Cristina Fallarás 12/06/2025
A Churra, la internaron embarazada en las Esclavas de la Virgen Dolorosa de
Madrid, donde estuvo durante los años 1984 y 85. El Gobierno socialista de
Felipe González ya llevaba tres años en el poder. Fue testigo de
esterilizaciones impuestas y ella misma sufrió el intento de robo de su bebé.
Una compañera de ella, internada en Peñagrande, relata: “vi muertes de bebés y
un niño de cinco años, lo toqué, y su cuerpo, estando muerto, parecía goma”.
Entre 1941 y 1985 existió en España una institución penitenciaria para
niñas y adolescentes donde se las encerraba por ser traviesas, porque el padre
las violaba, porque algún hombre las había dejado embarazadas siendo menores,
porque habían salido respondonas, porque tenían una amiga íntima que a sus
padres les daba mala espina, porque sus madres no podían hacerse cargo de
ellas, por bailar y porque les gustaba el rock. Allí se convertían en esclavas
bajo un régimen de terror del que nadie se hacía cargo. Se llamó el Patronato
de Protección de la Mujer y era el infierno por el que pasaron miles de crías,
un infierno cuyo dolor llega hasta nuestros días.
A Loli la internaron en el María Goretti de Canillejas. La encerraron
porque le confesó a un psiquiatra que su padre la violaba. Las condiciones de
vida dentro eran tan atroces, que se escapó y, aun sabiendo lo que le esperaba
allí, regresó a casa. Entonces, su padre la dejó embarazada. Pasó por el
Tribunal de Menores, que la mandó a otra institución del Patronato, Peñagrande.
Ocurría en 1982, el año en el que el PSOE se hacía con el Gobierno por mayoría
absoluta. Ese mismo año nació su hija, allí dentro, donde la convencieron de
que no valía nada. Un año después, en el 83, su padre acudió a visitarla a
Peñagrande. Se la llevó a un hostal de Madrid a pasar la Semana Santa con él,
donde la violó repetidamente y la volvió a dejar embarazada. Ella estaba
tutelada, a ella no la permitían salir de Peñagrande. Para nada, excepto para
que la violara su padre.
Esta semana la Conferencia Española de Religiosos (Confer) ha organizado un
acto para pedir perdón a estas mujeres. Un acto en el que sencillamente eso,
han pedido perdón y se han comprometido a “revisar” sus archivos. Ante un
centenar de supervivientes del Patronato, tres religiosas han balbuceado apenas
un perdón insuficiente haciendo hincapié una y otra vez en la idea de una
“reparación simbólica”. El daño no es simbólico. La reparación tampoco puede
serlo.
María Jesús sobrevivió a las Oblatas del Santísimo Redentor de Carabanchel
Alto. Su madre, viuda, la ingresó temiendo que su abuela, violenta hasta la
sangre, acabara matándola a golpes. Tenía, cuando entró, ocho años. A su madre
le prometieron darle estudios y cuidados. Dentro, la sometieron a un régimen de
esclavitud y trabajos forzados, hambre y frío. María Jesús cuenta cómo, si se
orinaban en la cama, a las pequeñas les frotaban la vulva con ortigas. También
el ano. Relata cómo les obligaban a lamer el suelo dibujando cientos de cruces
con la lengua o a desatascar las letrinas obstruidas día tras día con las manos
desnudas. “Cuando salí de allí, con 13 años, mi futuro estaba hecho añicos”,
cuenta. “Las heridas que he arrastrado afectaron a mis relaciones más
queridas”.
No olvidemos sus nombres: Oblatas del Santísimo Redentor, Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, Terciarias Capuchinas, Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl, Auxiliares del Buen Pastor, Siervas de la
Pasión, Religiosas Misioneras de María “Ianua Coeli”, Cruzadas Evangélicas… A
muchas de ellas, aún hoy el Estado les paga la “atención” a mujeres en
situación de extrema vulnerabilidad. Incluso entre los mismos muros de
entonces.
A Consuelo García del Cid, alma de todo este relato, mujer incombustible
que lleva décadas dando luchando contra el silencio, la drogaron e inconsciente
la trasladaron de Barcelona a Madrid. Se despertó en el reformatorio de las
Adoratrices de la calle Padre Damián, 52. “Creo que a las dos semanas ya
pensaba en quitarme la vida”.
Consuelo habla de las adolescentes que se suicidaban dentro, de cómo ningún
médico pasaba por allí a preguntarse por qué tantas venas cortadas. Habla del
robo de sus bebés, de las torturas a las crías que llegaban embarazadas, de
cómo otras niñas eran obligadas a hacer de matronas. Habla del dolor que
permanece y no está sanado. Porque toda violencia de Estado exige reparación.
No perdón. Se perdonan los pecados. “El trato dispensado a las internas supone
un sinfín de delitos tipificados en el Código Penal”, afirma Consuelo. “A
nosotras, la democracia nos debe 10 años de vida, y en este caso, la
responsabilidad es del Gobierno de España y del Ministerio de Justicia”.
Como recuerda García del Cid, el Patronato de Protección de la Mujer fue
“un sistema penitenciario de menores oculto con el Ministerio de Justicia a la
cabeza”. Es pues el Ministerio de Justicia quien tiene que reparar todo el
daño, el inconmensurable daño hecho, en la medida de lo posible. Ministro Félix
Bolaños, está en sus manos que estas mujeres no vuelvan a esperar otros
cincuenta años.
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