Comentario: Cierto que Pedro Sánchez podría haber hecho algo más por el abuso del IRPH, incluso haberlo hecho desaparecer si realmente fuera lo socialista que dice ser. Pero, el problema es que los que pueden sustituirlo no van a obligar a la Banca a que devuelva lo robado, sí lo robado, porque el IRPH es un robo manifiesto. Nadie que esté en su sano juicio puede pensar que el Partido Popular y VOX van obligar a la Banca a pagar unos ¡70.000 millones! que es aproximadamente la estafa del IRPH. Si los afectados por este sablazo quieren conseguir algo, sólo será posible con un gobierno progresista. Con las derechas retrogradas, la Banca seguirá sin pagar, eso es seguro. Además, el degenere fascistoide de PP y VOX cuenta con la ayuda inestimable de la Judicatura, que hace bueno eso del Muñeco Luciano (Ansar) de: “El que pueda hacer, que haga”. En definitiva: con el PSOE los del IRPH lo tienen difícil, muy difícil, pero con el PP y VOX lo tienen imposible. Así que el voto debería estar claro para la mayoría de afectados por el IRPH.
La actuación de los gobiernos socialistas ante el IRPH, las reclamaciones de los afectados y la negativa, junto a PP y Vox, a adoptar determinadas medidas correctoras constituyen un episodio que puede pasar factura electoralmente al PSOE
Los políticos actuales, da igual la ideología o el partido, tienen la cara
más dura que un muro de hormigón armado. Han adquirido la costumbre de seguir a
rajatabla el adagio popular que afirma “prometer hasta meter, y una vez metido,
nada de lo prometido”. Se mueven por impulsos de actualidad, no tienen una
coherencia en sus planteamientos porque la coherencia se rompe en el momento en
que los intereses personales o partidistas precisan de adoptar decisiones
contrarias a lo afirmado incluso unas horas antes. Son marxistas, pero no de
Karl, sino de Groucho y su famosa frase “estos son mis principios, y si no le
gustan, tengo otros”.
La vivienda se ha convertido en el mayor problema social de España y, al
mismo tiempo, en uno de los terrenos donde más evidente resulta la distancia
entre las promesas políticas y la realidad de los ciudadanos. Pedro Sánchez ha situado el derecho a una vivienda
digna en el centro de su discurso. En sus actos de campaña ha anunciado medidas
para contener los precios y ha presentado al PSOE como la fuerza política que
pretende proteger a los inquilinos y a las familias frente a los abusos del
mercado. Todo ello, después de 8 años y medio en el poder sin hacer nada. Sin
embargo, hay un hecho que amenaza con desmontar parte de ese relato, la
historia real de cientos de miles de hogares atrapados durante años en
hipotecas vinculadas al Índice de Referencia de
Préstamos Hipotecarios, conocido como IRPH.
El caso IRPH representa una de las heridas más profundas del sistema
hipotecario español. Detrás de esas cuatro letras hay familias que contrataron
préstamos para adquirir una vivienda y que terminaron soportando unas
condiciones financieras abusivas, con consecuencias económicas devastadoras.
Algunas han perdido sus casas mediante procedimientos de ejecución hipotecaria.
Los afectados también han denunciado situaciones de desesperación extrema y se
han referido a suicidios vinculados al drama de la deuda y los desahucios. No
son simples expedientes bancarios. Son vidas condicionadas por decisiones
financieras, resoluciones judiciales y respuestas políticas.
Es precisamente ahí donde el PSOE de Pedro Sánchez
tiene un problema de credibilidad. Un partido que reivindica la justicia social
y la defensa de las clases trabajadoras debe explicar por qué, cuando tuvo capacidad
de intervenir políticamente en el conflicto del IRPH, no adoptó las medidas que
reclamaban los afectados y no dudó en aliarse con el PP y con Vox para defender
los intereses de la banca en contra de las sentencias del TJUE.
