04/12/2025 - UNA CELEBRACIÓN DE LA DESFACHATEZ

Comentario: Sólo dar las gracias a D. Alejandro Tello Peñalva por el magnífico artículo con que nos ha deleitado. Es difícil, pero los españoles deberíamos llevar todos consigo una hoja de papel en la cartera con los datos de corrupción del Partido Popular, para cuando alguien abre la boca defendiendo a esa mandilandinga.

Alejandro Tello Peñalva 04/12/2025

El pasado domingo día 30 de noviembre, el Partido Popular convocó a sus fieles en Madrid para manifestarse contra la corrupción, amén de la brutal e inhumana tiranía que sufrimos todos los españoles y españolas, del malvado gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Esta vez la convocatoria no fue en su feudo de la plaza de Colón, donde ondea la madre de todas las banderas de España, una enseña de casi trescientos metros cuadrados, colocada allí por el Partido Popular para que no quede ninguna duda que, de todos los partidos políticos, ellos son, de lejos, el partido que más quiere a España. Esta monumental rojigualda es actualmente la mayor bandera del mundo, ni Corea del Norte se atreve a tanto, izada a lo más alto de un mástil de cincuenta metros de altura para que ondee con brío y galanura a los cuatro vientos de la patria. La descomunal enseña, que pesa la friolera de treinta y cinco kilos de tela de la mejor calidad, fue izada por primera vez en 2002 por el entonces alcalde de Madrid Don José Maria Álvarez del Manzano. 

Esta colosal y apoteósica bandera logra ampliamente el objetivo para el que fue izada, que no es otro que inflamar, henchir, colmar de emoción, de sentimiento patriótico, a los fieles del Partido Popular allí convocados para que ingieran, como cuando se hace el avión con la cucharilla a los niños, con más facilidad la patriótica papilla que en ese momento se les esté administrando. Palabras como “España, Españoles, Patria, bandera”...etc. bajo la ondulante sombra de la gigantesca bandera sobre sus cabezas, hace que los asistentes al acto se vengan arriba con más facilidad y aplaudan a rabiar todo lo que digan los dirigentes que se ponen detrás del atril para anunciar la buena nueva de que el Partido Popular, el único partido condenado por organización criminal, el partido más corrupto no solo de España sino también de Europa, luchará contra la corrupción del tiránico gobierno de Pedro Sánchez, que también cuenta con algunos casos de corrupción entre sus dirigentes, pero en modo alguno alcanza las inalcanzables cotas, los catorce ochomiles de la corrupción que el Partido Popular ha conseguido escalar en los años que ha gobernado España, su querida España, su amada patria, aunque su patriotismo acaba exactamente donde empieza su cartera.

Y por si a alguien le flaquea la memoria y cree que esto de la corrupción del Partido Popular es un cuento, un bulo, una calumnia, un infundio, una maledicencia más de la pertinaz propaganda de los malvados rojos de siempre, conviene recordar que durante el gobierno de Mariano Rajoy, no confundirlo con ese tal M. Rajoy, el legendario guardameta que paraba todos los sobres que le lanzaba Bárcenas; un M. Rajoy que nadie sabe quién puede ser, durante su mandato hubo 60 casos de corrupción con más de 1200 implicados, cuatro gatos como puede verse. Además de esto, y como decíamos antes, al Partido Popular se le impusieron tres condenas 3 por organización criminal. Y además fueron defraudados más de 900 millones de dinero público. Y antes del gobierno de Mariano Rajoy, hubo otro presidente del gobierno llamado José María Aznar, un nefasto, deleznable y abominable personaje que marcó el camino a Mariano Rojoy dejando tras su mandato la corrupción en lo más alto con 12 de 14 ministros encarcelados y/o imputados. Con un total de 570 años de cárcel para 69 cargos de su gobierno condenados. Y, además, 6.389 millones de euros de dinero público defraudado. Ante esto solo cabe decirle a Pedro Sánchez la frase de José Mota: “no te digo que me lo mejores, iguálamelo”.

Para el mitin del Partido Popular del pasado día 30 de noviembre, aunque éste partido intentó disfrazarlo como una concentración popular de españoles de bien y de orden para protestar contra el corrupto y satánico gobierno de coalición presidido por el tiránico Pedro Sánchez, se eligió el Templo de Debod, una donación de Egipto a España en agradecimiento por la ayuda para salvar los monumentos de Nubia durante la construcción de la presa de Asuán. A propósito de la elección de este lugar sagrado dedicado al Dios Amón, algunos rojos, siempre tan aviesos y malintencionados, dijeron que los dirigentes del PP se habían acordado de los egipcios porque ellos mismos, los prebostes del PP, también habían practicado en muchas, muchísimas, ocasiones ese gesto tan habitual de extender una mano por delante y la otra por detrás en actitud de recoger, de pedir lo “suyo”, que aparece muy a menudo en los jeroglíficos egipcios.

Durante las intervenciones de los máximos dirigentes del Partido Popular, con un cansino y aburrido tonillo mitinero que echaba para atrás, no dejaron de invocar una y otra vez a los españoles: “porque los españoles sabemos”, “porque los españoles ya no toleramos…” “los españoles estamos cansados, hartos…” etc. etc. unas frases que confunden la parte con el todo, porque esos españoles a los que se refieren, no son todos los españoles, ni mucho menos, sino solo y únicamente sus simpatizantes y votantes. Los oradores del Partido Popular deberían tener más cuidado a la hora de hablar de “los españoles” de forma genérica, y aclarar que esos “españoles” solo son “los suyos” y en modo alguno todos los españoles como parecen indicar, dando la sensación de que todos los españoles están con ellos. Y el que no lo está no es español. Hay que recordarles que hay muchos otros millones de españoles, tan españoles como ellos, que no son de ese partido ni quieren saber nada de él. Unos millones de españoles a los que ese partido no representa ni representará nunca y, por lo tanto, no deberían incluirlos en el mismo saco que a sus fieles seguidores. Lo correcto sería decir: “los españoles, a los que el Partido Popular representa, saben, no toleran, están cansados y hartos” ...etc. Pero omiten esa salvedad intencionadamente para colar la idea de que el Partido Popular no solo representa a España, sino que es España, cuando la verdad es que ese partido solo representa a sus seguidores, que son españoles, pero no son en modo alguno “los españoles” y menos “España” que, como todos sabemos, es plural, múltiple, variada y diversa. Y cada vez que hagan uso de esa cansina, molesta e incorrecta coletilla de “los españoles” hay que recordarles que “españoles” son también los que no piensan como ellos. Y ya puestos a pedir, y a pesar de la que Real Academia de la Lengua no lo ve con buenos ojos, al decir españoles, también se debería añadir “y españolas” para nombrar y con ello darle visibilidad a las mujeres, que son más de la mitad de la población. Tampoco estaría nada mal que a la hora de dirigirnos a un grupo empleáramos la palabra “todas” para referirnos a las “personas”, una palabra que incluye a los dos sexos.

