) el riesgo que conlleva no sacar adelante la iniciativa es muy grande. Con los tres quintos de la Cámara, la derecha podría designar por sí sola a los magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de renovación y, más adelante, a una parte del Consejo General del Poder Judicial, terminando de moldear a placer los órganos que deben arbitrar nuestra democracia. Incluso en el peor escenario del Congreso, la iniciativa que impulsamos serviría, al menos, para que la mayoría social plural esté representada y para negar a la derecha esa supermayoría amplificada y ficticia. Animamos, por eso, a cuantas personas deseen que la mayoría ciudadana progresista se vea representada en el Senado, que quieran acabar con el sectarismo con que se está utilizando la mayoría del PP y que aspiren a una España donde el diálogo, la pluralidad y el respeto presidan la vida política, a que impulsen esta iniciativa. El manifiesto que la explica con detalle puede leerse en senadoresporlademocracia.es. Pero no debería quedarse en un papel que circule más o menos ampliamente, sino en un banderín de enganche para realizar actos, manifestaciones y convocatorias que, de la forma más amplia y democrática posible, reclamen a los partidos progresistas coherencia y unidad para acudir juntos a las elecciones al Senado. No podemos resignarnos ante un sistema injusto. Hay que reaccionar y usar con inteligencia las reglas que tenemos para que la voluntad mayoritaria del país deje de estar secuestrada por una cámara diseñada para amplificar al más fuerte. Conseguir un Senado democrático en las próximas elecciones es, ahora, una manera muy concreta de defender la democracia. Y los partidos a quienes nos dirigimos deberían tener presente algo fundamental: no poner en práctica esta iniciativa de unidad no va sólo en su propio perjuicio, sino que supone desarmar aún más a millones de personas que están sufriendo por el desmantelamiento de los servicios públicos, los desahucios, la subida de precios de bienes básicos y por un clima de polarización y enfrentamiento que destroza la convivencia y nos paraliza.

 

29/09/2026 - NO HAY QUE INDIGNARSE, HAY QUE INDIGNAR

Ante la crisis de la vivienda hay que poner sobre la mesa propuestas que la derecha califique de intolerables. Limitar el precio de los alquileres. Expropiar a grandes tenedores. Prohibir que los fondos buitre operen en España

GERARDO TECÉ

Hace una semana, la izquierda ganaba en Berlín. Mientras Alemania se escora a la ultraderecha, su capital, allá donde mayor es el problema de la vivienda, elige a la izquierda. No a una izquierda cualquiera. A la que había logrado indignar a importantes sectores con sus propuestas. Si el Estado puede expropiar terrenos para construir carreteras por el bien común, también es bien común expropiar vivienda a fondos buitre porque hay una emergencia social, defendía durante la campaña la candidata de Die Linke, Elif Eralp, y hoy lo defiende media Alemania.

La vivienda, ese asuntillo secundario para gobernantes y vital para los gobernados, ha vuelto a llenar de tiendas de campaña la Puerta del Sol de Madrid. Que se vayan a sus casas, bramaban durante aquel 15M algunos cabreados con la movilización. ¿Qué pasa, qué pasa? Que no tenemos casa, responden hoy los acampados, lo cual los hace más peligrosos que entonces. Tras remolonear durante unas cuantas décadas –procrastinar lo llaman los cursis–, el PSOE no tiene más remedio ya que responder a la pregunta del millón: ¿es la vivienda un producto de mercado o un derecho básico de la gente? Ya no vale con decir que ambas respuestas son correctas, ni pedir el comodín de la llamada, ni que los caseros sean buenas personas. Ni siquiera vale con tomar medidas drásticas, como regalarle unas zapatillas Kelly Finders a los afectados. Toca responder si sirves para solucionar el principal problema de la gente o eres parte del problema, y toca hacerlo ya. Pedro Sánchez parece saberlo. “Estamos trabajando a toda velocidad para que este martes se apruebe el decreto de vivienda”, ha anunciado el presidente del Gobierno, con prisas tras tomar posesión de su cargo el pasado miércoles o jueves, imaginamos. Bienvenido a La Moncloa, Pedro.

