Comentario: ¡La esclavitud, oiga! La esclavitud que está presente desde
hace bastante tiempo en España, desde que D. Felipe González Márquez “compró”
el sindicalismo con los cursos de formación.
La patronal condicionó cualquier negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva a que los sindicatos acepten debatir las bajas médicas, pero guarda silencio sobre las 441.000 personas que trabajan gratis cada semana en España
España lleva meses sin un marco nacional que regule
los convenios colectivos, y la solución no asoma por ningún horizonte. El Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) caducó en 2025 y, desde entonces,
patronal y sindicatos negocian subidas salariales y condiciones laborales en un
vacío normativo que deja a millones de trabajadores sin la red mínima de
protección que debería garantizar un pacto de ámbito estatal. Cuando el año
supera ya su ecuador, los interlocutores sociales no han sido capaces ni
siquiera de sentarse formalmente a plantear sus propuestas. Y este martes,
lejos de acercar posiciones, la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales tensó la cuerda hasta un nuevo límite: los empresarios no hablarán de salarios ni de jornada laboral si
los sindicatos no aceptan poner el absentismo sobre la mesa.
La maniobra se escenificó en la sede de la CEOE en Madrid, durante una
jornada titulada Absentismo x IT: un problema de país,
en la que una representación amplia de organizaciones sectoriales y
territoriales de la patronal dibujó con claridad la posición empresarial. El
mensaje fue rotundo y sin ambages. "Salarios y jornada a
cambio de absentismo", resumió Manuel Piquer, presidente de la
patronal navarra, con una concisión que no dejaba margen para la
interpretación. La cuestión de las bajas por incapacidad temporal dejó de ser
un asunto colateral para convertirse en la condición sine qua non de cualquier
avance negociador.
Antonio Garamendi y la supuesta factura de
los 33.000 millones
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aprovechó su intervención en
la clausura del acto para reivindicar la coherencia histórica de la posición
empresarial. Recordó que ya en 2023, en esa misma sala, la CEOE y la CEPYME
condicionaron la firma del acuerdo nacional de convenios a que el absentismo
por incapacidad temporal entrara en la agenda pública. Según Garamendi, el
objetivo se cumplió: "Ya nadie discute que esto
es un problema en España." Y los datos que maneja la
patronal sustentan, al menos en su dimensión económica, la magnitud de la
preocupación.
La escalada de las bajas médicas en los últimos años ha generado una
factura que alcanza los 33.000 millones de euros anuales,
una cifra de vértigo que se reparte entre las empresas, que absorben
aproximadamente 17.000 millones, y la Seguridad Social, que asume el resto. Es
sobre esa cifra sobre la que Garamendi construyó su batería de propuestas,
orientadas en dos direcciones complementarias: mejorar la gestión pública de la
incapacidad temporal y reducir la carga económica que recae sobre las empresas.
En la primera dirección, el presidente de la patronal reclamó el refuerzo de
las plantillas de profesionales sanitarios y de inspectores de los servicios
públicos de salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, una
potenciación de las competencias de las mutuas, y un sistema de controles más
ágil que incorpore evaluaciones al trabajador de baja a los tres, seis y nueve
meses, sin necesidad de esperar al año como ocurre en la actualidad. También
planteó que la inspección médica del INSS asuma el control directo en los
procesos de incapacidad temporal cuya reiteración supere la frecuencia
habitual.
En la segunda dirección, y siempre condicionando sus propuestas a que el
sistema público no corrija sus disfunciones, Garamendi reclamó que la
Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros quince días de baja,
eliminando la obligación actual que impone a las empresas hacerse cargo del
coste entre el cuarto y el decimoquinto día. Además, propuso exonerar a las
compañías de las cotizaciones en los procesos de baja que superen los 365 días
y en los contratos de sustitución de trabajadores en incapacidad temporal.
La baja médica no es absentismo
Los sindicatos mantienen una línea roja que tiene
tanto de semántica como de fondo: se niegan a aceptar el término
"absentismo" para referirse a las personas que faltan al trabajo
porque están enfermas. Están dispuestos a hablar de salud laboral, de
prevención de riesgos, de salud mental, de carga de trabajo, de condiciones
ergonómicas. Pero no de absentismo. Porque aceptar ese encuadre sería, a su
juicio, equiparar la enfermedad con la negligencia, y eso es precisamente lo
que rechazan.
Y tienen razones sólidas para sostener esa posición, porque una baja médica no es, en esencia, absentismo laboral. El
absentismo en sentido estricto implica una ausencia injustificada, voluntaria o
fraudulenta. La incapacidad temporal es, por definición, una contingencia
cubierta por el sistema de Seguridad Social precisamente porque el trabajador
no puede ejercer su actividad por motivos de salud, verificados y avalados por
un profesional médico. Mezclar ambos conceptos no es solo un error
terminológico: es una operación de encuadre que carga sobre el trabajador
enfermo la sospecha de estar fingiendo o de abusar de un sistema diseñado para
protegerle.
Más allá del debate conceptual, los sindicatos rechazan medidas concretas
que surgieron en la jornada empresarial, especialmente aquellas dirigidas a
limitar los complementos que las empresas pagan voluntariamente para mejorar
las prestaciones por incapacidad temporal. UGT aprobó por unanimidad en su
último comité confederal que esas cláusulas son una "garantía en defensa
de la salud" de los trabajadores y que no podrán ser
alteradas ni modificadas en perjuicio de estos, incorporando esa resolución
como guía obligatoria de negociación para el sindicato. El mensaje al
empresariado no podía ser más directo: esa línea no se negocia.