La convocatoria del Partido Popular en el Templo de Debod tenía como lema “Mafia o Democracia” el mismo cantar de otras veces. Era, según las palabras de los dirigentes populares, una protesta contra la corrupción del PSOE aprovechando que, primero Santos Cerdán, y después Koldo García y José Luis Ábalos estaban en la cárcel. Se ve que el Partido Popular, a falta de propuestas, proyectos, planes, objetivos, ideas que ofrecer para mejorar la vida de “los españoles” vuelve a repetirse como la morcilla, y una vez más a estrellarse con la idea de denunciar la corrupción del partido en el poder. Y lo hacen confiando en la poca y mala memoria de los españoles, que ya se no acordarán que el Partido Popular ha sido el único partido de España, el único partido, condenado por corrupción. Tiene su gracia que el partido más corrupto de Europa con tres sentencias firmes que lo avalan como tal, tache a otro partido de corrupto, cuando sobre este asunto de la corrupción política, como de otros muchos, deberían callar y pasar de puntillas. Sin embargo, le pusieron como lema, con un par, a la convocatoria “Mafia o Democracia”.

Con estas cosas, el Partido Popular da la impresión de que no solo está convencido que los españoles son unos desmemoriados, sino que también son idiotas, y ya no recuerdan que el actual máximo dirigente del Partido Popular fue amigo de un narcotraficante con el que veraneó muchos años en su yate. Que ya no recuerdan que la actual presidenta de la comunidad de Madrid fue la principal responsable de un protocolo sanitario que negó la asistencia hospitalaria a miles de personas por la razón exclusiva de ser personas mayores, de vivir en una residencia de ancianos y no tener un seguro privado. Un protocolo inhumano que impidió que sobrevivieran y les hizo morir en circunstancias horribles e indignas. Que ya no recuerdan que la misma presidenta cuya pareja defrauda a Hacienda, y es el botín de sus fechorías lo que le permite vivir a todo trapo en un ático de lujo en el centro de Madrid. Que ya no recuerdan que el presidente de la Generalitat Valenciana desatendió sus responsabilidades políticas para entregarse a los placeres de la carne, también a los gastronómicos, mientras sus vecinos se ahogaban por las calles. Que ya no recuerdan que, a consecuencia de los recortes en el servicio de prevención de incendios, se agravaron las consecuencias de las catástrofes que hemos vivido este verano. Que ya no se acuerdan que un superministro del gobierno de Aznar ha legislado a la carta para que los socios de su despacho de abogados se forraran, favoreciendo así a sus amigos y a determinados intereses privados. Que ya no recuerdan que el Partido Popular se ha financiado ilegalmente, que ha pagado sobresueldos y ha reformado su sede nacional con dinero negro, y ha destruido pruebas a martillazos. Que ya no se acuerdan que usaron los poderes del Estado para construir pruebas y acusaciones falsas contra sus adversarios políticos. Que ya no se acuerdan que autorizaron el traslado de servidores públicos como si fueran ganado, en un ataúd volante llamado “Yak 42”. Y para tapar el escándalo y acelerar su repatriación, falsificaron las identidades de esos militares hasta convertir en una tómbola la entrega de los restos a sus familias.

Todo esto lo recordó hace unas pocas semanas el ministro Óscar Puente en sede parlamentaria, pero, por desgracia, a muchos y muchas ya se les ha olvidado. Y ese olvido, esa desmemoria, es aprovechado por el Parido Popular para montar un desvergonzado mitin y acusar a Sánchez y su gobierno de “mafia” y de “corrupto”.

Y desde el interior del templo, el dios Amón permaneció impasible, totalmente ajeno al bochornoso espectáculo de la desfachatez, el cinismo, el descaro, la vileza y la infamia.

 

03/12/2025 - IRPH: LAS RAZONES DE EUROPA PARA INTERVENIR ESPAÑA

Según el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión puede iniciar un procedimiento de infracción contra un Estado miembro que incumpla la normativa europea o la interpretación vinculante de Luxemburgo

José Antonio Gómez 03/12/2025

El Derecho de la Unión Europea tiene un principio esencial: la protección efectiva del consumidor frente a prácticas potencialmente abusivas de las entidades financieras. Sin embargo, el largo periplo judicial del IRPH ha revelado un choque frontal entre el Tribunal Supremo español y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Las dos últimas sentencias, lejos de resolver la controversia, han profundizado las dudas sobre su coherencia jurídica y su compatibilidad con las obligaciones que impone el derecho europeo.

Las resoluciones del Supremo sobre el IRPH proyectan un mensaje inquietante: España es el único gran ordenamiento europeo cuyo tribunal de última instancia intenta restringir el alcance del control judicial de las cláusulas abusivas frente a lo establecido por la Corte de Luxemburgo.

Presumir transparencia donde no la hubo

El primer punto de fricción reside en la noción de transparencia material, un principio consolidado por el TJUE desde el caso Kásler (2014). Para Luxemburgo, la transparencia exige que el consumidor pueda comprender las consecuencias económicas del contrato, no sólo leer su literalidad.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha insistido en que el IRPH es un índice “oficial” y, por tanto, que su mera publicación en el BOE dota de transparencia suficiente a la cláusula. Esta interpretación constituye una lectura reduccionista y contraria a la jurisprudencia europea, que exige evaluación del contexto, de la información precontractual y del impacto real sobre el consumidor.

El resultado es una contradicción jurídica flagrante: mientras el TJUE recalca que un índice complejo requiere explicación adicional y que la oficialidad no suple la falta de información, el Supremo vacía de contenido el estándar europeo de transparencia.

