Maximiliano Fernández Ibarguren
"Quieren fabricar nuevos votantes". Con esa idea, expresada estos días por
dirigentes del Partido Popular, entre ellos Alberto Núñez Feijóo e Isabel
Díaz Ayuso, se ha abierto una nueva batalla política en torno a la
aplicación de la conocida como "Ley de Nietos",
incluida en la Ley de Memoria Democrática. Según
sostienen, la concesión de la nacionalidad española a descendientes de
emigrantes y exiliados podría acabar alterando el censo electoral.
Es un debate legítimo. Como lo es cuestionar cualquier ley aprobada por un
Gobierno. Lo que quizá no sea tan legítimo es olvidar la historia para sostener
ese debate. Porque antes de hablar de censos, de estrategias electorales o de
supuestos beneficios partidistas conviene recordar algo que parece haberse
difuminado con el paso del tiempo: España fue, durante buena parte
del siglo XX, un país de emigrantes.
Durante los años previos a la Guerra Civil y posteriormente entre las décadas de 1950 y 1970,
millones de españoles abandonaron su tierra. Algunos cruzaron el Atlántico rumbo a Argentina,
Venezuela, Cuba, Uruguay o México. Otros hicieron las maletas
hacia Francia, Alemania, Suiza o Bélgica. Lo hicieron
huyendo de la pobreza, de la falta de oportunidades y, en muchos casos, de la
represión política derivada de la dictadura franquista. Entre ellos estuvo mi
abuelo Félix.
Como tantos otros, con tan solo 19 años, dejó
atrás su hogar, a su madre y a su padre, a mis bisabuelos, buscando un futuro
mejor. Siguiendo los pasos de su hermano mayor Aurino cruzó
el océano en barco desde Vigo, con una maleta
llena de incertidumbre, pero también con la esperanza de regresar algún día a
su Asturias con la convicción de que nunca dejaría de
ser español. Y tras Félix, sus otros dos
hermanos más pequeños, Tino, Luis y Manuel se
marcharon los dos primeros a Argentina con
él y este último a Chile. Por otro lado, su hermana Felicitas, la única mujer de la familia, se quedó al
cuidado de mis bisabuelos Visitación y
Laureano en aquel hórreo en medio del prado de la Vega de Sebarga, en Cangas de Onís.
Quizás la tristeza de ver a partir a sus hijos a América hizo que Visitación
muriera poco después sin poder volver a verles. Años más tarde, Laureano también falleció sin reencontrarse con
sus hijos.
La historia de mi abuelo, que es también mi historia, no es excepcional. Es
la historia de cientos de miles de familias. Décadas después, muchos de sus
hijos, nietos y bisnietos seguimos conservando ese mismo sentimiento de
pertenencia. Hemos nacido a miles de kilómetros de España, hablamos con acento
argentino, cubano o venezolano y hemos construido nuestras vidas en otros
países: conocemos nuestros apellidos, nuestras raíces y las historias
familiares que nos recuerdan de dónde venimos. La Ley de Memoria Democrática no nos regala una
nacionalidad, nos reconoce un vínculo histórico y hasta emocional que nunca
desapareció.
Desde pequeño he escuchado a mi padre hablar de la “Asturias del abuelo Félix”, de la tía Felicitas que se quedó con sus abuelos, y de sus
primos. Y como si de un boomerang se tratase, con 20 años, casi la misma edad
con la que partió Félix a América, tras viajar más de 12.000 kilómetros, descubrí
una parte de mi historia familiar que, mal que le pese a algunos, no deja de
ser la historia de este país.
La que acabo de contar no es más que una de los millones de historias que
se esconden detrás de cada emigrante español que, por distintas circunstancias
(hambruna, cuestiones políticas, escasez, etc.) se vieron obligados a dejar su
tierra y a sus seres queridos a los que nunca más volvieron a ver.
