La tortura que han sufrido durante décadas las víctimas del IRPH es el mejor reflejo de un sistema cruel en el que las togas y las corbatas se convierten en aliados en contra de los ciudadanos
José Antonio Gómez
30/10/2025
Siguen pasando los días y el Tribunal Supremo continúa
sin hacer pública su decisión sobre el IRPH tras las
distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) que han dejado acorralado al Alto Tribunal
español. Esta situación está generando ansiedad y estrés entre los afectados,
una tortura más de las que llevan sufriendo desde que
se descubrió que se les había vendido hipotecas con un índice abusivo y
comercializado con falta de transparencia.
En la España poscrisis, donde los
indicadores macroeconómicos proclaman estabilidad y la banca presenta beneficios récord, subsiste una
herida moral que no figura en los balances: el IRPH. Bajo esas siglas técnicas
se esconden miles de historias de angustia y desengaño. Familias que confiaron
en sus bancos, que creyeron en la transparencia del sistema y que, década y
media después, siguen pagando por esa fe.
El IRPH no solo fue un producto financiero
cuestionable. Fue, y sigue siendo, una experiencia colectiva de
indefensión. Quienes lo padecen no se definen a sí mismos como “clientes
engañados”, sino como ciudadanos defraudados por un Estado que eligió proteger la estabilidad del sistema antes que
la justicia del individuo.
El IRPH nació con apariencia de neutralidad. Se presentaba como un índice
“oficial”, calculado por el Banco de España, y
destinado a reflejar el coste medio de las hipotecas. Pero detrás de su fórmula
había un sesgo estructural: el índice se basaba en los tipos de interés que las
propias entidades aplicaban a sus clientes. En otras palabras, el zorro
vigilaba el gallinero.
Durante los años de la burbuja, los bancos lo ofrecían como alternativa
“más estable” al Euríbor, cuyo comportamiento era más volátil. Pero cuando
estalló la crisis y el Euríbor se desplomó, el IRPH se mantuvo obstinadamente
alto. Miles de hipotecados descubrieron entonces que su cuota mensual no bajaba
como la del vecino. En muchos casos, el sobrecoste superaba los 200 euros al
mes. En otros, implicó el desahucio.
La diferencia técnica se tradujo en un drama humano: hogares
desbordados, familias obligadas a elegir entre pagar la hipoteca o alimentarse.
En los barrios trabajadores de toda España, los recibos del IRPH se
convirtieron en símbolo de una estafa institucionalizada.
Calvario judicial
El recorrido judicial del IRPH ha sido un laberinto. Tras años de
denuncias, el TJUE abrió la puerta a que los jueces nacionales analizaran si
las cláusulas eran abusivas por falta de transparencia. La noticia encendió una
chispa de esperanza entre los afectados. Muchos creyeron que, por fin, el
Estado reconocería su error.
Pero el Tribunal Supremo español cerró
esa puerta casi de inmediato. En una serie de sentencias posteriores, consideró
que el uso del IRPH no era abusivo per se, siempre que el índice fuera oficial
y el consumidor hubiera sido “suficientemente informado”. En la práctica, esto
significó que la inmensa mayoría de demandas fueran desestimadas. Los bancos
ganaron; los ciudadanos, no.
Para los afectados, cada sentencia fue más que un revés económico. Fue una
humillación. ARL, profesora de primaria en Murcia y afectada por el IRPH,
recuerda lo que sufrió durante un juicio. “Salí de la sala llorando. No por el
dinero, sino porque fui consciente de que no importábamos a nadie”.
El proceso judicial, para muchos, se convirtió en una segunda forma de violencia: la institucional. Años de papeleo,
audiencias, costas y esperas interminables. Algunos, agotados, lo abandonaron.
Otros, empujados por la rabia, se convirtieron en activistas improvisados.
Deuda que se convierte en identidad
Psicólogos especializados en trauma económico consultados por Diario Sabemos describen un patrón que se repite
en las víctimas del IRPH: ansiedad crónica, insomnio,
ataques de pánico y una sensación de culpa irracional. El sufrimiento
de estas personas es muy real. Muchos han internalizado la narrativa de la
culpa: “firmé, así que es mi responsabilidad”. Pero lo que ocurrió fue un abuso de poder asimétrico.
