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La magnitud del dinero oculto es escalofriante. Si se contabilizara todo lo que las grandes fortunas esconden de Hacienda, España podría recaudar cientos de miles de millones de euros adicionales al año para financiar educación, sanidad, pensiones
Martha Golfín 01/12/2025
Mientras millones de españoles cumplen religiosamente con sus obligaciones
fiscales, una montaña de dinero se esconde cada año en la economía sumergida y en los entramados de evasión fiscal de las grandes fortunas. Según los
estudios de Gestha, entre 230.000 y 240.000
millones de euros, casi el 17% del Producto Interior Bruto (PIB), escapan
al control del Estado. Esta cifra no solo supera en casi tres puntos la media
europea, sino que revela un desequilibrio estructural: los contribuyentes
ordinarios financian buena parte del país, mientras las élites patrimoniales
logran esquivar impuestos millonarios.
El agujero fiscal que genera esta fuga de recursos es
alarmante. Si se ajustara el PIB considerando la economía sumergida, la presión
fiscal efectiva sobre los trabajadores y pequeñas empresas habría alcanzado un
escalofriante 47,3% en 2021. Esto significa que,
mientras los ciudadanos de clase media y trabajadora pagan religiosamente, las
grandes fortunas logran reducir su contribución mediante sofisticadas estrategias de planificación fiscal, estructuras societarias
opacas y paraísos fiscales. El resultado es un sistema profundamente
desigual que erosiona la confianza en el Estado y en la justicia fiscal.
El trabajador siempre paga
El contraste entre contribuyentes ordinarios y grandes patrimonios no
podría ser más evidente. Un trabajador medio español, con un salario de 1.500 a
2.000 euros al mes, contribuye a Hacienda y a la Seguridad Social sin
posibilidad de esquivar los impuestos. Su nómina sufre
retenciones estrictas, y cualquier irregularidad puede derivar en sanciones
inmediatas. En cambio, una gran compañía o un empresario con millones de euros
en activos puede evitar el pago de millones de euros al año, erosionando el
sistema de bienestar y aumentando la desigualdad social.
Esta desigualdad se refleja en la presión sobre los sectores productivos.
Los autónomos y pequeñas empresas soportan una carga
fiscal creciente, mientras que la economía sumergida y las grandes fortunas logran
operar al margen de la ley. En sectores donde el cobro en efectivo es frecuente
y la mano de obra abundante se concentra buena parte de la economía informal.
Allí, los trabajadores carecen de seguridad social, vacaciones pagadas y
derechos laborales, mientras que los grandes patrimonios optimizan sus
estructuras para esquivar impuestos.
El efecto sobre la cohesión social es evidente. Jóvenes, desempleados y
trabajadores temporales se ven empujados a aceptar empleos informales,
contribuyendo sin saberlo a perpetuar un círculo vicioso:
más economía sumergida significa más presión sobre quienes cumplen, lo que
incentiva a otros a evadir impuestos. La precariedad laboral se
convierte, así, en un motor silencioso de la evasión
fiscal y de la desigualdad estructural.
Evasión de las élites
Pero la economía sumergida no es solo cosa de trabajadores informales. Las
grandes fortunas y multinacionales desempeñan un papel central en la evasión
fiscal y en la ocultación de riqueza. Según informes de ONG y organismos
como Gestha y Oxfam, cientos de
miles de millones de euros se esconden en paraísos fiscales y en estructuras
complejas que dificultan el rastreo por parte de Hacienda.
Para ponerlo en perspectiva, grandes empresas como NVIDIA, Apple,
Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla generan flujos de capital que
superan con creces el presupuesto anual de muchas comunidades autónomas
españolas. Mientras tanto, los autónomos y trabajadores
asalariados soportan la presión fiscal que estas élites logran eludir.
Esta concentración de riqueza y poder económico no solo amplifica la
desigualdad, sino que alimenta una narrativa peligrosa: en España, trabajar
duro y declarar todos los ingresos se ha convertido en un acto de disciplina
moral, mientras que quienes poseen millones encuentran la ley como un obstáculo
evitable.
La magnitud del dinero oculto es escalofriante. Si se contabilizara todo lo
que las grandes fortunas esconden de Hacienda, España podría recaudar cientos
de miles de millones de euros adicionales al año, lo suficiente para financiar
educación, sanidad, pensiones y una red de seguridad social más robusta. Pero
la falta de transparencia, la debilidad en los mecanismos de control y la
sofisticación de las estructuras financieras permiten que los ricos mantengan
su ventaja, mientras que el ciudadano medio queda atrapado en una presión
fiscal creciente.
Agujero fiscal que amenaza al Estado
Se estima que cada año se pierden miles de millones por evasión fiscal y
economía sumergida. Esta fuga de recursos amenaza la sostenibilidad del Estado
de bienestar español, debilitando la financiación de pensiones, sanidad pública
y educación. En términos prácticos, cada euro oculto por las élites o por
empresas informales debe ser compensado por el trabajador legal, el autónomo
cumplidor y la pequeña empresa.
Las consecuencias no son solo económicas: la desigualdad fiscal mina la confianza en las
instituciones, alimenta el descontento social y genera una competencia desleal que penaliza a quienes operan
de manera transparente. La combinación de evasión y economía sumergida
distorsiona además las estadísticas económicas, dificulta la planificación
pública y afecta al funcionamiento de los mercados.
Los ricos, el Estado y la impunidad
El problema de la evasión fiscal de las grandes fortunas es particularmente
grave. Mientras el trabajador medio puede quedarse sin dinero si no cumple con
Hacienda, los magnates patrimoniales y las multinacionales emplean complejas
redes internacionales para reducir su carga tributaria. Sociedades en paraísos
fiscales, trusts, inversiones en activos intangibles y asesoramiento fiscal
especializado permiten que se escapen millones de euros cada año.
Esta desigualdad fiscal tiene efectos visibles en la vida cotidiana: los
hospitales, las escuelas y los servicios públicos dependen de ingresos que
nunca llegan; las pensiones se financian con
mayor carga para los asalariados; y la brecha entre quienes tienen acceso a la
riqueza y quienes dependen del salario promedio sigue ampliándose.
El contraste visual es impactante: mientras un trabajador medio aporta
hasta la última décima de sus ingresos, una fortuna millonaria puede reducir su
impuesto efectivo a fracciones mínimas, gracias a la ingeniería fiscal. Este
desajuste no es anecdótico: erosiona la legitimidad del sistema tributario y
genera una sensación de injusticia que repercute en la cohesión social.
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