El retorno del emérito desde su exilio de Abu Dabi supone un grave riesgo para la estabilidad del país
Prosigue el incesante goteo de titulares de prensa sobre los documentos
desclasificados del 23F. Sin embargo,
pese a que una legión de periodistas anda con la lupa noche y día, como
exégetas del pasado, sigue sin aparecer nada nuevo que cambie el curso de la
historia. Hay algunas transcripciones supuestamente reveladoras, como lo
que Juan Carlos I le dijo al conjurado Milans del Bosch en las horas más críticas del
golpe: “Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro
de la legalidad vigente; después de este mensaje ya no puedo volverme atrás”.
Pero todo son interpretaciones subjetivas de los historiadores críticos con la
versión oficial, nada definitivo, contundente o demoledor como para darle un
vuelco a la historia.
Es obvio que el Estado (no solo Pedro Sánchez) le ha dado al pueblo un puñado de viejos
papelorios –muchos de ellos sin firmar, sin sello del organismo competente y
podridos por la humedad– solo con una finalidad: blanquear la imagen de Juan
Carlos y prepararle el retorno a España desde su exilio dorado en Abu Dabi. Estamos, por tanto, en una especie de
operación monárquica para que el rey emérito pueda volver al país ante los
rumores sobre su delicado estado de salud, y de paso apuntalar un sistema, el
bipartidista, que hace aguas por todas partes. Los papeles desclasificados del
golpe, lejos de indagar en los hechos y de ser el filón antimonárquico
definitivo, han devenido en un burdo montaje con el fin de reescribir la
historia hasta que los españoles entren en razón, se dejen de tentaciones
republicanas y vuelvan a ver al patriarca de la Transición como
el santo que nunca fue. No hay que ser muy listo para entender que alguien ha
recortado los archivos secretos del Estado. La censura ha hecho un trabajo a
conciencia. Se ha hurtado información, se han ocultado informes, se ha
destruido una parte esencial del material. Le han dado al pueblo unas migajas
de verdad, unos papeles y grabaciones que interesaban a los poderes fácticos
empeñados en preservar lo poco que queda ya de aquel cuento de hadas sobre un
rey bueno, valiente y solo ante el peligro enfrentado a unos malvados
pistoleros con tricornio.
La burda maniobra pactada por PSOE y PP quedó al descubierto cuando no
habían pasado ni 24 horas desde que los papeles confidenciales llegaban a las
redacciones de los periódicos y Feijóo ya
pedía, de forma grandilocuente, el regreso del viejo monarca. Podían haber
disimulado un poco. Podían haber dejado pasar un par de semanas al menos,
siquiera por mantener las formas. Pero el emérito tiene urgencias vitales. Sabe
que el tiempo se le acaba. Sufre achaques por doquier, le cuesta moverse por sí
mismo y en Abu Dabi empezaba a sentirse abandonado, recluido en una jaula de
oro. El miedo a la soledad es el peor de todos los miedos. Y luego está la gran
obsesión de Juan Carlos: un deseado funeral de Estado que lo coloque en el lugar
que él cree le corresponde. Para bien o para mal, el mayor patrimonio de un rey
es, ante todo, su orgullo. Las presiones que en los últimos meses ha ejercido
sobre su hijo, Felipe VI, para ver satisfechas sus
últimas voluntades, han sido brutales. Ha filtrado titulares maliciosos a la
prensa, se ha saltado las prohibiciones de Zarzuela para
asistir a las regatas de Sanxenxo, ha escrito
libros ajustando cuentas con la familia y reivindicando el papel de Franco. Todo este chantaje emocional ha terminado dando
resultado. Casa Real ha cedido ante el borbón terco y cabezota y PSOE y PP han
optado por no meterse en líos institucionales, dejándolo todo en manos de
Zarzuela, como un problema interno de la monarquía. Se han quitado la patata
caliente de encima, como suele decirse.
La alfombra roja para el retorno del rey ya está puesta. Juan Carlos I
volverá más pronto que tarde y lo recibirá una corte de aduladores y palmeros.
La Justicia ha tapado sus fraudes fiscales, los escándalos sexuales han
amainado y fluye una corriente de opinión, difundida por la caverna mediática,
para crear el ambiente propicio. Sin embargo, el regreso no será el final del
problema ni el final de la historia, sino solo el principio. Hay demasiados
inconvenientes para la estabilidad del país en una operación altamente
peligrosa y arriesgada. Primero, el asunto de la residencia, es decir, dónde va
a vivir el emérito. En Zarzuela no puede quedarse, porque un defraudador al
fisco, por muy inviolable que sea, da mala imagen a la Familia Real. Felipe VI
no está por la labor de esa mudanza en palacio, mucho menos la reina Letizia, que no se lleva con el suegro. Podrían
aparcarlo en el El Pardo, entre los fantasmas del
franquismo, en un parador de Patrimonio Nacional, o algo peor: podrían darle un
piso de VPO como esos del escándalo del PP de Alicante. En fin, sin
comentarios.
En segundo lugar, está la cuestión de los actos oficiales. ¿Se le ofrecerá
una agenda de representación institucional, con paguita, a un exjefe de Estado
salpicado por graves casos de ilegalidades tributarias? Sería un delirio,
además de una ruina para la marca España. Y, en tercer lugar, la seguridad
nacional. El retorno del rey crispará aún más los ánimos ya encendidos de las
dos Españas. Además, dos reyes bajo el mismo cielo de un solo país podría
provocar distorsiones y disfunciones, como la división del pueblo en dos
grandes banderías, juancarlistas versus felipistas, algo que parece cosa de
la Edad Media pero que, visto el momento distópico en
el que nos encontramos, podría ocurrir perfectamente. Dos miembros de la realeza
enemistados por cuestiones de trono no es buen asunto, sería fuente de
pugna y conflicto constante, y en España sabemos bien cómo terminan esas
cuestiones de linajes (ya tuvimos un siglo de mala experiencia con las
guerras carlistas). Se mire por donde se mire, lo del emérito es un embrollo
monumental. Tiene mala solución y muy mala pinta.
