En el PSOE y en la izquierda se habla mucho de la situación de los jueces porque les está tocando sufrir lo que los ciudadanos llevan sufriendo desde hace años sin que los socialistas hayan movido una ceja
José Antonio Gómez
11/06/2025
La situación de la Justicia en España es insostenible. Esto es algo que desde
estas páginas se lleva denunciando desde hace muchos años. Pero a los
políticos, sobre todo al PSOE, parecía
resbalarle. Daba igual. Todo se circunscribía al eufemismo “hay que respetar
las decisiones de los tribunales”. Bueno, ahora los jueces son los que están
investigando actividades presuntamente delictivas relacionadas con el Partido
Socialista o con el entorno más directo del presidente del Gobierno. Ahora se
habla de jueces prevaricadores, jueces corruptos, jueces del fango o jueces
fachas. Ahora, cuando lo que llevan sufriendo los ciudadanos les ha tocado a
ellos.
Es decir, el análisis político de los que están en el poder se basa en
actuar cuando les afecta. Modificar la ley de enjuiciamiento criminal, el
acceso de los jueces, la responsabilidad de las instrucciones judiciales, todo
ello se pretende hacer desde el sectarismo y, sobre todo, vulnerando principios
constitucionales como el del derecho a la justicia al pretender prohibir la acción popular.
Sin embargo, hasta ahora, el PSOE de Pedro Sánchez tenía confianza en la Justicia y en
las togas. Pero desde la izquierda y el sanchismo más sectario ya
se habla de golpe de Estado, o de golpe de falsa bandera a lo que desde los estrados
y desde las togas se lleva perpetrando contra la ciudadanía. A los que lo
denunciábamos se nos llamaba, cuanto menos, exagerados. La realidad ha
demostrado no sólo que teníamos razón, sino que nos habíamos quedado muy cortos
en el hecho de que uno de los mayores peligros de la democracia española son
los jueces.
El mejor ejemplo de que al PSOE y a Pedro Sánchez le importaba muy poco, o
nada, la reforma integral de la Justicia se comprobó en el último debate de
investidura. Independientemente de la rendición a las exigencias de las fuerzas
soberanistas catalanas, el líder socialista no incluyó en su proyecto de
gobierno mención alguna a la reforma radical de la
Administración de Justicia que requiere la democracia española
porque, precisamente, ese es uno de los puntos más débiles y que más daño está
haciendo cada año a millones de ciudadanos.
A lo largo de esa investidura se habló mucho de los jueces, pero nada sobre la Justicia. El problema está
en que nadie controla a los que tienen la responsabilidad de impartir
justicia justa, pero que, según se puede comprobar en cientos de
miles de sentencias o en decenas de miles de procedimientos, se hace en contra
de lo que indica la Constitución.
Se habla de rebelión de los jueces por el asunto del Lawfare y los acuerdos firmados entre el PSOE y Junts por los cuales habrá comisiones de investigación parlamentarias para
determinar si hubo una injerencia política por parte de jueces, magistrados y
fiscales. Ese es el momento en que se han unido asociaciones y organismos. La
realidad es que no quieren que nadie les controle porque
hay temor a que se empiece con la supuesta Lawfare y se termine con otros
asuntos mucho más delicados.
La democracia española necesita una cantidad ingente
de reformas muy profundas, no los parches de Bolaños. Se ha quedado anclada en
los supuestos de la transición y precisa de una actualización inmediata. Sin
embargo, la Justicia no pasó por el filtro y sigue manteniendo los mismos
privilegios con los que se contaba en el siglo XIX. No se trata de la filiación
política, de jueces fachas o rojos, de sicarios con toga. Se trata de que
existe la percepción ciudadana de que España sufre una dictadura judicial por la indefensión constante a
la que se enfrentan las personas, sobre todo cuando se enfrentan a determinados
intereses políticos, económicos, empresariales o financieros.
En estas páginas hemos analizado durante años cómo la aplicación que se
hace en España de la recusación de los jueces en
los procedimientos judiciales viola derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución además de ser inconstitucional, nula y contraria al Derecho de la
Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
porque otorga unos privilegios de tratamiento para los jueces y magistrados que
no ostenta ningún otro ciudadano. De esto no hablan ni el PSOE ni Pedro Sánchez.
