La reforma del acceso a la carrera prevé la convocatoria de una oposición, en turno restringido, para 954 jueces sustitutos, que las asociaciones conservadoras consideran “un plan para colarlos por la puerta de atrás”.
Ernesto Carratalá
17/06/2025
Protestar porque unos compañeros que les han ido sustituyendo durante años
sin cobrar prestación por desempleo cuando terminan la suplencia, tengan
derecho mediante una oposición a ingresar en la carrera a la que ellos
pertenecen tiene un nombre: corporativismo. Los jueces y fiscales forman parte
de un colectivo cerrado que intenta, por todos los medios, impedir la apertura
a la sociedad. La reforma del acceso a las profesiones de jueces y fiscales
siempre han estado circunscritas a los miembros de clases medias y altas. Y
ahora, el gobierno progresista pretende facilitarlo a los estamentos menos
pudientes mediante la concesión de becas que pueden llegar al salario mínimo
interprofesional durante el tiempo que dure el periodo de formación para
presentarse a la oposición. Los actuales miembros de la carrera judicial
consideran intolerable esta iniciativa y piden que se retire. No quieren
intrusos. Argumentan que lo que se pretende con la reforma es “rebajar los
conceptos de mérito y capacidad”.
Jueces y fiscales amenazan con una huelga. Consideran que el paro de diez
minutos es sólo el principio. Y los motivos de la protesta los transmite
diáfanamente el titular del juzgado número 2 de Santoña, Carlos Miguel Arcay:
les preocupa “el proceso de estabilización de los jueces sustitutos que se está
llevando a cabo sin realizar realmente un proceso selectivo ni siquiera
comparable al del cuarto turno”. Ese llamado cuarto turno no es otra cosa que
el ingreso en la carrera para “los juristas de reconocida competencia con más
de diez años de ejercicio profesional”. Un coladero, como reconocen amplios
sectores de juristas. En cambio, la reforma del acceso a la carrera prevé la
convocatoria de una oposición, en turno restringido, para 954 jueces
sustitutos, que las asociaciones conservadoras consideran “un plan para
colarlos por la puerta de atrás”. Dicen que es único en Europa, pero lo que se
callan es que la figura del juez sustituto no existe en los países de nuestro
entorno y que Bruselas ha ordenado al gobierno español, en reiteradas
ocasiones, la regularización de la situación profesional de estos jueces,
considerados por la UE unos “funcionarios interinos” sobre los cuales existen
hasta resoluciones del TJUE.
Las asociaciones de jueces sustitutos se reunieron el 4 de junio con el
secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo. El
representante del departamento de Félix Bolaños expuso “de manera clara” que la
tramitación del Proyecto de Ley sigue adelante. Algo ante lo que las
asociaciones han pedido que se cumplan las exigencias del TJUE. Eso sí, con
respeto a los principios de “igualdad, mérito y capacidad”. En el ministerio
consideran imprescindible la aprobación de la reforma de acceso antes de este
otoño para poder llevar a cabo la oposición en el plazo más breve posible con
la intención de incorporar a los jueces casi paralelamente a la constitución de
las nuevas secciones de violencia machista que se incorporarán a los tribunales
de instancia. Esas secciones van a asumir mas competencias, y no sólo las de
violencia contra la mujer por lo que los decanos de los juzgados creen que, de
no incrementarse el número de jueces, estas secciones se verán colapsadas. Y
ponen fecha: ese colapso se producirá en octubre próximo. Esos mismos jueces
decanos son los que protestan contra la incorporación “por la puerta de atrás”
de los sustitutos, como dice la de Madrid, presidenta de la conservadora y
mayoritaria APM, María Jesús del Barco. Es una evidente contradicción.
Los fiscales, por su parte, protestan por la reforma del estatuto orgánico
del ministerio fiscal y porque la nueva reglamentación para el funcionamiento
de la fiscalía general del Estado amenaza su independencia. Lo que callan las
asociaciones conservadoras es que en el nuevo estatuto que regula el
funcionamiento de la fiscalía general desaparece el principio de jerarquía y se
refuerza la autonomía de tal manera que un fiscal podrá desobedecer las
consignas que le lleguen de su superior. Y eso es una vieja aspiración por la
que han luchado tanto la Asociación de Fiscales como la Unión Progresista de
Fiscales.
Las asociaciones conservadoras de fiscales y jueces tampoco
están de acuerdo con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que
traspasa las instrucciones a los fiscales dejando a los jueces como garantes de
que, en las diligencias, se está cumpliendo el ordenamiento vigente y la toma
de decisiones como los ingresos en las cárceles o las medidas cautelares. Dicen
las asociaciones conservadoras que este sistema rompe el “principio de
independencia judicial” pero lo que callan es que es otra imposición de
Bruselas donde no se entiende la figura del juez instructor.
Tampoco se entiende la posición del Consejo General del Poder Judicial que
ha elaborado un dictamen muy crítico contra esta reforma. Su presidenta, Isabel
Perelló, empieza a posicionarse claramente con la derecha judicial cuando fue
elegida por sus inclinaciones progresistas. Perelló pide que “cese cualquier
presión o interferencia en la labor judicial" porque, ha sostenido,
independientemente de que se esté de acuerdo con las resoluciones judiciales,
que "no caben los insultos a los jueces ni tampoco presiones intolerables, ya que socavan el ejercicio de la función que la
Constitución nos encomienda al Poder Judicial". Se olvida la presidenta
del CGPJ de que, con las acciones de protesta, los jueces y fiscales están
interfiriendo en la labor del legislativo. Las enmiendas a la totalidad
presentadas por el PP y Vox en el trámite parlamentario han sido rechazadas y
recientemente una ponencia que estudia el pleno del Tribunal Constitucional sobre
la amnistía deja clara la prevalencia de la acción parlamentaria sobre la de
los jueces.
El conflicto está servido pero las contradicciones también. Jueces y
fiscales irán a la huelga casi con toda probabilidad. Tampoco se notará tanto,
porque la situación de los juzgados que ellos mismos han creado a lo largo de
todos estos años es desastrosa. Al sufrido usuario del servicio le dará igual
que le convoquen para declarar o a juicio, un día más tarde. Total, el servicio
público de la justicia es el peor valorado por la ciudadanía. No lo decimos
nosotros, lo dicen los sondeos.
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