No se trata de gobernar para Maricarmen como repiten por redes los propagandistas del gobierno. No va de expropiar un piso concreto porque la crueldad televisada del sistema nos conmovió un día. No va de salir del paso con pactos de mínimos para ganar tiempo, ni se trata de que se haga este martes a toda prisa lo que no se ha hecho en décadas. Va de ser capaz de indignar. Se trata de tener valentía, que no consiste en gritar que la derecha hace barbaridades, sino en poner sobre la mesa propuestas que la derecha califique de intolerables. Es decir, propuestas razonables y beneficiosas para la mayoría. Limitar el precio de los alquileres. Expropiar a los grandes tenedores. Prohibir que los fondos buitre operen en España. Entrar a degüello contra los alquileres turísticos que expulsan a los vecinos de sus barrios. Atajar la mayor de las inseguridades: la de poder quedarte en la calle. Tomarse en serio el problema de la vivienda de una puñetera vez.

Mucho de lo que se plantea no se puede llevar a cabo legalmente, dirán desde el PSOE. Nos sabemos la política española de memoria. Tampoco se puede, según la ley, perseguir al más pobre y desgraciado, financiar con dinero público fábricas de bulos para generar falsos debates públicos o utilizar la justicia como escopeta contra la izquierda y aquí estamos. Aprendamos de la creatividad de la derecha y usémosla de vez en cuando para el lado correcto. Bajo el gobierno más progresista de la blablá ha sucedido en España algo extraordinario: quien menos gana, más tiene que pagar por vivir bajo un techo. Es una regla de tres iniestra. Quien cobra menos no puede ahorrar, sin ahorros no hay opción a hipoteca y toca seguir en la rueda de alquileres disparados porque fondos buitres y guiris de paso han acaparado los pisos en los que antes vivían familias. No puede ser. De ningún modo. No toca indignarse. Toca indignar o aceptar la inutilidad.

 

27/09/2026 - VIVIENDA PARA VIVIR, NO PARA ESPECULAR: LA LUCHA DE CLASES CONTRA LOS FONDOS BUITRE

André Abeledo Fernández

Mientras los grandes medios se empeñan en alimentar una psicosis colectiva sobre la «okupación» —curiosamente patrocinada por empresas de alarmas y fondos de inversión—, la realidad golpea con dureza las puertas de la clase trabajadora: el acceso a un techo digno se ha convertido en un lujo inalcanzable.

Hay que decirlo claro y sin complejos: la vivienda debe ser un derecho, no un vulgar negocio. El sistema actual no busca alojar personas, sino rentabilizar ladrillos, y hemos permitido que los fondos buitre y los especuladores profesionales decidan quién tiene derecho a un hogar y quién debe vivir con la angustia de un desahucio o de un alquiler asfixiante.

La trampa del miedo y la Constitución olvidada

Es indignante ver cómo se retuerce la realidad: se criminaliza al vulnerable para proteger al acaparador. La verdadera inseguridad ciudadana no es el miedo a que alguien entre en tu casa mientras vas a comprar el pan —un relato ficticio inflado por tertulianos a sueldo—; la verdadera inseguridad es no saber si podrás pagar el alquiler el mes que viene o si tus hijos podrán independizarse algún día en su propia ciudad.

Los mismos que se llenan la boca hablando de la «unidad de España» y del respeto a la ley olvidan sistemáticamente el artículo 47 de la Constitución: un mandato, no una sugerencia poética, que obliga a los poderes públicos a impedir la especulación.

Lo que vemos, sin embargo, es una alfombra roja para los fondos de inversión, mientras el parque público de vivienda sigue siendo una broma de mal gusto frente al de nuestros vecinos europeos.

Lucha de clases en el mercado inmobiliario

No estamos ante un problema técnico de oferta y demanda: estamos ante una lucha de clases. El mercado inmobiliario es hoy uno de los principales mecanismos de transferencia de rentas desde el bolsillo del trabajador hacia el capital financiero.

Cuando un joven dedica más de la mitad de su salario a pagar un alquiler, no está «dinamizando la economía»: está siendo saqueado.

La izquierda progre debe dejar de mirar hacia otro lado con medidas cosméticas que no tocan el nervio del problema. No bastan los parches; hace falta un control real de los precios del alquiler, la expropiación del uso de las viviendas en manos de grandes tenedores y bancos rescatados con dinero público, y la prohibición por ley de los desahucios sin alternativa habitacional.

El botín de 2008: cómo se regaló la vivienda social

El desembarco masivo de los fondos buitre se cimentó tras la crisis de 2008. El Estado utilizó el dinero de toda la ciudadanía para rescatar a la banca privada y crear el banco malo, la Sareb.

En lugar de utilizar ese gigantesco parque de viviendas recuperadas para levantar una red de alquiler social, los gobiernos prefirieron vender paquetes enteros de miles de viviendas y bloques de protección oficial a fondos internacionales a precios de saldo.

El patrimonio que debió proteger a la clase obrera fue entregado como botín de guerra a los fondos de inversión neoyorquinos: Blackstone, Cerberus y compañía, operando con total impunidad gracias a la alfombra roja de los sucesivos gobiernos del régimen.

El desahucio invisible

La operativa de estos fondos en nuestros barrios sigue un patrón de violencia económica sistemática: compran edificios enteros habitados por familias trabajadoras, esperan a que venzan los contratos e imponen subidas abusivas del 50 %, el 70 % o el 100 %.

El objetivo es el llamado «desahucio invisible»: expulsar a los vecinos de toda la vida para reformar los pisos, encarecer el barrio mediante la gentrificación o destinarlos al lucrativo negocio del alquiler turístico.

Quienes se resisten sufren acoso inmobiliario o el desahucio exprés, ejecutado por las fuerzas del Estado al servicio de intereses privados.

SOCIMI: el privilegio fiscal de los amos del ladrillo

Este expolio cuenta con un blindaje legal y fiscal insultante. Los fondos buitre operan sobre todo a través de las SOCIMI, sociedades creadas a medida que disfrutan de un tipo del 0 % en el Impuesto sobre Sociedades.

Mientras una familia obrera paga impuestos por cada producto de la cesta de la compra, los mayores terratenientes del país apenas tributan por los millones que ganan exprimiendo el salario de sus inquilinos.

Las tímidas regulaciones de precios vigentes son meros parches que estos fondos esquivan con triquiñuelas legales, como los falsos alquileres de temporada.

Lo que ya funciona en Europa

No se trata de ningún experimento radical: se trata de copiar lo que ya funciona en los países que siempre ponemos como ejemplo de éxito.

Países Bajos o Suecia no son sospechosos de comunismo, y allí el Estado no deja que el mercado inmobiliario se rija por la ley de la selva. Alemania y Austria llevan décadas regulando el alquiler y les va bastante mejor que a nosotros.

Si crees que regular el alquiler es cosa de países pobres, la realidad te desmiente: la ley del más fuerte es la que resulta tercermundista.

Nuestras propuestas

No basta con construir más ni con avalar con dinero público las hipotecas de la banca. La única salida justa es una ofensiva legislativa contra los especuladores:

- Expropiación sin indemnización de las viviendas en manos de fondos buitre y grandes tenedores.

- Prohibición absoluta de los desahucios sin una alternativa habitacional real.

- Creación de un parque público de alquiler que cubra las necesidades reales de la población.

- Control efectivo de los precios del alquiler que reduzca las rentas de forma drástica.

La vivienda es el centro sobre el que se construyen una vida digna, la salud mental y la estabilidad de cualquier familia.

Si no somos capaces de garantizar un techo a nuestra gente, nuestra democracia no es más que una cáscara vacía al servicio del mercado.

Es hora de elegir: o el derecho a la vida o el derecho al beneficio de los especuladores.

La vivienda debe ser para vivir, no para especular.

¡Até á vitoria sempre!

