Voy a comenzar esta segunda y penúltima parte con una frase famosa sobre la irrelevancia de los muertos: “Los muertos no pueden clamar por la justicia. Es deber de los vivos hacerlo por ellos”. De Lois Macmaster Bujold. ¿Clama Madrid? Está claro que sí.
Los ancianos de
Madrid. Los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia.
Los protocolos de la vergüenza, que están siendo
investigados, suponen una de las decisiones políticas más graves de nuestra
democracia.
Lo ocurrido en las residencias madrileñas durante la
pandemia fue fruto de una de las decisiones más graves que haya tomado jamás un
político español en democracia. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue el
responsable último de unos protocolos que la Justicia investiga ahora por
suponer una posible discriminación que provocó la muerte de 7291 personas de
una manera inhumana. Actuar como si no hubiera ocurrido nada, tal y como hace
la presidenta madrileña, es síntoma de una indignidad peligrosa para la calidad
democrática.
Aquellas indicaciones que salieron de la Puerta del
Sol impidieron el acceso al hospital a un grupo de personas que cumplían unas
características muy concretas: tener una edad avanzada, vivir en una residencia
de ancianos y no disponer de un seguro médico privado.
Es decir, desde un despacho político se habría
decidido a quién se le daba la oportunidad de salvar su vida obviando criterios
profesionales o sanitarios. Los conocidos como protocolos de la vergüenza se
centraban en cuestiones como la edad del paciente o su bolsillo. Los ancianos
en residencias no fueron derivados a hospitales porque se iban a medicalizar
los centros en los que vivían, algo que nunca ocurrió. Sin embargo, aquellos
que podían costearse un seguro privado sí fueron trasladados a sus hospitales
privados. A los que solo tenían la sanidad pública, tal y como ha confirmado en
su declaración el director de los centros HM Hospitales, Juan Abarca, se les
impidió el acceso a aquellos hospitales que llevaban pagando toda su vida con
sus impuestos, en el momento en que más lo necesitaban.
Dos altos cargos del Gobierno de Ayuso, Carlos Mur y
Francisco Javier Martínez, han sido imputados como responsables de estos
protocolos. Por otro lado, Antonio Burgueño, asesor sanitario de la Comunidad
de Madrid, ha declarado ante la jueza de Leganés que investiga los protocolos
que mantuvo una reunión con la propia presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y los consejeros de Sanidad y
Hacienda, Enrique Ruiz Escudero y Javier Lasquetty. También ha declarado que
asumió el mando único de la sanidad madrileña. En esa reunión, Burgueño había
presentado un plan para que los ancianos residentes fueran atendidos en sus
residencias, algo que el Gobierno madrileño anunció poco después.
La discriminación por razón de edad y, posiblemente
por criterios socioeconómicos, que llevó a cabo el Gobierno de Ayuso durante la
pandemia, no puede no tener responsabilidades políticas. Es una gestión
catastrófica que va a perseguir a Isabel Díaz Ayuso durante el tiempo que le
quede de mandato.
En los momentos clave o los más delicados, el PP nunca
está a la altura. En los momentos en que la situación exige elevar la moral o
la integridad, los populares nunca consiguen estar a la altura. No lo
estuvieron en los atentados del 11M, en el accidente del Yak-42 o en la DANA de
Valencia. En Génova 13, tampoco están a la altura en los momentos posteriores y
en el acompañamiento a las víctimas.
Ha sido lamentable ver cómo dirigentes autonómicos del
PP de Madrid banalizan a los familiares de las 7291 víctimas, se ríen de ellas
o incluso dudan si realmente eran familiares de los fallecidos cuando aparecían
en los medios. Se mire por donde se mire, lo ocurrido en Madrid durante la
pandemia, es de una gravedad inasumible en democracia. Los familiares de las
víctimas merecen justicia y un gobierno que les pida perdón en lugar de
burlarse de ellos.
