Comentario: Magnifico artículo del Director de Diario 16, excepto cuando se refiere a los simpatizantes del atlético de Madrid, que, como todo el mundo sabe, es un Club atracado una y otra vez por el todopoderoso Real Madrid. Sin, por supuesto, que nadie, ningún Organismo deportivo, haga nada para evitarlo, y, mucho menos, el colectivo arbitral “pagado” por ese Sr. al que llaman Pio XII.
En el escenario de sectarismo y polarización actual es imposible que se solucionen los verdaderos problemas de la Justicia, que empiezan con la corrupción y terminan en la absoluta impunidad con la que cuentan los jueces
José Antonio Gómez
08/08/2025
En las democracias modernas, la justicia constituye
uno de los pilares esenciales del sistema. Su imparcialidad y autonomía son
condiciones indispensables para el equilibrio de poderes y la garantía de
derechos fundamentales. Otra cosa es que el funcionamiento real de los
tribunales sea lo contrario de lo que señala la teoría. Sin embargo, en
la España contemporánea, ese pilar se ve sacudido por
una creciente oleada de sectarismo ideológico, donde las decisiones judiciales
ya no se analizan bajo el prisma del derecho, sino a través de la lente distorsionada
de la afiliación política e ideológica.
La polarización que sacude al país ha alcanzado a los
tribunales. El fenómeno se manifiesta con especial intensidad en los casos que
involucran a dirigentes políticos: la presunción de inocencia se
convierte en un privilegio partidista y las sentencias se celebran o
desacreditan en función del color ideológico del acusado. La justicia, en este
escenario, deja de ser un terreno neutral para convertirse en un campo de
batalla.
Dependiendo de quién sea el encausado los jueces son catalogados como
“buenos” o “malos”, categorización que se aplica también dependiendo de si está
en tal o cual asociación. También se inventan teorías conspirativas sobre
supuestas persecuciones políticas o presuntos golpes de Estado togados. Esto no
es exclusivo de un partido o una ideología concreta, sino que todos han pasado
por las diferentes fases de ataque sectario a las causas judiciales. La
realidad es que la Justicia en España está en una situación tan crítica
que no hay juez bueno, sobre todo en las instancias
superiores.
Ejemplos se pueden ver todos los días. La izquierda criminaliza a los
jueces que están instruyendo las causas que afectan al gobierno, al fiscal
general del Estado o al entorno familiar de Pedro Sánchez. La derecha
ataca sin piedad a los que están investigando las responsabilidades de la DANA
de Valencia y, en el caso de la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, se habla, incluso, de una operación
de Estado para acabar con una rival política.
Se pretende arreglar la casa por el tejado, que los tribunales sean
controlados por el partido o la ideología que ocupe el poder y, en esta
tesitura, es imposible que se solucionen los verdaderos problemas de la
Justicia, que empiezan con la corrupción (que
existe aunque sólo se juzgue a un número mínimo de jueces), pasan por el
sometimiento a los intereses de los distintos poderes económicos, empresariales
y financieros, y terminan en la absoluta impunidad con
la que cuentan los jueces a la hora de que sean denunciados por la ciudadanía o
recusados por las partes.
Justicia bajo sospecha
Cuando un político, sea del partido que sea, es imputado, investigado o
condenado, la reacción de los medios de comunicación y de la opinión pública
suele seguir un patrón predecible: si se trata de un dirigente afín, se invoca
la persecución política, el “lawfare” o se pone
en duda la imparcialidad del juez. Si es del partido rival, se proclama el
triunfo de la justicia y se exige una dimisión inmediata. Este doble rasero no
solo daña la imagen del poder judicial, sino que también deteriora el debate
público, sustituyendo el análisis jurídico por narrativas emocionales y
tribales.
Las redes sociales desempeñan un papel decisivo en este proceso. Los
juicios paralelos, la desinformación y
los eslóganes reemplazan a la complejidad de los procedimientos judiciales. El
lenguaje jurídico se pierde entre “causas generales”, “vendettas judiciales” y
“conspiraciones ideológicas”. El resultado es una sociedad dividida entre
quienes ven en cada sentencia un acto de justicia y quienes la interpretan como
un movimiento estratégico del “enemigo”.
