Comentario: En España tenemos un ministro de consumo, que, según parece, no sirve ni para estar “escondido”. Mientras, los grandes supermecados y las grandes superficies se están hinchando a ganar dinero con una auténtica tomadura de pelo con las subidas sin motivo de los precios cada día. Me da que se está inflando el globo demasiado y en cualquier momento estallará o el hambre será crónica en este país con el agravante de los sueldos miserables que dominan el mundo laboral.
"La alimentación es un derecho básico que ha sido privatizado. Necesitamos infraestructuras públicas que puedan asegurar una alimentación sana", dice Javier Guzmán, presidente de Justicia Alimentaria.
En los últimos años se ha impuesto "una narrativa neoliberal" que
ha generado "un sistema alimentario absolutamente desastroso que solo
beneficia a las grandes empresas distribuidoras", dice el experto.
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, anunció la semana pasada que los supermercados públicos que pretende abrir en la
ciudad de Nueva York serán un 30% más baratos que otros súper convencionales.
Dentro de su programa económico, Mamdani se ha fijado como
objetivo abrir un supermercado público en cada uno de los
cinco distritos de la ciudad antes de que termine su mandato en el año 2030. El
regidor neoyorquino prevé una inversión de 70 millones de dólares (60,4
millones de euros al cambio actual) en fondos de capital para poner en marcha
estas cinco tiendas.
La apertura de supermercados públicos en Nueva York es una de las medidas
estrella del programa electoral con el que Mamdani ganó las elecciones
municipales a finales del año pasado. Según las estimaciones del propio
Ayuntamiento, esta medida permitirá a cada hogar de la ciudad ahorrar
alrededor de 90 dólares al mes (78 euros), lo que equivale a unos 1.000
dólares al año (867 euros).
Aunque en España sí existen experiencias cooperativistas en el
sector, el país no tiene una red de supermercados públicos
comparable al plan de Mamdani. Este asunto ya se ha puesto sobre la mesa en
ocasiones anteriores, sobre todo por la izquierda alternativa y las
organizaciones de consumidores. En cualquier caso, la propuesta genera mucho
debate.
"La alimentación es un derecho básico que ha sido privatizado. Parece que,
por primera vez en la historia, el Estado no tuviera nada que ver con la alimentación
de su pueblo. Por tanto, es imprescindible empezar a tener herramientas e
infraestructuras públicas que puedan asegurar este derecho a una alimentación
sana", asegura Javier Guzmán, sociólogo y presidente de Justicia
Alimentaria, una ONG que defiende con ahínco la creación de supermercados
públicos en España. El de Guzmán es un argumento muy parecido al que utilizó
Mamdani en su día para justificar su propuesta: "Garantizar que todos los
neoyorquinos puedan comprar alimentos frescos y asequibles en su propio barrio
es fundamental".
"El Estado ha perdido su capacidad de alimentar a la gente de una
manera más o menos sana, fresca. También ha perdido la capacidad de tener
un sistema alimentario más o menos equilibrado y resiliente. Somos un
país rico, pero cada vez comemos peor", responde Javier Guzmán cuando
se le pregunta por qué una propuesta como la de Mamdani no termina de
concretarse en España.
Para Guzmán, los supermercados públicos no serían tanto un modelo
de negocio como un modelo social a través del cual ampliar el acceso
de ciertas capas de la población a alimentos de calidad. "Tenemos
problemas de aumento constante de precio. En Justicia Alimentaria calculamos
que en los últimos cinco años los alimentos un 41% alimentos básicos y
frescos. En Catalunya, por ejemplo, el consumo de pescado ha bajado un 40% por
los altos precios", describe Guzmán.
Sin embargo, Guzmán también asume que en los últimos años se ha impuesto "una
narrativa neoliberal" que ha generado "un sistema
alimentario absolutamente desastroso que solo ha beneficiado a la
exportación y a grandes empresas distribuidoras".
Ahora mismo no hay un marco narrativo que apoye la creación de estos
supermercados públicos, según Guzmán. Este experto reconoce que en España faltan
voluntad política e interés para adoptar una medida como la de
Mamdani. La propuesta de crear una red de supermercados públicos en
España pone los pelos de punta a la derecha y a la patronal, y
el PSOE se pone de perfil. Las referencias a Cuba, Venezuela o el telón de
acero son casi automáticas cuando se habla de este asunto.
Tampoco la patronal está por la labor. Entre los detractores de esta medida se
cuentan entidades como la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios
y Supermercados (Asedas) o la Asociación de Fabricantes y Distribuidores
de España (Aecoc) argumentan que un supermercado público "no
aportaría nada". Estas organizaciones empresariales aseguran que sus
márgenes comerciales apenas superan el 2% y que el consumidor ya tiene una
"enorme" capacidad de elección en el mercado, con lo cual,
argumentan, una bajada de precios no se notaría tanto.
Por contra, los defensores de los supermercados públicos sostienen que
estos establecimientos ayudarían a reducir los márgenes comerciales de la grandes superficies,
ofrecerían precios más bajos en un contexto de constante aumento del precio de la cesta
de la compra y ejercerían cierta presión competitiva sobre el
resto del sector. "Las infraestructuras públicas alimentarias siempre han
existido en España, pero es verdad que en los últimos 30 o 40 años tanto la
producción como la distribución [de alimentos] han sido absolutamente
privatizadas. Eso ha provocado la concentración del mercado, el aumento de los
márgenes y la subida de los precios de los alimentos, sobre todo de los
frescos", concreta en este punto Guzmán.
El presidente de Justicia Alimentaria también explica que esta
privatización del sistema alimentario no solo perjudica a los consumidores,
sino también a los agricultores y los productores en origen.
"Nuestro país se ha convertido, como otros, en un sistema de
agroexportación a mercados globales. Casi es más fácil exportar que vender en
el pueblo de al lado", abunda este experto.
Guzmán se queja de que el actual sistema "no da
soluciones". "Nos hemos quedado solo con políticas y
regulaciones, pero eso no basta, porque cuando bajas el IVA, automáticamente va al margen
comercial del supermercado", añade.
Aprovechar los mercados municipales
La teoría de este experto es que, igual que existen la sanidad o la
educación públicas, el Estado debería preocuparse por la alimentación
de sus ciudadanos. En ese sentido, España cuenta con una ventaja
competitiva que otros países no tienen, recuerda Guzmán: "Necesitamos
retomar una cosa que ha existido toda la vida. Aquí tenemos los
mercados municipales, que son una infraestructura pública alimentaria con
una función social clarísima. Sin embargo, en los últimos años hemos entrado en
una deriva donde se ha impuesto el supermercadismo".
En cualquier caso, la mirada de Guzmán va más un poco más allá. "Esto
ha fracasado estrepitosamente: tenemos problemas de obesidad, pero también
tenemos problemas de falta de empleo generacional en el entorno rural con
todos los problemas que ello implica para el campo, como estamos viendo con los incendios. Estamos
en un momento histórico en el que necesitamos sistemas alimentarios mucho más
centrados en el derecho a la alimentación de la gente y de los
territorios", dice el presidente de Justicia Alimentaria.
"Hemos olvidado que el Estado tenía una función básica alimentaria,
casi de salud pública. En una democracia también se come y en
esta democracia hay millones de personas que no pueden alimentarse de forma
sana", se explaya Guzmán.
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