El impacto psicológico de la deuda tiene su propia lógica. No solo afecta a
la economía doméstica, sino a la autoestima y la percepción del futuro. Muchos
afectados han renunciado a proyectos vitales por miedo a un nuevo golpe
financiero.
Hace años, Diario Sabemos dio voz directa
a los afectados y, en algunos casos, abundan testimonios de depresión y
rupturas familiares. El estrés prolongado ha derivado en problemas de salud
mental y física: hipertensión, gastritis, crisis de ansiedad. Tal y como afirmó
una afectada, “los bancos se defienden con abogados; nosotros, con ansiolíticos.”
Rabia y resignación
Con el paso de los años, la energía inicial del movimiento de afectados se
ha transformado. Las manifestaciones frente al Banco de España o el Tribunal
Supremo se han vuelto menos frecuentes, pero más simbólicas.
Muchos han aprendido a vivir con la injusticia, como quien convive con una
cicatriz. La resignación, paradójicamente, se ha convertido en una forma de
resistencia. Las plataformas de afectados continúan su labor pedagógica y
jurídica, documentando cada caso, acompañando a quienes aún litigan, y
manteniendo viva la memoria de lo ocurrido. Las víctimas no olvidan, porque si
lo hacen, volverá a ocurrirles a otros.
Coste humano de una justicia parcial
El sistema judicial español ha respondido al IRPH con frialdad técnica. Sus
resoluciones, redactadas en un lenguaje abstracto, parecen inmunes al sufrimiento que hay detrás de
cada expediente. Pero esa desconexión tiene un precio. En la psicología
política contemporánea, la confianza institucional es una forma de capital
social. Cuando los ciudadanos perciben que los tribunales no los protegen
frente a los poderosos, ese capital se evapora.
El IRPH ha contribuido a una silenciosa desafección democrática. Muchos
afectados afirman que ya no creen en los mecanismos del Estado porque si el
Supremo protege a los bancos, ¿de qué sirve la democracia? Esa pérdida de fe
trasciende la esfera económica: erosiona la idea misma de ciudadanía.
La cultura de la impunidad
El caso IRPH no es una anomalía, sino un reflejo de la cultura financiera española.
Durante décadas, la banca ha gozado de una influencia política y mediática desproporcionada.
Los grandes grupos financieros son, a la vez, acreedores del Estado,
patrocinadores de medios y empleadores de ex altos cargos. En ese ecosistema,
la línea entre regulación y connivencia se desdibuja.
La captura institucional no se produce de la noche a la mañana. Es el
resultado de años de deferencia cultural hacia el poder financiero.
Esa deferencia explica por qué el IRPH sigue vivo, incluso después de que Bruselas y Luxemburgo hayan
cuestionado sus prácticas. En última instancia, los jueces españoles han
preferido proteger la “seguridad jurídica” del sistema bancario antes que la
justicia para los individuos.
Más allá de las cifras, el IRPH ha moldeado una generación entera de ciudadanos que crecieron con la sensación de haber sido
sacrificados en nombre de la estabilidad financiera. Son hombres y
mujeres que compraron su primera vivienda en los años previos a la crisis, que
perdieron su empleo durante la recesión, que fueron rescatados o desahuciados
durante la austeridad, y que ahora viven en una precariedad emocional
constante.
Es la generación de la deuda infinita:
personas para quienes el sistema financiero no es una herramienta de progreso,
sino un mecanismo de control. El IRPH no solo los empobreció, los disciplinó.
Les enseñó que la justicia en España tiene límites cuando se
enfrenta al dinero.
La historia del IRPH no se mide en gráficos ni estadísticas. Se mide en
noches sin dormir, en conversaciones rotas, en lágrimas contenidas frente al
notario. Y, sobre todo, en la persistencia de la idea de que nadie protege al
ciudadano cuando el Estado decide proteger al banco
Economía sin alma
España ha aprendido a medir su recuperación en términos de PIB, empleo y
déficit. Pero lo que no mide es el coste humano de su modelo financiero. El
IRPH es una lección ética disfrazada de tecnicismo. Enseña que la estabilidad
sin justicia no es estabilidad: es resignación.
Mientras los balances bancarios cierran con miles de millones de beneficios
y las sentencias del Supremo consolidan su doctrina, un millón de familias
siguen pagando una deuda que ya no es solo económica, sino existencial. Una
deuda con el país que les prometió justicia, y que les entregó silencio,
impunidad para con el poderoso, tortura y violencia.