La conspiración del “lawfare”
Uno de los conceptos más recurrentes en este nuevo paradigma es el de lawfare. Importado de los conflictos internacionales,
este término ha sido reinterpretado en el ámbito político español como el uso
de la justicia como arma contra adversarios políticos. Para algunos, representa
una amenaza real a la democracia; para otros, es una estrategia discursiva para evadir responsabilidades penales.
Este fenómeno se basa en tres pilares: la deslegitimación del juez (acusándolo
de actuar por motivos ideológicos o de formar parte de un “Estado profundo”),
la victimización del acusado (quien se presenta como
blanco de una operación política) y la invisibilización de los hechos (evitando
hablar de las pruebas y centrando el debate en la supuesta persecución). En
este clima, la sentencia se convierte en una herramienta de confrontación
política más que en una resolución jurídica basada en evidencias.
El lawfare va por épocas. Lo han ido denunciando alternativamente tanto el
PP como el PSOE, tanto las izquierdas como las derechas. Eso indica que todo se
ve dependiendo de los ojos con los que se mira. No existe análisis certero. Los
políticos y los ciudadanos que son de un color ideológico o del contrario
actúan como los aficionados atléticos, siempre llorando y culpando al de
enfrente, lo cual, evidentemente, elimina la crítica interna.
Instrumentalización de la Justicia
La figura del juez ha dejado de ser exclusivamente técnica para
convertirse, en ocasiones, en protagonista del debate partidista. Cuando un
magistrado dicta una sentencia que favorece a un determinado partido, es
aplaudido como un “héroe”. Si, por el contrario, su decisión perjudica a ese
mismo partido, es calificado como parcial y politizado.
Esta dinámica de instrumentalización genera una presión creciente sobre la
judicatura. Los jueces, que deben trabajar en condiciones de una
supuesta neutralidad acotada "a sus cosas", son arrastrados al
centro de la disputa ideológica, lo cual puede afectar tanto a su imagen como a
su capacidad de decisión. La crítica legítima a una sentencia se transforma en
un ataque personal al juez, que ve cuestionada su trayectoria, su ideología y
hasta sus vínculos personales.
Presunción de inocencia
La presunción de inocencia, principio básico del Estado de Derecho, se ha
convertido en un terreno de batalla. El trato desigual en función de la
ideología ha generado un escenario en el que esta garantía constitucional se
invoca selectivamente. Cuando el imputado es “de los nuestros”, se pide respeto
al proceso judicial. Cuando se trata del adversario, se exige su condena
pública antes de que se dicte sentencia.
Esta distorsión crea una confusión profunda en la ciudadanía. La línea
entre ser investigado y ser culpable se difumina, lo que debilita la
credibilidad del sistema y abre la puerta a una cultura de impunidad revestida
de justificación ideológica.
Nombramientos judiciales
La politización no se limita a los tribunales ni a los medios. Uno de los
puntos más conflictivos es la designación de los miembros del Consejo General
del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional o de la Fiscalía General del
Estado.
Cada nombramiento judicial o decisión de gran impacto es analizado no por
su mérito jurídico, sino por el supuesto color político de quien lo promueve.
Esto no solo paraliza la renovación institucional, sino que alimenta el relato
de que la justicia está “colonizada”.
La condena del telediario
En la actualidad, el juicio público suele anticiparse al tribunal. Las
tertulias, las redes y los titulares dictan sentencia antes que el juez. Si el
político afín es absuelto, se celebra como una prueba de persecución
desmontada. Si es condenado, se denuncia un montaje o una conspiración. Por el
contrario, si el condenado es del partido rival, se aplaude el fallo como una
prueba irrefutable de su corrupción.
Este esquema genera un círculo vicioso: se erosiona la legitimidad del
sistema judicial, se banaliza el debate político y se debilita la democracia.
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