Alberto Núñez Feijóo ha prometido que, si gobierna a
partir de 2027, Vox mediante, construirá un millón de viviendas,
a razón de 250.000 viviendas por año de legislatura. Según
el Banco de España, en 2025 se terminaron de construir 92.000 nuevas viviendas
y se crearon 225.000 hogares. En líneas generales, la diferencia
entre ambos números (133.000 más hogares que viviendas en un año) podría ser
una foto fija muy ilustrativa del problema cuantitativo de escasez de vivienda
que tenemos, de la misma forma que el compromiso del PP para las generales de
2027 se nos muestra como el bálsamo de Fierabrás
para la crisis citada. Ojalá las cosas fueran tan sencillas.
El PP se compromete a construir muchas viviendas, un millón de viviendas en
cuatro años, mediante la agilización de trámites para
los operadores privados de la construcción ("un plan de choque
contra el infierno burocrático", dicen) e incentivos fiscales
para los compradores, entre otros beneficios. Sobre el incremento de plantilla
que se requeriría para agilizar todos esos trámites, la escasez de mano de obra
para los equipamientos de las casas, de la que alerta asimismo el BE, o para
inspectores que decidan cuál de esa burocracia es innecesaria, no dice nada. Si
el PP gobierna con Vox, además, debemos tener en cuenta -y supongo que Feijóo
está al tanto- que en la ecuación de viviendas a gogó,
entra la prioridad nacional, que el partido de Santiago Abascal tiene perfectamente explicitada en el
caso de la compra de un inmueble, que es lo que Vox prioriza: "Una España de propietarios".
Todos los compromisos de PP y Vox -incluida la xenofobia de la
ultraderecha- giran en torno a las rebajas fiscales de los compradores -lo cual, por otro lado, redundaría en una subida del precio de la
vivienda, advierten los expertos- y a la agilización en los trámites
para el negocio de la construcción. Sobre el derecho constitucional a la
vivienda que tenemos todos/as, los desahucios como
el de Maricarmen, el aluvión turístico para el
que se priorizan las viviendas por encima del residente, la construcción de
vivienda pública y solo pública para siempre (Ana Botella, siempre en nuestra memoria)
o el tope de alquileres en zonas tensionadas, ni una palabra. De expropiaciones o intervención general del mercado inmobiliario,
ni hablamos, que no queremos exorcismos en Público. La
(ultra)derecha tiene muy claro a quién tiene que proteger con sus medidas y
después, si los precios bajan por arte de magia, pues mira qué bien. La
necesidad de construcción de vivienda en España es inapelable, pero ni
garantiza la caída de los precios ni el derecho universal a la vivienda ni, en
definitiva, evita que el problema se siga agravando, porque no hemos tocado
fondo.
Donde estamos es en un punto donde la insensibilidad por el sector de la
población más vulnerable puntúa al alza entre los partidos de (ultra)derecha y
sus votantes, lo vemos a diario, y no solo con la vivienda. Lejos de
"hacernos mejores", además, la pandemia ha alargado el "sálvese
quien pueda... acumulando cuanto más pueda". Ya no son solo los especuladores sin alma, como los que
desahuciaron a Maricarmen; también son tantos y tantas desgraciadas (un decir) que a duras penas se
toman la caña en la terraza madrileña que les garantiza la libertad, pero que
quieren ser como Ricardo y Fernando Alonso de Urbagestión. O tener
un ático como Ayuso aunque sea con los métodos
que ésta pretendía ejecutar, con su dinero mismo. O tener la fortuna de su
novio Alberto Quirón, tribunales y estafa mediante...
No
podría haber elegido mejor su respuesta Alberto Núñez Feijóo cuando una
reportera de La Sexta le preguntó por el cruel desahucio de Maricarmen de su casa de toda la
vida en Madrid. "Vengo a otra cosa", dijo el líder del PP.
Efectivamente, para Feijóo y para Ayuso, a tenor de sus declaraciones y hechos,
Maricarmen es una "cosa" más de las que suceden a diario en Madrid,
en España o en Gaza, por ejemplo. Son "cosas" que pasan y, por más
cerca que te toquen, no te generan ningún tipo de empatía,
precisamente, porque son un fracaso de las instituciones que tú gobiernas en
Madrid y el gallego quiere gobernar en España, son cosas del poder, cuestiones
colaterales que no merecen ni un segundo de su compasión. La
presidenta madrileña incluyó a Maricarmen entre los 25.000
desahucios que se ejecutan al año en España (más "cosas", suicidios incluidos), sin citarla siquiera y sin que se
le cayera la cara de vergüenza, al revés, porque la víctima es ella: primero
yo, después yo y siempre yo. ¿Pero qué
vergüenza ni qué decencia va a mostrar esta "mujer" si dejó morir encerrados a 7.291 mayores en residencias
madrileñas por no tener un seguro privado?
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