Comentario: Va a resultar que servidor tenía razón cuando escribió sobre la UCO y su presunta parcialidad. Les recomiendo que lean mi escrito publicado en varios periódicos digitales titulado: “¿Es la UCO un cuerpo al servicio del PP?
El reciente informe de la unidad de élite de la Guardia Civil pone de manifiesto que el cáncer de la politización también corroe al Instituto Armado
José Antequera
31/07/2025
El reciente informe de la UCO sobre la Dana
de Valencia viene a añadir un nuevo episodio a la
peligrosa tendencia hacia la politización que aqueja en los últimos años a esta
brigada policial de élite. El atestado va mucho más allá del deber (invadiendo
competencias de la jueza de Catarroja) y llega a
conclusiones subjetivas que no se ajustan a la realidad de lo que pasó aquel
fatídico día del 29 de octubre.
Según los agentes encargados del informe, los niveles de caudal en el Barranco del Poyo se superaron entre las 16.15 y
las 17.25 pese a que la Confederación Hidrográfica del Júcar no emitió una
alerta hasta las 18.43. De esta manera, la UCO apunta directamente al organismo
gestor del agua, al Ministerio de Transición Ecológica, a Teresa Ribera y a Pedro
Sánchez. O sea, que la Guardia Civil da pábulo a la teoría de la
conspiración, esa misma que mantienen influencers, youtubers y heraldos de la nueva extrema derecha.
Y en el PP y Vox hacen
palmas con las orejas.
Carlos Mazón respira algo más tranquilo después
de esta polémica pericial que parece un traje hecho a medida para el hombre
del Ventorro. Sin duda, lo más preocupante del informe es
su carácter sesgado, sectario, como fabricado a instancia de parte, ya que se
centra en un lapso de tiempo determinado, obviando que aquella jornada negra la
Confederación remitió al Gobierno valenciano hasta 18 correos sobre la Cuenca
del Poyo (en horas críticas y en horas menos críticas), mientras que la Agencia
Estatal de Meteorología realizó 24 llamadas a la Generalitat Valenciana, desde la seis y media de la
mañana, alertando del peligro de inundación por Dana (unas fueron atendidas,
otras, por lo que sea, no). Por no hablar de que la AEMET venía advirtiendo del temporal una semana
antes, como demuestra el hecho de que la Universitat de València suspendió
las clases ese día como medida de precaución.
Todos los organismos, funcionarios de la Administración y responsables
políticos estaban enterados de que se avecinaba un temporal de dimensiones
históricas, todos menos Mazón, que no suspendió su agenda –ni la pública ni la
privada–, para remangarse y ponerse al timón. Al contrario, el exhonorable
decidió seguir adelante con su comilona con una conocida periodista valenciana,
por lo visto un evento más importante que activar la alerta roja, lo que
probablemente hubiese salvado muchas vidas. En realidad, no hacía falta ningún
parte meteorológico más, bastaba con poner la tele a primera hora de la mañana
y ver el formidable despliegue de los compañeros de À Punt sobre el temporal para entender la gravedad
de lo que se nos venía encima. Pero ni eso. El menú del Ventorro era más ameno
y divertido.
La cronología de los hechos no deja lugar a la duda, tal como demuestra la
airada respuesta al informe de la UCO emitida por la jueza Nuria Ruiz. La instructora está que trina con los
subordinados de la Benemérita que se le han rebelado y les ha enmendado la
plana al calificar de “erróneo” e “incompleto” el atestado. Pero el rosario de
reproches y zascas con el que Ruiz afea el trabajo de los agentes metidos a
meteorólogos de oficio va mucho más allá, hasta resultar sonrojante y demoledor
para el Instituto Armado. Según la instructora,
el controvertido informe no se ajusta al encargo concreto que hizo el
juzgado de Catarroja (el análisis debía limitarse a una cronología de los
desbordamientos sin valoraciones sobre la actuación de los implicados); ignora
los testimonios de las víctimas, los informes de la Generalitat y las
declaraciones de los expertos que ya han declarado ante la jueza; reproduce teorías
conspiranoicas superadas como la del supuesto “apagón informativo” de la
Confederación, ya descartada por la magistrada; y pasa por alto las llamadas
telefónicas cruzadas entre la AEMET y el teléfono de Emergencias 112. Por todo
ello, la titular del juzgado rechaza imputar al presidente de la
Confederación, Miguel Polo, quien viene
manteniendo la misma versión desde hace nueve meses: “Tenemos claro que no
somos responsables de la tragedia”. De esta manera, se cierra la vía de
investigación alternativa que venía proponiendo el PP de Feijóo y Mazón, así como algunas asociaciones
ultras y más o menos esotéricas personadas como acusación popular en la causa.
La responsabilidad de los 227 fallecidos debe atribuirse exclusivamente a la
Generalitat Valenciana, que no activó a tiempo el protocolo telemático de
alerta a la población. Punto final. Y cualquier rumor o teoría alternativa (tal
como ocurrió con el 11M) solo tiene un
objetivo: intoxicar, contaminar, manipular a la opinión pública para tratar de
enderezar los bajos índices de popularidad del barón valenciano que se dio a
los placeres del Ventorro cuando sus paisanos morían ahogados.
Es evidente que la UCO ha asumido un riesgo innecesario al tratar de
echarle un cable a Mazón. Y aquí cabría preguntarse quién o quiénes han
impulsado este documento que no hay por dónde cogerlo, qué altos mandos han
dado la orden de seguir una línea de investigación en vía muerta y descartada
por la mismísima jueza instructora. El ministro Marlaska debería
poner a trabajar a los de Asuntos Internos, ya que estamos hablando de una
pericial claramente tendenciosa y orientada hacia un fin político concreto. En
los últimos tiempos hemos asistido a demasiados casos polémicos instruidos por
la UCO. Y es una auténtica tragedia para la democracia, ya que una unidad que
siempre se ha destacado por su eficacia y buen hacer, hasta colocarse a la
vanguardia entre las mejores policías del mundo, está contrayendo el cáncer
letal para el Estado de derecho: el de la politización de las instituciones,
las cloacas y las policías patrióticas a gusto del PP. Si alguien no para
pronto la deriva de desprestigio de esta brigada, más pronto que tarde el
ciudadano dejará de creer en ella, como ya ha dejado de creer en otros pilares
del sistema como el CGPJ, el Tribunal Supremo o el propio Parlamento convertido ya en un fangoso ring para
las cuitas personales de banderías y facciones enfrentadas.
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