Cláusula no negociada pero no controlable

Otro de los errores estructurales del Supremo es su obstinación en considerar que la cláusula del IRPH, pese a ser impuesta por la entidad bancaria, queda fuera del control de abusividad al afectar “al objeto principal del contrato”.

Luxemburgo ya resolvió esta cuestión en su sentencia de marzo de 2020: sí procede el control de transparencia y abusividad, porque el hecho de que un índice sea oficial no exime de evaluar si el consumidor fue informado adecuadamente. Aun así, el Supremo ha reinterpretado de forma restrictiva esa sentencia, llegando incluso a contradecirla en su aplicación práctica.

El verdadero problema no es solo técnico: es institucional. La lectura del Supremo genera un precedente según el cual las entidades pueden insertar mecanismos de cálculo complejos y perjudiciales, siempre que se apoyen en un elemento “oficial”, sin que el consumidor tenga una protección efectiva. Es una brecha abierta en el edificio del Derecho del Consumo europeo.

Contradicción con el principio de efectividad

El principio de efectividad exige que los derechos conferidos por la normativa europea puedan ejercerse sin obstáculos desproporcionados. Sin embargo, las sentencias del Supremo sobre el IRPH han impuesto tal nivel de exigencia probatoria que, en la práctica, el consumidor queda desprotegido. Es más, en las resoluciones de noviembre se traspasa la carga de la prueba al afectado, lo que, evidentemente, beneficia a las entidades.

El Supremo exige acreditar una falta de transparencia con un nivel casi imposible de demostrar: que el banco no explicara un índice cuya complejidad ni siquiera los expertos financieros consideraban evidente. Este estándar, según el análisis de expertos juristas críticos, desnaturaliza la protección europea y convierte los derechos del consumidor en derechos de papel.

La jurisprudencia del Supremo, además, ignora que el TJUE ha reiterado que la “prueba” de transparencia recae en la entidad financiera, no en el cliente. La inversión fáctica de la carga de la prueba constituye otro aspecto donde la doctrina española colisiona con el Derecho de la Unión.

Madrid contra Luxemburgo

El conflicto jurídico del IRPH no es una disputa técnica aislada: es una cuestión de orden constitucional europeo. El sistema funciona bajo la premisa de que todos los tribunales nacionales, y especialmente los Supremos, aplican fielmente el Derecho de la Unión.

Pero en el caso del IRPH, el Tribunal Supremo español ha adoptado una postura que muchos expertos consideran abiertamente defensiva y proteccionista hacia el sector bancario, incluso a costa de ignorar la doctrina del TJUE. Esto representa un riesgo reputacional para la justicia española y una amenaza al principio de primacía del Derecho de la UE.

La divergencia es tan profunda que, durante años, varias audiencias provinciales y juzgados de instancia han elevado nuevas cuestiones prejudiciales a Luxemburgo, buscando claridad frente a lo que perciben como una resistencia activa del Supremo.

Intervención de la Unión Europea contra España

La persistente desalineación entre el Tribunal Supremo y el TJUE abre la puerta a un escenario de intervención directa por parte de la Comisión Europea. Según el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión puede iniciar un procedimiento de infracción contra un Estado miembro que incumpla la normativa europea o la interpretación vinculante de Luxemburgo.

En el caso del IRPH, la falta de protección efectiva al consumidor, la inversión de la carga de la prueba y la resistencia a aplicar el control de transparencia podrían constituir incumplimientos graves. De confirmarse, España podría enfrentarse a un procedimiento de sanción económica, como ya ha sucedido con la problemática de los interinos, así como a la obligación de revisar miles de sentencias en contra de los consumidores afectados, incluidas las firmes.

Además, un dictamen negativo de la UE no solo tendría repercusiones económicas: erosionaría la credibilidad del sistema judicial español, afectando la confianza de los mercados y de los ciudadanos en la capacidad del Supremo de cumplir con el principio de primacía del Derecho europeo. La intervención de la Comisión Europea sería un aviso claro: ningún tribunal nacional, por influyente que sea, puede reinterpretar normas europeas de manera que comprometan derechos fundamentales de los consumidores.

Inseguridad jurídica para millones de familias

El impacto no es abstracto: más de un millón de hipotecas estuvieron o están referenciadas al IRPH. La falta de alineación entre Supremo y TJUE ha creado una frontera de incertidumbre jurídica, donde el consumidor no sabe si la cláusula será anulada, si habrá indemnización o si la información ofrecida fue suficiente.

Pero el daño mayor puede ser otro: un déficit de confianza en la capacidad del sistema judicial español de garantizar la protección efectiva prevista por el derecho europeo. Para un Estado miembro, es un coste institucional difícilmente asumible.

Desenlace inevitable

La historia no está cerrada. Todo indica que Luxemburgo se verá obligado a volver a pronunciarse, posiblemente rectificando la interpretación del Supremo. España afrontará un escenario incómodo: revisar miles de sentencias firmes, indemnizar a consumidores afectados y asumir la pérdida de confianza en la capacidad del Tribunal Supremo para alinearse con los estándares europeos.

 

02/12/2025 - VIENEN A POR NOSOTROS, NO SÓLO A POR SÁNCHEZ

JUAN TORTOSA

Reconozco que pasar por los quioscos este mes recién acabado y ver cada mañana las primeras páginas de los periódicos ha sido desolador. Las sesiones del juicio contra el fiscal general del Estado, el fallo exprés condenatorio a la espera de la sentencia, la entrada en la cárcel de Ábalos y Koldo, la salida de Cerdán… Extenuante.  

Quieren acabar con Sánchez, es verdad, pero el presidente no es el objetivo sino solo el instrumento, porque si consiguen acabar con él será solo el comienzo de la pesadilla. El objetivo último somos quienes en el verano de 2023 decidimos que no queríamos que nos gobernara la derecha ultra. Apostamos porque gestionara el país una apuesta política que alejara de las instituciones del Estado el fascismo que empezaba a ensuciar las autonomías y, desesperado al ver que no lo conseguía, el neoliberalismo decidió ir a por nosotros a calzón quitado con otro tonto útil a la cabeza bramando "quien pueda hacer que haga".

