En su informe anual, publicado el pasado 5 de junio, el Grupo de Estados
contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) señala que España incumple
de manera parcial 13 de sus 19 recomendaciones para combatir la corrupción,
mientras que otras 6 no las cumple en absoluto. Han pasado 14 años desde el
movimiento 15-M y toda la marea de indignación que recorrió España de norte a
sur. Sin embargo, seguimos con los mismos debates mentirosos por parte del PP y
el PSOE y con los mismos deberes pendientes. Se debate, efectivamente, pero no
se hace nada para proteger a los denunciantes de corrupción, suprimir los
aforamientos, profesionalizar el funcionariado y reducir los nombramientos
internos en los gobiernos con el fin de que haya un contrapeso administrativo
para impedir los diferentes tipos de fraudes y llevar a cabo controles cruzados
–establecidos por ley- cuando una licitación compete a varias administraciones.
Ahora nos hablarán de forma solemne de compromiso en la lucha contra la
corrupción, cuando estamos ante la tradicional tomadura de pelo de los dos
grandes partidos. Rajoy aprobó cinco medidas contra la corrupción entre 2013 y
2015 (Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno;
Reforma del Código Penal; Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG);
Ley de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos;
y Portal de la Transparencia). Transparencia Internacional y el GRECO han señalado
que estas disposiciones fueron insuficientes o mal implementadas y que no se
abordaron aspectos clave como la regulación de los lobbies o las puertas
giratorias.
El propio Sánchez declaraba el pasado 17 de junio que las cuentas del PSOE
estaban auditadas por el Tribunal de Cuentas, un organismo que ha sido objeto
de polémica durante años porque el 10% de su plantilla está compuesta por
familiares de políticos. Se han documentado casos de esposas, hermanos, hijos y
hasta cuñados de figuras relevantes del PP y también del PSOE que trabajan en
esta institución. Aunque el Tribunal es el órgano supremo fiscalizador de las
cuentas públicas, sus miembros son elegidos por el Congreso y el Senado, lo que
ha llevado a que los partidos políticos repartan los puestos entre sí en el
tradicional mangoneo PP-PSOE. Esto ha generado dudas sobre su imparcialidad y
capacidad para fiscalizar con rigor a quienes los nombran. Repito: fiscalizar a
quienes los nombran. Se ha criticado que los salarios en el Tribunal son elevados
(unos 3.000 euros netos de media) y que no siempre se publican con claridad los
criterios de acceso al organismo o los resultados de sus auditorías. Aunque el
Tribunal emite informes sobre la financiación de los partidos y la gestión
pública, sus conclusiones no tienen fuerza ejecutiva, puesto que no dispone de
la capacidad para imponer sanciones, ordenar la devolución de fondos
gestionados de forma indebida o iniciar por sí mismo procedimientos judiciales
de carácter penal.
¿Por qué las cuentas de las formaciones políticas se someten al Tribunal de
Cuentas y no a la Agencia Tributaria? No lo sabemos, pero un caso que nos
proporciona algunas pistas y que aumenta la desconfianza en este modelo fue la
absolución de Ana Botella y siete miembros de su equipo por la venta de 5.315
inmuebles protegidos a fondos buitre, que se produjo el 17 de julio de 2019. De
esa forma, el Tribunal revocaba su propia sentencia del 28 de diciembre de
2018, que había condenado a la exalcaldesa de Madrid y a los citados colaboradores
a devolver en conjunto 22,7 millones por haber realizado la operación
saltándose el procedimiento, con "opacidad", "sin
concurrencia" de otros interesados y "por debajo del precio de
mercado". Entre los inmuebles enajenados había 1.860 viviendas ocupadas
por familias en situación precaria. Lo recuerdo una vez más: Sánchez, como
antes Rajoy, Zapatero, Aznar o Felipe González nos va a decir con rostro grave
que el Gobierno está comprometido en la lucha contra la corrupción. ¿Hasta
cuándo la tomadura de pelo?
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