 

26/09/2026 - IRPH: UNA SENTENCIA FIRME ABRE UNA BRECHA MILLONARIA EN LAS GRANDES ENTIDADES

El fallo sienta un precedente letal contra Banco Santander al declarar la nulidad de la cláusula hipotecaria por falta de transparencia material, forzando la sustitución del índice por el Euríbor y obligando a devolver 20.000 euros cobrados de más

José Antonio Gómez

Durante la burbuja inmobiliaria previa a la crisis de 2008, vender el IRPH no fue un descuido burocrático. Qué va. Fue una jugada maestra, fríamente calculada.

Durante años, miles de familias firmaron hipotecas interminables bajo la promesa de que era una opción estable y segura frente a las locuras del Euríbor. Mentira piadosa... o más bien, una trampa contable que condenó a la gente a pagar cuotas infladas mes tras mes. Pues bien, ese edificio de certidumbres prefabricadas acaba de saltar por los aires en Navarra. Un juzgado de Tudela ha dictado una sentencia que se ha convertido, de la noche a la mañana, en la peor pesadilla del Banco Santander y del resto de entidades que comercializaron el IRPH.

La resolución es demoledora. Anula por abusivo el contrato que firmó una familia en 2004. Pero el verdadero terremoto para el banco no es solo el rapapolvo verbal, sino la cuenta a pagar: la justicia no solo exige borrar el IRPH de la escritura, sino rehacer toda la vida del préstamo desde el primer día usando el Euríbor.

¿Resultado? Una operación de cirugía jurídica que obliga al Santander a devolver de golpe todo lo cobrado de más, con sus correspondientes intereses. Más de 20.000 euros directos al bolsillo del cliente, más las costas del juicio. Una pasta.

El núcleo de este varapalo judicial apunta directo a la línea de flotación de las defensas bancarias. Es lo que en la jerga llaman el "control de transparencia material". Durante años, los abogados de la banca tiraron balones fuera alegando que el índice era oficial, público y que salía bien clarito en el folleto.

¡Pero ojo! Que una frase esté bien escrita en español no significa que el cliente entienda el rejonazo que le van a dar. El juzgado lo deja claro: el banco faltó a la verdad por omisión. Ocultó deliberadamente información crucial para que el comprador no supiera en qué lío se estaba metiendo.

La sentencia destripa la jugada con precisión de cirujano. En la escritura, el banco se limitó a poner una definición incompleta del índice, escondiendo que el IRPH se calcula, en la práctica, como una TAE. Es decir, que ya llevaba empaquetadas comisiones y otros costes del mercado. Al callarse eso, le quitaron al cliente la posibilidad de comparar precios reales con otras hipotecas. No fue un despiste, qué va: fue la trampa perfecta para anular la capacidad de elección del comprador.

Y hay más. La sentencia guarda un dardo todavía más envenenado. Allá por 1994, el propio Banco de España ya avisó en una circular que, al ser el IRPH un índice tan alto, los bancos debían aplicar un "diferencial negativo" para compensar y no arruinar al cliente.

¿Y qué hizo el Santander? Justo lo contrario. Le metió un diferencial positivo encima de un índice que ya venía por las nubes.

Para rematar el argumento, el juzgado se apoya en la doctrina reciente del Tribunal Supremo. Ya no vale con decir que el índice sale en el Boletín Oficial del Estado y lavarse las manos. El banco tiene que dar explicaciones claras en el contrato. Mandar al ciudadano a empollarse circulares antiguas del BOE para entender su propia hipoteca es pedirle una labor de investigación criminal. Y eso, sencillamente, no es de recibo para un consumidor medio.

Constatado el engaño desde la oferta inicial, el juez ha tirado por la calle de en medio: cambia el índice anulado por el Euríbor para no destrozar la vida del cliente y manda a la banca a pagar la fiesta.

Este fallo desmonta de un plumazo la muralla defensiva que el sector financiero tardó una década en construir. Para los miles de afectados que aún miran con pavor el recibo del banco cada mes, lo de Tudela no es una simple sentencia más. Es una brecha abierta en el muro, una señal clara de que la batalla contra los excesos de la banca no solo es posible, sino que empieza a ganarse en los tribunales.

