Comentario: Me van a obligar a contar “cosas” de la justicia otra vez, y van…
Visto para sentencia el peor caso de cloacas del Estado, solo comparable al caso GAL en tiempos de Felipe González
El juicio del caso Kitchen ha quedado visto
para sentencia este martes, tras casi cuarenta jornadas que se han celebrado en
la Audiencia Nacional a lo largo de cuatro meses, después de que tres de los
ocho acusados hayan decidido hacer uso de su derecho a la última palabra. Se
trata del mayor caso de cloaca policial detectado en democracia, solo
comparable a los GAL y a la trama de los fondos reservados que estalló durante
los gobiernos de Felipe González. Sin embargo, envueltos
como estamos en plena vorágine política y mediática para acabar con el Gobierno
de coalición, poco se ha hablado de la operación Kitchen, y a la ciudadanía le queda la
sospecha de que los verdaderos culpables se van a ir de rositas.
Finalmente, PP y Vox han conseguido, mediante sus amplificadores de las
redes sociales, opacar el escándalo para centrar el foco en los asuntos que
afectan a la familia de Pedro Sánchez, en concreto a la esposa y al hermano del
presidente del Gobierno. Las derechas españolas han tenido la habilidad y el
acierto de poner en marcha todo su aparato de propaganda mediática para hacer
pasar a la Kitchen por una historia del pasado, casi del Pleistoceno, para
poner la diana en sumarios contra el sanchismo, exagerados hasta la hipérbole y
calificados como “asuntos menores” por no pocos expertos y juristas. El caso Begoña Gómez y el caso David Sánchez –burdos
montajes de difamación y desprestigio bien tramados desde las terminales de
Internet y los medios de comunicación conservadores– no alcanzan el nivel de
comparación, ni por asomo, con la trama de espionaje puesta en marcha por
el Partido Popular de Mariano Rajoy para espiar a los
rivales y disidentes políticos. Una red cloaquera propia de estados
totalitarios que ha afectado al funcionamiento mismo del sistema democrático,
causándole un daño irreparable. Debería caer todo el peso de la ley no solo
sobre los implicados que se han sentado en el banquillo de la Audiencia
Nacional, sino sobre otros actores que han quedado en la sombra debidamente
amparados por el sistema.
Ni siquiera el caso Leire, un
extraño affaire de fontanería de partido aún por aclarar,
puede competir en grado de gravedad con la Kitchen, cuyo juicio llega estos
días a su punto final. Leire Díez no era nadie en el PSOE, por mucho que su
cabeza y su cuaderno, quizá demasiado fantasiosos, hirvieran con delirios de
grandeza como tratar de acabar con el teniente coronel de la Guardia Civil
Antonio Balas, responsable de la UCO y máximo instructor de los procedimientos
judiciales contra el sanchismo. Leire jamás dispuso del poder o la
infraestructura suficiente para frenar los escándalos que se cocinaban en los
pseudomedios de la derechona, un poder que sí tenían los altos mandos
ministeriales y policiales que tomaron parte en la nauseabunda trama Kitchen,
hoy diluida hasta quitarle toda importancia. Leire con una modesta libreta y su
imaginación desbordante no puede equipararse, bajo ningún concepto, a todo el
siniestro aparato del Ministerio del Interior del PP puesto
en marcha para organizar una policía patriótica propia de tiempos franquistas.
No, Leire no era nadie ni tenía capacidad alguna para cerrar los casos abiertos
por la UCO. Nunca será lo mismo una cotilla de partido con un lápiz fuera de
control que un sector del Ministerio del Interior y de altos mandos policiales
arruinando vidas ajenas desde los resortes mismos del Estado.
“Queda visto para dictar sentencia”, con esta frase la presidenta del
tribunal Teresa Palacios dio por concluido el juicio de la Kitchen, que comenzó
el pasado 6 de abril y que ha sentado en el banquillo a la cúpula de Interior
del Gobierno de Mariano Rajoy por presuntamente ordenar la puesta en marcha de
este operativo para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación y
grabaciones comprometedoras para el partido y sus dirigentes. En concreto, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, a su
secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y al ex
director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, quienes se
enfrentan a sendas peticiones del fiscal de 15 años de cárcel, informa Efe.
Ninguno de los tres ha ejercido su derecho a la última palabra, algo que sí han
hecho el excomisario José Villarejo; el que fuera chófer de Luis Bárcenas,
Sergio Ríos; y el policía y exasesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez
Gordo.
La mayor condena la pide la Fiscalía para José Villarejo (19 años de
cárcel), que ha tenido que afrontar un nuevo juicio derivado del llamado caso
Villarejo o Tándem por esta pieza número 7, que es la del caso Kitchen. Como el
exministro del Interior o su número dos, también el exjefe de Asuntos Internos
Marcelino Martín Blas y José Luis Olivera, que estuvo al frente de la UDEF, han
optado por no hacer uso de la última palabra, informa Efe. “Confío plenamente
en la exposición que hizo mi abogado y en ustedes”, se ha limitado a señalar el
exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas. Sí se ha dirigido a los
magistrados el comisario José Manuel Villarejo, que se ha preguntado cómo se le
ocurrió “pisar callos tan importantes” para haber terminado donde ha terminado,
al tiempo que ha recalcado su confianza en la independencia judicial, el
tribunal y la Fiscalía y en que la verdad finalmente “saldrá a la luz”.
Villarejo ha cuestionado nuevamente el origen del caso en su contra y sobre
sus grabaciones ha dicho que no tenían intención aviesa, sino que las hizo como
agente de inteligencia y ha lamentado el daño que haya podido hacer a quienes
se han visto “incursos en ello”. “No dejan de ser comentarios y tal en
ambientes distendidos”, ha apuntado. La defensa del excomisario ha
defendido que Kitchen fue una operación de inteligencia legítima que
buscaba patrimonio oculto del extesorero del PP Luis Bárcenas e información
sobre testaferros, y ha pedido la absolución de este policía, subrayando que
solo siguió órdenes de sus superiores.
Como puntos álgidos, este juicio deja la declaración como testigo del
expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la del propio Bárcenas, que ejerce la
acusación particular. También ha destacado el testimonio de la ex secretaria
general del PP María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio
López del Hierro, quienes fueron eximidos de esta causa tras haber sido
imputados por su relación con Villarejo.
En resumidas cuentas, se cierra en falso una de las páginas más negras y
sórdidas de nuestra democracia con la sensación de que el juicio ha servido
para poco, quizá para echar tierra encima más que para llegar al fondo de la
verdad en una trama en la que sus verdaderos cerebros y muñidores nunca
llegaron a responder ante los jueces.
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