Comentario: “Endiluego” (como decía Forges) a esta Sra. no le van a faltar sitios dentro de casa para “echar un ratito” con quien quiera… si se acomoda en el sitio ese.
La adquisición no presupuestada de una propiedad de 485 metros cuadrados a través de la empresa pública heredera del caso Púnica desata serias interrogantes sobre la transparencia del poder de la CAM
En las plantas más altas del paseo del General Martínez Campos,
la arquitectura del distrito madrileño de Chamberí adopta
la discreción y el empaque que caracterizan a las clases acomodadas de la
capital. Allí donde las edificaciones señoriales colindan con el Museo Sorolla
y las inmediaciones del paseo de la Castellana albergan residencias
aristocráticas y sedes diplomáticas, el trasiego diario transcurre al margen de
los focos de la alta política. Sin embargo, en el noveno piso de uno de esos
bloques residenciales del barrio de Almagro, un espacio de 485 metros cuadrados
—de los cuales casi doscientos corresponden a una terraza de escala inusual— ha
pasado a convertirse en el nuevo epicentro de una tormenta institucional cuyas
ondas expansivas amenazan la retórica de rigor presupuestario y transparencia
del Ejecutivo madrileño.
La historia de esta operación inmobiliaria, revelada por El País, es, por encima de todo, el relato de un
silencio administrativo solo quebrado por la fiscalización periodística. La
Comunidad de Madrid adquirió esta imponente propiedad el pasado 14 de abril a
través de Planifica Madrid, la empresa
pública encargada de comercializar el suelo autonómico y gestionar el
patrimonio inmobiliario regional. La transacción se mantuvo en el más estricto
secreto durante más de tres meses y medio. No figuraba en la última
actualización del portal de transparencia de la propia empresa pública, ni
había sido tramitada como una modificación de crédito ante el Consejo de
Gobierno, ni aparecía reflejada en las meticulosas partidas de inversión
proyectadas para el ejercicio presupuestario. El hallazgo de la compraventa en
los libros del Registro de la Propiedad por parte de los informadores motivó la
formulación de preguntas directas al Ejecutivo regional, forzando una
confirmación oficial que, lejos de zanjar el asunto, ha abierto un profundo
debate sobre las formas y los fondos con los que se ejerce el poder en la
Puerta del Sol.
La justificación ofrecida por la portavocía del Gobierno autonómico a El País sostiene que el inmueble ha sido adquirido
para que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, trabaje en él junto a un
equipo mínimo mientras se llevan a cabo los trabajos de rehabilitación de la
Real Casa de Correos, sede histórica de la presidencia institucional en el
centro de la capital. La explicación oficial, no obstante, ha suscitado más
perplejidad que certidumbre entre los observadores políticos y los
especialistas del sector inmobiliario. La Real Casa de Correos dio por
concluidas el año pasado las complejas obras de restauración que afectaron a la
totalidad de su fachada principal. Además, la administración autonómica ha evitado
aclarar aspectos cruciales de la operación: se desconoce el montante
exacto desembolsado por las arcas públicas, no se ha explicado por qué se
descartó la opción de un alquiler temporal para cubrir la supuesta eventualidad
de las obras y se ha guardado silencio sobre si la presidenta planea habitar
personalmente el recinto, en un edificio donde el resto de las
viviendas está destinado de forma exclusiva al uso residencial y no al
establecimiento de despachos u oficinas.
Para comprender la dimensión del gasto ejecutado por la administración
regional es preciso analizar la sociología y el valor del suelo en el barrio de
Almagro, considerado de forma unánime como una de las zonas urbanas de mayor
cotización económica en España. Tomando como referencia los datos del portal
del Notariado para el código postal en el que se enclava la finca, el precio
medio del metro cuadrado se sitúa en torno a los 9.414 euros. Aplicada a la
superficie construida del inmueble, esa tasa base arroja una cifra cercana a
los 4,5 millones de euros. Sin embargo, los profesionales de la intermediación
inmobiliaria subrayan que esa tasación lineal resulta del todo insuficiente
para valorar una pieza residencial de características tan singulares.
