El magistrado dio por bueno un informe secreto del HSI que inculpa a Zapatero como cabecilla de una red criminal y ahora reclama garantías para evitar la nulidad del procedimiento
Los periódicos ultras están eufóricos y dan por hecho que ha sido la Casa Blanca quien ha dado la puntilla al
sanchismo. Esdiario, uno de los digitales de
referencia de la caverna, lo dice sin complejos: “Las paradojas de la vida. El
archienemigo de Sánchez, Donald Trump, puede tener la llave del calabozo
de Zapatero. Una decisión de EEUU puede ser clave para
meter en prisión al expresidente y, de paso, para acabar de hundir” al actual
inquilino de la Moncloa. Qué mejor prueba que esta
de que existe una ofensiva política, policial, judicial y mediática –con colaboración de
gobiernos extranjeros– para derrocar a un Gobierno de coalición legítimamente
constituido.
La noticia de Esdiario viene a demostrar
que, pese a lo que diga el PP, no estamos ante una teoría de la conspiración
que la izquierda ha construido sobre el caso Zapatero, imputado por el juez Calama en una red organizada venezolana tras
un dosier secreto de la agencia de seguridad Homeland Security
Investigations (HSI). Hasta las principales terminales mediáticas
conservadoras dan por hecho que el tiro de gracia al sanchismo lo da el
trumpismo. Por tanto, ha habido venganza del magnate neoyorquino por la
posición del Gobierno español en defensa de la legalidad internacional, contra
la guerra en Irán y por los derechos del pueblo
palestino, masacrado en el peor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial. A medida que pasan las horas y
vamos conociendo más datos sobre el asunto (lo último que el dosier del HSI se
remitió al juez Calama el pasado mes de marzo, es decir, en plena crisis
diplomática con descarnado enfrentamiento personal entre Sánchez y Trump), más
engordan las sospechas de que nos encontramos ante una acción de represalia en
forma de guerra híbrida de la Administración trumpista contra el incómodo
Gobierno español. La coincidencia de fechas resulta altamente esclarecedora,
más teniendo en cuenta que las diligencias del HSI (“informativas”, no lo
olvidemos) contra Zapatero se abrieron en 2021 y estuvieron cinco años
durmiendo el sueño de los justos en un cajón olvidado de Washington.
Con la lógica y la ley en la mano, existen no pocas sospechas que nos
llevan a pensar que ese informe de marras elaborado por una oscura agencia de
inteligencia sobre una única prueba –el teléfono móvil requisado al
venezolano Rodolfo Reyes, uno de los
implicados en la supuesta red que se movía alrededor de la aerolínea Plus Ultra–, podría no cumplir con las garantías
procesales de un Estado de derecho. Y cabe pensarlo no solo porque la sombra de
Trump es alargada y llega a todos los rincones, organismos e instituciones
federales de EEUU, sino porque nada se sabe sobre el protocolo de actuación
policial que se ha seguido para intervenir las comunicaciones del tal Reyes.
Para que una prueba obtenida por el HSI sea válida en España, debe haber
llegado a través de una solicitud formal de cooperación internacional tramitada
por las autoridades españolas respetando la cadena de custodia, la competencia judicial
y territorial, la legalidad de la obtención de la prueba y otras garantías
procesales. Si no se cumplen estos pasos y requisitos, la prueba puede ser nula
o inadmisible. Así lo advierten expertos como el exmagistrado de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón. El exjuez recuerda que si el teléfono
móvil de Reyes fue requisado de forma ilegal por la policía estadounidense
podría entrar en juego la “doctrina del árbol contaminado”, un principio
jurídico que establece que cualquier prueba obtenida de forma ilícita
(vulnerando derechos fundamentales) es nula de pleno derecho, al igual que
todas las pruebas derivadas de esta. Si la fuente original (“el árbol”) está
viciada, todo lo que derive de ella (“los frutos”) carece también de validez
legal. Conclusión: todo el sumario estaría podrido y podría venirse
abajo. Diario Sabemos viene alertando ante esa
posibilidad, en sucesivas informaciones en exclusiva, desde hace semanas.