Por eso, cuando el Partido Popular habla
que la “Ley de Nietos” busca “fabricar votantes” ya no solo falta a la verdad,
sino que además insulta a todas esas familias desmembradas, a sus historias, en
muchos casos con un alto coste emocional, ninguneando su pasado, y una parte
del pasado de este país que pareciera quisieran borrarlo, como también la
dictadura que a día de hoy siguen sin condenarla.
En las últimas horas, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, Dña. presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y la
portavoz del grupo conservador en el Congreso, Esther
Muñoz han orillado llamar “aprovechados” a
los hijos y nietos de esos inmigrantes tan solo por pedir el pasaporte de sus
padres o abuelos. Y que la propia Constitución Española,
a la cual soy muy dados a relucir en otras cuestiones políticas, les garantiza
como españoles de origen en el artículo 11. Es precisamente en desarrollo de
ese mandato de la Carta Magna donde se enmarca la Ley de Memoria Democrática, que reconoce el derecho de
determinados descendientes de españoles a optar a la nacionalidad.
Los datos ayudan a dimensionar el debate. Hasta marzo de 2026, más de 1,2 millones de descendientes de españoles habían
presentado formalmente su solicitud de nacionalidad al amparo de esta ley. Más
de 544.000 expedientes ya habían sido aprobados y
cientos de miles de nuevos ciudadanos habían sido inscritos en los registros
civiles consulares. Detrás de cada uno de esos
expedientes no hay un votante recién inventado: hay una historia familiar, un
abuelo que emigró, una abuela que dejó atrás su tierra, una familia que nunca
dejó de sentirse española.
Pero si hay algo que convierte esta polémica en especialmente llamativa no
es la ley sino la hemeroteca. Y el Partido Popular con
ella, como ya nos tiene acostumbrados (Ley del Matrimonio Igualitario o
recientemente la Ley de Amnistía) entra en
cortocircuito.
En estos últimos días, varios dirigentes populares han alertado de que la
recuperación de la nacionalidad por parte de los descendientes de emigrantes
es “una maniobra de Sánchez" para alterar el
censo electoral y así conseguir revalidar su mandato “fabricando votantes”. Sin
embargo, y aquí es donde está la paradoja, son los mismos que hace apenas unos
años defendían exactamente lo contrario.
Durante sus años como presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo convirtió a la diáspora gallega en una prioridad
política. Argentina, el país con mayor número
de gallegos fuera de España, fue una
parada habitual de sus viajes institucionales. Allí participó en encuentros con
centros gallegos, comidas multitudinarias y actos con la colectividad emigrante
para mantener vivo el vínculo con quienes, pese a vivir al otro lado del Atlántico, seguían formando parte de Galicia. Nadie cuestionaba entonces que aquellos
gallegos mantuvieran intactos sus derechos como ciudadanos españoles.
Más aún. En 2022, durante una visita a Argentina y en vísperas del ciclo electoral que
desembocaría en las elecciones generales de 2023, el
propio Feijóo defendía públicamente facilitar el acceso a
la nacionalidad española a los nietos de emigrantes. Aquel mensaje, recuperado
ahora y difundido de nuevo en redes sociales al punto de haberse viralizado,
contrasta con las dudas que hoy plantea sobre el impacto electoral de esa misma
realidad. No fue una declaración aislada.
El programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones generales de 2023 en su medida número
344 incluía expresamente el compromiso de ampliar y facilitar el
acceso a la nacionalidad española para los descendientes de españoles
residentes en el exterior. Y en 2022, la hoy
portavoz del grupo popular en el Congreso, Esther Muñoz, defendía igualmente esa posibilidad en
el Senado.
Llegados a este punto, cabe una pregunta. ¿Cómo es posible que quienes
durante años viajaban a miles de kilómetros para pedir el voto de los españoles
residentes en el exterior cuestionen ahora que los descendientes de esos mismos
españoles puedan recuperar la nacionalidad de sus abuelos?