 

25/09/2026 - MARI CARMEN, 7.291 MAYORES MUERTOS Y OTRAS "COSAS" DEL PP

ANA PARDO DE VERA

Alberto Núñez Feijóo ha prometido que, si gobierna a partir de 2027, Vox mediante, construirá un millón de viviendas, a razón de 250.000 viviendas por año de legislatura. Según el Banco de España, en 2025 se terminaron de construir 92.000 nuevas viviendas y se crearon 225.000 hogares. En líneas generales, la diferencia entre ambos números (133.000 más hogares que viviendas en un año) podría ser una foto fija muy ilustrativa del problema cuantitativo de escasez de vivienda que tenemos, de la misma forma que el compromiso del PP para las generales de 2027 se nos muestra como el bálsamo de Fierabrás para la crisis citada. Ojalá las cosas fueran tan sencillas.

El PP se compromete a construir muchas viviendas, un millón de viviendas en cuatro años, mediante la agilización de trámites para los operadores privados de la construcción ("un plan de choque contra el infierno burocrático", dicen) e incentivos fiscales para los compradores, entre otros beneficios. Sobre el incremento de plantilla que se requeriría para agilizar todos esos trámites, la escasez de mano de obra para los equipamientos de las casas, de la que alerta asimismo el BE, o para inspectores que decidan cuál de esa burocracia es innecesaria, no dice nada. Si el PP gobierna con Vox, además, debemos tener en cuenta -y supongo que Feijóo está al tanto- que en la ecuación de viviendas a gogó, entra la prioridad nacional, que el partido de Santiago Abascal tiene perfectamente explicitada en el caso de la compra de un inmueble, que es lo que Vox prioriza: "Una España de propietarios".

Todos los compromisos de PP y Vox -incluida la xenofobia de la ultraderecha- giran en torno a las rebajas fiscales de los compradores -lo cual, por otro lado, redundaría en una subida del precio de la vivienda, advierten los expertos- y a la agilización en los trámites para el negocio de la construcción. Sobre el derecho constitucional a la vivienda que tenemos todos/as, los desahucios como el de Maricarmen, el aluvión turístico para el que se priorizan las viviendas por encima del residente, la construcción de vivienda pública y solo pública para siempre (Ana Botella, siempre en nuestra memoria) o el tope de alquileres en zonas tensionadas, ni una palabra. De expropiaciones o intervención general del mercado inmobiliario, ni hablamos, que no queremos exorcismos en Público. La (ultra)derecha tiene muy claro a quién tiene que proteger con sus medidas y después, si los precios bajan por arte de magia, pues mira qué bien. La necesidad de construcción de vivienda en España es inapelable, pero ni garantiza la caída de los precios ni el derecho universal a la vivienda ni, en definitiva, evita que el problema se siga agravando, porque no hemos tocado fondo.

Donde estamos es en un punto donde la insensibilidad por el sector de la población más vulnerable puntúa al alza entre los partidos de (ultra)derecha y sus votantes, lo vemos a diario, y no solo con la vivienda. Lejos de "hacernos mejores", además, la pandemia ha alargado el "sálvese quien pueda... acumulando cuanto más pueda". Ya no son solo los especuladores sin alma, como los que desahuciaron a Maricarmen; también son tantos y tantas desgraciadas (un decir) que a duras penas se toman la caña en la terraza madrileña que les garantiza la libertad, pero que quieren ser como Ricardo y Fernando Alonso de Urbagestión. O tener un ático como Ayuso aunque sea con los métodos que ésta pretendía ejecutar, con su dinero mismo. O tener la fortuna de su novio Alberto Quirón, tribunales y estafa mediante...

