La reacción del PP ante las acusaciones contra el alcalde de Móstoles revela que el silencio se presenta como solución frente a las denuncias de abusos sexuales y laborales
Agustín Millán 06/02/2026
El caso de los presuntos abusos atribuidos al alcalde de Móstoles no puede leerse solo como un
conflicto personal ni como un episodio aislado de confrontación política.
Tampoco puede reducirse a las palabras —más o menos desafortunadas— de un solo
dirigente. Lo que ha salido a la luz dibuja algo más profundo y estructural: la forma en que el Partido Popular gestiona las denuncias internas
cuando estas afectan a cargos propios y amenazan con romper la disciplina del
silencio.
En esas conversaciones internas se llega a calificar
la situación descrita como “un acoso de manual”. Esa expresión no procede de la
oposición ni de colectivos externos, sino del propio entorno del partido.
La exconcejala que denunció acoso sexual y laboral no buscó inicialmente ni
titulares ni tribunales. Hizo lo que muchas mujeres hacen cuando el poder está
dentro de su propia organización: pidió ayuda. Solicitó amparo. Expuso los
hechos ante la dirección del partido en Madrid y, más tarde, ante la dirección
nacional. Su expectativa era razonable: ser escuchada, protegida y que se
activaran mecanismos internos de investigación. Lo que encontró fue otra cosa.
Una respuesta basada en contener, no en
esclarecer
Las conversaciones internas conocidas muestran un patrón reiterado: disuadir, rebajar, enfriar, desactivar. No aparece una
voluntad clara de investigar a fondo, sino un esfuerzo constante por evitar que
el conflicto trascendiera. Se le habló de las consecuencias personales, del
impacto mediático, del daño a su entorno familiar y de lo difícil que sería
soportar una denuncia pública. Se le aconsejó no denunciar, no judicializar, no
hacer ruido.
No se trató de una reacción improvisada ni de un comentario aislado. Fue
una línea sostenida por distintos cargos del partido en diferentes reuniones.
La idea de fondo era clara: el problema no era lo que se denunciaba, sino que
se denunciara.
Aquí es donde el caso deja de ser individual y se convierte en político.
Porque cuando una organización prioriza la contención del daño
reputacional frente a la protección de una posible víctima, está tomando
partido, aunque luego invoque la neutralidad o la presunción de
inocencia.
El reconocimiento implícito y la inacción
explícita
Hay un elemento especialmente revelador: en esas conversaciones internas se
llega a calificar la situación descrita como “un acoso de manual”. Esa
expresión no procede de la oposición ni de colectivos externos, sino del propio
entorno del partido. Y, sin embargo, ese reconocimiento no se tradujo en la
apertura de un procedimiento garantista ni en medidas de protección.
La contradicción es evidente: si se considera que el relato
encaja en un patrón claro de acoso, ¿por qué no se actúa en consecuencia? Y
si no se considera así, ¿por qué se insiste tanto en que no se denuncie?
La respuesta parece estar en una lógica antigua pero persistente: resolver
el problema apartando a quien lo señala. De hecho, la salida final fue esa.
Tras meses sin una respuesta efectiva, la exconcejala entregó su acta y
abandonó el partido. El conflicto se cerró, pero no porque se aclararán los
hechos, sino porque desapareció quien los ponía sobre la mesa.
El papel del partido: ni protocolo ni
escucha real
Cuando el asunto llegó a los órganos nacionales del Partido Popular, el
resultado fue similar. La denunciante presentó un escrito extenso, detallado,
con documentación y testigos propuestos. Sin embargo, el expediente terminó
archivado sin que ella fuera citada ni escuchada personalmente, y sin
constancia de que se practicaran las diligencias que ella solicitaba.
Formalmente, el partido puede alegar que actuó. Políticamente, lo que
transmite es otra cosa: una investigación sin escucha
no es una investigación, es un trámite defensivo. Sirve para cerrar
filas, no para esclarecer responsabilidades.
Este modo de proceder tiene consecuencias que van más allá de un caso concreto.
Envía un mensaje nítido a cualquier mujer dentro de la organización: denunciar
puede salir caro, y el coste lo paga quien habla, no quien es señalado.
No se puede defender a las mujeres solo cuando hacerlo
resulta rentable.
Ayuso, el PP de Madrid y el cierre de
filas
Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso deben
entenderse dentro de ese marco más amplio. La presidenta madrileña no es la
única responsable de la respuesta del PP, pero sí es su principal referente
político. Cuando opta por deslegitimar la denuncia y por presentarla como parte
de una ofensiva política, refuerza la estrategia de cierre de filas y desplaza
el foco lejos de las decisiones internas del partido.
No es solo Ayuso. También están la dirección regional, la nacional y los
órganos que decidieron no escuchar a la denunciante. Pero su voz amplifica un
mensaje: el problema no es lo ocurrido, sino el ruido que genera.
Ese enfoque contrasta con la severidad que el PP ha mostrado en otros casos
cuando los acusados pertenecían a otras formaciones. Entonces, la exigencia de
responsabilidades era inmediata, la palabra de las denunciantes se consideraba
suficiente para exigir dimisiones y la ejemplaridad se invocaba como principio
irrenunciable.
La doble vara y sus efectos
La incoherencia no es solo moral; es política. No se puede defender a las mujeres solo cuando hacerlo resulta
rentable. No se puede exigir denuncias judiciales como prueba de
credibilidad mientras, al mismo tiempo, se presiona para que esas denuncias no
se presenten cuando afectan a los propios.
Este doble rasero erosiona la confianza en las instituciones y banaliza el
discurso contra el acoso. Porque convierte un problema estructural en un arma
arrojadiza y vacía de contenido cualquier apelación a la igualdad o al respeto.
Lo que queda cuando el partido no protege
a la víctima
Al final, el balance es claro. Una mujer pidió ayuda dentro de su partido.
Expuso una situación grave. Fue disuadida de denunciar. No se activaron
mecanismos eficaces de protección. Acabó fuera de la institución y del partido.
Y el expediente se archivó sin escucharla.
Ese recorrido no es un accidente. Es el resultado de una cultura política
que sigue entendiendo el conflicto como algo que hay que sofocar, no como una
oportunidad para corregir abusos y mejorar las reglas del juego.
Aquí no se está pidiendo una condena anticipada ni se está negando la
presunción de inocencia de nadie. Lo que se está señalando es algo más
elemental: la obligación de escuchar, investigar y
proteger. Cuando un partido no cumple con eso, el problema no es la
denuncia. El problema es la organización que decide que es más cómodo mirar
hacia otro lado.
Y mientras esa lógica no cambie, ningún discurso, ninguna consigna ni
ningún cierre de filas podrá ocultar lo esencial: el silencio no es neutral, siempre beneficia al poder.