Si el HSI, la CIA, el FBI o cualquier servicio de espionaje hoy al
servicio del emperador de la secta MAGA ha metido
el teléfono de un ciudadano en un sobre y se lo ha mandado a la Audiencia
Nacional como regalo con fines políticos, en este caso desestabilizar al
Gobierno de Sánchez, se acabará sabiendo. El ordenamiento jurídico español,
cien por cien escrupuloso con los derechos de los investigados, solo admite
pruebas obtenidas legalmente en origen y no parece que el país de Trump, donde
se está expulsando a inmigrantes con la técnica del puntapié, sea el más
garantista del mundo. La prueba debe llegar al juez español por los canales
oficiales, nunca por envío directo clandestino, o mediante comisión rogatoria o
instrumento equivalente. El material debe incluir certificación oficial;
identificación del agente que obtuvo el indicio o vestigio; garantía de
integridad del contenido; fechas y métodos de extracción. Además, el juez
español que recibe la documentación debe verificar que la prueba no vulnera
derechos fundamentales; que es pertinente y proporcional; y que se obtuvo en un
procedimiento legítimo (con comprobación de que no se trata de parte de una
guerra sucia o investigación prospectiva prohibida en cualquier Estado de
derecho serio y avanzado). Sin todo ese filtro de férreo control, la prueba
puede ser impugnada, y a buen seguro que lo será, tal como ya ha anunciado el
entorno del abogado de Zapatero. Hasta donde sabemos, el teléfono de Reyes
contiene conversaciones donde una serie de personas hablan del “amigo” o “pana
Zapatero” siempre dispuesto a echar una mano para sacar adelante el rescate de
Plus Ultra. Pero la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ha
establecido que conversaciones de terceros no son suficiente prueba de cargo
para llegar a una sentencia condenatoria.
Desde que se inició el segundo mandato
trumpista, USA ha dejado de ser un Estado de derecho con todas las garantías
para pasar a ser una autocracia con serias zonas oscuras en su sistema legal y
judicial, más propio ya de una dictadura o Estado policial que de una
democracia. De ahí que la información remitida por el HSI a la Audiencia
Nacional de España tenga que ser acogida con todas las reservas. El propio juez
Calama ha echado el freno a la instrucción al leer titulares sobre posible
contaminación de la prueba publicados por la escasa prensa crítica que queda
ya, medios libres e independientes que como Diario Sabemos no
se limitan a transcribir el auto de turno con la versión oficial del juez. El
magistrado ha visto cómo se encendía la luz roja de alarma y ha decidido
cogérsela con papel de fumar, como suele decirse coloquialmente, no vaya a ser
que el lawfare trumpista le acabe explotando en la cara.
Solo así se explica que, en las últimas horas, haya solicitado al HSI toda la
información pertinente sobre el protocolo policial que se ha seguido para
requisar el teléfono del misterioso Rodolfo Reyes, también autorización
para usar el dosier como prueba (raro cuando menos, puesto que ya lo ha volcado
todo en su auto como base fáctica para su relato).
El espionaje yanqui, la CIA mayormente, no se caracteriza precisamente por
sus métodos limpios y transparentes, y menos ahora, que tiene licencia para
matar otorgada por el amo del universo Trump. Calama lo sabe y no quiere
pillarse los dedos, no quiere que se la cuelen doblada o le metan un gol. Lo
cual es lógico, la prudencia es la principal virtud de un juez. El problema es
que todas estas comprobaciones rutinarias se tendrían que haber hecho a priori,
es decir, antes de dictar su histórico auto contra Zapatero, que más que un
auto, es una sentencia condenatoria en base a los dosieres secretos que le iban
llegando de Trumpilandia entre los aplausos, jaleos y vítores de la prensa de
la fachosfera. Ese ha sido, a nuestro modesto entender, y sin que se nos enfade
su señoría, el gran error del instructor.
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