Tenían sus planes para estos años, dinero fresquito de Europa, privatizar a mansalva para enriquecer sin freno a sus amigos y protectores, recortar avances laborales y acabar con los derechos sociales y, cuando más felices se las prometían, descubrieron que los números no daban. Desde entonces vienen dejándose una pasta gansa en medios de comunicación desestabilizadores, invierten en mentirosos expertos en redes que consiguen que los fake se reproduzcan por esporas, jalean a los parlamentarios para que hagan irrespirable la atmósfera en el Congreso y cuentan con un porcentaje de la judicatura eficaz a la hora de realizar la parte del trabajo que les corresponde.

Lo que nunca entenderé es cómo, sabiendo todo esto, en el entorno del presidente se movían personajes dispuestos a ponérselo fácil a quienes quieren acabar con ellos y, de paso, con nosotros. Ahí es donde me pierdo y me desanimo. La izquierda sabe de siempre que no puede proporcionar ni un solo motivo que otorgue autoridad moral a la derecha para entrar a saco. Entonces, ¿por qué lo hacen? Quienes recurren al "y tú más" se equivocan. Ni somos como ellos ni podemos compararnos con ellos. La verdadera izquierda ha de plantear batalla desde la decencia, no hay más. Aquello de ser honesto pero también parecerlo.

Los socialistas aquí han fallado una vez más. Falta de controles por un lado e ingenuidad por otro, porque espero que sea ingenuidad y no prepotencia lo que les llevó, por ejemplo, a pactar en su día un Consejo del Poder Judicial que les/nos está llevando a la ruina. Las portadas de noviembre han sido demoledoras. Los desestabilizadores salivando, y quienes vemos peligrar la democracia sin entender cómo es posible que quien tenía poder y medios para hacerlo no haya puesto pie en pared antes de permitir que las cosas llegaran hasta aquí.

Lo intentaron a la portuguesa y no les salió, Sánchez resistió y no dimitió como hizo Antonio Costa en Portugal, cuya "coherencia" desembocó en la llegada de las derechas al poder para que meses después quedara demostrado que la acusación contra el primer ministro carecía de fundamento. Pues si haciéndole un Costa el tío aguanta, habrá que hacerle un Lula. Y en ello están. Ya hay bocazas y agoreros ultras abogando no solo por echar al presidente sino por meterlo en la cárcel.

Se les ha escapado Televisión Española, un verso suelto que por sí solo no puede hacer todo el trabajo de contrapeso, pero a cuyos responsables hay que agradecer que peleen por ofrecer una programación decente a pesar de los ataques sin piedad que reciben a diario. Todo esto en un contexto, no lo olvidemos, de buen momento económico en el país y de reconocimiento internacional a la figura del presidente del Gobierno. Pero les da igual, el Rasputín de las canas que ejerce de portavoz de la desestabilización lo dejó claro con aquel premonitorio "irán p'alante".  Y es verdad, o espabilan, o acabarán yendo p'alante. No nos olvidemos de que el Gobierno puede empezar a hacer cosas mañana mismo, por ejemplo, renovar el Poder Judicial como se renovó TVE, con una mayoría absoluta que no necesita tener en cuenta para nada a las derechas.

Vuelvo al principio: no perdamos la perspectiva porque no van solo contra Sánchez, van contra todos nosotros. El Gobierno no ha gestionado bien sus posibilidades y esa es parte de la razón por la que estamos como estamos, pero que exigirle responsabilidades al presidente, a su entorno y a su partido no nos despiste: el verdadero objetivo de los depredadores somos los pensionistas, los dependientes, las mujeres, los inmigrantes, la educación y la sanidad públicas, las políticas de igualdad, la memoria histórica… Vienen a por nosotros. Ese es el auténtico propósito de quienes, de momento, cierran un mes de noviembre en el que resulta indiscutible que han ganado terreno de cara a acabar con las conquistas democráticas que tanto tiempo nos costó conseguir.

 

02/12/2025 - LA FANFARRIA DE LA CORRUPCIÓN

Vicente Mateos Sainz de Medrano

La corrupción que tanto ruido mediático y ambiental genera, cada vez con mayor estruendo, no tiene ideología porque forma parte del lado oscuro que todos los humanos tenemos que podemos desarrollar, o no, en virtud de las circunstancias que nos puedan arrastrar a corrompernos, y más en este país donde la corrupción está insertada en nuestra cultura en la figura del aprovechado. Todos conocemos a algún aprovechao en nuestro entorno, el pícaro, que aprovecha toda oportunidad que se le pone por delante para obtener un beneficio personal. La diferencia con el corrupto estriba en que el aprovechao no maquina una estrategia a medio o largo plazo, sino que actúa en el momento en el que se le presenta la oportunidad; mientras que el corrupto actúa con deliberación y premeditación maquiavélica para lo que orquesta una red de connivencias clientelares donde ejerce, indistintamente, de corruptor y corrompido para desarrollar su maquinación amoral.

Lo que une y caracteriza a estos dos seres pérfidos es la deslealtad, el egoísmo, y su frialdad y falta de empatía hacia los demás. El desprecio que sienten por aquel del que se aprovechan o por el robo de lo que es de todos les iguala. A los aprovechaos, a los pícaros, cuando se les pilla con el carrito del helado se les llama estafadores; a los corruptos que usan lo público para obtener un rédito económico se les llama delincuentes.

La corrupción no tiene ideología, pero la cosa cambia cuando se convierte en sistémica a través de una trama de individuos integrados en una estructura de poder político o administran presupuesto público. Corruptos que se benefician, en distintos grados, del beneficio que reportan las mordidas de corruptores que buscan obtener contratos públicos, recalificación de terrenos o licencias de obra. Corrupción sistémica por la que fue condenado el PP, y le costó el cargo a M. Rajoy. Corrupción hay en toda organización humana donde siempre habitan ambiciosos, yonkis del dinero, por lo que resulta absurdo atacar al oponente político de dirigir una organización corrupta olvidando la paja en el ojo propio. Controles férreos es el antídoto.

Hay otra corrupción, inmoral y taimada, que transita por la trastienda con el objetivo ideológico de derivar el dinero público al sector privado. Estrategia sostenida en el tiempo con el recorte de los presupuestos públicos para sanidad, educación, vivienda, servicios sociales y derechos ciudadanos —con efectos sufridos por todos—, o mediante conciertos de gestión público privada que luego la administración adjudicataria no controla sus niveles de calidad en la prestación del servicio. Descontrol que está a la orden del día en la asistencia sanitaria en los centros de salud, hospitales y residencias, o en la alimentación en colegios e institutos o en la limpieza urbana.  