El elemento verdaderamente diferencial del inmueble es su terraza de 199
metros cuadrados, una superficie descubierta equivalente al tamaño de tres
pisos convencionales de la capital. Expertos en el mercado inmobiliario del
distrito de Chamberí aseguran no haber observado una plataforma privada de
semejantes dimensiones en toda la zona, calificándola como una tipología casi
inexistente en la oferta residencial del centro madrileño. En los portales
especializados, las propiedades que combinan el estatus de ático en la novena
planta con espacios exteriores de esa magnitud alcanzan habitualmente precios
de venta que oscilan entre los cinco y los siete millones de euros, situando el
valor estimado de mercado de la operación gubernamental en el entorno de los
seis millones de euros.
El perfil de la parte vendedora añade una capa adicional de relevancia
pública al expediente. Según fuentes conocedoras de la compraventa citadas
por El País, la titularidad del inmueble correspondía hasta
el pasado 14 de abril a la economista y escritora Astrid Gil-Casares, antigua esposa del presidente de
Ferrovial y una de las mayores fortunas del país, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. Hasta el momento de la formalización
del contrato público, la vivienda se encontraba arrendada a una pareja que la
ocupaba como residencia habitual. Cuando se requirió formalmente la nota
simple registral para verificar la identidad exacta de las partes y las cargas
del inmueble, el registrador de la propiedad de la circunscripción denegó el
acceso a la información argumentando que el solicitante carecía de un interés
directo, legítimo y patrimonial, imponiendo un velo administrativo adicional
sobre una transacción ejecutada con fondos de los contribuyentes.
El mecanismo institucional empleado para encauzar la compra del ático
desplaza el foco de atención hacia los engranajes internos de la administración
autonómica. Planifica Madrid, la entidad instrumental que formalizó la firma de
la escritura de compraventa, no es una agencia pública cualquiera. Se trata de
la heredera directa de la extinta Arpegio, la empresa pública de gestión del
suelo que figuró durante años en el epicentro del macrocaso de corrupción
conocido como caso Púnica. Aquella mercantil autonómica, que estuvo pilotada en
su etapa más controvertida por Francisco Granados,
sirvió presuntamente como vehículo para la adjudicación irregular de suelo
público y la desviación de contratos de infraestructuras, una de cuyas piezas
separadas concluyó su fase de instrucción procesal para sentar en el banquillo
de los acusados a sus antiguos gestores.
Rebautizada y adscrita en la actualidad a la Consejería de Presidencia,
Justicia y Administración Local, Planifica Madrid cuenta con una plantilla de
noventa empleados y maneja para el presente ejercicio de 2026 un presupuesto
asignado de 127 millones de euros. El presidente de su consejo de
administración es el propio portavoz del Gobierno autonómico y consejero de
Presidencia, Miguel Ángel García Martín, mientras que la dirección ejecutiva
recae desde julio de 2023 en Pedro Corbalán Ruiz, un alto cargo con dilatada
trayectoria en diversos estamentos de la administración autonómica bajo las
sucesivas etapas de gobierno del Partido Popular.
El cometido ordinario de esta sociedad pública consiste en la propiedad y
explotación de diez edificios completos destinados a uso administrativo y un
local comercial, inmuebles que posteriormente arrienda a los distintos
departamentos de la Comunidad de Madrid. En su abrumadora mayoría, el catálogo
inmobiliario de la empresa está compuesto por edificios históricos integrados
en el casco antiguo de la capital que cuentan con diversos niveles de
protección patrimonial, tales como las sedes institucionales de la Consejería
de Sanidad en la calle Aduana o la Consejería de Cultura y Turismo en la calle
Alcalá.
