Comentario: Si un PSOE de izquierdas (no el que tenemos ahora, claramente derechizado en sus gerifaltes) no da un puñetazo encima de la mesa y dice: ¡¡¡se acabó la truhanería institucional!!! España está condenada a la vuelta al año 36 del siglo pasado. O se le da un golpe de timón a los salarios y a las pensiones para adaptarlos a la convergencia con los países de nuestro entorno político y social (Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, etc., etc., etc.) o los conflictos sociales aparecerán antes de lo que algunos se piensan y derivarán en enfrentamientos poco deseados. ¡¡¡España está hundida en políticas laborales!!! … y pronto lo estará en políticas sociales, y llegará el caos sin remisión. Sólo un PSOE de izquierdas de verdad tiene la solución. ¡¡¡LO AVISO!!!
En la España de Pedro Sánchez tener trabajo ya no garantiza escapar de la pobreza: la codicia corporativa multiplica la figura del trabajador pobre y erosiona el contrato social que sostenía a la clase media
José Antonio Gómez
21/08/2025
La escena se repite con demasiada frecuencia: beneficios empresariales récord, dividendos millonarios
para accionistas, salarios variables casi obscenos para los altos directivos y,
al mismo tiempo, trabajadores con sueldos congelados,
precariedad laboral y precios desorbitados en bienes y servicios básicos.
España se ha convertido en un espejo donde la codicia corporativa,
es decir, el afán por maximizar las ganancias a costa de la estabilidad social,
muestra con crudeza sus consecuencias.
El debate se intensificó tras conocerse que los grandes bancos cerraron 2024 con ganancias
históricas, en algunos casos por encima del 30% respecto al año anterior,
mientras los hogares afrontaban facturas de luz y gas que alcanzaron máximos
históricos durante el invierno o en las actuales olas de calor. Para millones
de familias, el dilema fue elegir entre pagar la calefacción, el aire
acondicionado o llenar la cesta de la compra.
La inflación alimentaria es otro ejemplo de cómo la
lógica del beneficio ha afectado directamente a los ciudadanos. A pesar de la
rebaja del IVA en productos básicos decretada por el Gobierno, cadenas de
distribución y grupos de alimentación mantuvieron o incluso incrementaron márgenes
comerciales. El resultado, precios que no bajaron en la misma proporción que
los costes de producción, golpeando especialmente a jubilados, parados y
familias monoparentales.
En el ámbito laboral, la brecha entre la rentabilidad empresarial y el bienestar
de los trabajadores también se ensancha. En sectores como la hostelería, la
logística o las plataformas digitales, proliferan contratos temporales,
jornadas interminables y salarios que apenas rozan el
SMI. Los datos oficiales son implacables, dado que, según la última
Encuesta de Condiciones de Vida, uno de cada siete trabajadores
en España es pobre a pesar de tener empleo, un fenómeno
conocido como working poor que refleja cómo
los beneficios no se traducen en dignidad laboral.
La codicia corporativa también tiene un impacto territorial. Mientras las
grandes compañías concentran sedes y empleos cualificados en Madrid y
Barcelona, regiones enteras del interior ven cómo se vacían sus pueblos ante la
falta de oportunidades. En muchos casos, los beneficios generados en estos
territorios, a través de explotaciones agrarias, recursos naturales o
infraestructuras energéticas, no se reinvierten en la zona, alimentando la
desigualdad.
La situación es tan grave que, incluso, algunos organismos internacionales
han advertido de que España corre el riesgo de consolidar un modelo económico
donde el peso del crecimiento recae desproporcionadamente en las rentas del
capital.
En este contexto, los sindicatos reclaman una fiscalidad más justa que
grave los beneficios extraordinarios, mientras movimientos sociales piden un
mayor control público sobre sectores estratégicos como la vivienda. La
aprobación de un impuesto temporal a la banca fue un primer paso, pero las
críticas apuntan a que su impacto real sobre los precios ha sido limitado.
La pregunta que queda en el aire es hasta qué punto la sociedad española
tolerará este desequilibrio. Si las empresas continúan maximizando sus
ganancias a costa de los ciudadanos, el riesgo no es solo económico, sino
democrático: la erosión de la confianza en las instituciones y en el contrato
social que sostiene la convivencia.
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