La instrucción del Caso Montoro demuestra cómo desde los distintos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, se manipula a los fiscales
Ernesto Carratalá
20/07/2025
“De los invitados a la boda de la hija de Aznar sólo quedan por imputar
judicialmente a los muñecos del pastel”. El chascarrillo que corre como la
pólvora en las redes sociales tiene toda la razón. En los últimos años, 29
altos cargos del Partido Popular se han sentado
en el banquillo de los acusados. 12 de los 14 ministros de Aznar fueron
imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales escabrosos. Hasta
hace unos días sólo se salvaban de la quema Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro. Y este último acaba de caer. Cuando
fue ministro de Hacienda, el de los recortes sociales, las amnistías fiscales,
- otra vez el dichoso término que trae de cabeza a la derecha judicial de este
país-, y las rebajas de impuestos para las empresas y clases pudientes, muchos
de sus altos cargos gestionaban el despacho Equipo Económico. Fueron los que
ocuparon la secretaría de Estado y, posteriormente, el ministerio durante su
primera etapa en la administración de Aznar. Ese equipo económico se encargó,
en el segundo mandato, de influir para favorecer a empresas energéticas, según
el titular del juzgado número 2 de Tarragona que ha imputado al exministro. Han
sido siete años de investigaciones donde han ocurrido todo tipo de cosas. Una
de ellas la persecución a la fiscala encargada del asunto, Carmen García Cerdá.
Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, uno de los “fiscales rebeldes”
de la etapa actual, la prohibió profundizar en varios correos electrónicos que
parecían apuntar a un presunto uso político de Hacienda respecto de la
instrucción del caso Gürtel. Y encima en Génova se permiten el lujo de atacar
al actual fiscal general del Estado por su “dependencia del gobierno”.
En este medio ya se ha señalado en innumerables ocasiones que poco o nada
pueden decir en el PP de la dependencia del FGE del ejecutivo porque ellos
hicieron lo mismo. Y ahí está el mejor ejemplo. García Cerdá recurrió a
un mecanismo de uso poco habitual, la aplicación del artículo 27 del Estatuto
Fiscal, que permite a cualquier miembro del ministerio público mostrar su
discrepancia con las órdenes recibidas por un superior. Luzón no era partidario
de practicar más diligencias en relación con los documentos adjuntos a estos
correos que habían aparecido en la causa, pero la actuación de la fiscal del
caso le obligó a reunir en Junta a todos los fiscales anticorrupción para
tratar de sumar apoyos a su posición. En la reunión, celebrada el 26 de
septiembre de 2023, Luzón obtuvo el respaldo de
19 compañeros, mientras que solo cuatro apostaron por García Cerdá, lo que
significó que las diligencias que ella consideraba necesarias para que avanzara
la instrucción quedaron vetadas, al menos desde la fiscalía. García Cerdá no
fue apartada y siguió con sus pesquisas. Hizo consultas a la policía judicial
sobre esos correos lo que le costó una multa de 1000 euros. Al final se la
sustituyó por el teniente fiscal, Antonio Romeral, que, entre otras cosas,
desestimó la grabación de las conversaciones de los sospechosos.
Y esta circunstancia, que se acaba de conocer ahora, demuestra la facilidad
con que desde el poder ejecutivo se manipula a los fiscales. Sean del color que
sean, los políticos que mandan, justificándolo con el llamado “principio de
jerarquía”, ordenan a las jefaturas que aten en corto a sus subordinados en
temas que son de su interés. No es de extrañar, dadas las circunstancias, que
no quieran la reforma del Estatuto Fiscal propuesta por Bolaños porque en la
misma se da mayor autonomía a los fiscales sometidos a las órdenes de sus
jefes.
Pero hay más. En el auto del titular del juzgado número 2 de Tarragona se
imputan a personas que trabajan directamente a las órdenes de Núñez Feijóo. Uno
de ellos es Miguel Ferré Navarrete, que fue secretario de Estado de Hacienda
entre 2011 y 2016. El juez asegura que está probada su relación con Equipo
Económico y empresas vinculadas al despacho y subraya que ocupaba uno de los
“cargos decisivos para que los textos de los anteproyectos de ley y proyectos
de reglamento a elevar recogieran las pretensiones concertadas con las
gasistas”. En su auto señala que así lo confirman los correos intervenidos en
la investigación, en los que aparece “reiteradamente” mencionado. El juez
imputa a nueve altos cargos de la segunda etapa de Montoro como ministro y a
cuatro de su primera etapa. En la actualidad, Ferré trabaja para Kreab España
como responsable de Asuntos Públicos, Reputación & Intangibles de la
consultora. El líder del Partido Popular lo recuperó para reforzar su núcleo
económico, integrándolo en los círculos de confianza que le asesoran en materia
fiscal.
El nuevo y flamante vicesecretario de Economía y Desarrollo sostenible del
PP, Alberto Nadal, no figura en la lista de imputados, pero
se encuentra en el punto de mira por formar parte del equipo económico de Rajoy
cuando se produjeron los hechos objeto de investigación judicial, entre 2011 y
2016. Era secretario de Estado de Energía, precisamente la actividad objeto del
tráfico de influencias de EE, el despacho de Montoro y su empresa vinculada
Global Afteli. Las energéticas hasta el momento imputadas pertenecen al área de
influencia de Nadal, Air Liquide España, Praxair España, Carburos Metálicos,
Abelló Linde, Messer Ibérica y algunos de sus directivos. Además, Nadal
pasó a ocupar la secretaría de Estado de Presupuestos dependiente de Montoro
convirtiéndose en su más estrecho colaborador. En Génova creen que toda esta
circunstancia puede llegar a ser utilizada por la izquierda para desautorizar a
su nuevo “gurú” económico.
La dirección del Partido Popular argumenta que esta causa forma parte del
pasado y, de esa manera, se desvincula tal y como hizo de la Gürtel, Púnica,
Lezo y Kitchen. Es cierto que el caso estuvo archivado, pero ahora ha vuelto a
reactivarse. Y si se habla de la corrupción de Ábalos y Santos Cerdán en las
actividades de movilidad y obra pública, habrá que tener en cuenta lo que las
gasísticas y energéticas pagaron al despacho de Montoro por modificar la
legislación para su propio interés. Otro caso más de corrupción cuyo final
puede ser demoledor para las aspiraciones de Alberto Núñez Feijóo.
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