Comentario: A lo mejor, si le preguntaran al Banco de Santander por el patrimonio de algunos jueces, podríamos salir de muchas dudas sobre ese vocablo inglés llamado LAWFARE.
El desafío consiste en distinguir entre las acusaciones fundadas de judicialización de la política y el uso oportunista del lawfare como paraguas explicativo para cualquier contratiempo judicial
José Antonio Gómez
07/09/2025
A lo largo de la última década, el concepto de “lawfare”
ha ocupado un lugar central en los debates políticos y mediáticos de América
Latina, Estados Unidos, Europa y, actualmente, España.
Surgido de la fusión de los términos ingleses “law” (ley) y “warfare”
(guerra), el lawfare se ha convertido en una etiqueta cargada de significado,
invocada para describir el supuesto uso indebido de los sistemas
judiciales con fines políticos.
Sin embargo, en la arena pública el término oscila entre la preocupación
legítima por la politización de la justicia y
la tentación de convertirlo en una teoría de la conspiración que explica todo
revés de líderes y partidos. El caso español, con las recientes acusaciones de
la izquierda y del presidente Pedro Sánchez contra determinados sectores
judiciales, ilustra cómo la narrativa del lawfare ha recalado en el corazón de
la política europea.
La noción de lawfare surge en contextos militares y de seguridad nacional
en Estados Unidos a principios del siglo XXI, utilizada para describir el
empleo del derecho internacional y mecanismos judiciales como herramientas de
guerra asimétrica. Desde entonces, el término ha migrado a la política
doméstica y hoy designa, en muchas latitudes, la presunta instrumentalización del poder judicial para perseguir adversarios
políticos, desestabilizar gobiernos y condicionar el rumbo de la democracia.
En América Latina, esta lectura ha cobrado particular fuerza tras los
procesos judiciales que involucraron a figuras como Luiz Inácio Lula da Silva o Cristina Fernández de Kirchner. España,
tradicionalmente ajena a este tipo de debates, aunque los ha habido y ha sido
invocado tanto por el Partido Popular como
por el PSOE, ha visto emerger la narrativa del lawfare con fuerza inusitada en
los últimos años.
El lawfare: del escepticismo al centro del
debate
El término “lawfare” ha saltado a la primera línea en España de la mano de
la izquierda y, en especial, a raíz de las declaraciones del presidente Pedro Sánchez. Tras investigaciones judiciales y procesos
que afectan a personalidades ligadas al gobierno o al Partido Socialista,
Sánchez y otros dirigentes han acusado a sectores de la judicatura de emprender
una cruzada política con apariencia de legalidad. El
presidente, en su última entrevista en RTVE, ha enarbolado la bandera del
lawfare para denunciar supuestas campañas de acoso judicial y mediático,
defendiendo la necesidad de proteger la democracia frente a “intereses
espurios” incrustados en el sistema judicial.
Estas acusaciones, lejos de limitarse al ámbito partidista, han avivado el
debate nacional sobre la independencia judicial y
los límites de la crítica política. Para la izquierda, el
lawfare sería la respuesta de un poder judicial conservador ante reformas
sociales y políticas progresistas. Para la derecha y buena parte de la
judicatura, la utilización del término es una forma de deslegitimar las
investigaciones y minar la confianza en las instituciones.
Los principales casos en los que el sanchismo y un
sector de la izquierda acusan de ser víctimas de lawfare hay que analizarlos no
desde la figura del juez, sino desde las acusaciones que se presentan,
independientemente de que, finalmente, lleven al procesamiento o al archivo.
Los casos del fiscal general del Estado, Begoña Gómez o
el hermano de Pedro Sánchez tienen indicios de que, presuntamente, se pudiera
haber cometido algún tipo de delito. Estas personas, a día de hoy, no son
culpables de nada desde un punto de vista legal porque ni siquiera han sido
juzgadas y debe primar la presunción de inocencia hasta
que haya una sentencia firme. Que los indicios puedan ser más fuertes o más
leves eso es algo que se tendrá que determinar en el juicio oral que, hasta
ahora, no se ha celebrado en ninguno de esos tres casos en los que tanto el
PSOE como el sanchismo acusan a los jueces de lawfare.
En el caso de Álvaro García Ortiz y la
filtración del famoso correo de aceptación de los presuntos delitos fiscales
del novio de Isabel Díaz Ayuso, existen una
serie de mensajes que constan en el sumario en los que el fiscal General del
Estado reclama que esa carta se le envíe a su correo
particular de Gmail.com en vez de al corporativo de Fiscalía. Es
decir, un documento confidencial fue remitido fuera de la cadena de custodia.
Esto es un hecho, no una interpretación. ¿Hubo filtración por parte de García
Ortiz? Eso lo tendrá que decidir el juzgado encargado de juzgar el caso, si es
que se llega a juzgar, pero que existió una presunta irregularidad es un hecho.
En el caso de Begoña Gómez, más allá de la más
que evidente culpabilidad ética, el indicio con más fuerza
con el que cuenta Peinado es la utilización de recursos públicos para fines
privados, algo que está penado para cualquier miembro de la administración
pública, sea político o funcionario. El resto, está lleno de contradicciones.
Pero, de ahí a calificar el caso de intento de golpe de Estado hay un abismo.