La adquisición del ático del paseo del General Martínez Campos rompe de
forma drástica con esa lógica de actuación patrimonial. A diferencia de las compras
o enajenaciones ordinarias, la operación no figuraba consignada en las partidas
detalladas del presupuesto de Planifica Madrid para 2026. La empresa pública
tampoco solicitó al Consejo de Gobierno la tramitación de una modificación
presupuestaria ni la concesión de una extensión de crédito extraordinario,
procedimiento administrativo habitualmente preceptivo para respaldar
compromisos de gasto no previstos en el marco presupuestario ordinario.
El elemento que termina de azuzar las dudas sobre la intencionalidad del
Ejecutivo autonómico reside en la gestión de la información pública. El portal
de transparencia de Planifica Madrid, cuya actualización más reciente tuvo
lugar el pasado lunes 20 de julio —más de tres meses después de la firma ante
notario—, omitió por completo cualquier referencia a la adquisición de la finca
en Chamberí. En dicha plataforma oficial se enumeraban minuciosamente las
actuaciones urbanísticas e inversiones patrimoniales más relevantes en curso,
pero el desembolso millonario destinado a la residencia temporal de la
presidencia quedó invisibilizado para el control de los grupos de la oposición
y de la ciudadanía.
La revelación de la compra secreta del ático irrumpe en el escenario
político madrileño amenazando con agrietar la cuidada estrategia de
comunicación construida por el equipo de Isabel Díaz Ayuso. Durante años, la
retórica del Ejecutivo regional se ha articulado sobre el dogma de la
eficiencia en el gasto público, la rebaja sistemática de impuestos y la crítica
frontal a la proliferación de estructuras administrativas superfluas. La
destinación de fondos públicos no presupuestados para adquirir una vivienda de
altísimo lujo en uno de los códigos postales más caros de la península sitúa al
Gobierno autonómico en una posición defensiva de difícil encaje narrativo.
Las interrogantes no respondidas por la portavocía del Ejecutivo autonómico
alimentan la desconfianza de la oposición parlamentaria. Si la necesidad de
espacio institucional obedecía a un traslado temporal derivado de las obras en
la sede del Gobierno regional, el sentido común de la gestión patrimonial
aconsejaba recurrir a la figura del arrendamiento o a la reubicación de los
equipos en alguno de los numerosos inmuebles que la propia Comunidad de Madrid
posee en propiedad en el centro de la capital. La decisión de adquirir en
propiedad un activo residencial de seis millones de euros a través de una
empresa pública exige una justificación técnica y económica que, hasta el
momento, no ha sido facilitada.
Tampoco se ha concretado el alcance real de las obras proyectadas para la
Real Casa de Correos. Tras la intervención ejecutada el pasado año en la
fachada del histórico inmueble de la Puerta del Sol, el Gobierno regional no ha
detallado qué áreas del edificio requieren una evacuación tan urgente como para
desplazar a la presidenta a un ático señorial en el distrito de Chamberí. El
hecho de que la vivienda elegida se ubique en un inmueble estrictamente
residencial, carente de las medidas de seguridad, accesibilidad y logística
propias de una sede institucional de gobierno, añade perplejidad a la
justificación oficial.
En el plano político, la utilización de Planifica Madrid como vehículo de
la operación reaviva los viejos fantasmas de la gestión de Arpegio, una firma
que simbolizó durante más de una década la opacidad en el uso del patrimonio
público madrileño. La falta de explicaciones sobre el precio de compra, la
ausencia de reflejo en las plataformas de transparencia y el empeño en mantener
la transacción alejada del debate público hasta que fue descubierta por la
prensa configuran un expediente que trasciende el ámbito del urbanismo para
instalarse en el corazón del debate sobre la ética pública.
En un contexto económico marcado por las dificultades de acceso a la vivienda
que afrontan miles de ciudadanos en la región madrileña, el contraste que
ofrece la compra secreta de un ático de 485 metros cuadrados para uso de la
jefatura del Ejecutivo autonómico resulta especialmente hiriente. La gestión de
las explicaciones en los próximos días determinará si el episodio queda
inscrito como un costoso error de cálculo administrativo o si se transforma en
un lastre permanente para la credibilidad del Gobierno de la Comunidad de
Madrid.
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