Corrupción inmoral que reduce las plantillas de profesionales en la sanidad o educación pública y universitaria, que las sitúa al borde de la asfixia económica; mientras se conceden terrenos y licencias a universidades y colegios privados o se insufla dinero a la educación concertada que vulnera, sin control, la prohibición de cobrar extras a las familias camufladas en actividades escolares que no tienen carácter voluntario, sino obligatorio.

Inmoralidad que repercute en la vida cotidiana de las personas, que queda opacada por la fanfarria mediática y discursiva de la corrupción de políticos y empresarios que roban dinero público de manera vulgar y con todo tipo de triquiñuelas societarias. Corruptor y corruptores que deben ir a la cárcel y devolver lo robado, pero que no nos deben desviar del foco de la corrupción sibilina que busca acabar con el Estado del Bienestar y los derechos ciudadanos, para convertir la sociedad en un sálvese quien pueda: vitola del capitalismo salvaje. ¡Qué no se te vaya de ojo!

 

 

              

02/12/2025 - LOS JUECES ESPAÑOLES NO SON GENTE DE FIAR

España mantiene una justicia que pide confianza a ciegas mientras exhibe tropiezos europeos, patrocinios que chirrían, negocios opacos en la preparación de las togas, sesgos políticos, retrasos para el común y turbo para lo políticamente urgente

José Antonio Gómez 02/12/2025

La judicatura española no atraviesa un bache: vive una avería sistémica. La guinda la puso el fiscal general Álvaro García Ortiz, condenado por el Supremo por revelación de datos reservados (dos años de inhabilitación, multa e indemnización) y dimitido a la semana. Curiosamente, se conoce el castigo, pero no la sentencia. Teresa Peramato recoge una Fiscalía humeante en noviembre de 2025. Los comunicados oficiales no hablan de “crisis”, pero el olor a chamusquina llega hasta la hemeroteca.

El capítulo europeo tampoco es de orgullo patrio. En hipotecas IRPH, Luxemburgo recordó que la etiqueta “índice oficial” no vacuna contra la falta de transparencia. Un año después, el Supremo fijó su propio GPS: si la cláusula supera el “transparenciómetro” formal, ni asomo de abusividad de bancos y prestamistas. Traducción simultánea: más litigio y menos certeza para los consumidores.

Con los interinos, Europa volvió a sacar tarjeta: el TJUE dijo que aquí no se sanciona de forma “efectiva y disuasoria” el abuso de temporalidad y que convertir en fijo puede ser remedio válido. España, mientras, sigue remendando con despidos, bases, concursos y planes que no cierran la herida. Toda una historia de empecinamiento y rebeldía frente a un tribunal al que no quieren someterse.

Y no es la primera vez que el derecho europeo enmienda la plana: en las cláusulas suelo, el TJUE tumbó la “retroactividad limitada” del Supremo de 2013: si una cláusula es nula, se devuelve todo, no desde cuando convenga. Costó, pero al final hubo que tragar, y eso, a medias.

La casa por dentro luce otra grieta: el ecosistema editorial-jurídico se ha concentrado bajo el paraguas de Karnov, operación autorizada por la CNMC en 2022 con condiciones. Legal y legítimo, sí, pero con preguntas incómodas sobre dependencia de contenidos y formación que consumen jueces, fiscales y letrados. El propio sector expresó reservas por la concentración, pero el negocio de jueces y magistrados está en el “iluminar sentencias”, publicar artículos y ser financiados sus libros por esas mismas editoriales.

Más apariencias (y no menores): patrocinios privados. Congresos de asociaciones judiciales con logos de bancos y multinacionales. Si los jueces son financiados por bancos, cobran de conferencias financiadas por los altos justiciables, firman y cobran dictámenes por detrás, ¿después pueden decir, como dice la asociación de la foto, que reprocharles esto es atacar la democracia? ¿Quizás olvidan que el sueldo se lo pagan entre todos los españoles? El CGPJ solo fiscaliza la parte pública de esas ayudas: el resto, opacidad. Si la mujer del César tenía que parecerlo, aquí el photocall no ayuda.

Y no digamos que, precisamente en esos congresos y saraos no se dan conferencias, se edita información y se reparten libros que, lógicamente contienen los argumentos de los sponsors.

Mercado negro en la trastienda de las oposiciones: jueces y fiscales que preparan opositores cobrando en efectivo, sin reflejo disciplinario (“es su vida privada”, dicen). El síntoma es tozudo: si necesitas un padrino (o una nómina familiar) para costearte la oposición, la igualdad de oportunidades es de escaparate.

El ritmo judicial para el ciudadano es pasito tun-tún. En los juzgados se están dando horas de vistas de juicios para 2028. Las cifras oficiales y los balances sectoriales hablan de millones de asuntos en cola y duraciones medias que se alargan a lustros. En 2024 se superaron los cuatro millones pendientes en distintos cortes. El dato no es uniformemente homogéneo por jurisdicción, sin embargo, el atasco es palmario, público y notorio. Pero de eso, precisamente, no asumen ninguna culpa.

Ahora bien, cuando la política aprieta, la justicia vuela. Como si fuese el sheriff de condado, el Constitucional detuvo en diciembre de 2022 la tramitación parlamentaria de unas enmiendas vía cautelarísimas —una interrupción inédita de la potestad legislativa—, con críticas internas y doctrina académica subrayando el “control previo” de facto. Fast-track institucional de manual.

Y si no se piensa como los jueces, cae la del pulpo, retorciendo y reinterpretando las leyes lo que haga falta, porque la transición fue para todos, menos para ellos. No se puede olvidar que, de un día para otro, el TOP (Tribunal de Orden Público) pasó a llamarse Audiencia Nacional, con los mismos jueces. Porque de ser los guardianes de las esencias patrias, ya tienen experiencia, ya que fueron los arietes que ayudaron a cargarse la Segunda República. 

