Comentario: Resulta increíble que cuatro mandos de la GC que no están nunca en los sitios donde los agentes prestan unos servicios encomiables a la sociedad traten de derribar un gobierno legítimamente elegido. “El que pueda hacer que haga” dijo el narciso mayor del reino, y sólo nos falta que salga un generalillo de 1,60 de estatura y vuelva desde África con la guardia mora. ¡¡¡Lo que iban a disfrutar algunos!!!
Los informes de la UCO sobre el PSOE, muchos de ellos basados en meros indicios, están siendo definitivos para crear el clima de descomposición política e institucional del país
La Guardia
Civil aprieta el acelerador contra el Gobierno. La UCO ha pedido al juez Pedraz que
reclame a la Agencia Tributaria y a varias
entidades bancarias información financiera respecto al PSOE y el PSC. El caso Leire, la fontanera de Ferraz que presuntamente trabajaba para frenar
investigaciones y causas judiciales contra el Gobierno de Pedro Sánchez, puede darle a la UCO el premio gordo de
la cacería que iba buscando con insistencia: las preciadas cuentas del partido socialista.
Nunca una agente torpe hizo tanto por el enemigo.
Han sido numerosos los casos que han estallado en los últimos meses, pero
hasta ahora los agentes no habían atravesado el Rubicón de
pedir los libros de contabilidad de Santos Cerdán. Ya
los tienen. Y el asunto no es menor, ya que los socios del Gobierno de
coalición han puesto una condición para no dejar caer al actual Consejo de
Ministros: que no llegue a demostrarse financiación ilegal en el seno del PSOE.
Si eso llegara a ocurrir, el Ejecutivo caería a los cinco minutos. Gabriel Rufián lo ha dicho por activa y por
pasiva: Esquerra romperá con Sánchez si las cuentas de
Ferraz no cuadran.
Estamos ante un momento crítico, dejen paso a la Guardia Civil. La caverna
mediática aprieta el acelerador del bulo; la Justicia no cede; Feijóo busca en Junts, en el PNV y hasta debajo de las piedras los cuatro votos
que le faltan para su ansiada moción de censura revancha. De momento, los
partidos nacionalistas se resisten a los cantos de sirena del PP. Entregarse a Génova sería
tanto como hacerse el harakiri ante Vox, el socio
preferente que ha amenazado con promover la ilegalización del nacionalismo en
nuestro país. Más claro no ha podido decirlo el lehendakari vasco, Imanol Pradales, quien recuerda que los ultras de Abascal se caracterizan por “cuestionar las
instituciones del autogobierno vasco, el Estado de las autonomías y la propia
identidad vasca”, así que tiene las “alarmas encendidas”. Todo el mecano del
sanchismo, la legislatura misma, pende a esta hora de un hilo frágil: las
cuentas del PSOE, las cuentas del PSOE, un mantra febril que corre por el
cuartel de la UCO y que se ha convertido en una auténtica obsesión para los
investigadores, conscientes de que tienen al Gobierno rojo cautivo y desarmado.
En la unidad anticorrupción de la Benemérita todos se han puesto manos a la
obra, han tocado a rebato, tricornios relucientes y cornetas al amanecer. El
que pueda hacer que haga. La consigna, el santo y seña: encontrar la maldita
financiación ilegal como sea, porque Sánchez no puede llegar vivo a las
vacaciones de verano. Si lo hace, si sobrevive al incendio, el asunto Leire se
enfriará, llegará el otoño, las aguas se calmarán, los socios indepes y de la
izquierda real volverán relajados de las frescas playas del norte y la
legislatura tendrá todavía algo de recorrido. La coalición de izquierdas no
puede volver a ganar, ya lo ha dicho Aznar, porque si lo
hace, el sistema constitucional quebrará. Nunca las palabras del gurú del PP
sonaron tan antidemocráticas, tan a tejerazo barato.
Hay furia en el Instituto Armado, una euforia antisanchista que viene de
los tiempos del procés, de los indultos y de la ley
de amnistía a los políticos catalanes implicados en la intentona de secesión.
Vuelve el “a por ellos, oé” de los piolines. Tampoco ayuda demasiado a la
Moncloa la falta de medios de los agentes, las condiciones laborales en ocasiones
pésimas, el abandono que sufre el cuerpo en su lucha contra los narcos asesinos
en aguas del Estrecho. Qué mejor ejemplo de esa ojeriza visceral
antigubernamental que el último comunicado de asociaciones como AUGC. El sindicato urge la inmediata comparecencia
parlamentaria de Marlaska y la directora
general de la Guardia Civil por las supuestas reuniones con Leire. “No pueden
seguir callados más tiempo. Tienen obligación de comparecer, informar y dar
explicaciones”, asegura. Y chitón.
Sánchez se empeña en que la legislatura se agote, pero aquí lo único que se
agota es la paciencia picoleta. Hay runrún en los cuarteles, olor a pólvora,
ruido y no necesariamente de sables o por la maquinaria de las tanquetas
arrancando y poniéndose en marcha. Esta es una rebelión de papel timbrado,
funcionarial, burocráticamente eficaz. Sánchez en una pesadilla kafkiana verde
oliva de la que no puede despertar.
Así las cosas, expertos en derecho advierten de que la UCO podría incurrir
en una investigación prospectiva contra el PSOE, la última de un aluvión de
dosieres e informes que han terminado siendo letales para el Gobierno. Una
unidad de élite de la Guardia Civil que toma las riendas judiciales y políticas
ante un juez que se abstiene, que deja hacer, que mete la cabeza bajo el ala y
se pone la venda en los ojos mientras revienta el país, se parecería demasiado
a un siniestro Estado policial. Más después de escuchar a ese mando que ha
acusado al teniente coronel Balas de
“hacer lo que le sale de los huevos”. En un Estado de derecho, no debería ser
la policía la que pidiera pruebas periciales económicas de un investigado.
Tendría que ser el propio juez de instrucción el que tomara esa decisión a la
vista de los indicios que le aportan los agentes. Pero en este país hace ya
tiempo que se cruzaron todas las líneas rojas del respeto a los derechos de los
investigados. Se especula y se conjetura en los informes oficiales, se filtran
bulos y noticias fake a la prensa, se inventan
y exageran titulares ilustrándolos con el papelito de turno bajo el sello de la
espada desnuda, el haz de lictores, el hacha y la corona real. Se condena a un
fiscal general del Estado sin pruebas y se lleva al banquillo de los acusados
al hermano o a la esposa del presidente del Gobierno por cualquier menudencia o
tontería. Poca broma con la Guardia Civil, porque cuando los tricornios
intervienen, tiembla el Gobierno. Y tiembla España.
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