Vicente Mateos Sainz de Medrano
La coincidencia en el tiempo, ¡oh casualidad!, de la apertura de juicio oral de los casos Kitchen—tras casi trece años de instrucción— y Ábalos-Koldo-Aldama—instruido en dos años—, pone ante los ojos de la ciudadanía lo peor del ejercicio de la política protagonizado por los lacayos del poder de turno, en el primer caso, y por los yonkis del dinero en el segundo. En ambos casos la sociedad sale perdiendo por el desvío de recursos públicos para objetivos espurios, por la subversión de la legalidad vigente y por la deslegitimación de la política como el arte de negociar con la realidad en pos del bien común, y de sus actores: los partidos y los políticos.
Casos ciertos que solo reflejan la parte pervertida del hacer político que
no pueden ni deben opacar el beneficio que reporta el ejercicio de la política
en la que se fundamenta el sistema democrático. Por eso, los análisis de brocha
gorda que se utilizan de manera interesada para denostar la política lo que
buscan, y ocultan, es el descrédito del sistema democrático para favorecer la
idea perversa de una vuelta a sistemas autoritarios o iliberales: una
democracia ornamental con recortes derechos y libertades. La estratagema que se
emplea en pos de ese objetivo es meter todo en el mismo saco con el objetivo de
equiparar todos los casos de corrupción, que impide deslindar el diferente
efecto para el sistema democrático de unos y otros.
Que en ambos casos el trasfondo sea la corrupción, no significa que el
alcance social y político sea el mismo. En el caso Kitchen lo que se corrompe es la estructura de
poder del Estado puesta al servicio del PP y su Gobierno que, según la
instrucción del sumario, utilizó fondos reservados del ministerio del
Interior—que no requieren fiscalización—para perseguir y arrebatar al tesorero
del PP, Luis Bárcenas, la famosa libretita donde
tenía apuntados todos los pagos ilegales, los sobresueldos, que cobraban los
miembros de la cúpula del partido procedentes de las mordidas que pagaban las
empresas por la obtención de contratos públicos. Persecución plagada de tintes
rocambolescos, para salvar al Presidente M. Rajoy de ser descubierto como
recepcionista de los cobros mensuales, y mantener en nebulosa el nombre de
quien autorizó la operación Kitchen.
Es decir que, con los recursos del Estado y el poder del Gobierno, se creó
una policía política que utilizó los fondos reservados
para desarrollar una estrategia de ocultación de las vergüenzas corruptas del
PP. Policía política que operaba en el seno del
ministerio del Interior, de la que ahora se desliga su titular en ese momento,
Jorge Fernández Díaz, para desentenderse de ese brazo
armado policial que solo él—este es el otro meollo del juicio—
tenía potestad crear y controlar sus andanzas.
Frente a esta campaña política surgida de las cloacas del Estado, el caso
Ábalos-Koldo-Aldama refleja la vulgar ambición desmedida por el dinero que, al
final, rompe el saco. Corrupción por las mordidas obtenidas por la compra con
dinero público de mascarillas en la pandemia cuando Ábalos era ministro de
transportes, en las que ejercía de intermediario el yonki del dinero Aldama, mientras el lobista Koldo
se ocupaba de los contactos con empresas que buscaban obtener contratos
públicos. El trío de la bencina que
ejecutaron sus fechorías obnubilados por el dinero fácil y las juegas con
mujeres y alcohol. Personajes de opereta que se creyeron invulnerables, hasta
que cayeron con todo el equipo. Aún no se sabe cuánto dinero obtuvieron y dónde
está. Datos que no ha localizado la UCO, lo que condicionará la sentencia que
dicte el tribunal, que podría suponer cerrar el caso en falso.
Tampoco es la misma la reacción de las formaciones políticas afectadas.
Mientras el Gobierno actual y el PSOE, expulsó de la política a Ábalos, tras
reconocer los errores cometidos in vigilando las
andanzas del ex ministro y ex secretario general del partido; el PP ha buscado
desligarse de un pasado nefando, como si no fuera con ellos y no tuviera
secuelas en su fuero interno y en la percepción de la ciudadanía. La cobardía
de no aceptar los errores cometidos que ve toda la sociedad, es un doble error
que siempre se paga.
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