Las predicciones del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, empiezan a tener sentido. Alberto González Amador puede acabar por irse de rositas penalmente
Ernesto Carratalá
29/01/2025
Que un instructor del alto tribunal de este país, el Supremo, cuestione que Alberto
González Amador sea un “defraudador confeso”
después de que su abogado haya reconocido ante el fiscal la comisión de dos
delitos en la declaración del impuesto de sociedades de su empresa, da la
medida de cual va a ser el futuro penal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y más después de que la
instructora de su causa haya aplazado, por cuarta vez, su declaración como
investigado a falta de escasas semanas para que concluya el plazo legal de
instrucción. Estos gestos de los togados no hacen presuponer nada bueno a esa
decena de personas, políticos y periodistas, demandados por el empresario por
la “vulneración de su honor”. Está pidiéndoles un total de medio millón de
euros por referirse así a él y, al final, como sigan las cosas por ese cauce,
no sólo se va a archivar su causa por fraude a la Hacienda pública, sino que va
a ver cómo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se le condena por
revelación de secretos, y los tribunales fallan a su favor las demandas civiles
presentadas contra todos aquellos que le llamaron “defraudador”. Su venganza
está cada vez más cerca.
En su último auto, el instructor del caso García Ortiz, el juez Ángel Hurtado, deja bien claro cual va a ser el camino
penal del fiscal general del Estado. Según su criterio, existió una estrategia
coordinada dentro de la fiscalía para, en la noche del 13 de marzo de 2024,
obtener y filtrar el correo a la prensa “con el fin de perjudicar al empresario
y su pareja”. Y eso que en la causa no se ha presentado prueba alguna sobre esa
filtración. El juez se apoya en el informe de la UCO de la Guardia Civil para
afirmar que Álvaro García Ortiz tuvo un “papel preeminente” en esa filtración.
Y con eso le basta para concluir su investigación y presentar sus conclusiones
a la sala de Lo Penal que se encargará de juzgarlo. Las manifestaciones de los
tres inculpados son unos meros trámites. Hay que darles audiencia antes de
procesarles formalmente. Aun así, con un recorrido judicial que expertos
juristas califican de insuficiente para sentenciar una condena.
Pero lo que ha llamado la atención del último auto del juez es un párrafo
en el que resta importancia al correo enviado por el
representante legal de González Amador al fiscal anticorrupción, Julián Salto,
en el que reconoce la existencia de dos delitos contra la Hacienda pública en
las declaraciones de los impuestos de sociedades, y propone para el momento
procesal oportuno, un acuerdo de conformidad mediante el cual su cliente
abonaría la cantidad defraudada, una multa y los intereses de demora, en total
500.000 euros, y aceptaría una condena de 9 meses de cárcel que quedaría en
suspenso. El magistrado dice que “no se alcanza a entender la incidencia que
pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la
autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar
la trascendencia del de 2 de febrero”. Y aún hay algo más preocupante. El
juez, recordemos que es miembro de la sala de Lo Penal del Supremo, llega a decir
que “aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto González Amador se
le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que
ello conlleva”.
Y eso lo dice un juez del Supremo, una alta autoridad judicial de este
país. Se supone que de esta manifestación habrá tomado buena nota la
instructora de la causa, la jueza número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ya
que quien esto ha dicho es un superior que sale a comunicar a la sociedad que
está con el presunto defraudador, que defiende al presunto defraudador cuando,
además, no es su caso, él no lo está investigando es otro juez el que lo está
haciendo. Y no sólo eso, sino que Ángel Hurtado, poniéndolo negro sobre blanco,
lo que está haciendo es facilitar la labor del letrado que representa al
empresario para que prosperen esas reclamaciones multimillonarias presentadas
contra todos aquellos que han llamado a su cliente defraudador. A ver quién es
el guapo dentro de la carrera judicial que se atreve a contradecir la
“doctrina” de un magistrado del Supremo por muy cuestionada que sea su
trayectoria profesional. Recordemos su actuación en el caso Gürtel cuando era
miembro de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional.
Además, la instructora de Madrid, Inmaculada Iglesias,
tampoco está facilitando las cosas. Van cuatro las veces que ha aceptado
retrasar la toma de declaración de González Amador como investigado y la
instrucción de un asunto que parece claro, porque ahí están los informes de la
Agencia Tributaria, se está demorando más de la cuenta. La ley de
Enjuiciamiento Criminal limita a un año el plazo de la instrucción de un
sumario. Es verdad que, si tiene características complejas, se pueden autorizar
prórrogas de seis meses. La jueza abrió la investigación el 19 de marzo de 2024
por lo que resta algo más de mes y medio para que se dé por concluido el plazo
legal. Hay que recordar, también, que la instancia que tiene que decidir una
hipotética prórroga es la Audiencia de Madrid, cuyas secciones están
controladas por jueces conservadores que ya se han pronunciado en contra de los
recursos presentados por las acusaciones. Mucha prisa se debe dar la jueza o
mucho nos tememos que la causa puede acabar en archivo.
En ese supuesto, a nadie le cabría la menor duda de que el PP tiene una
fuerte influencia en la carrera judicial. Las predicciones del jefe de gabinete
de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, al que, por cierto, el juez
Hurtado descarta seguir investigando sus demostrados bulos, empiezan a tener
sentido. Alberto González Amador puede acabar por irse de rositas penalmente.
Y, todavía mejor para él, con la posibilidad de ganar en todo este asunto esos
500.000 euros que su abogado ofreció a la fiscalía anticorrupción para
liberarlo de sus responsabilidades penales. Sería el mundo al revés. Pero en
este país, con esta judicatura, cualquier cosa es posible.