El IRPH, una batalla hipotecaria que
también fue política
Hay que dejar claro que el conflicto no nació con Pedro Sánchez ni puede
atribuirse exclusivamente a sus gobiernos. Sus raíces se encuentran en
decisiones regulatorias y prácticas hipotecarias anteriores, así como en la actuación
de distintas entidades financieras y administraciones. Pero esa circunstancia
no exime de responsabilidad a quienes posteriormente tuvieron la oportunidad de
corregir una situación que afectaba a cientos de miles de ciudadanos, sobre
todo cuando durante sus gobiernos el TJUE comenzó a dictar sentencias en las
que se determinaba la abusividad y falta de transparencia del IRPH.
El 8 de octubre de 2015, cuando Pedro Sánchez ya era
secretario general del PSOE, el Parlamento Europeo
aprobó una resolución que reclamaba al Gobierno español reducir el elevado
número de desahucios. El texto original incorporaba además una referencia
expresa al IRPH. Advertía de su posible incompatibilidad con la normativa
europea sobre cláusulas abusivas. Sin embargo, esa mención fue sometida a
votación separada y desapareció del texto finalmente aprobado.
Según demuestra la documentación a la que Diario Sabemos ha
tenido acceso, el Partido Popular votó en contra de
la referencia y el PSOE se abstuvo, una posición que
permitió que no prosperase la advertencia específica sobre el índice. La
polémica volvió a reproducirse en 2015 durante el debate europeo sobre la
regulación de los índices de referencia hipotecarios cuando una enmienda
pretendía eliminar las excepciones que dejaban fuera a determinados índices
elaborados por bancos centrales.
La exclusión tenía especial importancia para el IRPH, publicado por el Banco de España. La denuncia de los afectados era
clara. El índice podía quedar al margen de nuevas exigencias regulatorias que
pretendían aumentar la transparencia y la protección de los consumidores.
La cuestión no era menor. Mientras miles de familias reclamaban protección
frente a las consecuencias económicas del IRPH, los representantes políticos
tenían en sus manos la posibilidad de respaldar cambios normativos que podían
cambiar su situación. Y, según demuestran los documentos, el PSOE no acompañó esas iniciativas.
Pedro Sánchez llegó al Gobierno y el
problema siguió sin resolverse
La llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018 abrió
nuevas expectativas entre los afectados. La presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo a partir de 2020
alimentó además la esperanza de que se produjera un cambio de orientación en
una cuestión que había enfrentado durante años a las familias con el sector
financiero. Pero las expectativas chocaron con la respuesta del gobierno.
El 15 de diciembre de 2020, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, registró una pregunta
parlamentaria para conocer si el Gobierno pensaba derogar el IRPH. La
respuesta, fechada el 11 de febrero de 2021, se limitó,
según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, a describir el
marco normativo que regulaba la publicación del índice sin anunciar una
derogación ni una solución política concreta.
La decisión de mantener la posición procesal de la Abogacía del Estado también provocó críticas. Durante
los procedimientos judiciales, la defensa de los intereses del Estado había
intervenido en cuestiones relacionadas con la interpretación del índice y sus
consecuencias para el sistema financiero. Los grupos que reclamaban una
posición neutral consideraban que el Gobierno debía evitar alinearse con los
intereses de las entidades bancarias frente a los consumidores.
En una iniciativa debatida en la Comisión de Asuntos Económicos
del Congreso, EH Bildu pidió que
el Estado se personara para defender a las familias afectadas o, al menos,
adoptara una postura neutral. La propuesta puso de manifiesto las diferencias
entre los grupos parlamentarios y volvió a situar al PSOE ante una decisión
políticamente incómoda que resolvió alineándose con PP y Vox para tumbar la
iniciativa presentada por Bildu.
En concreto, el diputado socialista Manuel Gabriel González Ramos ratificó su
posicionamiento en contra de los intereses de 1,3 millones de familias,
trabajadoras en su inmensa mayoría (los ricos no necesitan hipotecarse), en una
verborrea procedimental y recordando que la personación
de la Abogacía de Estado en 2018 fue una herencia que recibieron del
Gobierno de Rajoy. Eso era cierto, sin embargo, el hecho de mantener a los letrados del Estado sí fue una responsabilidad del
primer Ejecutivo de Pedro Sánchez porque, incluso, se presentó una
proposición firmada por varios grupos parlamentarios para que la retirara.
