02/07/2026 - LA TRAMPA DE LA DEMOCRACIA: EL TRIBUNAL SUPREMO

“La trampa de la democracia” (sobre la perversión del sistema democrático en España) es un libro muy interesante de Santos Manuel Cavero López.

En mi modesta opinión, es un libro que tienen que leer todas las personas que ignoran el funcionamiento de nuestros organismos democráticos. Sencillamente, para conocer de cerca lo que se “guisa” en sus entrañas y poder así tener una opinión ajustada a la realidad y no la que se nos hace llegar a través de ciertos medios que en España son una inmensa mayoría (la conocida “caverna mediática”). Medios que, queriendo o sin querer, u obligados por quienes son sus “dueños”, distorsionan todo lo que cae en sus manos para el maldito adoctrinar de su conveniencia política y social.

El libro es muy amplio (769 páginas), pero resulta un análisis muy riguroso de todos los temas que trata y de cómo está presente la corrupción en la mayoría de ellos, explicado de una manera sencilla para que todo pueda ser fácilmente entendido.

Servidor les va llevar, de la mejor manera que sabe, a una especie de conclusión sobre los puntos del libro que están hoy día en la mente de todos, excepto de los que sólo siguen los partidos de futbol, el tenis, el balonmano, el baloncesto… o las revistas de la farándula en el caso de las féminas.

Voy a empezar con el Tribunal Supremo, dada su actualidad con varios casos de suma importancia para el devenir democrático y que pueden marcar “políticamente” a algunos y a algún grupo político de los de mayor arraigo nacional.  

La IA de Google responde así cuando le preguntas sobre el Tribunal Supremo español: El Tribunal Supremo (TS) es el órgano jurisdiccional superior de España en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar), con jurisdicción en todo el territorio nacional y sede en Madrid. Actúa como máximo intérprete de la jurisprudencia ordinaria, resolviendo principalmente recursos de casación. Es el máximo Tribunal, superior en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo en materias de garantías constitucionales, competencia del Tribunal Constitucional. Para no extenderme demasiado, sus atribuciones y organización las pueden consultar ampliamente en la Wikipedia.

Y esto es lo que dice, en parte (porque todo es demasiado para un escrito de opinión), Santos Manuel Cavero López: “El tribunal Supremo, máxima instancia judicial de España, ocupa un lugar fundamental en la estructura del poder judicial y ha jugado (y sigue jugando) un papel decisivo en la interpretación y aplicación de la ley a lo largo de la últimas décadas, ha experimentado innovaciones que han planteado serias interrogantes sobre su independencia y su capacidad para cumplir con su misión constitucional, tal como establece el artículo 123.1 de la Constitución Española (CE)”. “La creciente politización y la falta de transparencia en los procesos de selección de sus miembros han sido factores decisivos que han contribuido a minar la confianza pública en la imparcialidad de este órgano, su composición ha estado marcada por una profunda influencia política. Hay que precisar que el TS se compone de magistrados nombrados por el Rey a propuesta del CGPJ, y éste es elegido por el Congreso y por el Senado, por lo que sin duda es un proceso que es objeto de politización, especialmente en la elección de los vocales del CGPJ y en la propuesta de candidatos para el TS.” “Aunque el TS de España tiene sus orígenes en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 que estructuró la justicia española en un sistema jerárquico, sin embargo, el TS tal y como lo conocemos hoy, como el máximo órgano jurisdiccional en España, fue consolidado en la Constitución de 1978, que estableció el Estado de derecho y delineó la estructura del poder judicial como un pilar fundamental de la democracia. El Tribunal se encargó de vigilar la separación de poderes, garantizar la protección de los derechos fundamentales y poner freno a las posibles tentativas de retrocesos autoritarios tras la dictadura franquista”. “Las prácticas de nombramiento de los magistrados del TS y la intervención política en sus decisiones forjan dudas sobre su capacidad para actuar sin injerencias externas, pues el proceso de selección de los magistrados del TS es uno de los puntos más debatidos en relación con su independencia, ya que los miembros de este alto tribunal son designados por el CGPJ, órgano cuyos miembros son elegidos mayoritariamente por las Cortes Generales, lo que implica una interdependencia con el poder legislativo y, por tanto, con los intereses políticos de los partidos en el gobierno”.

