Uno de los puntos en los que se quedan cortas las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno es no investigar el patrimonio tanto en España como en el extranjero de cualquier persona que tenga contacto con dinero público
JOSÉ ANTEQUERA 11/07/2025
La lucha contra la corrupción, la
evasión fiscal y el blanqueo de capitales ha cobrado renovada relevancia, tanto
en España como en los países de la OCDE, en un contexto marcado por escándalos
financieros, filtraciones masivas de documentos y la creciente desigualdad
económica. La exigencia de medidas más estrictas, efectivas y transparentes se
ha convertido en una consigna compartida por los ciudadanos de todo el mundo
que ven cómo sus salarios y su prosperidad se reducen mientras que políticos,
empresarios, directivos y ultrarricos incrementan sus patrimonios tanto de
manera legal como alegal o ilegal.
La corrupción, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales no solo
impactan negativamente en los ingresos públicos, sino que erosionan la
confianza en las instituciones democráticas y perpetúan desigualdades
estructurales. De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, el coste anual
de la corrupción a nivel mundial supera los 2,6 billones de dólares
estadounidenses, cerca del 5% del PIB global. A esto se suman casi 1,26
billones de dólares que se pierden cada año únicamente en sobornos.
En cuanto a la evasión fiscal, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Tax Justice
Network cifra en cerca de 600.000 millones de dólares anuales el dinero que los
países pierden por la evasión fiscal de corporaciones multinacionales, mientras
que la evasión por parte de personas físicas se estima en otros 200.000
millones de dólares. El blanqueo de capitales, mayoritariamente canalizado a
través de paraísos fiscales, moviliza cada año entre 800.000 millones y 2
billones de dólares, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), lo que representa entre el 2% y el 5% del PIB
mundial.
Los paraísos fiscales juegan un papel crucial en estos fenómenos, al facilitar
la ocultación de activos, el anonimato de los beneficiarios reales y la
transferencia ilícita de fortunas fuera del alcance de las autoridades fiscales
y judiciales. Se estima que alrededor de 7 a 10 billones de dólares de la
riqueza financiera mundial se encuentra depositada en estas jurisdicciones
opacas, lo que priva a los Estados de enormes recursos para el desarrollo
social y económico.
En el caso de España, las cifras también son
elocuentes. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha),
España pierde alrededor de 91.600 millones de euros al año por fraude y evasión
fiscal, de los cuales unos 60.000 millones estarían vinculados a grandes
empresas y fortunas que canalizan sus recursos hacia paraísos fiscales. Además,
el blanqueo de capitales en España podría superar los 40.000 millones de euros
anuales, situando al país entre los más afectados de Europa por estas prácticas
ilícitas.
La corrupción no es un fenómeno aislado ni de alcance puramente político:
actúa como catalizadora de múltiples actividades ilícitas, desde el desvío de
fondos públicos hasta el tráfico ilegal de recursos naturales, que socavan la
gobernanza, frenan el desarrollo económico y ponen en riesgo la seguridad
nacional. Cuando los funcionarios y actores privados coluden para evadir
impuestos o encubrir contratos amañados, abren la puerta a redes criminales que
explotan grietas regulatorias y sistemas financieros opacos para operar
con impunidad.
La corrupción alimenta la maquinaria del crimen transnacional, desde la
evasión fiscal hasta el tráfico de recursos naturales y la financiación de
grupos terroristas. Abordarla exige un cambio de paradigma: pasar de perseguir
únicamente mercancías o sospechosos, a desactivar el circuito financiero que
sustenta todas estas actividades. Sin transparencia en la propiedad real y sin
una cooperación verdaderamente global, los abusos continuarán escalando. El
desafío es mayúsculo, pero las herramientas y la voluntad política pueden
convertirlo en una causa ganable.
Aunque en la percepción ciudadana se condena la corrupción política, la
realidad es que lo que los representantes públicos puedan estar llevándose (que
se lo llevan) son solo migajas de lo que supone la gran corrupción.
El Plan Sánchez para salir del paso
El miércoles, Pedro Sánchez compareció en el
Congreso de los Diputados en un debate centrado en los casos de presunta corrupción surgidos tanto en el PSOE, como en el anterior gobierno de Sánchez y en el
entorno familiar del presidente. En su intervención presentó los puntos
fundamentales sobre los que se sustenta un Plan Estatal para luchar contra la
corrupción que incluía nuevas medidas y muchas que ya están en funcionamiento.