En cualquier caso, las referencias a un supuesto "pucherazo", a la manipulación del censo o a la
desconfianza hacia las reglas del juego democrático resulta una estrategia
difícil de comprender, especialmente si se tiene en cuenta que el Partido Popular ha ganado las últimas citas
electorales en Extremadura, Castilla y León, Aragón y,
más recientemente, Andalucía. Cuesta
entender que el mismo partido que obtiene un respaldo mayoritario en las urnas,
cuestione la legitimidad de ellas. En consecuencia, ¿Quiere decir que María Guardiola, Alfonso González Mañueco, Jorge
Azcón y, previsiblemente, Juanma Moreno Bonilla son presidentes en sus
comunidades gracias a un pucherazo? La incomprensible
estrategia de Génova 13 deslegitima a sus
propios barones y sus victorias.
Pero aquí no acaba la cuestión. El Partido Popular en
vez de introducir el debate político, totalmente válido, sobre los requisitos
de la ley, sus plazos o aplicación administrativa, ha decidido convertir a los descendientes de aquellos emigrantes
en protagonistas de una teoría según la cual recuperar la nacionalidad española
equivale a fabricar votantes borrando su pasado y dando por hecho que todos, o
casi todos, votaran al PSOE. Una afirmación aberrante que
ningunea y que no hace justicia a esos padres y abuelos, a sus historias de
sacrificios y esfuerzos, a los costes físicos y emocionales que hay detrás de
cada desarraigo. Reducir el derecho de obtener la nacionalidad
a una “maniobra de Sánchez” es una burda y vergonzosa simplificación que el PP
debería hacérsela mirar.
Durante décadas fueron otros países los que acogieron a nuestros abuelos
cuando España no podía ofrecerles un futuro. Argentina, Venezuela, México,
Francia, Alemania, Suiza o Bélgica abrieron sus puertas a
millones de españoles que buscaban exactamente lo mismo que hoy buscan quienes
llegan a nuestro país: una oportunidad para vivir con dignidad.
España, y sobre todo los políticos de derechas,
no puede permitirse olvidar su propia historia: fuimos un
país de exiliados, de emigrantes, que despidió a generaciones enteras en
estaciones de trenes y puertos mientras las familias lloraban sin saber si
habría un reencuentro. Mis bisabuelos murieron sin volver a ver y a abrazar a
sus hijos.
Ser patriota y español, como tanto les gusta presumir, es también reconocer
esos esfuerzos y esos sacrificios físicos y emocionales que otros españoles
hicieron en el pasado en circunstancias adversas en viajes de meses, con pocos
recursos, desprovistos de la tecnología actual, con la incertidumbre por delante,
pero con las ganas de abrirse mundo desde cero del otro lado del charco o en
otro país donde ni siquiera conocían el idioma. Y, aun así, aquellos emigrantes
nunca dejaron de ser españoles. Gracias a ellos se conservaron costumbres,
acentos y un vínculo con España que ha
sobrevivido durante generaciones. Por eso resulta profundamente injusto
reducirlos a una maniobra política del PSOE y del
actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Cuando en los últimos días he escuchado a algunos dirigentes del PP y de Vox hablar con
demasiada ligereza de "los nietos de
Sánchez" no he hecho más que pensar en mi abuelo Félix, de cómo 50 años después
de haber fallecido, pisotean su historia de desarraigo, de haber dejado
su Asturias con tan solo 19 años, de no volver a ver más a sus
padres. Y quizás por esta razón, ha nacido el presente artículo. Frente a
las faltas de respeto y al malicioso e intencionado “borrado” de los millones
de emigrantes españoles a lo largo del siglo pasado, reivindicarles era una
imperiosa necesidad.
Mal que le pese a Alberto Núñez Feijóo, a Isabel
Díaz Ayuso o Santiago Abascal, los hijos y nietos de emigrantes,
formamos parte de la historia de este país; no somos los nietos de Sánchez,
somos los nietos de España.
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