No podría haber elegido mejor su respuesta Alberto Núñez Feijóo cuando una reportera de La Sexta le preguntó por el cruel desahucio de Maricarmen de su casa de toda la vida en Madrid. "Vengo a otra cosa", dijo el líder del PP. Efectivamente, para Feijóo y para Ayuso, a tenor de sus declaraciones y hechos, Maricarmen es una "cosa" más de las que suceden a diario en Madrid, en España o en Gaza, por ejemplo. Son "cosas" que pasan y, por más cerca que te toquen, no te generan ningún tipo de empatía, precisamente, porque son un fracaso de las instituciones que tú gobiernas en Madrid y el gallego quiere gobernar en España, son cosas del poder, cuestiones colaterales que no merecen ni un segundo de su compasión. La presidenta madrileña incluyó a Maricarmen entre los 25.000 desahucios que se ejecutan al año en España (más "cosas", suicidios incluidos), sin citarla siquiera y sin que se le cayera la cara de vergüenza, al revés, porque la víctima es ella: primero yo, después yo y siempre yo. ¿Pero qué vergüenza ni qué decencia va a mostrar esta "mujer" si dejó morir encerrados a 7.291 mayores en residencias madrileñas por no tener un seguro privado? 

 

25/09/2026 - EUROPA VUELVE A PONER LÍMITE A LOS PLAZOS QUE IMPIDEN RECUPERAR EL DINERO DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS

El TJUE rechaza que una regla nacional de tres años permita conservar cobros derivados de una condición contractual declarada abusiva y refuerza una doctrina que también condiciona en España la prescripción de las reclamaciones de los consumidores

Eva Maldonado

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a intervenir en uno de los asuntos que durante los últimos años más litigios ha generado entre consumidores y empresas. El paso del tiempo no puede convertirse en un mecanismo que permita conservar los efectos económicos de una cláusula abusiva si la aplicación de las reglas nacionales termina vaciando de contenido la protección que garantiza el Derecho europeo.

La sentencia, dictada este jueves por la Sala Tercera del TJUE en el asunto C-900/24, procede de Alemania y tiene su origen en un contrato de calefacción urbana, pero su importancia desborda aquel litigio porque interpreta nuevamente la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, cuya aplicación vincula a los tribunales de todos los Estados miembros.

El caso comenzó con un contrato firmado en noviembre de 2012 entre la sociedad civil Glarner Straße 5 GbR y la empresa energética SVB. El acuerdo contenía una cláusula de revisión del precio que permitió modificar anualmente las tarifas entre 2015 y 2020.

Glarner impugnó las subidas en julio de 2019 y reclamó la devolución de las cantidades que consideraba indebidamente abonadas. Los tribunales alemanes concluyeron que la cláusula utilizada para efectuar las revisiones era abusiva, pero apareció entonces el problema que finalmente llegó a Luxemburgo. La jurisprudencia alemana permitía mantener las subidas de precio que el cliente no hubiera impugnado dentro de los tres años siguientes a su aplicación.

El resultado era peculiar. La cláusula podía ser declarada abusiva y, por tanto, quedar expulsada del contrato, pero una parte de las cantidades cobradas gracias a ella podía permanecer definitivamente en poder de la empresa por el simple transcurso del plazo. El TJUE ha considerado que ese resultado es incompatible con el Derecho de la Unión.

Una cláusula abusiva no puede seguir produciendo efectos por el paso del tiempo

La clave de la sentencia no está tanto en la duración concreta de esos tres años como en las consecuencias que la regla alemana producía sobre los derechos del consumidor.

El Derecho europeo exige que una cláusula declarada abusiva no vincule al consumidor. De ahí deriva, como regla general, la obligación de restablecer la situación jurídica y económica en la que se encontraría si esa condición nunca hubiera existido.

Permitir que determinados incrementos de precio permaneciesen intactos porque no fueron impugnados durante los tres años posteriores supondría, según el Tribunal, mantener parcialmente los efectos de una cláusula que ya ha sido considerada abusiva.

La sentencia refuerza así una doctrina que Luxemburgo viene construyendo desde hace años. Los Estados pueden establecer reglas procesales y plazos de prescripción para ordenar las reclamaciones, pero esas normas nacionales deben respetar los principios europeos de equivalencia y efectividad y no pueden hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor.

