La experiencia de Irak en 2003 ofrece una advertencia histórica. Se llamó
Operación Libertad Iraquí, pero costó cientos de miles de vidas, generó el
Estado Islámico y entregó Irak a la influencia de Irán, el país que
supuestamente había que contener. Veintitrés años después, parecidos argumentos
y el mismo lenguaje apuntan al régimen iraní. Washington no ha extraído lección
alguna de aquella catástrofe.
La invasión liderada por Estados Unidos en 2003 fue una operación militar
basada en premisas falsas —como la existencia de armas de destrucción masiva—,
con el objetivo de reconfigurar la economía de Irak en favor de intereses
externos. Bajo la autoridad de la Coalition Provisional Authority (CPA) y el
liderazgo de Paul Bremer, el país fue sometido a una transformación neoliberal
acelerada. Amparadas en la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de la ONU,
las autoridades de ocupación implementaron más de un centenar de órdenes
ejecutivas que rediseñaron Irak como una economía abierta y subordinada. La
Orden 39 permitió la propiedad extranjera total de empresas iraquíes y la
repatriación inmediata de beneficios. La Orden 17, por su parte, otorgó
inmunidad legal a contratistas no iraquíes y redujo los impuestos y aranceles
de forma drástica, dejando a la economía local sin mecanismos de defensa.
La Orden 1 prohibió a los miembros del Partido Baaz ocupar cargos públicos.
Esto provocó que, de la noche a la mañana, el Estado se quedara sin directores
de hospitales, médicos y enfermeros, jueces, ingenieros eléctricos, gestores de
agua, profesores de universidad, primaria y secundaria, y burócratas
experimentados que hacían funcionar el país, lo que contribuyó a su colapso. La
disolución del aparato estatal y las privatizaciones masivas generaron un
desempleo que alcanzó niveles cercanos al 70%. Servicios básicos como el agua
potable, la electricidad o la sanidad dejaron de funcionar en amplias zonas del
país. Mientras tanto, la violencia se disparó, alimentada por el
desmantelamiento del tejido social y económico y por el resentimiento contra la
potencia invasora. En contraste, grandes corporaciones estadounidenses como
Halliburton, Blackwater o Bechtel obtuvieron contratos multimillonarios en
condiciones opacas y sin competencia real. La reconstrucción se convirtió en un
negocio obsceno en el que fondos públicos y recursos iraquíes fueron
canalizados hacia empresas con estrechos vínculos con la Administración
estadounidense. El resultado fue una transferencia masiva de riqueza en medio
del caos.
Las reformas de la CPA entraban en conflicto con el marco jurídico
internacional que regula las ocupaciones militares. Tanto las Convenciones de
La Haya de 1907 como el IV Convenio de Ginebra establecen que una potencia
ocupante debe administrar el territorio sin alterar de forma estructural su
orden económico y social. La ocupación estadounidense fue mucho más allá de la
mera administración provisional, para terminar imponiendo cambios de carácter
profundo y permanente. El país pasó de ser una tiranía con ciertas concesiones
sociales a un sistema fragmentado, subordinado a intereses externos. La promesa
de una “economía de mercado” no trajo prosperidad general, sino desigualdad,
precariedad y desestructuración. La caída del régimen alteró el equilibrio
regional y abrió la puerta a una mayor influencia iraní por medio del apoyo
político y financiero a las milicias chiíes, lo que provocó la extensión de la
inestabilidad en Oriente Medio.
Con todo, el error de cálculo estratégico más grave de la ocupación fue la
Orden 2 de la CPA, que disolvió el ejército iraquí y dejó a entre 400.000 y
500.000 militares armados sin salario ni pensiones, con un profundo sentimiento
de humillación. Este vacío de poder fue aprovechado por Al Qaeda en Irak,
liderada por Abu Musab al Zarqawi, que desde 2003 empezó a reclutar yihadistas
y oficiales del disuelto ejército. En 2006, ambos grupos se fusionaron,
proclamando el Estado Islámico de Irak. La guerra civil siria abrió un nuevo
espacio de expansión, y entre 2012 y 2013 el grupo se extendió a Siria,
adoptando el nombre de Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS). El resultado fue
el aumento del terrorismo sectario entre chiíes y suníes que agravó la fractura
de la sociedad iraquí.
No importa qué eufemismos se utilicen con el fin de moldear nuestra
percepción de la realidad, el caso iraquí revela una incómoda evidencia: la
guerra no solo destruye países, también puede reconfigurarlos para servir a
intereses económicos ajenos. Lo ocurrido en Irak tras la invasión ha sido
interpretado por diversos analistas como un proyecto de expolio sistemático,
donde la ocupación facilitó la colonización económica en beneficio de empresas
vinculadas a la Administración Bush. Las lecciones son claras: sin legitimidad,
sin protección del tejido local y sin control democrático, las políticas de
“libre mercado” impuestas desde el exterior no generan desarrollo. Irak no fue
reconstruido: fue rediseñado por un conjunto de halcones neoconservadores como
Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz, que actuaron con total
impunidad. La misma lógica, con distintos nombres, opera hoy desde Washington.
Las similitudes estructurales entre Irak e Irán son inquietantes. Irán es
una potencia regional con un ejército de más de medio millón de efectivos, una
red de milicias aliadas extendida por Irak, Siria, Líbano y Yemen, y una
economía que, pese a las sanciones, mantiene una clase media urbana
nacionalista con importante formación técnica. Si la disolución del ejército
iraquí bastó para generar el ISIS, la desintegración del aparato militar y
revolucionario iraní generaría un vacío de poder de proporciones incalculables,
con milicias armadas, tecnología de misiles y una red regional de alianzas que
ninguna fuerza de ocupación podría controlar. La experiencia de Irak fue el
resultado predecible de ignorar la complejidad de una sociedad. Con Irán, el
riesgo es aún mayor.
La caída del régimen de Saddam Hussein desestabilizó Oriente Medio durante
dos décadas y entregó Irak a la influencia iraní. Un colapso del Estado iraní
no produciría una democracia liberal, sino una implosión con efectos
impredecibles desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, arrastrando consigo
los mercados energéticos globales y abriendo nuevos frentes para el yihadismo.
Europa no tiene ninguna razón para seguir de forma acrítica las políticas de
enfrentamiento de Estados Unidos e Israel con Irán, más aún cuando las
consecuencias económicas de un nuevo conflicto en la región serían devastadoras
para Occidente. La historia reciente no nos permite ser optimistas. ¿Qué
podemos esperar de la pretendida liberación de Irán por parte de quienes, como
Trump y Netanyahu, ya demostraron en Gaza que el coste humano no figura entre
sus prioridades?
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