Mientras, en el terreno del consumo financiero, se da la paradoja: juzgados especializados denuncian colapsos por estrategias procesales bancarias (revolving) y, aun así, la doctrina suprema sobre usura ha ido restringiendo el umbral. Y lo mismo pasa con los especuladores y los grandes tenedores. El resultado es una lotería: la misma tarjeta puede ser usuraria en un juzgado de Córdoba y respetable en casación si no supera “seis puntos” el tipo medio. Coherencia, ni la mínima.

España mantiene una justicia que pide confianza a ciegas mientras exhibe tropiezos europeos, patrocinios que chirrían, negocios opacos en la preparación de las togas, sesgos políticos, retrasos para el común y turbo para lo políticamente urgente. Entre todos los ciudadanos se paga la factura (sueldos, bases de datos, congresos, becas) y lo mínimo que se podría esperar es tranquilidad de espíritu. Pero hoy, cada vez que se abre el BOE, el TJUE o el portal del CGPJ, la retranca sale sola. No es odio a la toga, ni ataque a la democracia; es amor propio del contribuyente.

 

01/12/2025 - EL SARCASMO DE FEIJÓO: MAFIOSOS DÁNDONOS CLASE DE ÉTICA

El líder del PP mostró ayer, durante la manifestación de Madrid, sus maneras más populistas, demagógicas y antidemocráticas

Marcos López 01/12/2025

La manifestación convocada por el PP el domingo no fue tan multitudinaria como Génova esperaba. Aún así, cientos de personas corearon eso de “Sánchez, fuera”, “socialismo, fuera”, “PSOE, fuera”. El grito de guerra recordó, por momentos, esas maneras que se gasta el demagógico y populista presidente argentino Milei, que en plena campaña electoral publicó un vídeo en el que iba tachando ministerios en una pizarra precisamente al violento grito de “fuera”. Sanidad afuera, Educación afuera, en definitiva, Estado de bienestar afuera. Él metiendo la motosierra de los recortes a las conquistas sociales de la izquierda mientras las víctimas vitorean al verdugo. Ni Orwell fue capaz de imaginar una distopía más aterradora. 

Fuera es el eslogan al que se han abrazado Feijóo y los suyos para hacer oposición. A falta de programa político, solo les queda eso: fuera Sánchez, fuera el rojo masón, fuera el que no piensa como yo. Así es como esta gente entiende la democracia. El PP se aferra al populismo como a un clavo ardiendo. Es un partido sin líder, sin hegemonía (acorralado por la extrema derecha que está a un paso de darle el sorpasso, ocupando su lugar en el espacio conservador en España) y sin proyecto de país. Cuando gobierna le asola la corrupción y la incompetencia (Mazón con la Dana de Valencia, Moreno Bonilla con el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, Mañueco con los incendios forestales en Castilla y León), y cuando está en la oposición solo piensa en destruirlo todo con tal de desalojar al rival político del poder. El PP se ha convertido en uno de esos pequeños partidillos donde los planteamientos emocionales prevalecen sobre los racionales (Ayuso removiendo la bilis del terrorismo con la amenaza de ETA que ya no existe), donde la movilización hater prima sobre la reflexión política y donde las contradicciones afloran por los cuatro costados (como ese Feijóo mendigándole el voto a los diputados de Puigdemont para una moción de censura contra Sánchez tras meses de descalificaciones e insultos a Junts y al PNV, antes enemigos de España hoy posibles socios de investidura).

Todo en el dirigente popular es ya puro populismo sin complejos. Esa forma de hacer política mitinera y disruptiva, caribeña y antisistema, es marca de la casa Milei. Feijóo la ha dado por buena y ya arenga a las masas, como el Guaidó español antibolivariano, en manifestaciones estúpidas donde políticos estúpidos sueltan cosas estúpidas como que España es una dictadura (Ayuso no deja de repetir esa sandez una y otra vez). En eso precisamente consiste el populismo demagógico, en inventar mundos paralelos y supuestos poderes maléficos que oprimen a una mayoría silenciada. En realidad, se trata de una gran patraña, pero no por ello deja de ser peligrosa. Cada vez son más quienes compran el disco rayado de que vivimos en la Venezuela europea. Pero la idea queda desmontada desde el momento en que cada año son más los latinoamericanos que emigran desde sus países de origen (El Salvador, Argentina, Honduras, la propia Venezuela, todos ellos amenazados por el fascismo trumpista), en busca del oasis de libertad español. Si la España de Sánchez es una dictadura, ¿cómo puede ser que crezca por días el número de inmigrantes que anhelan una vida mejor en tierras españolas?

Un populista busca representar a una supuesta mayoría silenciada, avivándola para rebelarse en contra de esa supuesta minoría opresora. Y en esa distopía está metido de lleno Alberto Núñez Feijóo. Simplificación del mensaje hasta convertirlo en un producto para idiotas, soluciones fáciles a problemas complejos, antielitismo, caudillismo, discurso antidemocrático, deslegitimación del adversario (ya van siete manifestaciones desde que el PSOE llegó al poder, más las que quedan), verborrea agresiva y hasta guerracivilista, maniqueísmo (la política en términos del bien contra el mal) y movilización de masas sin ton ni son, son rasgos que Feijóo está copiando de Vox, el partido que amenaza con enviarlo al vertedero de la historia.

Ayer, durante la manifestación, Feijóo denunció que la corrupción que rodea al Gobierno y al PSOE no es un “error puntual”, y recalcó que “el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno”. Una inmensa contradicción o sarcasmo viniendo del dirigente de un partido condenado por corrupción y con treinta causas aún pendiente. Si el sanchismo es corrupción política, económica, institucional, social y moral, como dice él, ¿qué es entonces el PP donde su cúpula casi al completo terminó manchada por asuntos turbios como Gürtel, Púnica, Lezo, Bárcenas, Kitchen y Villarejo, ¿entre otras innumerables causas? “¿Mafia o democracia?”, rezaba el lema de la protesta de ayer convocada en el Templo de Debod de Madrid, a la que se sumaron alrededor de 40.000 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno. Así es como el populismo retuerce la verdad, generando un mundo al revés de realidades sociales. La alusión a la mafia de la izquierda es un clásico que forma parte ya del lenguaje ultraderechista trumpizado. Hoy mismo, Fernández Díaz, el ministro de Rajoy bajo cuyo mandato funcionó la trama de espionaje a políticos (operación Kitchen), publica un artículo en La Razón bajo el título Mafia o democracia. El cinismo al poder, a eso hemos llegado. Aunque, bien mirado, en este caso el articulista sabe bien de lo que habla como experto en la materia.