En España hay jueces que tienen, según se demuestra en la base de datos
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 100%
de efectividad a la hora de absolver o archivar causas contra determinadas
empresas a pesar de que los hechos probados demostraban que miles de causas
deberían haber terminado en condenas para esas grandes corporaciones. De eso
tampoco hablan ni el PSOE ni Pedro Sánchez.
Por otro lado, está, directamente, el incumplimiento o la rebelión contra la jurisprudencia y la
doctrina europea, que es prevalente sobre la española,
que se perpetra de manera recurrente en determinadas audiencias provinciales,
tribunales superiores de justicia y en el Tribunal Supremo. Esto sucede,
principalmente, en los casos en los que los ciudadanos plantean demandas contra
las grandes empresas de determinados sectores. Estos comportamientos derivan
en querellas por prevaricación contra los magistrados
que firman esas sentencias, querellas que son archivadas por defecto y que
conllevan represalias para los abogados
que las interponen. De esto, ni el PSOE ni Pedro Sánchez dicen nada, sólo
hablan de fangos y de conspiraciones.
El régimen de incompatibilidades de magistrados y jueces también es un
asunto clave para reformar de manera radical. No es de recibo que sea legal
que, por ejemplo, los jueces de lo mercantil cobren
por asistir a cursos, seminarios, congresos, conferencias o mesas redondas
organizadas por administradores concursales e, incluso, que promocionen
establecimientos de hostelería pija en los que, presuntamente, podrían tener
participación directa o indirecta. Tampoco es muy transparente que haya
magistrados o jueces que impartan clases en universidades privadas cuyos
máximos accionistas son las grandes empresas a las que luego tienen que juzgar.
Esto genera un clima de legítima sospecha ciudadana porque se pone en tela de
juicio la independencia y la imparcialidad. De esto, ni el PSOE ni Pedro
Sánchez dicen nada, sólo jueces fachas y lawfare.
Ese clima de sospecha constante sobre la
imparcialidad cuando instruyen y juzgan causas contra los grandes intereses
económicos, empresariales y financieros exige que los patrimonios de los jueces sean inspeccionados y auditados a
través de investigaciones independientes, patrimonio que esté
ubicado tanto dentro como fuera de España. Un régimen exactamente igual al que
se tienen que someter los parlamentarios o los cargos electos. La corrupción judicial existe, pero se desconoce en
qué magnitud porque nunca se ha investigado a fondo. Una democracia no puede
subsistir bajo un clima de sospecha constante en el que puedan existir
elementos ocultos que dictaminen el resultado de una causa judicial. Las
grabaciones del excomisario Villarejo revelarían
que en España sí se podrían estar comprando jueces. Eso es intolerable, pero ni
al PSOE ni a Pedro Sánchez les ha interesado jamás el tema. Es la omertá entre
la toga y la corbata, el pacto de “caballeros” por el cual “tú no me tocas, yo
no te toco”.
El presidente del Gobierno tampoco ha dedicado su tiempo respecto a las
actividades de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado en contra de la ciudadanía. No
es normal, como sucede en España, que los abogados más radicales en la defensa
de los intereses de las grandes empresas, los bancos o las grandes familias
sean los que pertenecen a un cuerpo obligado a defender al pueblo de los abusos
de los poderosos. No es normal que la Abogacía del Estado afirme, como ha hecho
en varias ocasiones en la Justicia Europea, que los derechos fundamentales
pueden ser vulnerados si no son una amenaza para el sistema financiero.
Los elementos enumerados son sólo una mínima parte de los gravísimos
problemas que tiene la Justicia española. Hay muchos más y no es de extrañar
que haya juristas, abogados y ciudadanos que, por ejemplo, califiquen a
la Audiencia Nacional como «una casa de putas» porque
las sentencias, diligencias y archivos a la carta dan pie para ello. No es
normal en una democracia que una causa por blanqueo de capitales sea sobreseída
existiendo pruebas e informes de los propios organismos públicos que demuestran
que hubo ese lavado de dinero.
La Justicia es uno de los elementos que más influyen en el descrédito y la
desafección de los ciudadanos hacia las instituciones. Desde luego, el menor de
los problemas es la politización o la ideología de los jueces. Hay otras muchas
cosas que hacer porque, tal y como está el tercer poder, da la sensación de que
una reforma profunda sería insuficiente y lo necesario sería una limpia radical
y absoluta para poder hacer tabla rasa. Como se hizo con la amnistía que,
precisamente ayer, fue calificada por la Comisión Europea como contraria al
Derecho de la Unión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario