Mientras el fuego devora año tras año miles de hectáreas, la inacción política, el abandono del medio rural y los discursos vacíos convierten la tragedia forestal en una crónica estival tan predecible como devastadora
El olor a madera quemada no entiende de ideologías, pero conoce
perfectamente el calendario administrativo. Cada año, cuando el mercurio roza
máximos históricos y los cielos del verano ibérico se tiñen de ese naranja
aplastante y plomizo, los incendios forestales en España vuelven
a representarse sobre el escenario nacional con una precisión matemática. No se
trata de un fenómeno imprevisto ni de una maldición meteorológica
incontrolable, sino del síntoma más visible de un fracaso político e institucional sistemático. La
sociedad contempla cómo sus bosques se convierten en humo en una historia
interminable donde las causas profundas permanecen intactas, los errores de
gestión se multiplicaban y la clase política escenifica un ritual de
indignación y promesas que se disuelven con las primeras lluvias del otoño.
La narrativa oficial insiste en señalar de manera casi exclusiva al cambio climático o a la virulencia impredecible de
las olas de calor como los únicos responsables del
desastre. Sin embargo, los expertos en ingeniería forestal y
los analistas del territorio coinciden en que el fuego no es más que el síntoma
final de una enfermedad mucho más antigua y desatendida. La verdadera raíz del
problema reside en el abandono del medio rural,
la falta alarmante de planificación en invierno y una desconexión preocupante
entre las decisiones que se toman en los despachos ministeriales y las
realidades operativas sobre el terreno. El monte español se ha transformado
paulatinamente en un inmenso depósito de combustible continuo debido a la
pérdida de los usos tradicionales y a la ausencia de una política forestal seria y continuada en el tiempo.
El patrón de actuación de los dirigentes ante la crisis de los fuegos de
verano se repite con una monotonía exasperante. Durante las semanas críticas de
julio y agosto, ministros, presidentes autonómicos y líderes de la oposición se
desplazan hasta los puestos de mando avanzado ataviados con chalecos de
emergencia para ofrecer ruedas de prensa impregnadas de gravedad institucional.
En esos minutos de televisión, abundan las palabras ampulosas sobre la unidad
de acción, el compromiso con los afectados y la promesa de dotaciones
presupuestarias extraordinarias. No obstante, tan pronto como el foco mediático
se desplaza y el humo se disipa, los grandes anuncios quedan arrinconados en
los cajones de la burocracia estatal y regional, dejando la gestión del territorio exactamente en el mismo
punto de vulnerabilidad previa.
La ilusión de los medios de extinción
frente a la falta de prevención forestal
La prevención de incendios en el medio rural
representa el ejemplo más flagrante de esta desconexión entre la retórica política
y la acción de gobierno. Resulta un axioma ampliamente aceptado entre los
profesionales del sector que los grandes incendios forestales se apagan
realmente en invierno, mediante intervenciones planificadas en la masa vegetal,
clareos de vegetación, mantenimiento de cortafuegos y
el impulso decidida a la ganadería extensiva. A pesar de la evidencia técnica
acumulada durante décadas, los presupuestos públicos siguen priorizando de
forma abrumadora el gasto en medios de extinción rápida
por encima de la inversión estratégica en mantenimiento del monte.
Se invierten fortunas en tecnología punta y unidades aéreas de última
generación mientras las partidas destinadas a la limpieza de bosques sufren recortes constantes o
ejecuciones presupuestarias ridículas.
Esta distorsión en la asignación de recursos obedece a una lógica electoralista
de corto alcance. Las unidades operativas y los grandes despliegues de
emergencia ofrecen imágenes potentes que transmiten a la opinión pública una
sensación de respuesta firme y capacidad del Estado. Por el contrario, los
trabajos de desbroce, la eliminación de matorral o el apoyo financiero a los
ganaderos locales son labores invisibles que no generan titulares mediáticos ni
rentabilidad política inmediata. Como consecuencia de esta visión miope, el
país gasta cantidades ingentes de dinero público en apagar fuegos ingobernables
en lugar de destinar una fracción de esos fondos a estructurar un paisaje
resiliente que impida la propagación del fuego.
Uno de los factores más determinantes en el deterioro de la masa vegetal es
la paulatina expulsión y arrinconamiento del sector primario en
la ordenación del territorio. Los agricultores, pastores y
comuneros forestales, que históricamente actuaron como los verdaderos
guardianes del equilibrio territorial, han sido marginados por un marco
regulatorio hipertrofiado y burocrático que penaliza las actividades
tradicionales en el monte. La ganadería extensiva,
cuyo pastoreo natural constituye la herramienta más eficaz y económica para
controlar el matorral bajo y romper la continuidad del combustible vegetal,
enfrenta trabas administrativas asfixiantes y una falta crónica de relevo
generacional ante la falta de rentabilidad económica.
El abandono del sector primario y la
parálisis burocrática autonómica
En lugar de potenciar la alianza estratégica con los profesionales del
campo para la gestión ambiental, las
administraciones públicas han optado a menudo por un enfoque punitivo o de
protección pasiva que prohíbe los usos tradicionales sin ofrecer alternativas
viables. La desaparición de la quema controlada, el
cese de la recogida de madera y la pérdida del mosaico agrícola-forestal han
transformado bosques que antes estaban fragmentados por cultivos y prados en masas
forestales densas, cerradas e ininterrumpidas. Cuando un incendio se origina en
estas condiciones de continuidad de matorral, la carga térmica que alcanza el
fuego supera con creces la capacidad de respuesta de cualquier dispositivo, por
sofisticado que sea.
La descentralización de competencias en materia de protección civil y conservación natural ha
derivado asimismo en un rompecabezas institucional donde la coordinación entre
el Gobierno central y las distintas comunidades autónomas se convierte a menudo
en un terreno de batalla partidista. En lugar de consolidar un mando único y
unos protocolos unificados para todo el territorio nacional, cada episodio
crítico reactiva los reproches mutuos sobre la velocidad en la activación de
recursos, la solicitud de auxilio a la Unidad Militar de Emergencias (UME)
o la trágica falta de medios compartidos entre provincias limítrofes. La
burocracia política ralentiza con frecuencia la toma de decisiones sobre el
terreno, mientras las llamas avanzan sin atender a los límites administrativos
dibujados en los mapas oficiales.
El desinterés estructural por la planificación territorial se
refleja también en el lamentable estado de las infraestructuras preventivas en
las zonas de interfaz urbano-forestal. El crecimiento desordenado de
urbanizaciones, viviendas aisladas e instalaciones turísticas en el corazón de
masas forestales no gestionadas crea un escenario de riesgo extremo para las
vidas humanas y las propiedades. Cuando se desata una emergencia nacional de gran magnitud, los
servicios de bomberos y brigadas se ven obligados a concentrar casi la
totalidad de sus efectivos en la protección de los núcleos habitados,
abandonando la contención del frente forestal en el monte y permitiendo que el
fuego crezca hasta volverse inasumible para los medios terrestres.
El impacto socioeconómico y la urgente
necesidad de un cambio de paradigma
El coste de esta inacción continuada trasciende con mucho la pérdida
inmediata de valor ecológico y paisajístico. La destrucción repetida del suelo
de montaña acelera los procesos de erosión, altera de forma irreversible las
cuencas hidrográficas y compromete la capacidad de regeneración natural de los
ecosistemas mediterráneos. Además, el impacto económico directo sobre las
poblaciones rurales exacerba la despoblación rural,
arruinando explotaciones ganaderas, recursos madereros y proyectos de turismo
rural que constituían el sostén de comarcas deprimidas. Cada hectárea calcinada
representa un paso más hacia la desertificación en España,
no solo ambiental, sino también demográfica y social del interior peninsular.
Resulta indispensable romper el círculo vicioso de la resignación y exigir
un giro radical en las prioridades de la agenda política nacional. La solución
al drama recurrente de los incendios no llegará mediante la compra de más
hidroaviones ni con la redacción de nuevos planes normativos que duermen el
sueño de los justos en los archivos ministeriales. La verdadera transformación
exige reconocer el valor estratégico del desarrollo rural,
flexibilizar la burocracia para permitir el aprovechamiento forestal
sostenible y dotar a las políticas territoriales de
presupuestos estables y plurianuales que no dependan del color político del
gobierno de turno ni del impacto de la actualidad estival.
Mientras la clase política continúe tratando los incendios como emergencias
puntuales en lugar de como fallos de gestión estructural, el mapa de España
seguirá llenándose de cicatrices negras cada verano. Las promesas pronunciadas
a pie de incendio continuarán evaporándose con la llegada del otoño, dejando la
masa forestal lista para alimentarse de nuevo en el siguiente periodo estival.
La sociedad española no puede seguir aceptando esta crónica de un fracaso
anunciado como una fatalidad inevitable, pues el coste de esta ceguera política
no se mide solo en hectáreas quemadas,
sino en el futuro de un territorio que se consume ante la indiferencia de
quienes tienen la obligación legal y moral de protegerlo.
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