“La elección de los magistrados del TS es uno de los aspectos más controvertidos del sistema judicial español, particularmente porque refleja la falta de separación clara entre los poderes judicial y político, ya que, de acuerdo con la Constitución de 1978, la designación de los magistrados del TS está en manos del CGPJ, un órgano que se compone por 20 miembros, llamados vocales, nombrados por el Rey, que son elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) entre jueces y juristas de reconocida competencia, y su presidente, que es a su vez Presidente del TS y del CGPJ que es designado por el Pleno del Consejo en una sesión constitutiva, y es elegido también entre miembros de la Carrera Judicial o juristas de reconocida competencia. El proceso de nombramiento de los magistrados del TS está estrechamente vinculado a las decisiones de los partidos políticos a estar el CGPJ compuesto en gran parte por representantes políticos, cuya designación responde a la correspondencia de fuerzas políticas en el Congreso y el Senado, por lo que existe un alto grado de politización en la elección de los magistrados del TS. La intervención política en la selección de magistrados también provoca un ambiente de dependencia del poder judicial respecto al poder ejecutivo y legislativo. En la práctica, la elección de los magistrados en el TS ha sido interpretada como una forma indirecta de control político sobre el poder judicial”.

“Las decisiones del TS, al estar influenciadas por el poder político, siguen inevitablemente una orientación ideológica uniforme, dificultando la pluralidad de criterios judiciales que es esencial para la evolución del derecho, lo que también afecta al desarrollo de derechos en el ámbito constitucional, ya que las sentencias en materias controvertidas, como la libertad de expresión o los derechos de las minorías, no siempre se han dictado en función de principios universales, sino en función de presiones políticas más o menos explícitas”.

“Por tanto, el impacto en la jurisprudencia se concreta en cuatro factores: a) el nombramiento de magistrados, ya que la influencia del poder ejecutivo en el nombramiento de magistrados puede llevar a la designación de personas con afinidades políticas, comprometiendo la imparcialidad de las decisiones; b) las decisiones por bloques, porque la politización se manifiesta en decisiones judiciales divididas por bloques partidistas, especialmente en caso sensibles, lo que socava la credibilidad del Tribunal y da la impresión de que las decisiones se toman en función de intereses políticos; c)la erosión de la confianza pública, puesto que la percepción de politización en el TS lleva a un pérdida de confianza en la justicia y en la democracia en general, ya que los ciudadanos cuestionan la imparcialidad de las decisiones y la capacidad del tribunal para proteger la constitución; y d) la seguridad jurídica, ya que la politización afecta a la seguridad jurídica debido a que las decisiones judiciales son percibidas como inconsistentes y sujetas a cambios según la conveniencia política, lo que dificulta la previsibilidad de las leyes y las decisiones judiciales. Como consecuencias de estos impactos se identifican las tres más relevantes: en primer lugar, la desmoralización de los jueces, debido a que la politización amedranta a los jueces que se oponen a la influencia política, mientras que otros pueden verse tentados a comprometer su independencia para avanzar en sus carreras; en segundo lugar, la legitimidad del sistema judicial, ya que si el TS no es percibido como un guardián objetivo del marco constitucional la legitimidad del sistema judicial y el estado de derecho puede verse comprometida; y finalmente,  división social, derivada de la politización del TS que contribuye a la polarización y división social puesto que los ciudadanos pueden percibir que las decisiones judiciales están influenciadas por intereses políticos y no por la justicia. Por tanto, la legitimidad del TS y por ende la calidad democrática del sistema judicial español, se ve gravemente comprometida, su independencia y capacidad para garantizar justicia se ven ensombrecidas por la falta de un sistema de selección de magistrados que garantice un verdadero distanciamiento de los intereses políticos, por lo que el reto del sistema judicial español es recuperar la autonomía judicial y asegurar que el TS, como máxima instancia judicial, actúe no en función de intereses políticos, sino como un auténtico garante de la Constitución”.

“Resulta imprescindible reconocer que la independencia judicial es uno de los principios fundamentales del Estado de derecho, reconocido tanto por la Constitución de 1978 como por diversos tratados internacionales, como la Convención Europea de Derechos Humanos, por lo que la independencia del poder judicial es la piedra angular que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la no intromisión de los poderes ejecutivo y legislativo en las decisiones judiciales, de ahí que por lo tanto es evidente que la politización del TS representa una amenaza a la democracia española, dado que permite que las decisiones judiciales sean influenciadas por los intereses políticos y no exclusivamente por el derecho”.

Conclusión: El Tribunal Supremo está politizado, y eso conduce, aunque sea indirectamente, a que una buena parte de sus miembros pueda incurrir, presuntamente, en alguna forma de corrupción, por ejemplo, en la inepcia, que también es corrupción. En España, tanto el PP como el PSOE se han encargado desde el inicio de la mal llamada democracia (plutocracia, más bien) de establecer una corrupción sistémica que afecta a todos los órganos de funcionamiento del Estado, incluidos los de la judicatura también.

Seguiré sacando conclusiones, la próxima sobre el Tribunal Constitucional. Y entre medio, lo que caiga de la actualidad política y del “carro” en el que viaja toda la basura, toda la escoria, de políticos de la derecha y la extrema derecha… y algunos también de la mal llamada izquierda.