Comentario:
Esos yanquis de mierda llevan el gen del asesino en la sangre, igual matan
niños en una escuela que civiles y médicos en un hospital o a todo aquel que
les haga cara por algo en cualquier lugar, por tierra, mar y aire. Son unos
cerdos que incluso se ríen de la justicia de cualquier país, como es ahora el
caso de Zapatero.
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La acusación que ahora hace Estados Unidos no es un acto de justicia,
sino político |
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El pasado 20 de mayo, el Departamento de Justicia de
Estados Unidos presentó cargos contra Raúl Castro por el derribo de las
avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Una fecha, el día en que se
conmemora la independencia de Cuba y cuando se está hablando de una
intervención inminente en la isla, que cuesta creer que se eligiera por
casualidad. No voy a defender a Castro. Él mismo reconoció haber
dado la orden del ataque que provocó la muerte de cuatro civiles, según todos
los indicios, sobre aguas internacionales. Lo que quiero señalar en este
artículo es que quien acusa también ha matado; a muchas más personas, con
mayor impunidad y con menos pruebas que pudieran justificarlo. Insisto, no trato de absolver a Castro. Simplemente
me limito a poner de manifiesto que la acusación que ahora hace Estados
Unidos no es un acto de justicia, sino político. Y convertir a la justicia en
acción política es la forma más efectiva de desnaturalizarla y destruirla.
Lo que pasó y lo que no con las avionetas El 24 de febrero de 1996, tres avionetas Cessna de
la organización Hermanos al Rescate despegaron desde Florida, supuestamente,
con su misión habitual de búsqueda de balseros cubanos sobre el mar.
Alrededor de las 15,30 horas dos de las tres avionetas fueron derribadas por
cazas cubanos, muriendo cuatro personas, como he dicho. Cuba argumentó entonces, y sigue argumentando, que
las avionetas habían violado su espacio aéreo y que actuó en legítima
defensa. Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
determinó que los dos aviones fueron derribados entre nueve y diez millas
náuticas fuera del espacio aéreo territorial cubano, y que Cuba no intentó
comunicarse por radio con ellas antes de abrir fuego. Todo indicó que la
orden de derribo fue dada por Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas
Armadas, pero también que nada de esto ocurrió en el vacío. Cuba llevaba meses denunciando ante el Departamento
de Estado y la OACI las constantes incursiones de estas avionetas en su
espacio aéreo (más de veinticinco entre 1994 y 1996). Nadie actuó y las
advertencias quedaron sin respuesta. Desde luego, esto no justifica el
derribo de civiles desarmados en espacio internacional, pero forma parte de
los hechos que debieran tenerse en cuenta. Lo que ha ocurrido ahora con las lanchas A partir del 2 de septiembre de 2025, la
administración Trump inició una campaña de ataques militares contra
embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental
argumentando que hacía frente al narcotráfico. Según el seguimiento realizado por The New York
Times, hasta el 20 de mayo de 2026 se habían llevado a cabo 57 ataques que
han producido 193 muertes. En ninguno de esos de esos ataques se han presentado
pruebas de la presencia de drogas o armas a bordo. Incluso exfuncionarios
antinarcóticos de Estados Unidos han señalado que las lanchas de los
traficantes suelen llevar dos o tres personas y no once, para optimizar el
espacio de la carga. Por esas razones, entre otras, diversas organizaciones
internacionales, como Human Rights Watch, han calificado esos ataques de ejecuciones
extrajudiciales ilegales, según lo establecido en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos. Y diversos
juristas han puesto igualmente de relieve que los ataques son ilegales según
la propia legislación de ese país. Los antecedentes de Estados Unidos Las ejecuciones ilegales ordenadas por Trump no son
las primeras que lleva a cabo Estados Unidos. El 3 de julio de 1988, un crucero lanzamisiles
estadounidense derribó un avión comercial de Iran Air en aguas territoriales
iraníes. En él viajaban 274 pasajeros y 16 tripulantes, entre ellos 66 niños.
El avión estaba claramente identificado como aeronave civil y volaba dentro
de un corredor aéreo internacional comercial como tal. Estados Unidos no
pidió disculpas. El vicepresidente George H. W. Bush declaró ante el Consejo
de Seguridad de la ONU que su país no tenía nada de que arrepentirse y que
nunca lo haría. El comandante del buque que derribó el avión de pasajeros no
sólo no fue procesado por ello, sino que incluso recibió una medalla. El 7 de mayo de 1999, aviones estadounidenses
lanzaron cinco bombas de precisión sobre la embajada de China en Belgrado.