Al PSOE y sus votantes, Feijóo les ha pedido que no consientan que sus siglas se manchen con el sanchismo y a Sumar le ha avisado de que los socialistas tienen “un juguete nuevo, independentista, republicano y que no quiere hablar el lenguaje común”, en alusión a ERC. Una vez más, Feijóo exigió elecciones y se dirigió a todos los partidos del arco parlamentario para que se enfrenten al Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente al PNV y Junts, a los que ha preguntado: “¿Hasta dónde vais a seguir tragando para proteger lo vuestro?”. Y este era el hombre moderado que venía, no para insultar, sino para resolver los problemas del país. El populismo era esto.

 

01/12/2025 - ESPAÑA: 240.000 MILLONES DE EUROS OCULTOS POR LA IMPUNIDAD DE LOS RICOS

sión

La magnitud del dinero oculto es escalofriante. Si se contabilizara todo lo que las grandes fortunas esconden de Hacienda, España podría recaudar cientos de miles de millones de euros adicionales al año para financiar educación, sanidad, pensiones

Martha Golfín 01/12/2025

Mientras millones de españoles cumplen religiosamente con sus obligaciones fiscales, una montaña de dinero se esconde cada año en la economía sumergida y en los entramados de evasión fiscal de las grandes fortunas. Según los estudios de Gestha, entre 230.000 y 240.000 millones de euros, casi el 17% del Producto Interior Bruto (PIB), escapan al control del Estado. Esta cifra no solo supera en casi tres puntos la media europea, sino que revela un desequilibrio estructural: los contribuyentes ordinarios financian buena parte del país, mientras las élites patrimoniales logran esquivar impuestos millonarios.

El agujero fiscal que genera esta fuga de recursos es alarmante. Si se ajustara el PIB considerando la economía sumergida, la presión fiscal efectiva sobre los trabajadores y pequeñas empresas habría alcanzado un escalofriante 47,3% en 2021. Esto significa que, mientras los ciudadanos de clase media y trabajadora pagan religiosamente, las grandes fortunas logran reducir su contribución mediante sofisticadas estrategias de planificación fiscal, estructuras societarias opacas y paraísos fiscales. El resultado es un sistema profundamente desigual que erosiona la confianza en el Estado y en la justicia fiscal.

El trabajador siempre paga

El contraste entre contribuyentes ordinarios y grandes patrimonios no podría ser más evidente. Un trabajador medio español, con un salario de 1.500 a 2.000 euros al mes, contribuye a Hacienda y a la Seguridad Social sin posibilidad de esquivar los impuestos. Su nómina sufre retenciones estrictas, y cualquier irregularidad puede derivar en sanciones inmediatas. En cambio, una gran compañía o un empresario con millones de euros en activos puede evitar el pago de millones de euros al año, erosionando el sistema de bienestar y aumentando la desigualdad social.

Esta desigualdad se refleja en la presión sobre los sectores productivos. Los autónomos y pequeñas empresas soportan una carga fiscal creciente, mientras que la economía sumergida y las grandes fortunas logran operar al margen de la ley. En sectores donde el cobro en efectivo es frecuente y la mano de obra abundante se concentra buena parte de la economía informal. Allí, los trabajadores carecen de seguridad social, vacaciones pagadas y derechos laborales, mientras que los grandes patrimonios optimizan sus estructuras para esquivar impuestos.

El efecto sobre la cohesión social es evidente. Jóvenes, desempleados y trabajadores temporales se ven empujados a aceptar empleos informales, contribuyendo sin saberlo a perpetuar un círculo vicioso: más economía sumergida significa más presión sobre quienes cumplen, lo que incentiva a otros a evadir impuestos. La precariedad laboral se convierte, así, en un motor silencioso de la evasión fiscal y de la desigualdad estructural.

Evasión de las élites

Pero la economía sumergida no es solo cosa de trabajadores informales. Las grandes fortunas y multinacionales desempeñan un papel central en la evasión fiscal y en la ocultación de riqueza. Según informes de ONG y organismos como Gestha y Oxfam, cientos de miles de millones de euros se esconden en paraísos fiscales y en estructuras complejas que dificultan el rastreo por parte de Hacienda.

Para ponerlo en perspectiva, grandes empresas como NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla generan flujos de capital que superan con creces el presupuesto anual de muchas comunidades autónomas españolas. Mientras tanto, los autónomos y trabajadores asalariados soportan la presión fiscal que estas élites logran eludir. Esta concentración de riqueza y poder económico no solo amplifica la desigualdad, sino que alimenta una narrativa peligrosa: en España, trabajar duro y declarar todos los ingresos se ha convertido en un acto de disciplina moral, mientras que quienes poseen millones encuentran la ley como un obstáculo evitable.

La magnitud del dinero oculto es escalofriante. Si se contabilizara todo lo que las grandes fortunas esconden de Hacienda, España podría recaudar cientos de miles de millones de euros adicionales al año, lo suficiente para financiar educación, sanidad, pensiones y una red de seguridad social más robusta. Pero la falta de transparencia, la debilidad en los mecanismos de control y la sofisticación de las estructuras financieras permiten que los ricos mantengan su ventaja, mientras que el ciudadano medio queda atrapado en una presión fiscal creciente.

Agujero fiscal que amenaza al Estado

Se estima que cada año se pierden miles de millones por evasión fiscal y economía sumergida. Esta fuga de recursos amenaza la sostenibilidad del Estado de bienestar español, debilitando la financiación de pensiones, sanidad pública y educación. En términos prácticos, cada euro oculto por las élites o por empresas informales debe ser compensado por el trabajador legal, el autónomo cumplidor y la pequeña empresa.

Las consecuencias no son solo económicas: la desigualdad fiscal mina la confianza en las instituciones, alimenta el descontento social y genera una competencia desleal que penaliza a quienes operan de manera transparente. La combinación de evasión y economía sumergida distorsiona además las estadísticas económicas, dificulta la planificación pública y afecta al funcionamiento de los mercados.

