El dilema no es abandonar la agenda social, sino integrarla en una narrativa de bienestar y prosperidad común. La ciudadanía quiere derechos, pero sobre todo quiere poder ejercerlos sin la angustia diaria de llegar a fin de mes
José Antonio Gómez
27/08/2025
Mucha gente se pregunta cómo fue posible que un presidente como José María
Aznar obtuviera una mayoría absoluta tras una de las reformas laborales más
duras de la historia, meter a España en una guerra ilegal, con el escándalo del
Yak42 o el desastre ambiental del Prestige y que el PP estuviera a punto
de ganar las elecciones de 2004 con una cómoda ventaja, hecho que no sucedió
por la gestión de los atentados del 11M que dio la vuelta al resultado electoral.
La respuesta es sencilla: las clases medias y trabajadoras tenían prosperidad
económica con capacidad para, incluso, poder acceder a vivienda en propiedad en
un escenario de precios inflados.
También sorprende cómo la izquierda está perdiendo apoyos desde la crisis
de 2008 y, lo que es peor, que buena parte de la base de votantes esté migrando
hacia las opciones de la extrema derecha. El progresismo democrático mundial
aún no se ha sabido adaptar a la nueva realidad nacida de aquella crisis.
Cuando la izquierda ha gobernado, se han ampliado derechos y se han creado
otros nuevos. Sin embargo, las izquierdas no crecen, más bien, es lo
contrario.
En los últimos años, la izquierda española ha hecho bandera de la ampliación de derechos sociales. Desde leyes pioneras
en igualdad de género hasta reformas medioambientales o iniciativas de
protección de colectivos minoritarios, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha presentado como garante de una
España más inclusiva. Sin embargo, las últimas encuestas y resultados electorales
advierten de un desajuste: mientras los avances sociales generan titulares y
reconocimiento internacional, una parte cada vez mayor del
electorado de izquierdas se siente desatendida en lo económico. El
encarecimiento de la vida, la dificultad de acceder a una vivienda digna y la
precariedad laboral han erosionado la confianza en un proyecto que, para muchos
ciudadanos, parece más preocupado por la agenda identitaria que por el día a
día.
Conquistas sociales
Durante la legislatura, el Gobierno impulsó leyes como la de igualdad de trato y no discriminación, la ley del “sólo sí es sí” (posteriormente corregida
por sus gravísimas consecuencias jurídicas), o normativas en favor de la transición ecológica. Todas ellas respondieron a
demandas históricas y situaron a España en la vanguardia europea en materia de
derechos.
Sin embargo, los logros se han visto empañados por la percepción de que la
política social avanzaba más deprisa que las soluciones materiales. Para buena
parte de la población, los derechos no llenan la
nevera ni pagan el alquiler. Así lo reflejan los barómetros del CIS,
en los que el paro, la inflación y la vivienda aparecen
de manera recurrente como las tres principales preocupaciones de los españoles.
La vivienda, la herida abierta
La Ley de Vivienda fue presentada como uno de los
grandes hitos del Ejecutivo progresista. Incluía medidas de control de precios
en zonas tensionadas y límites a los incrementos en los alquileres. Sin
embargo, su impacto real ha sido limitado. En ciudades como Madrid, Barcelona,
Valencia o Málaga, el precio de los alquileres siguió creciendo en 2024 y 2025
hasta alcanzar máximos históricos.
La escasez de vivienda pública en alquiler (menos del 2% del parque, frente
al 15-20% en países como Francia u Holanda) deja sin alternativa a miles
de jóvenes y familias trabajadoras. Este divorcio entre la ambición de la norma
y la realidad del mercado alimenta la frustración social, que la extrema
derecha ha sabido capitalizar señalando que el Gobierno “anuncia derechos” pero
no resuelve la vida cotidiana.
La inflación y el salario que no llega
Otro frente de desgaste es la inflación. El alza
de los precios de la energía y los alimentos básicos tras la pandemia y la
guerra en Ucrania ha golpeado de lleno a las familias españolas de clase media
y trabajadora. El Gobierno aprobó paquetes de ayudas y reducciones fiscales,
como la bajada temporal del IVA en productos básicos, que tuvieron un efecto
mitigador. Pero la percepción generalizada es que los sueldos no acompañaron al ritmo del encarecimiento de la cesta
básica.
Aunque el Salario Mínimo Interprofesional se
ha incrementado hasta los 1.184 euros en 14 pagas, la presión de los precios y
la elevadísima precariedad laboral hicieron que buena parte de la clase media y
trabajadora apenas note mejoras. La paradoja es clara: se proclama un
“gobierno progresista” que defiende a los trabajadores, pero los trabajadores
sienten que cada vez es más difícil llegar a fin de mes.
