Comentario: Propongo que
todos los periodistas independientes se den de baja en todas las redes
sociales, así sólo podrán amenazarlos directamente (y eso ya requiere cojones)
o en sus periódicos, que, obviamente, no publicarán sus amenazas. Sin redes sociales,
estos “machotes” no son nada, cuatro miserables pagados por quién todos
sabemos.
Vandalizada la tumba de las 'Trece Rosas" con amenazas de muerte a Sarah Santaolalla
Faltaban
pocos días para Año Nuevo de 2003 cuando un grupo de ultraderechistas forzó la
puerta del Casal Jaume I del barrio valenciano de Russafa, uno de los locales
que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) tenía en la capital del Turia. En
el periódico L’Avanç, un proyecto informativo
autogestionado y en valenciano que un grupo de amigos habíamos puesto en marcha
unos años antes, llevábamos ya un tiempo detrás de este grupo de extrema
derecha que desde la Transición se dedicaba a atacaba impunemente cualquier local,
acto o entidad que consideraban ‘catalanista’. Cada semana había ataques contra
locales comerciales que rotulaban en valenciano, librerías, asociaciones
culturales, sindicatos, concejales, colegios, profesores o sedes políticas. Sus
militantes se presentaban habitualmente a reventar actos, desde festivales de cine en valenciano, encuentros de escolares que estudiaban en valenciano, presentaciones de libros o recitales de poemas. Una violencia tan habitual
como impune que el delegado del gobierno Ricardo Peralta (PSOE) llegó a
calificar una vez de fruto de la ‘normalidad democrática’.
Aquella
noche de diciembre, los asaltantes, acostumbrados a la impunidad, no contaban
con que les estábamos vigilando. Se les identificó, publicamos la noticia y al
día siguiente uno de los cabecillas se presentó en el portal donde teníamos la
redacción y fundió el timbre tras ver que nadie le abría. Nos llenaron varios
días el patio de pintadas. Nos dejaban mensajes en el buzón y preguntaban por
nosotros en los comercios de la zona. Nada de esto evitó que tres de los
identificados en aquel asalto acabaran ante el juez, siendo condenados a un año y medio de prisión por un delito de robo y una
falta de daños.
Hacer
periodismo antifascista aquellos años, y más en una ciudad como València, que
siempre tuvo fama de ser un oasis para la extrema derecha dada la impunidad de
la que gozaba, no era tarea fácil. Éramos tan solo un puñado de periodistas
amateurs veinteañeros al mando de un proyecto alternativo, y muchos de nosotros
firmábamos nuestras piezas con seudónimo. La web del periódico tenía un foro
muy activo donde habitualmente recibíamos todo tipo de amenazas por parte de la
extrema derecha. Y descubrimos que algunas de estas tenían como origen una IP
singular: la Jefatura Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en València. Denunciamos los hechos, la entonces diputada Isaura Navarro lo
llevó a las Cortes valencianas, y hasta nos reunimos con el entonces delegado
del Gobierno, pero nunca supimos quién nos había amenazado desde un despacho
del CNP.
Así
estaba la cosa hace más de veinte años en València, y a pesar de ello, nunca
dimos ni un paso atrás. Eso no quiere decir que no tuviéramos miedo, que no nos
sintiéramos solos o que no tomásemos nuestras precauciones. Tuvimos que hacerlo
por pura supervivencia, pero entendíamos que no podíamos normalizar la
violencia y el acoso de la extrema derecha, y que el periodismo debía servir
también para frenarla. L’Avanç cerró unos años después, pero la
mayoría de nosotros siguió haciendo periodismo.
Todavía
no existía Vox, ni las redes sociales, y la extrema derecha no había
conquistado tantas plazas en el mundo como ahora, pero sabíamos el potencial
peligro que representaba. Por eso no le quitamos ojo. Nos había tocado lidiar
con grupos neonazis y fascistas que, a pesar de ser marginales, ejercían la
violencia de manera reiterada, también quienes los denunciábamos. Yo mismo fui
agredido por varios fascistas mientras cubría una manifestación en 2017.
Denuncié a los agresores y estos fueron condenados por ello.
Veinte
años después de aquellas humildes investigaciones de L’Avanç, esa violencia y esa
impunidad que entonces advertíamos se ha vuelto cada vez más habitual, más
vehemente, más masiva y cobarde gracias a las redes sociales, y más aceptada
por una parte de la sociedad que encuentra justificación en los discursos de
odio y los señalamientos diarios que representantes políticos y propagandistas
de la ultraderecha hacen todos los días desde sus atalayas. Hay que recordar
que los y las periodistas hemos sido siempre objetivo favorito de los ultras, y
me acuerdo hoy también de mi colega Jordi Borràs, fotoperiodista catalán
agredido en 2018 por un fascista en plena calle al grito de ‘Arriba España’. Un
fascista que, además, resultó ser inspector del Cuerpo Nacional de Policía, que
ni siquiera fue apartado del cargo tras ser condenado por la agresión. Hoy
milita en Vox y sigue insultando y amenazando en sus redes sociales. Me acuerdo
también de mi amigo Joan Cantarero, que trabajó muchos años en Interviú y que incluso
publicó un libro tras infiltrarse en el negocio de la prostitución del que
participaban conocidos ultraderechistas.