La crítica de los afectados fue especialmente dura porque el Gobierno de
Sánchez había heredado una determinada posición institucional, pero también
tenía capacidad para modificarla. La continuidad de una política heredada deja
de ser una herencia cuando existe la posibilidad de cambiarla y se decide no
hacerlo, como hizo el PSOE de Pedro Sánchez.
Las viviendas protegidas: familias
atrapadas
Uno de los capítulos más dolorosos del conflicto afecta a las personas que
compraron viviendas de protección oficial (VPO) mediante
préstamos cuyo tipo de interés estaba vinculado al IRPH. Su situación presenta
una particularidad especialmente grave. En determinados planes de vivienda, el
índice no era una condición negociada libremente con el banco. Venía
establecido por la propia normativa pública.
Las familias no podían elegir otro índice ni negociar las condiciones en
igualdad de condiciones. El resultado fue una situación que los afectados
calificaron de abuso hipotecario amparado por una regulación que debía proteger
precisamente a quienes tenían menos recursos.
El Defensor del Pueblo llegó a recomendar en tres
ocasiones la sustitución del IRPH por el euríbor en
determinados préstamos protegidos. Con el objetivo de corregir los efectos de
unas condiciones potencialmente abusivas. Sin embargo, las reclamaciones no
consiguieron que el Ministerio competente, esto es, el de Transportes dirigido
entonces por José Luis Ábalos, modificara el criterio regulatorio.
Aquí aparece una hipocresía política especialmente difícil de justificar
para el PSOE. En 2017, antes de que Sánchez alcanzara la Presidencia del
Gobierno, el propio partido había impulsado una iniciativa parlamentaria para
sustituir el IRPH por el euríbor en los préstamos de vivienda protegida. Sin
embargo, cuando llegó al Gobierno, la solución seguía sin materializarse. Un
partido no puede reivindicar la vivienda como un derecho social y mantener sin
resolver una situación que afecta a familias que no tuvieron siquiera capacidad
para negociar las condiciones de sus hipotecas.
Una factura electoral para Pedro Sánchez
El IRPH no explica por sí solo la crisis de vivienda española, pero sí
constituye un ejemplo especialmente significativo de la hipocresía de la
política social del PSOE de Pedro Sánchez. El acceso a una vivienda no termina
cuando una familia consigue las llaves. También implica poder pagar la
hipoteca, disponer de seguridad jurídica y contar con un Estado que proteja al
consumidor cuando se enfrenta a una entidad financiera.
La situación judicial, además, sigue siendo compleja. El Tribunal Supremo estableció en noviembre de 2025 que la
transparencia y la posible abusividad de las cláusulas IRPH deben examinarse
caso por caso, atendiendo a las circunstancias de cada contrato. No existe, por
tanto, una declaración general de nulidad de todas las hipotecas referenciadas
a este índice. Esta doctrina mantiene abierta la batalla judicial para
numerosos afectados y demuestra que el conflicto está lejos de haber
desaparecido.
De cara a las elecciones, el PSOE tendrá que responder por algo más que sus
anuncios de vivienda pública, sus intervenciones sobre el alquiler o sus
promesas de protección social. Sánchez tendrá que explicar qué hizo cuando
miles de familias reclamaban una respuesta frente a un problema hipotecario que
llevaba años denunciándose. La cuestión tiene una dimensión ideológica
evidente. Un partido que se presenta como defensor de los trabajadores no puede
dar por cerrada la discusión cuando los afectados siguen reclamando justicia y
reparación.
La vivienda no se defiende solamente con discursos electorales o con
decretos redactados a toda prisa para aprovechar “la ventada de oportunidad”
que se abrió con el desahucio de Maricarmen Carvajal.
También se defiende frente a los abusos financieros y protegiendo a quienes
pueden perder su hogar. Pedro Sánchez puede convertir la vivienda en uno de los
grandes argumentos de su campaña, pero su actitud probanca en el caso IRPH
amenaza con convertirse en una réplica incómoda a ese relato porque hay
familias que no necesitan escuchar otra promesa sobre el derecho constitucional
a una vivienda digna. Necesitan saber por qué, cuando pidieron ayuda, el Estado
no estuvo a la altura de sus expectativas y esa pregunta, cuando llegue el
momento de votar, puede tener más fuerza que cualquier eslogan, relato o
mentira incluida en un programa electoral.
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