Sin embargo, lo que sorprende es, precisamente, la falta de efectividad que van
a tener una serie de acciones que, además, empezarían a tener efecto real en el
largo plazo.
Hay una máxima para encontrar el origen y los participantes reales de un
delito: seguir el dinero. En el caso de la corrupción es
fundamental porque los corruptos y los corruptores utilizan redes y
procedimientos muy complejos para eludir los controles de transferencia de
dinero. Un directivo de uno de los principales bancos de Europa señaló a este
medio que en operaciones muy complejas se continuaban utilizando estructuras de
fondos de la época soviética (que están fuera del sistema financiero
internacional) para mover determinadas cantidades de dinero. En otros casos,
sobre todo cuando las cantidades procedentes de la corrupción terminan en los
países de la península Arábiga, se utilizan las redes hawala.
En el plan de Sánchez se olvidan totalmente de seguir el rastro del dinero
y eso pasa, inevitablemente, por una estrategia de prevención que debe partir
inevitablemente de un control estricto de los patrimonios asociados a representantes públicos, funcionarios, jueces, fiscales y
cualquier persona que tenga contacto con dinero público.
Este control patrimonial parte de una auditoría permanente de los bienes,
desde propiedades hasta empresas y cuentas bancarias, tanto en España como en
el extranjero, paraísos fiscales y jurisdicciones offshore a nombre o de las
que son beneficiarias este tipo de personas críticas. Las fuerzas policiales
tienen herramientas, como la inteligencia financiera, para detectar movimientos
económicos. Por lo tanto, es el dinero el que muestra dónde están los
beneficios de la corrupción. Si se sigue ese dinero, se encuentra al corrupto y al corruptor.
Evidentemente, existen mecanismos como la creación de empresas fantasma,
fideicomisos o fundaciones en jurisdicciones offshore, de las que los corruptos
son beneficiarios, no constan como administradores.
Del mismo modo, los familiares también tienen que estar auditados y
controlados, puesto que en muchas ocasiones los corruptos los utilizan a modo
de testaferro para ocultar la titularidad real de esos patrimonios, sobre todo
en el extranjero. Serán corruptos, pero no idiotas.
En el plan de Sánchez tampoco hay una reforma legal que obligue a los
jueces a remitir comisiones rogatorias a todos los países del mundo en el
momento en que haya un mínimo indicio de que una persona (física o jurídica)
mantiene dinero en el extranjero. No es normal que ante cualquier información
que apunte a la presencia de cuentas bancarias o propiedades en el extranjero,
los jueces y la Fiscalía se archiven las denuncias sin realizar ni una sola
actuación para determinar si esas informaciones son ciertas o falsas. Eso está
pasando en España. Por ejemplo, el presunto conseguidor de la trama Koldo
afirmó en un programa de radio que había tenido acceso a una denuncia
presentada en la Fiscalía Anticorrupción en la que se encontraba información
sobre supuesto dinero en el extranjero de dirigentes políticos. Esa
denuncia fue archivada sin que el Ministerio Público realizara la mínima actuación.
Lo mismo sucedió en el Tribunal Supremo con la documentación remitida por el
Senado que contenía información similar.
La corrupción, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales representan no
solo una enorme pérdida de recursos, sino una violación al pacto social. Los
recursos evadidos, robados o blanqueados privan a los ciudadanos de servicios
esenciales, profundizan la desigualdad y perpetúan ciclos de pobreza. Estas
prácticas no son delitos sin víctimas, sino realidades que afectan a millones de
personas en todo el mundo.
La digitalización de la economía, la aparición de nuevas formas de activos
y la automatización de los flujos financieros requieren una actualización
constante de las normativas y una vigilancia 7x24 que ni Sánchez ni ningún otro
gobierno se decide a dar el paso. El problema está en que cuando la corrupción
está expandida en todas las órbitas del poder, nadie quiere mover un dedo ni
investigar en profundidad a nadie porque cualquiera puede ser señalado en el
momento más inesperado.
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