El voto obrero se fuga a la extrema
derecha
La fuga de apoyos de la izquierda en sectores obreros no es un fenómeno
nuevo, pero en los últimos años se ha intensificado en España y tiene un
destinatario claro: la extrema derecha,
representada principalmente por Vox y por otras formaciones que en las últimas
elecciones europeas obtuvieron más de 800.000 votos. Lo que sorprende a muchos
analistas es que esta el partido de Santiago Abascal, que no pone el acento en
ampliar derechos sociales sino en discursos de identidad nacional, seguridad y
control migratorio, ha logrado conectar con franjas del electorado que hasta
hace poco se identificaban con los valores progresistas.
La explicación se encuentra, principalmente, en la desafección económica. Para muchos trabajadores, la
promesa de igualdad de derechos pierde fuerza cuando sienten que su poder adquisitivo se erosiona y que las políticas
de vivienda, empleo o fiscalidad no alivian sus problemas cotidianos. Vox, y en
menor medida el PP, han sabido explotar ese malestar con mensajes directos:
rebaja de impuestos, prioridad nacional en el acceso a ayudas y un discurso que
conecta con la frustración de quienes perciben que las instituciones han dejado
de protegerlos.
En barrios obreros de Madrid como Vallecas o Villaverde, en cinturones
industriales de Andalucía o en municipios periféricos de Barcelona, la
tendencia es palpable. El PSOE y Sumar mantienen
todavía bolsas de apoyo, pero pierden votantes que se abstienen o que migran
hacia Vox atraídos por un relato de “defensa del trabajador español” frente a
lo que consideran una élite política preocupada por agendas identitarias
alejadas de su día a día.
Además, la extrema derecha ha sabido apropiarse de un discurso cultural que vincula los problemas
económicos con la inmigración. Aunque los datos no avalen una relación directa,
el mensaje cala en sectores donde la competencia por empleos precarios o por
recursos sociales es intensa. Allí, donde la izquierda debería aparecer como
garante de redistribución y justicia social, el vacío lo ocupa un discurso
excluyente que promete soluciones rápidas.
El fenómeno no es exclusivo de España: se observa en Francia con el ascenso
de Marine Le Pen en antiguos bastiones comunistas, en Italia con Giorgia Meloni
conquistando feudos obreros, o en Alemania con Alternativa por Alemania
consolidándose en el este industrial. Pero en España, el trasvase de voto
obrero hacia la extrema derecha refleja una crisis estratégica de
la izquierda: la incapacidad de articular un proyecto económico convincente que
responda a la angustia material de quienes, paradójicamente, más necesitan
políticas redistributivas.
El riesgo para los partidos progresistas es doble. Por un lado, la pérdida
de apoyo en barrios obreros erosiona su base histórica; por otro, legitima a
fuerzas que utilizan el malestar económico para impulsar un proyecto político autoritario. De persistir esta
tendencia, la izquierda podría quedar reducida a una fuerza con respaldo en
áreas urbanas de clase media ilustrada, mientras los sectores populares, antaño
su columna vertebral, pasan a engrosar las filas de la derecha radical.
Derechos y bienestar: el reto pendiente
La gran contradicción para la izquierda española es que los derechos sociales gozan de amplio consenso en
la ciudadanía, pero su traducción electoral es escasa si no se acompaña de
políticas económicas que aseguren bienestar material. La ampliación de
libertades, lejos de ser rechazada, es valorada; lo que penaliza al votante es
la sensación de que mientras se avanza en igualdad o diversidad, se retrocede
en capacidad adquisitiva.
El reto para la izquierda pasa por integrar la agenda social y la
agenda económica. La igualdad sólo se puede conseguir con empleo
estable y salarios dignos para las mujeres; la transición ecológica, con
rebajas reales de la factura energética; el derecho a la vivienda, con un
parque público de alquiler asequible. Solo así los avances dejarán de
percibirse como conquistas aisladas para convertirse en mejoras palpables del
día a día.
El gran dilema de la izquierda española no debería plantearse como una
disyuntiva entre derechos sociales o bienestar económico, sino como la búsqueda de un
equilibrio que permita avanzar en ambos frentes. La experiencia internacional y
los propios logros en España demuestran que las políticas redistributivas
pueden consolidar tanto libertades como seguridad material.
Un ejemplo claro es la ampliación de permisos de
paternidad y maternidad, que no sólo refuerza la igualdad de género,
sino que también ofrece a las familias más tiempo y recursos para criar en
condiciones dignas, reduciendo gastos de conciliación.
El problema de la izquierda no es la incompatibilidad entre ambas agendas,
sino la desconexión narrativa. Cuando los derechos sociales se
presentan como un fin en sí mismo, corren el riesgo de parecer ajenos a la vida
cotidiana. Pero si se comunican como instrumentos para mejorar el bienestar material, pueden fortalecer el
apoyo popular y cerrar el paso al discurso simplista de la extrema derecha,
sobre todo si eso se nota en los bolsillos de las familias.
En definitiva, derechos y economía no son
caminos paralelos, sino que deben confluir en un mismo proyecto
político. El reto está en hacer visible esa conexión: que cada avance en
libertades se traduzca en un alivio en el bolsillo de las familias, y que cada
medida económica se presente como una garantía para ejercer plenamente los
derechos conquistados.
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