Los ricos, el Estado y la impunidad

El problema de la evasión fiscal de las grandes fortunas es particularmente grave. Mientras el trabajador medio puede quedarse sin dinero si no cumple con Hacienda, los magnates patrimoniales y las multinacionales emplean complejas redes internacionales para reducir su carga tributaria. Sociedades en paraísos fiscales, trusts, inversiones en activos intangibles y asesoramiento fiscal especializado permiten que se escapen millones de euros cada año.

Esta desigualdad fiscal tiene efectos visibles en la vida cotidiana: los hospitales, las escuelas y los servicios públicos dependen de ingresos que nunca llegan; las pensiones se financian con mayor carga para los asalariados; y la brecha entre quienes tienen acceso a la riqueza y quienes dependen del salario promedio sigue ampliándose.

El contraste visual es impactante: mientras un trabajador medio aporta hasta la última décima de sus ingresos, una fortuna millonaria puede reducir su impuesto efectivo a fracciones mínimas, gracias a la ingeniería fiscal. Este desajuste no es anecdótico: erosiona la legitimidad del sistema tributario y genera una sensación de injusticia que repercute en la cohesión social.

 

01/12/2025 - GÉNOVA 13, EL AUSENTE MÁS PRESENTE EN LA PROTESTA DEL PP

La protesta de Feijóo se mezcla con los discursos de Vox, alimentando la idea de una derecha cada vez más unificada en el tono y en el marco

Eva Maldonado 01/12/2025

La política española tiene momentos que se explican solos. El PP volvió este domingo a la calle para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y convocar elecciones. Desde el Gobierno respondieron con un recordatorio preciso: si la protesta iba contra la corrupción, el escenario apropiado estaba unas paradas de metro más al norte, en Génova 13, cuya historia judicial sigue siendo una carga política que Feijóo no logra disipar. El contraste ha sido inevitable: una multitud en el Templo de Debod y el recordatorio de que la “caja B” no pertenece a un pasado remoto, sino a una estructura que aún proyecta sombra.

El Gobierno no ha desaprovechado el ángulo. La portavoz, Pilar Alegría, lo resumió sin rodeos: si el PP quería manifestarse contra la corrupción, “se ha equivocado de sitio”. La frase, más allá del golpe político, devolvió al debate algo que la oposición preferiría no repasar: la sentencia firme de la Audiencia Nacional que certificó el uso de fondos ilegales para financiar la reforma de Génova. Ese edificio sigue ahí, en el centro de Madrid, convertido en una referencia involuntaria cada vez que el PP intenta enarbolar la bandera de la limpieza institucional.

La estrategia de Feijóo y el riesgo de confundirse con su aliado incómodo

La concentración de este domingo —la séptima que Feijóo promueve en un año— buscaba exhibir músculo frente al Gobierno en un momento en el que la oposición necesita volver a controlar el relato tras las últimas informaciones judiciales. Pero el propio planteamiento ha reforzado otro debate que recorre discretamente las filas conservadoras: el PP se acerca tanto a Vox que cada día resulta más difícil distinguirlos. Lo expresó con cierta sorna el ministro Félix Bolaños: “Dicen lo mismo, se manifiestan en el mismo sitio, insultan igual. Son lo mismo”.

La foto del Templo de Debod, con discursos prácticamente intercambiables entre PP y Vox, ha reactivado un interrogante que Feijóo no logra despejar. Cuando el discurso se mimetiza, el votante termina optando por el original y no por la versión corregida y reducida de ese original. Es un riesgo conocido en la derecha europea, donde los partidos tradicionales han comprobado que intentar disputar el espacio ideológico a la extrema derecha suele derivar en la pérdida del propio.

El cálculo del PP al convocar una protesta de nuevo corte “cívico”, sin siglas pero con propósito inequívoco, parece perseguir un objetivo doble: desgastar al Gobierno y reordenar a su electorado. Pero las cifras de asistencia —siempre disputadas— muestran una tendencia involuntaria: el entusiasmo decrece a medida que se repiten las convocatorias. Como ironizó Alegría, “escogen escenarios cada vez más pequeñitos”. Y algo de eso late: el partido intenta recrear un ambiente social que hoy no acompaña.

 La incapacidad del PP para cerrar su propio capítulo

La paradoja de esta protesta es evidente para cualquiera que observe con cierta distancia la evolución del PP. Cada vez que Feijóo pronuncia la palabra “corrupción”, resurge el eco incómodo de un pasado que no ha sido completamente procesado, ni interna ni públicamente. Su insistencia en situar al Gobierno en el centro de todas las sospechas choca con la hemeroteca y con una sentencia que sigue siendo el punto de apoyo de sus adversarios.

Incluso dentro de la derecha moderada, algunos empiezan a advertir que esta estrategia tiene un coste: si Feijóo no logra redefinir el PP como un partido inequívocamente alejado de aquellas prácticas, cada ofensiva se convertirá en un recordatorio involuntario. El Gobierno lo sabe y juega esa carta con la tranquilidad de quien posee un argumento jurídicamente blindado.

De fondo, el PSOE interpreta este movimiento como la reacción desesperada de una oposición que no consigue articular un proyecto alternativo. “El PP solo tiene un objetivo: asfixiar los servicios públicos para favorecer intereses privados”, resumió Alegría ante los jóvenes socialistas. Más allá del recurso retórico, lo cierto es que Feijóo apenas ha logrado construir una narrativa propositiva. Su discurso descansa en la negación del adversario, pero no termina de ofrecer un relato propio que trascienda el marco emocional que comparte con Vox.

Y ahí aparece la clave del día: el PP denuncia el clima político mientras lo alimenta, acusa al Gobierno de división mientras convoca protestas cada vez más frecuentes y recurre a un tono que Alegría y Bolaños señalan como indistinguible del de la ultraderecha. El enfrentamiento retórico con Sánchez se ha convertido, precisamente, en la coartada con la que evita abordar cuestiones internas, desde la redefinición ideológica hasta la gestión de su propia herencia judicial.

Lo que deja esta jornada no es solo una protesta más, sino la evidencia de un partido que intenta escapar de su pasado mientras lo lleva consigo como un lastre visible. El Gobierno lo sabe. Y cada vez que el PP intenta instalar el debate en la corrupción ajena, le recuerdan el lugar —Génova 13— donde comenzó la grieta que aún no logra cerrar.