Estos
días ha habido muchas e imprescindibles muestras de solidaridad con Héctor de Miguel y Elena Reinés, dos
comunicadores que han sufrido el acoso y las amenazas de la ultraderecha. Sarah Santaolalla lleva meses aguantando
no solo insultos sino seguimientos hasta su trabajo y a su propia casa. A Rubén Sánchez, de FACUA, lo llevan frito,
y ayer mismo publicaba la noticia de la detención de uno de los fascistas que
lo amenazó por Whatsapp. Antonio Maestre ha llevado a juicio a
varios neonazis que lo han amenazado, e incluso ha tenido que aguantar el acoso
de los agitadores ultras mientras ejercía su trabajo, igual que la
compañera Ana Pardo de Vera y otros colegas. Román Cuesta fue agredido por un
grupo de ultraderechistas en la puerta de su casa tras desvelar la identidad de
varios perfiles anónimos de la extrema derecha. A la periodista Laura Arroyo no solo la amenazan
fascistas anónimos, sino que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado que trabajan para Vox piden su deportación. Al periodista Moha Gerehou, lo amenazaron de muerte y
simularon que lo subastaban por internet. Ganó el juicio hace unos años contra
esos fascistas. Y como no, la compañera Cristina Fallarás, que lleva ya muchísimos
años esquivando como puede las balas que le disparan los ultras cada vez que
osa pronunciarse.
Esto
no sucede solo en nuestro país. La acción intimidatoria y las amenazas
fascistas contra periodistas se repiten en otros países. Hace unos años
participé en un acto en Milán junto con el periodista italiano Paolo Berizzi, que ha escrito varios
libros y bastantes artículos sobre la ultraderecha. Llevaba escolta para dar la
charla. Lo mismo me contó la periodista francesa Salomé Saqué, autora del libro
‘Resistir’, que habla precisamente sobre cómo la extrema derecha estaba ganando
una normalidad que ponía en riesgo la democracia y la seguridad de quienes la
defendemos. Me confesó que acude a los actos con protección policial ante las
amenazas de los ultraderechistas. La periodista feminista argentina Luciana Peker vive desde hace unos
años en España debido a las amenazas de la extrema derecha. Y más
recientemente, el profesor norteamericano Mark Bray ha tenido que
exiliarse también en nuestro país junto a su familia tras ver su domicilio
expuesto en redes y recibir numerosas amenazas de muerte por haber publicado un
libro sobre antifascismo.
Hay
muchos otros casos que posiblemente olvido, y muchos otros colegas que me
confiesan recibir amenazas regularmente, pero que no lo denuncian y menos aún
lo cuentan públicamente. La violencia fascista no es solo contra periodistas.
Nosotros somos tan solo uno de sus tantos objetivos. Hay políticos, activistas,
artistas, y por supuesto, colectivos determinados, que son víctimas constantes
de su violencia, y muchos de ellos no cuentan con los altavoces que tenemos los
periodistas. Una violencia que no debería ser normal en un contexto
supuestamente democrático, pero lamentablemente se ha convertido en el pan de
cada día. Ante esto, no somos pocos quienes alzamos la voz una vez más
alertando del riesgo que corremos todas y todos si dejamos que este acoso se
normalice.
Es
imprescindible que no nos quedemos en el perfil anónimo ni en el chulo de
mierda que monetiza el odio en su canal de YouTube. Hay quien pone la diana y
alienta a sus seguidores a actuar, porque él nunca se mancha las manos, y
cuando lo hace, es porque se sabe impune. Hay que empezar a preguntar al PP por
el dinero que invierte en esos pseudomedios y agitadores que promocionan el
acoso y señalan objetivos. Hay que señalar a esos periodistas y a esos medios
que promocionan a los acosadores o que participan del escarnio a sus víctimas.
Hay que preguntar al ministro del Interior qué demonios está haciendo para
frenar esta ola de ataques, y hay que interpelar al resto de profesionales de
la información que siguen poniéndose de perfil y hablando de ‘polarización’
para evitar hablar de fascismo.
Cada
uno gestiona sus miedos como puede, y no se le puede exigir a nadie que ejerza
de héroe ni de mártir. Pero sí podemos exigirnos a nosotros mismos un mínimo de
responsabilidad ante este problema, que ni es nuevo ni es inofensivo, ni mucho
menos, fruto de ninguna normalidad democrática. Hay que apoyar a todos y todas
las que sean amenazadas por estos matones. Y exigir a las instituciones y al
resto de la sociedad que no miren hacia otro lado. Por mucho que los acosadores
se escuden en la supuesta libertad de expresión que ampara su odio y sus
amenazas, y aunque la justicia ampare su impunidad, no tengamos miedo a
plantarles cara. Mantengámonos juntos, juntas y firmes. No podemos regalarles
más victorias.
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