Antes de seguir y adentrarme en la guerra de Irak,
quiero recordarles que también estuvimos presentes en Afganistán con gobierno
del Sr. Aznar del PP, para ayudar, se supone, a eliminar a los talibanes. Esa
contribución, con 27.100 militares -que no sirvió de nada, al final los
talibanes volvieron al poder- nos costó la friolera de 4.000 millones de euros
y 102 muertos más dos intérpretes también muertos. Así que la suma es ya,
incluidos los del Yak-42, de 298+7.291+104=7.693. Irrelevante.
La guerra de Irak.
Durante el inicio de la guerra de Irak en 2003, el presidente del Gobierno
de España era José María Aznar, líder del Partido
Popular. Su gobierno apoyó activamente la invasión liderada por Estados Unidos,
enviando tropas (1.300 militares) a la zona, a pesar de la amplia oposición
social en España. Su egocentrismo desmesurado por figurar en una foto con los
presidentes del Reino Unido y de EEUU, mostrándoles toda la pleitesía propia de
una persona de poco abolengo, nos costó otros 11 muertos y 18 heridos. Además, 7 agentes del CNI
murieron en una emboscada en noviembre de 2003. Y gracias que el presidente que lo sustituyó en marzo del 2004, José Luis
Rodríguez Zapatero, ordenó la retirada de las tropas, pues de haber seguido
allí, está claro que el número de muertos habría aumentado considerablemente.
Señalar que los americanos tuvieron casi 4.500 muertos y más de 32.000 heridos,
y los ingleses 179 muertos y 315 heridos, además de los 130 muertos de otros
países de la coalición, pero, eso sí, los yanquis se hicieron cargo del
petróleo iraquí y desde entonces el país está sumido en algo así como una
guerra civil con cerca de 2 millones de muertos que no ha podido evitarlos una
segunda intromisión yanqui. Seguimos sumando y tenemos ya 7.693+18= 7.711.
Irrelevante.
La Dana de Valencia.
De la Dana de valencia se ha gastado ya demasiada
tinta, y todo el mundo está suficientemente informado de lo que ocurrió, pero,
si algo más se quiere saber, les recomiendo que se dirijan a la Wikipedia donde
todo está reflejado punto por punto. Mi misión en este escrito es señalar el
número de fallecidos y sus responsables políticos. De quiénes gobernaban la
Comunidad Valenciana no hay la menor duda, eran los políticos del Partido
Popular y, obviamente, los máximos responsables de las irregularidades que
dieron lugar a la catástrofe: 238 muertos y ningún desaparecido a fecha de 3 de
diciembre de 2025. Parece ser que fue por negligencia Popular que ocurriera lo
que ocurrió una vez más, con lo que las cifras sumadas estas víctimas son ya:
7.711+238= 7.949. Irrelevante.
El tren de Galicia. Accidente de Angrois.
Cuando ocurrió lo del accidente ferroviario de
Santiago de Compostela o accidente de Angrois (año 2013), gobernaba en España
Mariano Rajoy Brey del Partido Popular. El accidente se produjo el 24 de julio
de 2013 cuando un tren Alvia que viajaba de Madrid a Ferrol descarriló en la
curva A Grandeira de Angrois a unos tres kilómetros de Santiago de Compostela.
De las 224 personas que viajaban a bordo (218 pasajeros y 6 tripulantes) 144
resultaron heridas y 80 fallecieron. El tren viajaba a 191 km/h cuando entró en
la curva del accidente, duplicando la velocidad máxima de 81 km/h. La ministra
de Fomento (actual Ministerio de Transporte) era Ana Pastor Julián del Partido
Popular y en la Comunidad de Galicia gobernaba el actual líder del PP Alberto
Núñez Feijóo. Aunque la causa de este accidente aún no está cerrada por la
justicia (las víctimas hacen responsables a Ana Pastor del PP y José Blanco del
PSOE), los muertos están ahí y hay que sumarlos puesto que ocurrió con gobierno
del PP y este Partido, como siempre, se inhibe de lo ocurrido. Sigue la suma y
tenemos ya 7949+80= 8.029. Irrelevante.
Fdo.: Ángel Morillo Triviño -04/02/2026
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