La diferencia es importante porque el fallo no convierte en imprescriptibles todas las reclamaciones económicas relacionadas con cláusulas abusivas. El propio TJUE ha admitido anteriormente plazos de prescripción de tres, cinco o diez años cuando su configuración permite al consumidor conocer sus derechos y disponer de un periodo efectivo para ejercitarlos. Lo que el Derecho europeo impide es utilizar la prescripción de manera que el afectado pierda en la práctica la posibilidad de recuperar el dinero pagado como consecuencia de una cláusula abusiva.

La sentencia resuelve además otra cuestión relevante. En mayo de 2019, SVB modificó unilateralmente la fórmula de revisión de precios apoyándose en la normativa alemana sobre suministro de calefacción urbana. Luxemburgo rechaza también que esa posibilidad pueda utilizarse, en las circunstancias examinadas, para reemplazar unilateralmente una cláusula abusiva por otra diseñada por el propio profesional.

La regla general vuelve a ser clara. Una vez declarada abusiva una cláusula, corresponde al juez dejarla sin aplicación, no corregirla para salvar sus efectos ni permitir que la empresa sustituya por su cuenta aquello que el tribunal ha expulsado del contrato.

Solo excepcionalmente puede recurrirse a una disposición supletoria del Derecho nacional cuando la eliminación de la cláusula provoque la nulidad de todo el contrato y esa consecuencia resulte especialmente perjudicial para el consumidor.

España ya ha tenido que adaptar sus plazos a la doctrina europea

El interés de la sentencia para España resulta especialmente evidente porque la prescripción de las reclamaciones derivadas de cláusulas abusivas ha provocado durante años una intensa batalla judicial, particularmente alrededor de los gastos hipotecarios.

La jurisprudencia europea distingue entre dos cuestiones que a menudo se confunden. Una cosa es solicitar que se declare la nulidad de una cláusula abusiva y otra reclamar la restitución del dinero que se pagó como consecuencia de ella.

Sobre esta segunda acción pueden existir plazos de prescripción. El problema consiste en determinar desde qué momento empiezan a correr.

El TJUE respondió directamente a esa cuestión en abril de 2024 en dos asuntos procedentes de España. Luxemburgo rechazó que pudiera considerarse automáticamente como inicio del plazo el momento en que el consumidor realizó el pago y descartó también que bastase con la existencia de sentencias anteriores del Tribunal Supremo o del propio TJUE sobre cláusulas similares para presumir que cualquier ciudadano conocía desde entonces el carácter abusivo de la condición incluida en su contrato.

El Tribunal Supremo adaptó posteriormente su jurisprudencia. En su sentencia de Pleno 857/2024 estableció que, salvo que la entidad pueda demostrar que ese consumidor concreto conocía anteriormente el carácter abusivo de la estipulación, el plazo para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios comienza con la firmeza de la sentencia que declara nula la cláusula que obligaba a pagarlos.

La Sala Primera ha continuado aplicando ese criterio en resoluciones posteriores. Todavía en 2025 reiteró que no puede considerarse prescrita la restitución simplemente porque hayan transcurrido años desde el pago si la entidad no acredita que el consumidor conocía o podía razonablemente conocer antes la abusividad de la cláusula.

Esta nueva sentencia no modifica automáticamente los plazos establecidos por el Derecho español ni significa que cualquier cantidad pagada décadas atrás pueda reclamarse sin más. Sí consolida, sin embargo, una idea que resulta determinante para los tribunales nacionales. La seguridad jurídica que proporciona la prescripción debe convivir con la protección efectiva del consumidor y no puede utilizarse para perpetuar las consecuencias económicas de una cláusula abusiva.

La cuestión tiene importancia más allá de los gastos hipotecarios porque la Directiva 93/13 alcanza las condiciones no negociadas individualmente incorporadas a contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Cada reclamación dependerá del contrato, de la cláusula discutida, de la legislación aplicable y de las circunstancias que permitan determinar cuándo el afectado estuvo realmente en condiciones de ejercer sus derechos.

Por eso el titular aparentemente sencillo de que se podrá reclamar, aunque hayan pasado tres años necesita una precisión. El TJUE no ha borrado los plazos de prescripción, sino que vuelve a impedir que esos plazos neutralicen la protección europea frente a las cláusulas abusivas.