Vicente Mateos Sainz de Medrano
La filosofía de dejar hacer, dejar pasar con la que actúa el Consejo
General del Poder Judicial, le convierte en actor preeminente de la degradación
de la justicia española que ve con nitidez la mayoría de los ciudadanos que
consideran que no es imparcial, según los datos coincidentes de encuestas
recientes. Qué existen dos varas de medir según la procedencia del acusado.
Sorprende el silencio del máximo órgano de los puñeteros ante
unos datos que les pintan la cara por hacer dejación de su responsabilidad:
velar por que se mantenga en equilibrio el fiel de la balanza que representa a
la justicia, y por el cumplimiento de los derechos de los acusados el proceso
judicial.
CGPJ que reacciona de inmediato contra las críticas que reciben los jueces,
aduciendo que son una injerencia inaceptable en su labor. Y, sin embargo, no
rechistó cuando un nutrido grupo de ellos se manifestó ante sus juzgados y
audiencias, contra la ley de amnistía del procés que no
estaba ni redactada. Protesta inédita en las democracias occidentales que
confirmó, a ojos de la ciudadanía, que hay jueces que hacen política de sesgo
conservador con un objetivo: coadyuvar a derribar un Gobierno que no les gusta.
Intromisión que vulnera el principio de que jueces y fiscales deben limitarse a
aplicar las leyes que aprueba el poder Legislativo, y no rebelarse contra ellas
por ideología retrasando su aplicación. Veremos ahora si persisten en su
contumacia tras la resolución de TJ europeo que considera legal la amnistía.
Esta actitud de corporativismo a ultranza, sean cuales sean los errores de
jueces y magistrados, convierte al CGPJ en el germen del mal que encastilla la
justicia en un coto cerrado de poder alejado de la ciudadanía al incumplir su
función: controlar los desmanes de significados jueces que subvierten el
principio de in dubio pro reo, o redactan
condenas sin pruebas fehacientes, basadas en presunciones—ex Fiscal General del
Estado, o David Sánchez Pérez Castejón—, hechos que trasladan a la sociedad la idea
de que determinadas condenas están redactadas antes de celebrarse los juicios.
CGPJ que calla cuando los Tribunales Superiores y Audiencias dan por buenas
instrucciones y juicios que desechan testimonios de testigos que desmienten con
pruebas las acusaciones que pesan sobre el acusado, y valoran las basadas en
presunciones, porque les permite justificar la sentencia prevista de antemano.
O, más grave, cuando se obliga al acusado a demostrar su inocencia por la
incapacidad del juez para encontrar pruebas veraces con las que condenarle. De
este modo, el procesado llega al juicio con la condena sobre su espalda. CGPJ
que se mantiene silente ante las investigaciones prospectivas y estrambóticas
de algunos jueces—Peinado con Begoña Gómez— ejemplo del ensañamiento con los
procesados. O se abren procesos con denuncias justificadas con titulares de
prensa, o ante las filtraciones de los informes de la UCO o la UDEF que emanan
del propio juzgado, que una vez confrontados con las sentencias resulta que son
prácticamente un calco de esos informes. Si los Tribunales Superiores y
Audiencias miran para otro lado ante estos desmanes, el papel del CGPJ debe ser
corregirlos y no dejarlos correr.
Y ya el desiderátum son los constantes bloqueos del sector conservador del
CGPJ, cuando no son de su cuerda los candidatos propuestos para ocupar altos
cargos en la escala judicial, en especial, en la Sala II del Tribunal Supremo,
la de lo penal, que juzga a los políticos. Esa que Ignacio Cosidó, portavoz
parlamentario del PP en 2018, dijo que tenían controlada por detrás. Negar que
la justicia está politizada es un chiste malo, una broma maliciosa, como negar
que esa politización es de carácter conservador, efecto de que no hubo
transición democrática en la judicatura heredada del franquismo.
De esos polvos estos lodos que reclaman una reforma total o, incluso, la
desaparición del CGPJ—una anomalía entre los países de nuestro entorno—pues sus
funciones podrían realizarlas comisiones creadas ad hoc y por méritos de sus
integrantes, para la renovación de cargos o velar por la pulcritud legal de los
procesos. De este modo se evitaría que el CGPJ siga siendo el vórtice donde se
fragua la mala imagen de la justicia, que ya no es fiable una vez implantada la
duda sobre su imparcial en la sociedad.
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