Sin embargo, en la derecha tampoco andan cortos en este sentido. La causa
del novio de Isabel Díaz Ayuso ha sido calificada de operación de Estado a pesar de que los indicios de
presunta comisión de un delito contra la Hacienda Pública son contundentes. Lo
mismo sucede con la jueza de Catarroja, cuya causa ha sido calificada de
“cacería” contra Mazón. En el PP no hablan de lawfare, porque hacerlo les
rompería el argumento de que el sanchismo va en contra de la independencia
judicial, pero calificar de operaciones de Estado a las actuaciones judiciales
en su contra es un sinónimo de lawfare.
Por otro lado, tanto PSOE como PP siempre han colocado a sus jueces en el
Constitucional para que frenaran cualquier caso que les afectara o que dieran
rango de constitucionalidad a leyes controvertidas aprobadas por los diferentes
gobiernos. Ahora es Conde Pumpido, pero
el Partido Popular llegó a colocar a un militante con carnet al
frente del máximo órgano de garantías. Ninguno se salva.
Lawfare, herramienta retórica y teoría de
la conspiración
La creciente popularidad del término ha hecho que, para algunos sectores,
el lawfare trascienda su significado técnico y se convierta en un recurso
discursivo fácil: basta con invocar la existencia de una conspiración judicial para descalificar procesos,
autos, fallos o investigaciones. En el contexto español, la posible lógica
conspirativa se sostiene en dos pilares: la presunción de coordinación secreta
entre jueces, partidos políticos y medios de comunicación, y la presentación de
la víctima (Pedro Sánchez) como blanco de una persecución orquestada por las
“élites” del Estado.
Sin embargo, la narrativa del lawfare, aplicada de forma generalizada, vacía de
contenido el debate democrático y dificulta el escrutinio legítimo de la
acción pública. La acusación de lawfare se convierte, en ocasiones, en un escudo frente a la rendición de cuentas o en
argumento para polarizar aún más a la sociedad.
El desafío consiste en distinguir entre las acusaciones fundadas de
judicialización de la política y el uso oportunista del lawfare como paraguas
explicativo para cualquier contratiempo judicial. En España, como en otros
países de su entorno, las instituciones han sido históricamente objeto de
presiones y desconfianza. Sin embargo, reducir todo proceso judicial a una
conspiración de lawfare, sin evidencias claras, es tan simplista como ignorar
las prácticas de “guerra sucia” de las cloacas del PP y del PSOE.
Impacto político y social
El lawfare, como narrativa, cumple funciones tanto movilizadoras como
defensivas. Para el sanchismo y la izquierda, permite cohesionar a sus bases y reencuadrar
los procesos judiciales como batallas políticas, donde la justicia es un
terreno de lucha más. Para la oposición y sectores judiciales conservadores, la
denuncia de lawfare es vista como un intento de socavar la independencia
judicial y controlar el relato público.
El riesgo es claro: la inflación del término debilita el debate, erosiona
la confianza ciudadana y crea un círculo vicioso de sospechas e inseguridad
institucional. Si toda denuncia o investigación puede ser rechazada como parte
de una conspiración, la rendición de cuentas se vuelve inviable.
El caso español pone de manifiesto la tensión entre la legítima crítica a
los poderes del Estado y el peligro de caer en el relato conspirativo. Si bien
existen serios motivos para desconfiar de la instrumentalización política de la
justicia, que no se puede negar, la generalización del lawfare como explicación
única de los conflictos políticos empobrece el análisis, polariza el discurso y
dificulta el fortalecimiento democrático.
Los verdaderos problemas de la Justicia
española
Sin embargo, más allá del debate sobre el “lawfare”, existe un problema
estructural que frecuentemente pasa inadvertido en el ruido mediático y
político: la corrupción judicial y la
sensación de impunidad que rodea a ciertos
sectores de la magistratura.
En España, los mecanismos de fiscalización interna y rendición de cuentas
de jueces y magistrados resultan, en la práctica, poco efectivos. La opacidad
en la designación de cargos, la politización del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional y la escasa transparencia
en los procedimientos disciplinarios contribuyen a una percepción generalizada
de que la justicia no responde ante la sociedad con la ejemplaridad que se le
exige.
Casos notorios de comportamientos irregulares, resoluciones judiciales
claramente sesgadas o vínculos entre jueces y actores
económicos (incluidos algunos que son exaltados por la
izquierda) rara vez se traducen en consecuencias tangibles. Los expedientes
sancionadores se archivan con frecuencia, y los procedimientos suelen dilatarse
hasta perder relevancia pública. Esta dinámica alimenta una desconfianza
profunda en la ciudadanía, que percibe a la justicia como un espacio donde la
responsabilidad individual de quienes juzgan queda relegada a un plano secundario.
La falta de controles efectivos y la tendencia a
proteger los intereses corporativos dentro de la judicatura refuerzan la idea
de impunidad. Así, mientras se discute el uso político del lawfare, buena parte
de la crisis de confianza en la justicia española radica en la inacción ante la corrupción interna y la ausencia de mecanismos eficaces para apartar o sancionar a jueces
corruptos o parcializados.
En este contexto, la regeneración democrática y el fortalecimiento
institucional pasan necesariamente por una limpia radical que garantice la
independencia real de la justicia, pero también la transparencia, el control
absoluto (incluida la auditoría en tiempo real de los patrimonios de los jueces
tanto en España como en el extranjero) y la rendición de cuentas de quienes la
ejercen. El problema no es el lawfare, sino la justicia en su totalidad que no
precisa de una reforma, sino de una purga en toda regla.
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