Decenas de miles de personas han salido a las calles en el Estado español después de que los antidisturbios desahuciaran violentamente en Madrid a una mujer de 87 años, llamada Mari Carmen Abascal. Llevaba 70 años viviendo en un piso de renta antigua y nunca había dejado de pagar su alquiler, contra lo que asegura la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El lanzamiento, ordenado por un juez a raíz de una denuncia de la empresa inmobiliaria Urbagestión, que exigía a la mujer una subida del alquiler imposible de asumir, ha sido la mecha que ha prendido la movilización social y la acampada de miles de personas en la puerta del Sol de Madrid y otras ciudades, 15 años después del 15M.
El brutal desahucio, uno más entre los 4.000 que se han producido ya este
año, ha puesto las cosas en su sitio: cientos de miles de jóvenes y
trabajadores protestando en la calle, la derecha ridiculizando un drama social
y el gobierno más progresista de la historia descubriendo que la vivienda es un
problemón para la ciudadanía.
La gente se ha levantado y ha dicho basta. No solo contra los gobiernos
autonómicos de PP y Vox. También ha dicho que el Gobierno de Sánchez es
responsable
Liderada por el Sindicato de Inquilinas, la protesta exige al Gobierno de
coalición cinco medidas básicas contra la especulación: prohibición de
desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional; reforma de la
Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para limitar los alquileres de temporada y
por habitaciones; congelar el precio de los alquileres vigentes para que no se
puedan subir en los cambios de contrato; prorrogar los contratos que expiran
entre este año y el siguiente (cerca de un millón), y renovación automática de
los contratos si los caseros no necesitan el piso para vivir.
Todas estas reivindicaciones son tan justas como necesarias y urgentes. La
inexistente política de vivienda desarrollada por el Gobierno liderado por el
PSOE ha provocado una situación insostenible, que aumenta la desigualdad y solo
favorece a los grandes tenedores que especulan con los precios y cambian el
rostro de los barrios, mientras millones de inquilinos dedican cada vez una
parte mayor de sus rentas del trabajo a pagar alquileres desorbitados.
Los datos no engañan: entre 2015 y 2025, la renta media personal creció un
50% y los salarios, alrededor del 30%, mientras que comprar una casa se
encareció un 80% y alquilarla, un 87%. Pero el salario más frecuente pasó de
16.498 euros anuales a 16.520 en 2024 en diez años, según datos
del INE. Desde hace años, sufrimos un atraco a mano armada consentido por todas
las Administraciones. Según el último boletín del Ministerio de Vivienda, en
España apenas hay 318.000 viviendas públicas, lo que supone un 1,3% del total
de pisos disponibles. Según la OCDE, en Países Bajos el 34% del parque de
vivienda se destina al alquiler social. Le siguen Austria (24%), Dinamarca
(21%), Reino Unido (16%) y Francia (14%). Se llama abandono
institucional.
El momento es excepcional porque buena parte de la sociedad ha dicho que no
podemos seguir así. Nos roban nuestro salario a cambio de un techo para
enriquecer a unos cuantos. La vivienda se ha convertido en un negocio fabuloso
para rentistas, fondos buitres y bancos, colectivos muy cercanos a la derecha y
la extrema derecha, habituados a controlar la agenda y el relato mediático, e
incluso a utilizar a gorilas neonazis para desalojar a inquilinos en
apuros.
Entre 2015 y 2025, la renta media creció un 50% y los salarios cerca del
30%, mientras que comprar una casa se encareció un 80% y alquilarla un 87%
El 26 de septiembre algo cambió. Cerca de medio millón de personas
abarrotaron la capital del Estado y varios miles acamparon frente a la sede de
la Comunidad madrileña, ese laboratorio del rentismo desaforado, gobernado por
una presidenta amante de los áticos de lujo y de los negocios opacos
público-privados. La gente se ha levantado con enorme dignidad y ha dicho
basta. No solo contra los gobiernos autonómicos de PP y Vox. También ha dicho,
alto y claro, que el Gobierno de Pedro Sánchez es responsable de esta
situación. El PSOE y sus aliados han permitido en estos ocho años que el
sistema de especulación y rentismo se haya reforzado impunemente, sin haber
aprobado ninguna medida digna de ser llamada de izquierdas, aceptando sin más
las reglas de un mercado totalmente amañado. Estas son las desastrosas
consecuencias.
El Gobierno ha reaccionado a toda prisa esta vez, y ha aprobado en el
Consejo de Ministros del martes 29 no uno, sino dos decretos. El primero,
pactado con la mayoría de investidura, recoge la protección frente a los
desahucios hasta 2030; la regulación del alquiler de temporada y habitaciones;
la prohibición de la compra de fondos buitre hasta 2028 y la prórroga de dos
años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
Además, PSOE y Sumar han pactado la renovación automática de los alquileres,
que irá en el segundo real decreto, destinado a decaer en el Parlamento en el
pleno extraordinario que se celebrará este mismo viernes, 2 de
octubre.
Desde CTXT consideramos que las medidas adoptadas son tardías, ineficaces y
del todo insuficientes. La sociedad exige un cambio estructural en el sistema
de vivienda, no un parche oportunista y/o temporal que no mejorará en nada, a
medio y largo plazo, la brutal injusticia social que genera un mercado
incontrolado. Para caminar hacia ese horizonte, creemos que es urgente que los
sindicatos de inquilinas y los de clase organicen una huelga general por la
vivienda. Porque los derechos solo se conquistan o se recuperan en la calle,
mediante la lucha organizada de la clase trabajadora y de los estudiantes. Y
porque el momento histórico lo exige: se trata de acabar para siempre con la
consideración de la vivienda como un negocio especulativo para unos cuantos
millonarios, y de que las casas sean tratadas como un bien de primera necesidad
indispensable para que todas las personas puedan tener una vida digna.
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