PABLO BUSTINDUY 06/09/2025
El
arranque del curso político plantea cosas previsibles. Previsible es la
estrategia que van a seguir la derecha y la ultraderecha: esa mezcla de ruido y
señalamiento que va superando uno tras otro todos los límites que han regido la
vida política en las democracias europeas desde la posguerra. Da igual que se
trate de incendios pavorosos, de niños y niñas migrantes o de reducir la
jornada laboral. El PP seguirá con su estrategia de bloquear la acción de
Gobierno, haciendo irrespirable la conversación pública, y la ultraderecha con
su permanente escalada hacia la violencia, señalando un enemigo tras otro,
parasitando la democracia para volverla contra sí misma, alentando un clima
social que normalice y asuma la ley del más fuerte, la desigualdad entre clases
y grupos sociales, el vaciado progresivo de derechos y libertades. Bajo la
aparente competición entre la derecha y la ultraderecha (resuelta siempre por la
vía de la normalización del discurso autoritario por parte de una derecha que
ha roto amarras con lo que tenía de herencia conservadora, democristiana o
liberal), el hecho decisivo de nuestros días es que ambos sujetos funcionan
como un bloque unitario, que comparte el objetivo de acabar con la legislatura
y abrir paso a un gobierno plenamente inscrito en el espacio reaccionario -el
eje donde confluyen los proyectos autoritarios, oligárquicos, fundamentalistas
y genocidas- tan en boga a nivel mundial.
Frente
a la estrategia aceleracionista del bloque reaccionario, es necesario insistir
sobre un hecho probado: la única respuesta viable a la amenaza que ese eje
supone para la democracia no es moral, sino política. Es lógico poner el grito
en el cielo ante cada provocación encadenada. Hay que hundir el Open Arms, dice
desde el salón de su casa un sucedáneo de caudillo, llamando abiertamente a la
violencia contra quien rescata náufragos de un mar Mediterráneo en el que se
han ahogado decenas de miles de personas en lo que va de siglo. Esa celebración
de la violencia, ese culto a la muerte de quienes ellos deciden puede revolvernos,
pero no sorprender: es lo que hacen cada día en Gaza, convertido en laboratorio
del fascismo nuevo y en la seña de identidad con la que pasará a la historia
toda la gente execrable de nuestro tiempo. Es también lo que han hecho con la
AEMET, con la Cruz Roja, con las organizaciones feministas, con los sindicatos,
con las personas LGTB, con el colectivo migrante. Embisten contra todo lo que
suene a conocimiento, a humanidad, a ayuda mutua, a justicia social. Contra
todos aquellos a quienes ellos perciben como débiles. Con los de arriba,
siempre, a mandar. Eso son.
Esa celebración de la violencia,
ese culto a la muerte de quienes ellos deciden puede revolvernos, pero no
sorprender
La
cosa es que la repulsa moral es necesaria, pero no suficiente. Tampoco bastan
los argumentos, por muy lúcidos que sean. Para cerrarles el paso es necesario
intervenir sobre las condiciones que han hecho posible en
todo el mundo ese auge reaccionario, sobre la base material de un descontento,
una incertidumbre, una pérdida de horizontes y referencias, que el fascismo
explota para nutrir sus huestes dándole una salida inmediata a toda esa
frustración: convertirla en violencia. Si la política no sirve para mejorar las
condiciones de vida de las clases trabajadoras, si no demuestra con hechos la
capacidad de imponer las necesidades de las mayorías sociales sobre los
intereses de quienes son más poderosos, entonces va a ser imposible neutralizar
el proyecto político que consiste precisamente en ponerse al servicio de quienes tienen más fuerza, más
riqueza, más poder. El delirio político de los ultrarricos, la deriva
oligárquica que se dibuja en el mundo contemporáneo, se sustenta en gran medida
sobre la despolitización, es decir, sobre la apatía o la desconexión de una
parte importante de la ciudadanía que ha dejado de creer que la democracia
pueda servir para mejorar la vida. También en la complicidad de quienes, ante
esa constatación, deciden que la mejor manera de protegerse es machacar a quien
sea un poquito más débil que él.
La
premisa de cualquier defensa de la democracia pasa por contradecir esa
creencia en la práctica. Y eso quiere decir cosas muy concretas:
redistribuir la riqueza, el tiempo, las oportunidades. Intervenir políticamente
para garantizar protección social, tranquilidad, trayectorias estables de vida,
bienestar compartido. Los dos gobiernos de coalición en España han servido para
demostrar que no sólo es perfectamente posible hacerlo, sino que además es más
eficiente también. Subir el salario mínimo un 61%, atajar las tasas de
precariedad y temporalidad en el empleo, reducir a la mitad la brecha salarial
de género, reforzar las pensiones, las prestaciones no contributivas, crear un
sistema de garantía de rentas que hoy llega a casi 1,3 millones de personas,
recaudar un 57% más con el impuesto a los grandes patrimonios… no sólo no ha
perjudicado el curso de la economía, sino que ha permitido un desarrollo
económico mucho mayor al de las economías de nuestro entorno, mientras se
reduce la desigualdad y la pobreza y hay más gente trabajando que nunca.
Los dos gobiernos de coalición en España
han servido para demostrar que no sólo es perfectamente posible hacerlo, sino
que además es más eficiente también
Es
hora de que esos datos macroeconómicos se traduzcan en mejores condiciones de
vida para quienes producen esa riqueza. Y la agenda para ello está definida.
Antes de vacaciones logramos por fin la ampliación de los permisos de
nacimiento y cuidados que ahora votará el Congreso. Lo que hace falta es
continuar esa senda con más ambición y determinación. Empezando por la
reducción de jornada: como con todas las conquistas sociales, habrá que apretar
y empujar hasta lograrlo, pues ningún avance en derechos de la clase
trabajadora ha sido nunca concedido, sino arrancado. Siguiendo por intervenir
de una vez, sin más dilaciones ni excusas, el mercado de la vivienda:
protegiendo a los inquilinos frente a los fondos buitres, bajando los
alquileres, prohibiendo la compra especulativa y la acaparación de viviendas,
mecanismo de extracción de rentas de las clases trabajadoras que neutralizan y
parasitan las mejoras salariales y los avances en protección social. Hay mucho
más: blindar el sistema de dependencia y cuidados de larga duración, adoptar
una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil,
reforzar la progresividad fiscal y ambiental para que quien más tiene y más
contamina contribuya más a la protección de todos los demás.
La
cosa es que en juego no está la hoja de servicios o la valoración del Gobierno.
Está incidir en las condiciones de vida de las clases trabajadoras: vivienda,
desigualdad, poder adquisitivo, salud, conciliación, cuidados, oportunidades.
Es el presente y el futuro de unas sociedades que han visto cómo se truncaron
expectativas y horizontes de vida para sus clases trabajadoras. Claro que la
acción de Gobierno no va a neutralizar por sí sola la ola reaccionaria que
crece a nivel global: hará falta movilización social y fuerza suficiente para
ello. Pero el Gobierno sí puede incidir decisivamente sobre el escenario en el
que se va a dar esa batalla política y social. Reorientar la democracia
española hacia las clases trabajadoras o dejar que se imponga esa alianza de
oligarcas, multinacionales, reaccionarios y fascistas que está esculpiendo el
rostro del siglo XXI. Aunque cada paso pueda ser pequeño, aunque se puedan
encajar derrotas, aunque cueste avanzar, creo sinceramente esa es la disyuntiva
ante la que nos encontramos.
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