El Ministerio, en segundo plano
En el Ministerio de Seguridad Social, que lleva meses con una mesa de
negociación abierta con patronal y sindicatos precisamente para abordar la
incapacidad temporal, las conversaciones están en punto muerto. Desde el
departamento que dirige Elma Saiz se limitan a señalar que "la mejora de la gestión de la incapacidad temporal y la
facilitación de la recuperación de la salud de los trabajadores es un asunto
capital para el Gobierno" y que se está abordando en el
marco del diálogo social, donde se han alcanzado acuerdos relevantes en
legislaturas anteriores. Una respuesta prudente que, en la práctica, reconoce
que no hay avances sustanciales.
La parálisis política que atraviesa España desde hace años —con un Gobierno
en minoría, una oposición que no facilita acuerdos presupuestarios y un clima
de confrontación permanente— impregna también el ámbito del diálogo
social. Nadie llega a la mesa con voluntad real de ceder, y el
resultado es un estancamiento que perjudica especialmente a quienes menos poder
tienen en la negociación: los trabajadores con contratos más precarios, en
sectores con menor densidad sindical, que negocian sus condiciones sin la red
que debería proporcionar un acuerdo marco de alcance nacional.
3.243 millones en horas extra no pagadas
Y aquí es donde el relato de la patronal encuentra su punto más vulnerable,
el que convierte su ofensiva contra el absentismo en algo difícilmente separable
de la hipocresía. Porque mientras la CEOE convocaba a sus bases para hablar de
los costes que generan los trabajadores enfermos, guardaba un silencio absoluto sobre una realidad que sus propios
asociados protagonizan cada semana: las horas extraordinarias
no pagadas que decenas de miles de empresas en España imponen a sus empleados.
Los datos son demoledores. En 2025, 441.000 trabajadores realizaron
semanalmente horas extra sin ningún tipo de remuneración, con una
media de 5,6 horas adicionales por persona a la semana. Traducido a euros, eso
supone un coste laboral no abonado de 141 euros semanales por trabajador, o lo
que es lo mismo, 7.355 euros anuales que cada uno de esos
441.000 trabajadores pierde entre salario y cotizaciones sociales que
nunca llegan. En conjunto, las horas extra no pagadas representaron en 2025 un
coste laboral anual de 3.243 millones de euros,
cifra que incluye tanto el salario bruto como las cotizaciones sociales que
habrían correspondido.
Los sectores donde esta práctica está más extendida en términos absolutos
son la educación, el transporte y almacenamiento, la industria y el comercio.
Pero si se mide en proporción sobre el total de asalariados, la fotografía es
aún más reveladora: los sectores del suministro de energía eléctrica y gas, las
finanzas y seguros, la educación, los servicios profesionales, científicos y
técnicos, y el sector de la información y comunicaciones son los que presentan
una mayor densidad de trabajadores afectados. No son precisamente los sectores
de menor cualificación ni de menor productividad. Son, en muchos casos, los que
generan mayor valor añadido y cuyos trabajadores tienen, teóricamente, más
capacidad de negociación. Y, aun así, trabajan gratis.
Geográficamente, Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía
concentran el mayor volumen absoluto de horas extra no remuneradas,
lo que no es ajeno a que son también las comunidades con mayor peso económico y
mayor número de trabajadores. Pero en términos proporcionales, Madrid,
Asturias, el País Vasco, Cataluña y la Comunitat Valenciana lideran el
porcentaje de asalariados afectados por esta práctica.
Dos balanzas que no se equilibran
El contraste entre los dos relatos, el de la CEOE sobre el coste del
absentismo y el que revelan los datos sobre las horas extra no pagadas, es
imposible de ignorar sin incurrir en una frivolidad analítica mayúscula. La
patronal presenta 33.000 millones en bajas médicas como un problema de país que
exige respuesta urgente, reforma del sistema y condiciones en la negociación
colectiva. Pero 3.243 millones en trabajo no remunerado,
extraído silenciosamente de más de 400.000 trabajadores, no merecen
ni una mención en su agenda.
No es que ambos problemas sean equivalentes en su magnitud numérica;
claramente no lo son. Pero sí son equivalentes en su naturaleza como
distorsiones del mercado laboral. El trabajador que finge una
baja está defraudando al sistema. El empresario que no paga las
horas extra está cometiendo un delito. Y sin embargo, uno ocupa el centro del
debate político y el otro apenas figura en las estadísticas oficiales que la
mayor parte de la opinión pública nunca llega a ver.
La negociación colectiva es el espacio donde estas tensiones deberían
resolverse con algo parecido al equilibrio. Pero cuando uno de los
interlocutores llega a la mesa condicionando el diálogo a sus propias
prioridades, mientras silencia sus propias responsabilidades, el resultado no puede ser un acuerdo: es una rendición. Y
los trabajadores que llevan meses sin marco de referencia para negociar sus
convenios merecen algo mejor que eso.
Otoño decisivo para el diálogo social
La negociación del nuevo AENC llega, pues, a su momento más crítico con las
posiciones más alejadas de lo que se recuerda en mucho tiempo. La patronal ha
fijado sus condiciones con una claridad que no admite ambigüedad. Los
sindicatos han respondido con sus propias líneas rojas, igualmente nítidas. Y
el Gobierno observa desde una posición incómoda, consciente de que sin acuerdo
marco los convenios seguirán negociándose en un vacío normativo que puede
traducirse en mayor desigualdad entre sectores y territorios.
Lo que viene en los próximos meses determinará si
España es capaz de renovar el contrato social que rige sus relaciones laborales, o si la polarización y
el bloqueo se instalan también en el único espacio donde, históricamente, los
intereses encontrados del capital y el trabajo han sabido encontrar un terreno
común. La respuesta, a estas alturas del año, no invita al optimismo.
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