Murieron tres periodistas chinos y veinte personas resultaron heridas. Como
explicación oficial se dijo que fue un error, algo que China no creyó
entonces y que todavía hoy se cuestiona. A partir de 2001, Estados Unidos desarrolló un
programa sistemático de ataques con drones sobre objetivos civiles en
Pakistán, Yemen, Somalia y Libia. En todos los casos, sin que existiera una
guerra formalmente declarada. Desde que Obama asumió el poder, el 20 de enero de
2009, hasta que lo dejó, el 31 de diciembre de 2015, hubo 473 ataques
selectivos "fuera de áreas con hostilidades activas". Todos ellos
provocaron entre 2.372 y 2.581 muertes de "combatientes" y entre 64
y 116 muertes de "no combatientes", definidos por la inteligencia
estadounidense como "individuos que no pueden ser el objetivo de ataques
bajo la ley internacional". Sin embargo, la organización New America
Foundation calcula que los drones estadounidenses mataron a unos 250 civiles
en ese periodo, la Oficina de Periodismo de Investigación estimó que hasta
358 civiles murieron en esas operaciones y otras investigaciones elevan la
cifra de bajas a cerca de 1.000 (Fuente de los datos aquí). El 3 de octubre de 2015, un avión de combate de la
Fuerza Aérea estadounidense bombardeó el hospital de Médicos Sin Fronteras
(MsF) en Kunduz (Afganistán). Durante casi media hora, el edificio principal
del hospital -que albergaba la unidad de cuidados intensivos, las salas de
emergencia, el laboratorio, los rayos X, el departamento de pacientes
ambulatorios, la sala de salud mental y fisioterapia- fue golpeado con
precisión y repetidamente. Murieron 24 pacientes, 14 empleados de la
organización y 4 cuidadores de pacientes. Según Médicos Sin Fronteras el
ataque se produjo a pesar de que se habían compartido las coordenadas GPS del
hospital con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Ministerio del
Interior y Defensa afgano y el Ejército de Estados Unidos en Kabul. A pesar
de esto último, Estados Unidos afirmó que se trató de un error y ni un solo
militar fue procesado. El 3 de enero de 2020, un dron estadounidense mató
en Bagdad al general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Guardia de la
Revolución. La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales,
Agnès Callamard, concluyó que el ataque fue ilegal y arbitrario según el
derecho internacional. Aunque Estados invocó legítima defensa, lo cierto es
que nunca aportó prueba alguna que pudiera demostrar que el ataque era
necesario para detener alguna amenaza. Un balance desigual Estados Unidos acusa a Castro por cuatro muertes en
1996 que no son poca cosa, desde luego. Desconozco si es legal hacerlo después de 30 años.
Lo que sí creo es que la Administración de Estados Unidos carece de
legitimidad moral para acusar a Castro por la muerte de esas cuatro personas,
cuando sobre ella pesa la responsabilidad de 190 ejecuciones ilegales, sólo
en el último año y contando únicamente las producidas en los ataques a las
lanchas. Ejecuciones que ha llevado a cabo sin juicio previo, sin pruebas,
sin identificación de la mayoría de las víctimas, sin supervivientes que
puedan testificar y destruyendo las embarcaciones para que nadie pudiera
inspeccionarlas. La diferencia entre ambos casos no es jurídica. Es
de poder, porque se permite que la potencia imperial mate más sin que nadie
pueda poner en cuestión lo que hace. Es política disfrazada de justicia, la
forma más directa y efectiva de acabar con esta última. La acusación de Trump y de su fiscalía es deleznable
no porque Castro sea inocente, sino porque acusa quien aplica a otros una
vara de medir que no está dispuesto a aplicarse a sí mismo. Es un doble
rasero moralmente repugnante porque destruye la legitimidad del derecho y las
normas, el único parapeto desde el que se puede frenar la barbarie y evitar
que el crimen de los más fuertes quede impune. No se trata de proteger a Castro o defender a Trump,
ni al revés. Se trata de aplicar a todos la misma regla. La paz comienza
cuando todos los estados se someten a la jurisdicción de tribunales
internacionales independientes para los actos de violencia fuera de sus
fronteras y cuando el derecho internacional deja de ser un arma que los
poderosos usan contra los débiles para convertirse en un límite efectivo del
poder de cualquiera -sea quien sea- que lo use ilegítimamente. Sólo con principios se puede lograr que el mundo sea
menos violento y complicado. Pero los principios que sólo se aplican a los
enemigos son puro engaño y simple propaganda que tenemos la obligación de
denunciar y combatir. |
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